martes, 15 de marzo de 2011
La nueva dirigencia del PRD quedará reducida a un adorno, si se cristaliza la alianza con el PAN en el Edomex: AMLO
Chilpancingo, Guerrero
Martes 15 de marzo de 2011
* Si se coaligan ambas fuerzas políticas, “quien quede en la dirección nacional del PRD será nada más un florero, un adorno”, puntualiza
* Subraya que las fuerzas progresistas y de izquierda irán unidas para ganarle nuevamente en el 2012 a la mafia del poder.
La nueva dirección nacional del PRD quedará reducida a un adorno, se convertirá en un florero y será un ente alcahuete, si se cristaliza la alianza de sus actuales dirigentes con la derecha panista para la elección de gobernador del estado de México, afirmó Andrés Manuel López Obrador.
De igual forma, la siguiente dirigencia “lo único que hará será legitimar la fusión del PRD con el PAN”, en caso de prosperar el acuerdo del PRD con el PAN y el presidente espurio Felipe Calderón, sostuvo.
Si se coaligan ambas fuerzas políticas, “quien quede en la dirección nacional del PRD será nada más un florero, un adorno”, puntualizó al subrayar que las fuerzas progresistas y de izquierda irán unidas para ganarle nuevamente en el 2012 a la mafia del poder.
En entrevista posterior a una reunión de evaluación con integrantes de los comités municipales y seccionales del Movimiento Regeneración Nacional en esta entidad, el presidente legítimo de México manifestó que la próxima dirigencia de su partido será alcahuete de un pacto electoral con el PAN.
“No importa quien quede en la dirección nacional, porque lo que se tiene que decidir antes es la política de alianzas”, aclaró.
De antemano expresó que no tendrá nada que hacer ni que decir “si no cambia la línea política que han impuesto los actuales dirigentes del PRD.
Al final, precisó, el tema estriba en si habrá o no alianzas electorales con el PAN, más allá de quién ocupará el cargo de dirigente nacional.
Durante el encuentro con los comités municipales y seccionales, López Obrador se refirió a la solicitud de licencia como militante perredista.
Dijo que la presentó porque está en contra de los pactos electorales de su partido con la derecha panista o priista.
No sólo se trata de un asunto ideológico y de que el PAN, en complicidad con el PRI, le robó la Presidencia de la República en el 2012, sino que está de por medio un proyecto alternativo y distinto al impuesto desde hace 28 años y que mantiene en la pobreza a la mayoría de los mexicanos.
Ante dirigentes estatal y municipales, así como autoridades y legisladores emanados del partido del sol azteca, el presidente legítimo hizo énfasis en que “si nos desdibujamos como partido político y si no enarbolamos un proyecto distinto, dejamos a millones de ciudadanos sin opción de un cambio verdadero.
Al asegurar que el PAN y el PRI representan los intereses de la mafia del poder, López Obrador manifestó que cuenta con información de que hay un acuerdo entre las cúpulas de ambos partidos para aprobar las iniciativas de reforma para reducir la tasa del IVA, gravar alimentos y medicamentos, salvo una canasta básica, así como la llamada reforma laboral.
Por esa razón, señaló, “no podemos aliarnos ni con el PRI ni con el PAN, porque actuaríamos entonces como traidores y cómplices de una mentira, de un engaño y de una manipulación”.
Antes, se refirió a la construcción del Movimiento Regeneración Nacional. “Será un hecho inédito en la historia de México, porque se habrá construido una organización como MORENA”, en donde participan militantes del PRD, PT y Convergencia, así como ciudadanos sin partido y de organizaciones sociales”, explicó.
Hacia finales del año, abundó, se tendrán constituidos 65 mil comités seccionales, con la participación de 300 mil ciudadanos libres, comprometidos con la transformación de México y sus instituciones, así como con cuatro millones de protagonistas del cambio verdadero en toda la geografía nacional.
En otra parte de la entrevista, López Obrador expresó su rechazo al Proyecto de La Parota, por considerar que se trata de una obra que sólo beneficiará a un reducido grupo de empresarios, en su mayoría extranjeros, y que perjudicará a la mayoría del pueblo de Guerrero.
Para mañana, el presidente legítimo acudirá a una reunión de evaluación con miembros de comités municipales y seccionales de MORENA en Baja California Sur.
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Los contratos ilegales de Pemex
Los contratos ilegales de Pemex
Claudia Sheinbaum Pardo
Hace unos días, con bombo y platillo, el director general de Pemex, acompañado por el secretario de Energía y el senador Francisco Labastida, anunció que a partir del 1º de marzo están a la venta las bases de licitación para contratar, mediante los llamados contratos integrales de Petróleos Mexicanos (Pemex), los servicios para la evaluación, desarrollo y producción de hidrocarburos en la región de los campos maduros de Magallanes, Carrizo y Santuario, en la región sur del país. En el anuncio explican que la licitación es factible gracias a la reforma legislativa de 2008.
Nada más falso. Los contratos integrales, entre otras violaciones a las leyes aprobadas en 2008, promueven la constitución de un consorcio entre Pemex y la iniciativa privada para la explotación de hidrocarburos y establecen el pago a los privados mediante una fórmula dependiente de la producción y el precio internacional del petróleo. Con ello, se viola claramente la Ley de Pemex y por supuesto el artículo 27 constitucional, pues al final disfrazan como contratos de servicios, lo que verdaderamente son: contratos de explotación petrolera.
En 2008, amplios grupos de la sociedad mexicana participamos en un movimiento contra la privatización de las áreas estratégicas de la industria petrolera, cuya actividad está reservada para la nación en el artículo 27 constitucional, sin posibilidades de concesión ni contratos. Calderón había lanzado una iniciativa a principios de 2008, que, pactada con los legisladores del PRI, pretendía aprobar semanas después de su presentación.
Producto de aquellas movilizaciones y del amplio debate nacional que estas mismas abrieron se logró que en el texto de las leyes aprobadas en octubre de 2008 quedara explícitamente planteado que la iniciativa privada no podía participar en la refinación y transporte de hidrocarburos, y se definieron algunos límites en la contratación de empresas privadas por Pemex.
En aquel momento, el Movimiento en Defensa del Petróleo denunció que la reforma legislativa al régimen de Pemex no había incluido claramente la prohibición, tanto de la contratación de bloques o áreas de explotación, como de tiempos largos de contratación, lo que abría la puerta para la participación de la iniciativa privada en la explotación de hidrocarburos a través de contratos que comprometen la renta petrolera y que, por tanto, son violatorios de la Constitución. Y que al no haber quedado en el texto de las leyes la prohibición expresa a los bloques de explotación, se estaba buscando disfrazar la explotación petrolera privada como contratación de servicios.
Aun así, y quiero hacerlo notar, en la ley reglamentaria del artículo 27 constitucional y en la Ley de Petróleos Mexicanos quedaron redactados varios artículos que claramente están siendo violados por los llamados contratos integrales. Revisemos, por ejemplo, el artículo 60 de la Ley de Petróleos Mexicanos y en contraparte los contratos integrales de Pemex y sus bases de licitación.
En las fracciones cuatro y seis del artículo 60 de la Ley de Pemex dice: (cuatro) Las remuneraciones que en dichos contratos se establezcan serán siempre en efectivo, por lo que en ningún caso podrá pactarse como pago por los servicios que se presten o las obras que se ejecuten, un porcentaje de la producción o del valor de las ventas de los hidrocarburos ni de sus derivados o de las utilidades de la entidad contratante, observando para dicho efecto lo dispuesto en el artículo siguiente, y (seis) No se suscribirán contratos que contemplen esquemas de producción compartida ni asociaciones en las áreas exclusivas y estratégicas a cargo de la nación señaladas en el artículo tercero de la ley reglamentaria del artículo 27 constitucional en el ramo del petróleo.
Sin embargo, en el anexo tres de los contratos integrales queda establecida la fórmula matemática para el pago o remuneración por Pemex Exploración y Producción a los contratistas. En esa fórmula aparecen entre otras, dos variables: la producción petrolera y la tarifa que de forma indirecta está asociada al precio internacional del petróleo. Esto viola claramente el inciso cuatro del artículo 60 de la Ley de Pemex.
Por otro lado, en las bases de licitación de los contratos integrales de Pemex (http://contratos.pemex.com/portal/files/content/licitaciones/18575062-512-11/20110301-reglas_de_licitacion.pdf), en la página 23, bajo el título de Formato 3: Convenio de participación consorcial con participación de Petróleos Mexicanos se establecen las bases del consorcio entre los contratistas y Pemex. En el numeral cuatro de este formato puede leerse que las partes (Pemex y el contratista) toman conocimiento de la voluntad de Pemex en el sentido de participar en el contrato. Esto viola el numeral seis del artículo 60 de la Ley de Pemex.
De esta forma, el referido contrato integral es legal y moralmente aberrante. Se pretende que Pemex forme una asociación ilegal con un agente privado y pague al contratista bajo un esquema prohibido por la ley, cometiendo un delito constitucional, pero eso sí, afirmando que actúan conforme a derecho.
Fuente: La jornada
Difusión AMLOTV
Presentará AMLO plan para el renacimiento de México
Convoca a un acto el domingo 20, en el Auditorio Nacional
Presentará AMLO plan para el renacimiento de México
Andrés T. Morales
Corresponsal
Periódico La Jornada
Martes 15 de marzo de 2011, p. 12
Andrés Manuel López Obrador recordó en su mensaje semanal, en tiempos oficiales del Partido del Trabajo (PT), que el domingo 20 presentará el nuevo proyecto alternativo de nación, plan para lograr el renacimiento de México, en el Auditorio Nacional, a las 10 de la mañana.
Indicó que el proyecto cuenta con un diagnóstico de la realidad y propone cambios para hacer frente a la grave crisis económica, de bienestar social, de inseguridad y de violencia que se vive en el país.
Muy puntualmente se habla de lo que se tiene que hacer en materia económica: cómo lograr la autosuficiencia alimentaria, cómo fortalecer el sector energético, dejar de vender petróleo crudo para procesar toda la materia prima en nuestro país, con el beneficio de crear empleos. Es decir, que petróleo, gasolina, diesel, gas y luz cuesten menos a consumidores y pequeños y medianos empresarios.
En la parte política se propone que haya moralidad, que se acabe con la corrupción imperante, que se limpie el gobierno de corrupción, porque eso es un grave problema. El presupuesto (público) se ha convertido en botín al servicio de una minoría; es dinero del pueblo.
López Obrador indicó que además de cortar de tajo la corrupción, es necesario que haya austeridad republicana, no los sueldos estratosféricos que existen actualmente, ni los privilegios para la alta burocracia.
En cuanto a lo social, tenemos que combatir la monstruosa desigualdad, establecer el estado de bienestar, garantizar el derecho del pueblo a la salud, a la vivienda, que haya pensión para adultos mayores, para personas con discapacidad, que se garantice la educación; ya no más jóvenes rechazados con el pretexto de que no pasan el examen de admisión en universidades públicas. Ciento por ciento de ingreso.
Se parte del principio de que si hay empleo, si hay bienestar, si se atiende a los jóvenes, se va a crear una atmósfera distinta de progreso, de posibilidades de salir adelante, de ser felices en nuestro país, y eso va ayudar a enfrentar el grave problema de la inseguridad y la violencia, en el entendido de que la paz y la tranquilidad son fruto de la justicia.
Gira por Veracruz
Por otra parte, en Jalapa, López Obrador dijo que el Partido de la Revolución Democrática (PRD) corre el riesgo de sumarse a la mafia del poder que actualmente tiene como alfiles a Acción Nacional (PAN) y al Revolucionario Institucional (PRI), los cuales empobrecen al pueblo y luego trafican con esa pobreza en tiempos electorales.
Manifestó que más que ver quién se queda con la dirigencia del sol azteca, la cual se renovará el próximo fin de semana, lo prioritario es que el PRD se deslinde del panismo y del priísmo.
De la misma forma, enfatizó que durante el próximo Consejo Político Nacional del PRD, poco importará si aprueban o no su solicitud de licencia como militante, que presentó hace algunas semanas, pues ya está deslindado del mismo.
Fuente: La jornada
Difusión AMLOTV
Por insistencia de EU se relegó al Ejército de la lucha antinarco en Juárez
Por insistencia de EU se relegó al Ejército de la lucha antinarco en Juárez
Cables revelan la colaboración estadunidense para dejar al frente a la PF
Por insistencia de EU se relegó al Ejército de la lucha antinarco en Juárez
Agentes de la PF detienen en Ciudad Juárez a un sospechoso de disparar contra un hotel donde se hospedan integrantes de esa corporaciónFoto Pablo Ramos García
En la urbe fronteriza, un joven herido en el estómago durante un tiroteo entre dos grupos armados espera atenciónFoto Pablo Ramos García
Blanche Petrich
Periódico La Jornada
Martes 15 de marzo de 2011, p. 4
El golpe de timón que se produjo en el combate al narcotráfico durante el primer trimestre de 2010 en Ciudad Juárez y que dejó al frente de la estrategia antinarcóticos a la Policía Federal (PF), relegando al Ejército a un papel de apoyo en la periferia, fue planeado y diseñado por insistencia del gobierno de Estados Unidos y en estrecha colaboración con grupos de trabajo binacionales que operan en todas las dependencias del gobierno mexicano relacionadas con la seguridad.
La embajada estadunidense en México tuvo conocimiento del proceso desde su concepción y supo desde el 10 de diciembre de 2009 (cable 09MEXICO3468) que el presidente Felipe Calderón daría luz verde al proyecto. Es decir, lo supo al menos dos meses antes de que fueran notificados el entonces gobernador de Chihuahua, José Reyes Baeza, y el presidente municipal José Reyes Ferriz, descrito en uno de los cables diplomáticos (10MEXICO518) como un cero a la izquierda (non factor).
Más aun, el embajador Carlos Pascual conoció de primera mano detalles de la transferencia de mandos que hasta ahora no se sabían. Por ejemplo, en ese despacho adelantó que las unidades de la PF que serían enviadas a Juárez –mil 800 en principio– iban a ser las mismas fuerzas antimotines que tomaron en octubre de 2009 las instalaciones de Luz y Fuerza del Centro en el Distrito Federal.
A un año del cambio, el proyecto estrella para Ciudad Juárez ha encallado. Como reconoció la titular del Departamento de Seguridad Interior de Estados Unidos, Janet Napolitano, el pasado 9 de marzo, el plan no funcionó en la dirección correcta. Si 2008 fue un año terrible para los juarenses, con un saldo de mil 332 asesinatos relacionados con la violencia de los cárteles, 2009 fue peor, con el doble de homicidios.
Luego de la intervención estadunidense, la tendencia siguió en vertiginosa alza, y 2010 cerró con un reporte oficial de 2 mil 738 homicidios, pese a los elogios de los diplomáticos del país vecino al titular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), Genaro García Luna; a las expectativas del programa Todos Somos Juárez, a la estrecha asesoría de todo tipo de especialistas de las agencias estadunidenses y a los millonarios recursos que se le destinaron.
¿Testigo privilegiado o artífice?
La misión de Estados Unidos conoció, paso a paso, cómo se gestó el proceso a puertas cerradas en Los Pinos. Un cable diplomático (09MEXICO3468) adelantó el 10 de diciembre de 2009 a Washington que el presidente Felipe Calderón estaba ya por tomar una decisión, en cualquier momento esta semana, para asignar a la SSP como principal autoridad de seguridad pública en Ciudad Juárez y regresar a los militares de la Sedena a un papel más tradicional, de apoyo. Los responsables del gabinete de seguridad ya están actuando en este sentido, asumiendo que Calderón dará luz verde a esta transición.
García Luna; el secretario del Consejo de Seguridad Nacional, Jorge Tello Peón, y el director del Cisen, Guillermo Valdés, tenían el compromiso –dice el despacho– de mantener informados a los estadunidenses de las decisiones del gabinete de seguridad, de modo que nuestros funcionarios de la embajada y el consulado en Juárez puedan intervenir para asistir y asesorar en el momento en el que se necesite.
Este cambio de estrategia fue –expone el autor del despacho– resultado del intenso compromiso de Estados Unidos con México y de nuestra insistencia en que el meollo para una solución de largo plazo a la inseguridad es la profesionalización de la policía y de las instituciones judiciales. Tello Peón, descrito como una pieza central en este cambio, reconocía el mérito de los estadunidenses en este esfuerzo.
Hacia finales de enero empezó a mencionarse extraoficialmente en México la posibilidad de una transferencia de mandos de esta naturaleza.
Pero la versión oficial no salió de una fuente mexicana, sino del propio embajador Carlos Pascual, quien el 25 de enero, en Washington, anunció que sería la PF, y ya no las fuerzas armadas, la máxima autoridad en la lucha contra los cárteles de la droga en la ciudad fronteriza.
No fue hasta el primero de abril de 2010 cuando la Secretaría de Seguridad Pública desplegó 4 mil 500 policías federales en Ciudad Juárez y replegó hacia otros municipios de Chihuahua y a retenes carreteros a las tropas del Ejército que habían llevado el peso del combate al narcotráfico los dos años anteriores.
A juzgar por las declaraciones del propio titular de la Sedena, general Guillermo Galván, el plan conjunto, con la inconfundible impronta de Washington, no contaba con el beneplácito de los militares.
El 8 de abril el general declaró que para combatir a la delincuencia organizada el Ejército permanecerá en las calles entre cinco y 10 años más, salvo orden expresa del Presidente o la aprobación de un decreto del Congreso de la Unión.
Juárez como un laboratorio
Como telón de fondo, los meses anteriores la embajada de México había enviado a Washington una serie de cables, algunos secretos, externando demoledoras opiniones sobre la incapacidad de los militares mexicanos para obtener resultados contra el narco y detallando el involucramiento de funcionarios de la sede diplomática en la toma de decisiones del gobierno mexicano.
El último trimestre de 2009 Washington envió una serie de visitantes de alto nivel, todos en el ámbito de la seguridad: la secretaria de Estado, Hillary Clinton; John Brennan, jefe del Consejo de Seguridad Nacional; Jacob Lew, subsecretario del Departamento de Estado (responsable de los financiamientos internacionales); Arturo Valenzuela, responsable del Departamento de Estado para Asuntos Hemisféricos; Dennis Blair, jefe de la Dirección Nacional de Inteligencia; Paul Stockton, secretario de Defensa adjunto, y el general Victor Renuart, del Comando Norte. Todos dejaron estructurados grupos de trabajo binacional en sus respectivas áreas.
Juárez fue elegida como laboratorio para probar el despliegue de policías federales en lugar de militares. Varios documentos de esos meses afirman que esa cuidad fronteriza se ha convertido en un emblema para México, ya que internamente domina el debate político e internacionalmente marca la percepción que se tiene del país.
Al sacar a los militares de la primera línea de ataque a los cárteles de la droga, Estados Unidos asumía que la confianza que desde el principio del sexenio había depositado Calderón en el Ejército no había funcionado.
Bajo el Operativo Conjunto Chihuahua, al mando de la Sedena y vigente desde 2008, Juárez fue el escenario de al menos una cuarta parte de todos los homicidios cometidos ese año en el país. Sólo ese año fueron asesinados 71 policías.
Según el cable 09CIUDADJUAREZ22, suscrito por el cónsul Raymond Mc Grath, la policía estatal de Chihuahua y el sistema judicial tienen muy poco impacto en la incidencia de la criminalidad. Fechado el 23 de enero de 2009, opina sobre el Operativo Conjunto, en el que los militares “muy rara vez se meten con los cárteles o las pandillas”.
Bajo directriz estadunidense se cambió la estrategia y se dio el mando a la SSP a principios de 2010. El plan no resultó. Al final del año se contaban un promedio de siete homicidios diarios relacionados con el crimen organizado (2 mil 738 al final del año). Juárez sigue siendo la ciudad más violenta del mundo.
Pero el embajador Pascual parecía muy entusiasmado con la idea de entregarle las riendas a García Luna. Entre diciembre de 2009 y febrero de 2010 envió a Washington al menos nueve cables sobre el mismo tema, siguiendo paso a paso su desarrollo.
El cable del 10 de diciembre advierte que el plan todavía es impreciso y los arreglos para nombrar comandos es incierto. Pero Tello y Guillermo Valdés confían en contar con la aprobación del Presidente. Los contactos de la embajada en la SPP aseguran que la PF asumiría la responsabilidad de la seguridad en la ciudad y que el Ejército se replegaría a un papel de apoyo a la periferia y a los retenes carreteros.
Los informantes de la embajada adelantan que como primera fase serían enviados a la ciudad fronteriza 2 mil militares como refuerzo de la SSP. En la segunda fase, que fue explicada por García Luna a funcionarios de la embajada con anterioridad, la PF se desplegaría en zonas donde hay actividad del mercado negro y en las zonas rojas que son retaguardia de los grupos criminales. Una tercera fase enfilaría sus baterías a la captura de grandes capos.
El cable reporta el reconocimiento de Tello a los méritos del gobierno de Estados Unidos por su compromiso en este proceso. El énfasis que mantuvimos en señalar que el Ejército no es el instrumento indicado para combatir a las organizaciones del crimen organizado fue un factor que influyó para que el gobierno mexicano tomara esta decisión.
Luz verde
El acuerdo pasó inadvertido a los ojos de la opinión pública, que iniciaba el año abrumada por las alzas de precios. Pero el 5 de enero Calderón efectivamente dio luz verde, en una reunión de gabinete, a la transferencia de mandos en Juárez. Pascual lo supo de inmediato. Se lo confirmaron Valdés, del Cisen, y el secretario de la Marina, almirante Mariano Saynez (cable 10MEXICO41).
Es un despacho breve suscrito por Pascual: El siguiente paso es que el secretario de Gobernación le notifique al gobernador de Chihuahua que el Presidente aprobó los cambios. (...) La Policía Federal ya envió a Juárez un equipo para hacer los arreglos necesarios. El mensaje de Gómez Montt será que Calderón ha dado la orden para que todos procedan.
Añade: El lunes 11 de enero el comisionado de la SPP Facundo Rosas viajará a Juárez para supervisar la transferencia de responsabilidades. El 14-15 llegará un equipo bilateral a El Paso y Juárez. (...) El gobierno mexicano nos informará sobre la marcha de los nuevos arreglos.
Hay un cable anterior que demuestra que Pascual ya conocía los detalles de esos nuevos arreglos antes de Navidad, informado puntualmente por el comisionado Facundo Rosas (cable 09MEXICO3617) desde el 22 de diciembre. Sabía que, sin que se informara públicamente, mil 600 policías federales ya habían sido desplegados en Juárez y que la nueva estructura iba a quedar al mando de Vidal Díaz Leal Ochoa (un nombramiento controvertido por los antecedentes de ese jefe policiaco en Sonora).
Fue informado también de las cuatro áreas de operación que tendría la nueva estrategia: patrullaje en zonas de alta criminalidad (mientras los militares apoyarían a la policía municipal en zonas donde no tuviera suficientes elementos); operativos de intercepción en los hoyos negros, donde se realizan las transacciones criminales; creación de un contingente de 500 agentes especializados para atacar la extorsión y el secuestro. Y finalmente la persecución de blancos de alto nivel en cooperación con las Unidades de Operación Táctica.
Salvárcar
Calderón no había informado oficialmente sobre el cambio de mandos en la ciudad fronteriza cuando ocurrió la masacre de Salvárcar. En ese barrio popular un comando de sicarios asesinó a 16 muchachos durante una fiesta juvenil el 31 de enero, rematando uno de los meses más sangrientos, con 240 homicidios sólo en esa metrópoli. Ante la enfurecida reacción de la sociedad, según refiere el cable diplomático 10MEXICO518, el Presidente precipitó el anuncio de la nueva estrategia Juárez que el gobierno desarrolló en forma conjunta con Estados Unidos, y Pascual reportó a Washington que lo hizo de acuerdo con los requerimientos que identificamos durante nuestra última visita a la ciudad y al compromiso bilateral en curso desde hace meses.
Después de este hecho, y de tomar nota de que las encuestas demostraban en ese momento que 60 por ciento pensaba que el gobierno no tiene control del país, uno de los desafíos de Calderón será poder canalizar este enojo de la sociedad de manera constructiva.
En el texto se reseñan las medidas tomadas por la Presidencia para el control de daños por la reacción inicial de Calderón, quien estando en Tokio dijo que los jóvenes asesinados posiblemente estaban involucrados en actividades ilícitas.
También se refiere a las presiones del gobernador de Chihuahua (priísta) y otros dirigentes opositores que forzaron el adelanto de los planes de Calderón. Reyes Baeza también ha sido muy criticado a raíz del ataque de Salvárcar, y en su defensa el gobernador acusó al gobierno federal de excluir al estatal en la planificación de empleos, educación y programas de rehabilitación de adicciones.
Pascual anota que el señalamiento de Reyes Baeza es falso, pues el gobernador asistió a varias reuniones. Reporta que el mismo día en que el gabinete de seguridad se reunía en México para discutir la nueva estrategia para Ciudad Juárez, el mandatario estatal visitó Salvárcar, donde reclamó que al gobierno estatal no se le informaba de los planes federales.
El embajador encuentra una explicación política a la frustración del ahora ex gobernador al recordar que en los últimos meses la ventaja del candidato a gobernador del PRI César Duarte se redujo 20 puntos (de 40 que tenía) y también expresa su escepticismo ante la iniciativa que presentó Reyes Baeza al Congreso local para pasar los poderes del estado de Chihuahua a Juárez. Pero si Baeza cumple la promesa que le hizo a Calderón de residir al menos medio tiempo en Ciudad Juárez para gestionar los nuevos programas, proporcionaría a la ciudad la imagen de atención y gobernabilidad que le ha hecho falta desde hace tiempo.
Sobre el presidente municipal, Pascual anota: “Como ha sido en el pasado, después de la tragedia de Salvárcar y la secuela de disputas políticas entre los gobiernos estatal y federal, Reyes Ferriz (también del PRI) ha sido un non factor”.
Fuente: La jornada
Difusión AMLOTV
Latente riesgo radiactivo; explota otro reactor nuclear
Latente riesgo radiactivo; explota otro reactor nuclear
Nuevo incendio en Fukushima al fallar sistema de enfriamiento; en Tokio hallan sustancias radiactivas
No existe amenaza como la de Chernobil, insiste la AIEA; mínimos, los riesgos a la salud: OMS
Combinación de imágenes de la zona de Oshika. La de la izquierda fue tomada en abril de 2010, y la de la derecha fue captada el pasado sábado, tras el terremoto y posterior tsunamiFoto Ap
Reuters, Afp, Pl y Dpa
Periódico La Jornada
Martes 15 de marzo de 2011, p. 24
Tokio martes, 15 de marzo. Una nueva explosión sacudió este martes el complejo de energía nuclear de Fukushima, a 250 kilómetros de esta capital, en los alrededores de su sobrecalentado reactor número dos, pero no se informó de daños a la infraestructura, mientras las emisiones de radiación del reactor cuatro en ese mismo complejo aumentaron considerablemente, informaron las autoridades.
Tras las fallas y explosiones en la planta de Fukushima, este martes se detectaron leves niveles de sustancias radiactivas superiores a lo normal en Tokio, informó Sairi Koga, un funcionario de la prefectura.
El funcionario descartó, sin embargo, que se trate de un nivel suficiente para afectar la salud humana.
De última hora se informó que un incendio que se presentó en el reactor número cuatro de Fukushima quedó controlado, indicaron los medios locales.
Hubo una gran explosión entre las 6 y 6:15 horas de esta mañana en el reactor dos, declaró Tokyo Electric Power (Tepco), la compañía eléctrica que administra la central.
Es posible que haya provocado daños en la piscina de condensación, en la parte inferior del recinto de confinamiento que sirve para enfriar el reactor y controlar la presión, precisó el vocero del gobierno, Yukio Edano. Aparentemente, el recinto de confinamiento no presenta fisuras, según la Agencia de Seguridad Nuclear.
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Desde el viernes la central de Fukushima, ubicada a sólo 250 kilómetros de Tokio, ciudad de 35 millones de habitantes, presenta continuas explosiones, lo que alimenta el temor de una fuga radiactiva.
Los sistemas de enfriamiento han fallado en tres de los seis reactores de esta central, construida en la década de los 70 del siglo pasado, tras el sismo de 9 grados Richter que sacudió al país el viernes pasado.
Tepco ordenó a su personal evacuar el reactor dos de la central Fukushima, a excepción de los encargados de inyectar agua al reactor para enfriarlo.
La agencia de noticias Jiji informó que salía vapor del techo del reactor número tres de la planta y que hay daños en el techo del cuatro, por lo que las radiaciones aumentaron considerablemente.
La mayor preocupación en Fukushima es que se produzca una fuga de material radiactivo. El complejo ya sufrió explosiones en dos de sus reactores el sábado y lunes, que provocaron densas columnas de humo sobre la planta.
Por otro lado, la agencia de noticias Kyodo informó este martes que una tasa de radiactividad superior a la normal fue medida en la prefectura de Ibaraki, a orillas del Pacífico, al sur de la de Fukushima, y a poco más de 100 kilómetros al noreste de Tokio.
Por lo pronto, el gobierno de Japón solicitó formalmente a Estados Unidos ayudar a refrigerar los reactores nucleares, dijo el lunes la Comisión Reguladora Nuclear de Estados Unidos.
De igual forma, las autoridades japonesas solicitaron a la Agencia Internacional de Energía Atómica (AIEA) el envío de una misión de expertos por los accidentes en sus plantas nucleares, informó hoy el director general del organismo, Yukika Amano.
En tanto, al menos 17 militares estadunidenses que participan en labores de socorro en Japón recibieron bajos niveles de radiactividad, informó hoy The New York Times.
Jeff A. Davis, vocero de la séptima flota con base en la ciudad japonesa de Yokosuka, dijo en entrevista telefónica citada por el periódico que la contaminación de su personal, ocasionada tras la fuga de la planta de Fukushima, ya está controlada.
Los afectados son los tripulantes de tres helicópteros que realizaban tareas de auxilio próximos a la localidad de Sendai, pero ciertamente no es motivo de alarma, aclaró Davis.
La AIEA intentó hoy dispersar los temores en torno a una catástrofe nuclear en Japón: no existe una amenaza como la de Chernobil y no se ha comprobado ninguna fusión de núcleo en los reactores japoneses dañados por el terremoto del viernes pasado.
La emisión de radiactividad es limitada, insistió Amano en una rueda de prensa en Viena.
Es muy improbable que la situación en Japón avance hacia un accidente como el de Chernobil, sentenció. La diferencia con lo ocurrido en Ucrania en 1986 radica en que en Japón no hay reacción en cadena y que la central de Fukushima fue construida con otros parámetros de seguridad.
Los riesgos para la salud pública causados por los escapes radiactivos ocurridos en las centrales nucleares de Japón son mínimos, estimó el lunes la Organización Mundial de la Salud.
A todo esto, los primeros recortes de luz se realizaron hoy con cierto desorden. Se cortó el suministro en 113 mil hogares en parte de las prefecturas de Chiba, Ibaraki, Shizuoka y Yamanashi durante 90 minutos, explicaron algunos portavoces. La escasez eléctrica es por problemas en reactores nucleares del noreste del país
Fuente: La jornada
Difusión AMLOTV
En México se producen cinco pobres cada minuto: Moreira
Van 10 millones en el actual gobierno, señala el dirigente del PRI
En México se producen cinco pobres cada minuto: Moreira
Ciro Pérez Silva
Periódico La Jornada
Martes 15 de marzo de 2011, p. 11
El único país en Latinoamérica que incrementó el número de pobres fue México. En los primeros tres años de la administración del presidente Felipe Calderón, más de 10 millones de mexicanos pasaron a engrosar las filas de la pobreza, aseguró el dirigente del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Humberto Moreira.
Son hogares donde no se completa con lo que se recibe de ingresos para poder cubrir lo mínimo indispensable para una canasta básica alimentaria. Eso es lo más triste, lo más lacerante; es decir, que en esas familias se despiertan con hambre, se duermen con hambre, aseveró.
En conferencia de prensa, Moreira explicó que una estimación conservadora del Banco Mundial revela que los más de 10 millones de mexicanos que en ese lapso se sumaron al ejército de pobres equivalen a la suma de nueve estados juntos.
Si lo dividiéramos tendríamos que cada día de 2006 a 2009, 7 mil 14 mexicanos pasaron a la pobreza; por hora, 292; por minuto, cinco. Insisto, son datos del Consejo Nacional de Evaluación (Coneval) y del Banco Mundial. Ahí está la cuenta al alcance de todos. Podemos checarla en las páginas de Internet, dijo.
El político coahuilense lamentó que a pesar de estos números el gobierno federal se empeñe en mostrar cifras de la macroeconomía que nos dicen que todo marcha bien, y por otra parte, en datos del Coneval, del Banco Mundial y la Cepal, se nos dice que todo marcha mal. ¿Por qué el PAN no da la cara? ¿Por qué calla en el tema de pobreza? Es cierto, está el rubro de seguridad, pero siempre y nada más. La pobreza está ausente cuando es, desde mi punto de vista, el punto más severo.
Por ello, el dirigente priísta llamó al gobierno federal y a los partidos políticos a colocar como prioridad nacional el urgente combate a la pobreza y que el Coneval cumpla con su mandato de dar a conocer las mediciones en esa materia, actualizadas a 2010, para poder guiar la política social y evaluar los programas con que cuenta el país.
Están ligados dos problemas: la falta de empleo y aquellos que lo tienen, pero con un salario muy bajo, menor a los dos mil pesos, que están en esta condición.
Confió en que estas cifras sensibilicen a las distintas dirigencias partidarias a acercar propuestas de solución. Se refirió a las posiciones del Partido del Trabajo y Convergencia, que han ubicado el tema de la pobreza como prioridad. Invitaría a que el Presidente de la República se sume, dijo.
Opinó que “Gustavo Madero (presidente nacional del blanquiazul) ha andado de desobediente con el Presidente, pero quizá ya se alinee o esté en sintonía con él, y pueda su partido sumarse a este esfuerzo. Quién sabe, a lo mejor ya lo está convenciendo el otro (Jesús Ortega) de irse hacia la posición que ellos tienen.
Cuando Ortega Martínez (dirigente del PRD) deje de rentarle las siglas al PAN, quizá pudiera incorporarse; no sé por cuánto es el contrato de renta; cuando terminen quizá se pueda sumar también.
Fuente: La jornada
Difusión AMLOTV
En EU, ley mordaza total en el tema Wikileaks
En EU, ley mordaza total en el tema Wikileaks
Al vocero de Hillary Clinton le costó el puesto criticar el maltrato estúpido al soldado Manning
David Brooks
Corresponsal
Periódico La Jornada
Martes 15 de marzo de 2011, p. 44
Nueva York, 14 de marzo. La transparencia, cuando no es autorizada por los gobiernos, deviene, aparentemente, delito intolerable.
El acusado de filtrar documentos oficiales a Wikileaks está encarcelado, en aislamiento, obligado a desnudarse y despertado continuamente durante la noche; Julian Assange, director de Wikileaks, quien difundió esos textos, está bajo acoso judicial emprendido por gobiernos de tres países y recibe amenazas de muerte de políticos estadunidenses; algunos de sus defensores han sido amagados con iniciar investigaciones en su contra, y este fin de semana el veterano portavoz del Departamento de Estado, Philip J. Crowley, ha sido despedido.
La mayor filtración pública de documentos diplomáticos oficiales estadunidenses en la historia, y su difusión por Wikileaks, al parecer son consideradas por las autoridades de ese país como un delito de tal magnitud que amenaza la seguridad nacional y amerita la persecución de quienes hicieron evidente que lo que dice y hace un gobierno no siempre es lo mismo.
Desde finales de noviembre, cuando los primeros cables diplomáticos fueron difundidos por Wikileaks, el gobierno estadunidense, junto con sus aliados, tomó la decisión de atacar al mensajero, mientras realizaba una intensa labor de control de daños a escala mundial con decenas de gobiernos. A la vez, decidió castigar, aun antes de un juicio, a quien fue acusado de filtrar los documentos: Bradley Manning, un soldado de entonces 22 años (ahora tiene 23).
Manning está en un centro de detención en una base de los marines, en Quantico, Virginia, 10 meses después de ser arrestado y en espera de que concluya una investigación penal en su contra y un eventual juicio militar que podría condenarlo hasta a 52 años de cárcel. La semana pasada se le agregaron 22 nuevos cargos, entre ellos el de asistir al enemigo, sin especificar a quién se considera como tal, lo cual podría implicar cadena perpetua o incluso pena de muerte. Durante meses, su abogado y amigos han denunciado el trato que recibe, y desde hace unas semanas Juan E. Méndez, relator especial sobre tortura de la Organización de las Naciones Unidas, solicitó formalmente información al gobierno estadunidense sobre las condiciones de detención de Manning. Según sus defensores, el militar está en aislamiento casi total, obligado a permanecer en su celda 23 horas al día. Recientemente ha sido obligado a dormir desnudo y es despertado varias veces durante la noche, supuestamente para su protección.
Philip J. Crowley, subsecretario de Estado y principal vocero del Departamento de Estado, coronel retirado y con una larga carrera en relaciones públicas gubernamentales, comentó la semana pasada, en un pequeño foro universitario, que consideraba que el trato otorgado a Manning por el Pentágono era ridículo, contraproducente y estúpido. Aunque apoya que el acusado de las filtraciones sea encarcelado, consideró que la forma en que es tratado tiene consecuencias negativas para el gobierno. Ese comentario le costó el puesto, y su jefa, Hillary Clinton, lo obligó a renunciar el domingo. Hoy, como despedida, sólo le dedicó un escueto párrafo en un comunicado en el que reconoce su contribución al gobierno, a pesar de que había sido elogiado por su manejo del escándalo de Wikileaks en los meses recientes.
Crowley no se retractó en su carta de renuncia. Según reportan medios locales, el presidente Barack Obama enfureció cuando el viernes, en una conferencia de prensa, le preguntaron si estaba de acuerdo con las declaraciones del vocero. El mandatario contestó que el Pentágono le había asegurado que las condiciones carcelarias de Manning eran apropiadas y cumplen con nuestras normas básicas.
Durante semanas, el Departamento de Defensa ha insistido en que no hay maltrato y que Manning está confinado en seguridad máxima, ya que su fuga sería un riesgo de seguridad nacional; aceptó también que está bajo supervisión para evitar que se haga daño a sí mismo (lo cual insinúa que hay riesgo de suicidio).
Si se comprueba que Manning fue la fuente de la mayor divulgación no autorizada de documentos en la historia del país –estaba asignado como analista de inteligencia de bajo nivel en Irak, donde tuvo acceso a un sistema electrónico de documentos oficiales diplomáticos y militares, del cual supuestamente bajó cientos de miles de éstos en una memoria portátil del tamaño de un dedo mientras aparentaba escuchar canciones de Lady Gaga–, sería la razón por la cual Wiki- leaks se ha convertido en uno de los principales enemigos del gobierno estadunidense.
Assange, director de Wikileaks, y otros, especulan que el trato a Manning tiene el propósito de quebrarlo para que acepte ser testigo contra Assange en el futuro.
Mientras tanto, el Departamento de Justicia continúa tratando de armar un caso criminal contra Assange, sus colegas y aliados, y algunos expertos han indicado que una posibilidad es tratar de determinar que hubo una conspiración entre Manning y Assange para divulgar información clasificada.
Assange sigue defendién- dose en Inglaterra contra la solicitud de extradición de Suecia para enfrentar cargos por violación sexual. Sus abogados han argumentado que todo es parte de una estrategia para una eventual extradición a Estados Unidos.
A la vez, el gobierno estadunidense ha buscado solicitar información sobre la red de apoyo de Wikileaks con el propósito, afirman críticos, de intentar intimidar a cualquier persona o entidad que colabore o apoye a Wikileaks.
Más de 40 cateos en EU
A finales de enero, la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) informó que había realizado más de 40 cateos en Estados Unidos como parte de una investigación internacional contra una red de hackers conocidos como Anonymous, quienes ha-bían realizado ciberataques contra varias empresas en represalia cuando anularon contratos de servicio con Wikileaks.
Más recientemente, legisladores en ambas cámaras han impulsado proyectos de ley para poder proceder penalmente contra cualquiera que divulgue información gubernamental clasificada en forma no autorizada.
El nuevo presidente del Comité de Seguridad Interna, el republicano Peter King, propone enmendar la ya controversial Ley de Espionaje de 1917 para perseguir a Assange y otros, a quienes acusó de dañar la seguridad nacional de Estados Unidos con sus divulgaciones de documentos clasificados.
Afirmó que Wikileaks y sitios parecidos son un peligro claro y presente a la seguridad nacional de Estados Unidos. Julian Assange y sus compatriotas son enemigos de Estados Unidos y deberían ser perseguidos conforme a la Ley de Espionaje.
Por su lado, el gobierno de Obama advierte que continuará con su persecución de quienes considera que cometieron un acto que amenaza la seguridad nacional de este paìs.
Fuente: La jornada
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Récord de 182 mil mdd de la deuda externa total con Calderón
Según cifras oficiales creció 54% entre 2007 y 2011; no tiene precedentes históricos
Récord de 182 mil mdd de la deuda externa total con Calderón
Por cada 5 dólares en los que se elevó ese endeudamiento, más de 4 se usaron para pagar intereses
Extranjeros poseen más de $717 mil 500 millones en bonos del gobierno federal
Juan Antonio Zúñiga y Víctor Cardoso
Periódico La Jornada
Martes 15 de marzo de 2011, p. 29
La deuda externa total de México, que comprende adeudos del sector público y del privado no bancario, llegó en enero de este año a casi 182 mil millones de dólares, lo que implicó un crecimiento de 54 por ciento en los cuatro años del actual gobierno, indican informes del Banco de México (BdeM) y de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
Aunque todavía no se le considera un problema para el manejo financiero del país, el endeudamiento público y privado con agencias financieras, organismos internacionales y empresas del exterior no tiene precedentes históricos, e implicó que durante los últimos cuatro años se tuvieran que pagar 54 mil 200 millones de dólares, sólo por los intereses generados.
Esta cifra abarcó más de cuatro quintas partes, 85 por ciento, de lo que aumentó el saldo del endeudamiento durante el mismo periodo. Esto significa, en términos prácticos, que por cada cinco dólares en que se elevó el monto de la deuda externa, más de cuatro se utilizaron para el pago de intereses.
Un tema poco tratado en el medio financiero es el del endeudamiento del sector privado no financiero, que ya implica un monto considerable de recursos. Datos del BdeM revelan que el saldo de ese endeudamiento hasta el cierre de 2010 llegó a 74 mil 700 millones de dólares, cuando al comienzo de este gobierno era de 63 mil 300 millones. Durante estos últimos cuatro años el saldo de la deuda se elevó en 11 mil 100 millones de dólares, es decir, un aumento de 17.5 por ciento en el periodo.
Por parte del sector público, que abarca al gobierno federal, empresas públicas y banca de desarrollo, al comenzar este gobierno su débito era de 54 mil 766 millones de dólares, los cuales a la vuelta de los años llegan a 107 mil 100 millones. Eso implicó que la deuda casi se duplicó durante el gobierno de Felipe Calderón. El incremento hasta el 31 de enero de 2011 fue superior a 53 mil 300 millones de dólares, lo que equivale a un brinco de 95.5 por ciento.
La actual administración gubernamental dio un giro de 180 grados en la contratación de deuda externa respecto de la aplicada por su antecesor, el primer gobierno panista, y ha utilizado todos los instrumentos a su alcance para allegarse la mayor cantidad posible de divisas para fortalecer las reservas internacionales del país, que rebasan 121 mil 906 millones de dólares. Con todo, esas reservas representan apenas 67 por ciento de la deuda externa total del país.
El frente interno
A la par del incremento en la deuda externa, la emisión de bonos de deuda del gobierno mexicano en el mercado nacional ha servido de refugio para la llegada de miles de millones de dólares. Convertidos a pesos, esos recursos ascienden a 717 mil 500 millones, que ubica a los inversionistas extranjeros como los principales tenedores de valores gubernamentales.
Los inversionistas extranjeros tenedores de bonos del gobierno mexicano han acarreado recursos por 122 mil 900 millones de pesos (unos 10 mil 241 millones de dólares) en los tres meses transcurridos de 2011. Los recursos que ingresaron por esa vía en el primer trimestre del año superan los captados entre 2008 y 2009.
Por la vía de la deuda interna, el gobierno mexicano adeuda más de 60 mil 300 millones de dólares adicionales a los reconocidos como deuda externa. Estos recursos, sin embargo, forman parte de los llamados capitales golondrinos o buitres, que se mueven de país en país en busca de los mayores beneficios. Autoridades de organismos financieros y del Banco de México y la Secretaría de Hacienda han reconocido el riesgo que implican estos capitales cuyo flujo puede revertirse en cualquier momento y desestabilizar la economía del país.
Sólo en 2010 el gobierno federal pagó 180 mil millones de pesos por los intereses, comisiones y gastos relacionados con su endeudamiento interno, de los cuales casi una tercera parte, 60 mil millones, habría correspondido a los extranjeros tenedores de bonos de deuda del gobierno mexicano.
Peso gordo
El torrente de divisas que ha llegado al país en los últimos 15 meses se tradujo en una apreciación de la moneda mexicana en su paridad frente al dólar, al grado de que este lunes retornó a niveles de antes de la crisis financiera de 2008.
En víspera de que se declarara que la crisis financiera internacional había afectado a México, el tipo de cambio se encontraba en niveles de 11.21 pesos por dólar. Ayer la cotización de la divisa estadunidense para las grandes operaciones interbancarias fue de 11.8925 pesos por unidad, el precio más bajo en casi 30 meses. Esto representa que la moneda nacional se ha revaluado 3.8 por ciento sólo en lo que va de este año.
Sin embargo, la recuperación del peso se sustenta más en la abundancia de dólares en el mercado por el arribo de capitales extranjeros que por un fortalecimiento de la economía nacional, aun cuando la producción industrial de enero registró un crecimiento anual de 6.6 por ciento, impulsado por un crecimiento de 8.8 por ciento en las manufacturas, principalmente las destinadas a la exportación, informó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
Fuente: La jornada
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Silencio cómplice
Silencio cómplice
Jorge Carrasco Araizaga
México, DF; 13 de marzo (Apro).- Cuando el jueves 3 de marzo Felipe Calderón fue a la Casa Blanca ya sabía de la operación Rápido y Furioso.
The Center por Public Integrity (CPI), una organización no gubernamental con sede en Washington dedicada a hacer investigación periodística en el mundo, había informado desde febrero a la presidencia de la República que daría a conocer en la prensa de Estados Unidos una operación de tráfico de armas a México organizada por la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF, por sus siglas en inglés).
Durante varios días, pidieron una posición del gobierno de Calderón, que de forma reiterada le había reclamado al gobierno de Estados Unidos por la falta de control en la venta de armas que acaban en manos de los narcotraficantes mexicanos.
Era una manera de responsabilizar al gobierno de Barack Obama de la violencia que ha dejado ya unos 35 mil muertos, en la “guerra al narco” impulsada por Estados Unidos y abrazada en su totalidad por Calderón.
Pero cuando se trató de dejar a un lado la retórica y tomar el tema en serio, guardó silencio. Ni la oficina de Calderón, ni la del secretario técnico del Consejo de Seguridad Nacional, Alejandro Poiré, respondieron a la petición del CPI.
El portavoz de seguridad nacional, que tanto vocifera las ejecuciones de jefes del narcotráfico, ha sido el gran ausente. Nadie se acuerda de él, ni reclama su presencia para que rinda cuentas.
La secretaria de Relaciones Exteriores, Patricia Espinosa, también escurrió el tema. Emitió un comunicado que por su brevedad y contenido confirma la vergonzosa política exterior mexicana. Y peor todavía, cuando compareció la semana pasada en el Senado de la República, para hablar de los tratados de libre comercio de México, literalmente tuvo que salir por la puerta de atrás para no enfrentar las preguntas que se hace la prensa mexicana.
La Procuraduría General de la República (PGR), a través de la subprocuraduría de Asuntos Jurídicos e Internacionales y de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada estarían obligadas no sólo a iniciar una averiguación previa –como se supone que ya lo hicieron– sino a investigar y forzosamente consignar a los responsables, quienes están plenamente identificados.
Si el gobierno de Calderón hizo del tema Cassez un asunto de defensa a ultranza de su política de seguridad, hasta ahora doblándole la mano al Poder Judicial, tiene la oportunidad de demostrar que su “guerra” va más allá de su carencia de legitimidad política.
Pero el gobierno de Estados Unidos ya soltó la insidiosa versión de que el gobierno calderonista sí tenía conocimiento de la operación. El silencio de Calderón, Poiré, Espinosa y cuantos están obligados a dar la cara se hace ignominiosamente más grande.
La secretaría de la Defensa Nacional es la responsable del registro de armas en México; el secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, y la secretaría de Gobernación a través del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, están obligados a advertir sobre las tendencias en el uso de armas en el país; y la secretaría de Hacienda, a través de la Administración General de Aduanas, a controlar su ingreso.
Como se trata de un tráfico ilegal tienen una coartada para esquivar sus responsabilidades, pero al mismo tiempo quedan atrapadas en las acusaciones de los fabricantes y vendedores de armas que le han respondido al gobierno de Calderón: El problema no son las armas que llegan desde Estados Unidos, sino la corrupción de los policías, agentes y militares mexicanos.
Calderón puede reclamarle a Barack Obama por el del embajador Carlos Pascual, pero mientras siga recibiendo de Estados Unidos recursos para su guerra, acceda a la creciente presencia de elementos de las agencias de seguridad e inteligencia de ese país –civiles y militares– en todo el territorio, y permita que los secretarios de la Defensa y de la Marina sigan rindiendo cuentas a Washington, ya no tendrá ni argumentos retóricos para reclamar por el tráfico de armas ni por cualquier otra operación de su tipo.
Hace 14 años, el gobierno de Estados Unidos emprendió la operación Casa Blanca, para “demostrar” el lavado de dinero en México; ahora es Rápido y Furioso; mañana será otra mientras los gobernantes mexicanos con una mano pidan dinero a Washington y con la otra se tapen la boca.
jcarrasco@proceso.com.mx
Fuente: Proceso
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De las varias formas de censura
De las varias formas de censura
Miguel Angel Granados Chapa
MÉXICO, D.F., 14 de marzo (Proceso).- El documental Presunto culpable, de Layda Negrete y Roberto Hernández, ha tenido, si cabe decirlo, un doble estreno. El primero ocurrió el 18 de febrero. El segundo, el 8 de marzo. Entre uno y otro ocurrieron acontecimientos judiciales que la hicieron salir de la cartelera y reponerla.
Una juez de amparo, Blanca Lobo, otorgó la suspensión provisional contra la autorización expedida por la Secretaría de Gobernación, a la que el 2 de marzo ordenó disponer el retiro de la cinta, que se exhibía profusamente en la Ciudad de México, antes de comenzar su recorrido por los estados, que se anunciaba promisorio. Esa dependencia del Ejecutivo reaccionó con perplejidad y demoró cuatro días en mandar que la película dejara de exhibirse. Pero la virtual prohibición fue breve. El martes 8 de marzo un tribunal colegiado revocó la suspensión inicial y la cinta volvió a las salas de exhibición ese mismo martes. El viernes 11 la juez de amparo debería decidir si otorgaba o negaba la suspensión definitiva. Aunque estas líneas fueron escritas antes de que su resolución sea pública, era previsible que negaría tal suspensión definitiva y, por lo tanto, la cinta seguirá en la cartelera hasta que agote su ciclo comercial o se resuelva el fondo del amparo, lo que ocurra primero. Es también imaginable que en ese momento procesal la juzgadora negará el amparo al quejoso.
Éste es el primo de la víctima y único testigo del homicidio por el cual fue condenado a 20 años de prisión José Antonio Zúñiga. El único elemento con que el Ministerio Público y el juez contaron para condenar a Zúñiga fue el testimonio de Víctor Manuel Reyes. Pero el testigo no se mantuvo en su dicho. Reconoció no haber visto a Zúñiga asesinar a su pariente y el ya sentenciado pudo salir de la prisión. Eso no hubiera ocurrido si los abogados y cineastas Negrete y Hernández no hubieran filmado el proceso a modo de denuncia contra mecanismos de procuración y administración de justicia que fabrican culpables a falta de los verdaderos que, de ese modo, permanecen en la impunidad.
Muy probablemente inducido por alguien que esperaba obtener provecho o evitar daños, Reyes pidió amparo sosteniendo que la cinta le causaba perjuicios, porque denigraba su reputación y hasta generaba hostilidad en la gente que lo reconocía, tras haberlo visto en la pantalla, haciendo el involuntario papel de uno de los villanos, cuya palabra pudo haber hundido en la cárcel a un inocente.
Como autoridad responsable (así se llama en el juicio de amparo aquella que emite el acto reclamado, en este caso la autorización de exhibición), Bucareli no sabía qué hacer. No se le ocultaba que admitir lisa y llanamente la decisión judicial del 2 de marzo lo haría cómplice de un silenciamiento que de inmediato convocó el fantasma de la censura. Pero tampoco podía desacatar el ordenamiento judicial, pues quienes incurren en desobediencia ante una orden de la justicia federal deben ser removidos de su cargo. Alegó además una aclaración del sentido de la orden de la juez XII de distrito, porque la orden lo conminaba a realizar actos para los que la dependencia del caso, Radio, Televisión y Cinematografía, no está facultada. Y ya se sabe que las autoridades sólo pueden obrar en el sentido expresamente establecido por la ley. Pasando por alto esa circunstancia, la juzgadora insistió y Presunto culpable se ausentó por horas de las pantallas hasta que magistrados superiores modificaron la resolución de la juez.
No se trató, pues, de un acto de censura, que con ese nombre no existe en México desde hace décadas. Con rubor hipócrita, la Ley de la Industria Cinematográfica expedida en tiempos de Miguel Alemán, en 1949, llamó supervisión a los actos administrativos que podrían evitar no sólo la exhibición, sino aun la filmación de una cinta. Esa ley fue derogada por la actualmente en vigor, de 1992, que ya no habla de supervisión, sino de autorización y clasificación. Esas son las formas contemporáneas en que el gobierno federal puede decidir el destino de una película o un video, para el exclusivo efecto de su exhibición (o venta o renta) pública.
Aunque atenuada, sigue vigente y puede ser aplicada una moral conservadora dictada por el catecismo católico, ni siquiera por la moral de ese credo, sino por formas anacrónicas como la que expresaba que “los tres enemigos del alma son el mundo, el demonio y la carne”. La carne, es decir, la sexualidad, perturba a la mojigatería que se esconde tras una doctrina que, bien mirada, predica en el fondo la libertad, no las restricciones de la institucionalidad católica. En la legislación vigente hay tufos de miedo a la carnalidad como los que impregnaban la clasificación que a mediados del siglo pasado formulaba la Liga de la Decencia, una oficina paraeclesiástica, que calificaba películas para el buen gobierno de las conciencias católicas y de los párrocos que fijaban en la puerta de sus templos la clasificación de las películas, que iba de la A: “buena para todos”, hasta la D: “prohibida por la moral cristiana”, pasando por la C: “para mayores con serios inconvenientes”. Jugando con esta expresión, mi finada hermana Emelia decía de sí misma que ella era una “mayor con serios inconvenientes”.
En esa línea, el reglamento de la Ley Federal de Cinematografía dispone que se niegue la autorización a películas “con escenas explícitas, de actividad sexual o genital”, lo cual está muy bien para evitar la difusión de la pornografía, en el supuesto de que sepamos dónde se traza la línea divisoria entre el arte cinematográfico que exalta la belleza de los cuerpos y de su ayuntamiento o aproximación, y la industria de la salacidad, que se propone sólo ganar dinero explotando las pulsiones de quienes, por la razón que fuere, prefieren ver relaciones sexuales antes que practicarlas, o practicarlas sólo estimulados por haberlas visto.
No fue censurada, pues, Presunto culpable. No se intentó evitar que el público la conociera. Al contrario, en paradoja saludable la oficina encargada de autorizar pugnó por que tal autorización no fuera revocada. Pero en amplia medida actuó así por la reacción pública, que está avivándose cuando se trata de defender derechos de expresión.
Fuente: Proceso
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Calderón y un candidato ciudadano
Calderón y un candidato ciudadano
Jesús Cantú
MÉXICO, D.F., 14 de marzo.- En diciembre del año pasado, en el marco de las entrevistas anuales que concede selectivamente a representantes de los medios de comunicación masiva con motivo de su aniversario de gobierno, el presidente Felipe Calderón expresó, en el noticiario de Óscar Mario Beteta, su deseo de que “alguna distinguida o algún distinguido integrante de la sociedad civil” fuera el abanderado del Partido Acción Nacional en la contienda presidencial de 2012.
El sábado 5 de marzo, al participar en la reunión del Consejo Nacional del PAN, Calderón reiteró: “Desde ahora sugiero respetuosamente que nos aboquemos todos a ver en cada distrito electoral, en cada estado, en cada puesto de elección popular, quién verdaderamente, militante o no, puede responder a ese atributo de ser la o el mejor, porque lo que está en juego es nada menos que el futuro del país y no sólo el futuro en el gobierno de Acción Nacional”.
Los panistas, que dejaron pasar sin mayores comentarios la expresión de diciembre, ahora sí reaccionaron y enfatizaron que ellos llevan mano. En palabras del líder nacional del PAN, Gustavo Madero: “… para la Presidencia de la República es muy difícil que un candidato ciudadano alcanzara el posicionamiento o el liderazgo que ya tienen 10 de nuestros principales contendientes”, y por eso, afirma, hay un 99.99% de probabilidades de que su abanderado sea un militante panista.
En general los blanquiazules, al menos los que opinaron al respecto, no se atreven a cerrar del todo la posibilidad enunciada por Calderón, pero le dan muy pocas probabilidades, como el líder de la bancada panista en el Senado, José González Morfín, quien recordó que el PAN siempre ha estado abierto a que un ciudadano sin partido los abandere, como ya ha sucedido inclusive para la Presidencia de la República en sus primeras dos participaciones (1940 y 1946), pero aclaró que en el PAN hay muy buenos candidatos.
Sin entrar en las especulaciones de quién o quiénes pueden ser los candidatos en los que piensa Calderón para asumir tal encomienda, es evidente –por el tono de las declaraciones y los antecedentes– que se refiere a un líder sin militancia oficial en ningún partido político, pero cuya popularidad emana del impulso recibido por los dirigentes del corporativismo de Estado, que a pesar de la alternancia partidista en el Ejecutivo federal no termina de morir en México.
El corporativismo de Estado es la integración de los ciudadanos al aparato estatal por medio de corporaciones gremiales o sociales con la finalidad de garantizar el cumplimiento de los proyectos del primero, es decir, es la forma de garantizar que los ciudadanos se apropian de los programas y soluciones del Estado (o al menos los aceptan), y no al revés, como debiese ser en un régimen democrático, donde es el Estado el que se sensibiliza de las demandas ciudadanas, las hace suyas, las atiende y las resuelve. Uno de los principales soportes del corporativismo de Estado es precisamente controlar la selección de los dirigentes de los distintos gremios o corporaciones, para asegurar que éstos cumplen con su objetivo central: garantizar el cumplimiento de los proyectos del Estado.
Por ello en México los liderazgos (salvo muy contadas excepciones, que en muchas ocasiones terminan o terminaron fatalmente) se construyen de arriba hacia abajo, no de abajo hacia arriba, es decir, son las cúpulas (siempre con el visto bueno de los personeros del Estado mexicano) las que designan (o en el mejor de los casos identifican) a los denominados líderes y los legitiman a través de los más diversos mecanismos, que incluyen su reconocimiento como interlocutores confiables, su aparición en eventos públicos relevantes como representantes de un sector de la sociedad civil, su exposición mediática, su participación en acuerdos, pactos y alianzas, y, limitada y dosificadamente, la concesión de algunas de las demandas que sus grupos plantean.
Pero finalmente son líderes al servicio del Estado y no de la sociedad, pues su labor es convencer o seducir a la ciudadanía acerca de las bondades de las políticas estatales y no mover al Estado a respetar los derechos fundamentales, las libertades consagradas en la Constitución y/o la atención de las legítimas demandas ciudadanas. Su liderazgo no emergió de encabezar luchas populares, ni sus logros fueron producto de la legitimidad de sus causas y la magnitud de la demanda social. Tales liderazgos son emanados de la voluntad de los poderosos y casi siempre provienen del mismo establishment.
La crisis de representación de los políticos y los partidos alcanza niveles extremos, como se muestra en la encuesta de Latinobarómetro 2010, según la cual únicamente 19% de los mexicanos dicen confiar en los partidos, y sólo 16% piensan que el método más efectivo para influir en las decisiones del gobierno es mediante la participación en los partidos políticos.
En este contexto, resulta atractiva la opción de recurrir a uno de estos llamados candidatos ciudadanos para tratar de ganar la elección, especialmente cuando las encuestas de preferencia electoral muestran que el candidato blanquiazul mejor posicionado (Santiago Creel) está más de 31 puntos porcentuales por debajo de las intenciones de voto que obtiene el candidato priista (Enrique Peña Nieto), conforme a la última actualización del tracking poll de Consulta.
Y más todavía cuando se tiene la certeza de que finalmente el candidato ciudadano es alguien que, en caso de llegar al poder, gobernará exactamente con las mismas reglas y en las mismas condiciones que un candidato con credencial de afiliación al PAN. Para efectos prácticos, no hay mayor diferencia respecto a lo que en su momento sucedió con la candidatura de Vicente Fox, cuya afiliación al panismo era muy reciente, como ocurre con varios de los aspirantes actuales (por no decir todos), cuya fecha de afiliación al blanquiazul es muy reciente.
Éstas también pueden ser algunas de las razones reales de que no se acepten las candidaturas no partidistas, pues en esos momentos los partidos políticos sí perderían ese control, que resulta fundamental para la sobrevivencia –aunque sea en agonía– del actual sistema.
Fuente: Proceso
Difusión AMLOTV
SME protesta ante Corte por negativa federal a su representación sindical
SME protesta ante Corte por negativa federal a su representación sindical
La Junta Federal Especial emitió una resolución en la que establece que el gremio no acreditó la membresía de los trabajadores.
Patricia Muñoz
México, DF. Trabajadores del Sindicato Mexicano de Electricistas realizan un “cordón humano” alrededor de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en protesta porque la Junta Federal Especial número cinco acaba de negar la representación sindical de los electricistas y emitió una resolución en la que establece que el sindicato no acreditó la membresía de los trabajadores que pretende representar.
Del mismo modo, trabajadores de la organización anunciaron que de no haber acuerdos en Gobernación reiniciarán los ayunos, esta vez serán de 12, 24 y hasta 48 horas.
Fuente: La jornada
Difusión AMLOTV
Repudian a Espino en la FCPS de la UNAM
Repudian a Espino en la FCPS de la UNAM
Entre gritos de “¡Fuera yunque!”, criticó la lucha antinarco y las alianzas electoreras.
Emir Olivares
México, DF. El panista Manuel Espino fue recibido en la máxima casa de estudios con gritos de "fuera yunque de la UNAM".
El político presentó su libro en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales donde muchos estudiantes manifestaron su repudio ante su presencia.
Aún con la presión porque se retirara, Espino se mantuvo en el podio y pidió diálogo y debate, mientras que los organizadores del acto pidieron respeto y confrontación con argumentos. Así se permitió la alocución del panista.
Dijo que Felipe Calderón “tiene la tentación” de escoger al candidato del PAN a la Presidencia para 2012 a la vieja usanza priísta, criticó la "suicida" política de Calderón contra el narcotráfico, subrayó que ha sido el propio titular del Ejecutivo quien se "ha deslegitimizado", se pronunció contra las alianzas electoreras y defendió su postura en torno al aborto, aunque -sostuvo- no debe legislarse con base en ideas religiosas.
Cada que Espino terminaba de hablar, las expresiones de repudio de los universitarios se manifestaban.
Fuente: La jornada
Difusión AMLOTV
Por “insistencia” de EU se relegó al Ejército en Juárez: Wikileaks
Por “insistencia” de EU se relegó al Ejército en Juárez: Wikileaks
Embajador Pascual supo de la medida meses antes que gobernador y edil, revelan cables entregados a La Jornada.
Blanche Petrich
México, DF. El golpe de timón que se produjo en el combate al narcotráfico durante el primer trimestre de 2010 en Ciudad Juárez y que dejó al frente de la estrategia antinarcóticos a la Policía Federal (PF), relegando al Ejército a un papel de apoyo en la periferia, fue planeado y diseñado por insistencia del gobierno de Estados Unidos y en estrecha colaboración con grupos de trabajo binacionales que operan en todas las dependencias del gobierno mexicano relacionadas con la seguridad.
La embajada estadunidense en México tuvo conocimiento del proceso desde su concepción y supo desde el 10 de diciembre de 2009 (cable 09MEXICO3468) que el presidente Felipe Calderón daría luz verde al proyecto. Es decir, lo supo al menos dos meses antes de que fueran notificados el entonces gobernador de Chihuahua, José Reyes Baeza, y el presidente municipal José Reyes Ferriz, descrito en uno de los cables diplomáticos (10MEXICO518) como un cero a la izquierda (non factor).
Más aun, el embajador Carlos Pascual conoció de primera mano detalles de la transferencia de mandos que hasta ahora no se sabían. Por ejemplo, en ese despacho adelantó que las unidades de la PF que serían enviadas a Juárez –mil 800 en principio– iban a ser las mismas fuerzas antimotines que tomaron en octubre de 2009 las instalaciones de Luz y Fuerza del Centro en el Distrito Federal.
A un año del cambio, el proyecto estrella para Ciudad Juárez ha encallado. Como reconoció la titular del Departamento de Seguridad Interior de Estados Unidos, Janet Napolitano, el pasado 9 de marzo, el plan no funcionó en la dirección correcta. Si 2008 fue un año terrible para los juarenses, con un saldo de mil 332 asesinatos relacionados con la violencia de los cárteles, 2009 fue peor, con el doble de homicidios.
Luego de la intervención estadunidense, la tendencia siguió en vertiginosa alza, y 2010 cerró con un reporte oficial de 2 mil 738 homicidios, pese a los elogios de los diplomáticos del país vecino al titular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), Genaro García Luna; a las expectativas del programa Todos Somos Juárez, a la estrecha asesoría de todo tipo de especialistas de las agencias estadunidenses y a los millonarios recursos que se le destinaron.
¿Testigo privilegiado o artífice?
La misión de Estados Unidos conoció, paso a paso, cómo se gestó el proceso a puertas cerradas en Los Pinos. Un cable diplomático (09MEXICO3468) adelantó el 10 de diciembre de 2009 a Washington que el presidente Felipe Calderón estaba ya por tomar una decisión, en cualquier momento esta semana, para asignar a la SSP como principal autoridad de seguridad pública en Ciudad Juárez y regresar a los militares de la Sedena a un papel más tradicional, de apoyo. Los responsables del gabinete de seguridad ya están actuando en este sentido, asumiendo que Calderón dará luz verde a esta transición.
García Luna; el secretario del Consejo de Seguridad Nacional, Jorge Tello Peón, y el director del Cisen, Guillermo Valdés, tenían el compromiso –dice el despacho– de mantener informados a los estadunidenses de las decisiones del gabinete de seguridad, de modo que nuestros funcionarios de la embajada y el consulado en Juárez puedan intervenir para asistir y asesorar en el momento en el que se necesite.
Este cambio de estrategia fue –expone el autor del despacho– resultado del intenso compromiso de Estados Unidos con México y de nuestra insistencia en que el meollo para una solución de largo plazo a la inseguridad es la profesionalización de la policía y de las instituciones judiciales. Tello Peón, descrito como una pieza central en este cambio, reconocía el mérito de los estadunidenses en este esfuerzo.
Hacia finales de enero empezó a mencionarse extraoficialmente en México la posibilidad de una transferencia de mandos de esta naturaleza.
Pero la versión oficial no salió de una fuente mexicana, sino del propio embajador Carlos Pascual, quien el 25 de enero, en Washington, anunció que sería la PF, y ya no las fuerzas armadas, la máxima autoridad en la lucha contra los cárteles de la droga en la ciudad fronteriza.
No fue hasta el primero de abril de 2010 cuando la Secretaría de Seguridad Pública desplegó 4 mil 500 policías federales en Ciudad Juárez y replegó hacia otros municipios de Chihuahua y a retenes carreteros a las tropas del Ejército que habían llevado el peso del combate al narcotráfico los dos años anteriores.
A juzgar por las declaraciones del propio titular de la Sedena, general Guillermo Galván, el plan conjunto, con la inconfundible impronta de Washington, no contaba con el beneplácito de los militares.
El 8 de abril el general declaró que para combatir a la delincuencia organizada el Ejército permanecerá en las calles entre cinco y 10 años más, salvo orden expresa del Presidente o la aprobación de un decreto del Congreso de la Unión.
Juárez como un laboratorio
Como telón de fondo, los meses anteriores la embajada de México había enviado a Washington una serie de cables, algunos secretos, externando demoledoras opiniones sobre la incapacidad de los militares mexicanos para obtener resultados contra el narco y detallando el involucramiento de funcionarios de la sede diplomática en la toma de decisiones del gobierno mexicano.
El último trimestre de 2009 Washington envió una serie de visitantes de alto nivel, todos en el ámbito de la seguridad: la secretaria de Estado, Hillary Clinton; John Brennan, jefe del Consejo de Seguridad Nacional; Jacob Lew, subsecretario del Departamento de Estado (responsable de los financiamientos internacionales); Arturo Valenzuela, responsable del Departamento de Estado para Asuntos Hemisféricos; Dennis Blair, jefe de la Dirección Nacional de Inteligencia; Paul Stockton, secretario de Defensa adjunto, y el general Victor Renuart, del Comando Norte. Todos dejaron estructurados grupos de trabajo binacional en sus respectivas áreas.
Juárez fue elegida como laboratorio para probar el despliegue de policías federales en lugar de militares. Varios documentos de esos meses afirman que esa cuidad fronteriza se ha convertido en un emblema para México, ya que internamente domina el debate político e internacionalmente marca la percepción que se tiene del país.
Al sacar a los militares de la primera línea de ataque a los cárteles de la droga, Estados Unidos asumía que la confianza que desde el principio del sexenio había depositado Calderón en el Ejército no había funcionado.
Bajo el Operativo Conjunto Chihuahua, al mando de la Sedena y vigente desde 2008, Juárez fue el escenario de al menos una cuarta parte de todos los homicidios cometidos ese año en el país. Sólo ese año fueron asesinados 71 policías.
Según el cable 09CIUDADJUAREZ22, suscrito por el cónsul Raymond Mc Grath, la policía estatal de Chihuahua y el sistema judicial tienen muy poco impacto en la incidencia de la criminalidad. Fechado el 23 de enero de 2009, opina sobre el Operativo Conjunto, en el que los militares “muy rara vez se meten con los cárteles o las pandillas”.
Bajo directriz estadunidense se cambió la estrategia y se dio el mando a la SSP a principios de 2010. El plan no resultó. Al final del año se contaban un promedio de siete homicidios diarios relacionados con el crimen organizado (2 mil 738 al final del año). Juárez sigue siendo la ciudad más violenta del mundo.
Pero el embajador Pascual parecía muy entusiasmado con la idea de entregarle las riendas a García Luna. Entre diciembre de 2009 y febrero de 2010 envió a Washington al menos nueve cables sobre el mismo tema, siguiendo paso a paso su desarrollo.
El cable del 10 de diciembre advierte que el plan todavía es impreciso y los arreglos para nombrar comandos es incierto. Pero Tello y Guillermo Valdés confían en contar con la aprobación del Presidente. Los contactos de la embajada en la SPP aseguran que la PF asumiría la responsabilidad de la seguridad en la ciudad y que el Ejército se replegaría a un papel de apoyo a la periferia y a los retenes carreteros.
Los informantes de la embajada adelantan que como primera fase serían enviados a la ciudad fronteriza 2 mil militares como refuerzo de la SSP. En la segunda fase, que fue explicada por García Luna a funcionarios de la embajada con anterioridad, la PF se desplegaría en zonas donde hay actividad del mercado negro y en las zonas rojas que son retaguardia de los grupos criminales. Una tercera fase enfilaría sus baterías a la captura de grandes capos.
El cable reporta el reconocimiento de Tello a los méritos del gobierno de Estados Unidos por su compromiso en este proceso. El énfasis que mantuvimos en señalar que el Ejército no es el instrumento indicado para combatir a las organizaciones del crimen organizado fue un factor que influyó para que el gobierno mexicano tomara esta decisión.
Luz verde
El acuerdo pasó inadvertido a los ojos de la opinión pública, que iniciaba el año abrumada por las alzas de precios. Pero el 5 de enero Calderón efectivamente dio luz verde, en una reunión de gabinete, a la transferencia de mandos en Juárez. Pascual lo supo de inmediato. Se lo confirmaron Valdés, del Cisen, y el secretario de la Marina, almirante Mariano Saynez (cable 10MEXICO41).
Es un despacho breve suscrito por Pascual: El siguiente paso es que el secretario de Gobernación le notifique al gobernador de Chihuahua que el Presidente aprobó los cambios. (...) La Policía Federal ya envió a Juárez un equipo para hacer los arreglos necesarios. El mensaje de Gómez Montt será que Calderón ha dado la orden para que todos procedan.
Añade: El lunes 11 de enero el comisionado de la SPP Facundo Rosas viajará a Juárez para supervisar la transferencia de responsabilidades. El 14-15 llegará un equipo bilateral a El Paso y Juárez. (...) El gobierno mexicano nos informará sobre la marcha de los nuevos arreglos.
Hay un cable anterior que demuestra que Pascual ya conocía los detalles de esos nuevos arreglos antes de Navidad, informado puntualmente por el comisionado Facundo Rosas (cable 09MEXICO3617) desde el 22 de diciembre. Sabía que, sin que se informara públicamente, mil 600 policías federales ya habían sido desplegados en Juárez y que la nueva estructura iba a quedar al mando de Vidal Díaz Leal Ochoa (un nombramiento controvertido por los antecedentes de ese jefe policiaco en Sonora).
Fue informado también de las cuatro áreas de operación que tendría la nueva estrategia: patrullaje en zonas de alta criminalidad (mientras los militares apoyarían a la policía municipal en zonas donde no tuviera suficientes elementos); operativos de intercepción en los hoyos negros, donde se realizan las transacciones criminales; creación de un contingente de 500 agentes especializados para atacar la extorsión y el secuestro. Y finalmente la persecución de blancos de alto nivel en cooperación con las Unidades de Operación Táctica.
Salvárcar
Calderón no había informado oficialmente sobre el cambio de mandos en la ciudad fronteriza cuando ocurrió la masacre de Salvárcar. En ese barrio popular un comando de sicarios asesinó a 16 muchachos durante una fiesta juvenil el 31 de enero, rematando uno de los meses más sangrientos, con 240 homicidios sólo en esa metrópoli. Ante la enfurecida reacción de la sociedad, según refiere el cable diplomático 10MEXICO518, el Presidente precipitó el anuncio de la nueva estrategia Juárez que el gobierno desarrolló en forma conjunta con Estados Unidos, y Pascual reportó a Washington que lo hizo de acuerdo con los requerimientos que identificamos durante nuestra última visita a la ciudad y al compromiso bilateral en curso desde hace meses.
Después de este hecho, y de tomar nota de que las encuestas demostraban en ese momento que 60 por ciento pensaba que el gobierno no tiene control del país, uno de los desafíos de Calderón será poder canalizar este enojo de la sociedad de manera constructiva.
En el texto se reseñan las medidas tomadas por la Presidencia para el control de daños por la reacción inicial de Calderón, quien estando en Tokio dijo que los jóvenes asesinados posiblemente estaban involucrados en actividades ilícitas.
También se refiere a las presiones del gobernador de Chihuahua (priísta) y otros dirigentes opositores que forzaron el adelanto de los planes de Calderón. Reyes Baeza también ha sido muy criticado a raíz del ataque de Salvárcar, y en su defensa el gobernador acusó al gobierno federal de excluir al estatal en la planificación de empleos, educación y programas de rehabilitación de adicciones.
Pascual anota que el señalamiento de Reyes Baeza es falso, pues el gobernador asistió a varias reuniones. Reporta que el mismo día en que el gabinete de seguridad se reunía en México para discutir la nueva estrategia para Ciudad Juárez, el mandatario estatal visitó Salvárcar, donde reclamó que al gobierno estatal no se le informaba de los planes federales.
El embajador encuentra una explicación política a la frustración del ahora ex gobernador al recordar que en los últimos meses la ventaja del candidato a gobernador del PRI César Duarte se redujo 20 puntos (de 40 que tenía) y también expresa su escepticismo ante la iniciativa que presentó Reyes Baeza al Congreso local para pasar los poderes del estado de Chihuahua a Juárez. Pero si Baeza cumple la promesa que le hizo a Calderón de residir al menos medio tiempo en Ciudad Juárez para gestionar los nuevos programas, proporcionaría a la ciudad la imagen de atención y gobernabilidad que le ha hecho falta desde hace tiempo.
Sobre el presidente municipal, Pascual anota: “Como ha sido en el pasado, después de la tragedia de Salvárcar y la secuela de disputas políticas entre los gobiernos estatal y federal, Reyes Ferriz (también del PRI) ha sido un non factor”.
Con información de Gustavo Castillo
Cables:
10MEXICO518 248767
09CIUDADJUAREZ22 188402
09MEXICO3617 241529
09MEXICO3468 238955
10MEXICO41 242977
Fuente: La jornada
Difusión AMLOTV
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