Vecinos de La Malinche marcharán al Zócalo

Opositores a la Supervía anuncian que protestarán el próximo 5 de enero, en punto de las 16 horas, por el incumplimiento de acuerdos y la toma de predios a manos de granaderos

Integrantes del Frente Amplio en contra de la Supervía anunciaron que el próximo miércoles 5 de enero, a las 16:00 horas, realizarán una marcha rumbo al Zócalo en contra de las acciones del gobierno de Marcelo Ebrard realizadas esta mañana.

Durante la manifestación, mostrarán su repudio a la toma de los predios expropiados por parte de cientos de granaderos que se hizo bajo lo que ellos acusan como engaños, violación de sus derechos y de acuerdos que el propio gobierno tenía con una comisión especial de personalidades que mediaban en el conflicto.

En asamblea, los vecinos aseguraron que aun cuando los predios estén tomados, ellos seguirán con su movimiento de resistencia desde otras trincheras.

Por el momento, dijeron que se mantendrán en el lugar y ya organizaron las guardias para evitar que el gobierno los desaloje su campamento

Esta mañana un grupo de granaderos bloqueó la entrada a los predios expropiados en la colonia La Malinche para la construcción de la Supervía Poniente.

Fuente: Observatorio Eclesial

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Rousseff jura como la primera presidenta de Brasil

Rousseff jura como la primera presidenta de Brasil

“Mi compromiso es honrar a las mujeres y proteger al frágil”, dijo. Nombra nueve ministras.

Afp

Publicado: 01/01/2011 11:03

Basilia. La economista Dilma Rousseff, de 63 años, se convirtió este sábado en la primera mujer presidente de Brasil, en sustitución del popular Luiz Inacio Lula da Silva, a quien rindió homenaje con un llamado a profundizar las reformas sociales de su gobierno.

Ex integrante de la resistencia armada a la dictadura militar (1964-1985), por lo que pagó con torturas y tres años de cárcel, y pieza fundamental del gobierno de Lula desde dos ministerios, Rousseff asumió el mando de la octava economía del mundo con un homenaje a su “padrino político”, quien la condujo a la Presidencia.

"El mayor homenaje (a Lula) es ampliar y avanzar las conquistas de su gobierno", afirmó Rousseff ante los miembros de las dos cámaras del Congreso que la aplaudieron de pie.

Rousseff señaló que Brasil tiene la "oportunidad" de convertirse en una "nación desarrollada" con "estilo brasileño" y un fuerte componente de sostenibilidad ambiental.

Para ello, llamó a la unión de las instituciones para mantener los buenos fundamentos que sostuvieron el crecimiento brasileño en los últimos años, y pidió especial apoyo al asumir el "compromiso con la erradicación de la pobreza extrema" en Brasil, donde 20 de los poco más de 190 millones de habitantes se encuentran en esa situación.

"Aún existe una pobreza que avergüenza a nuestro país", lanzó durante su primer discurso tras asumir el cargo ante el Congreso.

"No voy a descansar mientras haya en Brasil brasileños sin alimentos en su mesa, y niños pobres abandonados a su propia suerte", prometió, en medio de aplausos de los legisladores y jefes de Estado presentes en el Parlamento, entre ellos varios latinoamericanos.

Rousseff se comprometió, además, a profundizar la integración latinoamericana.

"Seguiremos empeñados en profundizar la integración con nuestros hermanos latinoamericanos", sostuvo ante el plenario del Congreso brasileño.

El nuevo gobierno brasileño buscará "asociar su desarrollo económico y político a nuestro continente", remarcó.

Rousseff enfatizó que pretende dar una "consistencia cada vez mayor al Mercosur" integrado por Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay, además de Chile y Bolivia como miembros asociados externos y Venezuela en proceso de adhesión.

"Vamos a dar especial atención a los países emergentes", aseguró.

"Profundizaremos las relaciones con Estados Unidos y la Unión Europea", añadió.

Rousseff, elegida para gobernar por cuatro años, llegó al Congreso bajo una intensa lluvia que obligó a modificar partes de la ceremonia, sin que ingresara a la Catedral de Brasilia.

Luego del Congreso, se dirigió al Palacio do Planalto donde Luiz Inacio Lula da Silva entregó a la presidenta Dilma Rousseff, la banda presidencial verde y amarilla en el punto culminante de la ceremonia de traspaso de mando a las puertas del palacio de Planalto, ante miles de brasileños y autoridades invitadas.

Dilma Rousseff llegó al Palacio presidencial en el Rolls Royce abierto acompañada de su hija. Subió a pie la rampa que conduce a la entrada principal del marmóreo y acristalado palacio, acompañada del vicepresidente Michel Temer, a las puertas del cual la esperaba Lula, quien poco antes había sido recibido con vítores y gritos de "Olé, Olé, olá, Lula, Lula", tanto por las autoridades dentro del palacio como por las multitudes fuera.

Lula abrazó emotivamente a Rousseff, quien fue su mano derecha en el gobierno como jefa de gabinete, y levantó los brazos de la flamante presidenta y del vicepresidente en señal de victoria. Con la transferencia de la banda presidencial, seguida del discurso a la nación de la nueva presidenta, concluye las ceremonias de investidura.

Lula, quien deja el poder con una popularidad récord de 87 por ciento después de ocho años de gobierno, pasará el mando a su “protegida política” e inmediatamente abandonará Brasilia rumbo a su residencia en Sao Bernardo do Campo, un suburbio obrero industrial, próximo de Sao Paulo, en donde gestó su liderazgo sindical en los años 70.

Rousseff pasará a ocupar el despacho principal del Palacio do Planalto en un momento de expansión sostenida de la economía, con una previsión de crecimiento de 7.6 por ciento del Producto Interno Bruto en 2011 y una tasa de desempleo de 5.7 por ciento en noviembre, un mínimo histórico.

No obstante, la supervalorización de la moneda local (que permitió la acumulación de un nivel récord de reservas internacionales) ya afectó seriamente la balanza comercial y el desempeño del segmento industrial orientado a la exportación.

Al mismo tiempo, la inflación cierra el año por encima de la meta oficial de 4.5 por ciento al año e inicia 2011 con tendencia al alza.

Bajo el gobierno de Lula 29 millones de personas salieron de la miseria, según cifras oficiales, pero casi la mitad de la población sigue sin acceso a saneamiento y la tasa de analfabetismo roza 10 por ciento.

Rousseff contará con parte del equipo de gobierno de Lula. Entre los 37 ministros y secretarios con rango de ministros, hay nueve mujeres, un hecho inédito en la historia del país sudamericano.

Una de sus promesas de campaña fue aumentar la participación femenina en el gabinete. A las nueve con rango de ministro deben sumársele otras 26 con rango de secretarios ministeriales y directivos de entes estatales.

La nueva presidenta nombró a una mujer en el estratégico Ministerio de Planificación, Miriam Belchior, a cargo del presupuesto.

En tanto, Ideli Salvatti estará en la cartera de Pesca; María del Rosario, Derechos Humanos; Helena de Barrios, Promoción de la Igualdad Racial; Isabella Teixeira, Medio Ambiente; Ana de Hollanda, Cultura; Iriny Lopes, Políticas Femeninas; Helena Chagas, Comunicación social; y Tereza Campello, Desarrollo Social.

En el plano externo, Rousseff asume el poder en medio de una incipiente crisis diplomática con Italia, ante la decisión adoptada por Lula en su último día de gobierno de no extraditar al ex militante de ultraizquierda italiano Cesare Battisti, condenado por cuatro asesinatos en su país.

Fuente: La jornada

Difusión AMLOTV

Toman 300 granaderos predios para Supervía en La Malinche

Toman 300 granaderos predios para Supervía en La Malinche

El plantón de opositores no será retirado, pero se continuarán con las obras, señaló el GDF.

La Jornada en línea

Publicado: 01/01/2011 13:19

México, DF. Con apoyo de 300 granaderos, el Gobierno del Distrito Federal tomó esta mañana posesión de los 50 predios de la colonia La Malinche, donde vecinos opuestos a la Supervía se mantienen en plantón.

El Secretario de Obras de la ciudad, Fernando Aboitiz, así como el coordinador general de Proyectos Estratégicos del DF, Jesús Lucatero, arribaron a la zona de conflicto a las 6:30 horas, junto con los elementos de seguridad, para notificar a las personas inconformes instaladas en plantón de la toma de los predios expropiados.

A su llegada, los granaderos levantaron un cerco de seguridad alrededor de los predios expropiados con vallas metálicas y alambre de púas, y, según las autoridades del DF, no se registraron actos de violencia.

“Es de resaltarse que dichos terrenos fueron debidamente pagados por la autoridad capitalina a sus respectivos dueños. Al momento del ingreso de las autoridades a los predios, no se encontraban al interior de los terrenos ninguno de los ex propietarios y no se registraron hechos de violencia”, señaló el gobierno capitalino en un comunicado.

El plantón no será retirado, pero se continuarán con las obras. El GDF estará dispuesto al diálogo con los opositores “pero no a costa de dejar la superficie de los predios expropiados como tierra de nadie”, indicó.

Fuente: La jornada

Difusión AMLOTV

4. Los temas de derechos humanos 2010: La violencia gana espacio a la juventud juarense

México D.F., 27 de diciembre de 2010 (Cencos).- La situación de violencia se incrementó en Ciudad Juárez, Chihuahua desde la llegada del ejército en 2008. El paisaje urbano se comenzó a transformar con el paso de los combois y los retenes que sitiaron la ciudad, la sola presencia del ejercito agredía a los ciudadanos.

Estas acciones por parte del gobierno federal desencadenaron un mayor número de violaciones a los derechos humanos y la criminalización de la sociedad en particular de la juventud juarense. 2010 fue un año en que las niñas y niños, las y los jóvenes verían como se agudizaba la violencia y la criminalización en su contra, mientras su calidad y prespectiva de vida se deteriora.

El 30 de enero de 2010 en la colonia Villas de Salvárcar, fueron asesinados 13 adolescentes y 2 personas adultas durante la celebración de un cumpleaños, las víctimas en su mayoría eran estudiantes de preparatoria. Este hecho trajo consigo la indignación de la sociedad, por lo que el 13 de febrero organizaciones como el Frente Popular Ciudadano y el grupo Resissste convocaron a la “Marcha de coraje, dolor y desagravio” donde marcharon 3 mil personas en memoria de los 13 jóvenes asesinados y para repudiar la permanencia del ejército en Ciudad Juárez.

En entrevista para el Centro Nacional de Comunicación Social (Cencos), Pavel Velazquez, integrante del Frente Plural Ciudadano que trabaja contra la militarización, comenta que desde la llegada del ejército se incrementó la violencia, las ejecuciones y además fue el comienzo de extorciones, desaparición forzada, secuestro, y abusos por parte de funcionarios públicos.

El Frente parte del análisis de que no existe una guerra real contra el narco - explica Pavel-y aún cuando la hubiera “repudiamos que estén ejecutando gente en las calles. En todo caso, si la persona fuera el peor criminal, que se le detenga, investigue enjuicie y sentencie, pero no que un comando llegue y lo ejecute a las 12:00 de la mañana a las afueras de una primaria”.

Ciudad Juárez nunca fue una ciudad muy politizada -recuerda- sin embargo; los jóvenes han mostrado mayor empatía con las acciones del movimiento que ha venido impulsando el Frente como las caminatas contra la muerte de todos los sábados y diversas manifestaciones de protesta pero también de vinculación con la sociedad como es el caso del periódico Espartaco.

En este clima la credibilidad del gobierno ha menguado frente a la sociedad ante los constantes intentos por vincular a los jóvenes con el crimen organizado, “la sociedad en Juárez vive en un estado de terror, por lo que los jóvenes tuvieron que replegarse perdiendo espacios de esparcimiento junto a la población en su totalidad”.

Muestra de descompocisión social

El Colegio del Norte en su informe Todos somos Juárez presentado en marzo del presente año señala que en lo que va de 2008 a febrero de 2010 en un rango de edad de 12 a 35 años han sido asesinados con dolo 2 mil 526 jóvenes y que hay alrededor de 120 mil jóvenes en Ciudad Juárez entre los 13 y 24 años que actualmente no tienen acceso al aparato escolar, ni al mercado laboral.

Es importante destacar que en Ciudad Juárez miles de niñas y niños han quedado huérfanos en lo que va de la supuesta guerra contra el narcotráfico, por lo que organizaciones de la Sociedad Civil como Ririki intervención social, el Centro de Derechos Humanos Paso del Norte, Caminos Posibles, Casas de Cuidado Diario Infantiles, A.C. y la Organización Popular Independiente, recogieron los relatos y dibujos de los pequeños de Ciudad Juárez, en el libro titulado Un… dos… tres por mí y por todos mis amigos, las voces de las niñas y los niños pequeños de Juárez. En la publicación se rescatan testimonios de las niñas y niños de lo que significan las palabras amor, calle, barrio, escuela, familia, seguridad y Zumba, “en una ciudad donde viven poco más de un cuarto de millón de niños y niñas de hasta ocho años de edad. Niños y niñas en su primera infancia que crecen y se desarrollan en un contexto que atemoriza a no pocos adultos y que tiene sumida en la tristeza y en la desesperanza a la mayoría de la sociedad juarense”

Así mismo, el informe Todos somos Juárez destaca que Ciudad Juárez ha sufrido alteraciones de la vida cotidiana, debido a la inseguridad en los espacios públicos, además de la escalonada cancelación de las prácticas de convivencia de la sociedad, repercutiendo en la calidad de vida de los Juarenses, por otra parte señala que cerca de 10,000 empresas han cerrado en los últimos tres años.

Conforme avanzó el año se agudizaron los atentados contra los jóvenes desaparecidos, asesinados o secuestrados, como es el caso de 4 jóvenes que presenciaron la masacre de Salvárcar o los 6 jóvenes asesinados el 12 de marzo durante el velorio de otro adolescente asesinado dos días antes.

En la segunda mitad del año la violencia se vio nuevamente intensificada con el asesinato de 18 jóvenes en un centro de rehabilitación de Ciudad Juárez el pasado mes de septiembre y la masacre en la colonia Horizontes del Sur donde pierden la vida 14 personas en su mayoría jóvenes los cuales festejaban el cumpleaños de uno de ellos el 23 octubre; todos víctimas de la violencia que vive Juárez.

A consecuencia de estos hechos el 25 de octubre organizaciones de la sociedad civil de Ciudad Juárez y de la Ciudad de México como: Cauce Ciudadano, Ririki Intervención Social, Incide Social, Marabunta, Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, Red de Cultura de Paz, SERAPAZ (Servicios, Asesorías para la Paz), Infancia Común, El Barzón y Centro de Estudios Ecuménicos, Cencos, Instituto de Acción Ciudadana para la Justicia y la Democracia, Poder del Consumidor, Observatorio Eclesial y el Centro de Estudios Sociales y Culturales Antonio de Montesinos denunciaron que en México se vive una política de muerte contra los jóvenes, que la impunidad que impera en Juárez se ha venido gestando desde hace mas de 15 años señalando como muestra los múltiples asesinatos de mujeres, por lo que hicieron un llamado a las autoridades para que actúen conforme a derecho y trabajen en el esclarecimiento de las Masacres en las colonia Villas de Salvárca y Horizontes del Sur, y se imparta justicia a las familias de los afectados.

Ese mismo día instalaron “la mesa permanente contra la violencia hacia niñas, niños, adolescentes y jóvenes, en exigencia de un alto a los infanticidios y juvenicidios en México y la conformación de una Defensoría autónoma al servicio de las víctimas de la guerra contra el crimen organizado”.

Ante la indignación, más violencia

Días después el Frente Plural Ciudadano convoca al “Foro Internacional contra la Militarización y la Violencia”, que buscaba poner sobre la mesa el análisis de la viabilidad de la permanencia del ejército en Ciudad Juárez se vió envuelto en un atentado por parte de policías federales. Todo ocurrió en una marcha en que policías federales le dispararon por la espalda a José Darío Álvarez Orranquía estudiante de sociología de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ) en presencia de cientos de personas quienes participaban en la “Caminata contra la muerte” que se dirigía al Foro el viernes 29 de octubre. El policía responsable sólo fue sentenciado por el cargo de uso indebido de las armas.

Esta muestra de la impunidad del Estado indignó al país y desencadenó protestas simultaneas el 20 de noviembre con el nombre “Por una vida sin miedo, una revolución sin armas” en repudio a la militarización en Ciudad Juárez,y en diferentes ciudades del país y Estados Unidos como: el Distrito Federal, Guadalajara, Monterrey, Los Ángeles, El Paso y Guanajuato, también diversas organizaciones de la sociedad civil se han manifestado en repudio ante las acciones tomadas por parte de las fuerzas de seguridad del Estado.

Por su parte Michelle Barraza integrante del Frente Plural Ciudadano dijo a Cencos que en Ciudad Juárez casi 40 universitarios de la UACJ han sido asesinados durante la supuesta guerra contra el narcotráfico desde la llegada del ejército; destacando que la participación política de los jóvenes en 2008 fue poca, sin embargo, la intensa violencia que han vivido los jóvenes y la sociedad por parte del Estado durante estos dos años han hecho que la sociedad este de acuerdo en que “los militares no tienen nada que hacer en Ciudad Juarez y que los Federales y todas las corporaciones solo están desestabilizando, violentando, matando, callando y que es una opinión generalizada pero que la sociedad tiene miedo de externarlo”.

Frente a la violencia la sociedad comienza a organizarse y al igual que las mujeres para visibilizar los feminicidios, ahora los y las jovenes estan gritando por la paz en un Juárez repleto de armas e impunidad pero pocas politicas de empleo y educación, buscando la reconstrucción de su tejido social.

Fuente: Centro Nacional de Comunicación Social

3. Los temas de derechos humanos 2010: La guerrilla contenida. Entre la desaparición forzada y la mediación

México D.F., 24 de diciembre de 2010 (Cencos).- La reacción del Estado para enfrentar a grupos guerrilleros o subversivos que buscan cambiar el sistema por las armas se ilustra en el caso del Ejército Popular Revolucionario. El Estado cometió desaparición forzada –considerado un crimen de lesa humanidad- contra dos de sus integrantes y ante un ofrecimiento de diálogo a través de la Comisión de Mediación (Comed), el silencio gubernamental es contundente.

El Partido Democrático Popular Revolucionario – Ejército Popular Revolucionario (PDPR-EPR), realizó su última acción armada el 10 de julio de 2007 y desde entonces mantiene una tregua declarada unilateralmente. Mes y medio antes, sus dos dirigentes, Gabriel Alberto Cruz Sánchez y Edmundo Reyes Amaya, fueron víctimas de desaparición forzada (como lo ha confirmado la CNDH), por parte del Estado en la ciudad de Oaxaca.

Casi un año después de las desapariciones el EPR solicitó mediante un comunicado la ayuda de una Comisión de Mediación que dialogara con el Estado para encontrar a Gabriel y Edmundo. La posibilidad de encontrarlos parece lejana, pero la tarea fue aceptada y el trabajo de la Comed ha sido clave para presionar al Estado a que investigue y reconozca su responsabilidad.

En este tiempo a la Comed se le pueden adjudicar aciertos como ayudar a que el EPR mantenga su tregua, informar a la sociedad y al EPR a través de los medios de comunicación de los avances o la falta de estos, presionar al Estado para que realice todas las investigaciones que lleven al paradero de ambos guerrilleros, y para que la CNDH emitiera una recomendación (07/2009) que concluye que en efecto fueron servidores públicos quienes se llevaron a los dos líderes un 25 de mayo de 2007, cometiendo así un crimen de Estado continuado contra Edmundo, Gabriel y sus familias.

La Comed lucha contra un crimen que es tan vigente hoy en día como desde hace 40 años con la Guerra Sucia. Las “ejecuciones extrajudiciales, detenciones, encarcelamientos, tortura y desapariciones forzadas han ido en aumento en este contexto de supuesta “guerra contra el narcotráfico””, dicen en un comunicado integrantes de la Campaña Nacional Contra la Desaparición Forzada quienes identifican a esta como una “política vigente del Estado mexicano” que suma más de 3 mil casos en el sexenio.

Oscuridad de la calle, oscuridad en su casa

El Estado mexicano es conocido en la política internacional por ratificar la gran mayoría de los instrumentos de derechos humanos; sin embargo, con la desaparición forzada no sucede igual. Aunque sí se adhirió a la Convención Internacional contra todas las formas de desaparición forzada de personas, la cual entró en vigor el día de ayer luego de que al menos 20 países la aprobaran, este no la adoptó en su totalidad.

“México se abstuvo de reconocer la competencia del Comité contemplado en la Convención, dando un paso hacia atrás en su actitud de política exterior en materia de Derechos Humanos”, explicaronorganizaciones civiles el día de ayer.

México no ha reconocido la competencia del Comité que vigila el cumplimiento de dicha convención, ya que de hacerlo, se permitiría que dicho órgano recibiera peticiones contra el Estado mexicano por desaparición forzada, entre ellas las de los caso de Edmundo y Gabriel.

La desaparición forzada consiste en “el arresto, la detención, el secuestro o cualquier otra forma de privación de libertad que sean obra de agentes del Estado o por personas o grupos de personas que actúan con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado, seguida de la negativa a reconocer dicha privación de libertad o del ocultamiento de la suerte o el paradero de la persona desaparecida, sustrayéndola a la protección de la ley”, según la Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas.

Al pie de la letra se cumple esta definición con los casos de los integrantes del EPR, ya que incluso el gobierno del estado de Oaxaca y de su capital, a quienes dirigió la CNDH su recomendación, rechazaron “reconocer dicha privación de la libertad”.

Sobre la recomendación, el primer visitador de la CNDH dice a la Comed de manera contundente que “del análisis de todas las evidencias que se analizaron y valoraron, cobró mayor certeza jurídica la presunción de que ambos agraviados después de su detención, fueron trasladados inicialmente de manera velada, al interior de instalaciones de la Procuraduría General de Justicia del estado de Oaxaca, ocurriendo tales sucesos, entre el 24 y 25 de mayo de 2007, fecha en que nada se volvió a saber sobre su paradero”.

Oídos sordos. Cronología durante 2010 de los esfuerzos de la Comisión de Mediación (Comed)

La Secretaría de Gobernación incumplió el acuerdo establecido con la Comed de transmitir preguntas a la Sedena; un ejemplo cabal de la poca disposición de avanzar en el diálogo de la mediación.

Anuncian que continuará la Comisión de Mediación (COMED) entre el EPR y el Gobierno Federal, con la finalidad de esclarecer la desaparición forzada de Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez.

Se cumplen tres años de las desapariciones forzadas de Edmundo Reyes Amaya y Alberto Cruz Sánchez, falta voluntad política por parte del Estado mexicano para impartir justicia.

La Comed solicita avances al Presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Raúl Plascencia Villanueva, sobre el caso.

El Partido Democrático Popular Revolucionario-Ejército Popular Revolucionario (PDPR-PPR), emplazó a la Comed a informar al pueblo mexicano "sobre la situación que guarda el caso de nuestros compañeros y las respuestas gubernamentales”.

Integrantes de la Comed presentan Campaña Nacional contra la Desaparición Forzada

La Comed expone su preocupación ante la falta de cumplimiento a la recomendación 7/2009 de la CNDH.

La Comed reconoce que enfrenta condiciones difíciles para lograr los objetivos planteados, en un contexto político adverso, ya que para el gobierno federal no es tema prioritario.

La Comed y CNDH se reunieron para dar seguimiento a las recomendaciones por la desaparición de integrantes del PDPR-EPR.

La Comed informó que de acuerdo con investigaciones de la CNDH, integrantes del EPR sí sufrieron desaparición forzada a manos de agentes de seguridad del estado.

El Comité Central y la Comandancia General del Partido Democrático Popular Revolucionario-Ejército Popular Revolucionario informaron a la Comed del conocimiento de los resolutivos de la CNDH y que no abandonarán la exigencia de la presentación con vida y en libertad de sus compañeros Eperristas.

La Comed contesta el comunicado del EPR: "no existen condiciones para la reanudación de la mesa de negociación formal con el Gobierno Federal, dado que no hay muestras de verdadera voluntad política de resolver la desaparición forzada de los integrantes del Grupo armado", dicen. y también se publica el último comunicado del EPR en que opina sobre la situación de los movimientos sociales en Oaxaca y en el cual llaman a solidarse con la desaparición de sus compañeros.

Fuenbte: Centro Nacional de Comunicación Social

2. Los temas de derechos humanos 2010: Silencios y pasividad gubernamental dejan indefensos a periodistas y libertad de expresión

México D.F., 22 de diciembre de 2010 (Cencos).- Durante 2010 las agresiones contra periodistas, comunicadores y medios de comunicación han tenido un alto nivel de violencia. El asesinato, el secuestro, las amenazas y la reubicación de periodistas formaron parte del panorama cotidiano en México. A diferencia del año 2009, en 2010 la gravedad de las agresiones dificultó el alcance de la información y la documentación de casos. Los medios fueron orillados a reservarse en temas de narcotráfico, corrupción y violaciones a derechos humanos para salvaguardar su seguridad.

A pesar de las diversas acciones que impulsan la sociedad civil nacional e internacional y periodistas para frenar las agresiones, no ha habido una respuesta clara del Estado en materia de investigación y protección, sobre todo, no existe la articulación suficiente para atender la urgencia del problema.

Luis Carlos Santiago Orozco

El 16 de septiembre, el vehículo con el que circulaban dos fotógrafos del periódico El Diario fue atacado en Ciudad Juárez, Chihuahua. Luis Carlos Santiago Orozco de 21 años perdió la vida y su compañero “Carlos” de 18 (cuyo nombre completo se omite) fue internado en un hospital. Ambos reporteros gráficos estaban en prácticas de El Diario de Ciudad Juárez. Luis Carlos, que llevaba 6 meses colaborando en el medio estaba por incorporarse de manera formal.

En febrero se abrió un proceso de dialogo entre la Secretaria de Gobernación (Segob), la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y del Alto Comisionado de Naciones Unidas para Derechos Humanos (OACNUDH) y organizaciones de derechos humanos y de periodistas, en el que se abordó la creación de un Mecanismo de Protección a Periodistas y personas Defensores de derechos humanos; posteriormente no tuvo seguimiento para su articulación.

El poder ejecutivo anunció en el mes de julio el cambio de titular y de nombre de la actual Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE). En el poder legislativo, la federalización de las agresiones a la libertad de expresión, no pasó de un punto de acuerdo emitido el 12 de octubre en la Cámara de Diputados.

Amenazas a Alejandro Medellín

El periodista Jorge Alejandro Medellín fue amenazado de muerte el día 31 de octubre, en relación a la publicación de un artículo que describe posibles lazos entre el crimen organizado con autoridades militares y de justicia encargadas de la lucha contra el narcotráfico en el estado de Chihuahua.

Organizaciones internacionales voltean la mirada a México

En este contexto se dio la visita conjunta de las relatorías especiales para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y de la Organización de Naciones Unidas del 9 al 24 de agosto, que dio cuenta de la situación en México. En su informe preliminar, las relatorías hicieron recomendaciones puntuales al Estado, por un lado sobre la urgencia de atender temas estructurales referentes al marco jurídico y por otro, pusieron especial énfasis en el alto nivel de violencia contra quienes difunden información, opiniones e ideas, destacando la impunidad que prevalece en los casos como un obstáculo para el sano ejercicio democrático del país.

Ataques a medios

Durante el año 2010 se han registrado 7 atentados en contra de medios de comunicación con artefactos explosivos o armas de fuego mientras que sólo se registraron 3 en 2009. Hasta la fecha no se reporta que haya algún detenido resultado de las investigaciones como responsables de estos ataques.

Entre el trabajo de las organizaciones internacionales, el 22 de septiembre, tuvo lugar una reunión que el presidente Felipe Calderón sostuvo con el Comité de Protección a Periodistas (CPJ por sus siglas en inglés) y la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP); el ejecutivo informó sobre la implementación, para el mes de octubre, de un programa de protección a periodistas basado en el sistema que Colombia ha llevado con éxito. Cabe mencionar que esta propuesta ha sido impulsada desde 2008 por la organización Article19.

Finalmente, el 4 de noviembre en un acto protocolario, se firmó el Convenio para la Implementación del Mecanismo de Protección a Periodistas entre la Segob y la CNDH, con la presencia de José Francisco Blake Mora, secretario de Gobernación, y Raúl Plascencia Villanueva, presidente de la CNDH, entre otros funcionarios de la administración pública federal. Ante dicho convenio, las organizaciones civiles denunciaron públicamente las inconsistencias y vacíos que tiene así como su preocupación por la falta de participación de los y las periodistas y la sociedad civil en su diseño. Así el Comité Consultivo para la Implementación de Acciones de Prevención y Protección a Periodistas quedó formalmente instalado el 3 de diciembre, y acordó sesionar por primera vez el día 3 de enero de 2011.

Reportera herida de bala

La reportera Ixtli Martínez fue herida de bala en el muslo cuando cubría un conflicto en la Universidad Autónoma de Benito Juárez de Oaxaca (UABJO). Ixtli Martínez es una reportera experimentada que cubre temas políticos y sociales, así como cuestiones relacionadas con los conflictos que han tenido lugar en el estado de Oaxaca en los últimos años.

Ante la inacción del Estado organizaciones locales e internacionales solicitaron 2 audiencias ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre el tema de protección; se presentaron diversos informes públicos sobre la situación y se llevaron acabo las visitas oficiales de los relatores de la ONU y la CIDH. También periodistas de diversos medios de comunicación se manifestaron en la Ciudad de México para exigir protección frente a las agresiones sufridas por ejercer su labor. Bajo el lema “Los queremos vivos”, la marcha silenciosa tuvo lugar en agosto, dejando un precedente de unión del gremio frente a la violencia.

A pesar de que el tema de protección a periodistas logró colocarse en el debate público durante el 2010 por la presión internacional y las iniciativas de la sociedad civil y el gremio periodístico, las acciones del Estado son débiles y no han logrado articularse. Las y los periodistas han implementado sus propias medidas para contener las agresiones, múltiples análisis y debates sobre la cobertura y la solidaridad que se necesita al interior del gremio para afrontar la violencia han sido las respuestas. Por su parte el Estado, sigue pendiente en atender sus obligaciones en materia de libertad de expresión.

Fuente: Centro Nacional de Comunicación Social

1. Los temas de derechos humanos 2010: Labor de defensoras y defensores. Es indispensable para una democracia proteger sus vidas

“Si me va venir a asesinar que me asesinen enfrente, para vergüenza del gobierno”

Marisela Escobedo

“Seguimos caminando hacía un sol que brilla con fuerza, viene el tiempo de los pueblos”

Beatriz Cariño

“El gobierno no ha cumplido con esa parte de investigar los hechos y si no hay investigaciones, quiere decir que no se está protegiendo nada, no se está protegiendo a los defensores”

Obtilia Eugenio Manuel

Artículo 1.- Toda persona tiene derecho, individual o colectivamente, a promover y procurar la protección y realización de los derechos humanos y las libertades fundamentales en los planos nacional e internacional.

Declaración sobre el derecho y el deber de promover y proteger los derechos humanos

México D.F., 20 de diciembre de 2010 (Cencos).- Las personas y organizaciones que defienden y promueven los derechos humanos son un factor indispensable para la construcción de un sociedad democrática. Es primordial para comprender la tarea de las y los defensores observar que México atraviesa por un contexto de degradación del respeto a los derechos humanos. La desigualdad social y económica, la violencia, la falta de una cultura democrática y la impunidad, explican, entre otros factores la necesidad de ejercer este derecho. Sin embargo, las y los defensores en México, no cuentan con un reconocimiento público y son blanco de agresiones tanto de funcionarios públicos como de particulares para quienes esta labor representa una amenaza.

En octubre de 2009, la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de Naciones Unidas (Oacnudh) apuntó en su informe Defender los Derechos Humanos: Entre el Compromiso y el Riesgo la situación de vulnerabilidad que enfrentan las y los defensores, destacaron en ese año: los casos de asesinatos, la judicialización y encarcelamiento, el robo de información, las amenazas, las campañas de desprestigio y el mensaje de impunidad emitido desde el Estado al no resolver los casos. El objetivo de dicho informe, fue impulsar recomendaciones concretas al Estado para frenar la violencia contra defensoras y defensores. Sin embargo, el recuento de la situación en 2010 nos habla de una agudización del fenómeno por la continuidad de agresiones y la persistencia del mensaje de impunidad.

Al 2010 se suman nuevos casos y el 91 por ciento de las agresiones reportadas en 2009 se mantiene en la impunidad según la actualización del informe presentado en noviembre pasado por la Oacnudh. Algunos nuevos elementos que destacan en 2010, son la reubicación de defensores dado el hostigamiento que viven en los lugares donde desempeñan su labor, y por otro lado, se identificó el aumento del riesgo de las y los defensores que viven en zonas aisladas, marginadas y con altos índices de violencia. La Oacnudh también apunta que muchas de las y los defensores contaban con medidas cautelares antes de sufrir una nueva agresión.

Para recordar: casos 2010

Marisela Escobedo, madre juarense que luchó incansablemente para que se hiciera justicia en el caso de feminicidio de su hija Rubí Frayre Escobedo de 16 años, fue asesinada de un tiro a quemaropa el pasado 17 de diciembre a las afueras del palacio de gobierno de Chihuahua, en donde mantenía un plantón para exigir a las autoridades dar con el paradero del asesino de su hija.

Marisela Escobedo advirtió a las autoridades que había sufrido amenazas por parte de la familia de Sergio Barraza, ex pareja de su hija Rubí y responsable de su asesinato. En mayo pasado los jueces Catalina Ochoa Contreras, Netzahualcóyotl Zúñiga Vázquez y Rafael Boudid lo dejaron en libertad por falta de pruebas a pesar de que el acusado se había declarado culpable.

Un día después del asesinato de Marisela Escobedo, al tiempo que era velada por su familiares y organizaciones de derechos humanos un grupo de hombres armados incendiaron la maderería de José Monge Marroquín, pareja de la activista. En el atentado también secuestraron a Arturo Monge Marroquín, hermano del esposo de Marisela Escobedo, el cual fue encontrado asesinado con signos de asfixia. Las autoridades de la fiscalía de Chihuahua, declararon que no es seguro que los atentados tengan relación al asesinato de la activista.

Un caso emblemático de 2010, fue el de Raúl Hernández declarado preso de consciencia por Amnistía internacional y que desde la Organización para el Futuro del Pueblo Indígena Me’phaa (OPIM) denunció los abusos militares y de autoridades locales en Ayutla de los Libres, en la montaña de Guerrero. Raúl Hernández fue acusado injustamente de asesinato y liberado el pasado 27 de agosto tras comprobar su inocencia. Días después el activista fue amenazado de nueva cuenta. Por esos días, también en Ayutla, Álvaro Ramírez Concepción y otros integrantes de la Organización para el Futuro del Pueblo Mixteco (OFPM) fueron atacados a tiros por un grupo de desconocidos que allanaron su parcela. El Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan también ha sufrido hostigamiento y allanamientos.

La persecución de activistas y organizaciones en Ayutla de los Libres no ha cesado desde 2008, el último incidente de agresión fue la amenaza hecha el 28 de noviembre a Obtila Eugenio y a su compañero Cuauhtémoc Ramírez también dirigentes de la OPIM que luchan por la desmilitarización de la región y dan seguimiento al cumplimiento de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre los casos de Inés Fernández y Valentina Rosendo. Actualmente 107 defensores y defensoras cuenta con medidas cautelares en este municipio.

En Chiapas, destacan los casos de agresiones a los integrantes de Enlace Comunicación y Capacitación A.C Margarita Martínez, Adolfo Guzmán y su familia quienes desde 2009 han sufrido allanamientos, golpes y amenazas, estas han sido persistentes a lo largo de 2010. Aunque también cuentan con medidas cautelares dictadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. AsÍ mismo el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, ha sufrido difamación pública y amenazas.

En Oaxaca, el ataque por un grupo armado a la Caravana Humanitaria que se dirigía San Juan Copala, en la región mixteca, cobró la vida de los defensores Beatriz Cariño, del finlandés Jyry Jakkola e hirió a tres más. El contexto de inestabilidad social y política en el estado ha dibujado un panorama adverso a las y los defensores que trabajan en Oaxaca. Asesinatos de líderes sociales, y agresiones a defensores y periodistas han sido una constante durante este año.

Al norte del país, la lucha por la desmilitarización y la defensa por el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia ha provocado que las y los defensores sean blanco de ataques, en algunos casos se desconoce a los agresores, pero en la mayoría se conoce de amenazas y hostigamiento previo por parte de militares, policía federal y municipal. El 3 de enero de 2010, Josefina Reyes fue asesinada, el 18 de agosto su hermano Rubén Reyes también fue asesinado, ambos por grupos armados que no pudieron identificarse. Los dos realizaban una fuerte labor de denuncia contra los abusos de las fuerzas armadas en el estado de Chihuahua.

En ese estado, el Centro de Derechos Humanos de las Mujeres fue allanado el 6 de abril de 2010, su directora Luz Estela Castro había recibido amenazas y hostigamiento en octubre del año anterior, todo en relación a su labor de denuncia de los casos de feminicidio en Ciudad Juárez.

En Baja California Blanca Mesina, ha denunciado la tortura que recibió su padre Miguel Ángel Mesina quien fue policía ministerial. Silvia Vázquez que colabora con la Comisión Ciudadana de Derechos Humanos del Noroeste ha acompañado a Blanca Mesina en el proceso de denuncia, ambas han sido amenazadas de muerte y han recibido hostigamiento por elementos de la policía municipal. Ambas tienen medidas cautelares por parte de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y por la comisión del sistema interamericano.

Mecanismo de protección

En febrero surgió un diálogo entre la Secretaria de Gobernación, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas y sociedad civil para impulsar un mecanismo de protección que atendiera tanto a periodistas como a las y los defensores de derechos humanos. El proceso que debió avanzar conjuntamente dejó rezagado a la parte que atendería casos de defensoras y defensores. Sin embargo, diversas organizaciones de derechos humanos trabajaronla propuesta de la sociedad civil, que contiene elementos para el diseño de las líneas de dicho mecanismo en el mes de octubre. Esto para seguir impulsando la propuesta ya que por parte del Estado no hubo ningún avance.

Cencos como organización de derechos humanos realizó un registro indicativo en el que contabilizó un total de 32 casos de agresión a defensores y defensoras de derechos humanos entre el mes de abril y el mes de diciembre de 2010, de los cuales el 48 por ciento se desconoce al agresor mientras que el 22 por ciento las agresiones fueron cometidas por funcionarios públicos sin que ninguno de estos casos fuera consignado. Este registro da cuenta de la diversidad de campos en los que las y los defensores realizan su labor, desde la defensa de la tierra hasta los derechos sexuales y reproductivos, por ello es primordial que el Estado garantice su integridad y genere condiciones aptas para su labor. Las medidas de protección a las y los defensores deben ser paralelas al diseño e implementación de políticas publicas con enfoque integral de derechos humanos.

Fuente: Centro Nacional de Comunicación Social

El 2011, sin expectativas para defensores de derechos humanos, dice Tlachinollan

CITLAL GILES SÁNCHEZ ( )

Chilpancingo, 30 diciembre. El 2011 será un año sin expectativas para los defensores de derechos humanos y los grupos marginados y golpeados del estado, consideró el Centro de Derechos Humanos de La Montaña, Tlachinollan, que, aunque es un año con escenario político, los candidatos “son un peligro para la sociedad”, porque se aferran a proyectos capitalistas, como la presa La Parota.

En un recuento que hace Tlachinollan, destaca que tan sólo en la administración de Zeferino Torreblanca Galindo hay más de 250 casos de criminalización de la lucha social, por lo que el gobierno perredista “causó graves daños a la población”, sobre todo a la más pobre y marginada.

Lamentó que careció de justicia, de un combate a la impunidad y por el contrario, hubo gran corrupción en el sistema de procuración y administración de justicia.

Detalla el recuento que las agencias del Ministerio Público se focalizaron a integrar denuncias contra de maestros, estudiantes, indígenas, campesinos y colonos sumando un poco más de 250 expedientes penales que se documentaron en lo que va de este gobierno, expedientes que “están plagados de irregularidades porque se trata de delitos fabricados y consignas políticas”.

Recordó la represión a estudiantes de Ayotzinapa, quienes exigieron nuevas plazas; contra los maestros de la Ceteg quienes protestaron contra la Alianza por la Calidad Educativa, contra los integrantes de la Policía Comunitaria que tienen varias órdenes de aprehensión; los ejidatarios de Carrizalillo, los campesinos del Cecop, los indígenas de la radio comunitaria La Palabra del Agua, los miembros de la OPIM y OFPM del municipio de Ayutla, de la APPG, el dirigente de la asociación Tierra y Libertad de Teloloapan, los mineros de Taxco, los colonos de Puerto Marques, los opositores a la minera Media Luna, los miembros del Frente Opositor al Muelle de Icacos, los indígenas de Tulimán.

De igual forma, criticaron la postura inflexible del gobernador de no reconocer la responsabilidad de su gobierno ante encarcelamientos injustos como el de Raúl Hernández, por el contrario “defendió en todo momento a la procuraduría de justicia y a la policía ministerial, quienes son las instancias donde más se violan los derechos humanos”.

En su recuento también dan detalle de la situación de riesgo en la que trabajan los defensores y defensoras de los derechos humanos, quienes a pesar de las medidas provisionales otorgadas por la CIDH a 107 defensores y defensoras de Guerrero, “no existen avances en las investigaciones y más bien se han multiplicado las amenazas, obligando a que 6 defensores busquen refugio fuera del estado”.

Recordaron el cierre de la oficina de Tlachinollan en Ayutla, la cual no ha podido ser reabierta porque no existen mínimas condiciones de seguridad para continuar con el trabajo de promoción y defensa de los derechos humanos.

Fuente: La Jornada de Guerrero

2010: el año más violento

Viernes, 31 de Diciembre de 2010 00:00

Escrito por LJM

El año que culmina será catalogado como uno de los más violentos en el estado. Después de que Arturo Beltrán Leyva cayera abatido por las balas de un cuerpo de élite de la Marina Armada, en diciembre de 2009, en el fraccionamiento Altitude, en Cuernavaca, se recrudeció la violencia en la entidad dando como resultado que los siguientes 12 meses se convirtieran en los más violentos.

Como prueba de lo anterior, en los últimos 365 días, en promedio, una persona fue ejecutada o hallada muerta en el contexto de la “guerra” contra el narcotráfico. Si bien, en Morelos ya se habían registrado hechos de este tipo en años anteriores, el número de 340 ejecuciones es uno de los síntomas del terror. Pero a ello se debe agregar las prácticas sádicas en algunas de las ejecuciones. Primero fueron cuerpos envueltos con signos de tortura y con disparo de gracia; luego vinieron las cabezas; después los cuerpos desmembrados; más tarde, los cuerpos colgados y finalmente aquellos que fueron mutilados y colgados.

La saña fue subiendo de tono y con ello también los enfrentamientos. De ser operativos nocturnos para la ejecución, el enfrentamiento y desafío pasó a ser a plena luz del día y en lugares públicos y llenos de personas. Lo más preocupante es que, de acuerdo con la propia información oficial, varias personas asesinadas a lo largo de este año, no tenían nada que ver con el crimen organizado y en el caso de otras, incluso participaron en el programa de denuncia anónima, lo que implica que el centro de denuncias está infiltrado, anulando así uno de los programas estrella de las administraciones federal y estatal.

Cabe decir que, aunque las autoridades han afirmado en diversas ocasiones que la violencia es sólo un tema que atañe a los cárteles y a las fuerzas federales, la acción de la delincuencia y la poca eficacia de las medidas aplicadas por las autoridades sí ha impactado en la vida de la mayoría de los ciudadanos. Ello se desprende por un lado, del cambio de estilo de vida de muchas familias, mismas que dejaron de acudir o prohibieron a sus hijos participar en la vida nocturna de las ciudades; pero quizás lo más grave, es que la economía local, basada en la vida nocturna, en las escuelas de español para extranjeros, en los parques acuáticos y atractivos turísticos ambientales o culturales, vieron mermada su actividad, debido a la publicidad de los sucesos violentos en la entidad.

Finalmente, en el balance se debe señalar que la delincuencia organizada no es el único problema de los morelenses. La llamada delincuencia común ha hecho de las suyas. En los últimos meses se han incrementado los asaltos bancarios, los robos a casa-habitación, los asaltos a mano armada, los secuestros, las extorsiones telefónicas, el robo de autos y al autotransporte. Con el pretexto de la lucha contra el narcotráfico, las autoridades locales y municipales han encontrado una forma de evadir su responsabilidad. Así también, es importante señalar que la violencia feminicida continúa aumentando, por lo que la muerte de las mujeres sigue siendo un foco rojo, de los más olvidados, por cierto.

Fuente: La Jornada de Morelos