A Todos Los Electricistas en Resist en CIA Vf
Difusión: AMLO TV
lunes, 15 de marzo de 2010
Restringe el gobierno teléfonos del SME; llegan soldados a Nuevo Necaxa
ARTURO ALFARO GALÁN
Desde ayer en la tarde, la leyenda: “el número que usted marcó está restringido por disposición oficial” se empezó a escuchar en los números de teléfonos celulares pertenecientes a los principales líderes de la división Nuevo Necaxa del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) cuando se les marcó, luego de que la madrugada del domingo arribaron a la región 200 elementos del Ejército Militar Mexicano y de la Policía Federal Ministerial (PFM).
Líderes del Consejo Democrático Magisterial Poblano (CDMP) y del SME consultados por La Jornada de Oriente, manifestaron su temor de que la fuerzas castrenses y federal parte de un operativo para reprimir a los electricistas, quienes mañana pretenden cerrar carreteras y tomar las instalaciones de la Comisión Federal de Electricidad en el municipio de Huauchinango. Este martes se realizará una jornada de movilizaciones y marchas en todo el país con la intención de buscar un consenso nacional para la revocación del presidente Felipe Calderón.
Como parte de esas acciones, en la región de Huauchinango se prevé que los electricistas tomen las carreteras, espacios públicos y dependencias de gobierno con la intención de exigir su reinstalación en sus puestos de trabajo.
De acuerdo con los reportes del CDMP, varios grupos de militares y policías federales comenzaron a llegar a la Sierra Norte de Puebla para asentarse en las comunidades de Santa Catalina en Huauchinango, Nuevo Necaxa en Juan Galindo y Lomas de Ocotzotal en Xicotepec de Juárez, lo que ha generado zozobra entre los pobladores.
Los lugares donde los militares y la Policía Federal se establecieron, desde la madrugada de ayer, son los principales puntos de acceso terrestre a la región que comunica a la Sierra Norte de Puebla con los estados de Hidalgo, Veracruz y Tlaxcala, los cuales han sido bloqueados en diversas ocasiones por los electricistas para exigir la suspensión del decreto presidencial que extinguió a la empresa Luz y Fuerza del Centro (LFC).
Los militares y elementos de la PFM, según los electricistas, permanecieron postrados en las carreteras y en los hoteles de la ciudad de Huauchinango, mientras que sus vehículos se ubican en las cercanías de la subestación eléctrica de LFC en Huauchinango, a un costado del Recinto Ferial de la localidad.
“Hasta el momento no han hecho algún acto de represión o intentado desplazarse, pero la gente aquí está muy inquieta con la presencia de los militares, que nada más está aparcada, vigilando cualquier movimiento”, acusó Roberto Robles Monzón, integrante del CDMP.
Hace unos días el subsecretario del exterior de la división Nuevo Necaxa del SME, Miguel Ángel Montiel Eslava, no descartó que durante la jornada de protesta se registren enfrentamientos con los elementos de Seguridad Pública y castrense, por lo que exhortó al gobierno federal a “no reprimir a los electricistas” de la Sierra Norte.
Fuente: La Jornada de Oriente
Difusión: Soberanía Popular
TODOS A LA HUELGA NACIONAL:
En solidaridad con el SME, los integrantes y las brigadas del Movimiento en Defensa de la Economía Popular, el Petróleo y la Soberanía, convocamos a sumarse a las actividades de la Huelga Nacional el martes 16 de Marzo del 2010.
Para ello nos daremos cita a las 7 de la mañana en el Museo de la Tecnología (De la CFE), ubicado en Av. Grande del Bosque No. 1, Circuito Principal, Segunda Sección del Bosque de Chapultepec, (Cerca del Papalote).
¡FUERA POLICIA Y EJERCITO DE LUZ Y FUERZA DEL CENTRO!
COMISIÓN DE ENLACE CON EL SME
Claudia Sheinbaum
Bertha Luján
Jesús Martín del Campo
Ricardo Ruiz
Sin cambio la agenda de Calderón; viajará a Cd. Juárez mañana
Sin cambio la agenda de Calderón; viajará a Cd. Juárez mañana
Será su tercera visita a la localidad tras la ejecución de quince jóvenes en enero pasado.
Afp
Publicado: 15/03/2010 10:30
México, DF. El presidente Felipe Calderón viaja este martes a Ciudad Juárez, Chihuahua, en una gira ya programada y que coincide con la tensión en la localidad fronteriza tras el asesinato de una funcionaria consultar de Estados Unidos y dos hombres más, informó este lunes una fuente gubernamental.
"El presidente Calderón viaja a Ciudad Juárez como ya estaba previsto", comentó una fuente de la presidencia al precisar que se trata de la tercera visita del mandatario en poco más de un mes como parte de un diálogo con representantes de sectores sociales y empresariales.
Estos viajes de Calderón a Ciudad Juárez se acordaron como parte de una estrategia de seguridad en la que participan distintos sectores locales, luego de que a finales de enero 15 jóvenes fueron masacrados en una fiesta.
La llegada de Calderón coincide con la situación que se vive en Ciudad Juárez tras el asesinato de una funcionara del consulado de Estados Unidos, su esposo, ambos estadunidenses, y el marido de otra empleada consular, de nacionalidad mexicana.
Fuente: La jornada
Difusión AMLOTV
Arriban agentes del FBI a Juárez; indagarán asesinato
Arriban agentes del FBI a Juárez; indagarán asesinato
También se ha trasladado personal de la embajada de Estados Unidos en México para evaluar las condiciones de seguridad del consulado, informó una fuente de la Procuraduría General de Justicia de Chihuahua.
Afp
Publicado: 15/03/2010 09:31
Ciudad Juárez, Chih. Agentes del FBI llegaron a este lugar para investigar el asesinato de una funcionaria del consulado estadunidense, el de su esposo y el del cónyuge de una trabajadora de este mismo lugar, informó este lunes una fuente de la Procuraduría General de Justicia del Estado.
"Se encuentran en Ciudad Juárez varios agentes del FBI que llegaron para colaborar en la investigación del asesinato de la funcionaria consular, de su marido y del esposo de otra empleada" de la representación diplomática, aseguró.
El sábado, Lesley A. Enriquez, funcionaria consular, y su esposo Arthur Haycock Redelfs, ambos estadunidenses, fueron ultimados a balazos tras asistir a una reunión social, mientras que en otro ataque fue asesinado el mexicano Jorge Alberto Sarcido, esposo de otra empleada del consulado estadunidense.
La fuente añadió que también se ha trasladado a Ciudad Juárez personal de la embajada de Estados Unidos en México para evaluar las condiciones de seguridad del consulado estadunidense, el más grande del mundo y que en febrero pasado ya había sido blanco de una falsa amenaza de bomba.
Las primeras investigaciones encabezadas por la Procuraduría de Justicia señalan como responsables de los asesinatos a sicarios al grupo Los Aztecas, que usualmente son contratados como asesinos a sueldo por el grupo de La Línea, considerado "brazo ejecutor" del cártel de Juárez.
Por otra parte, un funcionario estadunidense señaló que Estados Unidos estudia todas las posibles opciones de investigación tras el asesinato.
"No tenemos ninguna indicación aún de que esas personas fueron específicamente elegidas. Claramente se produjeron dos sucesos separados al mismo tiempo, lo que en sí es preocupante", explicó una fuente del Departamento de Estado.
Una funcionaria del consulado estadunidense y su esposo de la misma nacionalidad fueron acribillados a balazos el sábado dentro de su automóvil en una calle de Ciudad Juárez, al salir de un acto social, informaron las autoridades mexicanas.
A bordo del automóvil se hallaba la hija del matrimonio, de un año de edad, que salió ilesa del atentado.
Poco antes había fallecido el marido de otra trabajadora del consulado, también en un atentado a balazos.
Los asesinatos son los primeros de estas características contra diplomáticos estadunidenses.
Ciudad Juárez, donde el año pasado murieron más de 2 mil 600 personas a causa de la violencia del narcotráfico, es considerada una de las urbes más peligrosas del mundo.
El gobierno mexicano libra una lucha sin cuartel contra esas organizaciones, incluido el despliegue de miles de soldados en lugares como Ciudad Juárez.
"Trabajaremos con el gobierno mexicano y todos nuestros recursos estarán a su disposición" para aclarar el móvil de estos asesinatos, explicó la fuente estadunidense.
Sin embargo, "aún es pronto para cualquier conjetura", enfatizó.
El presidente Barack Obama condenó esos "brutales asesinatos" y la secretaria de Estado, Hillary Clinton, reiteró que era necesario "paralizar la influencia de los narcotraficantes que operan en México".
El Departamento de Estado ya había sugerido recientemente a sus funcionarios en la frontera mexicana a enviar a sus familiares de regreso a Estados Unidos.
Esa sugerencia se produjo antes de estos asesinatos en Ciudad Juárez, y no en base a ninguna amenaza específica, sino a la violencia reinante, añadió la fuente diplomática.
Fuente: La jornada
Difusión AMLOTV
La Inquisición contra Hidalgo
La madrugada del 16 de septiembre de 1810, en el pueblo de Dolores, en la intendencia de Guanajuato, el cura Miguel Hidalgo y Costilla dio inicio a la lucha por la Independencia de México.
Edgar González Ruiz*
Inteligente y culto, Hidalgo había sido rector del Colegio de San Nicolás, en Valladolid (hoy Morelia) y responsable del curato de Colima y de San Felipe Torresmochas, antes de hacerse cargo del de Dolores, en 1803.
Lector de los enciclopedistas, simpatizó con las ideas de libertad, igualdad y fraternidad que difundían las logias masónicas. Según algunos autores, a esa institución pertenecieron tanto él como Ignacio Allende.
Perseguido desde 1800
Por sus ideas avanzadas, el cura Hidalgo fue perseguido por la Inquisición muchos años antes de que encabezara el movimiento de Independencia.
El 16 de julio de 1800, dicho tribunal recibía denuncias contra el prócer, a quien se acusaba de haber dicho en conversaciones privadas que “Dios no castiga en este mundo con penas temporales”, es decir, que no manda catástrofes a la humanidad si no obedecen la voluntad divina.
Se acusaba a Hidalgo de respetar la libertad de conciencia de los judíos, pues no se podía demostrar que Cristo fue el mesías que aún esperan: “Ningún judío que piense con juicio se puede convertir, pues no consta del texto original de la Escritura que haya venido el mesías”.
Según esa denuncia, Hidalgo consideraba a Santa Teresa una “ilusa” porque se azotaba y ayunaba mucho, a la vez que criticaba los abusos que habían cometido algunos pontífices a lo largo de la historia.
Además, se le acusaba de considerar la sexualidad como algo natural, al afirmar que la “fornicación” no es un pecado sino un desahogo natural en el ser humano (Rogelio Orozco Farías, Fuentes históricas de la Independencia de México, 1808-1821, Jus, México, 1967, pp. 166-167).
El Santo Oficio mantenía en secreto la identidad del denunciante, que en este caso era el presbítero Joaquín Huesca, del convento de La Merced, en Valladolid, quien simplemente juró decir la verdad y no tener nada contra Hidalgo, sino que sólo actuaba “por descargo de su conciencia y en cumplimiento de su obligación”.
Por su amor a la libertad y al progreso, Hidalgo resultaba odioso a la Inquisición que por el momento mandó archivar la acusación para sumarla a otras, cuando se diera la ocasión, que se presentaría 10 años después (Toribio Medina, Historia del Tribunal del Santo Oficio de la Inquisición en México, Fuente Cultural, México, 1952, p. 341).
Sin embargo, otros personajes fueron castigados por faltas similares a las que se habían atribuido al cura Hidalgo. Por ejemplo, en 1803 era condenado a seis años de destierro en Filipinas el joven Antonio de Castro, por haberse atrevido a criticar a los papas y a los inquisidores, y por leer obras “heréticas” como El Emilio, de Rousseau, tratado dedicado a la educación.
Excomunión y condena
El 24 de septiembre de 1810, Manuel Abad y Queipo, obispo de Michoacán, publicaba un edicto de excomunión contra Hidalgo, y amenazaba a sus seguidores con aplicarles la misma pena, exigiéndoles “que se restituyan a sus hogares y lo desamparen dentro del tercero día siguiente inmediato al que tuviere noticia de este edicto…”
Además de condenar la rebelión contra la metrópoli, alegando que los españoles y los criollos tenían los mismos intereses y que la guerra acabaría con la riqueza del Virreinato, Abad y Queipo censuraba el uso que hacía Hidalgo de la virgen de Guadalupe como estandarte de la lucha popular, considerándolo “sacrilegio gravísimo”.
El 13 de octubre del mismo año, a menos de un mes del inicio de la gesta de Independencia, la Inquisición retomó el proceso contra Hidalgo que tenía guardado desde 1800, del que resultaba “probado el delito de herejía y apostasía de nuestra fe católica”, por parte del héroe, a quien los inquisidores calificaban como “un hombre sedicioso, cismático y hereje formal”.
Pero ahora, además de condenar a Hidalgo porque consideraba “inocente y lícita la polución y fornicación, como efecto necesario y consiguiente al mecanismo de la naturaleza”, se le juzgaba, sobre todo, por haber iniciado la lucha contra la dominación española, “poniéndolos al frente de una multitud de infelices que habéis seducido, y declarando guerra a Dios, a su santa religión y a la patria…”
El 7 de febrero de 1811, el tribunal ampliaba los cargos contra Hidalgo, listando un total de 53 “enormes crímenes”, como los siguientes: que desde hace años había abandonado sus deberes parroquiales, llevando una vida “escandalosa” con “gente villana que comía, bebía, bailaba y puteaba perpetuamente en su casa…”; que estuvo “amancebado” con una mujer durante mucho tiempo; que era admirador de la Revolución Francesa y enemigo de la monarquía; que negaba la existencia del infierno y de los diablos; que leía libros prohibidos por la Inquisición, etcétera.
También se le hacía responsable de las muertes y robos contra los españoles cometidos por los insurgentes; se añadía: “Es de presumir que este reo haya cometido otros crímenes más o menos graves”, y se le declaraba “hereje formal, apóstata de nuestra sagrada religión católica, deísta, materialista, y ateísta, reo de lesa majestad divina y humana, libertino, excomulgado, sedicioso, revolucionario, cismático, judaizante, luterano, calvinista, blasfemo, enemigo implacable del cristianismo y del Estado, seductor protervo, lascivo, hipócrita, astuto, traidor al rey y a la patria”.
Aprehendido por las tropas realistas el 21 de marzo de 1811 en la Acatita de Baján, Coahuila, Hidalgo fue degradado por las autoridades eclesiásticas el 29 de julio en Chihuahua, sin confesar otra falta que la de “haber querido hacer independiente esta América de España”.
Ese mismo día, se le comunicó a Hidalgo la pena de muerte y confiscación de todos sus bienes, que contra él decretaban las autoridades civiles, sentencia que escuchó de rodillas.
Luego del fusilamiento, que tuvo lugar a las siete de la mañana del día 30 de julio, se expuso su cadáver en la plaza pública y su cabeza, junto con las de los caudillos Allende, Aldama y Jiménez, fueron expuestas en la Alhóndiga de Granaditas, en Guanajuato, con la siguiente inscripción: “Las cabezas de Miguel Hidalgo, Ignacio Allende, Juan Aldama y Mariano Jiménez, insignes facinerosos y primeros caudillos de la revolución, que saquearon y robaron los bienes del culto de Dios y del real erario, derramaron con la mayor atrocidad la inocente sangre de sacerdotes fieles y magistrados justos; fueron causa de los desastres, desgracias y calamidades, que experimentamos, y que afligen y deploran los habitantes de esta parte tan integrante de la nación española”.
Hispanista y reaccionaria, nostálgica del pasado colonial, la ultraderecha más rancia del país, la que a mediados del siglo XX encabezó Salvador Abascal Infante al frente de la Unión Nacional Sinarquista, sostenía en vísperas del siglo XXI juicios semejantes al expresado en esa inscripción.
En 1996, Abascal publicó en su editorial Tradición el folleto titulado El cura Hidalgo de rodillas, done repetía la acusación de Abad y Queipo, de que Hidalgo usó a la virgen de Guadalupe como “bandera de odio y exterminio” y lo juzgaba un “cínico mujeriego”, “sacerdote abarraganado” (es decir, con mujer), “por sensual y extrovertido, valiente y astuto cuando le era conveniente serlo”.
Lo acusaba, además, de leer a los enciclopedistas, cuyas obras eran, según Abascal, “veneno puro”, y afirmaba que Hidalgo fue astuto, falso, engañador y que pecaba “con frenesí”, “atolondradamente, pero sin ulterior pensamiento”.
Con motivo de una polémica sobre la excomunión de Hidalgo, el 4 de enero de 2010, en entrevista transmitida por Televisa Guadalajara, el cardenal Juan Sandoval Iñiguez arremetió calumniosamente contra la figura de Hidalgo, afirmando: “Si lo excomulgaron no fue porque se levantó en armas, que quede claro, fue porque ya levantado en armas fue y anduvo violando conventos para sacar los bienes o para ultrajar a las religiosas. Fue por violar conventos, por eso, no por la Independencia”.
*Maestro en filosofía, especialista en estudios acerca de la derecha política en México
Fuente: Contralínea
Difusión: AMLOTV
¿Pragmatismo o vocación de México?
La creación del Grupo de Río es quizás, junto con el Derecho de Asilo y la Doctrina Estrada, el mayor aporte mexicano a Latinoamérica. Su creación fue resultado de los esfuerzos exitosos del Grupo de Contadora, creado en 1983 para frenar la guerra centroamericana desatada por las oligarquías apoyadas por Washington contra sus pueblos, en aras de la mal llamada –y hoy reflotada– “seguridad nacional”. Obviamente en este proceso una Organización de Estados Americanos (OEA) dominada por Estados Unidos no jugó ningún papel.
Héctor Lerín*
Pero con independencia del escándalo mediático que intentó el presidente Uribe al provocar a Chávez para reventar la pasada reunión del Grupo de Río en Cancún, pues conocía que él mismo se pronunciaría contra las bases militares del Pentágono en Colombia, así como del catálogo de diferencias políticas que los medios elaboraron para resaltar los conflictos existentes entre los países, una primera conclusión puede extraerse de la XXI reunión del Grupo de Río, celebrada los días 22 y 23 de febrero: se ha llegado a un momento de madurez tal, que la unión entre los países latinoamericanos y caribeños es prácticamente una necesidad, “más allá de posiciones políticas o ideológicas”, como bien lo dijo en su discurso de cierre el anfitrión Felipe Calderón.
Se trata entonces de un elemento de pragmatismo que parece que arrastrará hasta a los renuentes que se oponen a que la región resuelva ella misma sus problemas, sin el “visto bueno” de Estados Unidos, y que funcione con una sola voz en el escenario internacional. Si de paso con esta perspectiva se evidencian los numerosos problemas que un nuevo y más amplio tipo de organización requiere, ello no podría operar en contra de la necesidad de crearla, pues también prevalece la visión realista de que los problemas que enfrenta la región requieren de una respuesta conjunta.
Por lo pronto, es evidente que se ha pensado en el modelo político de la Unión Europea que, si bien opera a veces con dificultades, no ha dejado de traer beneficios a una Europa que en esta región se admira. Hasta el nombre inicialmente aceptado lo revela así: “Comunidad” de Estados Latinoamericanos y Caribeños, símil de la “Comunidad” Económica Europea y hasta de la más lejana “Comunidad de Estados Independientes”.
Obviamente, la OEA ha sido rebasada –y un poco también el Grupo de Río– por la dinámica política regional y su ausencia de soluciones ante los últimos problemas que se han presentado. Pero quien ha llevado a esta situación de bancarrota a dicha organización ha sido Estados Unidos, que la ha ignorado (la “negociación” encargada a Arias en el golpe de Estado contra Zelaya en Honduras terminó de liquidarla). De cualquier forma, como reconoció en una entrevista el subsecretario para América Latina de México, la nueva entidad de 570 millones de personas que se propone no choca con la OEA, porque su naturaleza, composición y objetivos son diferentes.
Obviamente, la mayoría de los países ha rechazado que la nueva instancia que será creada vaya “contra Washington”, pero también debe reconocerse que los líderes más radicales, como son los nucleados en la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (Alba), hacen de la ausencia de Estados Unidos una virtud, lo cual es entendible pues ha sido necesario pensar en una entidad sin Washington, que ha sido juez y parte en la región. En el mismo sentido, si se acepta la lógica de que Estados Unidos debe figurar en todos los organismos, entonces se le tendría que admitir en la Comisión Económica para América Latina, en la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur), en la Alba, etcétera; para que nadie piense que se quiere realizar una política anti Washington, lo cual sería ilógico.
En el mismo sentido, el presidente Lula Da Silva ha dicho, con razón, que la región ha llegado a una mayoría de edad, quizás pensando en los 200 años de su independencia, por lo que Estados Unidos debe entender que la organización latinoamericana que se ha creado formalmente no nació para molestarlos. Asimismo, quienes llaman la atención sobre las diferencias políticas que separan a los miembros de la Alba, de la Unasur y los más conservadores del norte de la región (México y Colombia) no consideran la sorprendente unanimidad que se dio respecto de la creación de la nueva organización que espera fundarse a más tardar en dos años, quizás en Chile. De cualquier forma, fue una sorpresa que haya sido precisamente Raúl Castro quien tuviera a su cargo un importante mensaje que daba cuenta de la creación del nuevo organismo regional, así como de la reiterada solidaridad del grupo en el asunto del bloqueo a su país.
Por lo pronto, si se ha de dar la “defunción” del Grupo de Río, ésta será a través de su fusión con la recién creada Cumbre de América Latina y el Caribe, lo que significará un organismo de amplio aliento político, económico-comercial e integracionista, como es la Unión Europea, pero superior en visión y objetivos al Área Libre de Comercio de las Américas, propuesto por la Casa Blanca, que sólo aspiraba a crear una zona de libre comercio en beneficio de los capitales estadunidenses y del proyecto de dominación del Pentágono en la zona, sin considerar las abismales diferencias de pobreza y desarrollo que tienen lugar tanto entre Estados Unidos y América Latina, como dentro de la propia región.
En este tenor, el Grupo de Río tiene, de momento, la oportunidad de paliar la grave crisis de Haití, si ha de reafirmarse la utilidad de dicho mecanismo. Y también se habrán de ponderar los términos a cumplir por el cuestionado nuevo “presidente” hondureño, Porfirio Lobo, para integrarse al seno de los organismos internacionales o seguir corriendo con su imagen general de haber surgido de un proceso electoral tan cuestionable. Desde luego, hay otra cantidad de temas que ocupan propiamente al Grupo de Río y que tendrán que irse resolviendo en el camino (la arquitectura financiera que se propone, los asuntos de la integración, quizás una nueva moneda común, la jurisprudencia en torno al nuevo organismo, la disputa por las Malvinas, etcétera).
Sin embargo, al margen de estos temas, todo indica que políticamente esta reunión alcanzó una notoriedad como hace tiempo no se veía en América Latina, sobresaliendo sin duda las figuras de los presidentes Lula Da Silva, Calderón, Bachelett y Chávez, a quienes debe reconocerse que, en diferentes momentos, mostraron liderazgo, visión de Estado, voluntad política y, con su optimismo, aseguraron los resultados históricos de la reunión de Cancún.
Desde luego, quien pareció haber obtenido buenos dividendos políticos y satisfacción por esta reunión fue la diplomacia mexicana, no obstante las dudas que la política latinoamericana de Calderón venían generando, en especial en el plano interno, circunstancia que merece un primer intento de explicación: en principio, la política exterior de Calderón medio resarció la crítica general a la administración Fox-panista por sus errores garrafales con Latinoamérica, a los que contribuyó, con sus veleidades y vedetismo, el ahora políticamente empleado del Departamento de Estado, Jorge Castañeda.
Sin embargo, el necesario acercamiento político del gobierno de Calderón a la región, que supera al elemental que se da entre las embajadas, hasta hace poco apenas si funcionaba y estuvo a punto de irse a pique con países de peso político como Venezuela y Cuba, sin descartar las fuertes críticas internas por la casi nula “diversificación” mexicana hacia América Latina. Pero en el ínterin, la crisis financiera en Estados Unidos dañó a México más que a cualquier otro país. En 2009 fue el clímax de esa caída, con el agravante de que la lucha contra el narcotráfico no levanta gas, y el propio Plan Mérida sólo parece beneficiar el proyecto intervencionista de Washington, al ridículo costo de 1 mil 400 millones de dólares, que ni siquiera acaba de desembolsar.
En consecuencia, nadie podría legítimamente reprochar a México que se acercara y tratara de fomentar unas relaciones económicas y comerciales deterioradas con Latinoamérica. Se calcula, a grandes rasgos, que los intercambios económicos con Suramérica apenas rebasaron, en 2009, 18 mil millones de dólares; y con toda la región quizás apenas lleguen a los 25 mil millones de dólares. Así que había que detener una caída libre del intercambio comercial, por lo que era necesario el acercamiento con la región, pero sin que esto evite que la misma, como conjunto, busque también su integración y consolide su democracia.
Se dio así el terreno favorable para que, en esta Cumbre del Grupo de Río, Calderón se acercara a los remisos Castro, Chávez y Evo Morales, así como a los países caribeños vía Comunidad del Caribe (muy cercanos a Cuba y Venezuela). Y también a Brasil, con el que se dialoga para fomentar las inversiones y el comercio y, por esta vía, obtener un mejor entendimiento en los organismos regionales, empezando por el propio Grupo de Río, donde la figura de los respectivos mandatarios pareció inevitablemente sobresaliente.
Debe reconocerse también que se cree que este nuevo impulso latinoamericanista de Calderón “es un mero voluntarismo político”, como escribió recientemente en la revista Proceso Olga Pellicer, académica del Instituto Tecnológico Autónomo de México, porque esta ruta podría “molestar” a Estados Unidos tanto como contribuir a finiquitar a un organismo como el Grupo de Río, que ha cosechado razonables éxitos. Asimismo, la construcción de la nueva comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños reta a Calderón a participar en un nuevo, aunque incierto organismo, dijo Olga Pellicer. Sin embargo, debe reconocerse que crear la mencionada Comunidad debe ser producto de la voluntad política de todos los presidentes y de sus pueblos, porque la necesidad ya existe.
Calderón cosecha así algunos lauros y hasta su acercamiento personal con Lula le beneficia políticamente, en momentos en que su Presidencia se encuentra cuestionada de diversas maneras. De cualquier forma, para los intereses de México, independientemente de los personales de Calderón, la Cumbre del Grupo de Río pareció dejarle buenos dividendos políticos internos y externos, y, con ello, México vuelve sus pasos hacia el sur, donde hasta hace algunos años tuvo un digno, pero luego relativamente abandonado lugar.
De cualquier forma, puede afirmarse que el acercamiento general de México con América Latina, y en particular con Brasil, será positivo por donde quiera que se le observe en el complicado balance regional, con tal de que los teóricos tecnócratas que mal manejan la política exterior desde los Pinos (“Más México en el mundo y más mundo en México” es eslogan para una agencia de viajes) entiendan que nuestro país posee una vocación internacional de múltiples aristas, y no sólo estadunidense.
*Exdiplomático; catedrático de América Latina Hoy en la Universidad Nacional Autónoma de México
Fuente: Contralínea
Difusión: AMLOTV
“O nos unimos o nos hundimos”
La Cumbre de la Unidad de América Latina y el Caribe, que se desarrolló en Cancún, México, el 22 y 23 de febrero pasado, en la que se aprobó la creación de un nuevo organismo regional que en principio se llamará Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe (Celac), sin la participación de Estados Unidos, ratifica la conformación de un nuevo mapa geopolítico en el continente.
La voluntad de crear un nuevo organismo sin la tutela de Estados Unidos significa que ese país ya no es el actor más importante en la política exterior de las naciones de la región. La nueva conformación de fuerzas, unida a la dinámica misma de la propuesta llevada a cabo por los países más prósperos y a la vez más progresistas, para la creación de un nuevo organismo regional, salvó todos los obstáculos que se presentaron en Cancún. Países como Colombia, México, Panamá y Perú, que guardan estrechas relaciones políticas con Washington, accedieron a la creación de este nuevo ente internacional. No hubo entonces, en Cancún, argumento válido que impidiera el avance de la integración latinoamericana.
Lo que significa
La decisión unánime de los jefes de Estado y de gobierno en esta Cumbre de la Unidad –integrada por la II Cumbre de América Latina y el Caribe sobre Integración y Desarrollo y la XXI del Grupo de Río– deberá cerrar el largo capítulo de la Doctrina Monroe y del “Consenso de Washington”, mediante los cuales se manipularon las relaciones entre los países de la región.
Recordemos que el jueves 15 de mayo de 2008, los propios estadunidenses dieron por terminada la Doctrina Monroe, “América para los americanos”, en vigor desde el siglo XIX. En un informe del Consejo de Relaciones Exteriores, una reconocida organización no gubernamental estadunidense determinó el fin de la hegemonía de Estados Unidos en el continente, señalando que “la política estadunidense ya no puede ser basada sobre la suposición de que Estados Unidos es el actor exterior más importante en América Latina”. En ese informe se afirma que “el destino de América Latina está en gran medida en las manos de América Latina”.
En adelante, para Estados Unidos será más difícil imponer los criterios económicos establecidos en el llamado Consenso de Washington, el cual consiste en una serie de políticas económicas que los países latinoamericanos debían aplicar, para supuestamente impulsar su crecimiento: 1. Disciplina fiscal; 2. Reordenamiento de las prioridades del gasto público; 3. Reforma impositiva; 4. Liberalización de las tasas de interés; 5. Una tasa de cambio competitiva; 6. Liberalización del comercio internacional; 7. Liberalización de la entrada de inversiones extranjeras directas; 8. Privatización; 9. Desregulación; 10. Derechos de propiedad.
Aunque seguirá existiendo la Organización de Estados Americanos (OEA), en realidad muchas de sus funciones serán ejercidas por el nuevo organismo. Sobre este tema, el presidente de Ecuador, Rafael Correa, ha declarado que la Celac deberá asumir funciones como la solución de controversias y de conflictos entre las naciones de la región, como el golpe de Estado en Honduras.
Para el presidente de Venezuela, Hugo Chávez, la desaparición de la OEA dependerá de la voluntad de sus países miembros. Aunque agregó que los jefes de Estado y de gobierno de la región han manifestado su apoyo al actual secretario de la OEA.
Los antecedentes
Uno de los procesos políticos y diplomáticos más inmediatos que dejaron de manifiesto la esclerosis en la que se encuentra la OEA fue el bombardeo ilegal de Colombia contra Ecuador, en abril de 2008, ante lo cual, este organismo se vio incapacitado para resolver los conflictos regionales por la vía de la negociación política y diplomática.
La perspectiva histórica nos muestra, además, que los esfuerzos integracionistas de la región han sido múltiples, como bien lo ha sintetizado el editorial del diario La Jornada “América Latina: paso histórico”, del miércoles 24 de febrero, que resumido señala: en el ámbito de la cooperación económica se encuentran la Comunidad del Caribe, el Mercado Común del Sur (Mercosur), la Comunidad Andina y el Sistema de la Integración Centroamericana. En el área de la cooperación, destacan los parlamentos regionales como el andino, el centroamericano, el latinoamericano y los mecanismos de solución de controversias como el Grupo Contadora y su sucesor, el Grupo de Río. A los esfuerzos destacados por el periódico citado, podemos agregar organismos ya en funciones, propuestos por iniciativa de Venezuela y que han sido ampliamente consensuados en la región: Petrocaribe, la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (Alba), la Unión de Naciones Suramericanas, etcétera. También ha sido gracias a la política exterior de Venezuela, mediante la cual se han reanimado importantes instancias de integración latinoamericanas, como la Asociación Latinoamericana de Integración y el Sistema Económico Latinoamericano y del Caribe (Sela).
Como muestra de los apoyos a la integración proporcionados por Venezuela, el 25 de julio de 2001, el presidente Hugo Chávez reinauguró la sede de la Secretaría Permanente del Sela, en Caracas. Con el reforzamiento de esa instancia, se fortaleció en el continente la lucha contra el Acuerdo de Libre Comercio de las Américas y se vigorizaron las bases para la creación de lo que ahora se conoce como Alba. En aquella memorable reinauguración de la sede del Sela, el presidente Hugo Chávez, parafraseando al señor Otto Boye Soto, secretario permanente del Sela, sentenció: “Ya chocan en América dos versiones, la Bolivariana aquí en el sur y la de Monroe en el norte”.
La versión del sur, como señaló Chávez, se vió fortalecida en una década con la avalancha de los cambios: “Lula, Kirchner, Correa, Evo, Michelle, Ortega, Zelaya”, lo que ha marcado la tendencia hacia la práctica de la democracia participativa que fomentará este nuevo organismo.
Los desafíos por vencer
Como lo ha subrayado La Jornada, “si persiste la voluntad política de aquí a los encuentros de Caracas (2011) y de Santiago de Chile (2012), ese nuevo foro dotará a las naciones situadas al sur del río Bravo de un mecanismo equitativo de cooperación, integración, resolución de conflictos, solución de problemas comunes e incidencia en los fenómenos mundiales, funciones que la OEA no ha podido cumplir por un motivo fundamental: su supeditación a los designios del Departamento de Estado de Estados Unidos”.
Cabe agregar que la relación entre ambos organismos regionales dependerá de sus miembros. Aunque hasta ahora no se reconozca, habrá duplicidad en sus objetivos y funciones, pero todo apunta a la desaparición de la OEA. De otro modo, corre el riesgo de que sólo quede el cascarón, con algunos países fieles a Washington. No obstante, su trabajo llenará el espacio del cual la OEA nunca logró ocuparse: la vinculación y la articulación con instancias como el Sistema de Integración Centro Americana, la Comunidad Andina de Naciones, el Mercosur y Petrocaribe, además de la Organización de las Naciones Unidas y la Comisión Económica para América Latina (Cepal).
En el contexto actual, es importante mencionar que en ocasión de una conferencia sobre la integración latinoamericana, efectuada en la sede de la Cepal, en Santiago de Chile, el 21 de agosto de 2001, Chávez previno: “O nosotros nos unimos o nosotros nos hundimos”, para inmediatamente convocar a intelectuales y a estudiantes a opinar sobre la creación de un nuevo modelo por delinear. Ahora, los jefes de Estado y de gobierno de la región han tomado una decisión para evitar el hundimiento: crear la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe.
*Doctor en derecho de la cooperación internacional por la Universidad de Toulouse I, Francia
Fuente: Contralínea
Difusión: AMLOTV
Los niños y la “justicia”
Después de nueve meses, la Suprema Corte de Justicia de la Nación dictaminó que el exgobernador de Sonora, Eduardo Bours Castelo, y el entonces director del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Juan Molinar Horcasitas, estuvieron involucrados en la eventual violación de garantías por la tragedia de la Guardería ABC, en Hermosillo, de la mencionada entidad.
Con ellos se involucra a 16 servidores públicos, ocho del IMSS, cuatro del gobierno de Sonora e igual número del municipio citado. En la tragedia, como se recordará, murieron 49 bebés y 75 resultaron heridos, algunos de los cuales no tendrán una vida útil y digna como sus padres deseaban.
En la mayoría de las guarderías del IMSS, se asegura, hay un desorden generalizado. De ellas, 99 por ciento infringe las normas establecidas; únicamente 14 de 1 mil 480 cumplen con los requisitos exigidos; el 49 por ciento no cuenta con las medidas de protección adecuadas, y sólo 407 (el 27.5 por ciento) tienen el visto bueno de los bomberos en caso de accidente.
Lo anterior muestra, nuevamente, el desastre que es otorgar asuntos fundamentales de la nación a los particulares. Dicha práctica, llamada en este caso subrogación y la cual va de 1983 a la fecha, es una situación irregular e incluso ilegal.
Las anteriores conclusiones, dadas a conocer por Rosario Mota y Carlos Rozón, deberán ser evaluadas por el ministro Fernando Franco, aunque éste fue integrante del Consejo Técnico del Seguro Social de 2000 a 2006, ya que era subsecretario del Trabajo y participaba en el Consejo Técnico del Instituto. Por lo tanto, seguramente no podrá atender convenientemente el asunto. Otro que está impedido de participar es el ministro Sergio Valls, quien fue director jurídico (1993-1999) del multimencionado IMSS.
Así pues, hay conflicto de intereses para hacer un trabajo pulcro, independiente, eficiente y expedito. Pero si así fuera, se sabe: el proyecto que dictaminará la Corte no tendrá efectos judiciales. Conoceremos oficialmente quiénes son los responsables de la peor tragedia de niños en el país, aunque continuará la impunidad y la clase política seguirá como el anuncio de un güisqui: tan campante. No sólo en la política, sino en asuntos donde la ciudadanía ha sido agraviada y desdeñada. ¿Saldrán desplegados de los abajofirmantes para exigir que se acabe con la arbitrariedad y la prepotencia y se diga “No a la impunidad”? Lo dudamos.
Los angustiados padres de los infantes caídos en desgracia avalaron el dictamen oficial. Uno de ellos dijo: “El informe es valioso, trae nombres de autoridades donde menciona situaciones y hechos que hemos venido haciendo públicos: negligencias, irregularidades, incumplimientos en medidas de protección civil” (Reforma, 2 de marzo de 2010). La voz popular se escucha tarde, en privado y sin consecuencias.
Bien, pero en ningún caso se mencionan a los familiares de Margarita Zavala ni a los de Eduardo Bours, quienes manejaban la trágicamente famosa estancia ABC, y fueron asimismo responsables directos del terrible suceso. Quizá porque no son burócratas. Aunque no habría que olvidar algo: tanto peca el que mata la vaca como el que le detiene la pata.
Los mexicanos tienen la experiencia de una clase política que jamás recibe condenas, más bien premios, luego de un tiempo para tranquilizar las aguas.
Allí está como ejemplo la embajada del Reino Unido a Eduardo Medina Mora, quien fracasó en la Procuraduría General de la República y ahora encabeza la segunda representación diplomática mejor pagada del país: 113 mil dólares mensuales (“El largo y sinuoso camino de la transparencia”, de José Antonio Gurrea, Cuadernos de El Financiero).
Y el mismísimo Juan Molinar, quien lejos de irse a la banca luego de la quemazón en la Guardería ABC cayó para arriba, pues llegó a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. En esta importante secretaría, lejos de cumplir sus funciones, va a España intentando conseguir inversiones y lo único que se le ocurre es satanizar y satirizar a Brasil, porque a su entender lo trascendente en el gigante suramericano son la zamba y la delincuencia organizada.
Molinar Horcasitas, por cierto, dijo que la comisión de magistrados malinterpretó la ley y que no renunciará a su encargo burocrático, algo que muestra claramente la nula importancia que le concede al Poder Judicial.
Eduardo Bours –quien ahora se dedica de tiempo completo a su empresa Bachoco, la cual ha sido acusada reiteradamente de que en sus camiones llevan, aparte de blanquillos, otra sustancia que algunos confunden con talco, pero de efectos impulsadores sin límite– afirmó que hizo muy bien su trabajo y duerme tranquilo.
Gonzalo N Santos, el viejo y extinto cacique de San Luis Potosí, decía que la moral era un árbol que daba moras o servía para una chingada. Luego de 80 años, el cínico aforismo pareciera el dogma de la clase política (Ejecutivo, Legislativo y Judicial).
Frente a ese terrible panorama, los grillos se quejan: no hay participación ciudadana, el pueblo ya no le cree a nadie, la inconformidad y la rebeldía aumentan, algo que hizo ver Carlos Montemayor, hoy tan recordado pero no escuchado ni mucho menos leído a plenitud.
jamelendez44@gmail.com
Fuente: Contralínea
Difusión: AMLOTV
Los bufones de la corte
El tono y la naturaleza de la reyerta entre los flemáticos bufones de la corte y el payaso de las bofetadas evidencian el grado de decadencia y miseria que caracteriza a las facciones del partido que representan, las cuales nada tienen que ofrecer a la nación, salvo la perpetuación de su supremo y compartido ideario retrógrada.
En su pendencia vacía de contenidos y propuestas sólidas, pero pletórica de denuestos, retorcidas expresiones insustanciales y mentiras, son incapaces de diferenciarse de sus entrecruzados anhelos e intereses por haber sido genéticamente paridos por la misma madre políticamente despótica, alérgica al imperio de las leyes y la democracia, y económicamente neoliberal. Sin embargo, en la lucha fratricida por tratar de mantenerse en la administración del Estado o retornar al mismo, esas corrientes que se avergüenzan de su conservadurismo nos muestran que están dispuestas a emplear cualquier método para conseguir sus fines.
De momento, la lucha se lleva a cabo por interpósita persona. De un lado se agrupan los estilográficos a sueldo y los camaleones al mejor postor. Los abajofirmantes del apresurado y esquizofrénico texto dicen “no a la generación del no”, de estropeada escritura que ruborizaría a cualquiera que tenga alguna noción de la sintaxis, con excepción, desde luego, de sus cultos redactores, y de contenido engañabobos. Convocadas desde los sótanos del sistema, esas refinadas personalidades cerraron filas, en precipitado tropel, en defensa de la derechista elite clerical gobernante que, impotente, observa cómo se desvanece abruptamente su sueño por afianzar terrenalmente su bastardo maridaje del trono y el altar, del monarca inmune a las ataduras constitucionales porque suponen que está iluminado por el dedo divino, como en el Medievo o antes de la derrota de la reacción ante la revolución liberal mexicana, encabezada por Benito Juárez. Sobre todo, después de que se les filtró anticipadamente la noticia de que el otro bando de la derecha, representado por la pandilla priista, los Enrique Peña Nieto y demás aventureros, preparaba una embestida a través del patético Carlos Salinas de Gortari, como parte de su campaña por tratar de restaurar su añorada monarquía absoluta que les permitió saquear impune e ininterrumpidamente a la nación durante poco más de 60 años, tal y como lo han hecho las falanges panistas desde que se apoderaron del gobierno.
En esa borrascosa travesía, los priistas tampoco han dudado en cultivar el íntimo y anticonstitucional amancebamiento entre el poder eclesiástico y el secular. No hay que olvidar que Salinas, el padre putativo del salvaje neoliberalismo, despótico, oligárquico, antisocial y desnacionalizador, y actualmente promotor del “nuevo modelo de nación de democracia republicana” priista (¿peñanietista?), en su esfuerzo por legitimar su asalto del Estado, fue quien liberó de su encierro a la bestia religiosa que, enloquecida, pisotea la Constitución y pisotea la democracia y las libertades ciudadanas, del brazo de panistas, priistas y algunos perredistas.
Por desgracia, la empresa de los nuevos cruzados es impresentable. Apesta, porque las “virtudes republicanas” de las camarillas panista y priista se hermanan en los mismos puntos: su ejercicio autoritario, excluyente, corporativo y caciquil del poder, desde el Ejecutivo, el Legislativo, los estados, los municipios y las organizaciones sociales. Unas y otras son alérgicas a la democracia y al estado de derecho. Han tratado de engañar a la sociedad al presentar la autócrata alternancia bipartidista como si fuera la democracia, pese a que ni siquiera el ámbito electoral cumple con esos requisitos, mientras que subsisten las estructuras, las prácticas y la cultura autoritaria del antiguo régimen priista. Han convertido al Estado y las riquezas de la nación en un botín. A ambos sólo les interesan los amores de la oligarquía nacional y extranjera, que ha financiado ilegalmente sus tareas electorales. Ante ella buscan legitimarse, la protegen, comparten los beneficios del capitalismo neoliberal y la depredación del sector público, le toleran y solapan sus ilícitos. La elite oligárquica, panista y priista ha doblegado, sometido, perseguido y destruido a los trabajadores y sus organizaciones, además de las ciudadanas, para imponerle las políticas antisociales del modelo y acrecentar la acumulación privada de capital. La polarización, la concentración de la riqueza, la mayor pauperización y el descontento de la población son responsabilidad de ellos. Ese bloque dominante justifica los abusos de los aparatos oficiales de represión, porque el Estado policiaco-militar es la única estructura que sostiene al sistema. Las iglesias la arropan con su manto protector.
La ingrata tarea de la falange integrada por los intelectuales y académicos orgánicos –comandados por Jorge Castañeda, Federico Reyes, Héctor Aguilar y Ángeles Mastretta, Ernesto Zedillo, los publirrelacionistas de la oligarquía desestabilizadora de los medios de manipulación colectiva, el gazmoño hombre de presa vendedor de basura “alimenticia” y demás personajes de perfumado y variopinto plumaje– está condenada al fracaso. Nada podrán hacer por evitar el derrumbe panista. Primero, porque Felipe Calderón y su equipo son los causantes de su derrota. Con sus políticas cavan su propia tumba. El descontento de la población, electoral y más allá de ella, es la respuesta a su despotismo clerical y neoliberal. Prefirieron entregarle el control de la Cámara de Diputados a los priistas. Estos últimos cosechan su desastre y contribuyen a su caída. Ya ni siquiera sus nutridas guardias pretorianas logran aislarlo de la protesta. Incluso la oligarquía empieza a alejarse. Su credibilidad cae casi verticalmente, según la más reciente encuesta de Berumen y Asociados: la aprobación a su gestión se desplomó de 54 por ciento en marzo de 2009 a 41 por ciento en el mismo mes de 2010. (El Universal, 1 de marzo de 2010). Después, porque la propia credibilidad de los abajofirmantes es tan impoluta como la del propio Salinas o de Felipe Calderón. ¿Alguien cree en la honorabilidad democrática de Castañeda, Aguilar, Reyes, Zedillo, Servitje o Ciro Gómez, por citar a algunos de ellos, quienes, como rabiosos cancerberos, han defendido y medrado de los gobiernos priistas y panistas y de la oligarquía, quienes atacan con saña a los opositores al statu quo, aunque sus demandas sean legítimas y sus movimientos deban ser considerados como normales, aceptados, atendidos e incorporados y no reprimidos y destruidos, como debería ocurrir en un sistema político que realmente se precie de democrático; que se han sumado a tareas más turbias, nacionales e internacionales, recordando a los más rancios soldados anticomunistas?
Peor aún. En su misiva, los abajofirmantes mienten descaradamente y no logran ocultar su espíritu autoritario. Ellos saben perfectamente que la crisis política del país y las dificultades de Calderón para imponer sus políticas, que nada tienen de democráticas, no son responsabilidad del Congreso. Ante todo, saben que los votantes determinaron su composición. ¿Acaso no se dice que los congresistas son los “representantes” del pueblo? ¿Acaso ese frágil equilibrio no es el resultado de lo que dicen llamar el juego democrático, ante el cual los poderes deben someterse? Mientras los priistas y demás partidos venales cogobernaron en santa hermandad, a cambio de sus cuotas de poder y de presupuesto derrochado y malversado, ni Calderón ni los flemáticos intelectuales, académicos y anexos se rasgaron las vestiduras. ¿Acaso esa situación no es consecuencia de la forma de gobernar de los panistas, de la incapacidad de Calderón para construir los acuerdos requeridos que le permitan alcanzar sus propósitos y salvaguardar la estabilidad y la gobernabilidad del sistema como les interesa? Si Calderón y los panistas hubieran mantenido su credibilidad, seguramente no tendrían conflictos con el Congreso porque tendrían la mayoría. La desgracia de Calderón es que añora un Congreso abyecto como en la era del sultanato priista, aun cuando la alternancia no eliminó su envilecido ni condujo a la democratización del sistema político, ya que simple y llanamente las elites no aspiraban a ella, sino a mantener el autoritarismo presidencialista con los panistas. Calderón, como los priistas, mientras pudo, se acostumbró a cambiar la Constitución para alcanzar sus ocurrencias o a pisotearla mientras pudo, con la venia de los poderes Legislativo y Judicial
¿Qué pretenden los abajofirmantes? ¿Un sistema apegado a las reglas democráticas, apegado al estado de derecho? No ofrecen una salida democrática porque son antidemocráticos. Son nostálgicos del poder absoluto. Sólo apoyan la contrarreforma de Calderón: ampliar la abusiva omnipotencia del Ejecutivo sobre el Legislativo, sin contrapesos legales e institucionales a sus excesos. Más poder del que tuvo el Ejecutivo con los déspotas priistas, ya que nunca se desmanteló su supremacía constitucional y metaconstitucional.
De cualquier manera, los abajofirmantes serán espléndidamente remunerados por sus servicios.
Del otro lado de la derecha, las cosas tampoco son mejores. Es claro que Peña Nieto sólo sirve –su “jeta de santo”, como dijo un poeta– para la mercadotecnia televisiva. O que ni Manlio Fabio ni algún otro priista tiene la talla suficiente para ser un candidato que garantice, por sí mismo, el triunfo de su partido en las elecciones de 2012. Pero ¿a quién se le ocurrió utilizar los oficios de un individuo tan desacreditado como Salinas de Gortari? ¿Tan mal están los priistas? Quién no sabe que Salinas fue una de las máximas expresiones del autoritarismo, de la más mórbida expresión del sistema priista, de la destrucción del régimen nacionalista y la instauración del neoliberalismo, de la descomposición y el hundimiento del despotismo priista, que abonó el terreno para la emergencia del Estado teocrático panista; que es la encarnación de lo más despreciado por la sociedad, merced a los costos económicos y sociopolíticos del neoliberalismo. Nunca podrá liberarse de los cadáveres de Luis Donaldo y Francisco Ruiz que lleva sobre su espalda. Es la imagen de Calígula.
Su reaparición en el seminario organizado por el Centro de Estudios Espinosa Yglesias no pudo ser más desgraciada. Primero, con mentiras, quiso lavar su imagen y endosar su corresponsabilidad en el colapso neoliberal de 1994-1995, la fuga de capitales, la rapiña de la venta de las empresas públicas, la entrega de la banca, el sistema financiero y de pagos a los especuladores locales que, naturalmente, las llevaron a la bancarrota y a entregarla al capital extranjero. Engañosamente quiso presentar a Zedillo como siervo de Estados Unidos y del capital foráneo. Nadie puede negar ese dardo envenenado. Pero lo fue como el propio Salinas, quien impuso despóticamente el modelo del “consenso” de Washington que ya había reventado en las dictaduras militares de América del Sur, en aras de lograr su legitimidad ante la Casa Blanca. Como Nerón, incendió el país. En sus juicios sobre el indefendible Zedillo, se comportó como un payaso de las bofetadas, como un resentido Tiberio que ahora pretenden presentar como el promotor de un proyecto innovador, progresista, democrático.
¿Así piensan los priistas ganar las elecciones en 2012?
No cabe duda que el bloque dominante ya nada tiene que ofrecer a la nación.
Fuente: Contralínea
Difusión: AMLOTV
Tres homicidios de los más de 20 mil de las cuentas alegres
De los 20 mil homicidios por la fallida estrategia calderonista –durante los nueve años y pico de los yunquistas en el poder presidencial– 69 son periodistas.
De viaje turístico por Japón, Calderón declaró: “Me quedó claro que no basta la acción policiaca y militar contra el crimen” (La Jornada, 3 de febrero de 2010).
Los tres homicidios más recientes, hasta la redacción de esta nota, han marcado el año que empieza. El del periodista Jorge Ochoa Martínez, editor y director de El Sol de la Costa, acaecido en el Guerrero bajo el despotismo sangriento de Zeferino Torreblanca, quien también estuvo de paseo por el viejo continente, como el resto de los desgobernadores, sin que por eso tengan a bien decir que “los viajes ilustran”, ya que regresan tan burros como se fueron, gastando el dinero del pueblo.
El de José Luis Romero, reportero del noticiario Línea Directa, de Sinaloa, brutalmente ultimado (El Universal, 21 de enero de 2010). Y el de Valentín Valdés Espinosa, en Coahuila, periodista de El Zócalo de Saltillo. El reportero Emir Olivares Alonso (La Jornada, 7 de febrero de 2010) nos informa de los tres ciudadanos que fueron privados de su vida por dedicarse al trabajo profesional en la prensa escrita y oral.
En el clima aterrador de “matar por matar, pues el poder es el poder de matar”, cientos de miles de mexicanos han muerto, pues los sicarios de las delincuencias, adueñados del país para imponer la ley del más fuerte, han respondido con “ojo por ojo, diente por diente” a las fuerzas militares-policiacas, y éstas, a su vez, disparan a discreción, llevando a cabo un baño de sangre por todo el país, donde civiles ajenos al conflicto son víctimas del fuego cruzado en la guerra de Calderón que, por su excesivo militarismo, apesta a golpismo.
Como todo lo que divulga el supuesto gobierno presidencial, la cifra es resultado de sus cuentas alegres. Varias investigaciones apuntan a que, durante esos últimos tres años, el país tiene en sus entrañas más de 50 mil muertos. Un sinnúmero de asaltos soldadescos a domicilios, sin orden judicial y violaciones sexuales consignadas como violaciones a los derechos humanos ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos y algunas defensorías en los estados.
Los 69 homicidios de periodistas, los más de 4 mil feminicidios y los 15 adolescentes de Ciudad Juárez se adicionan a los 50 mil que arrojan las investigaciones no oficiales. Estamos metidos al despotismo, como todo golpe militar y policiaco, de facto y disimulado por el escenario de una división de poderes y aparente vigencia institucional, donde la criminalidad gubernamental y la violencia de las delincuencias ya impusieron un nuevo régimen, cuestionado por el ejercicio de las libertades de información y de crítica, que se atreven a practicar los periodistas. Los más osados han caído víctimas de la falta de garantías para el desempeño de su trabajo, como manda nuestra Constitución Política.
Se ha filtrado que Calderón, Cortázar y García Luna (poder policiaco tras el trono calderonista y que goza de toda clase de impunidad) habrían manifestado que “nadie debe preocuparse” de las críticas ni informaciones que impliquen a funcionarios de la elite y empleados de confianza del calderonismo. Mientras tanto, han tenido lugar otros tres homicidios. Son los periodistas José Luis Romero, Valentín Valdés y Jorge Ochoa, en Sinaloa, Coahuila y Guerrero. No sobrevivieron al calderonismo. Pagaron con sus vidas su dedicación a las libertades de expresión.
cepedaneri@prodigy.net.mx
Fuente: Contralínea
Difusión: AMLOTV
Perú: criminalización de la lucha indígena
Sin pruebas en su contra, activistas indígenas son mantenidos presos por el asesinato de policías, ocurrido durante las movilizaciones indias de Bagua; en contraste, ni un solo policía ha sido detenido por los homicidios de los indígenas, ocurridos en el contexto de las mismas movilizaciones. Mientras, el gobierno pretende llevar a cabo las medidas que originaron el descontento indio: la explotación de la selva por trasnacionales
Ángel Páez / Voces de la Tierra-IPS
Lima, Perú. Todos los peritajes exculpan a dos de los indígenas acusados del asesinato de 12 policías durante los enfrentamientos ocurridos, en junio, entre pobladores y fuerzas de seguridad en Bagua, en la nororiental selva amazónica peruana. Pero siguen presos.
Feliciano Cahuasa Rolín y Danny López Shawit permanecen en prisión desde hace más de ocho meses, pese a que un peritaje técnico demostró que ninguno de los dos disparó un solo tiro y, por tanto, son inocentes en la muerte, el 6 de junio, de los efectivos.
En cambio, no hay ningún policía detenido por el crimen, ese mismo día, de 10 nativos y mestizos, durante el “baguazo”, como se denomina en este país al trágico enfrentamiento que estalló cuando un operativo policial intentó reprimir una protesta de miles de pobladores de la zona.
Las manifestaciones en Bagua, una de las siete provincias del departamento de Amazonas, eran contra un conjunto de decretos-leyes que el gobierno de Alan García aprobó para alentar la inversión privada en la selva, sin la obligada consulta a las comunidades nativas.
Hace poco, los tribunales de Bagua cerraron el plazo de investigación judicial por los casos “Curva del Diablo” y “Estación 6”, abiertos contra 96 nativos y mestizos a los que se atribuye haber intervenido en el homicidio de 23 policías y en la desaparición de otro durante los enfrentamientos.
Juan José Quispe y Gustavo Campos, los abogados defensores de los nativos y mestizos, interpusieron recursos legales en demanda de la ampliación del plazo de investigación.
La razón es que los magistrados no cumplieron con llevar a cabo 74 diligencias consideradas trascendentales para esclarecer la situación de los 96 enjuiciados, entre ellos, Cahuasa y López.
“No hay pruebas contra Cahuasa y López, como tampoco las hay contra los otros acusados”, dijo a IPS el abogado Quispe, de la no gubernamental Comisión de Derechos Humanos (CDH).
“Por supuesto que se debe castigar a quienes mataron a los policías, pero ellos no han sido los autores de los asesinatos”, precisó.
El abogado aseguró que “todo el caso está plagado de irregularidades” y citó entre ellas que “no se ha recogido el testimonio de importantes testigos de los hechos para acreditar que los denunciados son inocentes.
“Los que están enjuiciados son personas arbitrariamente detenidas por la policía el día de los hechos. No los arrestaron como resultado de una investigación”, apuntó Quispe.
El alcalde de la provincia de Condorcanqui y líder del pueblo aguaruna, Héctor Requejo, y el también indígena Merino Trigoso, son acusados de la autoría intelectual de la masacre de policías en Curva del Diablo, un tramo de la principal carretera de la selva, tomado aquel día por los manifestantes.
Requejo y Trigoso fueron señalados por dos adolescentes detenidos por efectivos del ejército durante el “baguazo”. Sin embargo, la declaración de los jóvenes no está incluida en el expediente judicial.
“Las propias autoridades judiciales confirmaron que las declaraciones de los jóvenes no obran en el expediente; sin embargo, subsiste la persecución contra Requejo y Trigoso”, manifestó Gustavo Campos, del no gubernamental Instituto de Defensa Legal (IDL).
“Es más, los adolescentes han dicho que no han acusado a ninguno de los dos”, adujo.
Campos detalló que “hemos planteado a los juzgados que el caso sea declarado complejo, con la finalidad de continuar con las investigaciones antes del juicio oral, y así establecer que no hay evidencias contra los 96 procesados”.
Pero el pedido fue rechazado, “así que hemos apelado”, añadió Campos, antes de explicar que “estamos muy preocupados por la cadena de irregularidades que afecta el debido proceso”.
La fiscalía penal de la provincia de Utcubamba, en cuya jurisdicción se produjo el “baguazo”, denunció como autores mediatos (a través de otros) del homicidio de cuatro indígenas a dos generales, y como presuntos autores materiales a dos policías.
Los generales son el exjefe de la Dirección de Operaciones Especiales, Luis Muguruza, y al exjefe policial de Bagua, Javier Uribe.
La defensa de los indígenas y mestizos sostiene que la denuncia fiscal contiene graves errores, como considerar autores mediatos de los hechos a los dos generales, quienes se limitaron a cumplir órdenes.
“Muguruza y Uribe eran parte de una cadena de mando que alcanzaba al entonces director de la Policía Nacional, teniente general José Sánchez Farfán, y a su jefa inmediata, la entonces ministra del Interior, Mercedes Cabanillas, quien a su vez estaba a la orden del presidente del Consejo de Ministros, Yehude Simon”, señaló Quispe.
Sin embargo, “ni siquiera se han tomado las declaraciones de Cabanillas y Simon, que son muy importantes para establecer en dónde se originó la orden para reprimir a los manifestantes ubicados en Curva del Diablo y la Estación 6, donde se produjeron las masacres de ambos lados”, afirmó.
A juicio de Quispe, “esta denuncia de la fiscalía está construida para garantizar la impunidad a las autoridades del (Poder) Ejecutivo”.
Pero, además, hay otro intento para sustraer de la acción de la justicia a los que desde el gobierno nacional adoptaron la decisión de ejercer la violencia sobre los nativos, que protestaban contra leyes que los afectaban.
El presidente del Consejo Supremo de Justicia Militar, el vicealmirante en retiro Carlos Mesa, anunció que formulará un reclamo de competencia a la justicia común para que sean los tribunales castrenses quienes procesen a los dos generales denunciados.
Mesa argumentó que corresponde a la justicia militar procesar a los policías, por presuntos delitos cometidos en el ejercicio de sus funciones.
“Los generales de la policía han sido denunciados por los delitos comunes de homicidio y lesiones graves, que no son delitos de función aquí ni en ninguna otra parte”, arguyó el director de la no gubernamental Asociación Pro Derechos Humanos, Miguel Jugo.
Esta organización se encarga de la defensa de los 96 indígenas y mestizos acusados por la violencia en Bagua, junto con CDH, IDL y la católica Comisión Episcopal de Acción Social.
“Se trata de una maniobra de la justicia militar para asegurar impunidad a los generales de la policía a cambio de que no declaren que ellos ejecutaron la operación en Bagua por órdenes directas del exprimer ministro Yehude Simon y la exministra del Interior Mercedes Cabanillas”, aseguró Jugo.
Planteó que el estamento militar y los propios generales acusados saben bien que las penas por un delito en el ejercicio de su función son mucho menores que la de homicidio calificado en la justicia penal, que llega hasta los 35 años de cárcel.
Para protestar por las irregularidades en las causas de los 96 nativos y mestizos acusados, la Organización Regional de los Pueblos Indígenas de la Amazonía Norte convocó una movilización para el lunes 22 de febrero.
La convocatoria también buscó denunciar el incumplimiento de la derogatoria de los decretos-ley que encendieron la ira de las comunidades nativas y desembocó en el “baguazo”.
La Comisión Multipartidaria del Congreso Legislativo, encargada de la desactivación de las normas legales que provocaron el levantamiento indígena, informó a IPS que ya fueron derogadas cuatro de las 10 “leyes de la selva”.
Esta comisión emitió un informe que concluye que los 10 decretos vulneran el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, que obliga a la consulta previa a las comunidades nativas cuando se trate de normas que afecten su hábitat y forma de vida.
Pero la derogación de la totalidad de las “leyes de la selva” todavía no se ha ejecutado, que es lo que demandan los pueblos de la Amazonia peruana.
Fuente: Contralínea
Difusión: AMLOTV
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