lunes, 8 de julio de 2013
Reporte europeo: Televisa y TV Azteca frenan el pluralismo electoral
MARCO APPEL
BRUSELAS (apro).- El Consejo de Europa, una institución internacional que promueve los derechos humanos y los valores de la democracia y el Estado de derecho, juzgó en un reporte que el excesivo poderío de Televisa y Tv Azteca plantea una “relevante dificultad” para alcanzar en México los niveles internacionales de pluralismo electoral.
El reporte de opinión –publicado el pasado 18 de junio y que fue adoptado por la Comisión Europea para la Democracia por el Derecho o Comisión de Venecia, un organismo consultor del Consejo de Europa– señala que el contenido de las leyes electorales mexicanas “garantiza el respeto a los estándares internacionales sobre libertad de expresión”, pues “salvaguarda la independencia editorial de los medios”.
No obstante, el respeto del pluralismo y la neutralidad se ha dejado principalmente al autocontrol de los medios, ya que los lineamientos elaborados por el Instituto Federal Electoral (IFE) no son vinculantes y el IFE no puede imponer sanciones cuando son quebrantados, precisa el documento, para luego advertir que hay dos aspectos que pueden volverse problemáticos.
“El primero deriva del papel casi irrelevante de la televisión pública en México. La segunda y más relevante dificultad es la que genera la situación de la televisión y la radio privada en México. Existe una muy alta concentración mediática en el país”.
El organismo, que agrupa 47 países de la región, subraya que “sólo dos compañías de televisión, Televisa y Televisión Azteca, captan 96% de la audiencia y casi el monto entero de los ingresos de la publicidad”.
El reporte de 18 páginas, cuya copia obtuvo Apro, recoge las acusaciones contra “el duopolio televisivo” por su “proximidad” con “uno de los candidatos presidenciales” en las elecciones de 2012, sin mencionar que se trata de Enrique Peña Nieto, y acota que la explotación de una concesión o permiso de transmisión se considera un servicio público en la ley mexicana.
El documento le recuerda a México, que es observador permanente del Consejo de Europa desde el 1 de diciembre de 1999, que el Código de Buenas Prácticas en Materia Electoral, adoptado el 13 de julio de 2002 por la Comisión de Venecia, enfatiza que se deben tomar disposiciones legales para asegurar un mínimo acceso a todos los candidatos en los medios audiovisuales privados. Se le indica también que el Comité de Ministros del Consejo de Europa recomendó en 2007 “facilitar el pluralismo en los medios” durante las elecciones y, siempre respetando su independencia editorial, forzarlos a cubrirlas “de manera limpia, equilibrada e imparcial”.
En caso de que fallara la auto-regulación de los medios en este punto, “los Estados miembros deben adoptar medidas” para garantizar una cobertura electoral imparcial “en noticiarios y programas de actualidad, incluyendo los programas de discusión como las entrevistas o los debates”, agrega el reporte.
Por tanto, recomienda al gobierno de Peña Nieto “fortalecer” el servicio público de radio y televisión, que sea “independiente del poder político y capaz de informar de modo neutral y plural”, además de “mejorar el pluralismo” en los medios “adoptando decisiones dirigidas a incrementar su número y variedad y a limitar el monopolio” televisivo.
Complejidad extrema
Solicitado en diciembre de 2011 por el presidente del IFE, Leonardo Valdés Zurita, el reporte de la Comisión de Venecia se avoca al estudio de la legislación electoral mexicana.
Dado que se acercaba la elección presidencial de julio de 2012, Valdés Zurita estaba interesado en conocer la opinión de la Comisión de Venecia en torno de áreas específicas de la ley como aquellas relativas a las sanciones para los delitos electorales, las quejas administrativas, los procedimientos concernientes a la supervisión de los recursos de los partidos políticos y el acceso a los medios de comunicación, explica el reporte.
La comisión decidió elaborar su estudio pasadas las elecciones, debido a que quería “evitar cualquier interferencia”, y agregó otros temas para su revisión, tales como la regulación del periodo previo a las campañas, los fundamentos para anular una elección, la libertad de expresión y difamación, las encuestas de opinión, el procesamiento de delitos electorales, la compra y coerción del voto y la participación de funcionarios durante la campaña electoral, entre otros.
Para realizar el reporte viajaron a México en noviembre de 2012 Paloma Biglino, especialista en derecho constitucional de la Universidad de Valladolid y miembro de la Junta Electoral Central de España; Srdjan Darmanovic, profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de Montenegro y director del Centro para la Democracia y los Derechos Humanos del mismo país, y Evgeni Tanchev, catedrático de la Universidad de Sofía y miembro de la Corte Constitucional de Bulgaria, quienes se entrevistaron con legisladores, funcionarios del IFE y del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, así como con representantes de la sociedad civil, encuestadores y periodistas.
Desde el comienzo el reporte advierte que la normativa mexicana en materia electoral “es excesivamente compleja” y que, por ejemplo, “tan sólo” el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (Cofipe) contiene 200 páginas de leyes que, combinadas con las de otros textos, incluyendo los puntos relativos de la Constitución, suman 500 folios de disposiciones.
En general el reporte se concentra en analizar estrictamente la letra de las leyes, principalmente el Cofipe, por lo que el estudio asienta sus juicios y argumentos sobre todo en el terreno teórico.
No obstante, en ese campo se cuestiona la prohibición de la reelección, que considera “innecesaria en un Estado democrático”, y remarca que la Constitución mexicana “es una de las raras constituciones del mundo que no prevé la posibilidad de un mandato parlamentario consecutivo”, por lo que, se lee en el reporte, “la Comisión de Venecia opina que prohibir la reelección de parlamentarios conlleva el riesgo de que el poder legislativo sea dominado por políticos inexpertos”.
Reglas “injustificables”
El artículo 229 del Cofipe contiene una lista de contribuciones que es considerado gasto electoral, y no es realista porque en la práctica siempre hay un margen de interpretación para identificarlo como gasto electoral u ordinario, lo cual tampoco ayuda a establecer los topes máximos de campaña, critica el reporte.
Añade que los procedimientos de sanción son “largos y complejos”, además de que hace falta discutir si una elección debe ser anulada cuando un candidato excede el tope.
Apunta que no queda claro en el Cofipe si sólo los partidos políticos y sus candidatos pueden hacer campaña y no otros grupos sociales como las organizaciones sindicales o empresariales, salvo los ministros de culto, que sí están impedidos por ley; tampoco está claramente establecido el derecho de réplica, pues aunque el artículo 6 de la Constitución lo reconoce, su aplicación la refiere al Cofipe que, a su vez, la remite a una próxima ley.
De igual manera, afirma que la decisión de prohibir a los partidos comprar tiempo en radio o televisión por sí mismos o a través de una tercera persona (lo que fue duramente atacado por las televisoras), o individuos a título privado que tengan la finalidad de promover o atacar a un candidato o partido, “está en línea con los estándares internacionales de derechos humanos”, aunque afecte, agrega, “la libertad de comercio de los medios”.
Observa que existe una “ambivalencia” en la normativa para declarar anulada una elección. El artículo 78 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral estipula que es posible anular la elección de diputados y senadores en la eventualidad de violaciones sustanciales el día de la votación, no así la presidencial, expone el reporte, que considera “injustificable” legalmente esa diferencia.
Más todavía: una elección de senador o diputado puede ser invalidada si las irregularidades probadas afectan 20% de las casillas y, en el caso de la elección del presidente, 25% –recalca–, y sostiene que tampoco “parecen justificados” esos márgenes requeridos para la cancelación de unos comicios.
“Algunas veces un porcentaje mucho más pequeño puede ser suficiente para afectar el resultado electoral. La anulación no depende de una medida cuantitativa del número de casillas, la extensión de los votos depositados o el territorio de las circunscripciones o distritos electorales implicados, sino que debe estar sustentada en el hecho de que los votos cuestionados podrían haber volcado el resultado y que el perdedor podría convertirse en el ganador”.
Aunque las elecciones presidenciales de 2012 fueron fuertemente cuestionadas debido a que el Partido Revolucionario Institucional (PRI) recibió acusaciones de compra y coerción del voto, el reporte de la Comisión de Venecia sólo le consagra un párrafo al asunto:
“Existe una clara necesidad de revisar la clasificación de los delitos de compra y coerción del voto en materia electoral. Probar la compra del voto es extremadamente complejo y no está muy claro si la posibilidad de ofrecer regalos a los votantes puede, en cualquier caso, ser visto como compra de voto”, concluye.
El gato “Morris” se adjudica 7 mil 500 votos
NOÉ ZAVALETA
(proceso.com.mx).- Hasta el momento, el Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) en Xalapa ha contabilizado más de 7 mil 500 votos entre nulos y de “candidatos no registrados”, sufragios que “El Candigato Morris” reclamó como suyos.
Aparte, la mañana de este lunes, la cuenta de Facebook de “Morris” había publicado fotografías con 605 sufragios a su favor.
Aunque el Instituto Electoral Veracruzano advirtió que los votos por “Morris” serán tipificados como nulos, sus seguidores publicaron fotografías en el muro de Facebook.
En dicha colección de imágenes aparecen incluso xalapeños con el dedo pulgar manchado con tinta indeleble y vestidos con una playera de apoyo al candidato.
Algunos se dieron a la tarea de escribir el nombre de Morris con una crayola negra y con ese mismo objeto dibujar una carita de gato, con los bigotes sobresaliendo del recuadro de la boleta electoral.
En su página de redes sociales, “Morris” muestra que también recibió sufragios en otros estados del país.
En la colonia Nacional, uno de los asentamientos más marginales de Xalapa y con problemas de inundaciones, falta de servicios públicos y varias calles sin pavimentar, un encuestador confesó que “Morris” iba acaparando las preferencias electorales al menos en esa casilla en las llamadas encuestas de salida.
Aunque en Xalapa se presentó una abstinencia electoral inusual, en comparación con la jornada electoral federal del 2012, donde participó casi el 70 por ciento del padrón electoral, el fenómeno “Morris” ocasionó que medios nacionales y extranjeros estuvieran al pendiente de él.
Cabe precisar que “El Candigato Morris” es una iniciativa que convocaba a votar por un personaje animado en lugar de por los candidatos postulados por los partidos políticos, como una señal de hartazgo ante la corrupción de la clase política.
Brasil también está en la mira del espionaje de EU: Snowden
Brasil ha sido víctima durante años de una extensa red de espionaje de sus telecomunicaciones, correos electrónicos y llamadas telefónicas, según un artículo publicado por el periódico de ese país O Globo, en colaboración con el diario británico The Guardian.
“La NSA ha intervenido la red de telecomunicación brasileña e interceptado y almacenado indiscriminadamente, correos electrónicos y conversaciones telefónicas de millones de brasileños”, sostiene el texto.
La agencia estadunidense, en la que trabajó Edward Snowden, desarrolló un programa llamado Fairview que en coordinación con una compañía de telefonía norteamericana, obtuvo los datos de la población de ese país.
La Agencia Nacional de Telecomunicaciones (Anatel) anunció que investigará junto a la Policía Federal si empresas telefónicas brasileñas participaron de alguna manera en la captación ilegal de datos.
“El número de personas y empresas espiadas en Brasil es incierto, pero hay evidencias de que el volumen de datos interceptados por el sistema es constante y a gran escala”, dijo la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff.
El gobierno de este país ha reiterado que reaccionarán “de acuerdo a las circunstancias”.
Brasil es uno de los 21 países a los que Snowden ha pedido asilo para refugiarse de la petición de extradición luego de haber revelado la red de espionaje al periódico The Guardian.
Los cinco ojos que detectó Snowden
Edward Snowden afirmó que el gobierno alemán colabora en la red de intervención de telecomunicaciones de la Agencia de Seguridad Nacional (NSA, por sus siglas en inglés).
Alemania y la NSA, asegura Snowden, “están conchabadas”, pero las autoridades políticas miran a otro lado, según reporta El País.
El informante de 29 años afirmó que existen los “Cinco ojos” del mundo, que son los servicios secretos de Estados Unidos, Reino Unido, Nueva Zelanda, Australia y Canadá, todos ellos colaborando en la vigilancia de todo el mundo.
“En el caso estadounidense, la capacidad es prácticamente ilimitada, tanto en la potencia de los procesadores informáticos como en el espacio físico del que disponen o por las posibilidades de refrigeración de los ordenadores”, dijo.
(Con información de The Guardian y El País)
Se suma pueblo de Alpoyeca a la casa de justicia de Policía Comunitaria en Ayutla
SALVADOR CISNEROS SILVA
Alpoyeca, 7 de julio. Policías comunitarios de San José Buena Vista, en este municipio, tomaron protesta ante dirigentes de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitarias, Policía Comunitaria (CRAC-PC) en la casa de justicia de El Paraíso de Ayutla de los Libres.
Cuarenta efectivos rindieron protesta en la explanada de la comunidad y en presencia del promotor de Tecoanapa, Prócoro Valente Gil; el coordinador regional de la casa de justicia de El Paraíso, Carlos Morales; consejeros regional de la CRAC-PC, Arturo Campos, y sus similares de las comunidades de Olinalá, Huamuxtitlán y Tlatlauquitepec.
Como acto protocolario antes del mitin y la toma de protesta, la Policía Comunitaria realizó una marcha que inició desde la entrada principal de Alpoyeca con rumbo a la comunidad de San José Buena Vista, acompañada de las autoridades de la comunidad y al ritmo de la banda de guerra de la escuela primaria.
“Hoy tomarán protesta los policías comunitarios de esta localidad en consecuencia de los muchos abusos de la delincuencia organizada y de la delincuencia institucional que han estado atormentando; los policías comunitarios no estamos fuera del marco legal, las instituciones deben saberlo y reconocer el trabajo de las policías comunitarias, porque eso es reconocer la valentía de todos estos policías que ahora formaran parte de la CRAC de la casa de justicia de El Paraíso”, expresó el comandante regional de Huamuxtitlán, Cristóbal Rendón Escamilla.
Informó que el propósito fundamental de la creación de una policía comunitaria es rescatar la soberanía popular de los pueblos para defender los derechos constitucionales, para hacer una justicia transparente, “donde se acaban los privilegios, aquí no se reciben mordidas ni dinero, portar la camisa sin autoritarismo porque cargar un arma no da derecho a ser más que nadie”.
El comandante regional Miguel Vitrago Reyes anunció que en breve iniciará la construcción de la casa de justicia en Huamuxtitlán.
Oficio de Papel
Sigue corrupción en la Sedena
Deuda de estados y municipios
De 435 mil millones de pesos
En abril pasado dimos cuenta en esta columna de una serie de renuncias en la Dirección General de Administración de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) por instrucciones del general Salvador Cienfuegos, quien pretendió así desintegrar una red de corrupción para la asignación de contratos de bienes y servicios que se había creado en esa área apenas iniciado el gobierno de Enrique Peña Nieto.
En esa ocasión comentamos que uno de los militares separados del área administrativa a cargo del general brigadier Fernando Joaquín Ávila Lizárraga es el coronel intendente DEM José Luis Lua Tatuado, quien fue comisionado a la ciudad de Chilpancingo, Guerrero, y contra quien se abrió una investigación para determinar su presunta responsabilidad en esa red de chantajes y sobornos en que se ha convertido la asignación de contratos en la Sedena.
Pues algunos de los involucrados en las licitaciones se han vuelto a quejar por los métodos nada transparentes e irregulares que siguen utilizándose para asignar contratos de bienes y servicios en todas las áreas.
Por ejemplo, en materia de salud, específicamente en la contratación del servicio integral para los laboratorios clínicos de segundo y tercer niveles, bancos de sangre y bancos de cédulas progenitoras hematopoyéticas indispensables del área usuaria para los años 2013 y 2014, desde que removieron a principios de año a los encargados de las licitaciones se ha buscado aplicar una serie de candados como requisitos indispensables del área usuaria para beneficiar a una empresa en particular.
Los quejosos señalan que en la nueva licitación pública nacional mixta número LA-007009-N157-2013 “sólo se pretende beneficiar a la empresa Gianbar S.A de C.V., misma que opera desde la administración anterior y que se ha visto favorecida por la Sedena al solicitar ésta única y exclusivamente los reactivos médicos que dicha empresa puede surtir, ya que tiene la exclusividad de dicha marca y los cuales se utilizan en maquinaria de marca Siemens”.
La transnacional Siemens es la empresa vinculada con los escándalos de irregularidades con las dos principales paraestatales del país: Petróleos mexicanos y Comisión Federal de Electricidad, en donde se afirma que el principal operador de Siemens con el gobierno federal es el empresario Jaime Camil, quien asegura ser amigo del actual secretario de la Defensa.
En la primera licitación No. 002-1-2013, la empresa Giambar quedó en último lugar de un total de 6 participantes, al orecer un monto de 685 millones 888 mil 116.35 pesos y la más baja fue Selecciones Médicas del Centro al cotizar 462 millones 468 mil 430.91 pesos, y a pesar de tener la oferta más económica la Defensa no le adjudicó el contrato.
Hace una semana, martes 2 de julio, se llevó a cabo la junta de aclaraciones, en donde insólitamente las 20 compañías concursantes (entre otras Impromed, Dicipa, Biodist y Selecciones Médicas del Centro) hicieron 300 preguntas enfocadas principalmente al área usuaria, para saber si era posible ofrecer otras marcas de reactivos y otras máquinas en comodato y sin costo adicional para la Secretaría de la Defensa.
La respuesta de los militares licitantes fue de rechazó para abrir la licitación y con ello beneficiar directamente a Giambar, pues es la única distribuidora de productos Siemens y en consecuencia al solicitar reactivos de esta marca elimina prácticamente cualquier competencia.
A los responsables de la licitación de la Sedena no les importó que otros concursantes ofrecieran reactivos y máquinas con tecnología de punta y más reciente modelo, que le garantizan a la Secretaría importantes ahorros económicos. Prueba de lo anterior es el acta de 57 páginas emitida al final de la junta de la semana pasada en las instalaciones de la Defensa.
Entre concursantes a esta millonaria licitación hay irritación y sorpresa porque, según dicen, “en los últimos 15 años no habíamos visto una licitación tan a modo para una empresa en especial o hecha a la medida para alguien. Tal parece que sacar una licitación a nivel nacional fue con la excusa de justificar que en verdad esa licitación ya tiene un ganador desde antes de que se hiciera la convocatoria”.
Integrantes del equipo de ayudantes de la Sedena y que están a cargo del general Ávila Lizárraga, director general de Administración de la Defensa, comentaron de manera confidencial a algunos concursantes que era muy positivo para su jefe que hubiera muchos interesados en la licitación, porque eso le daba un marco de legalidad al proceso y hay instrucciones de “arriba” de que los contratos “salgan lo más rápido y limpios posibles”.
Después de la junta de aclaraciones del martes pasado, algunos empresarios que participaron se quejaron de la actitud del teniente coronel Sergio Piñeiro, jefe de la Sección de Adquisiciones de Suministros Médicos, dependiente de la Subdirección de Adquisiciones de la Dirección General de Administración, y el mayor Ulises Guizar, representante del área usuaria, quienes presidían la junta, por responder irrespetuosa y de mala manera las preguntas de los concursantes, muchos de los cuales abandonar el primer día de trabajo y ya no regresaron.
Según algunos de los participantes atrás de los negocios sucios en la Defensa está el yerno de un importante general que se ha convertido en el cabildero de todo aquel que quiera ganar un contrato para la Defensa. “Uno de los participantes presumió que a ese familiar de un importante militar lo había invitado con todo y familia a viajar en días pasados a Río de Janeiro, Brasil, para ver los partidos de la Selección Nacional de fútbol, por lo que ya lo tenía en la bolsa”. Aunque los participantes dan el nombre del yerno y del suegro general, antes de hacerlos públicos debemos confirmar que la esa información sea verdadera.
Lo que sí está confirmado es que 10 empresas que prestan servicios a la Defensa y cumplen con todos los requisitos que aquella exige, se han reunido y acordaron enviar una carta al presidente de la República, Enrique Peña Nieto, con copia para los titulares de la Función Pública y de la Procuraduría General de la República, en donde denunciarán las anomalías e irregularidades cometidos por la Defensa en las licitaciones públicas y la asignación de contratos, así como señalar a personas “influyentes” que intervienen en la toma de decisiones.
“Como empresarios padecimos al final del sexenio anterior múltiples chantajes a cambio de comisiones para que nuestros pagos salieran en tiempo y forma o simplemente para lograr una invitación a tal o cual concurso. Creímos que dicha práctica se iba a erradicar en esta administración, pero vemos que apenas empieza la nueva administración y ya comenzaron con prácticas de corrupción muy preocupantes”, señala una misiva enviada a esta columna.
Deuda impagable de los municipios
A principios de la década de 1990, la banca comercial fraguó el gran negocio con el presupuesto público de los gobiernos estatales y municipales, al convertirlos mediante el crédito en clientes cautivos. Las altas tasas de interés bancarias han llevado prácticamente a la quiebra a muchas administraciones municipales y estatales, sin que alguien proteste y sin importar la persona o partido político que esté en el poder, pues al final de cuentas las impagables deudas de gobiernos y municipios se heredan a las administraciones siguientes y éstas se garantizan con el presupuesto público.
El negocio resulta tan oneroso para la banca –debido a las estratosféricas tasas de interés que están aseguradas con dinero público– que para algunos bancos los ayuntamientos y los gobiernos de los estados representan el 95 por ciento de sus clientes, los cuales concluyen sus gestiones con endeudamientos superiores a los que recibieron al entrar.
La mecánica de endeudamiento es muy simple: un empleado bancario llega hasta las oficinas gubernamentales y le ofrece a los responsables de la administración dinero fácil, rápido y sin aval. Dicha propuesta permite en apariencia hacer solvente a la nueva administración de gobierno, a fin de que las autoridades entrantes cuenten con recursos frescos para pagar salarios, obras y servicios.
El banco le asegura a los empleados municipales y estatales que al principio tendrán una tasa de interés baja, pero para ello tienen que cumplir puntualmente con el pago en los plazos establecidos; pero si fallan, como siempre ocurre por la demora en la entrega de los presupuestos federales, esa tasa supuestamente baja se incrementa brutalmente y la deuda simplemente se vuelve impagable y acumulativa con relación a la contratada originalmente. Ese es el motivo que actualmente dicha deuda ascienda a los 435 mil millones de pesos.
Al recibir un municipio o un gobierno quebrado, los nuevos e ingenuos gobernantes caen en la trampa bancaria aceptan los créditos, pues al final de cuenta la deuda no la asumen en lo personal y la puede heredar a la siguiente administración sin incurrir en responsabilidad alguna. Los que sufren con estas onerosas deudas crediticias es la población, pues cada día se reduce el dinero destinado a obras y servicios públicos.
Por lo anterior el Congreso de la Unión, que había sido omiso durante las dos últimas décadas ante tan grave problema financiero enmarcado por la usura bancaria, ha rectificado y por fin la Cámara de Diputados ha puesto los primeros candados mediante reformas constitucionales y un “sistema de alertas” para impedir que gobernadores y presidentes municipales contraten deuda indiscriminadamente. La pregunta es ¿quién pagará la deuda de casi 435 mil millones de pesos? Una vez más serán todos los mexicanos quienes asuman con dinero público este compromiso.
Además, las autoridades estatales y municipales deberán hacer públicos todos los financiamientos y obligaciones crediticias de manera oportuna y transparente, a través de un registro público único.
Así, de acuerdo con los informes de la deuda pública de las entidades federativas y municipios que elabora la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), el saldo de las obligaciones financieras muestra desde la década de 1990 una alarmante tendencia al alza, pero a partir de 2007 ese crecimiento se volvió mucho más acelerado.
Entre 1993 y 2012, el saldo de las obligaciones financieras de las entidades federativas pasaron de 18 mil 278 millones de pesos a 434 mil 900 millones; es decir, en 20 años la deuda de estados y municipios creció cerca de 2 mil 400 por ciento.
Para llegar a esta información, las autoridades hacendarias tomaron como base el monto de las obligaciones financieras observadas en las entidades federativas del país, en donde los estados menos endeudados son Tlaxcala, Campeche, Baja California Sur, Querétaro, Colima y Tabasco, mientras que los más endeudados son el Distrito Federal, Nuevo León y el Estado de México; aunque hay que señalar que estos últimos tienen una deuda controlada, debido a que sus ingresos son los más elevados del país.
En el análisis del comportamiento de la deuda pública durante 2010, se observa que su incremento se asoció en buena medida a una política agresiva de contratación de créditos en ciertos estados de la República, de los cuales destaca Coahuila, cuyo gobernador era Humberto Moreira Valdez, quien incrementó su deuda al pasar de 1 mil 561.6 millones de pesos en 2009 a 36 mil 500 millones de pesos en 2012.
Algunos otros estados, como Morelos, Quintana Roo y Veracruz, también llaman la atención por el acelerado crecimiento de su deuda. Debe señalarse que, en términos de monto, el caso más alarmante es Coahuila y en éste los medios de comunicación han puesto toda la atención, pero se han olvidado de otros estados en donde el problema es casi igual: Veracruz, Quintana Roo y Sonora.
En el supuesto contrario se encuentra Campeche, que es la entidad con menor saldo registrado. Le sigue Tlaxcala, el cual de acuerdo con su legislación local, al cierre de cada ejercicio debe mantener en cero el saldo de sus obligaciones financieras, lo que obliga a las autoridades municipales y estatales a no endeudarse indiscriminadamente porque incurren en diversos delitos.
El importe de las obligaciones contraídas por una entidad no se constituye en un indicador relevante o único, ni debe considerarse exclusivamente para determinar la viabilidad o el riesgo que representa la deuda para una entidad de la República, sino que el análisis debe contemplar diversas variables que permitan ampliar el panorama y otorgar una visión clara y objetiva de la situación financiera de las entidades federativas.
A pesar de que algunas entidades como el Estado de México y Jalisco tienen elevados niveles de deuda, su situación es equilibrada al tomar en cuenta que ambas entidades han mostrado una tendencia moderada de crecimiento y que en relación con variables, como participaciones federales o su producto interno bruto, se ubican en niveles intermedios.
Por el contrario, hay entidades que incluso con pasivos inferiores tienen mayores presiones financieras. En este supuesto se encuentran Coahuila, con una deuda equivalente a prácticamente tres veces sus participaciones federales; Quintana Roo, 216 por ciento; Nuevo León, 168 por ciento, Chihuahua, 125 por ciento, y Michoacán, 105 por ciento.
Las autoridades señalan que sobre el particular se debería evaluar por parte de los órganos de fiscalización de las legislaturas locales el destino de los recursos captados por endeudamiento y verificar que su ejercicio se haya constreñido a lo señalado por la ley.
Ahora que el Congreso de la Unión legisló para establecer obligaciones en materia de transparencia de los financiamientos de corto y largo plazo que se contraten, también deberían hacerlo los congresos estatales. Éstos deben determinar topes en la autorización de garantías y fuentes de pago de los créditos contratados, y para que la Secretaría de Hacienda realice un mejor ejercicio de registro, control y transparencia de la información sobre la deuda de estados y municipios, que se había convertido en una información reservada y confidencial.
De acuerdo con otro informe trimestral sobre la deuda pública de entidades federativas y municipios que publica la SHCP, el saldo de las obligaciones financieras de los municipios en el segundo trimestre de 2012 ascendió a 44 mil 859.1 millones de pesos.
Dicho monto está compuesto de la siguiente forma: a la banca comercial le corresponde el 49.4 por ciento; a la banca de desarrollo, 42 por ciento; a las emisiones bursátiles, 2.9 por ciento, y a las Sofomes, Sofoles y acreedores diversos, el 5.7 por ciento.
Las entidades federativas con mayor monto de deuda municipal son Jalisco, con 8 mil 130.2 millones de pesos; Estado de México, con 5 mil 626.8 millones; Nuevo León, con 5 mil 237.1 millones; Baja California, con 4 mil 3.9 millones, y Veracruz, con 2 mil 840.8 millones. En conjunto estas cinco entidades abarcan el 57.6 por ciento del total de la deuda municipal de todo el país.
Lo deseable aquí es que la Auditoría Superior de la Federación revise si la deuda contraída por los municipios y los estados más endeudados fue invertida en beneficio de la población, pues mucho de ese dinero fue a parar a campañas políticas o simplemente sirvió para enriquecer a gobernadores, alcaldes y empresarios.
Las entidades con menor deuda municipal son Tlaxcala, con 62.5 millones de pesos; Hidalgo, con 112.5 millones; Zacatecas, con 130.8 millones; Campeche, con 133.4 millones, y Yucatán, con 147.4 millones.
Los municipios con mayor deuda al 30 de junio de 2012 fueron Guadalajara, con 2 mil 680.7 millones de pesos; Tijuana, con 2 mil 539.9 millones; Monterrey, con 2 mil 146.1 millones; Zapopan, con 1 mil 447 millones; Benito Juárez (Cancún), con 1 mil 365.9 millones; Nuevo Laredo, con 1 mil 114.7 millones; León, con 1 mil 14.7 millones; Mexicali, con 950.2 millones; San Nicolás de los Garza, con 901.8 millones, y Tlaquepaque, con 845 millones.
En conjunto, la deuda de estos 10 municipios representa el 33.5 por ciento de la deuda municipal de todo el país, y tres de estos municipios se ubican en Jalisco, dos en Baja California, dos en Nuevo León, uno en Quintana Roo y otro en Guanajuato.
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Brasil: Mensaje de las calles
Frei Betto
ALAI AMLATINA, 06/07/2013.- Las manifestaciones en las calles del Brasil traen de cabeza a los analistas y cientistas políticos. Dirigentes partidarios y líderes políticos se preguntan perplejos: ¿quién lidera ese movimiento si nosotros no estamos en él?
Recuerdo cuando dejé la cárcel a fines de 1973. Al entrar en ella, cuatro años antes, predominaba el movimiento estudiantil en la contestación a la dictadura. Al salir encontré un movimiento social -comunidades eclesiales de base, oposición sindical, grupos de madres, lucha contra la carestía- que me sorprendió. Desde lo alto de mi vanguardismo elitista me hice la pregunta: ¿cómo es posible si nosotros los líderes estábamos encarcelados?
Con esa misma perplejidad encaró Marx la Comuna de París en 1871; la izquierda francesa el Mayo de 1968; y la izquierda mundial la caída del muro de Berlín y la desintegración de la Unión Soviética en 1989.
“La vida sobrepasa a la idea”, decía mi hermano de hábito santo Tomás de Aquino en el siglo 13. Ahora aquí, en el Brasil, todos los liderazgos políticos encaran confusos y despechados las recientes manifestaciones de la calle. Con el mismo interrogante envidioso con que la izquierda histórica del Brasil miró el surgimiento del PT en 1980: ¿qué historia es ésa de que ahora los proletarios quieren ser la vanguardia del proletariado?
Históricamente éramos los líderes de la izquierda brasileña hombres oriundos de la clase media (Astrogildo Pereira, Mario Aves y João Amazonas), de los círculos militares (Prestes, Gregorio Bezerra, Apolonio de Carvalho) y de la intelectualidad (Gorender y Cayo Prado Junior). Marighella fue uno de los pocos líderes de las clases populares.
El mensaje de las calles es sencillo: nuestros gobiernos se alejaron de la base social. Para usar una categoría marxista, la sociedad política se divorció de la sociedad civil, peligro al que ya aludí en el libro “La mosca azul. Reflexión sobre el poder”, en el año 2005.
La sociedad política -ejecutivo, legislativo y judicial- se convenció de que representaba de hecho al pueblo brasileño y mantenía bajo control a los movimientos representativos de la sociedad civil, como sucede hoy con la UNE y la CUT.
No sólo de pan vive el hombre, indicó Jesús. Aunque diez años de gobierno del PT hayan mejorado las condiciones sociales y económicas del país, el pueblo no vio saciada su hambre de belleza (educación, cultura y participación política).
El gobierno del PT optó por una gobernabilidad asegurada por el Congreso Nacional, en el que todavía perduran los “300 pícaros” denunciados por Lula. Se despreció la gobernabilidad apoyada en los movimientos sociales, como hizo Evo Morales, con éxito, en Bolivia.
De ese modo nuestro gobierno poco a poco perdió los anillos para conservar los dedos. Creyó que todo permanecería como antes en el cuartel de Abrantes. Sea porque la oposición está deteriorada por sus propios pleitos internos, sea porque considera a Eduardo Campos y a Marina Silva meros instrumentos de ensayo.
Lo que ni la Abin (ojos y oídos secretos del gobierno) previó fue el súbito tsunami popular invadiendo las calles del país en pleno período de la Copa de Confederaciones, cuando se esperaba que todos estuvieran con su atención puesta en los juegos.
Ahora el gobierno inventa el discurso de que sin partidos no hay política ni democracia. Pero basta con una hora de clase de enseñanza media para aprender que la democracia nació en Grecia muchos siglos antes de la era cristiana y mucho antes aún de la aparición de los partidos políticos.
Hoy la mayoría de los partidos niega la democracia al impedir un gobierno del pueblo con el pueblo. No basta con pretender gobernar para el pueblo y ya considerarse demócrata. El pueblo en las calles exige nuevos mecanismos de participación democrática, mientras manifiesta su desconfianza en los partidos. Éstos están obligados a renovar sus métodos políticos o serán atropellados por la sociedad civil.
He ahí el mensaje de las calles: democracia participativa, no sólo delegativa, o sea gobierno del pueblo con el pueblo y para el pueblo. Eso no es utopía, desde que no se considere modelo perpetuo el pluripartidismo y se admita que el régimen democrático puede y debe generar nuevos estilos de participación popular en las esferas del poder.
- Frei Betto es escritor, autor de “Calendario del poder”, entre otros libros.
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