Hoy hablo sobre el encuentro público que tendrán Calderón y su gabinete con representantes de la caravana por la paz con justicia y dignidad encabezados por Javier Sicilia, también hablo de la importancia de estar conscientes de que, para que una opción distinta a lo que actualmente nos gobierna, no basta con ganar las elecciones, si no que las victorias deben ser contundentes para evitar fraudes electorales, también hablo sobre los más de 18 mil millones de dólares "desaparecidos" del fondo para la reconstrucción en Irak, además comentamos sobre una "academia policial" que se está construyendo en Puebla, donde se cuestiona si terminará siendo una base militar estadounidense, y demás temas. Tuvimos la síntesis informativa y el comentario del Dr. Alberto Sladogna. Audio MP3 de este programa en http://t.co/2ZfUBjt No dejes de visitar http://www.tiraderodelbote.com . ¡Súmate a la camapaña de TIRADERODELBOTE, solo invita a 10 a visitarlo y a 5 a apoyar económicamente Noticias con El Bote.
martes, 21 de junio de 2011
Oficio de Papel
• Nueva disputa de Romero y “La Quina”
• La danza de miles de millones de pesos
• El pleito por 10 fideicomisos petroleros
• ¿Quién protege a Bernardo de la Garza?
Movidos por intereses económicos, en las últimas semanas dos enemigos irreconciliables tuvieron contacto a través de representantes y oficiosos que buscan destrabar y recuperar miles de millones de pesos guardados en 10 fideicomisos abiertos en la década de los 80 en instituciones bancarias, dos de ellas Banamex y Bancomer.
Se trata de dinero público que gobiernos priistas regalaban al Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana por convenios que hacía con la Dirección General de Petróleos Mexicanos (Pemex), en tiempos en que Joaquín Hernández Galicia “La Quina” era el mandamás de ese entonces poderoso gremio.
Varios negociadores intentaron reconciliar los intereses entre “La Quina” y el actual líder petrolero Carlos Romero Deschamps, enemistados de por vida por traiciones y acusaciones de corrupción entre ambos, pero al parecer el porcentaje que consideran les corresponde a cada uno de ese dinero salido de las arcas públicas, ha impedido llegar a un acuerdo que permita retirar de los fideicomisos miles de millones de pesos pertenecientes a los más de 100 mil trabajadores petroleros y quienes hasta ahora desconocen la existencia de esa fortuna que está oculta y que ha sido bien aprovechada por la banca ahora en manos de extranjeros.
El primero que hizo contacto con representantes de “La Quina” para tratar de recuperar dichos fondos fue Ricardo Aldana, ese exdiputado priista y empleado de Romero Deschamps como tesorero del STPRM, quien también estuvo vinculado con el desvío de dinero para la campaña a la Presidencia de la República de Francisco Labastida Ochoa, en aquel caso de corrupción conocido como Pemexgate y que fue negociado por el entonces presidente Vicente Fox para que el PRI aprobara en el Congreso alguna de sus reformas políticas.
Aldana intentó recuperar para su jefe Carlos Romero el dinero que el Sindicato Petrolero mantiene guardado desde hace tres décadas en diversos fideicomisos bancarios y que no ha podido retirar porque quien firmó en su momento los documentos fiduciarios fue Joaquín Hernández Galicia y ahora los mañosos bancos han visto este pleito entre los dos dirigentes petroleros como una oportunidad para apropiarse de dichos fondos multimillonarios.
Cuando Aldana buscó a “La Quina” a través de terceros, el exlíder petrolero les planteó que aceptaba otorgar su firma para liquidar los fideicomisos y recuperar el dinero siempre y cuando el 80 por ciento de los casi 5 mil millones de pesos, es decir 4 mil millones, le fueran entregados a él, lo que de inmediato fue rechazado por Romero Deschamps y su empleado Ricardo Aldana, quienes pretenden apropiarse de dichos recursos bajo el argumento de que “todo pertenece al Sindicato y a los trabajadores que representamos”. Aunque ambos reconocen que para retirar los fondos necesitan el aval de “La Quina” o sentarse a esperar a que el viejo líder petrolero fallezca y en automático el actual representante sindical pueda hacer uso del dinero.
Desesperados por apropiarse de los fideicomisos, Romero y Aldana echaron manos también del despacho de abogados del otrora llamado “Jefe” Diego, el cual entró al quite a través de su empleado el exprocurador general de la República, Antonio Lozano Gracia. Como dicen, no hay negocio multimillonario en México en donde no participe la asesoría e intermediación del viejo líder panista.
Pues según declaraciones hechas a esta columna por el exsecretario general del gremio petrolero, Lozano Gracia junto con Aldana ha intervenido en las negociaciones con “La Quina”, a quien Romero Deschamps habría intentado sobornar con una maleta de dinero, pero Hernández Galicia no la aceptó porque pretendían que les firmara de “recibido”.
¿Cuánto dinero era Don Joaquín?
–No lo se, porque nunca abrí la maleta. Pero sí la tuve enfrente y quien me la llevó fue Aldana y Lozano, quien me pidió firmar unos documentos.
Como tampoco funcionó esa intermediación, otro priista de oscuro pasado y exgobernador de Guerrero, Rubén Figueroa, se reunió por separado la semana anterior con ambos dirigentes petroleros y trató de mediar en la recuperación de los recursos. Esta vez, el problema para alcanzar un acuerdo económico es que Figueroa exigía el 50 por ciento del total de los fondos guardados en los fideicomisos petroleros, lo cual fue rechazado por “La Quina”, quien insiste en que a él le corresponde el 80 por ciento, mientras que Romero Deschamps quiere quedarse con todo.
Apenas este fin de semana pasado, el dirigente petrolero dio prácticamente por muertas las negociaciones con “La Quina” y dice que se ha retirado de la mesa porque es imposible hablar con el viejo líder, quien por su lado no baja de corrupto y de “gato” del gobierno a Romero Deschamps.
Mientras los insultos van y vienen entre “La Quina” y Romero, lo único cierto es que en esos fideicomisos hay miles de millones de pesos que salieron de las arcas de la principal paraestatal del Estado mexicano y que ahora los bancos se niegan a reconocer la existencia de dichos fondos y aprovechan el pleito intergremial para apropiarse de los recursos millonarios.
¿Quién protege a Bernardo de la Garza Hesles?
Inexplicablemente, el abogado Bernardo de la Garza Hesles, egresado del ITAM, sigue ocupando puestos relevantes en el organigrama de Petróleos Mexicanos (Pemex). Su curriculum destaca que fue a través de la bolsa de trabajo de su universidad, como logró llegar a Petróleos Mexicanos Internacional (PMI) y, tras 18 años de trayectoria, convertirse en director Comercial del organismo que se encarga de las operaciones internacionales de la paraestatal. Podría parecer todo un ejemplo de meritocracia.
De la Garza Hesles trabajó directamente con Rocío Cárdenas Zubieta, funcionaria que es investigada por la Secretaría de la Función Pública (SFP) por el caso de una supuesta malversación de fondos. Según la Contraloría Interna, Cárdenas estaría involucrada en la contratación irregular de un estudio utilizado en la defensa de su exsubordinada y “amiga” Karen Miyasaki, acusada de defraudar por 13 millones de dólares al erario, sujeta a proceso penal e inhabilitada de la función pública.
El análisis, que costó 21 mil 500 dólares, habría sido adjudicado a PIRA Energy ex profeso para “justificar” compras irregulares de combustibles. La SFP también indaga todos los esquemas vigentes en la filial de Pemex para adquisición de combustóleo, diésel y gasolinas en el mercado internacional, en donde, por supuesto, Bernardo de la Garza Hesles tendría que rendir cuentas como responsable de la Dirección Comercial de Crudo. Sabemos de buena fuente, que pronto habrá noticias sobre esto y en donde más funcionarios de Pemex tendrán que rendir cuentas con la justicia.
Una investigación de la reportera Nancy Flores publicada en Contralínea, también ubica a De la Garza Hesles entre los funcionarios que, según la Auditoría Superior de la Federación, tarde o temprano tendrán que explicar al Poder Legislativo la decisión de no reportar las ganancias de las empresas “privadas” de Pemex y, por consiguiente, de manejar miles de millones de pesos al margen de la hacienda pública. Esa es una responsabilidad que recae enteramente en funcionarios de PMI Comercio Internacional.
Entre los funcionarios se encontraría María del Rocío Cárdenas Zubieta y, por supuesto, De la Garza Hesles, como exdirector comercial de Petróleo Crudo y miembro del Consejo de Administración de Pemex Internacional España, según indica el historial mercantil de esa empresa, obtenido por Contralínea a fines de 2009 en el Registro Mercantil de Madrid. El mismo historial da cuenta de otros dos nombres que, sin embargo, no figuran en los directorios de la paraestatal ni de sus subsidiarias: Raúl Fortunato Cardoso Maycotte e Ismael Hernández Amor.
Por eso, otra vez resulta inexplicable que De la Garza Hesles saltara –sin mayor problema y sin antes rendir cuentas de sus anteriores responsabilidades – a la Dirección de Pemex Refinación, en donde trabajadores y proveedores se quejan de los cambios y resultados en materia de productividad dentro del área.
Hasta la oficina del director general de Pemex, Juan José Suárez Coppel, ha llegado el cúmulo de quejas en contra de Bernardo de la Garza. Miguel Tame, director general de Pemex Refinación también está al tanto de la situación pero extraña que, hasta el momento, no tome cartas en el asunto y aumente la vigilancia sobre las actividades y decisiones del abogado egresado del ITAM en un momento clave para la filial de Pemex.
Resulta en este segundo semestre de 2011 inicia, bajo la nueva Ley de Petróleos Mexicanos – aprobada en 2008 –, una ronda de importantes licitaciones internacionales para renovar contratos dirigidos a cubrir servicios estratégicos en las siete refinerías de la paraestatal. Hasta donde sabemos, Tame le ha encomendado a De la Garza la fase operativa de estas licitaciones mientras aumentan las quejas en torno a su gestión y se temen nuevas irregularidades. De hecho, el diseño de las licitaciones ya ha provocado que muchos levanten la ceja y se pregunten si la elaboración del documento lleva dedicatoria.
Los mismos legisladores del PAN están sorprendidos con la manga ancha de la que goza De la Garza. En marzo pasado, el diputado José Luis Ovando del blanquiazul pidió a la Procuraduría General de la República (PGR) y a la SFP que investiguen la asignación sin licitación que se hizo de un contrato por más de 42 millones de dólares a la empresa estadounidense KBC Advanced Technologies Inc por parte de la Subdirección de Producción de Petróleos Mexicanos (Pemex) Refinación. El legislador asegura que cuenta con datos, cifras, documentos e informes sobre una serie de irregularidades que pide sean corroboradas por las autoridades de PGR y de la Función Pública, con el fin de deslindar responsabilidades por las irregularidades que se han descubierto en la operación de esa área de la paraestatal y que incluso han llevado a que Pemex resienta pérdidas en sus ingresos.
Por ello, la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados promueve que Bernardo de la Garza Hesles rinda ya un informe sobre la operación del área a su cargo y donde se han encontrado presuntas irregularidades, para empezar que se investigue a la firma inglesa KBC Advanced Technologies Inc, que recibió un contrato de 42 millones de dólares por asesoría.
El sustento legal de ese contrato aún se encuentra en tela de juicio, porque además el área a cargo de Bernardo de la Garza registró ingresos menores de hasta 1.40 dólares por barril de petróleo desde la llegada de este abogado.
No sólo eso, en lo que va del presente año se han procesado un millón 237 mil barriles diarios, de los cuales sólo se han elaborado 424 mil barriles diarios de gasolinas, 341 mil de destilados intermedios, 322 mil de combustóleo y 149 mil de diversos.
Lo anterior se traduce, en que se han dejado de producir 136 mil barriles por día de productos, con respecto a la meta fijada para 2010, que era de un millón 373 mil barriles de productos, y 116 mil barriles con respecto a 2009, lo que demuestra un aumento de gasolinas y de petrolíferos en general.
En resumen, dicen los trabajadores de Pemex, el peor año de producción en los últimos 10 años. No sólo eso, las refinerías bajo la responsabilidad de Pemex Refinación enfrentan una grave situación de mantenimiento que bien podría haberse mejorado con los 42 millones de dólares que De la Garza pagó por “asesorías” que aumentan la sospecha de que el abogado conoce poco del proceso de producción en estas plantas. Como trader en el mercado petrolero – con precios históricamente altos – dejó mucho que desear, ahora esperemos los resultados en Pemex Refinación.
La autonomía, una opción frente a la dinámica destructiva del capitalismo: John Holloway
PAULA CARRIZOSA
“Lo que pasó el 15 de junio en Atenas, cuando luego de tres semanas de organización la gente salió a las calles a señalar que no es bajo la lógica del capital, del Estado o de los partidos como se puede vivir, será recordado como lo que pasó en 1968, en México”, expresó el docente del Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades “Alfonso Vélez Pliego” de la Universidad Autónoma de Puebla, John Holloway, tras presentar el libro Pensar la autonomía, en el que 14 expertos ensayaron sobre esta forma de estructura social que ha tenido su auge en los últimos 20 años.
En uno de los patios interiores de la Casa Amarilla, el fin de semana se presentó este texto editado por Jóvenes en Resistencia Alternativa (JRA) un colectivo de la ciudad de México que ha abordado desde el aspecto teórico y el práctico, a esta alternativa social, política y productiva.
Los ensayos fueron realizados por Ana Esther Ceceña, Raúl Zibechi, Raquel Gutiérrez Aguilar, Gilberto López y Rivas, Massimo Modonesi, Claudio Albertani, Benjamin Arditi, Ezequiel Adamovsky, Francisco López Bárcenas, Gustavo Esteva, Hernán Ouviña, Mabel Thwaites, Sergio Tischler y John Holloway, quienes revisaron las posibilidades de que la autonomía se convierta en un modelo capaz de reproducirse a nivel macro, no sin dejar a un lado sus contradicciones.
Durante su intervención, Holloway señaló que a la autonomía debe considerársele como un desafío, una forma de salir para todos aquellos que “están atrapados en una dinámica de muerte” como es el capitalismo.
Este sistema político, social y económico, afirmó, es una expresión de la injusticia, la explotación, la disolución, la destrucción de la vida y la sociedad, que se refleja en situaciones como la violencia o el suicidio. “El capitalismo es peor que la cárcel, ya que se convierte en un estado estático”, reflexionó.
Holloway dijo que no sólo es la consecuencia de los gobiernos, sino del uso del dinero. Lo primordial, continuó, es saber cómo se terminará con esa estructura económica. “El dinero es lo que nos resume como sociedad, y nos atrapa en una dinámica que nos destruye”.
“¿Cómo romper esta dinámica que cada vez es más agresiva?”, preguntó el autor del libro Cambiar el mundo sin tomar el poder(2005).
Respondió que hay dos formas: la primera se realiza cuando la gente se reúne para escuchar y debatir sobre el tema, mientras que la otra se cumple cuando “alguien niega el dominio del poder, y crea”.
“Vamos a decir no, vamos a hacer las cosas y a terminar con la lógica avallasadora del capitalismo, asumiendo nuestra responsabilidad y nuestra humanidad”, aseveró el experto.
Recordó que lo ocurrido en Grecia, la organización social y la forma en que la gente dijo que no a la política económica que propuso el gobierno, es un ejemplo de la “impresionante fuerza que tiene la palabra no, y de lo importante que es decir que hay otra forma de vivir”
Fuente: La Jornada de Oriente
Poiré, su tercer ridículo desmitificador
LEOPOLDO GAVITO NANSON - LUNES, JUNIO 20, 2011
El secretario técnico del Consejo de Seguridad Nacional, Alejandro Poiré, ofreció en mayo una muestra de su singular comprensión de las cosas. Criticó los narcocorridos porque “encumbran a los más perversos ejemplares de la violencia delincuencial, capaces de masacres inhumanas”. Profundo, en mayo 19 el doctor Poiré se preguntaba: “¿Debemos o no preocuparnos si nuestros jóvenes en Sinaloa cantan, bailan y se divierten al ritmo de esta música? ¿Acaso no merecen esos videos y canciones el repudio pleno de todos quienes aspiramos a un México de seguridad y justicia?”. Un día después, el viernes 20 de mayo, Alejandro Poiré respaldó la iniciativa del gobernador de Sinaloa para prohibir los narcocorridos en lugares públicos. Arguyó que “no es un tema de censura, porque no es un tema de moral”.
El doctor Poiré no entiende o simplemente desconoce el concepto censura. Es verdad que se puede censurar por motivaciones morales, pero no es ésa la característica que define a la censura como tal. Censura es la intervención que hace un gobierno para dictaminar qué se publica o no de un escrito o una obra. Es un acto de autoridad gubernamental. La asociación de la censura sólo motivada por la moral que hace el señor Poiré deriva de la idea fija del papel de censor de la Iglesia católica durante la Contrarreforma y su posterior desempeño durante la Colonia. Es una idea equivocada. La censura es un acto gubernamental que suprime, sea por razones morales o políticas, la expresión de un algo. Hasta la Constitución de 1857, Iglesia y gobierno eran la misma cosa. Si el doctor Poiré entiende la censura exclusivamente como un acto de moralidad comete un error suficientemente significativo como para dudar de su capacidad en la tarea que le asignaron.
En fin. Poiré aborda el tercer argumento desmitificador con la idea de probar que es falso que la estrategia de seguridad detone sistemáticamente la violencia. Lo hace sobre la cuestionable base de echar la culpa a otros: “Las causas de la violencia criminal anteceden a esta administración (...) El problema creció frente a una autoridad que en el mejor de los casos se mostraba incapaz de cumplir con su obligación”. Una idea a la que el gobierno federal recurre repetidamente. Reprobable costumbre de lavarse las manos por el desastre desatado. Es verdad que las causas pueden ser previas, pero la violencia escala en este gobierno, a niveles demenciales, una auténtica crisis humanitaria.
Para probar su dicho que no son las fuerzas federales las que “desatan sistemáticamente la violencia”, Poiré elaboró una tabla en la que listó 10 casos donde algún conspicuo criminal ha sido detenido, “abatido”, o ejecutado. Pese a la profusión de “notas metodológicas”, el doctor no se molesta es desagregar con claridad el matiz que diferencia ser “abatido” o del ser “ejecutado”. Puede suponerse con verosimilitud, sin embargo, que la diferencia la determina la condición del homicida. Si son federales, el muerto es abatido; si son criminales, entonces el muerto es un ejecutado.
De los 10 casos listados hay cinco detenciones, cuatro “abatimientos” y una ejecución. Y dice textual Poiré: “Tomando en cuenta el número de homicidios por rivalidad delincuencial (!) en el contexto de ejecuciones (!!), registrado seis meses antes y seis meses después de la neutralización de los líderes criminales seleccionados, éstos son los resultados” (aquí la tabla).
En dos de los casos Poiré dice que hubo disminución “de la tendencia de homicidios” posteriores a la detención, abatimiento o ejecución; en cinco de ellos aumentó la violencia y en tres “no hubo cambio perceptible”. La afectada floritura del lenguaje empleado y el esfuerzo por encontrar el eufemismo son casi emocionantes.
Luego, en lo que pretende ser una sumatoria, el doctor ofrece una descripción con tal nivel de desagregación que es imposible concluir tendencias generales. O Poiré ostenta un inmerecido doctorado, o pretende manipular. En cualquier caso su tren argumental no resiste la primera lectura.
Con base en ignota metodología afirma que “por lo tanto, no hay fundamento que permita asegurar de manera sistemática que las detenciones o abatimientos de liderazgos criminales detonen la violencia”. Lo que el doctor seguramente quiere decir es que no hay fundamento que permita asegurar que las detenciones, de manera sistemática, detonen la violencia. Pero su sintaxis o la de sus amanuenses son perfectibles. También lo son sus habilidades para la abstracción aritmética. En números reales cinco siempre es mayor que tres y desde luego que dos. Si su tabla de “elaboración propia” dice que la violencia aumentó en cinco casos, en dos disminuyó y en tres no hubo cambio, no se precisa de un posgrado en el extranjero para observar ahí que la tendencia dominante es hacia el aumento de la violencia. Afortunadamente el posgrado de Poiré es en Ciencia Política, no en contabilidad o administración.
Dice el exégeta gubernamental que “no hay un patrón claro que establezca la inhabilitación de un líder criminal por la acción de las fuerzas federales como un factor que incremente sistemáticamente los niveles de homicidios o el ritmo al que éstos crecen”. No tiene desperdicio. Frente a más de 40 mil muertes violentas, la degradación de la convivencia social y de las instituciones, la precisión es irrelevante. Por lo demás, basta recordar la bacanal de asesinatos y escenas macabras en Cuernavaca cuando Arturo Beltrán Leyva fue “abatido”, y de quien el buen doctor en sus concusiones dice que la “tendencia creciente de los homicidios no se mantiene posterior a los asesinatos”.
Poiré parece desconocer los señalamientos recientes de Human Rights Wacht (HRW) en la ONU respecto a México hechos en marzo de este año y también del año pasado. Torpeza abrumadora. O el doctor no tiene el hábito de leer periódicos, o lo tiene pero es manipulador y falaz. En cualquier caso, lo uno no excluye lo otro.
Ambicioso, o presa de un arrebato de inspiración, el doctor nos regala otra perla. Una suerte de apostilla entre argumentaciones desmitificadoras: La institucionalización de los derechos humanos en las fuerzas armadas. Estas son algunas de sus frases: “cambio sin precedentes en la cultura democrática de las fuerzas armadas (…) reflejado en la labor que día con día realizan por respetar y promover los derechos humanos de la ciudadanía; “parte de las transformaciones institucionales de fondo que esta Administración impulsa en materia de seguridad y justicia”; “las fuerzas armadas no solamente se profesionalizan en tareas operativas y de inteligencia; sino en servir y acercarse a la ciudadanía a partir del respeto y la promoción a sus derechos fundamentales”. No tiene desperdicio… ni madre.
Habría que oír lo que tienen que decir los familiares de Ernestina Ascencio y las de los dos preparatorianos acribillados por soldados en San Luis Potosí; o los dos niños asesinados por militares en Tamaulipas al cruzar un retén porque soldados del Ejército mexicano dispararon y arrojaron granadas de fragmentación contra una camioneta en la que viajaban dos familias. Martín y Bryan Almanza Salazar, de 9 y 5 años de edad resultaron muertos y dos adultos heridos, el Ejército hizo el intento de encubrir al hablar de “fuego cruzado”.
O los familiares de cinco personas acribilladas (dos niños) en un retén instalado en la comunidad Los Alamillos, Sinaloa, en 2007. O los familiares de Vicente de León Ramírez, a su hijo Alejandro Gabriel, de 15, sobre la autopista Monterrey-Nuevo Laredo, muertos por soldados de la séptima zona militar; o el de los dos estudiantes de doctorado en el Tec de Monterrey asesinados dentro del campus por soldados y sobre quienes se hizo el intento de hacerlos pasar por criminales… por mencionar sólo algunos de los imperdonables casos a los que el cretinismo gubernamental llama “incidentales”.
*Es Cosa Pública
Fuente: La Jornada de Veracruz
SLP no está exento de problemas como los que vive Ciudad Juárez: Faz Mora
HUGO LAUSSÍN
“El abandono físico y social de los gobiernos provoca que crezca la delincuencia organizada”, consideró el activista Martín Faz Mora, quien además señaló tras su visita a Ciudad Juárez en la caravana de Javier Sicilia, que San Luis Potosí cómo aquella entidad, no está exento de los actos delictivos, “pues ya existe un alejamiento de las autoridades del tejido social, de por sí ya dañado”.
Faz Mora, tras su visita a Ciudad Juárez, indicó que volvió con una perspectiva nueva de la situación que se vive en aquella entidad, pues “la gente siempre cree que el narco llegó y se apropió de Ciudad Juárez, cuando no es así, sino que el abandono del gobierno causó que los habitantes comenzaran a articularse en el fenómeno del crimen organizado”, indicó.
“En la zona más conflictiva de Ciudad Juárez, no se construyó una preparatoria en 30 años, así como tampoco había parques o lugares para que la comunidad se reuniera, en este abandono de las autoridades llegan organizaciones vinculadas al narco y empiezan a generar una rearticulación, donde se empiezan a controlar los modos, por ejemplo, si había un robo, las personas se acercaban al narco y éstos obligaban incluso a los ladrones a devolver las cosas a los afectados”, indicó.
El conflicto grave inició cuando otro grupo delictivo llegó a querer la plaza e iniciaron los ataques, pero lo más grave, indicó Faz Mora, “es que la percepción de la propia población juarense, es que el grupo que llegó vino acompañado de la aceptación del gobierno federal”.
-¿Cómo fue la llegada del narco?
“Llegó con una cultura barrial, misma que fue aceptada por las autoridades locales, el mismo narco se empezó a poner a las órdenes de las personas, sin embargo, después se empiezan a generar fenómenos de corrupción con las autoridades locales, al menos en ciertas zonas, el narco fue el gobierno para la población”, señaló.
-¿Trasladando ese escenario a San Luis Potosí, podría darse un fenómeno similar?
Se da un escenario en el que podría repetirse lo que pasó en Ciudad Juárez, más con el abandono del gobierno sobre sus responsabilidades.
“La ausencia del gobierno es una ausencia que cada vez es más notoria, pues el modelo económico basado en abandonar sus responsabilidades como por ejemplo, el agua, la basura, los estacionamientos… (las concesiones aquí en el estado) son formas de abandono del estado”.
“Este modelo económico está basado en la teoría de que la iniciativa privada va a entrar al quite, sin embargo, ésta sólo le va a entrar a lo que es negocio, por lo que las colonias periféricas y los pobres no son negocio para los empresarios, y sí lo son para el crimen organizado que encuentran ahí un espacio”.
- ¿Sobre lo que señaló Javier Sicilia del riesgo de un estallido social?
“El tejido social está completamente desgarrado y eso puede ser un preámbulo para el estallamiento social, sin embargo, puede ser explosivo o implosivo, pues también la sociedad podría optar por guardarse lo malo”, señaló.
Faz Mora detalló que una forma de implosión es la que se está dando con el fenómeno de que las personas afectadas por el crimen organizado y común, presentan una demanda, y ante el temor fundado de colusión entre el crimen y autoridades, “los que denunciaron ya no le dan seguimiento y se echan para atrás en su denuncia”.
Sicilia en Ciudad Juárez
- ¿Cómo fue su percepción como activista junto a Javier Sicilia en Ciudad Juárez?
“Realmente la sociedad de Juárez está herida y no nada más los activistas, sino la población en general, fue impresionante ver cómo llegaban las familias con las fotografías de sus hijos, hijas, parientes, que han sido asesinados, ya sea abatidos por las autoridades o por el crimen organizado”.
“Los testimonios de la angustia de las familias al acudir a las autoridades y que éstas les digan que no pasa nada, que se está investigando y pasan los años y no hay respuesta”.
- ¿Ciudad Juárez es…?
“Ciudad Juárez es una ciudad sórdida, es un fenómeno curioso, porque vas atravesando avenidas largas y anchas y no ves nada, aunque hay muchas maquilas se ven desiertas porque las personas están adentro, es una ciudad fantasmagórica y no se diga de noche”.
- ¿Qué sigue luego de la Caravana por la Paz y la Justicia?
“Uno de los actos que seguirá al movimiento es un memorial, además de una indagatoria a las autoridades para ver qué seguimiento se le ha dado a las denuncias que recibió Javier Sicilia”.
- ¿La seguridad dada a la caravana, fue petición del propio Sicilia?
“No, el gobierno federal no le preguntó al poeta, desde luego había mucho interés de las autoridades en que la caravana no fuera víctima de algún atentado, pues se sabía que había agentes interesados en dañar la caravana o a Javier Sicilia, pues como lo señaló el poeta, se trataba adentrarse al epicentro del dolor en México”.
“Sin embargo la mejor protección es que fue un movimiento visible, no clandestino, pues venir con dos camiones llenos de prensa nacional e internacional protege a los activistas”, indicó.
“Los que sí se solicitó fue que la presencia de los agentes de seguridad fuera discreta, sin embargo, en Ciudad Juárez sí hubo momentos de tensión al estar presentes agentes federales, pues estos sí son un agravio para los juarenses”.
Sobre el llamado de Sicilia a la resistencia civil pacífica, Faz Mora consideró que “la agenda de exigencias no puede ser tomada en cuenta por las autoridades si no es acompañada por acciones ciudadanas”.
-Volviendo a las actividades en Ciudad Juárez…
“Definitivamente la caravana quedó rebasada por la enorme cantidad de denuncias y la participación de la ciudadanía, algunas predicciones metodológicas, se vieron superadas, pero el asunto es que el movimiento está formándose así, paso a paso”, finalizó Faz Mora.
Fuente: La Jornada de San Luis
Emiten ONG alerta por la desaparición de López Ortiz
Apremian a la Coddehum a tener un papel más activo en la defensa
CITLAL GILES SÁNCHEZ
Chilpancingo, 19 de junio. Las organizaciones Article 19 y el Centro Nacional de Comunicación Social (Cencos) emitieron una alerta por la desaparición del jefe de información del periódico Novedades Acapulco, Marco Antonio López Ortiz, quien desapareció el 7 de junio.
En la alerta emitida a través de la Campaña Permanente de Protección a Periodistas en México, Cencos y Article 19 lamentaron que desde que sus captores se llevaron al periodista, la noche del martes 7 de junio, no hay noticias sobre su paradero.
Ambos organismos dedicados a la defensa de la libertad de expresión indicaron que el caso de López Ortiz se suma “a la larga lista de agravios contra de periodistas y medios de comunicación en Guerrero”, con lo que coloca al estado como uno de los más peligrosos en el país para ejercer el oficio periodístico.
Recordaron que en 2009 asesinaron a los periodistas Jean Paul Ibarra Ramírez y Juan Daniel Martínez Gil; mientras que el año pasado fueron asesinados Jorge Ochoa Martínez, Evaristo Pacheco y Juan Francisco Rodríguez Ríos.
Ese mismo año, indicaron, el periódico El Sur sufrió un atentado a manos de un grupo de desconocidos que dispararon contra las instalaciones del rotativo en Acapulco y que a decir de los organismos, “el personal continúa siendo amenazado hasta la fecha”.
Lamentaron que todos estos casos de asesinatos y ataques a los medios de comunicación en Guerrero queden “en completa impunidad”.
Ambas organizaciones llamaron a las autoridades del gobierno del estado a que tome las medidas necesarias para investigar el paradero de López Ortiz y castigar a los responsables así como a los culpables de los demás hechos lamentables.
De igual forma, apremiaron a la Comisión Estatal de Defensa de los Derechos Humanos (Coddehum) a que tenga un papel “más activo” en defensa de los derechos, pues consideraron que hasta el momento “es insuficiente que su actuación se limite a pedir ‘que se respete la vida del reportero”.
“Article 19 y Cencos hacen un llamado al gobierno encabezado por Ángel Aguirre para que realice las diligencias necesarias para dar con el paradero de Marco Antonio López Ortiz y solicitamos que el ejercicio periodístico de López Ortiz y del periódico Novedades Acapulco sea incluido como una de las líneas de investigación en la averiguación previa”, indicaron.
Además hicieron un llamado a la Coddehum para que de acuerdo a sus facultades de seguimiento puntual a las acciones de localización e investigación de los hechos.
Fuente: La Jornada de Guerrero
Piden a Blake que garantice trabajo de derechos humanos
HÉCTOR BRISEÑO
Organizaciones internacionales de Derechos Humanos solicitaron al secretario de Gobernación, José Francisco Blake Mora, garantías de seguridad para defensoras y defensores de derechos humanos del estado, luego de que el centro Tlachinollan reabriera su oficina en Ayutla el pasado 16 de junio. Dichos organismos manifestaron su interés en el cumplimiento de las medidas provisionales de Fernández Ortega, ordenadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos al Estado mexicano desde abril del 2009, así como salvaguardar la integridad y seguridad de 107 defensores y defensoras de Tlachinollan, la Organización del Pueblo Indígena Me’phaa (OPIM) y la Organización para el Futuro del Pueblo Mixteco (OFPM).
Fuente: La Jornada de Guerrero
Derechos humanos y acceso a Internet
FRANCISCO MORELOS BORJA
"La tecnología será un patrimonio universal como hoy lo es el arte”
Fumio Harashima
Hace unos días la Organización de las Naciones Unidas (ONU) proclamó que debe considerarse el acceso a Internet o ciberespacio un derecho humano.
Antes de abordar específicamente esta cuestión, como preámbulo conviene resaltar la importancia de la recién aprobada reforma constitucional precisamente en materia de derechos humanos. Las razones para esta satisfacción son varias, pero sin duda, lo más trascendente y valioso que encierra esta actualización es la nueva forma jurídica de concebir los derechos humanos, esto es, pasar de un abordaje positivista en que los derechos humanos consisten en una concesión graciosa del estado –y que, por tanto, así como los da los puede quitar- a una visión humanista donde por naturaleza el Estado le reconoce una dignidad inalienable a toda persona, lo que nos hace a todos merecedores indefectiblemente de derechos. Se armoniza así la Constitución con la definición que sobre los derechos humanos hace la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH): “Prerrogativas inherentes a la naturaleza humana, que permiten a las personas vivir con dignidad en sociedad”. No es asunto menor reconocer la preeminencia de la dignidad de las personas por encima de cualquier otra realidad en el mundo. Esta es la base de las propuestas filosóficas y sociológicas realmente humanistas.
El pronunciamiento de la ONU sobre considerar el acceso al Internet un derecho humano nos invita a compartir algunas cuantas reflexiones. Tal propuesta tiene como origen un informe especializado en materia de investigación y evaluación de nuevas tecnologías en relación con la libertad de opinión y expresión donde fundadamente se concluye que en la actualidad una herramienta de enorme valor para el ejercicio pleno de estos derechos lo constituye el poder estar presente en la web, ya sea para “escuchar” o para “hablar” sobre cualquier tema o asunto de interés personal o general.
Se estima que el desarrollo científico tecnológico que significa la web permite que unos 2 mil millones de personas se conecten de manera inmediata y global a cualquier campo de actividad o conocimiento humanos, con flujos de información que pueden ser multidireccionales.
Es claro que los efectos del poder contar con este instrumento de forma personal o grupal no serán forzosamente benéficos ya que como todo medio puede usar con todo tipo de fines, sin embargo si se ha logrado establecer una correlación positiva cuando se valora el porcentaje de población que lo utiliza en una comunidad o en un país: a mayor uso mayor progreso.
El aprovechamiento de internet es variado destacando tres funciones: 58 por ciento lo usa para obtener información, un porcentaje casi igual para comunicarse y poco más de una tercera parte lo utiliza con fines educativos. Con mucha menor significancia también se satisfacen, por este medio actividades comerciales, operaciones bancarias, interacciones con el gobierno y otras actividades recreativas o de distracción. Como es lógico suponer, en la mayoría de los casos su uso abarca más de un objetivo.
Sin duda, México ha progresado y estamos mejor en muchos aspectos, incluyendo por supuesto el acceso a Internet; sin embargo, en este rubro aún nos encontramos en franca desventaja respecto de otras naciones y todavía falta bastante para amortiguar las desigualdades sociales. Son significativos los avances en años recientes pero aún insuficientes, por ejemplo pasamos del 5 por ciento de población usuaria de internet en el año 2000 al 34.8 por ciento en 2010, en estos últimos diez años los hogares que contaban con computadora de no llegar al 10 por ciento pasaron a casi el 30 por ciento; en el año 2000 unos dos millones de mexicanos podían usar internet en su casa, para el 2010 el 22 por ciento de los hogares mexicanos cuenta con este servicio, es decir unas 6.3 millones de viviendas, sin embargo todavía estamos bastante abajo de los países de la Organización para la Cooperación y el Crecimiento Económico (OCDE) donde 2 de cada 3 casas cuentan con internet.
Algo que representa una inconsistencia, y a la vez un agravio, es que con los niveles de pobreza que existen en nuestro país -aunque también estamos claramente mejor que en décadas pasadas- tengamos que pagar unas de las cuotas más altas por el servicio de internet ya sea contratándolo en paquete junto con el servicio de teléfono y televisión (triple play ofrecidos por Megacable, Cablevisión o Telmex) o ya sea por separado. En el primer caso somos el segundo país de los más de 30 de la OCDE en pagar más, solamente atrás de Nueva Zelanda, y si lo contratamos por separado también somos de los países más caros, el tercero, superados solo por Irlanda y Francia.
Esta realidad deja ver que aún nos quedan barreras por romper respecto a los mecanismos de dominación y de limitación de los derechos humanos, y esto debe ser una tarea, en el caso de internet como derecho humano, tanto para las autoridades gubernamentales que deben abrir y ajustar las reglas para que se dé una competencia más libre y equitativa, como para el sector tecno científico y empresarial que solidariamente con responsabilidad social hagan crecer los bienes y servicios que comercializan, todo esto de manera tal que el progreso esté más al alcance de todos y cada unos de los que vivimos aquí.
Fuente: La Jornada de Michoacán
Boletín de Democracy Now! en Español
20/6/2011
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Cherán
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UAM
Cierre
EL AYUNTAMIENTO DE CHILPANCINGO DEBE RESTITUIR EL MODULO DEL TADECO EN LA PLAZA CÍVICA DE CHILPANCINGO
CONFORME A LA RECOMENDACIÓN DE LA CODDEHUM, EL AYUNTAMIENTO DE CHILPANCINGO DEBE RESTITUIR EL MODULO DEL TADECO EN LA PLAZA CÍVICA DE CHILPANCINGO
El pasado lunes 13 de junio del presente año, la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos del Estado de Guerrero (CODDEHUM – GUERRERO), emitió la Recomendación 066/2011 dirigida al Presidente Municipal de Chilpancingo Héctor Astudillo Flores y a otros integrantes del ayuntamiento que preside, en la que se les recomienda, entre otras cosas, que en la próxima sesión de Cabildo “se dé a conocer la presente resolución instruyendo a quien corresponda inicie y determine el procedimiento administrativo que establece la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado, en contra de los CC. Jorge Adame Alarcón e Israel Najera Vega…” entre otros, por vulnerar los derechos humanos de los dirigentes de la organización hermana Calpulli Tecuanichan, un grupo de comerciantes desalojados de la Plaza Cívica y de nuestra asociación, el Taller de Desarrollo Comunitario y el Comité de Familiares y Amigos de Secuestrados, Desaparecidos y Asesinados en Guerrero.
Lo anterior es con motivo, en lo que respecta a nuestras organizaciones, de que el pasado 25 de febrero, las huestes del nada honorable ayuntamiento de Chilpancingo que mal gobierna Héctor Astudillo Flores, “se cubrieron de gloria” al desalojar nuestro Módulo de Información Cultura y Denuncia, después de que la policía municipal montó un operativo en la Plaza Cívica Primer Congreso de Anáhuac y en una acción violenta nos despojaron de nuestros materiales con más de 30 porros protegidos por más de 50 elementos policiacos dirigidos por Jorge Adame Alarcón, Director de Gobernación y Asuntos Políticos, Israel Alarcón Vega, Jefe del Departamento de Vía Pública y Bonifacio Montúfar Mendoza, Secretario de Seguridad Pública y Protección Civil.
Al respecto, la recomendación contempla que “…en la sesión de cabildo referida, se sirvan ordenar a quien corresponda, realice las acciones y medidas necesarias para hacer efectiva la restitución de los derechos violados a los CC. Francisco Javier Monroy Hernández y María de Jesús Cisneros Martínez, Coordinador General del Taller de Desarrollo Comunitario (TADECO) y Presidenta del Comité de Familiares y Amigos de Secuestrados, Desaparecidos y Asesinados en Guerrrero, quienes fueron objeto de violación a sus derechos de libertad de manifestación de ideas y a los derechos de los defensores de derechos humanos por el desalojo de que fueron objeto, debiendo informar a esta Comisión de las acciones y trámites hasta dar cumplimiento a lo antes recomendado”.
En el texto de la Recomendación, la CODDEHUM, se reconoce que los argumentos expuestos en su momento por el presidente municipal Héctor Astudillo, en el sentido de que en nuestro Módulo se realizaba “una vendimia” y se ejercía ambulantaje, no pudieron ser acreditados y confirma que se trataba de una manifestación pública y pacífica en defensa de los derechos humanos al demandar justicia para familiares de víctimas de la violencia social y reconoce que el material impreso y audiovisual se expendía mediante una cuota de recuperación para cubrir gastos de asesoría y apoyo a familiares del comité, sin que esto constituyera un acto de comercio.
Esta Resolución de la CODDEHUM refuerza nuestra lucha contra la impunidad y por la justicia a favor de las víctimas de la violencia en la entidad. El daño perpetrado por el presidente municipal Astudillo a nuestra actividad fue alevoso y ha sido contundente pues nos ha privado de recursos necesarios para nuestro trabajo, pero principalmente de la relación directa y permanente con una gran cantidad de guerrerenses que acudían diariamente a solicitar orientación y apoyo para la búsqueda de sus seres queridos. De igual manera nuestra contribución a los derechos a la información y a la cultura se ha visto seriamente afectada pues cortó de tajo y en base a un acto de criminalización, nuestra relación con cientos de estudiantes, maestros, trabajadores, indígenas y campesinos. Sin embargo no hemos cejado y con todo en contra, además del gobierno municipal, nos hemos mantenido con los medios a nuestro alcance.
El Presidente Municipal Héctor Astudillo tiene que responder el día de hoy 21 de junio al requerimiento y podrá hacer caso omiso, dar largas o eludir con nuevas medidas legaloides a la recomendación de la CODDEHUM; podrá mantener su arrogancia, indolencia y cómplice indiferencia hacia nuestra lucha; podrá sostener al grupo de delincuentes que tiene orgullosamente dentro de su equipo (como quedó demostrado con los agresores del dirigente del PRD Guillermo Sánchez Nava) y podrá seguir fomentando la impunidad con el apoyo de sus incondicionales grupos y socios de comerciantes y empresarios, pero lo que no podrá es esconder su incapacidad como gobernante, el engaño con que llevó al voto a un sector de ciudadanos chilpancingueños a los que ha defraudado al no cumplir sus compromisos de campaña ni resolver los principales problemas del municipio.
Tampoco podrá esconder su complicidad en los casos que reclamamos de desapariciones forzadas y asesinatos extrajudiciales de ciudadanos chilpancinguenses, al no intervenir siquiera ante las instancias de procuración y justicia a su favor, especialmente al haber encubierto a los policías municipales que en el trienio anterior encabezado por Mario Moreno Arcos, participaron en el asesinato del joven Roberto Arcos Catalán y a los que intervinieron en la persecución que le costó la vida al joven Carlos Edmundo López Parra y a los que increíblemente, en mayo pasado, “estuvieron ausentes” cuando fue asesinado Quetzatcóatl Leija Herrera a unos metros del Palacio Municipal.
Seguramente el Cabildo de Chilpancingo, sumiso e indolente se mantendrá callado y apegado a las decisiones de su Jefe y dejará en el limbo ésta recomendación. Nosotros seguiremos exigiendo justicia y castigo a los culpables de esta guerra absurda en contra de nuestro pueblo, seguiremos denunciando que no es solo Felipe calderón quien dirige esta guerra de locos, sino que tiene en cada gobierno estatal y municipal, independientemente de los partidos que lo integran, aliados incondicionales y que finalmente contra todo ese sistema que representan tenemos que dirigir nuestra lucha si queremos lograr la paz con justicia y dignidad en nuestro estado y en nuestro país.
Reconocemos la justa y valiosa intervención de la CODDEHUM.
Mañana vence el plazo para que Astudillo responda, pero no confiamos en que se apegue a la recomendación y nos haga justicia restituyéndonos nuestro Módulo.
Sabemos que la justicia solo se logra con memoria y no con resignación. Nuestra lucha por nuestros desaparecidos y asesinados continuará pues cada vez somos más y como dijimos cuando nos desalojaron: ¡Volveremos y seremos millones!.
COMITÉ DE FAMILIARES Y AMIGOS DE SECUESTRADOS, DESAPARECDIDOS Y ASESINADOS EN GUERRERO
TALLER DE DESARROLLO COMUNITARIO A.C.
Chilpancingo, Gro. a 20 de junio del 2011
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