jueves, 1 de abril de 2010
Noticiero SDP tarde 1-Abril-10
Anuncian arribo de 4 mil 500 policías federales a Juárez
La redacción
MÉXICO, D.F., 1 de abril (apro).- En los próximos días arribarán a Ciudad Juárez, Chihuahua, un primer contingente de los 4 mil 500 agentes de la Policía Federal que relevarán gradualmente al Ejército de la tareas de seguridad en esa ciudad fronteriza.
El vocero del Operativo Conjunto Chihuahua, Enrique Torres Valadez, explicó que trabajan a marchas forzadas a fin de que a más tardar a fin de mes esté habilitada la nave industrial ubicada sobre el boulevard Juan Pablo II, que será la base de operaciones de los policías federales.
En el lugar, agregó, estarán los uniformados que atenderán las denuncias anónimas y de ahí los policías se distribuirán hacia las zonas más conflictivas y realizarán patrullajes durante las 24 horas de día.
La llegada de los policías federales, añadió, será paulatino y primero serán capacitados por militares “para saber cómo atender una denuncia anónima”.
Ayer, la Secretaría de Gobernación (Segob) informó que a partir de este jueves comenzaría una nueva etapa en la estrategia del gobierno federal denominada "Todos somos Juárez, reconstruyamos la ciudad", en la que se mantendrá la presencia del Ejército pero se reforzarán las capacidades y responsabilidad de la Policía Federal, que a partir de la próxima semana asumirá la tarea de garantizar la seguridad pública en Ciudad Juárez, Chihuahua.
En un comunicado, la dependencia señaló que "el Ejército seguirá coadyuvando con las autoridades civiles en tales tareas y contribuyendo a fortalecer la estructura de seguridad pública en Ciudad Juárez, con el objetivo de que la policía municipal se fortalezca mediante acciones de depuración, reclutamiento, selección y capacitación en diversas áreas y especialidades".
Y apuntó que a partir de esta nueva etapa, y sin dejar de proporcionar el apoyo a la seguridad de la población juarense, ordenado por el Ejecutivo, los militares trasladarán de manera gradual la responsabilidad de las tareas de seguridad pública a las autoridades civiles, en principio a las federales, y gradualmente a las estatales y municipales, con objeto de que en el mediano plazo se restablezca plenamente en Ciudad Juárez la normalidad institucional.
Fuente: Proceso
Difusión: Soberanía Popular
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Desafíos claves para la libertad de expresión en América Latina y el Caribe
Difusión Cencos México D.F., 31 de marzo de 2010
Acción conjunta
IPYS / OLA / IFEX
Las organizaciones firmantes, integrantes de la Alianza Regional de organizaciones de IFEX de América Latina y el Caribe, reunidos en Lima, Perú, entre el 23 y 25 de marzo de 2010, para discutir y analizar la situación de la libertad de expresión en la región, expresamos nuestra coincidencia plena con la declaración conjunta, emitida en febrero de este año, por los Relatores de Libertad de Expresión en el mundo. En este contexto, manifestamos que pese a los avances democráticos en la mayor parte de los países, el ejercicio de la libertad de expresión y derecho a la información en la región se vulneran de manera constante mediante agresiones directas e indirectas a través de:
1. Mecanismos ilegítimos de control gubernamental sobre los medios de comunicación, que permiten la indebida injerencia de los gobiernos en los mismos, reflejados en el control político sobre los medios públicos, con el otorgamiento discrecional de licencias o la regulación de la radiodifusión, en el abuso en la distribución de la publicidad del Estado para influir en la línea editorial; la propiedad o control significativo de los medios por parte de líderes políticos o partidos; así como con procedimientos contra medios independientes basados en motivaciones políticas incluyendo el mantenimiento de normas obsoletas -como las leyes de sedición o la exigencia de la “veracidad” de las noticias- destinadas a criminalizar las críticas a los gobiernos.
2. Leyes penales contra la difamación, como las leyes de desacato o las que penalizan la calumnia y la injuria, suelen ser normas utilizadas con el fin de restringir la libertad de expresión. El abuso de estas herramientas jurídicas y la existencia de sanciones excesivamente severas, como penas de prisión o condenas en suspenso, deriva en la pérdida de derechos civiles que resulta violatorio de los derechos humanos.
3. La violencia contra periodistas, que continúa siendo una amenaza muy grave para la libertad de expresión. Particularmente, contra los periodistas que cubren problemas sociales, incluyendo crimen organizado o narcotráfico, que critican a las autoridades o a los sectores de poder, que cubren violaciones a los derechos humanos o corrupción, o que trabajan en zonas de conflicto. El número creciente de estas agresiones se mantienen en la impunidad y no se asignan recursos suficientes que permitan prevenirlas o – cuando se producen – investigarlas y judicializar a quienes las perpetran. Fenómeno que deriva muchas veces en la autocensura y, por tanto, en la afectación del derecho a la información de nuestras sociedades.
4. Límites al derecho de acceso a la información, pese a haber sido reconocido ampliamente como un derecho humano básico, la mayoría de los Estados en la región no ha aprobado leyes que garanticen su pleno respeto.
5. Discriminación en el ejercicio del derecho a la libertad de expresión, hacia los grupos históricamente menos favorecidos (mujeres, personas indígenas, entre otros grupos en situación de vulnerabilidad y otras minorías) que aún luchan para que se tengan en cuenta sus opiniones y para acceder a la información que les concierne. Entre las principales violaciones se encuentran los obstáculos a la creación de medios de comunicación para estas poblaciones, así como la reducida proporción de sus miembros en las redacciones de los principales medios, incluidos los públicos.
6. Presiones económicas que amenazan la capacidad de los medios de comunicación de difundir contenidos de interés público, a causa de la creciente concentración de la propiedad de los medios de comunicación, con graves consecuencias para la diversidad de fuentes y contenidos. La fractura del mercado publicitario y otras presiones comerciales llevan a los medios a tomar medidas de reducción de costos, que perjudica la cobertura de temas de contenido local, el periodismo de investigación y promueve el entretenimiento de bajo nivel intelectual. Todo esto acrecienta el riesgo de que los beneficios de la transición a las frecuencias digitales sean absorbidos en gran parte por los medios existentes, impidiendo una mayor diversidad y acceso de los medios de interés público.
7. Falta de apoyo a emisoras públicas y comunitarias, que pueden desempeñar un rol social importante pero que enfrentan obstáculos cada vez más frecuentes al financiamiento público y a la falta de reconocimiento legal específico con criterios adecuados en condiciones equitativas y democráticas que garanticen su desarrollo y eviten medidas discriminatorias técnicas o de sostenibilidad.
8. Uso del concepto de seguridad nacional para coartar la libertad de expresión, noción usada históricamente para imponer restricciones injustificadas a la libertad de expresión, bajo definiciones vagas y uso de términos como “apología” o “promoción” del terrorismo o la violencia.
9. Control gubernamental del uso de Internet, para controlar o limitar este medio de libre expresión ordenando el bloqueo de sitios Web, así como el hecho de que ciertas corporaciones proveedoras de servicios de búsqueda, acceso, mensajería, publicación, entre otros, no realizan esfuerzos suficientes para respetar el derecho de quienes lo usan para acceder a Internet sin interferencias, motivadas en razones políticas.
10. Acceso restringido a nuevas tecnologías de información y comunicación, tomando en cuenta que la mayoría de la población aún no tiene acceso a Internet, o lo tiene limitado, recortando su acceso a la información y espacios de expresión, los Estados siguen manteniendo estructuras de precios que imposibilitan el acceso de los sectores menos favorecidos a Internet y la omisión de extender la conectividad a todo el territorio, lo que deja a los usuarios rurales sin acceso.
En tal sentido resulta indispensable que los Estados garanticen plenamente el ejercicio de la libertad de expresión, pues sin esta condición, se atenta contra el ejercicio de otros derechos y de la democracia misma.
Lima, Perú 25 de marzo de 2010.
Sucre N° 317
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Observatorio Latinoamericano para la Libertad de Expresión
Lima Peru
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ARTICLE 19: Global Campaign for Free Expression
Asociación Mundial de Radios Comunitarias
Association of Caribbean Media Workers
Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo
Centro Nacional de Comunicación Social
Centro de Periodismo y Etica Publica
Centro de Reportes Informativos sobre Guatemala
Fundación para la Libertad de Prensa
Sindicato de Periodistas del Paraguay
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Fuente: CENCOS
Difusión: Soberanía Popular