lunes, 16 de mayo de 2011

Documental “Ley de seguridad nacional”, se legaliza en México una dictadura Militar.

Lo que nunca verás en TV nacional. Los pormenores de la Ley de Seguridad Nacional que se pretende pasar en México. Por favor comparte esta info con todos tus conocidos. De ser aprobada, esta ley permitiría: criminalizar la protesta social (marchas, manifestaciones, huelgas, y plantones), suspender las garantías individuales en todo el terriorio mexicano por tiempo indefinido, utilizar a las fuerzas armadas para la represión social, entre otras cosas.



Y lo mas importante compañeros, mucha atención. En caso de conflictos electorales, se autoriza el uso discrecional del ejercito para restablecer el “orden social”.
Desapariciones, secuestros, detenciones, interrogatorios, torturas y disolución de grupos subversivos, así como todas las heroicas y constructivas cositas que les enseñaron a más de 9,800 militares mexicanos graduados con honores en la escuela de asesinos; la afamada, Escuela de las Américas.
Preparémonos para la brutal represión que se nos viene.



Para entender un poco mas esta situación un video de El pacto Obama-PeñaNieto-SEDENA, y el porqué el PRI impulsa la Ley de Seguridad Nacional. La oligarquía nacional dispuesta a un baño de sangre, antes que permitir la llegada de López Obrador a la presidencia.

Difusión: Tonátiuh Maldonado.

Corrupción panista


JORGE GÓMEZ NAREDO

En tan poco tiempo. Sí, en tan poco tiempo los gobiernos emanados del PAN se transformaron en eso que tanto criticaron. Decían en el PAN antes de llegar al poder que ellos no serían corruptos, que ellos jamás robarían, que ellos harían todo sin corrupción, sin transas, bien legal, perfecto. Pero rápidamente fueron degenerando (o quizá es que ya entraron degenerados). Hoy, lo que tenemos es un PAN envuelto en un sinnúmero de actos de corrupción. Los que dijeron que serían distintos, que serían un “cambio”, resultaron lo mismo.

En el Sistema Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA), las cosas van de mal en peor. En 2008 adquirió dicha dependencia un préstamo con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) a través del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras). Hoy se sabe que en el manejo de dicho empréstito hubo un desfalco de alrededor de 348 millones de pesos. El SIAPA ha funcionado durante la última década como un organismo donde se coloca a diversos panistas para que ahí hagan lo que les venga en gana. Hasta ahora no ha habido ningún castigo para quienes permitieron el millonario desfalco. Actos de corrupción en gobiernos del PAN, pues.

Alfonso Petersen Farah, hoy secretario de Salud estatal, pero en el anterior trienio, presidente municipal de Guadalajara, emprendió diversas obras de remozamiento de las calles del Centro Histórico de Guadalajara y de la zona que va por avenida Vallarta, de Chapultepec hasta la Calzada Independencia. Quien camine por las banquetas, la zona “arreglada”, encontrará que las obras fueron pésimas: el piso ahora está todo destruido y existen incluso zonas donde ya ni piso hay. Las banquetas están derruidas. En algunas zonas, como por ejemplo en el cruce de las calles Pavo y Pedro Moreno, uno no sabe dónde comienza la banqueta y dónde la calle. Ahí las obras quedaron como inconclusas, hay hoyos por doquier. Se sabe hoy que, esas obras mal planeadas y mal ejecutadas, costaron una fortuna. Sí, se pagaron con un sobreprecio de cuatro millones 433 mil pesos. Hasta ahora no hay castigo para ninguno de quienes estuvieron al mando de dichas obras. Y por supuesto que Alfonso Petersen Farah sigue cobrando, puntualmente, su sueldo de secretario de Salud Jalisco. No se le ha castigado. Actos de corrupción en gobierno del PAN, pues.

Ha habido actos de corrupción en los gobiernos panistas. Por supuesto que los ha habido. Por ejemplo, ¿cuántos desvíos de fondos se realizaron o se están realizando con las obras de la Villa Panamericana y con todo lo relativo a los próximos Juegos Panamericanos?, ¿cuántos señores empresarios se han adjudicado jugosos negocios en la construcción de instalaciones deportivas gracias a sus amistades con funcionarios públicos?, ¿cuántos ínclitos políticos se han enriquecido de la noche a la mañana durante los gobiernos panistas? Sin duda, el PAN, que tanto criticaba la corrupción, la ineficacia y el autoritarismo priístas, hoy se ha convertido en eso que tanto vilipendiaba: si se miran los panistas a un espejo, seguro recordarían lo que antes era el PRI.

Desgraciadamente, la corrupción existe y la corrupción está posibilitada por el no castigo, por la inexistencia de culpables, por el continuar las cosas iguales, o casi iguales. Y es que las instituciones (las sacrosantas instituciones que tanto defienden panistas y priístas) están como oxidadas, como que no trabajaban. Todo se soluciona con arreglos cupulares, “negociaciones” de élite, en lo oscurito: “tú nomás no me hagas pancho acá, y yo te dejo que hagas allá lo que se te venga en gana”, “si tú me persigues por acá, recuerda que tengo papeles que acreditan esto allá, y te vamos a perjudicar”. Sí, los arreglos para que la corrupción no se castigue. Y es que vivimos en el país del no castigo a los funcionarios públicos: pueden hacer lo que les venga en gana, y nadie los va a poner en las cárceles, nadie les va a fincar responsabilidades.

Los panistas llegaron al gobierno como queriendo (o como fingiendo querer) ser diferentes. Sí, de derechas, sí, retrógrados, sí, sin experiencia, pero, supuestamente, “honrados”. Hoy la cosa se mira completamente distinta: los panistas han aprendido rápidamente que, desde los puestos públicos, se pueden hacer grandes fortunas. Y han cultivado eso de los arreglos para el no castigo. Hoy los del blanquiazul se parecen mucho a los priístas de hace casi 18 años. Aunque quizá más ineficientes. Y quizá también hasta más corruptos. Es cuestión de percepciones. Juntos, panistas y priístas, se ven muy parecidos. Cualquiera diría que son hermanos.

Fuente: La Jornada de Jalisco

Boletín No. 109 del CNEE

Comité de Energía Informa No. 109 May 08-11 - Zocalo Centro de Inteligencia

Los mineros, tan desprotegidos como en la antigüedad, asegura académico

Los sindicatos fallan al ponerse del lado del patrón y no del trabajador, dice

ANÍBAL VIVAR GALVÁN

La diferencia con los esclavos que trabajaban en las minas a principios del siglo XX y los mineros de la actualidad es que a muchos de ellos se les dan cascos de plástico, unos lentes protectores y lámparas de pilas, sin embargo las condiciones de seguridad dentro de las minas y el cumplimiento de la protección que les da la ley siguen sin ser prioritarios como en la antigüedad, aseguró el académico del departamento de Derecho Social de la Universidad de Guadalajara, Francisco Orozco Rubio, quien añadió que aún se siguen utilizando tecnologías de la época de la Colonia, lo que ocasiona que frecuentemente ocurran accidentes.

“La única diferencia es que en aquel tiempo bajaban con una antorcha prendida con aceites y hoy se las cambiaron por una lámpara de baterías, pero de ahí en más creo que las condiciones laborales son las mismas: utilizan las cuerdas, los malacates, pedazos de madera y las condiciones (de seguridad) son muy precarias”, dijo el académico quien recordó que México ha sido partícipe de tratados internacionales que buscan proteger el bienestar del trabajador pero que en realidad son letra muerta.

Ante esto, existe la posibilidad de que algunas organizaciones sindicales presentarán denuncias ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT) quien a su vez presionaría al Congreso de la Unión para que se dé cabal cumplimiento a los acuerdos, aseguró el académico quien ve difícil que esto se dé puesto que los sindicatos muchas de las veces entran al rol de no aceptar algunas políticas por conveniencia de los patrones dejando al descubierto al trabajador.

“La conveniencia es proteger al trabajador, para eso son los sindicatos, están constituidos para proteger los derechos laborales de sus agremiados, no para andar participando en contiendas políticas para ver quién obtiene más huesos. El sindicalismo es la unión de trabajadores para lograr las mejoras en sus prestaciones laborales y en sus condiciones de trabajo y aquí está el claro ejemplo: si las condiciones laborales de los trabajadores de la industria minera son deplorables el sindicato debe pugnar por que los agremiados tengan no las condiciones mínimas, sino las mejores condiciones para laborar”, aseguró Orozco Rubio quien dijo que pensar en los aspectos mínimos genera que el trabajador no cuente con la seguridad adecuada, lo que desencadena, en muchas de las ocasiones, accidentes en los que fallecen los mineros.

Recordó además que el impacto que hay en una familia en donde fallece la persona que aporta el recurso económico para la manutención del hogar “es tremendo” puesto que muchas de las veces los hijos y las viudas quedan en el desamparo.

Añadió que las autoridades voltean a ver la situación laboral de los mineros cuando los medios de comunicación rescatan algún hecho, como el ocurrido semanas atrás en una mina del municipio de Sabinas, en el estado de Coahuila, sin embargo, dijo, se deben atender todos los casos de la misma manera.

El académico del departamento de Derecho Social recordó que mucho de esto se da por los malos patrones “que no quieren cumplir con la Ley del Trabajo” ni con las normas de seguridad e higiene y que no ven a los trabajadores “como seres humanos, los ven como cartuchos desechables”.

Regresión histórica

Los mineros que fallecieron en la explosión de la mina de carbón del municipio de Sabinas percibían su salario de acuerdo a la cantidad de cubetas del mineral que extraían del subsuelo lo cual no era muy redituable pues se necesitaba de un gran esfuerzo físico para obtener más ganancias, aseguró el académico de la licenciatura en Derecho del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades, Ernesto Rafael Miranda, quien es profesor titular de la materia Derecho Minero; agregó que estas condiciones son similares a las que se vivían en el año de 1906 cuando se estalló la huelga de los mineros de Cananea.

“Vuelvo la mente a las condiciones que imperaban en esta mina antes de la huelga, creo que estamos en un terrible regreso a esas inhumanas condiciones que existían”, dijo el académico quien refirió que para que se tenga más control sobre la seguridad en las minas se requiere reforzar el número de inspectores con los que se cuentan en la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) del gobierno federal además de que se deben eliminar las cuestiones de corrupción que muchas veces permiten cosas que, de antemano, se saben irregulares.

Añadió que otras de las acciones que se requieren es la de concentrar todas las facultades de la inspección y vigilancia de las minas en un solo organismo, puesto que mientras que la Secretaría de Energía, encargada de dar las concesiones para explotar los yacimientos mineros, y la STPS tengan repartidas las funciones, seguirán existiendo irregularidades que generen más accidentes en esta industria.

Miranda dijo además que el hecho de que la minería en el país esté controlada por grandes consorcios internacionales no permite que la ganancia que se genera se quede en la nación y que mucho menos se vea algún tipo de crecimiento de gran escala en los pueblos o asentamientos cercanos a las minas.

“La minería produce mucho económicamente hablando, lamentablemente esa derrama no beneficia al trabajador”, aseguró el académico.

Fuente: La Jornada de Jalisco

Las represas: un peligro social


ALEIDA HERNÁNDEZ CERVANTES

La Comisión Mundial de Represas ha informado que las represas en el mundo han generado más desplazados que las guerras; que entre 40 y 80 millones de personas se han visto afectadas por esos macroproyectos hidroeléctricos y que, derivado de ellos, más del 60 por ciento de los ríos en todo el mundo han sido fragmentados o intervenidos.

Ese tipo de elementos, entre otros, han puesto en tela de juicio la viabilidad económica y los costos sociales, culturales y ambientales que trae consigo la construcción de las grandes presas. Incluso las instituciones más ortodoxas respecto a la visión de desarrollo económico, como el Banco Mundial, han auspiciado estudios muy importantes sobre el desempeño de las represas cuyos resultados muestran con toda claridad los perjuicios sociales y medioambientales de llevar a cabo este tipo de megaproyectos. De la revisión de 127 grandes presas y el estudio detallado de ocho casos (Turquía, Noruega, Colombia, EUA, Tailandia, Sudáfrica, Pakistán, Zimbabwe) se derivaron importantes conclusiones que deberían ser tomadas en consideración para el caso de la presa El Zapotillo. Mencionamos algunas que, a nuestro juicio, no pueden ser soslayadas en la discusión al respecto:

1. Las grandes presas diseñadas para suministrar riego generalmente no han alcanzado sus objetivos físicos; no recuperaron los costos y su rentabilidad en términos económicos ha sido menor que la inicialmente prevista.

2. Las grandes presas construidas para abastecer de agua industrias y municipios generalmente no alcanzan los objetivos previstos en cuanto a las fechas y volúmenes de suministro de agua; tienen pobres desempeños económicos y financieros.

3. La pérdida de bosques y de hábitats naturales, de poblaciones de especies, y la degradación de las cuencas río arriba debido a la inundación de la zona de los embalses.

4. La pérdida de la biodiversidad acuática, de las pesquerías río arriba y abajo, y de los servicios brindados por las planicies de inundación río abajo, por los humedales, y por los ecosistemas de las riberas y estuarios adyacentes.

5. Impactos acumulativos en la calidad del agua, en las inundaciones naturales y en la composición de las especies, cuando en el mismo río se construyen varias represas.

6. Muchos de los desplazados por las represas no fueron reconocidos (o registrados como tales) y por lo tanto no fueron reasentados o indemnizados.

7. En los casos en los que se entregó una indemnización, ésta fue con frecuencia insuficiente, y entre los desplazados reconocidos como tales, muchos no fueron incluidos en programas de reasentamiento.

8. A los que fueron reasentados, rara vez se les restituyó sus medios de subsistencia, ya que los programas de reasentamiento se han centrado en el traslado físico, y no en el desarrollo económico y social de los afectados.

9. Cuanto mayor es el número de los desplazados, menos probable es que los medios de vida de las comunidades afectadas puedan ser restaurados.

10. Los grupos indígenas y tribales y las minorías étnicas vulnerables han sufrido desplazamientos de un modo desproporcionado y han experimentado impactos negativos en sus medios de subsistencia, cultura y espiritualidad.

Las anteriores conclusiones derivadas del estudio emprendido por la Comisión Mundial de Represas, no son palabras huecas, por el contrario, están sustentadas en la aplicación de una metodología rigurosa de observación y comprobación del funcionamiento e impacto general de las grandes presas en el mundo, basados en estudios meticulosos de caso. El tema medular de la construcción de represas tiene que ver con la concepción de desarrollo económico que estamos avalando en nuestras sociedades, que se pretenden modernas. Se trata de un tipo de desarrollo económico invasivo, es decir, que invade y destruye el entorno social, sin ninguna consideración de las consecuencias sociales, culturales y ambientales. De otra manera, diríamos con Ulrich Beck –un importante teórico social alemán–, estamos en presencia de la sociedad del riesgo, un tipo de sociedad que no se detiene a reflexionar sobre los costos sociales, económicos, morales, ambientales, culturales que está provocando el proceso de modernización acelerado y, nosotros diríamos, un proceso basado en una concepción de modernización excluyente y mal entendida.

Aún estamos a tiempo de reflexionar y detener la construcción de la presa El Zapotillo para no tener que lamentar sus costosos e irreparables efectos; aún hay tiempo de ser una sociedad responsable.
aleycristal@hotmail.com

Fuente: La Jornada de Jalisco

Sigue el temor en la Sierra; habrá más desplazamientos: Redgroac


El Fodeg propondrá a diputados federales que exhorten gestiones que alivien la tensión en la zona

CITLAL GILES SÁNCHEZ ( )

Chilpancingo, 14 de mayo. Así como los habitantes de comunidad de La Laguna, en el municipio de Coyuca de Catalán han abandonado sus hogares y se han desplazado a la comunidad vecina de Puerto las Ollas, hay otras localidades cercanas a La Laguna que temen que sus familiares sea asesinados por grupos de la delincuencia organizada, informó el secretario técnico de la Red Guerrerense de Organismos Civiles de Derechos Humanos (Redgroac), Manuel Olivares Hernández, y criticó que sea el mismo procurador de Justicia del estado, Alberto López Rosas, el que esté motivando a la gente a abandonar sus comunidades por la violencia que se vive en ellas.

En entrevista, Olivares Hernández comentó que están a la espera que la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos en Guerrero (Coddehum) emita las recomendaciones oportunas a las autoridades encargadas de dar seguridad.

De igual forma algunos integrantes del Frente de Organizaciones Democráticas del Estado (Fodeg), que encabeza Bertoldo Martínez Cruz, van a proponer a la Cámara de Diputados que se haga un exhorto así como algunas gestiones para aliviar un poco las penurias de toda la gente desplazada, ya que no hay maíz, medicamento, techo, cobijas, alimentos, ropa, “no hay nada, están a la intemperie”.

Olivares Hernández dijo que las organizaciones sociales están lanzando una acción urgente para hacer un llamado a las autoridades de los tres niveles para que atiendan el problema relacionado con tantos asesinatos que no han sido investigados, ni han sancionado a los culpables.

“Ver de qué manera se puede atacar de raíz este problema generado por la delincuencia organizada y el hecho de que mucha gente se esté incorporando a ella”, manifestó.

Al preguntarle su opinión sobre las declaraciones que hizo el procurador Alberto López Rosas, en el sentido de que ellos (las autoridades) están pidiendo a personas a abandonar sus hogares mientras las autoridades toman el control total de la situación, Olivares Hernández dijo que es lamentable esa postura.

“La verdad que deja mucho que desear porque creo que el papel de las autoridades no es hacer el llamado para que la gente se desplace mientras las autoridades toman el control, yo creo que el problema va más allá, no hay políticas de estado, no hay políticas públicas, no hay una actuación realmente seria para poder contrarrestar este incremento de la delincuencia organizada y mucho menos el hecho de sea cada vez más gente pobre, más jóvenes los que de repente se incorporen a ella”, manifestó.

El activista alertó que aún queda muy poca gente en la comunidad La Laguna, sin embargo en estos días también abandonarán sus hogares.

De igual forma dijo que el problema no sólo es en esa comunidad, sino que hay otras localidades más que están cercanas a La Laguna que también están buscando la forma de desplazarse hacia otros lugares.

“Es una situación muy crítica que nosotros estamos observando porque la intención de la delincuencia organizada es empujar al desplazamiento para poder controlar toda la zona para poder explotar los bosques y poder llevar a cabo el cultivo y trasiego de droga; ese es el objetivo y lo están logrando y es aquí donde deja mucho que desear la actitud de las autoridades porque no es posible que haya tantos asesinatos y que ni el Ministerio Público sea capaz de subir a hacer las diligencias”, reprochó.

Fuente: La Jornada de Guerrero

Más de 100 habitantes de la sierra huyen de la violencia


En su mayoría son mujeres y niños pequeños; salen de La Laguna y llegan a Puerto las Ollas

CITLAL GILES SÁNCHEZ

Chilpancingo, 13 de mayo. Más de 100 personas en su mayoría niños y mujeres de la comunidad La Laguna, municipio de Coyuca de Catalán, han tenido que abandonar sus viviendas para refugiarse en Puerto las Ollas, debido a la ola de violencia que se vive en esa zona de la sierra. En tanto, el procurador de Justicia , Alberto López Rosas, aseguró que esa parte del estado es una zona de mucha violencia y por ello están pidiendo a la gente que salga de esos lugares mientras las autoridades establecen el control por completo.

De acuerdo con información proporcionada por el Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad (CCTI), el 29 de abril y este jueves 12 de mayo, el organismo estatal recibió información sobre el desplazamiento forzoso de familias enteras de La Laguna hacia Puerto Las Ollas.

Integrantes de la Red Guerrerense de Organismos Civiles de Derechos Humanos del estado de Guerrero (Redgroac), del Frente de Organizaciones Democráticas del Estado de Guerrero (FODEG), de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos del estado de Guerrero (Coddehum) y del CCTI acudieron a Puerto Las Ollas, donde encontraron a 107 personas que abandonaron sus viviendas en La Laguna.

Entre estas personas había dos mujeres embarazadas, 77 menores de 18 años de los cuales 34 tienen menos de cinco años, y todos ellos viven a la intemperie desde la noche del 21 de abril.

El representante del CCTI, Raymundo Díaz Taboada, detalló que dichos desplazamientos se deben al clima de violencia “provocado por grupos de la delincuencia organizada que buscan controlar la sierra, ya sea con la finalidad de explotación de los bosques o para la siembra y trasiego de drogas y que en este caso se vive en la Sierra de Guerrero y que implica directamente a los municipios de Petatlán y Coyuca de Catalán”.

Dicha violencia ha provocado el desplazamiento forzoso de 107 personas, sobre todo de niños y mujeres.

Ante esto, Díaz Taboada manifestó que “es preocupante la situación en que se encuentran ahora, durmiendo a la intemperie o hacinados como desplazados internos, pues la comunidad de Las Ollas es una comunidad rural que no dispone de lugares adecuados para dar albergue a tanta gente, ni hay suficiente abasto de comida para una larga estancia de estos refugiados”.

Destacó que las condiciones de salud de los desplazados también son un asunto de preocupación dado que en las Ollas no hay servicio médico alguno.

De igual forma dijo, es alarmante el que las familias dejaron todo en sus viviendas, ya que al salir del poblado La Laguna, “salieron solo con lo que llevaban puesto”, dejando todo: casa, ropa, animales, herramientas, tierras, sin saber qué pasará con sus cosas que dejaron.

Por ello, las organizaciones sociales exigieron a las autoridades federales y estatales que atiendan dicha situación, la cual fue originada por el clima de violencia.

De igual forma pidieron que se dé atención medica y medicinas a los desplazados y habitantes de Puerto Las Ollas así como asegurar el abastecimiento de agua potable y alimentos; las condiciones de vivienda y refugio durante el tiempo que dure el desplazamiento y sobre todo que atiendan las causas que generaron este desplazamiento.

De igual forma que se investigue y se castiguen las muertes violentas de Rubén Santana Alonso, Sergio Santana Villa, ocurridas en esa región, así como la presencia de grupos paramilitares y de delincuencia organizada en esa zona; que se garanticen condiciones de seguridad necesarias para un pronto retorno de los desplazados.

Al respecto, el procurador Alberto López Rosas admitió que esa parte de la Sierra de Guerrero, “está muy claro que es una zona de violencia” y por lo mismo, dijo, han ingresado a ella para mantener el control.

Y aunque indicó que no es una responsabilidad sólo del gobierno de Guerrero, sino también de otras instancias federales y municipales, aseguró que están trabajando para poder controlar dicha situación.

Admitió que ha habido desplazados, incluso aseguró que han sido ellos mismos como autoridades quienes han pedido a la gente que ahí habita, que salga de sus viviendas por un tiempo.

“Sabemos que hay desplazados, hay autodesplazados, nosotros inclusive hemos pedido a algunas personas que habitan ese lugar, que por el momento abandonen esos sitios mientras nosotros establecemos el control completo junto con las demás autoridades federales”, manifestó.

Rechazó que sea una zona abandonada por el gobierno, ni que sea una territorio libre, “simplemente tenemos que tomar ciertas precauciones para evitar que esta violencia se salga de control, por eso nuestra presencia es permanente”.

Antecedentes

Los días 22 y 23 de junio de 2007, policías preventivos del estado, ministeriales y civiles armados realizaron un operativo en las comunidades de La Laguna, Los Órganos, Los Gachupines, Hacienda de Dolores y Los Guajes de Ayala en el municipio de Coyuca de Catalán, registrándose hechos de tortura.

De igual forma en 2008 y 2009 las irrupciones militares continuaron en el pueblo de La Laguna en la búsqueda de Rubén Santana Alonso, a quien acusaban de tener un grupo de “encapuchados” queriendo relacionarlo con secuestros ocurridos en la región calentana.

Santana Alonso fue asesinado el miércoles 16 de febrero de 2011en la comunidad de La Laguna. Su viuda declaró que lo mataron por defender los bosques,

El domingo 17 de abril de 2011, un hijo de Rubén Santana Alonso, Sergio Santana Villa, fue muerto en una emboscada en el camino entre Hacienda de Dolores y La Laguna, donde por lo menos hubo dos muertos más, los cuales fueron llevados a Coyuca de Catalán.

Del 9 al 13 de junio de 2009, un contingente de militares del 40 Batallón de infantería acampó en dicha comunidad, violando los derechos humanos de habitantes de las Ollas, El Xilguero y Las Palancas.

El 31 de octubre de 2009 fueron asesinados por desconocidos Alejandro y Bertín García Cortes de 19 y 18 años y Rogelio García Valdovinos de 15. Dicha ejecución ocurrió en el crucero conocido como Las Calaveras, a unos cuatro kilómetros de Puerto de Las Ollas.

Fuente: La Jornada de Guerrero

Negocios de guerra


PEDRO LIZÁRRAGA CUEVAS - SÁBADO, MAYO 14, 2011

Al término de la Marcha por la Paz con Justicia y Dignidad, en pleno Zócalo ante más de 100 mil manifestantes que exigían la salida de Felipe Calderón, Javier Sicilia, el escritor agraviado con la muerte de su hijo, producto de la guerra desatada por el negativamente coreado, optó por demandar la renuncia de Genaro García Luna, secretario de Seguridad Pública federal y uno de los principales impulsores de la estrategia bélica emprendida contra las bandas criminales. La razón de demandar la salida de García Luna es para evitar que México continúe deslizándose en la militarización y la pérdida de libertades, explicó Sicilia.

Tal vez políticamente sea correcto pronunciarse por la renuncia de una figura de primer orden en la lógica guerrerista, aunque, es obvio, el principal responsable es Calderón, situación que trató de eludir en su reciente visita a Estados Unidos, aunque terminó asumiéndola con su reiterada defensa. Para Calderón lo importante es combatir la droga, así se abandonen los programas de desarrollo y se mantenga a los ciudadanos en la incertidumbre. Genaro García Luna es sólo un funcionario que coincide con su jefe y en todo caso acata sus órdenes. Por cierto, no se terminó por aclarar qué es más sanador, si un toque de mota o unos tragos de tequila.

Desde una perspectiva diferente, Marcos, el subcomandante zapatista, en un comunicado del mes de marzo, ofrece una explicación del porqué los hombres del gobierno mantienen una guerra con los consabidos costos terribles para la sociedad. Bien vale revisar sus argumentos.

En primer lugar, reconoce, la guerra está impuesta desde los intereses de los Estados Unidos. La conveniencia es de orden geopolítico, de dominio sobre nuestro país y de beneficios económicos en virtud de ser el principal proveedor de instrumental bélico y asesores en inteligencia militar.

Segundo, Marcos observa que la guerra de Calderón fue un artilugio desarrollado para sostenerse en la presidencia de forma ilegal: “Quien se posesionó de la titularidad del Ejecutivo federal por la vía de facto, no se contentó con el respaldo mediático y tuvo que recurrir a algo más para distraer la atención y evadir el masivo cuestionamiento a su legitimidad: la guerra Y esta guerra tiene en Calderón su iniciador y promotor institucional ahora vergonzante”. La guerra recibió el apoyo de los empresarios, los altos mandos militares y obviamente el capital externo, sobre todo el gringo.

Tercero y no menos importante: la guerra es un negocio redondo, además de colocar en la presidencia a un usurpador, los militares han doblado su salario, aunque los ganones son los altos mandos, las secretarías de Seguridad, Marina y el Ejército han recibido en esos cuatro años ingresos superiores a los 300 mil millones de pesos. Los proveedores nacionales y del extranjero están felices por dotar de equipo y armamento a los soldados. “Si el principal promotor de esta guerra es el imperio de las barras y las turbias estrellas (haciendo cuentas, en realidad las únicas felicitaciones que ha recibido Felipe Calderón Hinojosa han venido del gobierno norteamericano), no hay que perder de vista que al norte del Río Bravo no se otorgan ayudas, sino que se hacen inversiones, es decir, negocios”. En texto del subcomandante.

La organización social ha sido aniquilada. Se han destruido los sindicatos más combativos, muchos luchadores de los derechos civiles han sido asesinados misteriosamente, la población permanece espantada y esperando en cualquier momento ser víctima por parte de las bandas criminales o las fuerzas represivas del estado. Si de algo puede preciarse Calderón es haber deshecho la oposición organizada. Hasta el instrumento político de López Obrador, el PRD, ahora es una fuerza aliada al calderonismo.

El crimen no va a la baja, la estrategia bélica del gobierno ha extendido la violencia por todos lados. “El fracaso de la guerra federal contra la ‘delincuencia organizada’, la joya de la corona del gobierno de Felipe Calderón Hinojosa, no es un destino a lamentar para el Poder en USA: es la meta a conseguir. Por más que se esfuercen los medios masivos de comunicación en presentar como rotundas victorias de la legalidad, las escaramuzas que todos los días se dan en el territorio nacional, no logran convencer. Y no sólo porque los medios masivos de comunicación han sido rebasados por las formas de intercambio de información de gran parte de la población (no sólo, pero también las redes sociales y la telefonía celular), también, y sobre todo, porque el tono de la propaganda gubernamental ha pasado del intento de engaño al intento de burla”. Apunta Marcos.

La guerra de Calderón no busca acabar con la violencia ni derrotar al crimen y el narcotráfico, su objetivo es la expansión de ciertos negocios, los relacionados con la guerra, pero también aquellos que hicieron posible el “triunfo” del PAN en 2006. Son grupos económicos dominantes en la economía: finanzas, energía, alimentos, industria, electrónica, medios de desinformación, todos ellos vinculados a consorcios de Estados Unidos y España. La mafia capitalista del primer círculo de poder ha recibido beneficios económicos como nunca, en tanto el pueblo ha visto mermados sus ingresos y cada vez más mexicanos se hunden en la pobreza. Basta asomarse a la calle y ver cómo surgen como hongos las casas de empeño.

La guerra no se detendrá, se ha echado a andar y rinde los frutos deseados. No sólo es la obstinación de su autor, ahora empujan los empresarios que reciben ganancias inusuales, los militares que ocupan un sitial del que habían sido excluidos por décadas, pero también está el poder superior del socio norteamericano que prácticamente define la dirección del país en cuestiones económicas, de seguridad y finalmente la plena orientación política.

“Esta guerra (que está perdida para el gobierno desde que se concibió, no como una solución a un problema de inseguridad, sino a un problema de legitimidad cuestionada), está destruyendo el último reducto que le queda a una Nación: el tejido social. De esta guerra no sólo van a resultar miles de muertos... y jugosas ganancias económicas. También, y sobre todo, va a resultar una nación destruida, despoblada, rota irremediablemente”. Concluye el comunicado de Marcos.

plizor@yahoo.com.mx

Fuente: La Jornada de Veracruz

No se puede tapar el sol con un Beato


Alberto Athié

A pesar de su magnificencia y cobertura mediática mundial, la beatificación del Papa Juan Pablo II quedará ensombrecida por la sospecha y, por la forma en la que se llevó a cabo, cabe la pregunta de, si fuera posible impugnarla por faltas graves al "debido proceso". ¿Por qué?

La complejidad de la vida y del Pontificado del Juan Pablo II, por la extensión en el tiempo, la enorme cantidad de actividades y discursos en todos los ámbitos de la vida, harán que su paso por este mundo sea una fuente constante de análisis para comprender todas sus implicaciones, muchas de ellas muy valiosas, pero aún es poco el tiempo para hacer un balance adecuado del mismo. ¿Por qué la prisa?

No obstante su extraordinario carisma mediático y el colosal impacto de su concepción y ejercicio de un papado universal, su visión teológica del papel de la Iglesia en los grandes problemas sociales, políticos, económicos, culturales del mundo que influyeron tanto en el desarrollo del pensamiento como en cambios tan relevantes, -la victoria de Solidarnosch en Polonia y la consecuente caída del bloque soviético-, existen también temas muy controvertidos.

Resaltan entre ellos una eclesiología cerrada en la que la Iglesia Católica posee la verdad, su escrupulosidad para sancionar a los teólogos "heterodoxos" y no actuar del mismo modo en casos de heteropraxis, como la pederastia; la forma en la que intervino en América Latina en contra de las teologías de la liberación y de los movimientos libertarios de los pobres; la contradicción entre promover los derechos de las mujeres, poniendo un veto prácticamente definitivo a que ellas participen y ejerzan el sacerdocio y su absoluta negativa al condón aún a costa de preservar la vida humana.

Existe además la forma en la que el Papa polaco enfrentó el fenómeno mundial de miles de casos de abusos sexuales por parte de clérigos en muchos países y, más grave aún, la forma en la que se pretendieron "resolver" -ENCUBRIÉNDOLOS- por las autoridades de la Iglesia Católica.

Es absolutamente indispensable explicar por qué, durante años, siendo delitos graves sancionados por las leyes civiles, la mayoría de ellos fueron sistemáticamente tratados al margen de las mismas, manejados en secreto, lo que agravó los daños en magnitud. Hay sacerdotes que abusaron de más de 150, 200 niños, que fueron protegidos, cambiados de lugar y encubiertos para "evitar el escándalo", en detrimento y daño de las víctimas. Todo ello llevado a cabo por autoridades eclesiásticas que van desde los obispos locales, las congregaciones y órdenes religiosas, hasta la Santa Sede, en particular al entonces Cardenal Joseph Ratzinger y al Papa Karol Wojtyla.

Se ha dicho que se quería evitar el escándalo y el efecto negativo del mismo en la fe de los creyentes. Este modus operandi estructural hoy descubierto, ha provocado un escándalo del escándalo. La Iglesia católica, en palabras del Papa Ratzinger, se encuentra en la urgencia de "...contrarrestar aquello (subrayado mío) que ha tenido consecuencias tan trágicas para la vida de las víctimas y sus familias y que ha oscurecido de tal manera la luz del evangelio, como no lo habían hecho siglos de persecución".

La Iglesia vive este conflicto mundial, no porque ha sido fiel a su misión evangélica y sufre persecución a causa de ello, sino porque está en absoluta contradicción con su misión en uno de los puntos más graves y sensibles a la humanidad: el sentido del valor de las niñas y los niños, a la luz del significado que les da Jesús y el papel que les asigna a sus Apóstoles bajo una grave advertencia: "Ay de aquél que escandalice a uno de estos pequeños".

Hoy están en curso procesos abiertos por autoridades judiciales federales, como en los Estados Unidos, en los que el Papa actual y la Santa Sede son acusados por "conspiración internacional" de tipo mafioso y se están llevando a cabo investigaciones de Comisiones Especiales nombradas por gobiernos nacionales hacia Iglesias tan prestigiosas como las de Irlanda, Alemania, Bélgica, etc.

Este procedimiento tiene su fundamento en una Instrucción, "estrictamente confidencial" y no publicable, del Santo Oficio de 1962, a todos los patriarcas, arzobispos, obispos, inclusive del rito oriental "Sobre la manera de proceder en los casos de delitos de solicitación" con aprobación del Papa Juan XXIII. El objetivo fundamental de dicha instrucción, aunque contiene penas (incluyendo la de la excomunión ipso facto en el Código), es la de llevar a cabo un procedimiento interno, regido por el principio de "silencio perpetuo" bajo juramento y con pena de excomunión latae sententiae, ipso facto para los denunciantes y los que pertenecen a los tribunales eclesiásticos, fundamentalmente para "evitar el escándalo", que se ha traducido en proteger la imagen de la Institución y el prestigio de sus representantes ¡por encima de todo!

El fundamento prescrito por el Santo Oficio en 1962 para esos casos, el comportamiento estructural que se ha derivado y los daños que ha causado, constituyen lo que el mismo Papa Juan Pablo II planteó en su enseñanza respecto del "pecado social" y que sólo lo aplicó a estructuras políticas, económicas o sociales, pero que pueden ser aplicables perfectamente al ámbito de las estructuras religiosas y en este caso, a la Iglesia Católica:
"Es social todo pecado cometido contra los derechos de la persona humana, comenzando por el derecho a la vida, o contra la integridad física de alguno... La Iglesia... sabe y proclama que estos casos de pecado social son el fruto, la acumulación y la concentración de muchos pecados personales. Se trata de pecados muy personales de quien engendra, favorece o explota la iniquidad; de quien, pudiendo hacer algo por evitar, eliminar, o, al menos, limitar determinados males sociales, omite el hacerlo por pereza, miedo y encubrimiento, por complicidad solapada o por indiferencia; ... y también de quien pretende eludir la fatiga y el sacrificio, alegando supuestas razones de orden superior. Por lo tanto, las verdaderas responsabilidades son de las personas."
Juan Pablo II, Encíclica Reconciliación y Penitencia
Considero fundamental que los creyentes y la humanidad entera tenemos derecho a saber, ¿De qué manera se discutió en el proceso de beatificación, si y cómo -en términos de decisiones y de procedimientos-, por lo menos desde que era obispo de Cracovia, Karol Wojtyla llevó a cabo este modus operandi generalizado de la Iglesia Católica y, cuando llegó a ser Papa, de qué manera participó y, si buscó modificarlo radicalmente de manera personal como a través de sus mediaciones propias -La Santa Sede-, en el ejercicio de su autoridad máxima de la Institución responsable?

De los casos en los que sabemos que tuvo conocimiento y participó el ahora Beato Karol Wojtyla, la Santa Sede tendrá que explicar: a) el del Cardenal Groer de Viena al que le aceptó la renuncia después de un largo y desgastante proceso y en el que nunca reconoció que lo retiraba por los actos de pederastia; b) el del Cardenal Law quien, en el momento en que fue encontrado culpable de encubrimiento de los cientos de casos de pederastia en su Diócesis de Boston y de haberle mentido a un Juez Federal por haberlo negado, el Beato Juan Pablo lo sacó de los Estados Unidos antes del Juicio para llevárselo a Roma y lo nombró Rector de la Basílica de Santa María la Mayor; c) el caso del obispo francés, Pierre Pican a quien el Cardenal Castrillón Hoyos de la Congregación del Clero felicitó por proteger a un sacerdote pederasta y ser encarcelado: "Yo lo felicito de no haber denunciado a un sacerdote a la administración civil. Usted ha actuado bien, y me congratulo de tener un hermano en el episcopado que a los ojos de la historia y de todos los otros obispos del mundo ha preferido la prisión antes que denunciar a su hijo sacerdote". El Cardenal decidió enviar copia de esta carta a todas las conferencias de obispos y, años más tarde confesó públicamente que "el Santo Padre me autorizó para que [la] enviara a todos los obispos del mundo y la pusimos en Internet".

En lo que se refiere específicamente al P. Maciel, el P. Federico Lombardi, vocero de la Santa Sede, aseguró que se llevó a cabo una investigación "en profundidad" en la que no se encontró "nada que involucre" al papa polaco en los abusos de Maciel. No hay que olvidar que, si se hizo conforme a derecho, la Instrucción de 1962 en su número 30 prescribe que, al "aceptar una denuncia de delito de solicitación (como fue el caso de la denuncia presentada y aceptada oficialmente por la Congregación para la Doctrina de la Fe, por los exlegionarios en 1998 con el apoyo profesional del P. Antonio Roqueñí), la autoridad correspondiente "deberá tratar de averiguar en los archivos si hay otras acusaciones registradas contra ésta, incluso de diferente tipo y, si la persona denunciada acaso hubiera estado viviendo previamente en otros territorios...averiguar, incluso a partir de los ordinarios correspondientes...si ellos tienen alguna información que de alguna manera pueda agravar la situación. Pero deberá aceptar estos documentos haciendo referencia a ellos en las Actas una vez que se hayan acumulado todas, ya sea para un juicio, en razón de su contenido o de una asociación de causas y, en consecuencia toda la documentación se presentará junta..."

La Congregación para la Causa de los Santos, respecto del caso Maciel, publicó lo que la Congregación para la Doctrina de la Fe le respondió respecto de si había o no información relevante que el Papa Juan Pablo debió saber sobre el Padre Maciel: "sólo cartas y súplicas de algunas de las víctimas dirigidas al Papa Juan Pablo II" respondió el Cardenal Levada.

Como sabemos hoy de manera pública, además de otros nuevos datos que daremos a conocer muy pronto, la información que la Santa Sede tiene del caso Maciel es apabullante y contundente:

Sólo de la Congregación para los Religiosos sabemos que existen 212 documentos - algunos de más de 100 páginas- que datan desde los años 30's y gracias a los cuales se pueden comprobar que ya en los años 50's, se tenían perfectamente identificadas por la Sante Sede todas las características de Maciel como abusador de niños, pervertidor de sus conciencias, manipulador sacrílego de los sacramentos y diseñador de votos religiosos especiales para protegerse; adicto a estupefacientes; astuto engañador, mentiroso, falsificador de documentos, manipulador de grupos; enriquecido inexplicablemente y sobornador de cardenales que le permitían neutralizar a las personas y los documentos que lo denunciaban para neutralizar a sus acusadores.

La Congregación para la Doctrina de la Fe debió haber atraído ese archivo completo, dado que el P. Maciel acompañaba al Papa en sus viajes y había recibido reconocimientos y nombramientos importantes de su parte y, por obligación del párrafo citado de la Instrucción de 1962, cuando se presentó y aceptó formalmente la denuncia por solicitud del cómplice contra Maciel en 1998. ¿Dónde están esos documentos y las Actas correspondientes como ordena la Instrucción y que, por su exterma gravedad debieron ser presentados al Papa para su conocimiento?; o, ¿Será acaso que para el Cardenal Levada esas son las "cartas y súplicas de algunas de la víctimas" y, por tanto no tienen ningún valor relevante para molestarlo? Es obvio que el Cardenal Levada, o no tuvo acceso a esos documentos y alguien se los ocultó -lo que revela un gravísimo problema de corrupción en la Institución y, por lo mismo la hace incapaz de obrar conforme a derecho-, o miente en un documento oficial y con ello ¿hace inválido el procedimiento de beatificación?

Del mismo modo el Papa Ratzinger, quien fue Prefecto de la Doctrina de la Fe desde los años 80's y como Papa autorizó y validó el procedimiento y beatificó a Karoll Wojtyla, miente cuando responde ante Peter Seewald sobre el caso Maciel: "Hemos actuado con mucha lentitud y gran retraso. De alguna forma, la historia estaba bien tapada y sólo a partir de 2000 hemos empezado a tener pruebas".

Nuevamente, ante la gravedad de los hechos respeto a los daños que provocó el delincuente Marcial Maciel no sólo a las víctimas desde los años 30's hasta los 90's en que supimos que violaba a sus propios hijos, sino a su propia Congregación, a muchas personas cercanas a él, compró cardenales y obispos y, sobre todo el daño brutal al magisterio de Juan Pablo y al ejercicio de su autoridad -independientemente de si él Papa conocía o no el caso, debiendo conocerlo-, pues lo llevó con él a sus viajes, lo reconoció públicamente como "guía eficaz de la juventud en 1994", le dio nombramientos públicos muy importantes dentro de la Institución y, para rematar, a sus 60 años de sacerdocio, el Beato Juan Pablo le dijo, también públicamente: "Sus sesenta años de vida sacerdotal, Reverendo Padre, han estado señalados por una significativa fecundidad espiritual y misionera con diversas obras y actividades apostólicas...".

¿Dónde están los documentos sobre ese delincuente que Ratzinger debió conocer como la denuncia aceptada por su Congregación en 1998, como la carta que leyó personalmente delante de Mons. Talavera en el 99? ¿Para que sirvieron los resultados del proceso que él mismo abrió en 2004, enviando con un edicto firmado por él a Mons. Scicluna, y en el que la mayoría de los que testimoniamos ratificamos bajo juramento de excomunión lo que ya habíamos denunciado en los años 90's? Dónde quedó el entonces Cardenal Ratzinger que cuidó tanto al Beato Juan Pablo de los heterodoxos y dejó que estuvieran cerca de él los pederastas heteropráxicos, como sus colaboradores más cercanos y reconocidos públicamente?

Estas afirmaciones oficiales del Cardenal Levada y del Papa Ratzinger que permitieron alcanzar el objetivo de la beatificación del Papa Juan Pablo, buscan explicar el porqué Juan Pablo o nunca supo, o, si supo, en cuanto supo actuó de inmediato o, incluso, por falta de pruebas suficientes, nunca tuvo porqué saber del caso Maciel, pues, al parecer, nunca hubo información relevante y por ello no afectó su proceso para ser beato.

Dichas respuestas son extremadamente indicativas, en muchos sentidos, del modo de proceder, de su pecado y también delito estructural como Iglesia institucional en su más alto nivel de responsabilidad. Veamos: a) la absoluta irrelevancia de los clamores de verdad y justicia de las miles de víctimas que durante más de 60 años denunciaron y suplicaron justicia al Beato Juan Pablo y, por lo visto, por ser irrelevantes jamás le llegaron; b) el uso absolutamente discrecional de la información y la falta absoluta de certeza en procedimientos que garanticen el "debido proceso" de los denunciantes para la atención de sus demandas, construir la verdad y alcanzar la justicia que es el fundamento y el fin de todo Tribunal con leyes y Jueces.

La instrumentalización de todo lo que sea necesario para alcanzar el objetivo de la estrategia institucional construida desde 1962, se vuelve a cumplir inexorablemnte: evitar el escándalo, cuidando la imagen de la Institución y el prestigio de sus representantes, en este caso, no reconocer que Juan Pablo II no respondió adecuadamente, ni él ni todo su equipo de colaboradores -los Cardenales de la Curia Romana y otros-, con respecto a los casos de pederastas a los que él tuvo que responder personalmente y de los que, supuestamente no actuó o actuó tarde, como el caso de Maciel, porque no le llegó la información necesaria, no importa si se falta gravemente a la verdad, a la justicia hacia las víctimas.

Si fuera posible impugnar la beatificación de Juan Pablo por faltas graves al debido proceso, creo que deberíamos hacerlo por el bien de la verdad y justicia hacia las víctimas, los creyentes, la sociedad en general e incluso por el bien de la misma Iglesia Católica, para que recupere el sentido de su misión evangélica.

El Universal
01 de mayo de 2011

Tony Kushner y los Ángeles de la Disidencia


Publicado el 12 de mayo de 2011

Por Amy Goodman

Tony Kushner recibirá el título de Doctor Honoris Causa de la Facultad John Jay de Justicia Penal de la ciudad de Nueva York. Esta noticia no debería llamar la atención. Kushner es un reconocido dramaturgo que ganó el Premio Pulitzer en el género teatro, además de un premio Emmy y dos premios Tony. Sin embargo, el otorgamiento del título se convirtió en el centro de atención cuando fue retirado en forma abrupta por el Consejo de Administración de la Universidad de la Ciudad de Nueva York (CUNY, por sus siglas en inglés) durante su reunión del 2 de mayo, luego de que uno de los administradores acusara a Kushner de ser anti-israelí.

Casi inmediatamente se inició una campaña a favor de Kushner, que inicialmente consisitó en solicitar a los anteriores receptores de títulos honoris causa de las facultades de CUNY (de las que la Facultad John Jay forma parte) que los devolvieran. Al cabo de unos días, lo que se hubiera tratado del simple otorgamiento de un título honoris causa se convirtió en un escándalo de dimensiones internacionales. El presidente del Consejo de Administración de la universidad, Benno Schmidt, ex rector de la Universidad de Yale, convocó a una reunión ejecutiva de emergencia del Consejo, que votó por unanimidad devolverle el reconocimiento a Kushner.

La polémica puso al descubierto la enorme polarización que define cada vez más al conflicto palestino-israelí y la voluntad de algunos de eliminar la libertad de expresión y el diálogo enérgico para fomentar, en cambio, el dogma político intransigente. El miembro del Consejo de Administración que atacó a Kushner, Jeffrey Wiesenfeld, comenzó su diatriba en la reunión de Consejo antes mencionada con un ataque contra Mary Robinson, ex presidenta de Irlanda y ex Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Luego continuó diciendo: “Hay mucha actividad maliciosa e irracional contra el Estado de Israel en las universidades de todo el país, en Occidente en general y a menudo en Estados Unidos también”. Como prueba de sus afirmaciones, Wiesenfeld presentó varias citas que atribuyó a Kushner, y concluyó diciendo “No quiero aburrirlos con los detalles”.

Kushner me dijo: “Lo que está haciendo no es ahorrarles los detalles aburridos, sino todas las cosas que dije sobre el Estado de Israel que, de hecho, aclararían al consejo que de ningún modo soy enemigo del Estado de Israel, que de hecho soy un ferviente partidario del Estado de Israel. La crítica a las políticas de estado no significa que alguien procure la destrucción de un Estado. He sido muy crítico de las políticas de mi propio gobierno”.

En primer lugar, veamos un poco la trayectoria de Tony Kushner. Ganó el premio Pulitzer por su obra “Ángeles en América”. La obra tiene como subtítulo “Una fantasía homosexual sobre asuntos nacionales” y trata acerca de la epidemia del VIH/SIDA y la lucha que muchos homosexuales y lesbianas deben enfrentar en Estados Unidos. Un personaje clave de la obra está inspirado en Roy Cohn, un destacado abogado que a comienzos de su carrera fue un importante asesor del Senador Joseph McCarthy. Cohn ayudó a McCarthy a llevar adelante su ciega persecución de los sospechosos de ser comunistas dentro del gobierno de Estados Unidos y más allá. Se considera que fue un homosexual no declarado durante toda su vida, a pesar del hecho de que ayudó a perseguir políticamente a personas por ser homosexuales. Cohn murió en 1986 por complicaciones a causa del SIDA, a pesar de que dijo públicamente que padecía de cáncer de hígado. Ahora, en un giro dramático de acontecimientos de la vida real, Kushner, que ha escrito mucho sobre la caza de brujas durante la era McCarthy, se convirtió él mismo en objeto de dicha caza.

En este caso, el Roy Cohn del Consejo de Administración de la Universidad de la Ciudad de Nueva York es Wiesenfeld, que fue designado por el ex gobernador republicano de Nueva York George Pataki.

Entrevisté a Tony Kushner inmediatamente después de que se enteró de que le habían reestablecido el título honoris causa: “Puedo hablar acerca de los comentarios que he hecho a lo largo de los años cuando me preguntaron acerca de la fundación del Estado de Israel, si yo considero que fue la decisión correcta o si fue un error, si fue inteligente o imprudente para el pueblo judío. Estos son asuntos realmente complicados. Creo fervientemente que el Estado de Israel existe y debería continuar existiendo y debería ser defendido. Creo que debería haber una solución pacífica de dos estados a la crisis en Medio Oriente. Pero creo que la política en Medio Oriente de este país, basada en fantasías de la derecha, fantasías teocráticas y fantasías interpretativas bíblicas de lo que nos dicen la historia y la realidad de esa región, es catastrófica y va a provocar la destrucción del Estado de Israel. Esta gente no lo está defendiendo. No lo está apoyando. De hecho están provocando la distorsión de la política estadounidense con respecto a Israel y una distorsión de la política interna del propio Israel, debido a que ejercen una enorme influencia en Israel y apoyan a políticos de derecha que considero han llevado al país hacia un lugar muy oscuro y peligroso”.

Durante la era McCarthy, Estados Unidos también era un lugar oscuro y peligroso. Ahora, en medio de los levantamientos populares en el mundo árabe y musulmán, el reciente acercamiento entre Fatah y Hamas, y el probable reconocimiento del Estado palestino por parte de la Asamblea General de las Naciones Unidas, no hay mejor momento para tener un debate enérgico e informado.

El futuro de la paz en Medio Oriente depende de la disidencia. Quienes, al igual que Tony Kushner, tienen el valor de decir lo que piensan son los verdaderos ángeles de Estados Unidos.

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Denis Moynihan colaboró en la producción periodística de esta columna.

© 2011 Amy Goodman

Texto en inglés traducido por Mercedes Camps y Democracy Now! en español, spanish@democracynow.org

Amy Goodman es la conductora de Democracy Now!, un noticiero internacional que se emite diariamente en más de 600 emisoras de radio y televisión en inglés y en más de 300 en español. Es co-autora del libro "Los que luchan contra el sistema: Héroes ordinarios en tiempos extraordinarios en Estados Unidos", editado por Le Monde Diplomatique Cono Sur.