A las 12 horas del día de hoy, miércoles 9 de enero el presidente mexicano Enrique Peña Nieto firmó la Ley General de Víctimas (Ley de Víctimas) durante una ceremonia que tuvo lugar en la residencia presidencial de Los Pinos.
Amnistía Internacional (AI) ve la firma de esta ley como un importante avance, necesario para saldar la deuda que las autoridades mantienen con las víctimas de la situación de violencia que vive el país.
La Ley de Víctimas establece un conjunto de medidas judiciales, administrativas, sociales y económicas para reconocer y garantizar los derechos de las víctimas de delitos y de violaciones a sus derechos humanos. Estas medidas deben facilitar el acceso a su derecho a la verdad y la reparación del daño al tiempo que se garantiza su debida atención y la no repetición de los actos de violencia.
La aprobación de la Ley de Víctimas en el legislativo fue posible gracias al impulso y el trabajo de la sociedad civil y en particular de las propias organizaciones que agrupan a las víctimas de esta violencia. A pesar del apoyo unánime a la Ley en su trámite parlamentario, el anterior presidente de la República, Felipe Calderón bloqueó su promulgación. Este bloqueo constituyó una muestra más de la falta de atención a las víctimas que caracterizó la estrategia de seguridad implementada durante el anterior gobierno.
Amnistía Internacional considera positiva la firma de la Ley de Víctimas por parte del Presidente de la República, Enrique Peña Nieto, pues con este acto, el Estado Mexicano reconoce sus obligaciones hacia quienes han sido víctimas de la violencia y las violaciones a los derechos humanos en el país.
Sin embargo, AI recuerda que la aprobación de leyes no es suficiente para garantizar los derechos de las víctimas. Por ello, es necesario que el compromiso del gobierno hacia las víctimas se traduzca cuanto antes en medidas efectivas, que garantizan acceso a la justicia, la verdad, la reparación y la no repetición hacia quienes han sufrido la violencia y las violaciones de derechos humanos que diariamente se producen en el país. Esto es una de las pruebas del compromiso de este nuevo gobierno.
Así mismo, AI recuerda a las autoridades que para garantizar una justicia verdadera es indispensable también adecuar de forma integral el sistema de procuración de justicia y de seguridad pública para que estos funcionen con efectividad y con apego a la ley, pero siempre con el respeto irrestricto a las normas internacionales de derechos humanos. Mientras la impunidad siga siendo la norma en los hechos violentos que se suceden en México, no será posible detener la proliferación de la violencia y las violaciones de derechos humanos.
