| ¡Instala y comparte la Barra del TIRADERODELBOTE! | |||||||||||||||||||
| ¡Pruébelo! | |||||||||||||||||||
| ¡Hola! | |||||||||||||||||||
| Nuestra barra de herramientas de la comunidad le permite mantenernos en la parte superior derecha de su navegador, independientemente de la página Web que esté visitando. | |||||||||||||||||||
 | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| Si tiene preguntas, visitePágina de ayuda, donde puede hacer preguntas en sus propias palabras. | |||||||||||||||||||
| Saludos, | |||||||||||||||||||
| @elbote http://tiraderodelbote.com | |||||||||||||||||||
miércoles, 29 de mayo de 2013
¡Instala y comparte la Barra del TIRADERODELBOTE!
Urgen a senadores defender con “uñas y dientes” derechos de migrantes en México
NOÉ ZAVALETA
TENOSIQUE, Tab. (apro).- El Movimiento Migrante Mesoamericano demandó a los senadores que integran las comisiones de Asuntos Frontera Sur, Asuntos Migratorios, Derechos Humanos y Población, que replanteen la política migratoria para salvaguardar los derechos humanos y disminuir la violencia contra los indocumentados en el sureste mexicano.
Al concluir la Misión de Observación de la Ruta Migratoria, defensores de derechos humanos entregaron a los legisladores Mariana Gómez del Campo, Layda Sansores, Zoe Robledo, Adán Augusto López y Humberto Mayans el documento en que recopilaron testimonios de extorsión, asalto y secuestros, así como datos de la desaparición de migrantes en los límites territoriales de Tabasco y Veracruz.
Durante la reunión con los senadores, los activistas fray Tomás González, Rubén Figueroa, José Jacques y Elvira Arellano recordaron la masacre de 72 migrantes centroamericanos en San Fernando, Tamaulipas, en agosto de 2010, así como el ataque del pasado jueves 2 contra cientos de indocumentados en la comunidad Las Barrancas, en Cosoleacaque, Veracruz.
Fray Tomás González aseguró que hechos como ésos se repiten continuamente en la frontera sur-sureste del país, sin embargo el miedo de los inmigrantes, la corrupción de las autoridades y la impunidad del crimen organizado han hecho que queden en el silencio.
En su oportunidad, Elvira Arellano, activista de la organización Familia Latina Unida, pidió a los senadores presentes en la reunión que defiendan con “uñas y dientes” los derechos de los centroamericanos en suelo mexicano.
La criminalización de los indocumentados y la indiferencia del Estado mexicano, dijo, han permeado en la presencia del crimen organizado en los estados de Chiapas, Tabasco y Veracruz.
“Todo mundo sabe que al entrar a suelo mexicano, los migrantes centroamericanos se encuentran con una cuota inicial de cien dólares que hay que pagar”, agregó.
Rubén Figueroa, del Movimiento Migrante Centroamericano, puntualizó que si bien los senadores recorrieron con ellos algunos tramos de las vías del ferrocarril en Tenosique, Tabasco, donde pululan los “halcones” e integrantes de la delincuencia organizada, “a ustedes –les dijo– no les van a hacer nada porque son autoridades y vienen acompañadas de policías”.
Fray Tomás González tomó de nueva cuenta la palabra para señalar que las amenazas de muerte y los acosos en contra de quienes dirigen los albergues donde protegen a los migrantes y defienden sus derechos humanos siguen vigentes, sin una acción concreta de las autoridades federales.
En respuesta, el senador Humberto Mayans prometió “tomar nota” y trabajar sobre el tema en la Cámara alta.
Unidad de desaparecidos, abierta al escrutinio de AI y HRW: García Cervantes
MÉXICO D.F. (apro).- El subprocurador de Derechos Humanos de la Procuraduría General de la República (PGR), Ricardo García Cervantes, afirmó hoy que la naciente Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas estará abierta al escrutinio de Amnistía Internacional (AI) y Human Rights Watch (HRW), entre otros organismos no gubernamentales nacionales e internacionales.
En declaraciones a Grupo Radiofórmula, el funcionario, el único panista invitado a colaborar en el gobierno de Enrique Peña Nieto, reiteró que el objetivo de la nueva instancia es buscar a las personas desaparecidas y a los responsables de las desapariciones, además de brindar apoyo a las familias.
“La primera medida que hay que tomar es abrir una sola ventanilla, abrir una puerta donde entre una familia, un familiar, y sienta de entrada que su dolor, su indignación, su estado de ánimo alterado por su pérdida, es tocada con respeto, y con sensibilidad”, dijo.
García Cervantes no dejó de reconocer que las desapariciones son un gran problema nacional, por lo que instó a las familias con hijos desaparecidos a trabajar en conjunto en su búsqueda.
“Nos hemos encontrado también con que muchas familias tienen mucha información y nadie las ha tomado en cuenta”, dijo el subprocurador.
La Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas contará con 12 elementos que serán capacitados sobre la marcha. El problema es que nació sin recursos, sin oficinas y sin personal suficiente.
El País difunde amenazas contra periodista de Proceso
ALEJANDRO GUTIÉRREZ
Madrid, (proceso.com.mx).- El diario español El País abordó hoy en su sitio web el caso de Jorge Carrasco, periodista de la revista Proceso, amenazado de muerte por “una oscura trama de funcionarios y exfuncionarios corruptos de Veracruz relacionados con el crimen organizado”.
“Llevo más de diez años cubriendo seguridad y justicia, el gran tema inacabable del sexenio del expresidente Felipe Calderón, pero nunca te imaginas que vayan a ir a por ti”, inicia el relato de Carrasco al corresponsal de El País en México, Luis Prados.
El motivo de dicha amenaza, que describe como “su pecado”, fue investigar el asesinato de Regina Martínez, corresponsal de Proceso en Veracruz, cometido el 28 de abril del 2012.
Desde que conoció de la amenaza de muerte, hace más de un mes, la vida de Jorge Carrasco y su familia se volvieron “una pesadilla cotidiana”, escribe Prados. “Continuos cambios de domicilio, con el sospechoso asalto en uno de ellos por parte de unos ladrones que no se llevaron nada, y el hecho de no poder ir a ninguna parte sin la escolta que le ha proporcionado la Secretaría de Gobernación”.
Carrasco señala: “Es una alteración total de tu vida personal, pero tiene un efecto mucho más pernicioso: sólo un suicida volvería a escribir sobre el caso de Regina y Veracruz. Me han quitado mi libertad de expresión”.
El caso es uno más en la escalada de acoso que sufre la prensa en el México de la guerra contra el narcotráfico, sostiene El País. “Desde el año 2000, según Reporteros sin Fronteras, han muerto 83 periodistas, una veintena están desaparecidos y muchos más amenazados”, apunta.
Prados recuerda que el asesinato de Regina, asfixiada en su casa de Xalapa, Veracruz, conmocionó a la sociedad mexicana. En esa entidad han muerto violentamente nueve periodistas desde 2011.
Recuerda el tenso encuentro que, tras el asesinato de la corresponsal, mantuvieron el fundador de Proceso, Julio Scherer García, el director de la revista, Rafael Rodríguez Castañeda, el subdirector, Salvador Corro y el propio Carrasco con el gobernador de Veracruz, Javier Duarte y su equipo de seguridad.
Como resultado de esa reunión se decidió que Jorge Carrasco fungiera como representante del semanario a lo largo de la investigación oficial.
El corresponsal de El País destaca que tiempo atrás Proceso descubrió las vinculaciones del gobierno de Fidel Herrera, antecesor y padrino de Duarte, con el narcotráfico, tras lo cual la revista fue secuestrada en esa entidad, como sucede cada que se publica algo que les incomoda a las autoridades.
Sin embargo, para perplejidad de Carrasco, las investigaciones siguieron un extraño derrotero. “Como llamar a declarar a periodistas locales, tomarles las huellas dactilares, incluso las dentales a algunos de ellos, o que de las ocho huellas encontradas en el lugar del crimen se decidiese que sólo servía una”, relata.
Pero el Estado concluyó que los asesinos de Regina eran delincuentes comunes. Conclusión que Proceso no aceptó, apunta.
“Regina tenía un gran conocimiento de la descomposición de la vida política que se venía produciendo en Veracruz. Le pedimos a la Procuraduría del Estado que siguiese esa línea, pero no nos hicieron ni caso”, cuenta Carrasco.
El contexto en el que se produjo el asesinato de Regina, apunta el diario, fue en pleno reajuste del control de la plaza y una guerra entre los Zetas y el cártel de Jalisco Nueva Generación, con su facción, “Los Matazetas”.
El pasado 14 de abril, en vísperas de cumplirse el primer año del homicidio, la revista publicó un reportaje de Carrasco donde demostraba la serie de inconsistencias de la investigación y la impunidad de los asesinos. Esa misma noche empezaron las amenazas.
Carrasco relata al periodista hispano que dos fuentes de su máxima confianza le informaron que “funcionarios y exfuncionarios del gobierno y de la Procuraduría de Veracruz habían mantenido varias reuniones para acordar acciones hostiles contra él, como ordenar la búsqueda de información sobre su persona en todas las bases de datos del país y enviar hombres al Distrito Federal para capturarle. Dicho con las propias palabras del hampa –según el reportero—, la orden era ´que si no se dejaba subir (llevar a Veracruz), darle piso (matarle)´”.
Prados recuerda que la revista dio parte a las autoridades federales y publicó un comunicado en el que responsabiliza al gobierno de Veracruz de “cualquier agresión que pudiera sufrir a partir de estos hechos”.
El semanario recogía también que el gobernador Duarte y su equipo de seguridad habían negado tajantemente su participación en esas reuniones y se comprometían a respetar el trabajo y la integridad del periodista amenazado. El diario español intentó, sin éxito, ponerse en contacto con el gobernador.
Mientras el caso sigue abierto, apunta, “Jorge Carrasco, vive bajo la protección policial, con la única defensa de las letras contra las armas”.
Gobierno “manipuló” cifra de ejecuciones; van 8 mil 49 en 5 meses: Semanario ‘Zeta’
La directora del Semanario Zeta, Adela Navarro, aseguró que el reporte de asesinatos en el país, que presentó el gobierno de Enrique Peña Nieto -en el que se indica que de diciembre 2012 a abril 2013 hubo 5 mil 296 homicidios-, fue “manipulado”, ya que una investigación propia les indica que han ocurrido 8 mil 49 ejecuciones, es decir, casi 3 mil más que la cifra oficial.
En entrevista para la primera emisión de Noticias MVS, comentó que encargaron a su reportero Enrique Mendoza buscar información al respecto, tras lo cual obtuvo una cifra superior a la que dio el gobierno.
Ante ello, Navarro consideró que “el gobierno disminuye la cifra (real)” y “efectivamente están manipulando las estadísticas”.
En un reportaje publicado por ‘Zeta’, el cual titulan 5 meses, 8 mil 049 ejecuciones, se indica que: Con un discurso triunfalista, cifras siempre “preliminares”, y sobre todo con estadísticas alteradas y bastante alejadas de la realidad que vive el país, el gobierno del Presidente Enrique Peña Nieto quiere acabar con la inseguridad, violencia y homicidios dolosos relacionados con el crimen organizado.
En los primeros cinco meses de administración, el Gobierno de la República reconoce solo 5 mil 296 homicidios dolosos relacionados a delitos federales, no obstante, todos los informes peñistas llevan la leyenda “preliminar”, ya que no han sido actualizados. De hecho, las cifras del Sistema Nacional de Información (SNI), al igual que los lamentables informes del triunfalista Miguel Ángel Osorio Chong, secretario de Gobernación, llevan siempre la misma leyenda: “datos preliminares” (…).
ZETA llevó a cabo una actualización de las estadísticas, recurriendo como metodología no solo a los “datos preliminares” del SNI, sino también confrontando las estadísticas estatales con sus respectivas secretarías de seguridad y procuradurías, además de registros hemerográficos de las entidades, concluyendo que en los primeros cinco meses de gobierno de Enrique Peña Nieto, han sucedido por lo menos 8 mil 049 homicidios dolosos relacionados con el crimen organizado.
Incluso, publicaron una tabla con las cifras del semanario:
México, la cárcel migratoria más grande de Latinoamérica, señalan organizaciones
SAYDA CHIÑAS CÓRDOVA
Coatzacoalcos, Ver.- México es la cárcel migratoria más grande de Latinoamérica, en la política del gobierno federal a lo largo de los últimos años se ha utilizado la violencia contra los migrantes para frenar el tránsito por el territorio nacional; los defensores de derechos humanos señalaron que existe un “holocausto silencioso” ya que el crimen organizado se ha apoderado de las vías del tren y están aplicando ahora “embudos” en la ruta para cobrar cuotas de hasta 400 dólares desde la frontera hasta Tierra Blanca, reclaman activistas.
En el albergue de migrantes La 72, ubicada en el municipio de Tenosique en Tabasco, los defensores de derechos humanos se reunieron con una comisión encabezada por los senados Humberto Mayans Canabal y Layda Sansores; aquí se presentó un avance preliminar de la evaluación que hicieron en varios puntos de la ruta migratoria donde se están presentando de manera diaria agresiones, cobro de cuotas y secuestros.
Esta evaluación y correspondiente reunión con los miembros del senado se detonó por la agresión masiva que sufrieron ilegales a manos de la delincuencia organizada que se conoció en la comunidad de barrancas, del municipio de cosoleacaque, Veracruz.
Este hecho, señalo Fray Tomás González castillo, evidenció que la ruta del tren se encuentra tomada por grupos de la delincuencia organizada, los cuales están agrediendo y matando a quien no paga las cuotas.
El representante del albergue La 72 calificó de un “holocausto migrante, lo que se esta presentando en la frontera sur de México que abarca los estados de Veracruz, Oaxaca, Chiapas y Tabasco. Las agresiones se mantienen en Tenosique, Palenque y Coatzacoalcos.
“Yo no puedo ser optimista en esta evaluación porque vimos que existe una tragedia humaniataria que no ha parado, nosotros y otros sacerdotes hemos catalogado esto como un holocausto migrante que puede ser considerado igual de grande que otros que se han vivido en el país”
Por su parte Rubén Figueroa, representante del Movimiento Migrante Mesoamericano, indicó que las agresiones han ido en aumento por el cobro de cuotas y el llamado “ensanchamiento forzado” de un coyote que los acompaña por el tren.
Señaló que este tipo de delincuencia tuvo su “tierra fértil” en el municipio de Coatzacoalcos en el mes de diciembre del año 2012 y en apenas 15 días se propagó hacia Tenosique y otros puntos donde operan estas bandas.
Refirió que a pesar de las denuncias y las alertas que emitieron los organismos de Derechos Humanos, en el gobierno de Veracruz hicieron caso omiso a los ataques y por el contrario buscaron criminalizar a los migrantes, “anteponiendo la imagen pública de los servidores a los hechos”, indicó.
En el mismo tenor respondieron las autoridades de Tabasco y Chiapas.
Aquí, ruben Figueroa denunció que México no cuenta con una política migratoria eficiente y esta utilizando como único método de regulación del flujo, las agresiones de grupos delincuenciales permitiendo que operen en completa impunidad a lo largo de toda la frontera sur.
Cuestionaron también la actuación del titular del Instituto Nacional de Migración (INM), Ardelio Vargas, quien señaló en sus declaraciones y reuniones que ha infiltrado la ruta migratoria para poder frenar aun más el flujo migratorio.
“Los migrantes están muy presionados y mucha gente ya no puede continuar, ya no sabemos si las agresiones vienen del crimen organizado o son infiltrados del Instituto Nacional de Migración”, denunció.
En el mismo tenor se expresó el párroco Alberto Rafael Gómez; refirió que en el municipio de Palenque se está generando un “embudo” basado en la agresión de policías y de los grupos delincuenciales.
Explicó que en este punto confluyen la mayor parte de las rutas de tren del sur hacia el centro del país donde los grupos de la delincuencia no los dejan seguir sino pagan los 400 dólares hasta Tierra Blanca.
Anotó que en esta zona los migrantes “son un botín”, pero lo más preocupante es que los grupos criminales se han apoderado de todas las vías del tren generando un “estado de descomposición social que está haciendo crisis”.
“Estos grupos lo único que están demostrando es que el que tiene armas y dinero puede controlar una ruta, se han reportado que llegan grupos de 30 personas que les advierten que tienen que pagar la cuota o los van a aventar, mejor deciden tratar de llegar caminando por otras rutas o se regresan a su país”, dijo.
En general los defensores de migrantes pidieron que se estableciera una ley migratoria que permita la circulación de los centroamericanos por el país, tan solo con su pasaporte y que eviten la criminalización.
“Los senadores de diferentes comisiones que involucran al sur-sureste se comprometieron a llevar al senado la tragedia que se observa en la frontera sur donde no se están tomando las medidas de seguridad necesarias”, manifestó el senador por Tabasco, Humberto Mayans Canabal.
Layda Sansores, senadora de la comisión, señaló que en México hay una “migrafobia” dentro del gobierno federal y de los estados que ha generado que no se pueda ejercer una política migratoria real.
“Estados Unidos está construyendo barreras y México está cavando fosas, esa es la política migratoria que se mantiene”, afirmó.
Indicó que las autoridades mexicanas tienen una doble moral en materia migratoria y manifestó que no se puede tener como titular del Instituto a un “ex policía” que se ha desempeñado siempre como funcionario del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), por lo que pidió su destitución.
En tanto el senador Zoé Robledo argumentó que el Congreso debe dejar la indiferencia hacia los inmigrantes, ya que en años anteriores se habían logrado casos exitosos de solidaridad con los pueblos indígenas desplazados.
En general los legisladores se pronunciaron por una migración ordenada, cambiando las leyes.
Cunde desesperación y malestar entre los mineros huelguistas en Taxco
RAYMUNDO RUIZ AVILÉS ( Corresponsal)
Taxco, 28 de mayo. El presidente del comité de huelga de la sección 17 de mineros de Taxco, Esteban Estrada Lara, reconoció que hay desesperación entre obreros que aún continúan en el movimiento que está a punto de cumplir seis años, y acusó a la empresa Grupo México de haber comenzado una contracampaña en los pueblos de la región minera de La Cañada, utilizando a otras personas para confrontarnos con ellas “y decir que nuestro movimiento no es real”.
Calificó como un acto de provocación lo que hace la empresa, la cual, reforzó, “viste sus artimañas con campañas de salud y utiliza a la personas de la sociedad a través de una organización social para tratar de desinformar nuestro movimiento”.
Dijo que desde que se unieron a la Asamblea Popular de Pueblos de Guerrero (APPG), han recibido el respaldo y la solidaridad para continuar con la lucha que ha sido “pesada y difícil” para las familias; sin embargo, “hemos resistido los embates y seguimos firmes”.
“Hemos recibido el apoyo moral y económico de la APPG y también de otros organismos internaciones, sin embargo hay desesperación porque no se ha logrado obtener buenos resultados”, aceptó.
Reclamó que la empresa lanzó una encuesta entre las comunidades: “primero pasan las campañas médicas y después llega personal de una encuestadora, emitiendo preguntas que no son parciales, entre ellas señalan que si el sindicato minero desapareciera las cosas estarían bien y eso no lo aceptamos porque tenemos una huelga que es legal”.
Esteban Lara pidió a Grupo México que respete “al sindicato, pueden lanzar encuestas, pero que no sirvan para confrontarnos con los pueblos”.
Habitantes de Amojileca obligan a minera a suspender sus trabajos de exploración
Lo que más preocupa es que pretendía usar explosivos cerca del pueblo, dice Hipólito Castro
MARGENA DE LA O
Chilpancingo, 28 de mayo. El comisario de la comunidad de Amojileca, municipio de Chilpancingo, Hipólito Castro Adame, denunció que la empresa Comercializadora Minera del Sur, proveniente de Guadalajara, explora unos terrenos particulares de una extensión de casi seis hectáreas, cerca del corazón de la comunidad, en busca del mineral sulfato de bario sin los permisos correspondientes, por esa razón, precisó, los pobladores impidieron las actividades desde el 24 de mayo pasado.
A cuatro días del bloqueo de los pobladores, Comercializadora Minera del Sur desistió de sus labores, es decir, retiró la máquina, pero el comisario consideró que no es suficiente para que se confíen.
Denunció que ayer (lunes) se presentó el abogado del gerente de la empresa, José Luis Ponce, pidiendo al pueblo llegar a un acuerdo, pero la plática no trascendió porque pretendió imponerse. "Platicamos, pero se quiso meter como si fuera dueño del pueblo y del predio donde está la minera, ubicada en unas seis hectáreas, que son propiedad privada", comentó.
Los terrenos que explora la empresa están ubicados al noreste de la localidad, en el punto conocido como Bordo Alto, área presuntamente con yacimiento de sulfato de bario, utilizado en los pozos petroleros, y en el área de medicina.
También aclaró que la empresa no ha podio acreditar al pueblo que cuenta con los permiso reglamentados para la exploración, incluso dijo que ayer le pidieron al abogado la documentación, pero no llevaba nada de eso.
Lo que más les preocupa, comentó, es que la empresa pretendía utilizar explosivos para la exploración de la zona en busca de sulfato de bario, sobre todo por la cercanía al pueblo; la empresa no alcanzó a realizar las explosiones por el impedimento de los pobladores. "Se está intentando utilizar explosivos, poniendo en riesgo a la ciudadanía, además de que viene la temporada de lluvias, y no sabemos cómo afectarían los trabajos de la mina, debido a que hay varios arroyos que bajan hasta el río", mencionó.
La empresa abrió una carretera para llegar al lugar dónde está la mina sin la autorización del pueblo. Hace cuatro años dos empresas canadienses pretendieron iniciar trabajos de exploración, que impidieron también los pobladores. Además de retirar la maquinaria, la empresa suspendió su intención de explotar algunas áreas del pueblo.
Halla la PGR desechos en excavaciones que hace en busca de desaparecidos
Hay esperanza de familiares de que localicen restos de sus seres queridos, declara Tita Radilla
RODOLFO VALADEZ LUVIANO ( Corresponsal)
Atoyac, 28 de mayo. Un tenis, botellas de vidrio, trastes de peltre y basura fueron hallados en una de las zonas excavadas por la Procuraduría General de la República (PGR) en el ex cuartel de Atoyac, donde además se iniciaron las excavaciones en una nueva área ubicada en la entrada del inmueble, propuesta por los familiares del desaparecido Rosendo Radilla Pacheco.
Los objetos fueron encontrados en una de las tres trincheras de dos metros de profundidad, que se ubican atrás de los baños, cuyas excavaciones son atestiguadas por miembros de la Asociación de Familiares de Detenidos, Desaparecidos y Víctimas de Violaciones a los Derechos Humanos (Afadem), encabezados por su vicepresidenta, Tita Radilla Martínez, hija del desaparecido Rosendo Radilla.
Los desechos fueron colocados a un lado de la fosa excavada y cerca del lugar en que están los familiares de las víctimas que vigilan los trabajos.
Julio Mata Montiel, secretario ejecutivo de Aafadem, informó que la PGR concluyó las excavaciones en el helipuerto, donde se cavaron tres fosas de aproximadamente metro y medio de profundidad, las cuales han comenzado a llenarse con agua debido a las lluvias que se han registrado en los últimos días.
Asimismo, comenzaron otras en el sitio propuesto por la familia Radilla y la Afadem en una zona localizada a la entrada del inmueble, donde se pudo ver a hombres trabajando en dos áreas que fueron acordonadas con cinta amarilla.
Durante la jornada de trabajo se observó a los miembros de la PGR, encabezados por la agente del Ministerio Público Martha Patricia Valadez Sanabria, y a un costado, más retirado de la zona, una mesa donde están los miembros de Afadem y de la familia Radilla observando las excavaciones.
A preguntar a los peritos si los objetos, en especial el tenis, serían analizados, ninguno respondió. Tita Radilla informó que las excavaciones concluirán este sábado; “hay esperanza entre los familiares de que en lo que resta de la semana se encuentren los restos de sus seres queridos”, manifestó.
Indígena denuncia agresión de “un cacique” por tierras
Chilpancingo, 28 de mayo. Emiliano Julián Agustín, indígena mixteco de la comunidad de Joya Real, de Cochaoapa El Grande, fue agredido y herido a machetazos por un hombre de nombre Felipe Julián Valdés, a quien identificó como cacique de la región, porque le quiere quitar tres hectáreas de tierra, de la que es dueño. El indígena que llevaba casi todo el brazo derecho todavía vendado por las lesiones que dejaron las heridas. No habla español; un familiar tradujo la denuncia de la agresión que sufrió. El traductor dijo que aunque los terrenos son bienes comunales, Julián Agustín tiene acreditadas sus tres hectáreas, que le quiere quitar el hombre que identifica como cacique. “El señor es muy ambicioso, y quiere quitar todos los terrenos a la gente; ya lo hizo antes”, dijo el traductor. Recordó que una vez que murió el anciano Felipe Rodríguez Julián, Felipe Julián Valdés le quitó a su familia tres hectáreas y media que aseguró eran suyas; para lograrlo, falsificó documentos, acotó.
Denuncia Policía Popular de Olinalá incursiones militares en comunidades
Exige al gobierno que retire inmediatamente al Ejército de nuestro territorio comuna
MARGENA DE LA O ( )
Chilpancingo, 28 de mayo. La Coordinadora Regional de Seguridad y Justicia-Policía Ciudadana y Popular Temalacatzingo, municipio de Olinalá, denunció que el Ejército irrumpió en territorio popular sin la autorización de los pueblos.
En un comunicado, la coordinadora informó que la irrupción ocurre a 10 días de difundir su manifiesto político, en el que “destacamos la manera en que estamos construyendo la soberanía popular”.
“Estas acciones del gobierno las entendemos como una manera de continuar con su política de intimidación, hostigamiento y represión hacia las comunidades donde nos hemos organizado bajo el principio de vida de la soberanía popular, formando nuestra Policía Ciudadana y Popular como una forma de autoprotección de las múltiples violencias”, se lee en el comunicado.
La Coordinadora exigió “al gobierno de Guerrero y México que retire inmediatamente al Ejército de nuestro territorio comunal. Aquí no necesitamos de sus servicios, aquí nosotros nos cuidamos y autoprotegemos”.
Citaron tres casos de irrupción de los militares: viernes 24 de mayo de 2013 a las 12 horas, dos vehículos del Ejército entraron a la comunidad de Santa Cruz Lomalapa y rodearon la casa de Sitlali Pérez Vázquez, integrante del Consejo de Gobierno, Seguridad y Justicia de la Policía Ciudadana y Popular (CGSJ-PCP). Sábado 25 de mayo, el Ejército intentó poner un retén en la carretera que va de Temalacatzingo a San Antonio Coyohuacán, “con el pretexto de mantener la seguridad”. El 26 de mayo, soldados se instalaron en el campo de futbol de la comunidad de Temalacatzingo, sin autorización ni consentimiento de las comunidades indígenas.
En el comunicado, la organización pide dos cosas: respeto al Sistema de Seguridad y Justicia de la Policía Ciudadana y Popular, sustentado en la Ley 701, en el artículo 2°, en el artículo 39 de la Constitución y en el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
Además de la salida del Ejército instalado en Temalacatzingo, “porque está demostrado que su interés no es proteger a la población sino intimidar a los ciudadanos”.
El Salvador: Solidaridad mexicana con joven salvadoreña
El día de hoy, miércoles 29 de mayo, activistas de Amnistía Internacional y de otras organizaciones mexicanas se manifestaron frente a la embajada de El Salvador exigiendo a las autoridades salvadoreñas que cumplan con su obligación de proporcionar tratamiento médico adecuado a una mujer embarazada.
Beatriz es una joven salvadoreña de 22 años, que debe afrontar un embarazo de alto riesgo, y con muy escasas posibilidades de éxito debido a sus graves problemas de salud y a una severa malformación del feto, al que le falta gran parte de la cabeza y cráneo. Ante esta situación los médicos han dictaminado que Beatriz necesita un aborto terapéutico, ya que podría morir o sufrir serias lesiones durante el embarazo y prácticamente no existen esperanzas de supervivencia para el bebé.
Sin embargo, ya han pasado 2 meses desde que el equipo médico que atiende a Beatriz estableciera la necesidad de un aborto terapéutico y solicitó a las autoridades permiso para realizarlo, ante la prohibición absoluta del aborto en El Salvador.
En estos dos meses el gobierno de El Salvador no ha respondido a los reclamos de Beatriz, ni a los de los organismos internacionales de derechos humanos, aumentando el riesgo para Beatriz. El 29 de abril, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos dictó medidas cautelares, estableciendo la obligación del estado salvadoreño de proporcionar a Beatriz un tratamiento médico adecuado, según lo prescrito por sus médicos y conforme a los deseos de la paciente, en un plazo no mayor a 72 horas.
Durante la concentración se hizo entrega al encargado de negocios de la embajada de El Salvador de más de 2,500 firmas y de cartas firmadas por decenas de organizaciones mexicanas exigiendo a este país respeto por los derechos de Beatriz y del resto de mujeres salvadoreñas.
La concentración en México se produce una semana después de que se entregara en El Salvador al gobierno de Mauricio Funes más de 155,000 firmas de personas de todo el mundo, incluyendo México, recogidas por Amnistía Internacional exigiendo a las autoridades Salvadoreñas que proporcionasen un tratamiento adecuado a Beatriz.
El pasado 17 de mayo, la Corte Suprema de El Salvador, que tiene que decidir sobre el caso de Beatriz, decidió posponer una vez más su decisión, por hasta tres semanas más. Para Amnistía Internacional esta postura supone una irresponsabilidad y una grave desprecio por la vida de Beatriz, ya que dada la urgencia de la situación, los retrasos a la hora de decidir sólo complican más sus posibilidades de supervivencia. Esta semana vence el plazo que tiene la Corte para resolver el caso.
Este retraso injustificado para resolver supone además un trato extremadamente cruel hacia Beatriz.
Amnistía Internacional, junto a otras organizaciones exige a las autoridades de El Salvador a que cumplan con sus obligaciones y garanticen la vida de Beatriz, cumpliendo además con sus obligaciones internacionales.
“Queremos que su caso se resuelva lo antes posible. Que Beatriz no se muera, así de sencillo. Cada día que pasa, su situación de salud se agrava. Ella solo quiere salvar su vida y estar con su familia” expresó Dennis Muñoz, uno de los abogados de Beatriz.
Para Amnistía Internacional este es un claro caso de discriminación, y de violación al derecho a la salud, así como de sometimiento a un trato cruel, inhumano y degradante por parte de las autoridades salvadoreñas. El caso de Beatriz es simbólico en uno de los pocos países del mundo donde el aborto está penado en todas las circunstancias, incluyendo el riesgo para la vida de la madre o abuso sexual, y donde las mujeres de bajos recursos carecen de los servicios médicos necesarios para garantizar su salud.
Información Adicional
Beatriz, madre de un niño, está embarazada de 23 semanas y padece serios problemas de salud, ya que padece Lupus y problemas de riñón. Su situación de salud es tan grave que 15 médicos del Hospital Nacional de Maternidad de El Salvador recomendaron la intervención médica cuando Beatriz tenía solo 13 semanas de embarazo, pues podría morir si continúa con su embarazo. Los médicos también han diagnosticado al feto de anencefalia (le falta gran parte del cerebro y cráneo), lo que en la mayoría de los casos resulta en la muerte del bebé a las horas o días de nacer.
Sin embargo, los médicos de Beatriz no le han brindado el aborto que puede salvarle la vida, y que ésta ha solicitado, porque temen ser procesados bajo las leyes salvadoreñas que imponen sentencias de prisión a cualquiera que lleve a cabo o tenga un aborto.
Beatriz es madre un niño de 1 año, en cuyo parto sufrió gravísimas complicaciones. Este antecedente agrava aún más los riesgos para Beatriz derivados de este embarazo.
Hace dos meses, los médicos escribieron a las autoridades solicitando protección explícita contra un posible procesamiento si proveen a Beatriz el tratamiento que tanto necesita. A pesar de la obvia urgencia del caso, ninguna autoridad ha respondido.
Además de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el 26 de abril los Relatores de las Naciones Unidas sobre el Derecho a la Salud, la Cuestión de la Tortura y la Violencia Contra las Mujeres, así como también la Presidenta del Grupo de Trabajo de la ONU especializado en la discriminación contra las mujeres, pidieron al gobierno salvadoreño que se proporcione urgentemente el tratamiento médico adecuado a Beatriz para salvar su vida.
Pue/Méx. Posicionamiento político del Frente de Pueblos Región Malinche con motivo de las elecciones
Puebla, México a 29 de mayo de 2013
A los medios de comunicación comerciales y alternativos
A los organismos de defensa de los derechos humanos nacionales e internacionales
Al pueblo de Tlaxcala y Puebla
Al pueblo de México
Este 7 de julio se llevaran elecciones en 14 estados, entre los que se encuentran Puebla y Tlaxcala, para elegir presidentes municipales y diputados. Al respecto el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua-Región Malinche, hacemos del conocimiento público nuestro posicionamiento político con motivo de esta coyuntura.
1. En nuestro País no existen procesos democráticos desde el gobierno, menos en elecciones. Lo que hemos vivido durante décadas son imposiciones y fraudes. Quienes realmente eligen a los futuros “representantes populares” son los grupos de poder económico y partidos electoreros con su voto corporativo.
2. Lo que han evidenciado los medios de comunicación en cada elección es la grave descomposición en la que se encuentra la estructura de gobierno del Estado mexicano.
3. Es indignante y ofensivo para nuestro pueblo el despilfarro de recurso económico que se gasta en cada elección. Más de 255 millones de pesos, al menos de manera oficial, será lo que costará esta elección. Y nuevamente demagogia y contaminación (gráfica, visual y auditiva) será con lo que tendremos que lidiar ese más de 50% de personas que se abstiene de votar porque ya no creemos en tanta farsa.
4. En fechas recientes personeros de los candidatos a la alcaldía han venido a hostigar e intimidar a compañeros de Barranca Honda, diciéndoles que si gana Gali Fayad no se llevará a cabo el Libramiento Norte, de lo contrario sí se construirá. Esto demuestra el nivel de perversión que tienen los grupos de poder en su afán por reposicionarse.
5. Reiteramos nuestra exigencia central como Frente de Pueblos de la Región Malinche: ¡CANCELACIÓN DEFINITIVA DE LA CONSECIÓN Y CAMBIO DE USO DE SUELO PARA LA CARRETERA LIBRAMIENTO NORTE!
6. Hacemos responsable a los 3 niveles de gobierno de la integridad física, psicológica y moral de los integrantes del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua-Región Malinche, así como también de las personas y organizaciones solidarias con nuestras demandas.
7. Afirmamos categoricamente que mientras exista imposición de macroproyectos, desaparecidos por motivos políticos y sociales, presos políticos y de conciencia, criminalización de la lucha y protesta popular, militarización y paramilitarización, negación y omisión de derechos económicos, sociales y culturales, niños muriendo por inanición; mientras esto exista, NO SEREMOS UN PAÍS DEMOCRÁTICO.
8. Condenamos los actos violentos en contra de las comunidades afectadas por la imposición de proyectos: Carreteros, Hidroeléctricos, Mineros, de gaseoductos, de inmobiliarias,… a lo largo y ancho del País.
9. Nos solidarizamos con los compañeros recientemente detenidos injusta y arbitrariamente de la Organización Campesina Emiliano Zapata-Casa del Pueblo y del Movimiento de Resistencia Popular del Sureste, ambos integrantes del Frente Nacional de Lucha por el Socialismo.
10. Reiteramos que solo la unidad por medio de la coordinación y las alianzas del movimiento democrático e independiente será lo que garantice una calidad de vida digna para nuestro pueblo.
Combativamente
¡¡Cancelación ya de la concesión y cambio de uso de suelo para el Libramiento Norte!!
¡¡Con hambre y miseria no hay democracia!!
¡¡Alto a la violencia contra el movimiento popular, de derechos humanos y luchadores sociales!!
¡¡Libertad a todos los presos políticos y de conciencia del País!!
¡¡Presentación con vida de todos los detenidos-desaparecidos por motivos políticos y sociales!!
¡¡Desmilitarización y Desparamilitarización del País!!
Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua-Región Malinche
--
___________________________________________________
Dignidad, Justicia, Libertad
Red de Defensa de los Derechos Humanos
REDDH
Web: www.reddh.org
correo: contacto@reddh.org
Facebook: reddh dh
Twitter: @Reddh_mex
Skype: reddh.mex
¿Flor de un día? - Columna semanal de Sergio Aguayo
A la memoria de Arnoldo Martínez Verdugo y José María Pérez Gay.
En los primeros meses de 2013 los árboles seguían siendo talados ante la indiferencia generalizada cuando la delegada de Tlalpan y el jefe de Gobierno lanzaron una ofensiva para defenderlos. ¿Será algo permanente o flor de un día?
La agresión al suelo capitalino ha sido constante y visible. Mientras las colonias y los barrios padecían el creciente asedio de las inmobiliarias, los bosques fueron llenándose de manchas grises del cemento que trepa y trepa sin parar. Mientras en las zonas asfaltadas hay vecinos conscientes que se enfrentan a los "desarrolladores" y a sus cómplices en el gobierno, los árboles del sur tienen pocos defensores y han sufrido lo que un alto funcionario capitalino califica, en conversación privada, como una "invasión brutal".
El desinterés se hace evidente al constatar la ausencia de información actualizada. Ninguna de las dependencias capitalinas encargadas de este tema puede decir cuántas hectáreas se han perdido desde que el PRD ganó la capital en 1997. Todas se amparan en cifras de 2010, según las cuales el Distrito Federal tiene 2 mil 819 hectáreas invadidas -unas cuatro veces las 686 hectáreas que tienen las tres secciones del Bosque de Chapultepec. Es una cifra rebasada porque en los últimos tres años se dispararon las agresiones y nadie sabe a cuánto asciende el daño. En ese conteo Tlalpan y Xochimilco son las más afectadas.
Hay otros indicadores del desinterés gubernamental. Desde que inició el reinado del PRD, Tlalpan ha tenido siete delegados. Sólo el primero (Salvador Martínez della Roca) y la actual, Maricela Contreras, se han enfrentado a los depredadores. Contreras pidió desde octubre de 2012 la intervención del jefe de Gobierno, seis meses después Miguel Ángel Mancera ordenó un gigantesco operativo con 3 mil elementos para desalojar 70 hectáreas ocupadas por un grupo, Zorros-Solidaridad, que ya habían quemado y marcado otras 200 hectáreas para su lotificación y venta.
El desalojo desnudó la responsabilidad del perredismo. Una de las lideresas, Emedelia Sánchez, es una invasora profesional que interpretó su expulsión como un "golpeteo político" originado por la nula simpatía que tiene hacia "la corriente política de René Bejarano, de donde es integrante la delegada"; ésta respondió acusando públicamente de promover las invasiones al anterior delegado, Higinio Chávez, y a su entonces director de Servicios Urbanos y actual presidente de la Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana de la ALDF, Carlos Hernández; Higinio lo negó "categóricamente" y Carlos hizo lo mismo "de manera muy clara, muy seria, muy firme". Ninguna autoridad exige cuentas.
En este tema los hechos han puesto a cada quien en su lugar. Higinio prometió firmeza en varias ocasiones pero sólo desalojó 60 hectáreas que sirvieron de muy poco. En unos cuantos meses Maricela ha demostrado mayor compromiso. ¿Durará?
Cuando uno se mete en estos temas se da cuenta de que dentro del gobierno capitalino sí hay una franja de funcionarios comprometida con la protección de los bosques. Es el caso del procurador ambiental Miguel Ángel Cancino, de la secretaria de Medio Ambiente, Tanya Müller, de la delegada de Tlalpan y del jefe de Gobierno. ¿Tendrán la determinación y la fuerza para liberar los centenares de asentamientos irregulares o estamos ante una acción efímera?
Para responder hay que entender que estamos frente una práctica que tiene una lógica política y económica heredada del priismo. En las ciudades los políticos entregan o prometen pedazos de tierra a los pobres a cambio de dinero (a contado o a plazos), de contingentes que animan los mítines y manifestaciones y de votos el día de las elecciones. Los pobres ganan la posibilidad de tener un techo propio; los demás se hacen de una clientela a la que tienen que alimentar permanentemente. No hay ideología ni programa; es una transacción comercial ensayada miles de veces que se basa en la destrucción de un medio ambiente que es patrimonio colectivo. A medida que se acerque la próxima elección los grupos y las tribus se lanzarán sobre los bosques y se antoja difícil que unos cuantos funcionarios puedan frenarlos.
En otras ciudades han surgido movimientos ciudadanos que defienden con éxito bosques amenazados: El Ombligo Verde, en Cancún, o La Bufa, en la ciudad de Guanajuato. Llama la atención la escasa atención que reciben en la ciudad con el capital social más denso. Entonces, la salvación de los bosques depende de que los adopten aquellos capitalinos conscientes; esos que se enfrentan día a día contra las inmobiliarias y sus aliados en el gobierno del Distrito Federal, las delegaciones, la Asamblea Legislativa y los tribunales de lo contencioso administrativo. Seguramente lo harán cuando entiendan que la viabilidad futura de las colonias y los barrios está ligada a la supervivencia de los árboles por ahora abandonados.
Colaboró Paulina Arriaga Carrasco.
Israel-Mexico: Military Cooperation to Crush Zapatistas Liberation Movement
By Jimmy Johnson and Linda Quiquivix
Global Research, May 24, 2013
Electronic Intifada 21 May 2013
Mexico has gone public about military coordination with Israel in Chiapas, home to the Zapatistas liberation movement. (Image: Omar Torres / AFP/Newscom)
Earlier this month, Jorge Luis Llaven Abarca, Mexico’s newly-appointed secretary of public security in Chiapas, announced that discussions had taken place between his office and the Israeli defense ministry. The two countries talked about security coordination at the level of police, prisons and effective use of technology (“Israeli military will train Chiapas police,” Excelsior, 8 May [Spanish]).
Chiapas is home to the Zapatistas (Ejército Zapatista de Liberación Nacional), a mostly indigenous Maya liberation movement that has enjoyed global grassroots support since it rose up against the Mexican government in 1994. The Zapatistas took back large tracts of land on which they have since built subsistence cooperatives, autonomous schools, collectivized clinics and other democratic community structures.
In the twenty years since the uprising, the Mexican government has not ceased its counterinsurgency programs in Chiapas. When Llaven Abarca was announced as security head in December, human rights organizations voiced concerns that the violence would escalate, pointing to his history of arbitrary detentions, use of public force, criminal preventive detentions, death threats and torture (“Concern about the appointment of Jorge Luis Llaven Abarca as Secretary of Public Security in Chiapas,” Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba) Center for Human Rights,14 December 2012 [PDF, Spanish]).
Aptly, his recent contacts with Israeli personnel were “aimed at sharing experiences,” Abarca has claimed. This may be the first time the Mexican government has gone public about military coordination with Israelis in Chiapas. Yet the agreement is only the latest in Israel’s longer history of military exports to the region, an industry spawned from experiences in the conquest and pacification of Palestine.
Weapons sales escalate
The first Zionist militias (Bar Giora and HaShomer) were formed to advance the settlement of Palestinian land. Another Zionist militia, the Haganah — the precursor to the Israeli army and the successor of HaShomer — began importing and producing arms in 1920.
Israeli firms began exporting weapons in the 1950s to Latin America, including to Nicaragua and the Dominican Republic under the Somoza and Trujillo dictatorships. Massive government investment in the arms industry followed the 1967 War and the ensuing French arms embargo. Israeli arms, police, military training and equipment have now been sent to at least 140 countries, including to Guatemala in the 1980s under Efraín Ríos Montt, the former dictator recently convicted of genocide against the Maya.
Mexico began receiving Israeli weaponry in 1973 with the sale of five Arava planes fromIsrael Aerospace Industries. Throughout the 1970s and ’80s, infrequent exports continued to the country in the form of small arms, mortars and electronic fences. Sales escalated in the early 2000s, according to research that we have undertaken.
In 2003, Mexico bought helicopters formerly belonging to the Israeli army and Israel Aerospace Industries’ Gabriel missiles. Another Israeli security firm, Magal Security Systems, received one of several contracts for surveillance systems “to protect sensitive installations in Mexico” that same year, The Jerusalem Post reported.
In 2004, Israel Shipyards sold missile boats, and later both Aeronautics Defense Systems and Elbit Systems won contracts from the federal police and armed forces for drones for border and domestic surveillance (“UAV maker Aeronautics to supply Mexican police,”Globes, 15 February 2009). Verint Systems, a technology firm founded by former Israeli army personnel, has won several US-sponsored contracts since 2006 for the mass wiretapping of Mexican telecommunications, according to Jane’s Defence Weekly.
Trained by Israel
According to declassified Defense Intelligence Agency documents [PDF] obtained via a freedom of information request, Israeli personnel were discreetly sent into Chiapas in response to the 1994 Zapatista uprising for the purpose of “providing training to Mexican military and police forces.”
The Mexican government also made use of the Arava aircraft to deploy its Airborne Special Forces Group (Grupo Aeromóvil de Fuerzas Especiales, or GAFE). GAFE commandos were themselves trained by Israel and the US. Several would later desert the GAFE and go on to create “Los Zetas,” currently Mexico’s most powerful and violent drug cartel (“Los Zetas and Mexico’s Transnational Drug War,” World Politics Review, 25 December 2009).
Mexico was surprised by the Zapatistas, who rose up the day the North American Free Trade Agreement went into effect. The Mexican government found itself needing to respond to the dictates of foreign investors, as a famously-leaked Chase-Manhattan Bank memo revealed: “While Chiapas, in our opinion, does not pose a fundamental threat to Mexican political stability, it is perceived to be so by many in the investment community. The government will need to eliminate the Zapatistas to demonstrate their effective control of the national territory and of security policy.”
Marketing “stability”
Today, faced with a people in open rebellion against their own annihilation, the perception of stability continues to be an important modus operandi for the Mexican government. For Israel, the Oslo “peace process” and the Palestinian Authority’s neoliberal turn has similarly helped cultivate an illusory perception of peace and stability while the colonization of Palestine continues.
Indeed, “creating an atmosphere of stability” was the stated goal of the recent Mexico-Israel contacts, and the desire for at least the perception of it might help explain why an Israeli presence in Chiapas is now going public, or rather, according to journalist Naomi Klein, is being “marketed.”
Yet managing perceptions can only remain the short-term goal of governments whose shared ambition is to annihilate. And just as Israel shares with Mexico its military experiences against Palestinians, it is equally likely that Israel could apply some of Mexico’s counterinsurgency tactics to its oppression of the the Palestinian people.
The military relationship between Israel and Mexico is how the Zapatistas themselves have long recognized their connection to the Palestinian struggle.
This message was underscored by Zapatista spokesman Subcomandante Insurgente Marcos when Israel was bombing Gaza in early 2009 (“Of sowing and harvests,” My word is my weapon, 4 January 2009). Despite the distance between Chiapas and Gaza, Marcos stressed that their experiences made the people of the two territories feel close to each other.
It is worth recalling Marcos’ words: “Not far from here, in a place called Gaza, in Palestine, in the Middle East, right here next to us, the Israeli government’s heavily trained and armed military continues its march of death and destruction.”
Linda Quiquivix is a critical geographer. She can be reached at www.quiqui.org.
Jimmy Johnson is an organizer in Detroit. He can be reached at johnson [dot] jimmy [at] gmail [dot] com.
Boletín de Democracy Now! en Español
Boletín de Democracy Now! en Español
29/5/2013
Los titulares de hoy
baje el audio
Disponible alrededor de las 17:00, hora de Nueva York. Si el link del audio no funciona, visita nuestraweb
|
El Resto de la Hora de Democracy Now! |
|
Jeremy Hammond del grupo
hacktivista Anonymous se declaró culpable de haber hackeado la empresa
privada de inteligencia Stratfor, el FBI y otros
organismos. Hammond afirma que su objetivo era demostrar cómo los
gobiernos y las grandes empresas operan a puertas cerradas. Alrededor de
cinco millones de mensajes de correo electrónico de la empresa Stratfor
fueron a parar al sitio web de revelación de datos secretos WikiLeaks,
lo que demostró cómo esa empresa privada de inteligencia hace
seguimiento y espía a activistas, para las grandes empresas. Más...
|
Assange: la investigación a WikiLeaks y el juicio a Bradley Manning buscan atemorizar a los denunciantes
Está previsto que la semana
que viene empiece el juicio a Bradley Manning, el soldado del ejército
acusado de entregar una cantidad de documentos y cables del gobierno a
WikiLeaks. Manning ya se había declarado culpable del mal uso de
material clasificado que él creía “debía hacerse público”, pero rechazó
la acusación principal de ayudar al enemigo. Desde su refugio en la
embajada de Ecuador en Londres, el fundador de WikiLeaks, Julian
Assange, sostiene que el juicio a Manning es “un espectáculo para
atemorizar a la gente y evitar que se comunique con periodistas y con
los ciudadanos”. Más...
|
Julian Assange habla de su reunión con Google y de los ataques contra WikiLeaks desde todos los frentes
El fundador de WikiLeaks,
Julian Assange, se refugió en la embajada de Ecuador el año pasado para
evitar la extradición a Suecia, donde lo buscan para interrogarlo en
relación a una acusación de agresión sexual y violación. Assange teme
que Suecia acepte extraditarlo a EE.UU. El martes, el Ministro de
Relaciones Exteriores de Ecuador acusó al gobierno británico de pisotear
los derechos de Assange, al impedirle viajar a Ecuador, país que le
concedió asilo político hace casi un año. Más...
|
Suscribirse a:
Entradas (Atom)
