miércoles, 9 de enero de 2013

Firma de la Ley de Víctimas: Importante avance, pero es necesario garantizar su aplicación



A las 12 horas del día de hoy, miércoles 9 de enero el presidente mexicano Enrique Peña Nieto firmó la Ley General de Víctimas (Ley de Víctimas) durante una ceremonia que tuvo lugar en la residencia presidencial de Los Pinos.

Amnistía Internacional (AI) ve la firma de esta ley como un importante avance, necesario para saldar la deuda que las autoridades mantienen con las víctimas de la situación de violencia que vive el país.

La Ley de Víctimas establece un conjunto de medidas judiciales, administrativas, sociales y económicas para reconocer y garantizar los derechos de las víctimas de delitos y de violaciones a sus derechos humanos. Estas medidas deben facilitar el acceso a su derecho a la verdad y la reparación del daño al tiempo que se garantiza su debida atención y la no repetición de los actos de violencia.

La aprobación de la Ley de Víctimas en el legislativo fue posible gracias al impulso y el trabajo de la sociedad civil y en particular de las propias organizaciones que agrupan a las víctimas de esta violencia. A pesar del apoyo unánime a la Ley en su trámite parlamentario, el anterior presidente de la República, Felipe Calderón bloqueó su promulgación. Este bloqueo constituyó una muestra más de la falta de atención a las víctimas que caracterizó la estrategia de seguridad implementada durante el anterior gobierno.

Amnistía Internacional considera positiva la firma de la Ley de Víctimas por parte del Presidente de la República, Enrique Peña Nieto, pues con este acto, el Estado Mexicano reconoce sus obligaciones hacia quienes han sido víctimas de la violencia y las violaciones a los derechos humanos en el país.

Sin embargo, AI recuerda que la aprobación de leyes no es suficiente para garantizar los derechos de las víctimas. Por ello, es necesario que el compromiso del gobierno hacia las víctimas se traduzca cuanto antes en medidas efectivas, que garantizan acceso a la justicia, la verdad, la reparación y la no repetición hacia quienes han sufrido la violencia y las violaciones de derechos humanos que diariamente se producen en el país. Esto es una de las pruebas del compromiso de este nuevo gobierno.

Así mismo, AI recuerda a las autoridades que para garantizar una justicia verdadera es indispensable también adecuar de forma integral el sistema de procuración de justicia y de seguridad pública para que estos funcionen con efectividad y con apego a la ley, pero siempre con el respeto irrestricto a las normas internacionales de derechos humanos. Mientras la impunidad siga siendo la norma en los hechos violentos que se suceden en México, no será posible detener la proliferación de la violencia y las violaciones de derechos humanos.

La joven morelense- Columna semanal de Sergio Aguayo - 09 de enero 2013

La niña violada por su patrón tenía todo en su contra. Sería otra víctima por su lugar en las jerarquías sociales y por el fatalismo que lastra a las mayorías. Nueve años después derrotó estos pronósticos.

En 2005 una ambientalista, Cristina Martin, me habló de Tita, una niña de 13 violada por su patrón el empresario Mauricio Ceballos. Quería defenderse pero se enfrentaba a un poderoso bufete y a la burocracia judicial. Revisé el expediente, confirmé la solidez del caso y conversé con la víctima en un departamentito de la zona industrial de Cuernavaca. Arrastraba vergüenza y enojo y respondía desviando la mirada. La mamá cargó con el peso del relato. Publiqué la columna en Reforma (disponible en www.sergioaguayo.org) y periódicamente me enteraba de que el caso seguía empantanado. Hace unos días me reencontré con Tita y su familia. En lugar de la adolescente huraña encontré una mujer joven y empoderada que mira de frente con ojos chispeantes y controla cadencia y ritmo en la conversación. Hizo un balance -que luego complementaría el abogado- de los nueve años de litigio obstaculizados constantemente por el aparato de justicia.

En el segundo año la Procuraduría estatal negó la acción penal por violación. Lo acusaron de estupro y en 2005 le dictaron formal prisión pero no entró a la cárcel. A finales de 2012 lo condenaron a cinco años de cárcel y a dar una compensación de 80 mil pesos a la víctima. Como la pena se le compurgaría por un tecnicismo, Tita le concedió el perdón (solicitado por los abogados del violador) y recibió una compensación de 120 mil pesos.

Hace años una colega, Larissa Lomnitz, publicó un espléndido libro titulado Cómo sobreviven los marginados (Siglo XXI, 2003). Sostiene que entre los mecanismos fundamentales para la supervivencia están las redes sociales basadas en la reciprocidad. La historia de Tita lo confirma. Una profesora amiga de la familia llevó el asunto a grupos feministas del estado que adoptaron el caso (entre otras, Patricia Lavín, Modesta Lavana y Nadxelli Carranco) y además proporcionaron el nombre de Juan Juárez Rivas, un abogado simpatizante con fama de tenaz e incorruptible. De esa masa crítica salieron las protestas ante funcionarios y las denuncias en los medios.

Las redes sociales funcionaron porque Tita perseveró, porque tenía la "esperanza de que se hiciera justicia", porque quería "que el violador me pidiera perdón y porque no podía quedarle mal a mis papás". El apoyo de su familia resultó fundamental. Los padres migraron de un poblado náhuatl, Xalatlaco, a Cuernavaca. De allá trajeron, dice el padre, "el sentido de dignidad que todavía mantenemos. Fuimos y somos gentes de respeto".

Tita atribuye su metamorfosis a una terapia. Los primeros cinco años, cuenta, "me sentía culpable y hasta les daba la razón a los agentes del Ministerio Público que me acusaban de haberlo provocado. Me sentí responsable cuando vi llorar a mi papá por primera vez. Andaba siempre de malas porque sentía rabia por tanta impotencia. No podía seguir así. El analista me ayudó a entender que yo no era la mala. Él y quienes lo ayudaban habían actuado mal. Maduré. Me convencí de tener derechos y empecé a disfrutar la vida sin estrés".

La transformación dejó secuelas (en parte por ello prefiere mantener el anonimato). Tiene problemas para tener novios -"sólo me quieren ligar y me tratan como muñequita"- y duda sobre la conveniencia de establecer una relación permanente. Disfruta su trabajo en una escuela preescolar y a futuro quiere crear un organismo civil dedicado a combatir experiencias como la suya: "Si les violan sus derechos, que al menos sepan cómo declarar ante el Ministerio Público".

Es ridículo que una víctima tenga que esperar nueve años para obtener algo de justicia. Es inconcebible que esto sucediera en una entidad gobernada por el PAN (¿ahora entienden el porqué de su desprestigio?). Morelos estrena un gobierno perredista encabezado por Graco Ramírez, ¿corregirá el sistema de justicia?, es una de las grandes asignaturas de la transición. Sería una forma de adelantarse a los gobiernos capitalinos en donde otro caso que he seguido, el de Sergio Dorantes liberado en 2012, confirma que, salvo excepciones, la justicia es un cesto de manzanas prohibidas.

Inicia el año y Tita nos regala una historia de éxito. Está surgiendo otra generación de luchadoras y luchadores sociales convencidos de que la justicia y la dignidad hay que ganárselas día a día en las trincheras. Y saben cómo pelear.

En www.sergioaguayo.org viene un resumen del caso. Elaborado por Soledad González, investigadora de El Colegio de México.

La miscelánea
Buena noticia para las y los académicos. El nuevo reglamento del Sistema Nacional de Investigadores atendió el exhorto del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación e incluyó en su nuevo Reglamento una prohibición expresa al tráfico de influencias. Se reduce el espacio para los favoritismos y las inquinas de algunos dictámenes.

Boletín de Democracy Now! en Español



9/1/2013

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