martes, 8 de junio de 2021

Comunicado del PDPR-EPR

 

AL PUEBLO DE MÉXICO

A LOS PUEBLOS DEL MUNDO

A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN NACIONALES E INTERNACIONALES

A LOS ORGANISMOS NO GUBERNAMENTALES DEFENSORES DE LOS DERECHOS HUMANOS

A LAS ORGANIZACIONES POPULARES Y REVOLUCIONARIAS

 

¡HERMANAS, HERMANOS, CAMARADAS!

 

La desaparición forzada de personas en México es aún práctica recurrente a pesar de la promesa y discurso presidencial; tres años del actual gobierno y el fenómeno registra día a día nuevas víctimas.

Como en el pasado, desde el gobierno se pretende diluir la responsabilidad en la supuesta delincuencia; para los familiares de las víctimas de este flagelo no hay justicia y se les niega el acceso a la verdad.

El 25 de mayo de 2007 fueron detenidos desaparecidos nuestros compañeros Gabriel Alberto Cruz Sánchez y Edmundo Reyes Amaya en la Cd. de Oaxaca, Oaxaca, desde esa fecha han transcurrido 14 años de injusticia, impunidad, dilación y de ignominia, tiempo durante el cual las desapariciones forzadas en México se cifran en cientos de miles.

Catorce años han transcurrido con administraciones distintas, con el denominador común de asumir la misma política de gobierno en torno a la desaparición forzada de personas por motivos políticos o sociales; ambas, por comisión u omisión son responsables al darle continuidad a la política de gobierno que ejerce violencia contra el pueblo.

En el caso de nuestros camaradas, Gabriel y Edmundo, se comprobó que el autor material e intelectual es el Estado mexicano a través de sus agentes y el aparato policíaco militar; las instituciones, entre ellas la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) son parte del entramado para impedir que se haga justicia y se conozca la verdad, así como el paradero de nuestros militantes.

El actuar de la SCJN, como el máximo representante del poder judicial, respecto al caso de nuestros compañeros denota el carácter de clase por el que se conduce, es decir, le da vida al estado de derecho oligárquico; al aplazar de manera indefinida asumir una posición sobre el caso actúa como ente político, en los hechos se traduce en protectora del Estado mexicano y las estructuras criminales que se encargan de planificar y ejecutar los crímenes de lesa humanidad.

Mientras los poderes del Estado mexicano se consumen en las diatribas político electorales, las víctimas del terrorismo de Estado continúan sometidas al desgate, la revictimización y en la indiferencia tanto del poder Judicial como del Ejecutivo; para la maquinaria político electoral de la democracia burguesa todos los recursos y atención de Estado, mientras que para las víctimas de desaparición forzada desdén y apatía.

La omisión es corresponsabilidad en la comisión de un crimen de lesa humanidad, la SCJN ha sido omisa en garantizar justicia y verdad a las víctimas de la violencia de Estado; el Ejecutivo federal también incurre en dicha responsabilidad por guardar silencio, ser omiso ante el clamor popular de la presentación de los detenidos desaparecidos, e incluso, con la agravante de negar públicamente la existencia de la desaparición forzada en nuestro país.

La desaparición forzada de personas en México y la violencia de Estado que azota al país tiene explicación en el origen criminal del Estado mexicano, éste fue construido sobre cimientos de la traición, el asesinato político, la demagogia, el robo; su origen está en el pasado violento, traidor, oportunista y de clase de los Madero, los Carranza, los Obregón... amparados en el constitucionalismo burgués para imponer sus intereses de clase.

¡Basta de simulación institucional! ¡Basta de maniobras jurídicas! El pueblo exige justicia y verdad; las víctimas exigen juicio y castigo a los criminales de Estado; ¡PERDÓN, NUNCA! ¡OLVIDO, JAMÁS!

¡VIVOS SE LOS LLEVARON, VIVOS LOS QUEREMOS!

¡POR LA REVOLUCIÓN SOCIALISTA!

¡VENCER O MORIR!

¡POR NUESTROS CAMARADAS PROLETARIOS!

¡RESUELTOS A VENCER!

¡CON LA GUERRA POPULAR!

¡EL EPR TRIUNFARÁ!

COMITÉ CENTRAL DEL PARTIDO DEMOCRÁTICO POPULAR REVOLUCIONARIO

PDPR

COMANDANCIA GENERAL DEL EJÉRCITO POPULAR REVOLUCIONARIO

CG-EPR

Año 57

República mexicana, a 25 de mayo de 2021

Foro “A 20 años de la Masacre del Charco” (Junio 1 de 2018)

lunes, 7 de junio de 2021

Conferencia de prensa a 20 años de la Masacre del Charco (Mayo de 2018)

Sin castigo, las atrocidades del ejército en El Charco.

 


Ayutla de los Libres, Guerrero 7 de junio de 2021.– La masacre del El Charco perpetrada por el ejército es uno de los crímenes más pérfidos y cobardes que han perpetrado los militares contra padres de familia que pernoctaban en uno de los salones de la escuela primaria indígena Caritino Maldonado Pérez. Los gritos del general Oropeza Garnica de “salgan perros” condensaron el odio y la acción irracional del uso de la fuerza que ha utilizado el ejército contra la población pobre del estado de Guerrero. Estos hechos atroces se focalizaron contra indígenas del pueblo Na Savi que han pagando con su sangre la lucha contra la pobreza y la discriminación racial.

En la madrugada del 7 de junio de 1998 elementos castrenses de la XXVII zona militar arremetieron cobardemente contra los indígenas. De acuerdo con los testimonios de las víctimas y otros datos de prueba, los militares dispararon 284 municiones y lanzaron dos granadas de fragmentación. El saldo fue de 10 indígenas y un estudiante asesinado, 4 adultos y un niño, heridos de gravedad y posteriormente detenidos ilegalmente, mientras que otros 22 indígenas, cuatro de ellos niños y una estudiante, fueron detenidos ilegalmente y torturados.

Por estos hechos las autoridades nunca investigaron a los militares, por el contrario, los indígenas de El Charco fueron sometidos a proceso por diferentes cargos penales como rebelión, sabotaje entre otros. Algunos de ellos fueron privados de su libertad. Para acallar este crimen el gobierno señaló a los indígenas como subversivos para garantizar impunidad a los militares y encubrir las ejecuciones arbitrarias, torturas, lesiones y detenciones ilegales que arrancaron la vida de los indígenas.

A la fecha el caso se encuentra en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que ha emitido un informe de admisibilidad, mientras en el plano interno las autoridades se han mostrado indolentes ante el asunto.

Como centro de derechos humanos de la Montaña Tlachinollan, condenamos la impunidad en la que se encuentra el presente caso. Es inconcebible que a 23 años no se haya iniciado alguna indagatoria ni que las autoridades locales y federales realicen investigaciones objetivas e independientes para esclarecer el caso y brindar verdad, justicia y reparación a las víctimas.

Pese a estas acciones deleznables, las víctimas y las comunidades Na Savi sobreviven en la pobreza y marginación, sin que los gobiernos atiendan las demandas históricas de los pueblos indígenas de Ayutla. Desde aquella fecha funesta quedaron en la orfandad 44 hijas e hijos de los indígenas que fueron ejecutados, ninguno de ellos tuvo la oportunidad de concluir la primaria y de encontrar un trabajo digno. El gobierno los ha condenado a sobrevivir en condiciones deshumanizantes. Su fortaleza como hombres y mujeres de la lluvia que se forman en el campo, ha sido la fuente de su salvación. Siguen dando la batalla contra el oprobio y resistiendo los embates de gobiernos racistas y etnocidas. Pese a los nuevos cambios en el gobierno federal, no se ha iniciado un proceso de justicia transicional para el esclarecimiento de estos crímenes.

No se puede mantener en la impunidad hechos cruentos catalogados como graves violaciones a los derechos humanos como las ejecuciones arbitrarias de los 10 indígenas y un estudiante, porque en los hechos los militares tienen licencia para matar. Esta herida abierta se desangra a lo largo y ancho del estado con los crímenes atroces de la guerra sucia, las matanzas y masacres perpetradas por el instituto castrense y las corporaciones policiacas.

A 23 años de la masacre de El Charco, exigimos que se abran las investigaciones prontas e imparciales para dilucidar estos hechos y ofrecer verdad, justicia y reparación del daño a las víctimas.  Es impostergable la implementación de políticas públicas orientadas a resarcir los daños y proteger los derechos fundamentales de la población indígena de Ayutla de los Libres.

ATENTAMENTE.

Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan.

El Charco. (del 7 de junio de 1998).

El Ejército Mexicano manchado de sangre y sin Gloria.

En El Charco,
un amanecer de sangre y balas
fue la repuesta a un pueblo hambriento.
Tiros certeros
disparados al corazón de los famélicos cuerpos,
enflaquecidos por discursos y promesas incumplidas.
Un Charco de sangre indígena,
mezclada con las lágrimas de las viudas
debe convertirse en lucha contra la impunidad.
¿EL EJÉRCITO MEXICANO
SE HA CUBIERTO DE GLORIA
EN LA DEFENSA DE LA PATRIA?
Después, los mixtecos fueron saliendo
libres nuevamente a compartir su miseria.
¡Casi dos años de prisión!
Sus familias abandonadas,
sus heridas abiertas,
el recuerdo de los muertos
y los dos sobrevivientes aún presos
en un penal de máxima seguridad.
La esperanza en que algún día no habrá impunidad
y sus hijos sonreirán llenos de vida
les sigue invitando a caminar.
EL PODER JUDICIAL SE CUBRE DE
LEGALIDAD.
¿’ÓNDE QUEDA LA JUSTICIA?

Durante la gestión de Ángel Heladio Aguirre Rivero, como Gobernador del Estado de Guerrero, la madrugada del 7 de junio de 1998, en una escuela en El Charco, municipio de Ayutla de los Libres, un grupo de elementos del ejército mexicano comandados por el General Alfredo Oropeza Garnica, masacró a 11 indígenas e hirió a 5 mas.