lunes, 13 de enero de 2014
Zambrano operó a favor de Peña para aprobar reforma energética: Ruffo
MÉXICO, D.F., (proceso.com.mx).- El senador panista Ernesto Ruffo reveló que una parte de la fracción parlamentaria del PAN y los partidos de izquierda estuvieron a punto de frenar la reforma energética; sin embargo, el presidente del PRD, Jesús Zambrano, operó a favor del PRI para favorecer al presidente Enrique Peña Nieto.
De acuerdo con la versión de Ruffo, un grupo de 16 senadores panistas planeaban votar en contra de la reforma energética a cambio de evitar la homologación del Impuesto al Valor Agregado en la zona fronteriza.
“El intercambio era: ellos, los perredistas, no votaban a favor de la homologación del IVA y este grupo de 16 (senadores del PAN) no votaba a favor de la Reforma Constitucional Energética. Así estaba horas antes de la votación del IVA en la frontera”, señaló en entrevista con el portal de noticias Sin Embargo.
Para ser bloqueada, la reforma energética necesitaba de 44 votos en contra; de acuerdo con Ruffo, con los 16 votos de los senadores panistas más 22 del PRD, 5 del PT, y uno de Movimiento Ciudadano, la iniciativa presidencial hubiera sido echada abajo. En principio, el acuerdo estaba sellado, pero repentinamente el PRD cambió de posición, detalla el senador:
“Algo pasó con el PRI y [Jesús] Zambrano [presidente nacional del PRD], que la noche de la votación de la Reforma Fiscal, parte de los perredistas se pasaron de parte del PRI y la votaron a favor. Eso fue lo que le dio al traste a la seguridad de que podíamos contar con el grupo de los 16 panistas. Allí empezó el desorden”, precisó Ruffo.
Se desborda la violencia en Michoacán; autodefensas toman Nueva Italia
Los grupos de autodefensa avanzaron este domingo a Uruapan en donde registraron quema de vehículos, confirmó la comandancia municipal.
Uruapan es considerado uno de los principales municipios de la entidad además de que es una de las demarcaciones con mayor producción de aguacate en el estado.
Por cuarto día consecutivo, en Michoacán se registró la quema de vehículos en diversas partes del estado, incluidas Apatzingán y en la autopista Siglo XXI.
Este domingo, tras la incursión de autodefensas en Nueva Italia, La violencia se extendió hasta la ciudad de Uruapan.
Informes de la Policía Federal señalan que un camión de carga fue quemado sobre la carretera Uruapan-Gabriel Zamora, a la altura del Rastro Municipal.
Además, en la vía que conecta con el Municipio de Nuevo San Juan Parangaricutiro se registró un enfrentamiento a balazos con saldo todavía incierto.
Estos hechos presuntamente están relacionados con la disputa entre autodefensas y miembros de la organización delictiva Los Caballeros Templarios.
Más temprano
La Policía Federal reportó la quema de un camión sobre la autopista Siglo 21, a la altura del kilómetro 263. Esa vía conecta al centro con la costa michoacana, desde Morelia hasta Lázaro Cárdenas.
El siniestro ocurrió en la zona costera, a la altura del puente Feliciano, que divide a Michoacán y Guerrero.
El segundo incendio fue reportado en el acceso principal a la ciudad de Apatzingán, en las inmediaciones del monumento al General Lázaro Cárdenas.
Además, en el centro de Nueva Italia se registró un enfrentamiento a balazos del que aún se desconoce el saldo.
Desde el 4 de enero los disturbios no han cesado en esa región de la entidad.
La jornada mas violenta fue el viernes, cuando desconocidos prendieron fuego al Palacio Municipal de Apatzingán, siete establecimientos comerciales y 13 vehículos.
(Con información de Reforma)
Protestan contra reformas estructurales ante foro Apec en Puerto Vallarta
Al encuentro asisten 400 representantes de 30 países. Foto Javier Santos
Puerto Vallarta, Jal. Decenas de activistas e integrantes del Frente por la Defensa del Petróleo protestaron esta mañana contra las reformas estructurales en el contexto de la 22 reunión anual del Foro Parlamentario Asia-Pacífico (Apec), que arrancó este lunes.
La protesta se dio en el Centro de Convenciones, al inaugurar el encuentro con la presencia de 400 representantes de 30 países.
Durante la manifestación, que forma parte de la resistencia pacífica, los inconformes protestaron contra las reformas estructurales. “Rechazo a las reformas estructurales que lesionan la educación y la economía de las familias mexicanas”, decía una de las mantas.
En este encuentro, México considera presentar uno de sus avances con las llamadas reformas estructurales, como la laboral, la financiera, la fiscal y la energética, entre otras más.
Autodefensas condicionan diálogo a la detención de templarios
En Nueva Italia, un grupo de autodefensa se enfrentan a presuntos integrantes de los Caballeros templarios, para expulsarlos del municipio, el 12 de enero. Foto Ap/ Eduardo Verdugo
México, DF. El vocero de la policía comunitaria en Michoacán, Estanislao Beltrán, señaló que aunque los grupos de autodefensa están dispuestos a dialogar con el gobierno federal, eso será posible cuando se dé la detención de los líderes de los Caballeros Templarios.
"Nuestro objetivo es limpiar de los Caballeros Templarios hoy. Si el gobierno federal acciona y nos entrega a los todos los máximos líderes de los Caballeros Templarios, como el Chayo, la Tuta, el Quique, que son los que ocasionan los levantones, los secuestros, cuando haya hecho el gobierno federal alguna detención, entonces veremos qué vamos a hacer", señaló.
En entrevista radiofónica, Beltrán deslindó a los autodefensas de las quemas de vehículos y negocios.
Señaló que la finalidad de estas organizaciones es defender los 113 municipios del territorio michoacano, y aseguró que los michoacanos no se explican por qué aún no se ha aprehendido a algún líder de los Caballeros Templarios.
En cuando a la quema de negocios y autobuses, Beltrán aseguró que son realizadas por los Caballeros Templarios. "Nosotros, como autodefensas, jamás vamos a destruir algo que nos sirve", sostuvo.
Sobre la reunión que celebrará en Michoacán el gabinete de seguridad del presidente Enrique Peña Nieto, el vocero pidió poner atención a la situación que se vive en la entidad, y solicitó ayuda para "limpiar del crimen organizado, de asesinos, nuestro estado".
Y una vez que Michoacán esté limpio del crimen organizado, dijo, los integrantes de los grupos de autodefensa "nos dedicamos a lo que sabemos hacer. Nosotros somos gente de trabajo, gente productiva, somos ejidatarios, producimos limón mexicano, toronja y otros productos".
“Nosotros no queremos ser policías, no queremos ser comandantes. Nuestro interés no es agarrar un puesto. Nuestro interés es tener a nuestras familias protegidas".
“La negociación sería cuando ya hayan detenido a los líderes de Los Caballeros Templarios. No es posible negociar (antes) si no hemos arreglado nada”, insistió.
Apelan activistas a instancias internacionales por el intento de encoger el Parque Arrecifal
Organizaciones de la sociedad civil denunciaron ante instancias internacionales la intención del gobierno mexicano de modificar los límites del Parque Nacional Sistema Arrecifal Veracruzano (PNSAV), con especies endémicas y que además representa una barrera física natural contra los huracanes para la ciudad de Veracruz, violentando su compromiso de conservar y proteger un humedal de importancia mundial, tan sólo para ampliar las instalaciones de la Administración Portuaria Integral (Apiver).
La censura colectiva de las 7 organizaciones no gubernamentales e investigadores fue porque el pasado 19 de diciembre la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) autorizó el proyecto de ampliación de Apiver, a pesar de que el Sistema Arrecifal Veracruzano fue declarado Área Natural Protegida (ANP) en 1992, con el objetivo de proteger el derecho humano al medio ambiente sano, y en 2004 fue inscrito como humedal de importancia internacional en la Lista Ramsar.
De acuerdo con la queja de la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA) y el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda), con apoyo de la Asamblea Veracruzana de Iniciativas y Defensa Ambiental (Lavida), Pobladores A.C., Senderos y Encuentros para un Desarrollo Autónomo Sustentable (Sendas), Litiga OLE, Pronatura Veracruz y el doctor e investigador Leonardo Ortíz Lozano; sólo duró 8 años esta protección por lo que presentaron al Secretariado de la Convención Ramsar un reporte sobre el incumplimiento del gobierno federal de ese tratado internacional.
Los ambientalistas dijeron que: “si bien el Estado mexicano puede modificar los límites de los sitios que inscribe en la Lista Ramsar, esto tiene que hacerse conforme a las causales y procedimientos determinados en la Convención Ramsar. Sin embargo, el gobierno federal pretende modificar el área del PNSAV contradiciendo sus propios actos y actuando en contravención del principio de legalidad de los que es firmante”.
Y agregaron: “de acuerdo con la información pública obtenida de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp), la causal por la cual el gobierno mexicano decidió modificar los límites del PNSAV es la llamada cláusula de “error”, contenida en la Resolución VIII.22, la cual sólo puede invocarse por cambios en las características ecológicas resultantes de procesos que han degradando parte del humedal”.
Sin embargo, aclararon, hasta ahora el gobierno federal “no ha probado científicamente que se hayan modificado las características ecológicas en detrimento del humedal. Es cuestionable que la Conanp haya decidido notificar el supuesto error al Secretariado Ramsar cuando la Semarnat estaba en vísperas de autorizar la ampliación del puerto de Veracruz”.
En su análisis los ecologistas explican que el otro camino legal para modificar los límites de los sitios Ramsar es la de “motivos urgentes de interés nacional”, contenido en la Resolución VIII.20, la cual implica una evaluación ambiental previa y una consulta a todos los interesados directos, algo que hasta el momento no ha ocurrido.
Esta decisión vertical, señaló Sandra Moguel, asesora legal de AIDA, “es porque el gobierno federal está determinado a modificar la poligonal del PNSAV de manera ilegal toda vez que no le es jurídicamente posible proceder según los procedimientos establecidos por la Convención Ramsar”.
En resumidas cuentas, precisó: “el gobierno mexicano viola la Convención Ramsar, situación que implica la transgresión de sus obligaciones internacionales sobre la conservación de un humedal de importancia internacional. De consumarse la modificación al PNSAV, el gobierno mexicano también habrá lesionado el derecho humano al medio ambiente sano de los mexicanos en general y de los veracruzanos en particular”.
Por lo anterior, entre otras cosas, las organizaciones solicitaron al Secretariado de la Convención Ramsar que considere inaceptable la reducción de los límites del PNSAV, y que la posible modificación se debata en la próxima Conferencia de las Partes que tendrá lugar en Uruguay en 2015.
PUEBLA: La privatización del SOAPAP y carestía generarán “escalada de protestas”: Morena
La aplicación de nuevos impuestos al consumidor sobre numerosos artículos de consumo popular, la pérdida de empleos en la Comisión Federal de Electricidad, el encarecimiento de las cuotas del servicio eléctrico, amén de la privatización del Sistema Operador de Agua Potable y Alcantarillado de Puebla (Soapap) generará “una escalada de protestas e inconformidades por parte de la población (…)”, advirtió la dirigencia del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).
Las secretarías de Derechos Humanos y Sociales, el Comité Ejecutivo Estatal de Morena en Puebla y Comité Ejecutivo Municipal emitieron este fin de semana un boletín en el que consignan que “el comienzo de este año 2014 ha estado marcado por la concreción de una de las mayores ofensivas conservadoras y neoliberales en la historia de México. El conjunto de reformas aprobadas: hacendaria y energética; y el conjunto de nuevos impuestos al consumidor, avaladas por la inmensa mayoría de los integrantes del Partido Acción Nacional (PAN) y del Partido de la Revolución Institucional (PRI), representan sin duda la agudización del conflicto social que ya está en marcha en este país”.
En esa lógica, la organización que a nivel nacional encabeza el tabasqueño Andrés Manuel López Obrador hace “un recuento de los golpes bajos que la clase política en cercanía con los grandes poderes económicos nacionales e internacionales han propinado a la población nacional. Enumerémoslos: el alza a los precios del combustible que ha comenzado ya mismo en este mes de enero (y que se prolongará al menos durante todo este año), lo cual contradice los supuestos beneficios que traería la privatización de los recursos energéticos y de Petróleos Mexicanos mismo”.
Advierte también sobre “la aplicación de nuevos impuestos al consumidor sobre numerosos artículos de consumo popular, impuestos que nuevamente se han cargado sobre el pueblo y no sobre los productores de dichos artículos; la inevitable desarticulación de la Comisión Federal de Electricidad que provocará la pérdida de numerosos empleos; el encarecimiento de las cuotas del servicio eléctrico y el enriquecimiento de particulares extranjeros mediante un servicio que debería ser de beneficio social; la próxima privatización del organismo operador del agua en esta entidad (y también a nivel nacional), provocando el incremento en los precios y nuevamente el enriquecimiento de particulares extranjeros; la inminente subida de precios en general producto de la presión inflacionaria que los nuevos impuestos y alzas en productos fundamental en las cadenas productivas provocarán sobre la economía popular”.
“La consecuencia natural de esta ofensiva será el surgimiento en los próximos meses y años, de una escalada de protestas e inconformidades por parte de la población nacional, fustigada por la constante y ya prolongada pérdida de sus condiciones de bienestar y la progresiva y constante pérdida de los bienes sociales que este pueblo había tardado décadas en lograr”, asegura.
Ante esta situación Morena, “su organización, sus dirigentes, sus integrantes, sus simpatizantes, las organizaciones afines, todos nosotros, debemos asumir con mayor responsabilidad la construcción sólida y clara de nuestra organización, para poder convencer y representar eficazmente las demandas ciudadanas ante el colapso mayoritario del sistema de representación política. Este es un momento clave en la historia de Morena: 2014 debe ser el año en el que como fuerza política este partido cobre fuerza significativa y se perfile como un partido distinto”, indica.
Y añade que la organización izquierdista “no puede ser un partido político más, no puede repetir los vicios políticos históricos de este país como el clientelismo, el electoralismo, el patrimonialismo, la corrupción, el autoritarismo. Morena debe erigirse como una verdadera fuerza social comprometida con la población nacional, con los más necesitados, con la creación de una riqueza nacional y un desarrollo económico nacional incluyente, con la urgente reconstrucción de un país por gente comprometida con su rescate. Morena debe represtigiar a la política”.
MORELOS: Basta de Feminicidio y violencia institucional
Ellas, eran dos mujeres que trabajaban vendiendo en los pasillos del mercado Adolfo López Mateos. Venían de Xoxocotla todos los días. Como muchas mujeres trabajadoras que laboran todo el día, desde muy temprano, y regresan tarde a sus domicilios. No volvieron. Una patada en la puerta y una ráfaga acabó con la vida de ellas y otros dos familiares. En el mismo pequeño lugar quedaron dos bebés que sobrevivieron a este criminal ataque al inicio de este 2014 en Morelos. No merecieron siquiera unas palabras en el Foro Internacional de Víctimas que organizó el gobierno de la muy vieja visión. Dos mujeres más fueron localizadas sin vida en Ocuituco, en una oficina de la Ayudantía Municipal, y en Jiutepec, dentro de su domicilio. 4 hechos que se suman a la violencia feminicida en dos días, son demasiados en Morelos, por lo que no podemos dejar de denunciar esta violencia institucional que ni aplica las medidas emergentes ni mucho menos acepta la necesidad de la Alerta de Violencia de Género. Hemos documentado exhaustivamente el feminicidio durante años y exigido que se tomen las medidas que garanticen el acceso de las mujeres a una vida libre de violencia. No bajamos la exigencia y proponemos al conjunto de la sociedad no bajar la guardia, y denunciar esta violencia institucional que pretende seguir culpando a las mujeres de ser las responsables de su propia muerte, cuando se les exhibe o trata de justificar que si las mataron “fue por algo”, en lugar de investigar y sancionar a los culpables. Y estos hechos ocurrieron precisamente el día en que arribaba a Morelos todo el equipo policiaco ex profesamente traído desde Tijuana para sustituir mandos en la Secretaría de Seguridad Pública. Allá en el norte se precian de haber disminuido las delitos de secuestro y extorsión, que son la preocupación principal de un sector empresarial que ha exigido la implementación de políticas de mano dura militarizadas, a cambio de generalizar las violaciones a los derechos humanos de opositores, críticos, periodistas, ecologistas y migrantes. El gobierno de Morelos ha dado el beneplácito a las peores políticas de seguridad, como las diseñadas por el General Naranjo en Colombia, asesor de Peña Nieto, donde las consecuencias han sido desastrosas para la sociedad, por lo que no es ajena la orientación que ha seguido Capella y que pretende llevar a cabo al frente de la SSP una vez que cambien la ley y
le hagan un traje a la medida, como acostumbra cualquier gobierno autoritario, que si la ley prohíbe hacer algo la aplica con toda la fuerza a los demás y la cambia a su modo cuando así le conviene, como ya lo han anunciado que harán en el Congreso del Estado. Este es el pésimo mensaje que recibimos al inicio del año, aunado al hecho de que voces otrora críticas se sumen al “beneficio de la duda” a estos funcionarios que también se presentaron en su momento como surgidos de la sociedad civil y hasta “apolíticos” que cuando ocupan cargos aplican todo lo contrario de lo que la sociedad requiere. Hemos documentado y denunciado la criminalización de la protesta social, la imposición antidemocrática de las reformas laboral, educativa y energética, que contravienen lo establecido en la propia reforma constitucional en materia de derechos humanos. Ese doble discurso y esa nefasta práctica de borrar con una mano lo que se firma con la otra, es lo que mantiene en la crisis de credibilidad las instituciones, en Morelos y en todo el país. Por eso crece la protesta y la inconformidad social ante los abusos del poder y de las políticas represivas, neoliberales y privatizadoras que están en la base de la injusticia social. Lejos de una visión acorde a los designios del poder, partimos del reconocimiento de que los derechos se conquistan mediante la lucha, porque a cada paso que se da para lograr un reconocimiento de los mismos enfrentamos nuevos ataques de las clases dominantes en el sistema capitalista que tratan de echar abajo esas conquistas. El supuesto de la universalidad, integralidad, interdependencia y complementariedad de los derechos humanos, es algo que no está dado por ninguno de los gobiernos como una concesión, sino producto de movilizaciones sociales, levantamientos, rebeliones, revueltas, revoluciones, donde los pueblos asumen la construcción de su propio destino. Defendemos derechos humanos por convicción, no por conveniencia, en ese sentido no prestarse a los designios del poder, ni al mejor postor, porque la historia política personal se construye día a día y la lucha implica compromiso individual y conciencia colectiva, asumir a fondo un proyecto de vida, ni enajenado ni integrado, congruente entre lo que se dice y lo que se hace. Por ello rechazamos tanta violencia cotidiana, que no puede ser sino estructural, por lo que ninguna medida superficial podrá erradicarla.
cidhmorelos@gmail.com
GUERRERO: Llama Morena a la población a sumarse al frente amplio contra las reformas
En zócalo de Acapulco, simpatizantes de Movimiento Regeneración Nacional (Morena) realizaron una campaña de información contra las recién aprobadas reformas del presidente Enrique Peña Nieto, además hicieron un llamado a la población a sumarse a un frente amplio contra de los que llamaron un “atentado contra el patrimonio de los mexicanos”.
Ignacio Chino Ramírez, miembro activo de ese movimiento político social de izquierda, dijo que el gobierno del PRI, que ha regresado a Los Pinos, está privatizando todo y entregando los recursos de los mexicanos en manos de trasnacionales extranjeras en un acto que consideró de “vende patrias”.
Frente a la fuente inservible de la explanada del zócalo, gente de Morena colocó un módulo de información y con bocinas explicaba el impacto negativo de las nuevas reformas, además de las mentiras del gobierno de bajar los precios del gas, luz y gasolinas e invitaba a todos a sumarse a esa lucha.
Chino Ramírez explicó que son cientos de mexicanos que no tienen la información correcta de las reformas que fueron empujadas por el Pacto por México, algunas personas ni siquiera se enteraron de los cambios que afectarían su economía y que los nuevos impuestos aplicados en este nuevo año ya están golpeando los bolsillos de los obreros que apenas si viven con su mísero salario.
“Si no cerramos filas el gobierno de EPN va a vender al país a los extranjeros, por eso la gente tiene que tener mucho cuidado con su voto en este proceso electoral de 2015, si dejan que el PRI regrese al gobierno del estado y al municipio, no habrá forma de sacarlos del poder”, asentó el simpatizante de Morena.
Cerca del mediodía, levantaron su módulo de información y se retiraron de la zona, mientras que turistas y visitantes observaban y aplaudían las acciones de Morena de informar sobre los daños de esas reformas a la gente.
Cambiará Segob fideicomiso para pagar a parientes y víctima de desapariciones
Atoyac, 12 de enero. El gobierno federal modificará el fideicomiso que existe para el pago por la reparación de daños a víctimas cuyas indemnizaciones hayan sido ordenadas por organismos internacionales, para que comprendan ahora el pago a los familiares de los desaparecidos durante la guerra sucia en Guerrero, informó Ricardo Sánchez Paredes del Pozo, director general de la Unidad de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación (Segob).
El fideicomiso que existe actualmente incluye el pago por ese concepto sólo en los casos en los que algún organismo internacional así lo ordene al Estado mexicano, explicó el funcionario federal, quien citó el caso de desaparición forzada del luchador social Rosendo Radilla Pacheco donde la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Coidh) ordenó al gobierno federal a pagar por la reparación de daños a la familia como parte de la sentencia que emitió en 2009.
Abundó que lo que el gobierno federal hará es modificar las reglas de ese fideicomiso para que ahora, una vez que sea aprobada la modificación por los miembros del Congreso de la Unión y avalado el presupuesto por la Secretaría de Hacienda (no dio a conocer el monto), se le pueda pagar a deudos a nivel nacional, “como a los familiares de desaparecidos durante la guerra sucia”.
Agregó que una vez que se logre la modificación, que pudiera ser en los próximos tres meses, el gobierno federal iniciará con el pago a los 275 familiares reconocidos por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), mientras que el resto deberá ingresar al Registro Nacional de Víctimas de la Segob para ser tomados en cuenta posteriormente, además adelantó que los beneficios a los familiares no sólo serán económicos, sino en materia de salud, educación, vivienda y proyectos productivos.
Lo anterior fue dicho por el representante de la Segob durante una reunión denominada Diálogo con autoridades, familiares de desaparecidos, afectados y sobrevivientes de la guerra sucia 1969-1979, entre los familiares y autoridades del gobierno federal convocada por los miembros de la Comisión de la Verdad (Comverdad), donde el reclamo más repetido fue la exigencia para que se dé la ayuda a los familiares y se conozca cuál fue el destino final de los detenidos desaparecidos en aquella época.
Varios de los que participaron en la reunión demandaron que, además de la reparación de daños, se limpie el nombre de los desaparecidos, quienes, en su mayoría, fue gente que nada tenían que ver con la guerrilla del profesor Lucio Cabañas Barrientos.
Las exigencias fueron manifestadas por dirigentes de organizaciones de familiares de desaparecidos en este municipio y luchadores sociales, como Eleazar Peralta Santiago, Enrique Acosta Gómez y María de los Ángeles Santiago.
El luchador social Willibaldo Rojas propuso la creación de una mesa de trabajo permanente donde los familiares puedan conocer la información que hay en torno a los casos que se investiguen y puedan integrarse los que viven en comunidades aparatadas de la sierra.
Por su parte, el hermano de Lucio Cabañas, Pablo Cabañas Barrientos, quien vive en Sonora huyendo de la represión militar y donde, dijo, fue apresado y recluido seis años en la cárcel de Hermosillo, demandó mayor atención para los integrantes de la familia de Lucio, así como para las víctimas. Misma demanda que externó la activista Estela Arroyo Castro, quien pidió a las organizaciones de Atoyac a unirse y trabajar coordinadamente para tener mejores resultados.
Aparte de Paredes del Pozo, encabezaron la reunión José Antonio Pérez, representante de la Comisión Nacional de Víctimas de la Segob; Rocío Maldonado de la Fuente, subdirectora de Atención Casos de la Segob; la especialista en la Ley de Víctimas, Eliana García Laguna; así como los comisionados José Enrique González, Nicomedes Fuentes, Hilda Navarrete, Pilar Noriega y Arquímedes Morales. Asimismo se pudo ver en el acto a los activistas Tita Radilla, Zoelio Jaimes, Rosa María Gómez y Rogelio Pineda.
Se lanza el Cecop contra saqueadores de grava y arena del río Papagayo
En asamblea en Los Ilamos, ejidatarios exigen la asistencia de Aguirre Rivero a Cacahuatepec
HÉCTOR BRISEÑO
El Consejo de Ejidos y Comunidades Opositores a la Presa La Parota (Cecop) acordó iniciar la lucha por frenar y expulsar a las empresas extractoras de arena y grava de los pueblos asentados en los márgenes del río Papagayo, en los bienes comunales de Cacahuatepec, con complicidad con comisarios ejidales amañados.
El vocero del movimiento, Marco Suástegui Muñoz, subrayó que “el Cecop nació por la necesidad de defender las tierras. No es válido que por generar empleos se sacrifique la vida de otros”.
En asamblea efectuada en la comunidad de Los Ilamos, aproximadamente 300 comuneros y habitantes de los bienes comunales de Cacahuatepec acordaron entregar un citatorio durante esta semana a propietarios de las tolvas, para que el próximo domingo se presenten a la reunión del Cecop, que se efectuará en la comunidad de La Concepción, para darles una oportunidad de dar una explicación por su conducta.
Los empresarios identificados por pobladores de la zona son Humberto Marín Molina y la familia Valle.
Suástegui Muñoz señaló que “caciques trasnacionales están acabando con los recursos naturales, como la Comisión Federal de Electricidad, como las empresas que saquean la tolva de Parotillas”.
Advirtió que “el río ya no es de arena ni de grava, ahora es de lodo. El agua se está filtrando, se está yendo, las huertas se están secando al igual que los mantos freáticos”.
Explicó que “en la próxima asamblea en La Concepción vamos a pedir que Parotillas y El Carrizo dejen de percibir limosnas, que estos pueblos recuperen su dignidad y ya no acepten dinero de los que manejan las tolvas”.
Otro punto acordado fue exigir la presencia del gobernador Ángel Aguirre Rivero en la asamblea junto con el secretario de Desarrollo Rural estatal, Humberto Zapata Añorve, para entregar los 2 mil 300 cheques a campesinos que perdieron sus parcelas de maíz.
Sostuvo que “la gente quiere que venga el gobernador a entregar los apoyos, obviamente hacemos un llamado a que todo sea con la garantía de que no haya agresiones, en un clima de respeto; lo que nos interesa en el fondo es la unificación de la gente”.
Suástegui Muñoz subrayó que la constitución de un nuevo municipio está en marcha, por lo que el próximo domingo en la Concepción serán entregados los primeros formatos a los representantes de los comité ciudadanos integrados con motivo del desastres ocasionado por la tormenta Manuel, para recabar las firmas necesarias para el trámite, para lo cual, señaló que el Cecop cuenta con asesoría jurídica.
Las autoridades mexicanas deben garantizar la seguridad de defensor de derechos humanos en Tapachula
El pasado viernes 10 de enero, el Hermano Ramón Verdugo regresó a la Ciudad de Tapachula, Chiapas para reanudar su labor en defensa de migrantes menores de edad víctimas de explotación laboral y sexual.
Tras haber sido objeto de amenazas contra su vida y la de su familia, Ramón Verdugo – director del albergue “Todo por Ellos A.C.” - tomó la decisión de salir de Tapachula en julio de 2013. La decisión de regresar a Tapachula para retomar la conducción del albergue ocurre tras el compromiso de las autoridades, a través del Mecanismo Federal de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, de tomar medidas para garantizar su seguridad.
Amnistía Internacional (AI) ha recibido con buenos ojos los compromisos de las autoridades de asegurar que Ramón Verdugo pueda continuar con su labor en condiciones de seguridad y sin temor a represalias. Así mismo la organización ha llamado a las autoridades federales y estatales a que cumplan de forma inmediata con estas medias, y que estas mediadas sean extensivas a los integrantes de su familia quienes también han tenido que salir de Tapachula.
La organización también ha hecho un llamado a las autoridades mexicanas para que estas investiguen de forma inmediata e imparcial las amenazas en contra la de vida de Ramón Verdugo y de su familia, y que las personas responsables de estos actos de intimidación rindan cuentas ante la justicia.
El FBI, la NSA y la revelación de un viejo secreto
Esta semana, surgió nueva información acerca del robo y la filtración a la prensa de documentos clasificados del Gobierno de Estados Unidos que revelaron un amplio programa de vigilancia ultra secreto del Gobierno. No, la noticia no está relacionada con Edward Snowden y la Agencia de Seguridad Nacional (NSA, por sus siglas en inglés), sino con un grupo de activistas opositores a la guerra de Vietnam que cometieron uno de los robos más audaces de secretos del Gobierno en la historia de Estados Unidos, lograron evitar ser capturados y permanecieron en el anonimato durante cuarenta años. Entre ellos había dos profesores universitarios, una maestra de guardería y un taxista.
El grupo de siete hombres y una mujer, que se oponía enérgicamente a la Guerra de Vietnam, estaba seguro de que el FBI, bajo el mando de J. Edgar Hoover, estaba espiando a ciudadanos y reprimiendo activamente a los opositores. Para demostrarlo, irrumpieron en la oficina de campo del FBI en el barrio Media de Filadelfia, Pensilvania, el 8 de marzo de 1971 y robaron todos los archivos que había allí. Lo que encontraron, y enviaron por correo a la prensa, dejó al descubierto el programa de contrainteligencia del FBI, denominado COINTELPRO. El programa de espionaje consistía en una práctica de alcance mundial, clandestina e inconstitucional, de vigilancia, infiltración e intimidación de grupos de oposición que participaban en los movimientos de protesta y abogaban por el cambio social. El valiente robo no violento de este grupo de ladrones-activistas sacudió por completo al FBI, la CIA y a otras agencias de inteligencia. Su acto motivó investigaciones por parte del Congreso, un mayor control y la aprobación de la Ley de Vigilancia de Inteligencia Extranjera. Estos ladrones-activistas, la mayoría de los cuales recién ha salido a la luz pública esta semana, tras revelar sus identidades por primera vez, no solo tienen una historia fantástica que contar acerca del pasado, sino que además su historia proporciona una perspectiva crítica e informada acerca de Snowden, la NSA y el espionaje del Gobierno en la actualidad.
John Raines me dijo: “Decidimos que era hora de llamar la atención pública acerca de la vigilancia y la intimidación del Gobierno y el derecho de los ciudadanos a oponerse abiertamente. Creo que el combustible de la democracia es el derecho a oponerse, a disentir, debido a que donde hay poder y privilegios, el poder y los privilegios procuran eliminar del discurso público, en la medida de lo posible, todo lo que quieren. Eso hace que el derecho de los ciudadanos a disentir sea la última línea en la defensa de la libertad”. Raines era profesor de religión en la Universidad de Temple cuando él, su esposa, Bonnie, y los otros miembros del grupo que irrumpió en la oficina del FBI formaron lo que denominaron “Comisión de Ciudadanos para Investigar al FBI”. Como John y Bonnie Raines tenían tres hijos menores de diez años al momento del robo, les pregunté cómo fue que decidieron participar en una acto que les podría haber significado pasar años en prisión. John Raines respondió: “Como sociedad, a menudo pedimos a madres y padres que asuman actividades sumamente peligrosas como parte de su trabajo. Se lo pedimos a todos los policías, se lo pedimos a todas las personas que trabajan en el departamento de bomberos. Se lo pedimos a las madres y los padres que, como miembros del Ejército y de la Armada, son enviados a otros países para defender nuestras libertades. Le pedimos con frecuencia a la gente que realice trabajos que ponen en riesgo a sus familias. Ahora estamos de nuevo analizando al año 1971, cuando nadie en Washington iba a hacer lo necesario para revelar lo que J. Edgar Hoover estaba haciendo en el FBI. Éramos la última línea de la defensa. De modo que, como ciudadanos, tomamos la iniciativa e hicimos lo que debíamos hacer porque nadie en Washington lo iba a hacer”.
Bajo la dirección de Bill Davidon, un profesor de física de la Universidad de Haverford, el grupo se reunió y planificó meticulosamente la acción. La mayoría de las reuniones se llevaron a cabo en el ático de John y Bonnie Raines. Bonnie se hizo pasar por una estudiante universitaria que estaba escribiendo un trabajo acerca de las oportunidades laborales para las mujeres en el FBI, y logró echar un vistazo por dentro a la oficina de campo de Media. Keith Forsyth, el taxista, realizó un curso de cerrajería por correspondencia y fabricó sus propias herramientas para no levantar sospechas de las autoridades. Eligieron la noche del 8 de marzo de 1971 porque la atención internacional estaba puesta en la pelea de boxeo de peso pesado entre Mohamed Ali y Joe Frazier. Keith Forsyth dijo por qué esto fue importante: “Hicimos muchas cosas para tratar de evitar que nos atraparan y esta fue una de ellas. Quien lo haya sugerido, no tengo idea de quién fue, pensó que funcionaría como distracción, no solo para la policía, sino para el público en general”.
Entraron a la oficina, robaron los archivos y se los llevaron a una granja a una hora de Filadelfia. Revisaron los documentos y quedaron estupefactos por lo que leyeron. Un memorando detallaba las conclusiones de una conferencia del FBI sobre la Nueva Izquierda que pronosticaba que si el FBI aumentaba los interrogatorios de activistas, eso “incrementaría la paranoia endémica en esos círculos y serviría para enviar el mensaje de que hay un agente del FBI detrás de cada buzón”. Esto encontró eco en una periodista que recibió los documentos filtrados, Betty Medsger, del Washington Post. El fiscal general durante el Gobierno del Presidente Richard Nixon, John Mitchell, intentó que el Post censurara los artículos de Medsger.
Betty Medsger me contó: “Debo señalar dos cosas: primero, que fue la primera vez que un periodista recibía documentos secretos del Gobierno de una fuente externa que los había robado. De modo que eso planteó una serie de consideraciones con respecto a qué hacer con los documentos. Pero fue una decisión muy difícil para Katharine Graham, la editora responsable del Washington Post, que, hasta ese momento, nunca se había encontrado con algo similar, porque fue la primera vez que se vio enfrentada a un pedido del Gobierno de Nixon de no publicar un artículo. Y ella no quería publicarlo. Y el asesor interno y los abogados tampoco querían publicarlo, pero dos directores del diario se dieron cuenta desde un comienzo de que era un tema muy importante y lo promovieron. Se trata de Ben Bradlee y Ben Bagdikian. Mientras tanto, yo estaba allí, escribiendo inocentemente mi artículo, una simple periodista de Filadelfia, y no supe hasta las seis de la tarde que estaban considerando no publicarlo”. El periódico se imprimió y se hizo historia. En aquel entonces, Medsger desconocía la identidad de los activistas. Esta semana publicó un libro titulado The Burglary: The Discovery of J. Edgar Hoover’s Secret FBI (El robo: el descubrimiento del FBI secreto de J.Edgar Hoover), en el que menciona el nombre de la mayoría de los activistas-ladrones, con su consentimiento. También se produjo un documental sobre el caso, titulado “1971”, que se estrenará próximamente.
En respuesta a las revelaciones del libro, el portavoz del FBI, Michael Kortan, sostuvo: “Varios acontecimientos de esa época, entre ellos el robo, contribuyeron a que se cambiara el modo en que el FBI identificaba y trataba las amenazas a la seguridad nacional, lo que dio pie a la reforma de las políticas y prácticas de inteligencia del FBI, entre ellas, la creación de directrices de investigación por parte del Departamento de Justicia”.
Si aplicáramos el criterio de Michael Kortan sobre el robo de documentos de 1971 a las revelaciones de Edward Snowden acerca de la NSA, el Presidente Barack Obama debería abandonar los cargos en su contra y recibirlo de regreso en Estados Unidos, con un agradecimiento. Esperemos que Snowden no tenga que esperar 43 años.
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