Acusan al Ejército de Nicaragua de espiar a colaborador de MVS Noticias

MÉXICO, D.F., (apro).- El periodista nicaragüense Carlos Fernando Chamorro, director de la revista informativa Esta Semana e hijo de Pedro Joaquín Chamorro, acusó al Ejército de espiar y hostigar a su colega Ismael López, asiduo colaborador del noticiario de Carmen Aristegui en MVS Noticias.

En una carta enviada el jefe de las Fuerzas Armadas de su país, general Julio César Avilés, el prestigiado periodista relata la situación de zozobra que enfrenta desde agosto pasado López y su familia, tras la publicación de un reportaje sobre la presencia de supuestos alzados en armas contra el gobierno de Daniel Ortega en el norte de Nicaragua.

Según el hijo de la expresidenta Violeta Barrios de Chamorro, el reportero empezó a ser perseguido e intimidado por dos sujetos vestidos de civil que después se identificaron como supuestos miembros de la Dirección de Información para la Defensa de la entidad castrense.

La información difundida por Ismael López fue minimizada por el gobierno nicaragüense al asegurar que se trata de “delincuentes comunes” que se juntan para asaltar a la gente y robar ganado.

La misma carta que envió Chamorro a la Dirección de Información para la Defensa llegó a manos también del presidente de la Asamblea Nacional, el diputado oficialista René Núñez, a quien le solicitó que se haga una investigación sobre actividades de espionaje, prohibidas por la Constitución nicaragüense.

Chamorro, quien fue reconocido por la Universidad de Columbia en Nueva York en 2010 con el galardón María Moors Cabot, señala en su denuncia que el reportero y sus familiares han sido objeto de acoso permanente para obtener información sobre su vida personal y las actividades profesionales del periodista.

De acuerdo con la denuncia, cuando regresó del norte del país y después de insistentes llamadas telefónicas y contactos de los dos supuestos uniformados con sus familiares, Ismael López se reunió el 11 de octubre con ambos quienes lo interrogaron durante 45 minutos sobre su vida personal, familiar y profesional.

“Creí que íbamos a hablar de temas relacionados con la seguridad nacional, del tema de los rearmados, pero todas las preguntas eran alrededor de mi trabajo y el de mis compañeros”, reveló el reportero a la agencia AP.

Según Chamorro, los supuestos militares pidieron al reportero detalles de la agenda informativa y editorial del programa televisivo Esta Semana y del periódico digital Confidencial, así como del contenido de algunas columnas de opinión y del pensamiento de columnistas que critican al gobierno de Ortega.

También preguntaron sobre las funciones y responsabilidades específicas de quienes trabajan en esos medios y del proceso de toma de decisiones entre Chamorro y los periodistas para definir los contenidos.

“Yo me negué a hablar de todo eso, porque no había base para interrogarme sobre ello”, sostuvo el reportero.

No paró ahí. El pasado 15 de octubre los supuestos oficiales “insistieron en mantener sus actividades de intimidación sobre el periodista, al exhibir de forma conspicua el seguimiento y la vigilancia que realizan desarrollan sobre todos sus movimientos”, señala la denuncia presentada por Chaparro.

Ello a su vez motivó que López presentara su caso ante el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos y que Chamorro hiciera pública la denuncia.

Diputados sandinistas entrevistados por la cadena internacional CNN justificaron el acoso y espionaje políticos del Ejército al periodista. El exvicepresidente Jaime Morales Carazo, que gobernó junto a Daniel Ortega en el período 2007-2011, dijo que el espionaje “es una práctica en todos los estados” aunque limitada por lo establecido en la Constitución.

El también sandinista Evertz Cárcamo, fue más allá en sus declaraciones.

“Es posible. Todos los gobiernos espían a todo el mundo, podés estar espiada vos, podemos estar espiados todos, y el gobierno es espiado por otro gobierno”, dijo.

Es más, el presidente de la comisión de gobernación de la AN, el sandinista Filiberto Rodríguez, rechazó de antemano que le competa realizar alguna indagación al respecto.

Incluso puso en duda la denuncia de la intimidación contra López y su familia desde agosto pasado.

“No me consta si es un montaje, si es un buen teatro, si es un sociodrama, no sé realmente. Le corresponde a las instituciones de investigación esclarecer ese asunto”, dijo Rodríguez.

En contraparte, SIP lo considera gravísimo la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), consideró gravísima la denuncia.

En la cadena CB24, Claudio Paolillo, presidente de la SIP, apuntó:

“Es gravísimo, funcionarios de la seguridad del Estado que intimidan y tratan de intimidar al periodista, que le estén hablando de su familia, de dónde saca el dinero. No me extraña, lo diré con toda claridad”, dijo Paolillo.

Recibió CDHDF 300 casos de agresiones contra la libertad de expresión

La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) ha recibido 300 casos de agresiones contra la libertad de expresión, de enero a octubre de este año.

El secretario para la Promoción de los Derechos Humanos e Incidencia en Políticas Públicas de la CDHDF, Gerardo Sauri Suárez, informó que del total 270 corresponden a actos contra periodistas, medios de comunicación y personas que ejercían su derechos a expresarse.

Al participar en el II Encuentro Nacional El compromiso social de los periodistas en un entorno de violencia, recordó los asesinatos de Jaime González, Daniel Martínez y Alberto López Bello, así como las desapariciones de Sergio Landa y Mario Ricardo Chávez, ocurridas en Veracruz y Tamaulipas, respectivamente.

Sauri Suárez destacó que este organismo contabilizó más de 50 agresiones a periodistas mientras realizaban la cobertura de manifestaciones sociales.

"El número de agresiones casi duplica las de 2012, cuando la CDHDF registró y documentó 190 en contra del derecho a la libertad de expresión, principalmente en el Distrito Federal", indicó en un comunicado.

Señaló que en escenarios de conflicto social los periodistas ahora enfrentan en el país el amago de los poderes fácticos.

"El periodismo ético continúa siendo el principal factor de protección de la libertad de expresión, por lo que se deben fortalecer los mecanismos de protección del ejercicio periodístico".

Ello, dijo, "antes de que sean amenazados de muerte, perseguidos o exiliados, a través de la adecuada impartición de justicia en los Ministerios Públicos y Tribunales".

En su oportunidad Judith Calderón, representante de la Casa de los Derechos de Periodistas, dio a conocer que una vez formada la Red Nacional de Periodistas, han acudido ya profesionales de varias entidades.

Detalló que lo hacen a través de 122 enlaces en los estados, que registraron 15 asesinatos en 2012, así como amenazas, golpes, hostigamiento sexual, laboral y persecuciones.

"Lo más importante es que las y los periodistas saben que cuando sucede algo pueden dirigirse hacia algún lugar", enfatizó.

Ejército, marinos y ‘Templarios’, coludidos en Michoacán, afirma líder comunitario

El cabo Pedro Alberto Ramírez, detenido en agosto pasado por la policía comunitaria de Aquila, en Michoacán, colaboraba con sicarios y tenía la enmienda de “altos mandos castrenses” de buscar a 2 delincuentes detenidos previamente para “interrogarlos” sobre una cuota de 5 millones de pesos que habrían cobrado en Apatzingán, aseguró el “comandante Chuy”, líder de los comunitarios.

Esta historia se hizo pública luego de la difusión de un video en el que el militar del 88 Batallón de Infantería, reveló supuestos vínculos entre miembros del Ejército con grupos de la delincuencia organizada en Michoacán.

En Noticias MVS, primera emisión se difundió la entrevista que realizó la periodista Carmen Aristegui al comandante comunitario, quien fue uno de los que cuestionó al cabo sobre la supuesta relación entre el Ejército y Los Caballeros Templarios.

El “comandante Chuy” dijo que, luego de formarse la policía comunitaria en Aquila, detuvieron a dos sicarios, a quienes identifica como Javier Medina y El Chaparrón. Posteriormente, detuvieron a otras 2 personas, una de ellas un militar (Pedro Alberto Ramírez), vestido de civil, quien acompañaba a un sicario al que identifican como “El Torito o La Caguama”.

“En un segundo retén, detenemos a un militar con un reconocido sicario… el cabo iba de civil como para tratar de evadir el retén… decía que tenía una misión encubierta”, indicó.

Sobre estas últimas 2 personas, comentó que “tenían mucha información valiosa” sobre la operación de los Templarios y apuntó que Pedro Alberto Ramírez Rincón y su acompañante “tenían la encomienda de ir a rescatar a Medina y Chaparrón para saber qué había pasado con el dinero”, que habrían cobrado como cuota en Apatzingán.

“Su propósito era interrogarlos (a los primeros detenidos), localizarlos para que después otras personas hicieran su trabajo”, expuso.

El “comandante Chuy” sostiene que el militar cobraba dinero para el propio Ejército y también para los criminales. Incluso, dijo que “los marinos” también cobraban su parte.

“Nos dio grados, nombres, localidades (de militares involucrados)”, comentó.

Ejemplificó con la extorsión a ganaderos de la zona: refirió que “El Pollillo” -de Los Templarios- cobre al presidente de ganaderos y de la extorsión toca una parte a los marinos y otra a los criminales. -

El líder comunitario indicó que entregaron al militar, junto con los otros detenidos, a la Policía Federal, que a su vez entregó a los 4 al Ministerio Público en Coalcoman.

El juez que llevó el caso decretó auto de formal prisión contra los 4; sin embargo, el militar salió libre bajo caución, pues sólo se le acusaba de portación de armas, mientras que los otros 3 confesaron ser parte de un grupo delictivo.

Después, en Aquila, “los marinos y los ministeriales nos desarmaron” y detuvieron a 40 policías comunitarios, precisó el comandante “Chuy”, lo que tomó como una “forma de venganza” por entregar al soldado a las autoridades federales.

Ve la declaración del cabo Pedro Alberto Ramírez Rincón; en el Ministerio Público, el militar dijo que había sido “obligado” y torturado para declarar esto:

Esto es lo que dijo el comandante “Chuy”.


Parte 2

Petroelectricidad: pacto de traición

John Saxe-Fernández

El domingo pasado fue histórico. Ante una ciudadanía que abarrotó el Zócalo, AMLO rechazó los compromisos vergonzantes que Peña Nieto contrajo con los dueños de corporaciones extranjeras para legalizar la entrega de la renta petrolera y la privatización del sector energético en su conjunto y anunció demandas contra EPN y los legisladores que voten a favor de la reforma energética por el delito de traición a la patria. Ese día se supo que Cuauhtémoc Cárdenas, AMLO, Pablo González Casanova, Raúl Vera, Miguel Concha, Miguel Álvarez y Mario Saucedo plantearon ante los legisladores que ...el presidente Peña Nieto incurre en los delitos señalados por los artículos 108 párrafo segundo constitucional y el 123 fracción primera del Código Penal Federal, porque compromete nuestra soberanía, pone en riesgo nuestro desarrollo como país libre e independiente, y constituye un hecho aún más grave de lo que fue la entrega de Texas durante el siglo XIX.

Esa demanda coincide con el serio trance de crisis de seguridad humana, energía y medio ambiente que viven el país y el orbe ya que la iniciativa energética de EPN se da en momentos en que recrudece el agotamiento de gas, petróleo y minerales convencionales y cuando para el aparato diplomilitar y de espionaje de EU el mundo es un campo de batalla. En efecto, esa iniciativa enviada al Senado el 12 de agosto y un plan transformativo anunciado antes, que parece sacado del desván porfirista o de las entrañas de Exxon, es una capitulación por la continua sujeción del Ejecutivo a la agenda energética y de homeland security (seguridad del suelo patrio) de EU en un arreglo de facto de intervención/ocupación y de guerra irregular (Iniciativa Mérida) que se nutre de armas y dólares de EU.

Luego de 30 años de acumulada descomposición neoliberal, el diseño avalado por Calderón incluye atroces operativos anti-inmigrante y de espionaje masivo del tipo documentado por Edward Snowden, a través de múltiples contratos con firmas como Verint Systems; Security Tracking Devices, Broadlink, algunos de ellos autorizados por Hillary Clinton, entonces secretaria de Estado de EU, sorprendida y fascinada por la colonialidad panista. Como ilustra Miguel Badillo, en toda la estructura de seguridad del país –civil y militar– se erigieron estructuras capaces de intervenir masivamente todo tipo de comunicaciones electrónicas: desde llamadas telefónicas hasta computadoras, teléfonos inteligentes y sistemas encriptados ¡con el compromiso de compartir con EU la información recabada! En el calderonato se construyó el Sistema de Intervención de Comunicaciones del Cisen, la Plataforma México (en la Policía Federal) y se “instaló el sistema más importante de espionaje masivo jamás instalado en el país: la Plataforma Pegasus –en Sedena–”(Contralínea, 9/9/13 p7).

Este contexto de sometimiento colonial, en el que la guerra al narco o al crimen sirvió para introducir poderosos aparatos de espionaje que operarían los mexicanos, pero a los que también tendrían acceso los estadunidenses (ibid), tuvo una expresión territorial en la visita a México realizada en julio de 2013 por Janet Napolitano, entonces secretaria del Departamento de Seguridad del Suelo Patrio. Sin la presencia de funcionarios centroamericanos, sobre algo tan vital para cualquier soberanía del mundo como lo es el resguardo fronterizo, Napolitano vino a definir “un mecanismo conjunto de intervención en la frontera mexicana, tanto la norte como la sur (sic), para combatir el crimen y aplicar acuerdos en políticas migratorias” (La Jornada, 23/9/13). Eso se dio cuando EPN, siguiendo un guión detectado en las cartas de política por rama del Banco Mundial, planteó la constitucionalización de la entrega petroeléctrica del país, ajustando los artículos 27 y 28, abriendo a los grandes monopolios energéticos liderados por Exxon, Chevron, Shell, etcétera, las actividades desplegadas por Pemex y CFE sobre los inmensos complejos económico-territoriales donde realizan sus vastas y estratégicas operaciones cotidianas para la exploración, producción, generación, distribución y mercadeo de gas, petróleo y electricidad.

Coda: la Iniciativa de Decreto de EPN está hecha a la medida de EU, cuya cúpula petrolera –y política– sabe que aquello de EU como nueva Arabia Saudita es un arrebato cortoplacista por los límites geológicos y financieros del gas y petróleo de lutitas. Ante la abrupta declinación detectada en los registros de producción diaria de los pozos shale y su inviabilidad económica, John Hofmeister, ex-jefe de operaciones de Shell en EU advirtió en 2012 que, a menos que algo cambie en serio, en los próximos cinco años estaremos haciendo cola en las gasolineras, porque no habrá suficiente petróleo a mano. De ahí que EU exija para sus firmas, y EPN cede, el control de las válvulas maestras para la extracción máxima –y el usufructo– de los yacimientos mexicanos.

jsaxef.blogspot.com

Acepta la CNTE liberar calles aledañas a la Plaza de la República

Gabriela Romero

México, DF. La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) aceptó reorganizar el plantón que mantiene desde el pasado 13 de septiembre en el Monumento a la Revolución.

Después de reunirse por alrededor de una hora con el secretario de Gobierno del Distrito Federal, Héctor Serrano Cortés, en las oficinas de éste, Francisco Bravo, dirigente de la Sección 9, del Distrito Federal, explicó que por la tarde se integrará una comisión para analizar qué vialidades y calles se pueden liberar.

Juan José Ortega de la Sección 18 de Michoacán, afirmó que existe toda la voluntad de parte de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación por reorganizar el plantón y ocasionar los menores problemas a quienes se han visto afectados con este plantón.

Señaló que será en el transcurso de los próximos días cuando se pueda notar la reorganización del campamento.

Asimismo descartó la posibilidad de que el plantón sea trasladado a otro sitio.

Antes el secretario de Gobierno, Serrano Cortés y el de Desarrollo Económico, Salomón Chertorivski, sostuvieron un encuentro con los representantes hoteleros, restauranteros y comercios de la zona del Monumento a la Revolución, a quienes reiteraron la intención del gobierno de apoyarlos con crédito.

Entrega SG documento de indulto a Patishtán

Fernando Camacho

México, DF. El oficial mayor de la Secretaría de Gobernación, Jorge Márquez, arribó a la clínica donde se encuentra el profesor Alberto Patishtán para entregarle, de manera oficial, el indulto otorgado por el presidente Enrique Peña Nieto.

Unos minutos después de que el titular de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, anunciara la puesta en libertad del indígena tztozil, varios vehículos llegaron al nosocomio, ubicado en el sur de la ciudad.

A las 14:28, Márquez llegó al sitio acompañado del titular de la unidad general de Asuntos Jurídicos de Gobernación, David Arellano, y del director general de Política Pública de Derechos Humanos de la misma entidad, Ricardo Sepúlveda.

En breve encuentro con los medios, Jorge Márquez únicamente señaló que viene a entregar el documento del indulto y entró a la clínica sin hacer más comentarios.

Se espera que en unos minutos Alberto Patishtán salga de la clínica y se dirija inmediatamente a la Casa de la Solidaridad, en la colonia Del Valle, donde ofrecerá una rueda de prensa.

A las 14:41, Márquez salió del sitio y únicamente refirió que ya había cumplimentado la orden de entregar el indulto al luchador social, a quien vio contento y tranquilo.

Continúa la SEV con sanciones a maestros paristas; viola acuerdos

JAIR GARCÍA

La Secretaría de Educación de Veracruz (SEV) mantiene acciones de intimidación y sancionatorias contra los maestros paristas, pues tanto directores, inspectores de zona y jefes de sector continúan levantando actas administrativas, denunció el secretario general en Veracruz del Sindicato Independiente de Trabajadores de la Educación de México (Sitem), Gabriel Polo Navarro.

“Yo creo que la SEV está en su papel y función de aplicar las medidas administrativas que cree convenientes, pero nosotros como sindicato también estamos en nuestro papel de defender a nuestros agremiados en contra de decisiones ilegales”, expresó.

De manera particular, dijo que en este momento ninguno de sus agremiados se le ha levantado un acta administrativa, o al menos no se les ha informado, como tampoco se les han aplicado descuentos o algún tipo de sanción, sin embargo, reconoció que en otros sindicatos sí ocurrió esta anomalía. Señaló que el Sitem está abierto a respaldar a los profesores que hayan sido sancionados de alguna forma, independiente que deseen o no afiliarse a este sindicato.

Polo Navarro mencionó que cualquier tipo de repercusión a los maestros de su organización o aquellos quienes busquen su respaldo puede ser fácilmente echada abajo, porque indicó que se reaccionó con una protesta mayoritaria en contra de una reforma educativa anticonstitucional.

Precisó que por el momento, los poco más de mil agremiados al Sitem en la entidad laboran con normalidad y detalló que se tratan de profesores tanto estatales como federales de los distintos niveles educativos. “Ahora nuestra lucha va a continuar por la vía legal, a través de los amparos promovidos ante la justicia federal y creemos que hay confianza en poder ganar, y así cualquier sanción que pudiera ya haberse emitido se echaría abajo en automático”.

Por último comentó que los miembros del Sitem continuarán laborando normalmente y rechazó que pudieran incrementar el horario de la jornada laboral, sólo porque exista un acuerdo entre el SNTE y la SEV, pues señaló que con su sindicato no se ha hecho ningún tipo de convenio al respecto, y en dado caso sólo sería la decisión tomada con los padres de familia.

Negociarán juntos CNTE y MMPV en DF; no habrá sanciones, festejan

NORMA TRUJILLO BÁEZ

La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) y el Movimiento Magisterial Popular Veracruzano (MMPV) tomarán acuerdos en conjunto para llegar con propuestas el próximo miércoles cuando se reanude la mesa de negociación en el Distrito Federal y uno de los avances del día de ayer fue que el subsecretario de Goberno, Luis Enrique Miranda Nava, indicó que no habrá sanciones administrativas ni descuentos salariales para los maestros que se manifiestan contra la reforma educativa, además que la CNTE podrá incorporar sus propuestas en las leyes estatales.

Lo anterior fue informado por Sandra Romero Agustín, representante estatal de la CNTE, quien expuso que el día de ayer en la reunión con el subsecretario de gobierno, Luis Enrique Miranda Nava, el punto principal fue sobre las sanciones administrativas y la represión que están padeciendo los maestros veracruzanos.

Al planteamiento hubo una repuesta positiva, dijo la maestra, porque ya no habrá sanciones ni represión administrativa, “aunque no se firmó ninguna minuta, se aceptó que no habrá sanciones y será el próximo miércoles, cuando se firmen acuerdos en el reinicio de las mesas de negociación, se ha aceptado que la CNTE incorpore sus propuestas”.

Asimismo señaló que empieza una nueva etapa en la lucha magisterial, se lanzará una convocatoria para aglutinar a la CNTE y el MMPV para tener conjuntamente un plan de lucha, “la Comisión única de negociación que se encuentra en la ciudad de México acordó que necesitamos seguir trabajando de manera coordinada con el MMPV”.

Romero Agustín señaló que la inconformidad magisterial seguirá en las manifestaciones y en las aulas, se buscarán estrategias para no dejar a los niños sin clases, pero habrá manifestaciones hasta que haya un avance para el magisterio estatal.

Comparecen ante la PGR cuatro docentes del MMPV por bloqueos

SAYDA CHIÑAS CÓRDOVA

Coatzacoalcos, Ver.- Cuatro integrantes del Movimiento Magisterial Popular Veracruzano (MMPV) se presentaron a declarar ante la agencia del Ministerio Público de la Federación en Coatzacoalcos, señalados por haber participado en movilizaciones y en especial con el bloqueo a las instalaciones de la refinería general Lázaro Cárdenas, en Minatitlán.

En las primeras horas se presentaron a declarar tres de los cuatro maestros citados por la Procuraduría General de la Republica (PGR), a quienes se les acusa de obstrucción de vías generales de comunicación e instalaciones estratégicas. Aunque la PGR no ha querido confirmar los delitos se indicó que la denuncia se relaciona con el bloqueo de los accesos a la Terminal de Almacenamiento y Reparto (TAR) de la refinería Lázaro Cárdenas.

Claudio José San Juan, integrante del MMPV, indicó que por estrategia de los abogados de los maestros citados no darán a conocer los presuntos delitos por los cuales se les acusa ya que consideran que son criminalizados por su lucha social. Indicó que la PGR debe citar a comparecer a cientos de maestros que han participado en los movimientos contra la reforma educativa y no sólo centrar su demanda en cuatro.

Los maestros realizaron nuevamente una marcha en apoyo a sus compañeros y anunciaron que presentarán quejas ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) e instancias gubernamentales en contra de supervisores y directivos que “tienen sus negocios particulares en las escuelas. Todo esto lo tenemos que denunciar porque el gobierno federal debe saber que también los podemos denunciar, no habían despertado al monstruo legal que hay en cada maestro”, insistió.

Por otro lado, Jorge Yunis Manzanares, subprocurador de Justicia del sur de Veracruz, manifestó que todas las denuncias presentadas por parte de instancias federales, estatales y empresas fueron remitidas a la PGR, la cual se encargará de determinar los cargos correspondientes que se les acrediten. “En el caso de los maestros, ellos llevan las denuncias, no nos informan ni nos dicen nada, la situación de estas personas ellos la determinaran debido a que son lugares federales los que afectaron”.

Trascendió que existen pruebas compuestas por fotografías y videos que muestran la identidad de los docentes acusados, así como datos generales que los inculpan, situación que podría denotar la culpabilidad y el peso de la ley hacia quienes incurrieron en las “acciones vandálicas” contra las instalaciones Federales.

Primeras sanciones

Juan Rodríguez Arroyo, jefe del sector educativo número 19, confirmó que la Contraloría General del Estado (CGE) ha levantado de manera global seis actas administrativas en el municipio de Minatitlán, en escuelas que laboran de manera parcial. “A todos los maestros del plantel se les levantó acta, según las indicaciones se les va a suspender, pero hasta ahorita ignoro si va a proceder”.

Informó que la SEV está capacitando a maestros normalistas para cubrir a los maestros que se niegan a regresar a sus labores diarias.

Aún sin aparecer, 4 jóvenes detenidos por presuntos militares en Coyuca de Benítez

MARGENA DE LA O Y
 FRANCISCA MEZA CARRANZA

Familiares de los cuatro jóvenes detenidos por encapuchados, que creen son policías ministeriales y militares, en colonia popular de Coyuca de Benítez, denunciaron en Chilpancingo que siguen sin conocer su paradero, porque ninguna instancia les informa dónde pueden estar.

Al mediodía, los familiares dieron una conferencia de prensa en la Red Guerrerense de Organismos de Derechos Humanos, en principio, para relatar lo que sucedió la madrugada del martes en la colonia Fuerte Emiliano Zapata, de lo que este diario ya dio detalles en su edición de hoy: policías ministeriales y soldados irrumpieron con violencia durante la madrugada en la colonia y se llevaron consigo a cuatro jóvenes sin orden de aprehensión.

María Elidía Ruano, hermana de Daniel y Uriel Ruano, dos de los detenidos, denunció que desde la detención ilegal, porque ni los militares ni los policías llevaban una orden de detención o cateo, los traen de dependencia, instancia u organismo entre Coyuca de Benítez y Acapulco.

Por ejemplo, dijo que ayer estuvieron en la PGJE, pero los mandaron al Ministerio Público de Coyuca de Benítez; también estuvieron en la coordinación regional de la Comisión Estatal de Defensa de los Derechos Humanos (Coddehum). En ningún lugar supieron darles informes.

Luis Olivares, dirigente de la Organización Popular de Productores de la Costa Grande (OPPCG), dijo algunas de las que podrían ser las causas por las que ingresaron a la colonia los militares y policías ministeriales que, aseguró, desde antes acosaban la colonia: Fuerte Emiliano es una colonia fundada hace 13 años de desplazados de la guerra sucia de la parte alta de Coyuca de Benítez, o porque la colonia se organizaba para crear una Policía Comunitaria.

También puede ser porque el anterior dueño del predio en el que fundaron la colonia, Lino de los Santos, intentó por la fuerza pública, policías granaderos, cobrarles nuevamente el terreno.

Admitió que desde hace un tiempo los colonos se organizaron para montar guardias en la entrada de la colonia, como trabajos previos a la Policía Comunitaria; admitió que las guardias estaban armadas, pero con rifles 22.

El dirigente de la organización acusó al Ejército y la Marina de la desaparición de los cuatro jóvenes, instituciones que por cierto apenas el 27 pasado el Ejecutivo estatal premió con el mérito civil Vicente Guerrero, por su servicio con el estado de Guerrero.

Insistió en que la detención la fincaron en un papel simple que llevaban con características similares a la de los cuatro jóvenes. Ellos son Uriel Ruano García, de 21 años; Daniel Ruano García, de 19; Rey David Galeana Pastrana, de 18, y Salvador del Carmen Vázquez, de 30 años.

Manuel Olivares Hernández, secretario general de la Red, agregó que buscarían que en Chilpancingo les abrieran la averiguación previa en Chilpancingo, por ser un caso especial.

No hay datos oficiales de la detención en la PGJE: vocero

Por su parte, el vocero del gobierno de Guerrero, José Villanueva Manzanares, aseguró que en la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) no hay datos sobre la presunta detención de cuatro jóvenes de Coyuca de Benítez la madrugada del martes, como lo denunciaron integrantes de la Organización Popular de Productores de la Costa Grande (OPPCG).

Durante la conferencia en la que dio a conocer datos a la baja en homicidios en la entidad, el vocero fue cuestionado sobre la denuncia pública hecha por los integrantes de dicha organización.

Inicialmente expresó que no se tenían datos ni denuncias de “estos secuestros” y oficialmente no existían datos en la PGJE, pues dijo que si hubiera información de algún secuestro ya se habría iniciado un acta ministerial e investigación. Cuando se le insistió sobre la versión de los vecinos que indican que fueron agentes ministeriales expresó que tendrán que ser presentados en su momento.

“Si esto fue ayer (martes) hay determinado tiempo que tienen las autoridades para presentarlos ante la Procuraduría. En este momento no hay nada oficial”, reiteró.

Después dijo que seguramente eran presentados en ese momento, después de las 10 de la mañana. “Se están apenas iniciando las averiguaciones y las actas correspondientes y obviamente el dato en este momento no lo tenemos, pero seguramente están siendo presentados en este momento”, dijo.

En el tema de la seguridad el vocero expresó que se tiene un plan para reforzar las fronteras con Michoacán luego de la violencia que ha recrudecido en los últimos días para que el efecto cucaracha afecte menos a la entidad y para que se pueda identificar a los criminales que se quieran trasladar a Guerrero.

Indulto, insuficiente justicia para Patishtán

En México se violan sistemáticamente los derechos a la presunción de inocencia, al debido proceso, de igualdad ante la ley y a la no discriminación en contra de personas indígenas detenidas.

¡Júbilo! Es la palabra, el sentimiento, de quienes hemos esperado este día donde la LIBERTAD se escribe con mayúsculas. El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba) se une a la celebración de libertad del profesor Alberto Patishtan Gómez (en adelante profesor Patishtán), a quien el gobierno sometió por más de 13 años a un encierro injusto tal y como es el patrón en el sistema jurídico mexicano hacia las personas presas políticas.

Consideramos que la acción del Estado mexicano debería incluir como mínimo tres exigencias:

1.- Pedir perdón público como parte de su responsabilidad, en el encarcelamiento arbitrario del profesor Patishtán, cuya inocencia ha quedado demostrada de manera pública al igual que las deficiencias en el sistema de justicia penal.

2.- El esclarecimiento de los hechos ocurridos en la emboscada del 12 de junio del 2000, ya que se dan en el contexto de la militarización y de los operativos contra los municipios autónomos. En particular de los actos violentos en Chavajeval y San Pedro Nixtalucum, del municipio El Bosque y cercanos al municipio autónomo de San Andrés Sakamch´en de los Pobres.

Resulta imprescindible una investigación imparcial y exhaustiva, dado que las familias de los policías asesinados tienen derecho a la verdad, saber qué pasó el día de la emboscada, sus móviles y quiénes cometieron el crimen; para deslindar así responsabilidades identificando y sancionando plenamente a los autores materiales e intelectuales de los hechos.

3.- La reparación integral de los daños en el caso del profesor Patishtán, ya que 13 años de prisión truncaron su proyecto de vida y la de su familia, además de que el encierro prolongado, sumado a la negligencia médica, casi lo dejó ciego y puso en riesgo su vida.

Por tanto este Centro de Derechos Humanos seguirá impulsando las medidas cautelares ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para que el Estado cumpla con su responsabilidad de garantizar la atención eficaz y de calidad a la salud del profesor. Y mantendrá también la petición por violaciones a derechos humanos, que interpuso desde agosto de 2010, ante la CIDH en contra del Estado mexicano, la cual, en estos momentos, integrantes del Frayba están impulsando ante dicha instancia interamericana.

En el Examen Periódico Universal del Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas se evidenció que el gobierno mexicano está reprobado en el tema de los derechos humanos. El aparato burocrático de instituciones creadas para tal fin, sólo es utilizado en el ámbito internacional para simular las obligaciones de respeto, garantía y protección a los derechos humanos.

El poder judicial niega sistemáticamente el acceso a la justicia contra la población excluida, en su mayoría indígena. Así lo evidencia el caso del profesor Patishtán y otros procesos pendientes en Chiapas como los presos: Antonio Estrada Estrada y Miguel Demeza Jiménez, indígenas tseltales adherentes a La Sexta Declaración de la Selva Lacandona en San Sebastián Bachajón; Alejandro Díaz Sántiz, solidario de La Voz del Amate; y el profesor Noé Hernández Caballero, de la Organización Nacional del Poder Popular; los siete presos Loxichas en Oaxaca; el de Nestora Salgado en Guerrero; las guardias comunitarias de Aquila Michoacán recluidos en Veracruz; por mencionar algunos.

Por lo anterior desde este Centro de Derechos Humanos, exhortamos al gobierno mexicano la aplicación de medidas efectivas para garantizar el acceso a la justicia a todas las personas privadas arbitrariamente de su libertad por motivos políticos y de exclusión social.

México: El indulto al maestro indígena Patishtán revela la necesidad de una revisión completa de los juicios injustos.

La decisión del presidente de México, Enrique Peña Nieto, de otorgar el indulto al profesor indígena tzotzil Alberto Patishtán, encarcelado durante más de una década tras un juicio injusto, no debe ser solamente un reconocimiento tardío de la injusticia cometida contra él, sino que debe impulsar una revisión completa a los innumerables casos de juicios injustos, manifestó Amnistía Internacional el día de hoy.

“Alberto es un hombre inocente que fue retenido en prisión por 13 años. El indulto presidencial es un gran alivio para Alberto Patishtán y su familia, pero está muy lejos de acercarse a la verdad, justicia y reparación. Las personas responsables de su juicio injusto y encarcelamiento deben rendir cuentas,” dijo Javier Zúñiga, asesor especial de Amnistía Internacional.

“Las cárceles de México están pobladas por incontables casos como el de Patishtán. Su liberación debe ser sólo el primer paso hacia una revisión total de los casos y a la adopción de medidas que pongan fin a la discriminación e inequidad en el acceso a la justicia”, añadió Zúñiga.

Este indulto presidencial es el resultado de años de campaña por parte de Alberto Patishtán y su familia, sus abogados y el apoyo de personas y organizaciones de la sociedad civil.

Alberto Patishtán fue condenado en 2002, después de que una corte en el estado de Chiapas lo declarara culpable del asesinato de siete policías durante una emboscada en junio de 2000. Fue condenado a 60 años de prisión por homicidio agravado y robo, entre otros cargos.

Amnistía Internacional está convencida de que Alberto Patishtán no participó en el crimen y que la investigación y el subsecuente proceso judicial tuvieron graves errores. En ese sentido, la organización considera que las autoridades mexicanas deben conducir una investigación inmediata, exhaustiva e imparcial sobre los homicidios cometidos en el año 2000, por los que Alberto Patishtán fue condenado.

“El caso de Alberto Patishtán es sólo un ejemplo de un patrón sistemático: Después ser acusado por un crimen que no cometió, no tuvo acceso a un abogado defensor competente, un fiscal independiente o un juez imparcial. Como resultado, tuvo que pasar 13 años en prisión. Esto es indignante”, dijo Javier Zúñiga.

A través de los años, la organización ha denunciado cómo las personas que viven en la pobreza en México reciben una menor protección a sus derechos humanos. Esto es especialmente cierto cuando se trata del acceso a la justicia y al debido proceso. Las personas indígenas, la mayoría de las cuales también viven en situación de pobreza, se ven afectadas desproporcionadamente por esta situación.

Otro ejemplo es el caso de José Ramón Aniceto Gómez y Pascual Agustín Cruz, dos activistas indígenas que fueron liberados de prisión en noviembre de 2012 después de pasar tres años encarcelados bajo cargos falsos en represalia por su trabajo defendiendo el acceso al agua en Atla, en el estado de Puebla.

“La resolución positiva del caso de Alberto Patishtán será sólo una gota en el océano si el gobierno mexicano falla en reconocer que se trata de un problema sistémico y en tomar medidas urgentes para hacerle frente”, dijo Javier Zúñiga.

Amnistía Internacional hace un llamado al gobierno para garantizar que los derechos humanos de todas las personas involucradas en procesos judiciales sean plenamente respetados, sin discriminación de ningún tipo.

“Los fiscales y jueces a nivel local, estatal y federal deben ser imparciales. La defensa jurídica debe ser gratuita y eficaz para todas las personas, en particular para las más vulnerables. Todas las personas deben ser consideradas inocentes hasta que se pruebe su culpabilidad en un juicio de acuerdo a las normas internacionales”, concluyó Javier Zúñiga.