JESUSA CERVANTES
MÉXICO, D.F. (apro).- Con cinco votos a favor y tres en contra, el Consejo General del IFE regresó el dictamen sobre gastos de campaña presidencial de todos los partidos a la Unidad de Fiscalización para que precise cómo fue que determinó los gastos atribuidos a Enrique Peña Nieto y a Andrés Manuel López Obrador, y le ordenó realizar un trabajo exhaustivo al respecto.
Los consejeros demandaron que Alfredo Cristalinas, titular de la Unidad, defina los “criterios” bajo los cuales determinó qué campaña (presidencial, de senadores o diputados) fue “beneficiada” con espectaculares, videos, gorras, eventos y demás. En el caso del PRI, la mayoría de los gastos fueron considerados por la Unidad de Fiscalización como dinero utilizado por los candidatos al Congreso de la Unión y no por Enrique Peña Nieto.
En contraparte, para la candidatura de Andrés Manuel López Obrador computó la mayor parte del recursos al candidato presidencial, y no aceptó la respuesta de PRD, PT y MC de que tal dinero era mayoritariamente para candidatos a diputados y senadores.
La falta de claridad hizo que el consejero Lorenzo Córdova planteara desde el inicio el regreso del dictamen hasta en tanto la Unidad no definiera qué es lo que entiende por “campaña beneficiada” y con base a cuáles criterios tomó sus determinaciones.
Los consejeros que votaron en contra fueron el presidente Leonardo Valdés Zurita, Marco Baños y Francisco Guerrero. Quienes estuvieron argumentando para que se hiciera una revisión fueron Lorenzo Córdova, Benito Nacif, Alfredo Figueroa, María Marván y Macarita Elizondo.
El consejero Sergio García Ramírez se excusó de votar; casualmente tomó esta determinación una vez que Macarita Elizondo adelantó –y con ello sumó cinco votos futuros–, que estaría a favor de regresar el dictamen. Así, la consejera anuló la calidad definitoria del voto de García Ramírez, como sucedió con el caso Monex.
Al arranque de la sesión, el primero en hablar fue justamente Sergio García Ramírez, quien pugnó por que la decisión que adoptara el Consejo General se hiciera tomando en cuenta que “entra en juego no sólo la justicia electoral, sino también la conciliación entre la ciudadanía”.
Agregó: “En cualquier litigio se mira hacia el pasado, pero en este caso el árbitro debe mirar al futuro y analizar cuáles serán las consecuencias de sus decisiones”.
Antes reconoció la labor del titular de la Unidad de Fiscalización, Alfredo Cristalinas, “sobre todo cuando soplan vientos encontrados: (y usted muestra) entereza”. Luego dijo que en las siguientes rondas fijaría su voto. Curiosamente, al momento en que Macarita Elizondo decidió respaldar el regreso de dictamen, Sergio García Ramírez pidió la palabra y anunció que no votaría, y únicamente estaría “como invitado del presidente Valdés Zurita”.
El hecho de que se haya regresado el dictamen no necesariamente implica que ya no se multará con 129 millones de pesos al PRD-PT y MC, con 2.2 millones al PAN y 54.6 millones al PRI, mucho menos que se establezca que Peña Nieto no rebasó el tope de campaña, como lo fija el dictamen rechazado.
“Avalar dictamen es simular gasto”
En la discusión, el consejero Lorenzo Córdova Vianello sostuvo que el dictamen de Alfredo Cristalinas adolece de tres aspectos: no aclara qué entiende por “campañas beneficiadas”, hay que ver a cuál campaña se debe computar; no explica el motivo del beneficio y debe acreditar por qué es a tal campaña y no se ve el bosque en su conjunto, sino un árbol, es decir, se debe ver el conjunto de las campañas: presidente, senadores y diputados.
“Se debe aclarar qué motivó los criterios para ver el beneficiado”, destacó Córdova, porque en el dictamen no se explica por qué el beneficio ni cuál fue su motivación. “El dictamen no está motivado”, agrega.
En tanto, el consejero Figueroa argumentó que avalar el dictamen en sus términos es convertir la fiscalización en una estrategia financiera para los partidos y ya no sería un instrumento de gasto. “Votar en sus términos el dictamen es ir en contra de los principios fundamentales de la equidad… Es simular un gasto y violentar los topes de campaña”.
Hacerlo, dio, es convertir la fiscalización de un instrumento de gasto a una estrategia financiera para acomodar el gasto al antojo de los partidos. Por ejemplo, el PRI reportó que en el evento del estadio Azteca, gastó 4 millones 684 mil 517 pesos, “pero sólo el 1% se usó en Peña Nieto”; es decir, 46 mil 845 pesos. Este reporte lo dio por válido la Unidad de Fiscalización.
El consejero Figueroa propuso que al regresar el dictamen, en su nuevo análisis, la unidad estableciera el llamado “prorrateo” o distribución de los recursos por igual. Es decir, que si en un evento estuvo el candidato a la presidencial, el de la diputación federal y el de la senaduría, se dividiera entre tres “y no al antojo del partido político” que se está auditando. Pero su propuesta fue rechazada por mayoría de votos.
En defensa del PRI y de que se votara en esta sesión el dictamen, el consejero Francisco Guerrero dijo que regresar el documento “desploma y derriba las reglas preestablecidas para la fiscalización, y eso sí –advirtió– genera falta de certeza en la revisión”.
En el mismo sentido, el consejero Marco Baños sostuvo que regresarlo “sería atentar contra el reglamento”.
El consejero Benito Nacif aclaró que no se debe olvidar el papel del IFE en este momento: “Tenemos atribuciones y responsabilidades, y nos corresponde revisar ese dictamen. Los consejeros no estamos obligados a aprobar el dictamen de la Unidad de Fiscalización, hacerlo sería abdicar de nuestra responsabilidad”.
Enumeró luego las razones por las cuales se debía regresar el dictamen: no estoy de acuerdo con el criterio de interpretación del artículo 177 del Reglamento de Fiscalización, que es el que establece el prorrateo.
“Se mide con distinta vara a los partidos políticos y el tope de campaña no se respeta, pues cada partido tiene su propio tope de campaña; el dictamen no cumple el principio de exhaustividad y tampoco explica qué método usó la Unidad para aceptar la dispersión del gasto.
“Hay que transparentar el prorrateo y debe haber un solo tope de campaña para todos los partidos políticos”, sostuvo Nacif.
Añadió que con el criterio que escogió la Unidad de Fiscalización se deja que los partidos políticos determinen cómo distribuir su gasto. Ese criterio debe modificarse porque sus resultados afectan el principio de equidad. “Terminamos midiendo a los partidos con vara distinta”, admitió.
Marco Baños defendió la distribución de los gastos que hizo el PRI, y sostuvo en todo momento que el prorrateo es decisión de los partidos, no de los consejeros.
Sin embargo, como el artículo 177 en su inciso A dice que para la campaña presidencial se debe contabilizar “por lo menos el 50%” y el PRI no lo hizo, el consejero Nacif dijo que “este Consejo tiene la autoridad para ver si se usó el 50% que viene en el artículo”. En el inciso B del mismo artículo se establece que el 50% restante es el que se debe prorratear.
Lo que hizo el PRI es prorratear todo el 100% y reportar que de todos los gastos en la campaña presidencial sólo se usó el 1%.
La consejera María Marván, quien se pronunció por rechazar el dictamen de gastos de campaña y regresarlo a la Unidad, dijo que éste carecía de “elementos para establecer los criterios utilizados, ni por qué se determinó que el beneficiado de una campaña fue un candidato y no otro. “No hay un hilo conductor para asignar el beneficio a un candidato”, se quejó.
Baños argumentó que debe haber equidad en la contienda, si no la hay se afecta la certeza, objetividad y legalidad, y si no están estos elementos no hay transparencia ni verdadera rendición de cuentas.
“En la información que se presenta no está cuánto se gastó para diputado o senador, sólo se dice que gastó más que para presidente, por lo tanto emitir un voto sin la información completa sería sesgado”, añadió Marván.
La consejera Macarita Elizondo inclinó finalmente la balanza hacia el regreso del dictamen. En su argumentación sostuvo que aprobarlo sería establecer una visión parcial que permitiría “que a través de una ingeniería contable se rebase el tope de campaña”.
Aclaró que lo que fue bueno ayer, hoy no lo es. Y esto porque el prorrateo fue avalado por el consejero del IFE en 2007. “Para esta revisión –añadió– necesitamos una visión global y así evaluar todo el gasto de campaña y ver si se rebasaron o no los topes de campaña. El dictamen es incompleto porque no tiene todas las campaña”.
El consejero presidente, Leonardo Valdés Zurita, habló al inicio de la sesión. Aclaró que todos los partidos tuvieron dos oportunidades de subsanar requerimientos de la Unidad de Fiscalización y que se aprobó que el “prorrateo fuera libre” a elección de los partidos.
“Por lo que ninguno puede llamarse sorprendido”, dijo, luego destacó “el gran esfuerzo e imparcialidad de la Unidad de Fiscalización”, con lo cual adelantó así su voto a favor del dictamen.
Al final, sólo Baños, Guerrero y Valdés respaldaron a Alfredo Cristalinas. Sin embargo, por los cinco votos en contra, el dictamen se regresó a la Unidad, que deberá explicar cada una de sus sumas y restar en la revisión de los topes de campaña de cada partido político.
El siguiente dictamen podría presentarse la primera semana del mes de julio.
