Dip. Mario Di Costanzo
Dip. Gerardo Fernández Noroña
by politicaypoliticosmx
Fuente: Canal del Congreso
Difusión: AMLOTV
domingo, 1 de noviembre de 2009
Miscelanea Fiscal 2010 Enviada Del Senado 31 Octubre 2009 A La Camara De Diputados
Twitter - Presidente Legítimo de México
* En 1987, en la lista de los más ricos del mundo de la revista Forbes, sólo aparecía un mexicano; 6 años después, ya eran 22, con 44 mmdd
* En México, la riqueza de unos (pocos) se ha edificado condenando a otros (muchos) a la sobrevivencia, el destierro y la inseguridad.
*No sólo es teoría o ideologización. Es la realidad. Les contaré algunas breves historias sobre los privilegios fiscales de los potentados.
*En 2003, el banquero Roberto Hernández, uno de los mandamás de México llamó por teléfono desde Londres a la maestra Elba Esther Gordillo...Elba Esther Gordillo era entonces diputada y pronto se convertiría en coordinadora de los diputados del PRI. Parte de la conversación fue: Roberto Hernández (RH): Bueno, oye, te decía. Fíjate que lo de las reformas es muy importante...Elba Esther Gordillo (EEG): Impuestos, la laboral, ¿no?...RH: La laboral no tanto. Mira, yo diría que son impuestos y la parte energética. EEG: Ajá, muy bien.RH: Yo creo que esas dos... EEG: Que sacáramos adelante,¿verdad?...Y así se hizo.En 2005, el srio. de Hacienda, Fco. Gil, quien había sido empleado de RH en Avantel, promovió junto con el PRIAN una reforma fiscal...Como resultado, los potentados quedaron casi exentos del pago de impuestos. Por eso, en 2008, 400 corporativos contribuyeron con sólo 1.7%
Para que conozcas más al Presidente Legítimo de México Lic. Andrés M. López Obrador visita su twitter
Fuente: http://twitter.com/lopezobrador_
Difusión: AMLOTV
Sólo la unidad de las diversas fuerzas progresistas revertirá el deterioro del país: Taibo II y El Fisgón
Los colaboradores de La Jornada participaron en el foro por la universidad pública, en CU
Fuente: La Jornada
Difusión y fotografía: AMLO TV
Estudiantes acuerdan entregar resolutivos del encuentro a comisión legislativa el 12 de noviembre
ARTURO JIMÉNEZ
La verdadera unidad de las diversas fuerzas progresistas es fundamental para, de manera pacífica, revertir el deterioro general del país derivado del avance de los sectores políticos y económicos de derecha, coincidieron en señalar el escritor Paco Ignacio Taibo II y el caricaturista Rafael Barajas El Fisgón, quienes ayer sábado participaron como conferencistas invitados en el Foro Nacional por la Universidad Pública, la Ciencia y la Cultura.
Impulsado por la organización estudiantil Redes Universitarias, el foro comenzó desde el viernes en la Cámara de Diputados y concluyó ayer en Ciudad Universitaria, en el auditorio Alfonso Caso, donde los jóvenes delegados de varias universidades del país acordaron un resolutivo en el que demandan no sólo frenar la propuesta de recorte de 6 por ciento al presupuesto para educación superior pública, sino aumentarlo.
Los estudiantes acordaron rechazar el recorte al presupuesto educativo, a la ciencia y a la cultura, conformarnos en Coordinación Nacional de Estudiantes, consolidar un Congreso Nacional de Estudiantes, solicitar una cita para el jueves 12 de noviembre a la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados para entregar los resolutivos del foro y organizar una caravana cultural en el recinto legislativo, foros en todas las universidades donde sea posible, el 10 de noviembre, invitando a artistas y a la Academia Mexicana de la Ciencia.
Dijeron que luchar por la defensa de la educación pública y por el incremento al presupuesto de las universidades, no es sólo una tarea de los rectores o de los sindicatos universitarios, sino también de los estudiantes, profesores, investigadores y sociedad en general.
Los estudiantes somos un sector que está resintiendo de manera directa los efectos de la crisis económica, señalaron, y mencionaron cifras como que 18 por ciento de los alumnos de nuevo ingreso a los bachilleratos de la UNAM reportaron ingresos familiares mensuales menores a dos salarios mínimos.
También resaltaron que del total de jóvenes mexicanos de entre 15 y 24 años, sólo 51 por ciento tiene acceso a la educación y 22 por ciento no estudia ni trabaja, lo que refleja el fracaso del modelo económico.
En CU, Taibo II dijo que el sectarismo que ha llevado a la división de la izquierda es debido a que el planteamiento se ha centrado en lo que nos separa y no en lo que nos une.
Esa unidad es decisiva, agregó el escritor y colaborador de La Jornada, porque esta es una lucha por la civilización y en contra de la barbarie, pues de este lado está la razón y la argumentación, mientras que del otro lado están la depredación y la ineptitud, y entre ellos figuran asesinos, pedófilos y corruptos.
Aclaró que no está en contra de lasluchas parciales, como las que defienden la educación pública y gratuita, el petróleo o a los trabajadores electricistas, pero si sólo se llega ahícorremos el riesgo de desgastarnos.
Por ello planteó la unidad de todo el espectro plural de la izquierda polìtica y social: desde socialdemócratas hasta anarcopunks, pasando por comunistas, socialistas, trotskistas, maoístas, feministas y los movimientos obreros, campesinos, indígenas, estudiantiles y ciudadanos.
En ello coincidió El Fisgón, quien además advirtió que mientras la SEP quiere dejar a los mexicanos sin pasado (en referencia a la mutilación de etapas de la historia en los libros de texto), el modelo neoliberal los quiere dejar sin futuro.
Pero, aclaró Barajas, aunque el presente es difícil, la sociedad debe luchar para tener un futuro posible. Y las universidades públicas, agregó, sonuna ventana a la realidad, la información, la reflexión, el conocimiento, la ciencia y la cultura.
El caricaturista de La Jornadaplanteó que existe un embate y una campaña brutal contra las universidades públicas, pese a sus aportes y prestigio, como la UNAM, considerada una de las mejores a escala mundial.
Dijo que los sectores neoliberales quieren aprovechar la crisis económica para ahorcar presupuestalmente a las universidades públicas, a fin de avanzar en un proyecto que promueve el individualismo y ha propiciado que 19.5 millones de mexicanos padezcan hambre.
Quienes tienen el poder político y económico, dijo, realizan una guerra de exterminio al empobrecer a la población y una campaña mediática, pero no para la información y la reflexión, sino para generar miedo.
La diferencia, agregó, es quemientras ellos mienten, nosotros debemos apegarnos a la verdad, y las universidades públicas juegan en ello un papel fundamental. Dijo a los jóvenes que es necesario vincular la lucha por las universidades públicas a los otros movimientos sociales y políticos.
Entre los conferencistas también participó el físico Alipio Calles, quien en representación de la Academia Mexicana de Ciencias, destacó que no invertir en educación, ciencia y cultura es muy costoso porque afecta el desarrollo social y económico del país y lo lleva a la dependencia del extranjero.
Detrás de Rafael Acosta está Salinas, Peña Nieto, Calderón y Televisa, expresa AMLO
Detrás de Rafael Acosta está Salinas, Peña Nieto, Calderón y Televisa, expresa AMLO
Cancún, Quintana Roo
Lunes 30 de noviembre de 2009
* Transcripción de la entrevista al presidente legítimo de México, Andrés Manuel López Obrador, antes de encabezar la Reunión de Evaluación Regional de los Comités Municipales del Gobierno Legítimo de México, en Cancún, Quintana Roo.
P: ¿Cómo ve la situación de Rafael Acosta que prácticamente ya está instalado en la jefatura delegacional, y dejando a muchos con un palmo de narices en la misma delegación, hay gente que de algún modo lo apoyo, apoyo a Clara y ahora…?
R: Pues es una maniobra. Hay que ver que detrás de Rafael Acosta está Salinas, Peña Nieto, Calderón y Televisa. Entonces es un show más, porque quieren distraer la atención y que la gente no este pensando en lo que realmente sucede en el país, sobre todo en la profundidad de la crisis económica, lo que está afectando realmente a la gente.
P: ¿Y los tres años, este informe ayer que hizo Calderón?
R: Es parte de lo mismo. Mire, Calderón ha sido convertido de pelele en chivo expiatorio por el grupo que lo impuso, a Calderón lo impuso una mafia de poder, y ahora lo han hecho a un lado, ya no manda, no gobierna, solo se habla de él, porque un día sí y el otro también sale en la televisión, en cadena nacional, siempre con el mismo discurso, la verdad es que ya nadie le cree.
Ya lo dejaron solo los oligarcas, los que realmente mandan y deciden en el país, ya hay una operación de recambio, hicieron a un lado a Calderón, porque ahora toda la apuesta es al PRI y a Peña Nieto. Peña Nieto es el candidato de la mafia del poder.
P: ¿Pero qué futuro le espera al país con este escenario?
R: Pues hay un vacío del poder, pero como siempre sucede ya se lleno con el manejo que está haciendo Salinas de Gortari de todos los asuntos públicos, es el representante de la mafia y tienen ahora como encargo el sacar a Peña Nieto, por eso Televisa está haciendo toda una campaña a favor de Peña Nieto, es como cuando introducen un producto chatarra al mercado, hay una campaña publicitaria en ese sentido.
P: ¿De la propuesta que hace Calderón de reelegir a legisladores y presidentes municipales?
R: Mire, si con trabajo el pueblo los aguanta tres años, imagínense que los tengamos que aguantar más tiempo, yo no estoy a favor de la reelección.
P: ¿Está terminando ya este año, algunos creen que 2010… cómo ve este 2010, desde luego que hoy y en día…?
R: Desgraciadamente van a complicarse las cosas, va a pegar todavía más la crisis económica, pero la gente no quiere la confrontación armada, el pueblo quiere un cambio verdadero por la vía pacífica y por eso estamos trabajando para organizarnos y que podamos salvar a México y sacar adelante a nuestro pueblo sin violencia.
P:¿Algunos… Andrés Manuel no lo damos por muerto, a Andrés Manuel yo lo veo en 2011, 2012 conteniendo por la Presidencia de la República…?
R: Que bueno que ya piensa de esa manera, porque toda la apuesta desde antes del 2006 era a destruirme políticamente, pero no lo han logrado, ni lo van a lograr.
P: ¿O sea que usted sigue en la mira de la silla presidencial en el 2012?
R: Yo tengo como propósito, como muchos otros mexicanos, la transformación del país.
P: ¿Eso significa la Presidencia?
R: Eso es lo más importante que transformemos a México. Nosotros hemos llegado a la conclusión de que este régimen ya se pudrió, que entre más se mantenga este régimen de opresión, de injusticias, de corrupción, de privilegios, peor va a estar la situación en el país.
Que si no hay un cambio verdadero no vamos a encontrar la salida y que ese cambio no se va a dar de arriba para abajo, ya lo estamos viendo, miren como está el país y que cosa es lo que hicieron tanto los del PRI como los del PAN, por órdenes de la mafia del poder, decidieron aumentar todos los impuestos, apretarle más al pueblo.
De modo que no esperemos que el cambio se dé de arriba para abajo, el cambio se tiene que dar de abajo hacia arriba, solo el pueblo puede salvar al pueblo y ha eso es a lo que estamos nosotros dedicados.
P: ¿Usted va a seguir en Convergencia, PT o de plano se deslinda del PRD?
R: Nosotros estamos en un movimiento nacional para la transformación del país, eso es lo más importante y en este movimiento hay militantes del PRD, del PT y de Convergencia y muchos ciudadanos, mujeres y hombres, sin partido.
Por cierto, hay en este movimiento muchos simpatizantes que trabajan en los medios de comunicación, porque nosotros tenemos diferencia con los de arriba de los medios de comunicación, con los potentados, con la mafia del poder que es también dueña y controla los principales medios de comunicación en el país, pero no con los trabajadores de los medios de comunicación, porque ustedes venden su trabajo, pero no su conciencia, y muchos de ustedes simpatizan con nuestro movimiento, porque son ciudadanos, o sea, no solo son periodistas.
Aquí en Quintana Roo aprovecho para decir que tienen un buen periódico, uno de los mejores periódicos de este país el Por Esto!
P: ¿Siempre lo dicen?
R: Es que estoy obligado a decirlo.
P: ¿… los demás?
R: No sé cómo está el resto de la prensa, pero sí me consta que Por Esto! informa con objetividad, es de los pocos periódicos que no están apergollados al régimen.
P: ¿Cómo ve la gubernatura, el proceso de adelanto de la elección?
R: Eso ya no, es mucho, yo les deseo lo mejor, nos vamos a seguir encontrando.
Fuente: Gobierno Legítimo
Difusión AMLOTV
LA "INVESTIGACION" ENCUBRIDORA, POR PATRICIA DAVILA EN SU ULTIMA EDICION DE PROCESO
La “investigación” encubridora
Fecha: 1 Noviembre 2009 Archivo
La “investigación” encubridora
Por: Patricia Dávila
México, D.F., 31 de octubre.- Al cumplirse un año de la caída del Learjet 45, que ocasionó la muerte del secretario de Gobernación Juan Camilo Mouriño, será presentado el dictamen final sobre las causas del desplome de la aeronave y todo indica que las autoridades mexicanas insistirán en que el percance fue provocado por la impericia de los pilotos y del controlador aéreo que los dirigía hacia el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM).
Sin embargo, de acuerdo con el gremio de los controladores, en este documento las autoridades exonerarán a la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) y a Servicios a la Navegación en el Espacio Aéreo Mexicano (Seneam), pese a que ambas dependencias –de acuerdo con los peritajes– tuvieron responsabilidad en el siniestro, pues propiciaron las fallas en la capacitación de personal y en el deficiente sistema de tráfico aéreo.
Se prevé que el presidente Felipe Calderón dé a conocer el controvertido informe este miércoles 4 durante una ceremonia en la que inaugurará un monumento a los caídos, levantado a unos metros del cruce del Anillo Periférico y Paseo de la Reforma, donde se estrelló la aeronave.
Ángel Iturbe Estrop, vocero y secretario de Trabajo del Sindicato Nacional de Controladores de Tránsito Aéreo (Sinacta), exclama:
“¡No habrá nada nuevo! Ese dictamen ocultará la negligencia criminal en que incurrieron la DGAC y Seneam. Una negligencia que ya provocó estas muertes y que se sigue dando a todos los niveles de la administración aeronáutica”.
Asegura que ni Gilberto López Meyer, quien era el encargado de la DGAC hasta poco antes del siniestro, ni Agustín Arellano, director de Seneam, asumirán sus culpas:
“No me imagino a López Meyer diciendo: ‘Yo tuve la culpa por estar otorgando licencias a pilotos mal capacitados, por no supervisar al personal aéreo ni a sus centros de instrucción’. Tampoco me imagino a Arellano reconociendo que solapó muchas deficiencias en todo lo que respecta al tráfico aéreo. No reconocerán sus culpas en el dictamen. ¡Estoy completamente seguro!”.
–¿Cómo llega usted a esas conclusiones?
–Porque me mantengo al tanto de los encuentros que se realizaron para elaborar el dictamen. En los últimos días, con ese propósito, López Meyer y Arellano se reunieron con funcionarios de la Presidencia de la República, de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y de la Secretaría de Gobernación. Tuvieron un año y no hicieron nada. Y ahora tratan de resolverlo a última hora.
“Lo grave del asunto es que López Meyer encabeza la investigación, aun cuando él fue uno de los principales responsables (del siniestro); es juez y parte. Desde el principio se vio que el dictamen sería parcial.”
–¿Qué ha ocurrido en estos encuentros?
–Al parecer los participantes acordaron dejar limpias a las altas autoridades aeronáuticas y repartir las culpas entre otros. Resumiré el asunto de manera teatral, con un diálogo entre López Meyer y Arellano: aquel le dice a éste: “Agustín, nuestras cabezas están en peligro, necesitamos salvar el pellejo”. Y éste le responde: “Sí, Gilberto, no nos queda otra opción, pongamos entonces como responsables a los pilotos y al controlador aéreo y asunto concluido”. Y así fue, rompieron la cadena por el eslabón más frágil. Los pilotos ya están muertos, no pueden defenderse.
–… pero vive el controlador aéreo.
–Sí, en efecto, por lo que prácticamente quedará como el único culpable de la muerte de Mouriño y de los demás pasajeros. Le achacarán esas muertes. Nuestro gremio de controladores ya sabe que el dictamen viene contra él. Pero las conclusiones de la investigación serán solamente técnicas. De manera que a él se le someterá a una revaloración; se investigará si es apto para seguir trabajando y se le mandará a tomar algunos cursos, cosas así.
“Aquí el problema es que, por su parte, la Procuraduría General de la República está realizando una investigación paralela, pues hubo muertos (entre ellos un alto funcionario federal, Mouriño) y daños en propiedad ajena. No sabemos nada sobre esa investigación que se lleva a cabo de manera muy hermética. Si el dictamen declara culpable al controlador, entonces es muy probable que la procuraduría le finque responsabilidad penal y lo meta a prisión.
“No sería un castigo novedoso contra un controlador. En 2001, fue arrestada en el penal chiapaneco de Cerro Hueco la controladora Valentina Avilés Aquino, acusada injustamente de provocar el desplome de un avión de Aerocaribe, en Villahermosa, en el que murieron 19 personas. Después de un año de prisión, nuestra compañera salió libre debido a que la PGR cambió la acusación de homicidio doloso a culposo”.
–¿Qué harán ustedes en el sindicato en caso de que ahora se culpe al controlador?
–Vamos a descalificar ese dictamen, denunciando sobre todo el conflicto de intereses en que incurre López Meyer, por encabezar la investigación y ser a la vez responsable de las anomalías que se investigaron, como lo es también el director de Seneam.
“Nosotros seguiremos insistiendo en que ni los pilotos ni el controlador ocasionaron el accidente. Por ejemplo, el controlador se condujo de acuerdo con las normas establecidas por Seneam y por las directrices de los supervisores que, ante el congestionamiento aéreo en el aeropuerto de la Ciudad de México, presionan para que se reduzca la separación entre los aviones que se aproximan a la pista de aterrizaje”.
Sin embargo, de acuerdo con el gremio de los controladores, en este documento las autoridades exonerarán a la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) y a Servicios a la Navegación en el Espacio Aéreo Mexicano (Seneam), pese a que ambas dependencias –de acuerdo con los peritajes– tuvieron responsabilidad en el siniestro, pues propiciaron las fallas en la capacitación de personal y en el deficiente sistema de tráfico aéreo.
Se prevé que el presidente Felipe Calderón dé a conocer el controvertido informe este miércoles 4 durante una ceremonia en la que inaugurará un monumento a los caídos, levantado a unos metros del cruce del Anillo Periférico y Paseo de la Reforma, donde se estrelló la aeronave.
Ángel Iturbe Estrop, vocero y secretario de Trabajo del Sindicato Nacional de Controladores de Tránsito Aéreo (Sinacta), exclama:
“¡No habrá nada nuevo! Ese dictamen ocultará la negligencia criminal en que incurrieron la DGAC y Seneam. Una negligencia que ya provocó estas muertes y que se sigue dando a todos los niveles de la administración aeronáutica”.
Asegura que ni Gilberto López Meyer, quien era el encargado de la DGAC hasta poco antes del siniestro, ni Agustín Arellano, director de Seneam, asumirán sus culpas:
“No me imagino a López Meyer diciendo: ‘Yo tuve la culpa por estar otorgando licencias a pilotos mal capacitados, por no supervisar al personal aéreo ni a sus centros de instrucción’. Tampoco me imagino a Arellano reconociendo que solapó muchas deficiencias en todo lo que respecta al tráfico aéreo. No reconocerán sus culpas en el dictamen. ¡Estoy completamente seguro!”.
–¿Cómo llega usted a esas conclusiones?
–Porque me mantengo al tanto de los encuentros que se realizaron para elaborar el dictamen. En los últimos días, con ese propósito, López Meyer y Arellano se reunieron con funcionarios de la Presidencia de la República, de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y de la Secretaría de Gobernación. Tuvieron un año y no hicieron nada. Y ahora tratan de resolverlo a última hora.
“Lo grave del asunto es que López Meyer encabeza la investigación, aun cuando él fue uno de los principales responsables (del siniestro); es juez y parte. Desde el principio se vio que el dictamen sería parcial.”
–¿Qué ha ocurrido en estos encuentros?
–Al parecer los participantes acordaron dejar limpias a las altas autoridades aeronáuticas y repartir las culpas entre otros. Resumiré el asunto de manera teatral, con un diálogo entre López Meyer y Arellano: aquel le dice a éste: “Agustín, nuestras cabezas están en peligro, necesitamos salvar el pellejo”. Y éste le responde: “Sí, Gilberto, no nos queda otra opción, pongamos entonces como responsables a los pilotos y al controlador aéreo y asunto concluido”. Y así fue, rompieron la cadena por el eslabón más frágil. Los pilotos ya están muertos, no pueden defenderse.
–… pero vive el controlador aéreo.
–Sí, en efecto, por lo que prácticamente quedará como el único culpable de la muerte de Mouriño y de los demás pasajeros. Le achacarán esas muertes. Nuestro gremio de controladores ya sabe que el dictamen viene contra él. Pero las conclusiones de la investigación serán solamente técnicas. De manera que a él se le someterá a una revaloración; se investigará si es apto para seguir trabajando y se le mandará a tomar algunos cursos, cosas así.
“Aquí el problema es que, por su parte, la Procuraduría General de la República está realizando una investigación paralela, pues hubo muertos (entre ellos un alto funcionario federal, Mouriño) y daños en propiedad ajena. No sabemos nada sobre esa investigación que se lleva a cabo de manera muy hermética. Si el dictamen declara culpable al controlador, entonces es muy probable que la procuraduría le finque responsabilidad penal y lo meta a prisión.
“No sería un castigo novedoso contra un controlador. En 2001, fue arrestada en el penal chiapaneco de Cerro Hueco la controladora Valentina Avilés Aquino, acusada injustamente de provocar el desplome de un avión de Aerocaribe, en Villahermosa, en el que murieron 19 personas. Después de un año de prisión, nuestra compañera salió libre debido a que la PGR cambió la acusación de homicidio doloso a culposo”.
–¿Qué harán ustedes en el sindicato en caso de que ahora se culpe al controlador?
–Vamos a descalificar ese dictamen, denunciando sobre todo el conflicto de intereses en que incurre López Meyer, por encabezar la investigación y ser a la vez responsable de las anomalías que se investigaron, como lo es también el director de Seneam.
“Nosotros seguiremos insistiendo en que ni los pilotos ni el controlador ocasionaron el accidente. Por ejemplo, el controlador se condujo de acuerdo con las normas establecidas por Seneam y por las directrices de los supervisores que, ante el congestionamiento aéreo en el aeropuerto de la Ciudad de México, presionan para que se reduzca la separación entre los aviones que se aproximan a la pista de aterrizaje”.
ADVERTENCIAS IGNORADAS
Desde años antes del siniestro, el sindicato de controladores ya venía advirtiendo a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) sobre la saturación de vuelos, el déficit de controladores que deben soportar sobrecargas de trabajo, así como las fallas en los equipos técnicos y la falta de pistas de aterrizaje, entre otros aspectos. Señaló también que estas anomalías ponían en riesgo la vida de los pasajeros (Proceso 1673). Las fallas jamás se corrigieron.
Con tales antecedentes, la noche del 4 de noviembre de 2008 se desplomó el avión en el que, aparte de Mouriño, viajaban otras ocho personas:
José Luis Santiago Vasconcelos, exsubprocurador de la PGR y quien había recibido amenazas de muerte por parte de los cárteles de la droga; los pilotos Álvaro Sánchez y Martín de Jesús Oliva, a quienes se culpó desde el principio; la sobrecargo Giselle Carrillo; Julio César Ramírez, jefe de escoltas de Mouriño; Miguel Monterrubio, coordinador de Comunicación Social de Gobernación; Norma Díaz, directora de Información; y Arcadio Echeverría, coordinador de Eventos y Administración.
Los tripulantes y los pasajeros murieron. El entonces titular de la SCT, Luis Téllez, adelantó que fue la “turbulencia de estela” de un pesado avión que iba delante del Learjet 45 la que lo desestabilizó y ocasionó la caída. Y señaló que, debido a su impericia, los pilotos no pudieron controlar la aeronave. Para las autoridades se trató, pues, de un “accidente”, no de un “atentado” o “sabotaje” perpetrado por los capos del narcotráfico, como algunos señalaban.
Para determinar con precisión las causas, Téllez prometió que en 11 meses estaría concluida la investigación dirigida por López Meyer, que es el dictamen que se presentará esta semana.
Dice Ángel Iturbe:
“A pesar de que el dictamen final se está elaborando para exculpar a las autoridades aeronáuticas, éste debe de incorporar las pesquisas realizadas por investigadores europeos, estadunidenses, así como por el Colegio de Pilotos y el de Controladores, o por Bombardier, la empresa fabricante de la aeronave.
“No será pues fácil tapar la responsabilidad de la DGAC y Seneam. Alguien puede exigir, por ejemplo, el reporte completo que elaboró la Administración Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés), y se verán obligados a proporcionarlo, pues la normatividad internacional exige que esta información sea pública.”
Al respecto, Proceso obtuvo la “auditoría operacional” que –tras la caída del avión– la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) realizó al control de tráfico aéreo del AICM. De 11 páginas, este informe señala:
“El objetivo principal de la auditoría operacional fue realizar una evaluación en la gestión del tránsito aéreo (ATM) a los procedimientos operacionales de Control de Tránsito Aéreo (ATC) aplicables en el Centro de Control (ACC), Área Terminal (TMA) y Torre de Control (TWR) de México, relacionados con la operación del LR45, XC-VMC, el 4 de noviembre de 2008. Las actividades de esta evaluación se relacionan con los objetivos estratégicos de la OACI sobre: A, Seguridad Operacional; D, Eficiencia, y E, Continuidad.”
La auditoría –coordinada por Víctor Hernández, el especialista regional de la OACI en gestión de tránsito aéreo– detalla que detectó “deficiencias” en los “programas de gestión de la seguridad operacional”, en los “métodos y procedimientos de supervisión”, e incluso menciona la “falta de actualización de los manuales de procedimientos de control de tránsito aéreo”.
Elaborada entre noviembre y diciembre de 2008, la auditoría agrega que en el AICM había “diversos trabajos de construcción y pavimentación que mantienen restricciones continuas en el uso de pistas y las calles de rodaje”, y además circulan un “gran número de vehículos… por esta situación se reconoció que los controladores absorben mayores cargas de trabajo en la gestión del tránsito aéreo para evitar demoras y mantener la fluidez de las operaciones aéreas”. Todo esto tiene un “impacto” en la “gestión de la seguridad operacional”. Y señala que la DGAC se “comprometió a coordinar la solución a estos asuntos de manera urgente”.
Entre sus recomendaciones, la OACI pide establecer “medidas de equilibrio entre demanda y capacidad”, que se “revise la clasificación del espacio aéreo y velocidades aplicables en los procedimientos de llegada y salida”, que se actualicen los “manuales de procedimientos operacionales”, implementar mejoras a la “infraestructura” y a la “circulación”, “asignación de personal suficiente y calificado”, “mejorar la coordinación civil militar”, y que la DGAC y Seneam se coordinen para elaborar “un estudio sobre demanda y capacidad del aeropuerto”.
Con tales antecedentes, la noche del 4 de noviembre de 2008 se desplomó el avión en el que, aparte de Mouriño, viajaban otras ocho personas:
José Luis Santiago Vasconcelos, exsubprocurador de la PGR y quien había recibido amenazas de muerte por parte de los cárteles de la droga; los pilotos Álvaro Sánchez y Martín de Jesús Oliva, a quienes se culpó desde el principio; la sobrecargo Giselle Carrillo; Julio César Ramírez, jefe de escoltas de Mouriño; Miguel Monterrubio, coordinador de Comunicación Social de Gobernación; Norma Díaz, directora de Información; y Arcadio Echeverría, coordinador de Eventos y Administración.
Los tripulantes y los pasajeros murieron. El entonces titular de la SCT, Luis Téllez, adelantó que fue la “turbulencia de estela” de un pesado avión que iba delante del Learjet 45 la que lo desestabilizó y ocasionó la caída. Y señaló que, debido a su impericia, los pilotos no pudieron controlar la aeronave. Para las autoridades se trató, pues, de un “accidente”, no de un “atentado” o “sabotaje” perpetrado por los capos del narcotráfico, como algunos señalaban.
Para determinar con precisión las causas, Téllez prometió que en 11 meses estaría concluida la investigación dirigida por López Meyer, que es el dictamen que se presentará esta semana.
Dice Ángel Iturbe:
“A pesar de que el dictamen final se está elaborando para exculpar a las autoridades aeronáuticas, éste debe de incorporar las pesquisas realizadas por investigadores europeos, estadunidenses, así como por el Colegio de Pilotos y el de Controladores, o por Bombardier, la empresa fabricante de la aeronave.
“No será pues fácil tapar la responsabilidad de la DGAC y Seneam. Alguien puede exigir, por ejemplo, el reporte completo que elaboró la Administración Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés), y se verán obligados a proporcionarlo, pues la normatividad internacional exige que esta información sea pública.”
Al respecto, Proceso obtuvo la “auditoría operacional” que –tras la caída del avión– la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) realizó al control de tráfico aéreo del AICM. De 11 páginas, este informe señala:
“El objetivo principal de la auditoría operacional fue realizar una evaluación en la gestión del tránsito aéreo (ATM) a los procedimientos operacionales de Control de Tránsito Aéreo (ATC) aplicables en el Centro de Control (ACC), Área Terminal (TMA) y Torre de Control (TWR) de México, relacionados con la operación del LR45, XC-VMC, el 4 de noviembre de 2008. Las actividades de esta evaluación se relacionan con los objetivos estratégicos de la OACI sobre: A, Seguridad Operacional; D, Eficiencia, y E, Continuidad.”
La auditoría –coordinada por Víctor Hernández, el especialista regional de la OACI en gestión de tránsito aéreo– detalla que detectó “deficiencias” en los “programas de gestión de la seguridad operacional”, en los “métodos y procedimientos de supervisión”, e incluso menciona la “falta de actualización de los manuales de procedimientos de control de tránsito aéreo”.
Elaborada entre noviembre y diciembre de 2008, la auditoría agrega que en el AICM había “diversos trabajos de construcción y pavimentación que mantienen restricciones continuas en el uso de pistas y las calles de rodaje”, y además circulan un “gran número de vehículos… por esta situación se reconoció que los controladores absorben mayores cargas de trabajo en la gestión del tránsito aéreo para evitar demoras y mantener la fluidez de las operaciones aéreas”. Todo esto tiene un “impacto” en la “gestión de la seguridad operacional”. Y señala que la DGAC se “comprometió a coordinar la solución a estos asuntos de manera urgente”.
Entre sus recomendaciones, la OACI pide establecer “medidas de equilibrio entre demanda y capacidad”, que se “revise la clasificación del espacio aéreo y velocidades aplicables en los procedimientos de llegada y salida”, que se actualicen los “manuales de procedimientos operacionales”, implementar mejoras a la “infraestructura” y a la “circulación”, “asignación de personal suficiente y calificado”, “mejorar la coordinación civil militar”, y que la DGAC y Seneam se coordinen para elaborar “un estudio sobre demanda y capacidad del aeropuerto”.
OTRO DIAGNÓSTICO
Por su parte, el Centro de Coordinación Europeo para Accidentes y Sistemas de Reporte de Incidentes (ECCAIRS, por sus siglas en inglés) también elaboró su diagnóstico, en el que menciona las condiciones meteorológicas, las características del Learjet, los pormenores del vuelo y las maniobras que ejecutaron los pilotos y el controlador. Menciona que éste tenía “fatiga”, por lo que omitió dar instrucciones de viraje a los pilotos.
La comisión que elabora el dictamen final redactó por su lado un documento de trabajo –basado en el análisis de los factores humanos – en el que indica que los pilotos tenían un “inadecuado control del avión” y “errores de ejecución por el adiestramiento inadecuado”. Mientras que el controlador tuvo una “falla en anticipar y percibir la condición de conflicto”, debido a la “carga alta de trabajo, por el número de tráficos en el momento del accidente”. Esto le provocó “fatiga”, a consecuencia también del “tiempo extra realizado”, de “falta de supervisión adecuada” y de la “presión corporativa”.
Las “condiciones” que propiciaron el “accidente” –concluye este análisis– fueron por una “cultura de seguridad (organizacional) inexistente”, por una falla en la “supervisión” por parte de la DGAC y debido a que “no existe un sistema para asegurar la calidad mínima esencial de las operaciones de la aviación ejecutiva”.
Comenta Ángel Iturbe que, pese a todas las advertencias hechas por su sindicato y por otras instancias, las autoridades aeronáuticas no han hecho nada para resolver los problemas, ni siquiera después del siniestro:
“Más bien tratan de ocultar o justificar las fallas. Cuando nosotros las reportábamos, creíamos que un accidente haría reaccionar a las autoridades. El accidente ya ocurrió, y en él murió nada menos que un funcionario y amigo cercano del presidente. Pero no pasó nada. Todo sigue igual”.
En su momento, Iturbe proporcionó a Proceso varios reportes del sindicato dirigidos a la SCT, en los que se documentaban anomalías tan graves como la falta de detección del avión presidencial por los sistemas de radar. Esto le valió una sanción administrativa y, más recientemente, la SCT le interpuso una denuncia penal –la número AP/SIN/CLN/733/2009/M-V– en la que lo acusó de proporcionar información de seguridad nacional.
“La denuncia penal en mi contra fue por dar a Proceso el reporte sobre el avión presidencial. Soy hostigado por proporcionar información que debe ser pública”, dice Iturbe, quien aún tiene la esperanza de que, a última hora, no se señale en el dictamen al controlador como el culpable del percance aéreo.
“El presidente Calderón está pidiendo ya el dictamen. Quiere darlo a conocer este miércoles 4, al cumplirse el año del accidente. Veremos qué pasa”, concluye Iturbe.
Sin embargo, esta investigación se enfocó a la tesis del accidente, ignorando a quienes pedían que las pesquisas también incluyeran la “línea del sabotaje” o del “atentado”, como querían, entre otros, José Antonio Ortega Sánchez, presidente del Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal, e Ismael Plascencia Núñez, dirigente de la Confederación de Cámaras Industriales (Proceso 1672).
Francisco Castro Trenti, autor de La caída, el único libro que hasta el momento se ha escrito sobre el siniestro, asegura:
“Sigo sosteniendo que el avión fue derribado, quizá por un proyectil lanzado desde la azotea de uno de los edificios cercanos al lugar donde cayó. ¡Fue un magnicidio!”
Señala que “hubo rival y hubo motivo” para perpetrar el atentado. El rival –dice– fueron los capos de la droga. Y su motivo fue dar una respuesta a la guerra que Felipe Calderón emprendió contra el narcotráfico.
“A Calderón le mataron nada menos que a su principal funcionario, a quien veía casi como a un hermano”, dice Castro Trenti.
Y agrega que el aparatoso operativo mediático montado por el gobierno, es sólo una “maniobra distractora” en la que se intenta culpar del desplome a los pilotos, al controlador, a los funcionarios, a la falta de mantenimiento técnico del avión. Al parecer eso le está dando buen resultado.
–¿Por qué el gobierno estaría interesado en descartar el atentado?
–Para no mostrar su debilidad ante las mafias de la droga. Sabe que tiene perdida la guerra contra el narcotráfico, pero no quiere reconocerlo, como tampoco quiere reconocer que este magnicidio le pegó justo al centro… Fue un perfecto tiro al blanco. (proceso)
La comisión que elabora el dictamen final redactó por su lado un documento de trabajo –basado en el análisis de los factores humanos – en el que indica que los pilotos tenían un “inadecuado control del avión” y “errores de ejecución por el adiestramiento inadecuado”. Mientras que el controlador tuvo una “falla en anticipar y percibir la condición de conflicto”, debido a la “carga alta de trabajo, por el número de tráficos en el momento del accidente”. Esto le provocó “fatiga”, a consecuencia también del “tiempo extra realizado”, de “falta de supervisión adecuada” y de la “presión corporativa”.
Las “condiciones” que propiciaron el “accidente” –concluye este análisis– fueron por una “cultura de seguridad (organizacional) inexistente”, por una falla en la “supervisión” por parte de la DGAC y debido a que “no existe un sistema para asegurar la calidad mínima esencial de las operaciones de la aviación ejecutiva”.
Comenta Ángel Iturbe que, pese a todas las advertencias hechas por su sindicato y por otras instancias, las autoridades aeronáuticas no han hecho nada para resolver los problemas, ni siquiera después del siniestro:
“Más bien tratan de ocultar o justificar las fallas. Cuando nosotros las reportábamos, creíamos que un accidente haría reaccionar a las autoridades. El accidente ya ocurrió, y en él murió nada menos que un funcionario y amigo cercano del presidente. Pero no pasó nada. Todo sigue igual”.
En su momento, Iturbe proporcionó a Proceso varios reportes del sindicato dirigidos a la SCT, en los que se documentaban anomalías tan graves como la falta de detección del avión presidencial por los sistemas de radar. Esto le valió una sanción administrativa y, más recientemente, la SCT le interpuso una denuncia penal –la número AP/SIN/CLN/733/2009/M-V– en la que lo acusó de proporcionar información de seguridad nacional.
“La denuncia penal en mi contra fue por dar a Proceso el reporte sobre el avión presidencial. Soy hostigado por proporcionar información que debe ser pública”, dice Iturbe, quien aún tiene la esperanza de que, a última hora, no se señale en el dictamen al controlador como el culpable del percance aéreo.
“El presidente Calderón está pidiendo ya el dictamen. Quiere darlo a conocer este miércoles 4, al cumplirse el año del accidente. Veremos qué pasa”, concluye Iturbe.
Sin embargo, esta investigación se enfocó a la tesis del accidente, ignorando a quienes pedían que las pesquisas también incluyeran la “línea del sabotaje” o del “atentado”, como querían, entre otros, José Antonio Ortega Sánchez, presidente del Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal, e Ismael Plascencia Núñez, dirigente de la Confederación de Cámaras Industriales (Proceso 1672).
Francisco Castro Trenti, autor de La caída, el único libro que hasta el momento se ha escrito sobre el siniestro, asegura:
“Sigo sosteniendo que el avión fue derribado, quizá por un proyectil lanzado desde la azotea de uno de los edificios cercanos al lugar donde cayó. ¡Fue un magnicidio!”
Señala que “hubo rival y hubo motivo” para perpetrar el atentado. El rival –dice– fueron los capos de la droga. Y su motivo fue dar una respuesta a la guerra que Felipe Calderón emprendió contra el narcotráfico.
“A Calderón le mataron nada menos que a su principal funcionario, a quien veía casi como a un hermano”, dice Castro Trenti.
Y agrega que el aparatoso operativo mediático montado por el gobierno, es sólo una “maniobra distractora” en la que se intenta culpar del desplome a los pilotos, al controlador, a los funcionarios, a la falta de mantenimiento técnico del avión. Al parecer eso le está dando buen resultado.
–¿Por qué el gobierno estaría interesado en descartar el atentado?
–Para no mostrar su debilidad ante las mafias de la droga. Sabe que tiene perdida la guerra contra el narcotráfico, pero no quiere reconocerlo, como tampoco quiere reconocer que este magnicidio le pegó justo al centro… Fue un perfecto tiro al blanco. (proceso)
EL CAMBIO ESTA EN TI Y EN MI...
EL SENDERO DE VERACRUZ ROMPIENDO EL CERCO INFORMATIVO.
El Sendero de Veracruz
Otro homicidio en el calderonismo
1 NOVIEMBRE 2009
Un factor común del narcotráfico y el calderonismo es que el segundo ha puesto gran parte de las condiciones para los más de 15 mil homicidios, que el primero aprovecha para llevar a cabo. Gran parte de los baños de sangre de civiles nada tienen que ver con la delincuencia; policías, soldados, al parecer, mucho o poco tienen que ver con la delincuencia organizada, con la más alarmante impunidad, abusos del poder policiaco-militar y una sospechosa insolencia de los capos de las drogas contra el Estado. Todos los días hay homicidios. Queda sin precisar cuándo son ajustes de cuentas entre los narcotraficantes y cuántos mueren a causa de los encuentros con los soldados y las policías.
Los periodistas también son parte de ese cuadro de homicidios e impunidad que amenaza la paz social, sometiendo a los mexicanos a una aterradora angustia, sin que los gobiernos de las entidades –mucho menos el federal que parece, con su indiferencia ante los hechos, que está conforme– investiguen esas miles de muertes.
En Casas Grandes, uno de los 67 municipios de Chihuahua en manos de la delincuencia (que viola la constitucionalidad del país) y los militares (que pisotea el artículo 29 constitucional), asesinaron vilmente a Norberto Miranda cuando estaba en la redacción del periódico (en línea) Radio visión. Era autor de la columna de crítica “Cotorreando con el Gallito”; insistía en informar sobre la creciente violencia e impunidad que prevalecen en el municipio y toda la entidad y, obviamente, tras no hacer caso de las amenazas, los sicarios lo ultimaron por la espalda.
La mayoría de los periodistas del país hace periodismo contra las embestidas de los gobiernos locales para mantener informada a la opinión pública, atreviéndose, sobre todo, a criticar las omisiones de la autoridad y sufriendo toda clase de agresiones. Y hasta los matan, sin que nada sepamos de averiguaciones que ni siquiera se inician, o cuando son atraídas por la Procuraduría General de la República (PGR), permanecen en los archivos. Ya se sabe que Medina Mora, el defenestrado de la PGR, se negaba a proceder contra los gobernadores de varias entidades y más cuando se trataba de las denuncias sobre homicidios de periodistas.
Ninguna instancia judicial ni la Suprema Corte hacen nada ante esos hechos. Las recomendaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos sólo son testimonios. No queda más que recurrir a las organizaciones internacionales. Mientras tanto, crímenes como el de Norberto Miranda, el número nueve del calderonismo, son contabilizados por la impunidad.
De nada sirve protestar, manifestarse y reclamar, al menos, justicia penal contra los matones de periodistas y mexicanos. La violencia no tiene para cuando parar. A este paso, vamos a la completa militarización del país, a un silencioso y sangriento golpe de Estado; simultáneo al aumento de la violencia, el golpe de quienes disputan el control del poder, mientras narcotraficantes y gobernantes se asocian en la narcopolítica.
El homicidio de Norberto Miranda quedará en la impunidad como los demás. El calderonismo y los (des)gobernadores que odian a la prensa y bañan en sangre a los periodistas festejan la eliminación de quienes insisten, contra viento y marea, en ejercer sus derechos a la libre expresión. Miranda era uno de esos mexicanos.
cepedaneri@prodigy.net.mx
Fuente: Contralínea
Difusión: AMLOTV
Nuevos impuestos, forma de bolsear a los mexicanos; habrá más pobreza: AMLO
Lamenta que PRI y PAN tomaran la ruta fácil para mantener privilegios a la oligarquía
Nuevos impuestos, forma de bolsear a los mexicanos; habrá más pobreza: AMLO
Ciro Pérez Silva
Enviado
Periódico La Jornada
Domingo 1º de noviembre de 2009, p. 6
Santa Ana Tlayacoyán, 31 de octubre. La aprobación de nuevos impuestos por el PRI y el PAN en el Congreso es una forma de exprimir más al pueblo, de bolsear a los mexicanos con 30 mil millones de pesos, afirmó Andrés Manuel López Obrador, quien dijo que esa medida provocará más desempleo, carestía, pobreza y sufrimiento al pueblo.
No somos rebeldes sin causa. Luchamos porque hay un grupo que tiene sometidos a los mexicanos. Nosotros propusimos una serie de medidas, como la reducción del salario y prestaciones de los funcionarios públicos, y la eliminación de los regímenes especiales a los grandes empresarios, para resolver el problema de las finanzas públicas del país. Es lamentable que nuevamente la alianza entre priístas y panistas se haya ido por la ruta fácil de cargar la mano al pueblo, de pasarle la factura de todos sus errores, aseveró.
El tabasqueño concluyó este día la decimoprimera etapa de su gira por los municipios oaxaqueños que se rigen por usos y costumbres. En su recorrido lamentó que el tiempo y la realidad le hayan dado la razón, pues adelantó que la postura de los priístas, quienes decían oponerse a la aprobación de nuevos impuestos, era sólo una fachada, porque desde mucho tiempo antes se habían puesto de acuerdo con los legisladores del blanquiazul para apoyar la aplicación de nuevas tasas impositivas, que afectarán esencialmente a la clase media.
Destacó que no sólo se mantienen los privilegios para la oligarquía que realmente gobierna el país y los potentados que tienen a un títere en Los Pinos y son dueños de las franquicias del PRI y del PAN. Es lamentable ver a Felipe Calderón obedeciendo fielmente a esta mafia y, peor aún, escucharlo decir que quiere ayudar a los pobres aumentándoles impuestos.
López Obrador llamó a la sociedad a no creer la falsa afirmación de las cúpulas del PRI y del PAN de que no había de otra, porque ese es el pretexto que utilizan cada vez que cometen una fechoría. Es inaceptable que por mantener privilegios a la alta burocracia y a los potentados se haya decidido exprimir aún más al pueblo.
Destacó que sigue vigente su convocatoria a un debate nacional sobre los privilegios de las cúpulas económica y política en México. Debe saberse por qué los altos funcionarios y grandes empresarios ganan más en nuestro país que en casi cualquier parte del mundo. Dijo que deben explicar por qué un profesionista, un pequeño o mediano empresario o un pequeño y mediano comerciante tienen que pagar por concepto de impuesto sobre la renta 28 y ahora 30 por ciento de sus ingresos, mientras los grandes industriales y banqueros sólo contribuyen con 1.7 por ciento, algo que hasta el mequetrefe de Calderón tuvo que reconocer, aunque nosotros venimos diciéndolo hace tres años.
Por todo lo anterior, insistió en que si no se cambia la vida pública del país entonces sí no habrá de otra. Este mal, esta podredumbre, no tiene más remedio que el de una verdadera purificación. No nos gusta escuchar esto, porque no nos gusta preocuparnos. Nos gustan las cosas suaves, pero es el único camino.
Reiteró que la finalidad del movimiento que encabeza es luchar porque se den los cambios que necesita el país. El movimiento, subrayó, es como una lucecita que nos deja ver que hay una posibilidad de salir del túnel en que nos encontramos.
Un ejemplo de toda esta podredumbre son los municipios de Oaxaca, aseguró el tabasqueño, quien condenó la desatención y el olvido en que los gobiernos priístas han mantenido a los oaxaqueños. No hay caminos pavimentados a más de la mitad de las cabeceras municipales, no hay medicinas en los centros de salud y en algunos ni siquiera hay médicos. Mientras tanto, el corrupto y ladrón de Ulises Ruiz se compró un hospital de mil 500 millones de pesos en la ciudad de México. ¿De dónde salió ese dinero? Ni modo que diga que recibió una herencia. Es del pueblo de Oaxaca.
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Fuente: La jornada
Difusión AMLOTV
El gobierno mundial de George Soros
Bajo la Lupa
El gobierno mundial de George Soros
Alfredo Jalife-Rahme
George Soros, al llegar a un acto patrocinado por la Universidad de Europa Central, el martes pasado en BudapestFoto Reuters
A
ntecedentes: dos meses después de la quiebra del banco Lehman Brothers, que precipitó la crisis financiera global, Gideon Rachman –muy cercano a Israel y a los círculos financieros de la City, además de columnista de The Financial Times– pontificó las supuestas bondades para instalar un gobierno mundial (9/12/08), ominosa idea que sus crípticos apologistas negaban en forma farisea como una paranoica teoría de la conspiración.
Hechos: György Schwartz, alias George Soros, es expuesto por De Defensa (30/10/09), centro de pensamiento estratégico europeo, de intentar imponer un gobierno mundial con máscara financierista, como se desprende de su entrevista a The Financial Times (23/10/09), portavoz de la globalización neoliberal.
Como si fuera él mismo una acción bursátil, el megaespeculador Soros (quien opera con travestismo filantrópico), ha variado sus ideas de acuerdo con la cotización de los intereses de la banca israelí-anglosajona hoy totalmente desfondada.
Muy prolífico a sus 79 años, insiste en enunciar en el umbral del charlatanismo su muy poco seria teoría de la reflexividad (sic), mezclada de las luces filosóficas del epistemólogo Karl Popper, y en corto tiempo ha pasado desde proponer la reforma del modelo neoliberal global (que tantos beneficios le aportó a su pecunio con una fortuna de 11 mil millones de dólares) mediante una globalización suave hasta diagnosticar correctamente ahora la quiebra del sistema financiero global, lo cual le lleva a plantear su imperativa reorganización mediante un ominoso gobierno mundial financierista. Como decimos coloquialmente en México: con Soros pasamos de Guatemala a Guatepeor.
Hoy Soros propone a destiempo cerrar los flujos monetarios de su sociedad abierta.
De Defensa expurga los asertos del megaespeculador filantrópico (no olvidar: uno de los puntales de la banca israelí-amglosajona, de allí la importancia de sus opiniones, aunque sean dislates), con base en un comentario del relevante portal Raw Story (28/10/09), que sintetiza que Soros entierra tanto a Estados Unidos como al dólar y sustituye al caduco decálogo neoliberal del Consenso de Washington por el Consenso de Pekín (título de un libro de su correligionario Joshua C. Ramo, anterior súbdito de Goldman Sachs, publicado por el británico Foreign Policy Centre en 2004). Queda clara la impronta e imprenta de la legendaria perfidia británica vinculada al sionismo financiero.
Ya lo expresaba sublimemente el reporte Wegelin (ver Bajo la Lupa, 21/10/09): las ratas ya empezaron a abandonar el barco financiero neoliberal que se hunde. Desde el banco británico HSBC, que cambió su matriz de Londres a Hong Kong, hasta Soros, en su conjunto la banca israelí-anglosajona deserta de Estados Unidos, en plena decadencia, por China, su último salvavidas.
Las ratas financieras buscan, por tropismo biológico, su nutriente primario: las pletóricas reservas de divisas del circuito étnico chino (China, Hong Kong, Macao, Taiwán y Singapur): 35 por ciento global.
Desde su lecho de Procusto mental, Soros desea imponer un nuevo orden global de corte financierista cuando el mundo vuela a la economía política y/o a las finanzas reguladas y domesticadas por la alta política.
Pregona un nuevo sistema de divisas enarbolado por los muy controvertidos derechos especiales de giro (DEG), a lo que se resiste Estados Unidos.
Aduce que se han emitido 250 mil millones de dólares en DEG (nota: una divisa virtual, cuyo valor representa el promedio de la canasta del dólar, euro, libra esterlina y yen). Su próxima masiva emisión puede ser usada para proveer bienes públicos globales, con el fin de beneficiar a los países en vías de desarrollo”. ¡Cómo no!
Admite que su emisión comporta un costo de 0.5 por ciento que aboga sea pagado por el Fondo Monetario Internacional mediante la venta de sus reservas de oro.
La trampa de Soros, un especulador a final de cuentas, es doble: 1) prosigue la política de venta masiva de oro por el banco central británico (que se equivocó horrores al respecto) para impedir que otros actores (v. gr. el BRIC y las petromonarquías árabes) controlen las finanzas mundiales con el patrón más estable del oro (que puede incluir otras materias primas, como los hidrocarburos y el uranio), y 2) se empecina en la alquimia financiera de inflar una divisa virtual (los DEG) que conlleva en su seno el cáncer de mezclar divisas de papel-chatarra prácticamente sin valor económico (v. gr. el dólar y la libra esterlina).
Soros pretende curar el cáncer financiero global tratando selectivamente sus metástasis y omitiendo al tumor maligno primario. Díficilmente China caerá en la doble trampa financierista de Soros, quien ignora la resurrección de Rusia, a la que ha intentado desestabilizar hasta el cansancio mediante el financiamiento obsceno de las ONG que controla en el mundo (incluyendo México y su Torre Mayor).
El nuevo orden mundial de Soros no es económico ni político ni filosófico, sino exclusivamente financiero: un nuevo orden mundial financiero de papel-chatarra –sin sustento tangible en la producción ni en las materias primas–, al cual insta invitar a China como líder global, dejando las migajas a Estados Unidos.
Raw Story y De Defensa traducen sin cortapisas la ideología del megaespeculador Soros: un cosmopolítico (sic) partidario de un gobierno mundial. Es palmaria la alusión a la banca israelí-anglosajona que anhela el control mundial mediante el papel-chatarra de las finanzas: el viejo truco de los conquistadores del siglo XVI, quienes trocaban oro por espejitos y que los neoliberales globales del siglo XX llevaron a la trasmutación alquímica del oro negro por espejismos teológicos.
El comentario de Raw Story es demoledor: algunos críticos del sistema financiero global arguyen que los DEG representan el lado fino de la cuña para la creación de un gobierno mundial, cuando el FMI y el G-20 socavan la soberanía de los países al tomar control de la política económica de las manos de los líderes nacionales.
De Defensa explaya que la literatura sobre el gobierno mundial es abundante y cataloga a Soros como el hombre del desorden quien representa una corriente cosmopolita (sic) que no es nueva y cuya visión se subsume en la manipulación financiera.
El portal estratégico europeo desestima la abdicación voluntaria de Estados Unidos de su estatuto de superpotencia con ínfulas de su destino manifiesto para dirigir al mundo.
Conclusión: la teología financierista ultrarreduccionista de Soros es depredadoramente apátrida, ahistórica, antieconómica, apolítica, antiética, antiestética, amoral, antihumana y, más que nada, anticivilizatoria.
Soros no puede entender, debido a sus grilletes especulativos monetaristas, que el mundo financierista que se colapsó fue el que ayudó a edificar y que ahora pretende reconstruir con los detritos del basurero neoliberal que epitomizan los DEG y con los que intenta resucitar a la fenecida globalización financiera desregulada mediante un mágico control de daños cuando el mundo ya se encaminó a la desglobalización.
Fuente: La jornada
Difusión AMLOTV
2010: los mínimos de un balance
2010: los mínimos de un balance
Rolando Cordera Campos
A riesgo de pecar de optimismo, imaginemos que 2010 se vuelva el año del gran recuento mexicano, de un balance sin autocomplacencias de nuestras precariedades como sociedad política y de nuestras debilidades acumuladas como organización económica. En fin, como la fecha en que los mexicanos decidimos asumir la vulnerabilidad del Estado nacional y nos atrevimos a reconocer que sin un Estado fuerte no hay viabilidad nacional alguna, precisamente en el mundo más global que antes pero también distinto, que emergerá de la crisis y redefinirá los rumbos y perfiles de las naciones.
Con un Estado incapaz de asegurar los mínimos que sus ciudadanos requieren para hacer su vida, lo primero que se plantea es acometer una reforma política del Estado que no implique echar al niño con el agua sucia de la bañera. Que no conlleve un mayor debilitamiento institucional y, sobre todo, que no traiga consigo un achicamiento mayor de la legitimidad estatal y del conjunto del sistema político que le da sentido.
Acosada por sus propias criaturitas, como los conglomerados de los medios masivos de comunicación y la cúpula negociante, la coalición que pretendió hacerse cargo del gobierno en 2006 (en realidad, desde el desaforado 2005) encara ahora el inventario de imposibilidades y restricciones que sus alianzas mal facturadas le imponen. Emblemático como pocos es el nudo fiscal de estos días, que opaca cualquier arrogancia y despropósito político y hace evidente un doble desafío: el primero y más profundo tiene que ver con el déficit de legitimidad estatal en su sentido amplio, no sólo del gobierno; el segundo, inmediato y urgente, remite a una notable incapacidad de los que mandan para dejar atrás los dictados de una sabiduría convencional vuelta fardo mental y piedra de molino política, así como el principal factor de descalificación que, sin admitirlo, toman en cuenta las tristemente célebres calificadoras de riesgo.
De este laberinto podríamos empezar a salir mediante una convención republicana de emergencia en que partidos, legisladores, inversionistas y empresarios, sindicalistas y académicos, firmaran los plazos y los términos de una modificación sustancial en las formas de gobierno hacia un régimen parlamentario, junto con los grandes pero precisos lineamientos de una reforma fiscal que proveyese al Estado de fondos suficientes, dentro de un marco de exigencias de equidad y progresividad que contemplaran la urgente promoción de la inversión y el empleo bajo formas de cooperación público-privada.
La mínima dosis de seguridad pública que el país reclama no se logrará con el Ejército nacional en perpetuo pero sangriento simulacro de campaña, sino con una policía nacional en la que tanto las fuerzas armadas como los gobiernos estatales puedan confiar. Su constitución y despliegue tendrían que acompañarse de una consistente participación de la sociedad organizada, apoyada por un compromiso explícito de los medios informativos con el objetivo de sanear el ambiente público y comunitario y darle a la conciencia ciudadana un horizonte y una confianza claros sobre lo que leen, ven y escuchan, en vez de la cacofonía criminaloide con que hoy se le abruma.
Una manera sobresaliente de darle credibilidad a la reforma fiscal consiste en establecer metas y rutas claras para este saneamiento esencial del cuerpo político nacional: el de sus órganos de orden y seguridad. La razón de ser del Estado no es reprimir sino proteger, y es aquí donde se prueba el estado de derecho que tantos reclaman.
No habrá orden sin progreso, como quería la divisa positivista, pero el progreso es inconcebible sin una recuperación sostenida de la confianza ciudadana y de los niveles de actividad y de empleo, para desde ahí plantearse la construcción de un nuevo curso de desarrollo. Lo primero no se consigue nunca con promesas de buen comportamiento financiero y sí, aunque no siempre, con audacia gubernamental en materia de inversión y promoción productiva, para compensar la demanda privada desvanecida y luego, pero de inmediato, para estimular el riesgo y cambiar el talante de los animal spirits a favor de planes y proyectos de inversión para reconstruir el futuro.
Reaprender a formular proyectos y a programar las inversiones como tarea nacional es indispensable. Aquí, las universidades y el talento sobreviviente en la banca de desarrollo y el sector público en general pueden tener un papel estelar. La conveniencia y bondad de la educación superior, la ciencia y la tecnología, se demostrarían en sus hechos y la penuria a que se ha sometido el talento de investigadores y creadores empezaría a ser vista más como motivo de vergüenza que como astucia financiera.
No habrá progreso económico sin un mínimo de protección y aliento sociales, inspirados por un ánimo de justicia y equidad que vaya más allá de la contención de las clases peligrosas o de la compra de indulgencias. Sin dispositivos eficaces de protección social y mediación del conflicto, no habrá seguridad pública o recuperación y crecimiento que duren, ni globalización que nos reciba con beneplácito. Aquí, la seguridad pública encuentra en la seguridad social su obligada correspondencia.
Si algo hay que aprender del pasado inmediato, resumido en la apertura comercial y el TLCAN, es que nadie nos premia la fe en el mercado o la genuflexión ante las exigencias del interés trasnacional. Sí, y muchos son quienes se aprovechan de este ingenuo fideísmo, y más los que insisten en traducir la buena disposición como resignación ante las fuerzas naturales de la globalidad. Como hemos comprobado, esto no es sólo mala política sino pésima economía.
Si esta convención republicana llevase a una toma de conciencia sobre esto último, que tiene que ver con unas mentalidades adoptadas apresuradamente y la cultura nacional posible y necesaria, el ajuste con nuestras cuentas y despropósitos habría empezado en serio. Y con pie firme.
Lo demás sería lo de menos.
Fuente: La jornada
Difusión AMLOTV
Las mentiras y la productividad en LFC
Las mentiras y la productividad en LFC
Antonio Gershenson
Las mentiras no son ninguna novedad, especialmente con el régimen actual, que empezó desde la campaña electoral ofreciendo el oro y el moro. Es más: contrastamos más esas mentiras diciendo y diciéndonos la verdad. Pero ahora se dieron vuelo, y lo vamos a ver más en detalle.
Toda la campaña contra Luz y Fuerza del Centro (LFC) y contra el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) se basa no sólo en decir falsedades, sino en ocultar hechos plenamente oficiales, firmados incluso por representantes directos del gobierno federal.
El 16 de marzo de 2008 se firmó un convenio de productividad entre los representantes de LFC y del SME. Firmaron también, como testigos de honor, los secretarios de Energía, del Trabajo y Previsión Social, y de Hacienda y Crédito Público. Esta última tienen mucha razón de ser, pues la ausencia de inversión pública en la mencionada paraestatal ha sido uno de los elementos básicos de la falta de productividad.
En este convenio se establece, entre otras cosas, lo siguiente:
Si se determinara, en su caso, que los procesos pueden ser desarrollados con un menor número de trabajadores en las respectivas áreas, el personal que quede sin actividad será reubicado en aquellas áreas que requieran más personal en términos del propio proceso de reingeniería, previa capacitación... la plaza que deje el trabajador que sea reubicado no genera una vacante. Esto implica una reducción gradual del personal.
Las partes se comprometen a implementar un programa de capacitación, para que el personal desarrolle y ejecute nuevas y múltiples funciones. Esto muestra que la afirmación, durante la campaña contra este sector de la industria eléctrica, de que si a un chofer se le baja una llanta, no va a arreglarla él solo, es de mala fe, pues ya había un proceso en marcha para cambiar esa situación.
El sindicato se compromete a coadyuvar con LFC en el objetivo de disminuir las pérdidas de energía no técnicas, hasta alcanzar, al 30 de noviembre de 2012, un nivel de pérdidas similar al resto del sector eléctrico nacional. También estaba en proceso esto, por lo que las palabras oficiales en el sentido de que había más de estas pérdidas en LFC que en el resto del sistema también ocultaban que esto estaba ya también en proceso de corrección. También, el gobierno federal, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, procederá a la asunción de la deuda de LFC.
¿Por qué los funcionarios han silenciado todo esto? Y debemos agregar que se estableció, en el mismo convenio, que la ya existente Comisión Mixta Permanente de Productividad, en la que participan LFC y el SME, va a trabajar al respecto, y ha estado evaluando resultados. Según fuentes sindicales, el nivel de cumplimiento que resultó de estas reuniones y evaluaciones, y de un balance general de resultados 2008, fue superior a 90 por ciento. No he visto desmentidos ni otras versiones.
Tampoco están entre los hechos públicos anteriores a la liquidación las acusaciones de ineficiencia. Los hechos públicos van por otro lado.
Pese a que las elecciones en el SME –que fueron un hecho de la vida interna de ese sindicato– habían sido en junio de este año, el 5 de octubre la Secretaría del Trabajo niega la toma de nota de los candidatos que resultaron elegidos, incluido el secretario general.
En señal de protesta, hubo una marcha del SME a Los Pinos el 8 de octubre.
Dos días después, el sábado 10 de octubre, se produce la ocupación masiva, por fuerzas policiales y militares, de los centros de trabajo de Luz y Fuerza del Centro. El día siguiente, domingo 11, se decreta y comunica en el Diario Oficial la liquidación de LFC.
Por más que, entre tantas mentiras, se dijo que no se trataba de una privatización, la mayor parte de quienes sustituyeron a los miembros del SME en su trabajo son empleados de empresas privadas de fuera del área central, todo indica que contratadas por la Comisión Federal de Electricidad (CFE).
Se habla, en lo general, de los apagones del pasado. Pero los funcionarios ocultan hasta cuándo pueden extenderse los apagones –algunos de varios días y de áreas extensas– que se han producido desde que un grupo de personas de la CFE y muchos empleados de sus contratistas privados están a cargo de la misma región.
Este es el pretendido sustento de las agresiones contra LFC y contra el SME.
gershen@servidor.unam.mx
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Fuente: La jornada
Difusión AMLOTV
Gobierno esfuma archivos de Luz y Fuerza del Centro
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Miles de expedientes reservados resguardan testimonios, cifras y prácticas que documentan la forma como se administró esa empresa estratégica y que se perderán en cuanto se consuma el proceso de liquidación de la misma. En cada edificio, oficina, sucursal o subestación, permanecen velados al conocimiento público centenas de registros que describen cómo y quién ejecuta el robo de fluido eléctrico en perjuicio de esa empresa; el resultado de arqueos a pagadores de subestaciones eléctricas; qué firmas se beneficiaron de las autorizaciones para eliminar sustancias peligrosas, y quiénes entablaron los numerosos juicios laborales y por qué contra LFC. Esa información, alejada de los ciudadanos desde 2003, quedará oculta para siempre
El registro de expedientes reservados por el organismo descentralizado Luz y Fuerza del Centro (en proceso de extinción tras el decreto presidencial del 11 de octubre pasado) muestra un amplio universo integrado por miles de archivos y documentos que revelan las funciones, actividades, resoluciones y medidas administrativas que emprendió esa empresa, cuyas autoridades consideraron que debían ocultarse al conocimiento público luego de que entró en vigor la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental (LFTAIPG).
La Dirección de Asuntos Jurídicos de ese organismo clasificó 6 mil 597 asuntos; le sigue la Dirección de Recursos Humanos en el rubro de “Relaciones laborales”, con 5 mil 635 archivos, a los que se suman 146 expedientes de la Coordinación de Proyectos Institucionales que comprenden juicios laborales. Otros 100 expedientes reservados pertenecen a la Subdirección de Abastecimiento, rubro “Dispositivos de inteligencia y seguridad”; 22 más de esa subdirección corresponden al área “Recursos materiales y obra pública”, y 85, al aseguramiento de bienes e intereses asegurables de la empresa. No son todos los archivos reservados de Luz y Fuerza del Centro (LFC), aunque algunos de los que aquí se describen ilustran la condición de secretismo en que operaron desde hace años rubros estratégicos de ese organismo.
En el caso de asuntos jurídicos, Luz y Fuerza del Centro (LFC) reservó, por cinco años, como clasificados los expedientes correspondientes a “Averiguaciones previas”. Asuntos relativos a “Juicios especiales hipotecarios”, “Tercerías excluyentes de dominio”, “Juicios de amparo”, “Juicios ejecutivos mercantiles”, “Reclamaciones de fianzas”, “Juicios agrarios”, “Concursos mercantiles”, “Juicios ordinarios mercantiles”, así como “Asuntos fiscales y administrativos”, todos se clasificaron por 10 años, hasta enero de 2014.
Es notable que desde el 30 de enero de 2004, LFC clasificó más de 100 expedientes relativos a averiguaciones previas por “robo de fluido eléctrico”, así se observa en el expediente AP/RFE1, cuya información sería accesible hasta 10 años después. En el decreto que extingue a ese organismo se señala que “el porcentaje de pérdidas totales de energía de Luz y Fuerza del Centro es excesivo y superior en casi tres veces al que presenta la Comisión Federal de Electricidad”. Agrega el decreto que a junio de 2009 Luz y Fuerza del Centro perdió el 30.6 por ciento de energía; los documentos que informan las razones y a los responsables de esa pérdida se mantuvieron en secreto por años.
De la política de reserva que mantuvo Luz y Fuerza del Centro con respecto del robo de fluido eléctrico, María Xelhuantzi López, doctora en ciencia política y analista en organizaciones laborales de la Universidad Nacional Autónoma de México, considera que una investigación de esos expedientes arrojaría luz respecto “de quién robaba y cómo se clasificaba” esa información por parte de la empresa.
“Desde luego, el robo en pequeña escala, de los ambulantes o de la vía pública se resolvía con una mordida; en cambio, el robo de mayor proporción, que indudablemente implica a grandes consumidores, grandes empresas y grandes intereses, a riesgo de equivocarse, se concluiría que mientras más grande e importante fuera la empresa que robaba el fluido, más secreto es el expediente”, estima la entrevistada.
En “Asuntos penales”, que involucran a LFC según los archivos que reservó, es notorio que a partir de enero de 2006 esa empresa optó por el máximo periodo que autoriza la ley para clasificar su información (12 años). Así se evidencia en el expediente PGR/CHAL/106/II/03 que fue clasificado el 13 de julio de 2009 y que sería visible hasta 2021, aunque ahora, en el actual proceso de extinción del organismo, podría quedar olvidado.
Otro aspecto que permanecerá oculto al interés público es el relativo a los “Dispositivos de inteligencia y seguridad de LFC”. La Subdirección de Abastecimiento y Transportes en el rubro clasificó 100 expedientes, todos por 12 años. “Corporaciones policiales para vigilancia y seguridad en el Distrito Federal y en los estados de México, Hidalgo, Puebla y Morelos” se remonta al 1 de septiembre de 2003 y sería accesible hasta 2015.
De igual manera, las autoridades del organismo descentralizado alejaron del conocimiento público por 12 años el archivo relativo a “Dispositivos de seguridad en instalaciones (directorio de instalaciones, planes de seguridad física, programas de supervisión, ficha técnica, diagnóstico de riesgos)”. Hicieron lo mismo con la información relativa a las “reuniones ordinarias y extraordinarias del grupo de coordinación para la atención de instalaciones estratégicas”, que se clasificó por 12 años, desde 2003.
Igual ocurrió el 11 de enero de 2006 cuando los funcionarios de LFC decidieron clasificar por 12 años la información del expediente “Presupuesto asignado para los servicios de vigilancia policial 2006 (presupuesto de explotación)”.
Finanzas oscuras
Por su parte, la Subdirección de Finanzas reservó, desde 2004, por 12 años, la información que contiene 1 mil 271 expedientes sobre el rubro “Recursos financieros”. Se trata de los estados de cuenta, relaciones de nómina, control y registro de pólizas de ingresos, conciliaciones, egresos por partida presupuestal, registro contable, valores financieros.
Como ejemplo, están los expedientes “Programas y recorridos de pago de nómina 2”, “Ingresos enlace bancos 30”, “Pólizas tipo 18”, “Liquidaciones semanales subt”. “Belem de las Flores 4”. Otros, como “Resguardos de los fondos fijos subt. Iztap”, estarían disponibles hasta 2011.
Entretanto, datos sobre nóminas, arqueos (comprobación de efectivo), pagos temporales se resguardaron desde 2006 hasta enero de 2018; así se observa en los expedientes “Requerimientos de nóminas subt. Cuautitlán”, “Arqueos subt. Cuautitlán”, “SC04C-SE05-Arqueos a pagadores-subtesorería Ecatepec-LFTAIPG-13-1v-1-5 años”, “Guías de autoevaluación subt. Cuautitlán”, “Penalización Tameme subt. Cuautitlán”, “Liquidaciones semanales subt. Cuautitlán” y el expediente “Egresos (programa pagos subg. plan y cont. F.) Febrero 06 S.T.-1 carpeta”.
Asimismo, la “Liquidación de pagadores subt. centro 10” se clasificó desde 2006 hasta enero de 2011. Los expedientes titulados “Subgerencia de Planeación y Control Financiero./S.T.Z.C.-1 carpeta” y “Remesas especiales extraordinarias g.finanzas-1 expediente” se reservaron el 13 de julio de 2006 para permanecer clasificados por 12 años.
Por otra parte, Luz y Fuerza del Centro decidió no informar qué sucede con respecto del rubro “Tecnologías y servicios de la información”, pues clasificó 108 expedientes desde 2004; todos por el máximo de tiempo que permite la ley. Se trata de archivos que contienen información sobre el software para cada equipo que opera en esa subdirección, sobre el código fuente, de documentación técnica y temas relacionados, de plataforma distribuida, así como de esquemas de seguridad.
También clasificó 104 archivos relacionados con el rubro “Programación, organización y presupuestación”, que contienen datos sobre compromisos para años subsecuentes e inversiones del organismo descentralizado, como el archivo denominado “Compromisos solicitados 1”, clasificado el 29 de enero de 2004, disponible hasta 2016.
Askareles en secreto
El jueves 11 de octubre de 2007 la Comisión de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca del Senado de la República aprobó en votación económica un punto de acuerdo, que también aprobaron los congresos de Querétaro y San Luis Potosí, para que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) informara sobre el manejo de askareles en el país.
En el dictamen correspondiente de esa comisión se señaló que “los askareles o bifenilos policlorados (BPCs) son una mezcla de hasta 209 compuestos clorados individuales”, que son líquidos aceitosos o sólidos, incoloros a amarillo claro capaces de existir como vapor, inoloros e insípidos, que se usaban ampliamente como refrigerantes y lubricantes en transformadores, condensadores y otros equipos eléctricos.
El Senado agregaba que “los askareles se constituyen como residuos peligrosos ya que poseen alguna de las siguientes características: corrosividad, reactividad, explosividad, toxicidad, inflamabilidad, y ponen sustancial o potencialmente en peligro la salud humana o el ambiente”, pues los resultados del contacto de BPCs en seres humanos han sido: “abortos, defectos en los recién nacidos, desórdenes funcionales en el sistema nervioso, causando vértigo, depresión, fatiga y nerviosismo” y, en el peor de los casos, cáncer.
Además, ese documento apuntaba que los BPCs están prohibidos en la mayoría de los países “y en el nuestro no es excepción”, ya que es uno de los tres principales objetivos del Plan de Acción Regional de América del Norte que se lleva dentro del Acuerdo de Cooperación Ambiental de América del Norte, “del cual, México es parte”, y donde se comprometía a la eliminación, manejo ambientalmente adecuado de los inventarios en todo su ciclo de vida y retiro gradual y destrucción de los BPCs.
Por esas consideraciones, la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales pedía a la Semarnat información sobre la localización y volumen de bifenilos policlorados almacenados, abandonados o en uso, así como un listado de generadores; fechas y métodos de eliminación de los bifenilos policlorados existentes, así como los responsables de ese proceso.
También, le requería copia del programa de eliminación de bifenilos policlorados para 2008, como lo indica la “Tabla I” de la Norma Oficial Mexicana: NOM-133-SEMARNAT-2000, incluyendo método, cantidades y responsables de tal eliminación y métodos y cantidad de BPCs, eliminados desde la entrada en vigor de la NOM mencionada hasta esa fecha (11 de octubre de 2007).
Esa preocupación del Senado sobre el manejo y desecho de esos residuos peligrosos no impidió, sin embargo, que desde 2004 la Subdirección de Planeación Estratégica de Luz y Fuerza clasificara 118 expedientes relacionados con el rubro temático: “Protección ambiental, manejo de residuos peligrosos”, particularmente la información relativa a los programas de eliminación.
Otros se clasificaron por seis años en cuanto comenzó la actual administración federal: “Askarel licitación pública internacional LPI/SS-153/94”, que permanecería clasificado hasta el 12 de enero de 2011. En igual circunstancia están los archivos “Bifenilos policlorados (BPC-S) 1994”, “Publicaciones diversas askarel 1994”, “BPCs bitácora de obra 1996”, “Certificado de incineración BPC-S (manifiesto de entrega y transporte) 1996”, “PBCs contrato No. SS-111/96 (RIMSA) (manifiesto de entrega y transporte)”. “Estado de cuenta del contrato de servicios (RIMSA No. SS-111-96) (ECOLAB No. SS-139/97)”, así como el denominado “Bifenilos policlorados (BPCs) (manifiestos) 1997”, y otras decenas de documentos más.
Además de los certificados para la incineración de BPCs y estados de cuenta de contratos de servicios o bitácoras de obra, la Subdirección de Planeación Estratégica de LFC clasificó otras actividades relacionadas con el manejo o destrucción de estos residuos peligrosos. Dos de ellos se vinculan con el Almacén Victoria del organismo. El primero, relativo a “Compras” y el segundo, a “Bajas de almacén”, que fueron blindados por cinco años a partir del 12 de enero de 2006.
Igualmente ocurrió con los archivos denominados “Bajas de almacén 1999”, “Programa de sustitución de equipos en operación con BPCs”, “Empresas autorizadas en el tratamiento con BPCs”, “Profepa-Almacén Victoria BPCs”, “Reporte de análisis de laboratorio 2003-2005” y “Avances de indicadores BPCs 2003-2004”.
Respecto de la falta de transparencia en proceso de eliminación de askareles que se tradujo en la clasificación de los expedientes que contienen la información respectiva, la estudiosa en relaciones laborales María Xelhuantzi López apunta que es delicado que no se hiciera pública en su oportunidad, pues conlleva riesgos a la salud de los propios trabajadores de LFC: “Es un asunto de salud y de vida para los trabajadores; hasta donde sabemos, el sindicato no tomó medidas oportunas”.
Oscuras relaciones laborales
La relación entre LFC y sus trabajadores no es transparente, como lo demuestra la clasificación de 5 mil 635 expedientes relacionados con juicios laborales que hizo la Dirección de Recursos Humanos. El título de los expedientes no logra ilustrar el contenido de esos archivos blindados, como se observa en el expediente 005A30385/2006, cuyo contenido se reservó hasta el 11 de enero de 2019.
Entre el amplio universo de información oculta en torno a las demandas que empleados de LFC emprendieron contra el organismo descentralizado, también figuran los archivos GRL-AI-G-026-054197, por procedimientos administrativos laborales en 2007, y el 005 A/0666/2007, que apenas se clasificó el 14 de enero de 2009 y que se abriría hasta 2021.
Más de 5 mil expedientes que documentan causas y procedimientos de otros tantos juicios laborales entre una empresa pública y sus trabajadores corren el riesgo de perderse con su valioso contenido informativo para la sociedad frente al proceso de extinción del organismo.
Complicidad y corrupción
La práctica de clasificar miles de expedientes de la empresa Luz y Fuerza “refleja un altísimo grado de corrupción y complicidad del propio gobierno, pues se trata de un organismo público descentralizado de donde el gobierno no sólo era el administrador sino el propietario”, aprecia María Xelhuantzi, de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales.
En su opinión, esto denota que el gobierno “es parte medular de la corrupción que había ahí” y no descarta que la Secretaría de Energía, que es la cabeza del sector, conociera esa información. Explica la especialista en organizaciones sindicales que “esto revela la responsabilidad tan grande que tiene el gobierno en la situación de inviabilidad y de crisis que, al final de cuentas, lo llevaron a tomar la decisión de liquidar la empresa”.
Al mismo tiempo, reitera, “también refleja que había toda una intención desde tiempo atrás de tomar la medida de extinguir a la empresa; refleja que el gobierno no tenía ni voluntad ni vocación” de que LFC operara de manera eficiente, de reestructurarla, pues si esto hubiera sido, habría tomado medidas oportunamente.
A su vez, la especialista sostiene que también hay gran corresponsabilidad del sindicato en la situación interna de la empresa, porque “indudablemente sabía, quizás no de todo y a fondo, pero sí de los malos manejos de la empresa”. Xelhuantzi López considera que el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) “no sólo no tomó la iniciativa para que esto cambiara, sino que se volvió también parte de ese statu quo”, y que la responsabilidad de la organización gremial radicaría en “haber omitido, tolerado y solapado” tal situación.
“El sindicato no actuó oportunamente ni con fuerza, la misma que mostró en las calles durante su marcha del jueves 15 de octubre, y que debió invertir para presionar suficientemente a la empresa con objeto de lograr que las cosas cambiaran, pero no lo hizo. En todo caso, la mayor responsabilidad de la crisis interna de Luz y Fuerza del Centro recae en el gobierno”, expresa la autora de las investigaciones: El sindicalismo mexicano: entre la coyuntura y la historia (UAM, 2004) y El sindicalismo en la reforma del Estado.
Más allá de la parte de responsabilidad que corresponda al SME respecto de la situación de Luz y Fuerza del Centro, la investigadora concluye que, “desafortunadamente”, con la liquidación del organismo todos los expedientes reservados y su valiosa información se perderán. Ese hecho y lo que actualmente pasa reflejan “la falta de transparencia brutal” que existe en este país sobre cosas fundamentales.
Si le buscamos a Petróleos Mexicanos o a la Comisión Federal de Electricidad, advierte, “encontraríamos irregularidades de igual o mayor proporción, lo que muestra que a pesar de la alternancia política en el país existen las mismas complicidades que nos llevan a tener un país sistemáticamente corrupto y donde los ciudadanos estamos indefensos y obligados a creer la información oficial, manipulada a través de los grandes monopolios de la información”.
La medida de extinción contra Luz y Fuerza del Centro “refleja que el presidencialismo autoritario en este país sigue intacto, lo que es muy grave”, declara María Xelhuantzi. Agrega que si para el gobierno federal el problema de fondo era la viabilidad de la empresa, esto se hubiera discutido en otro nivel y en otra forma, no recurriendo a un “acto de brutalidad autoritaria” como el que se dio el 11 de octubre.
Fuente: Contralínea
Difusión: AMLOTV
La nación, la Constitución y los trabajadores
La nación, la Constitución y los trabajadores
Arnaldo Córdova
Nuestra Constitución, tan imperfecta y atrasada como es en casi todas las materias, define a la nación mexicana como una sociedad dedicada al trabajo y es por ello que en su artículo quinto consagra la libertad de profesión, industria, comercio y trabajo. Por supuesto que no se revela en ello la idea de una sociedad de trabajadores, como llegó a sugerirse en los amplísimos debates en torno a este artículo en el Constituyente de 1916 y 1917. De hecho, no hay Constitución en el mundo que no haga lo mismo. Pero el artículo 123 contempla a esa misma sociedad como dividida en clases de individuos dedicados a diferentes tareas. En él no se habla de clases, desde luego, sino de factores de la producción.
Si se le examina con atención, el 123 no sólo protege los intereses de los trabajadores asalariados, sino también los intereses de los empleadores, dadores de trabajo, empresarios, patronos o como quiera llamárseles. A los primeros, se les debe garantizar lo mínimo para desempeñar su labor como un factor de la producción; a los segundos, no se les puede exigir lo que no pueden dar, asimismo, como un factor de la producción que son. En ambos sentidos, el derecho del trabajo se ha desarrollado sin grandes contradicciones, como no sean las que surgen de la intervención de las autoridades del Estado que vienen a desequilibrar y destruir lo que en ese artículo es también esencial: el equilibrio entre ambos factores.
El problema surge cuando se trata del sector público de la economía, a cargo y bajo administración de los órganos del Estado. Se ha dicho hasta la saciedad que en el tipo de relaciones que se da en la empresa pública el Estado se convierte en privado, vale decir, en patrón. Muchos iuslaboralistas han puesto en entredicho esa noción. Al maestro Antonio Martínez Báez, otro de nuestros grandes constitucionalistas, en alguna ocasión le oí decir que ni al Estado ni a sus órganos se les podría jamás definir como privados. Lo público y lo privado son conceptos antinómicos, totalmente diferentes y se refieren a esferas perfectamente distintas de la actividad social.
Cuando el Estado tiene que litigar con un privado, me explicaba en algún momento, no es que deje de ser Estado, sólo se pone en igualdad de condiciones con el privado para que se haga la justicia. En un conflicto así, nunca podrá dejar de alegarse el interés público. El Estado no se equipara a la condición del privado, sólo deja de utilizar su poder para que la relación sea de igualdad. Cuando se utiliza el poder presidencial para fines arbitrarios, como los que hemos presenciado en el absurdo decreto de extinción de Luz y Fuerza del Centro, ni siquiera hay una relación jurídica. Hay sólo un acto de fuerza ilegal y contraria al orden constitucional. En ese acto incalificable, como quiera que se le vea, se trató a los trabajadores no como un factor de la producción, sino como simples objetos desechables sin ninguna función jurídica o productiva.
La frase de ese monaguillo de sacristía que ocupa la Secretaría de Gobernación, primero liquídense y luego veremos, jurídicamente bastante idiota, lo dice por completo. En las relaciones de trabajo, lo supone el 123, hay derechos, responsabilidades y obligaciones. Todos ellos se echaron por la borda al extinguir LyFC. No se trató del estanquillo de la esquina, en el que el dueño le dice a su único empleado, pues aquí acabó todo porque ya no puedo seguir. Se trata de una empresa pública, encargada por la ley de dar un servicio público. Si la empresa ya no funcionaba el servicio seguía y los encargados de atenderlo eran sus trabajadores, al igual que sus administradores.
Hacer responsables a los trabajadores por el mal desempeño y las pérdidas de la economía es sólo un pretexto canallesco y ruin. El SME ha descarrilado esa especie al mostrar palmariamente todos los latrocinios que los gobiernos priístas y panistas consumaban a costa del erario de la compañía que era de la nación. En ello no se le tomaba opinión alguna al sindicato y, además, se le obligaba a trabajar sin los materiales adecuados para el desarrollo de su función. No hay una fracción especial del 123 que haya que citar. Todo el artículo y su espíritu jurídico y de sentido que lo informan han sido violados.
De hecho y sin fundarse en la Constitución, el gobierno panista, con su decreto, planteó un conflicto (o una diferencia) como lo señala la fracción XX del 123, sin hacer referencia a la misma y sin cumplir con lo que señala: si el sindicato era culpable de la mala marcha de la compañía, como se afirma en el decreto y fuera del mismo, debió haberse planteado ante una Junta de Conciliación y Arbitraje y esperar su resolución para dictar el decreto. La fracción XXII del mismo artículo especifica que si un obrero es despedido, el patrón, en este caso el gobierno federal (puesto que el servicio persiste y la empresa se extinguió), estará obligado a elección del trabajador a cumplir con el contrato (ya inexistente) o a ser indemnizado. En el primer caso, debió habérsele dado la opción de seguir en su trabajo.
El caso es que ni siquiera la misma Ley Federal del Trabajo fue cumplida en este atraco a las instituciones y a la sociedad desde el Estado. Alega una causa de fuerza mayor que es la incosteabilidad de la empresa, pero esa causa se alega para terminar las relaciones del trabajo según el artículo 434 de la Ley. El mismo precepto establece la incosteabilidad notoria y manifiesta de la explotación; entonces debió haberse ventilado ante una Junta de Conciliación y Arbitraje, señala la fracción III del siguiente artículo, el 435. No se puede echar a la calle a los trabajadores sin permitirles ejercer su derecho a elegir entre la indemnización o la reinstalación en el trabajo. Es su derecho, pero los gobiernos derechistas no tienen noción ninguna de lo que son los derechos de los ciudadanos.
Una nota divertida la acaba de dar el presidente de la Barra Mexicana Colegio de Abogados, Carlos Loperena Ruíz, al que se le ocurrió decir que la sustitución de La CFE a LyFC no es posible porque quien se quedó con los bienes de la empresa extinguida es el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes y que si, finalmente, se hace cargo del servicio, las relaciones de trabajo se habrán extinguido. El abogado Loperena no debe entender que aquí se trata de un servicio público y no de un inventario de cosas o bienes, como cacahuates o chiles (cosa, la verdad sea dicha, a cargo del SAE). Tal vez cree que si él desecha una computadora de su despacho también puede echar a la calle a su secretaria. Así entiende la derecha el derecho y la abogacía.
Fuente: La jornada
Difusión AMLOTV
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