Ley de seguridad, los entretelones

Ley de seguridad, los entretelones

Jesusa Cervantes

MÉXICO, D.F., 22 de abril (apro).- Hace un año, molesta por lo que el Senado de la República perfilaba como reformas a la Ley de Seguridad Nacional, la Secretaría de la Defensa Nacional tomó una decisión: hacer el trabajo de cabildeo que la Presidencia de la República no había hecho para entregarles una Ley que no se prestara a pleitos políticos.

La Sedena tenía claro que su participación en el combate al crimen organizado, podría ser utilizada en su contra por la oposición, pero también corría el peligro de que el gobierno federal usara su apoyo con tintes políticos.

El general secretario, Guillermo Galván Galván, pretendió entonces que en lugar de tener una reforma que convirtiera a los militares en “policías” buscaría que la Cámara de Diputados le diera una verdadera “Ley de Seguridad Nacional”.

Es decir, no solo se establecería la mejor manera de trabajar del sector castrense en el combate al narcotráfico, sino se definiría su participación en todo lo que pueda atentar contra la seguridad nacional. Así, se incluirían nuevos términos como seguridad nacional, seguridad interior y seguridad exterior.

Para ello, el 7 de abril de 2010, mientras que en el Senado corría la próxima aprobación a la ley, --que dicho sea de paso no fue consultada ni incluía propuestas del sector castrense sino solo las propuestas del área policíaca--, convocó a los diputados federales.

En su propio territorio, el salón de Usos Múltiples de la Sedena, los generales presentes en la reunión les comentaron a los diputados que ellos estimaban que su presencia en las calles tardaría otros 10 años, tiempo en el cual someterían al crimen organizado.

Para ello, les pidió su apoyo y les solicitó que les dieran los instrumentos necesarios, entre ellos: el permiso para catear sin ordenes, realizar tareas de inteligencia, de contrainteligencia, intervención de comunicaciones y que se abriera la posibilidad de establecer un estado de excepción en zonas bien definidas y en donde el crimen organizado mandara.

Los diputados se sorprendieron por las peticiones aunque entendieron que la presencia del crimen organizado cada día se extendía más y más.

El PRI, temeroso de que otorgarle todos estos instrumentos al sector castrense y actuara en su contra, sobre todo ahora que, dicen, están más cerca de recuperar la Presidencia de la Republica, congeló la discusión de la reforma.

Poco antes de concluir su periodo como presidenta nacional del PRI, Beatriz Paredes reactivó las negociaciones con Sedena pero no para respaldarla en todo, sino para hacerle hincapié en varios aspectos que tendrían que modificarse, suavizarse y definirse con mayor claridad para evitar la posible violación a los derechos humanos.

Incluso, el PRI llegó a decir que ante la falta de acuerdo con la Sedena, no habría ley en este periodo ordinario. También habló de temas que no podría aceptar.

A la llegada de Humberto Moreira a la dirigencia nacional, todo cambió para la Sedena y el gobierno de Felipe Calderón respecto a la citada ley.

Conocedores de que Enrique Peña Nieto se encuentra en la cúspide de las preferencias electorales, el gobierno federal presionó y logró establecer un trueque con el PRI a cambio de que aprobarán los cambios a la ley de seguridad.

La presión del gobierno en contra del PRI fue tal que no solo logró que aceptaran las propuestas calderonistas en la materia sino que además aceptaran lo que tanto negaban a la Sedena.

Ahora, los priistas dicen que este martes se aprobará la ley, pero el PRD, PT, PVEM, Convergencia y Panal se oponen al dictamen filtrado hace unos días a la prensa.

El integrante del PVEM, Pablo Escudero sostiene que ellos propondrán que la Comisión Nacional de Derechos Humanos opine sobre este predictamen debido a que él advierte serias violaciones a las garantías individuales.

Sugiere que así como se le da toda la autoridad al Ejecutivo para que decida cuándo y cómo debe intervenir el sector castrense para combatir el crimen organizado, que así se agregue un apartado en donde se establezca que el único responsable y el que tiene que dar cuentan cuando ocurra una violación a los derechos humanos y las garantías individuales, sea el Presidente de la República.

Por otra parte, la perredista Teresa Incháustegui, quien trabajó durante un buen tiempo al lado del especialista en la materia, Jorge Tello Peón, califica el predictamen como inaceptable pues otorga a los militares el poder decidir sobre la gobernabilidad del país.

Se están bordeando los perfiles de un estado pretoriano que militariza la política y politiza a la organización militar, acusa la perredista.

El PT también ha dicho que o pasará. En resumen, todos los partidos con excepción de PRI y PAN, avalan el predictamen que da grandes facultades a los militares.

Con los votos de estos dos partidos, el sector castrense y el gobierno de Felipe Calderón no requieren de más apoyo para sacar el predictamen adelante.

El problema podría ser en el Senado de la República, pues todas las bondades que los senadores y la oposición lograron incluir en la propuesta del Ejecutivo y tanto satisfizo a la “izquierda” y a varios sectores de la sociedad civil, fueron eliminadas de tajo en el predictamen de cámara de diputados.

Tanto Gustavo Madero, senador y dirigente nacional del PAN y el priista Manlio Fabio Beltrones, presidente de la Mesa Directiva del Senado, aseguraron que no permitirían cambios a su minuta. Lo dijeron en mayo de 2010, a ver si lo sostienen esta semana, en caso de que cámara de diputados sí apruebe el predictamen que impuso el gobierno federal.

Comentarios mjcervantes@proceso.com.mx

Fuente: Proceso

Difusión AMLOTV

Los dilemas de Europa

Los dilemas de Europa

Orlando Delgado Selley

MÉXICO, D.F., 22 de abril (apro).- Europa se enfrenta a un nuevo problema. El rescate de Portugal, que tendrá que votarse el próximo 16 de mayo, requiere la unanimidad de los gobiernos de la eurozona para ser aprobado.

Pero el resultado de las elecciones finlandesas, con un crecimiento extraordinario de la derecha radical que se opone a que el apoyo a Portugal se apruebe, complica el panorama.

Es posible que la reunión de Ministros de mayo no pueda conseguir la unanimidad y que, en consecuencia, el paquete de apoyo de la Unión Europea no pueda otorgarse. El costo para Portugal sería brutal y el riesgo de que España requiera apoyo crece notablemente.

Las razones del rechazo de la derecha finlandesa, que asombrosamente comparten los socialdemócratas de ese país, se sostienen en dos argumentos. Uno es que quienes tendrían que rescatar a esos gobiernos son quienes les prestaron, es decir, son los bancos quienes tendrían que resolver un problema del que son indudablemente responsables.

El otro argumento es que los contribuyentes del norte de Europa, cuando inició la unión destinaron recursos para que los países de su periferia elevasen sus niveles de vida, haciendo viable la unión económica y la moneda única, y ahora con la crisis de nuevo tienen que destinar recursos para rescatarlos.

En el curso del último año, los grandes bancos internacionales en lugar de hacerse cargo de que si los gobiernos en los que invirtieron tienen dificultades, ellos también las tienen, lo que han hecho es elevar sus exigencias de rendimiento y presionar para que esos gobiernos ajusten sus finanzas, con el fin de que liberen los recursos presupuestales necesarios para que se garantice el pago del capital e intereses. De renegociar el valor de mercado de las obligaciones gubernamentales, ni una palabra. Ellos no están dispuestos a perder un céntimo.

Por eso cuando los funcionarios gubernamentales alemanes han dicho que Grecia tendrá que renegociar su deuda, los bancos han aplicado los mecanismos que mejor conocen: elevar de nuevo el rendimiento, pero no sólo para la deuda griega, sino también el de los otros gobiernos con problemas.

Frente a estas afirmaciones, las autoridades monetarias europeas y el FMI han planteado que nadie considera que Grecia se proponga reunir a sus acreedores para decirles que, como lo hizo hace años el gobierno argentino, sólo puede pagar una parte del valor del capital y a otra tasa de interés. En realidad, justamente esta renegociación entre banqueros acreedores y gobiernos es la que exige la derecha radical finlandesa, el Partido de los Auténticos Finlandeses y la Socialdemocracia.

En los pasados 12 meses los países de la periferia europea, Grecia, Irlanda, Portugal y España, se han enfrentado a una intensa presión de los grandes inversionistas internacionales que han elevado sustancialmente el costo exigido para que les sigan financiando. Esos que constituyen lo que eufemísticamente se llama el mercado, han decidido que los riesgos asociados a la compra de las emisiones de deuda de los gobiernos de esos países han crecido porque las empresas calificadoras globales les han reducido las calificaciones.

Como resultado la deuda se les ha encarecido sustancialmente. En enero de 2010 Grecia colocaba deuda a 10 años al 5.6% anual, cuatro meses después pagaba 12.3%; tras el rescate europeo el costo se redujo hasta llegar al 7.2 y de entonces a la fecha ha fluctuado entre el 10 y el 12%. La evolución del costo de la deuda gubernamental de Irlanda a 10 años ha sido similar: en enero de 2010 su deuda pagaba menos del 5%, llegando a más del 9% al momento de ser rescatados en noviembre pasado y en marzo llegó a poco más del 10%. Lo mismo, aunque en niveles menores, ha ocurrido con Portugal y España.

El dato relevante es que los bancos están ganando con los problemas de estos gobiernos, en tanto que las poblaciones griegas, irlandesas, portuguesas y españolas están siendo castigadas. Así que los finlandeses opositores a la manera en la que los gobiernos de la Unión Europea están gestionando el problema de la deuda soberana tienen razón: los bancos tienen que participar en el rescate y la manera de hacerlo es reconociendo que el valor de su inversión se ha deteriorado. Consecuentemente, no podrían exigir que los gobiernos sigan pagando como si todo estuviera bajo control.

El eurorrechazo se suma a los problemas de la integración europea. Si los finlandeses, en efecto, rechazan el paquete de apoyo financiero a Portugal, inmediatamente los grandes inversionistas castigarán al costo de la deuda de ese país y de los otros de la periferia. De modo que a la eventual decisión opositora a esos rescates que sólo benefician a los bancos tendría que producirse con rapidez una posición de los gobiernos europeos obligando a los bancos a sentarse a negociar el valor de sus activos.

Los escenarios posibles luego de este posible planteo realmente soberano son variados, pero siempre incorporan nuevas dificultades que cuestionan la vigencia de la propia Unión Europea. Los gobiernos europeos, particularmente los de Alemania y Francia, tienen que enfrentarse al dilema de que es más importante: el interés de los bancos, entre los que están los de sus países, o que permanezca una Unión Europea con un proyecto social trascendente.

odselley@gmail.com.mx

Fuente: Proceso

Difusión AMLOTV

No sirve para presidente

No sirve para presidente

Juan M. Negrete

MÉXICO, D.F., 22 de abril.- Como ya lleva cuatro años habitando la Casa Jalisco, sin que nadie vaya a sacarlo como intruso, Emilio González, el monaguillo que tenemos disfrazado de gobernador, ya se la cree que funciona como gobernante. Se ha ido de la lengua dando a conocer sus intenciones de mudarse a Los Pinos y ocupar la silla presidencial. Es una pretensión fuera de foco. Alguien debe decírselo. Pero más que enterarlo, es responsabilidad de todos evitar que dé curso a tan descabellado propósito, porque no sirve para tal puesto.

Su pretensión debe partir de que posee merecimientos suficientes, dado que es de buena rienda: ha dado muestras de conducta servil con su evidente sumisión a la curia, y es tan notoria hacia el cardenal Juan Sandoval Íñiguez, que aparece como turiferario del prelado, sacristán o monaguillo, nada más. El verdadero gobernador de Jalisco es el mitrado, no Emilio. Éste, en su anhelo por llegar a la silla, ha de suponer que los titulares del Ejecutivo federal sólo sirven para correa de trasmisión de los dictados del imperio. Así que estará que ni mandado a hacer para el puesto. Hasta ahí dan sus alcances, a juzgar por sus declaraciones.

Lo más sensato del sainete sería que el partido por el que se coló le cerrara las puertas para ahorrarnos su desa­guisado. El pretendiente, de roquete y velita, no es militante del PAN, o no lo era: proviene del PAS, la última figura política directa de los cristeros. Después de que el clero los dejó colgados de la brocha en el campo de batalla, en 1929, mediante los arreglos con Portes Gil, se organizaron en 1936 en la Unión Nacional Sinarquista (UNS) para seguir vivos. Su deseo de incursión en la vida política les llevó a conformar el PFP (Partido Fuerza Popular) en tiempos de Alemán, aunque luego perdieron el registro. En 1978, con la reforma política de Reyes Heroles, reaparecieron con las siglas del PDM. Perdieron otra vez el registro por carencia de votación nacional. Empecinados, volvieron con las siglas PAS, pero desaparecieron de nuevo y por las mismas razones. Por eso decidieron mejor transitar a la sombra del PAN, vía El Yunque. Es la identidad de Emilio en el bolillo.

Se dirá tal vez que ser militante de El Yunque no descalifica a Emilio para que el PAN lo postule, ya que a ese partido se le han sumado muchos militantes con características similares durante su historia. Los partidos sirven para dar cuerpo a las inquietudes ciudadanas de análoga vertiente. Los panistas deberían discutir estas cuestiones de principio entre ellos, aunque sea demasiado pedir. Pero no va a ocurrir, porque estos debates no se dan. Su ausencia no es privativa sólo del PAN, sino de todos los partidos políticos. La postemilla de las actuales alianzas es síntoma de esta enfermedad. No hay que abrigar esperanzas entonces de que el partido frene a Emilio González.

El gobernador no es ninguna cajita musical. A la inversa, es un verdadero costal de mañas, propio de los políticos ramplones y desechables. Prueba de su baja estofa la dio cuando, completamente alcoholizado, nos recetó a los tapatíos aquella sonora mentada de madre que aún resuena en nuestros oídos, aunque digan que el tiempo todo lo borra. En un país con relaciones de mínimo respeto entre gobernantes y ciudadanos, este energúmeno debió haber presentado sus excusas y retirarse de los reflectores. Era cosa de dignidad personal. Pero ni él se fue ni los ciudadanos montamos en cólera suficiente para exigir su retiro de la cartelera. Por no pasarle la cuenta a tiempo, ahora hasta se anda postulando para la grande. Habrase visto.

No debe pasar adelante en dicha pretensión. Lo dicen los fríos números de su administración. En 2009 la ASF aplicó a Jalisco 21 auditorías. La diputada federal María Esther Scherman Leaño acaba de dar a conocer su resultado: Emilio reprobó nueve, 10 resultaron con salvedades y sólo aprobó dos de esas revisiones. El saldo del monto reprobatorio asciende a casi 4 mil millones de pesos.

Pero hay más: Francisco Ramírez Acuña, el gobernador anterior, en todo su sexenio recibió 264 observaciones. En apenas la mitad de su periodo, Emilio lleva 684, 107 de ellas señaladas como graves.

Con todo, la razón de más peso para impedirle llegar a Los Pinos tiene que ver con sus convicciones fascistoides y autoritarias, de las que da prueba a cada paso. Es alto su inventario de agravios contra la comuna, a pesar de que los mismos procesos legales le ordenen atenderla, como es el caso de la presa del Zapotillo, en el que mantiene en vilo a los habitantes de Temaca.

Hay que ver también sus ligas internacionales. Al evento de la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales (ANTAD 2011) celebrado a mediados de marzo, Emilio trajo como invitado especial al exmandatario colombiano Álvaro Uribe. Como era de esperarse, el expresidente colombiano se deshizo en elogios para la política represora del actual gobierno.

La aplicación ciega de la fuerza bruta contra ciudadanos que delinquen es la negación misma de la política. Nuestra violencia presenta agudos rasgos que pintan su ingreso a la acritud plena. Se nos volvió conflicto sin retorno. Aparte de sus 35 mil víctimas, se habla de 230 mil desplazados o refugiados. Según el Centro de Monitoreo de Desplazamientos Internos (IDMC, por sus siglas en inglés), cerca de 230 mil personas han abandonado sus lugares de origen. La mitad de ellos buscó refugio en los Estados Unidos (La Jornada, 26 de marzo).

Obligar a los militares a regresar a los cuarteles, de los que nunca debieron haber salido, es opción desechada por el actual gobierno federal. No se entiende tal necedad. Tal vez ni le interese abatir los alarmantes índices de criminalidad, cruda y nugatoria purga de toda convivencia civilizada. Es perversa la conducta privada que siega la vida de nuestros semejantes. Pero es aún más reprobable si tiene como fuente el poder estatal. Si en el sexenio que corre los ciudadanos nos hemos topado con una tapia, más vale que demos los pasos necesarios para evitar que en el siguiente la violencia siga alimentada desde el centro del poder. Debemos impedirle el paso a todo personaje con pulsiones sádicas que nos lleve a seguir padeciendo una dictadura, aunque sea temporal. Y Emilio es uno de ellos.

Fuente: Proceso

Difusión AMLOTV

Mueren peces en el norte de Veracruz

Mueren peces en el norte de Veracruz

Regina Martínez

JALAPA, Ver., 22 de abril (apro) Pescadores de la región de Cazones, una población ubicada al norte de la entidad, denunciaron la mortandad de peces en ríos y esteros de la zona.

Desde la semana pasada, señalaron, comenzaron a notar que las aguas del río Cazones, uno de los más caudalosos del norte de la entidad, arrastraba los cuerpos inertes de diversas especies marítimas, sobre todo, bagre y mojarra.

Sorprendidos, vieron como en las inmediaciones de la colonia Morelos, a la altura de la zona conocida como la Quebradora, en ese municipio, muy cerca de la congregación de Ricardo Flores Magón, se concentró una gran cantidad de peces muertos sobre las riveras del río.

Los vecinos denunciaron que la muerte de las especies marinas pudo haber sido originada por algunos químicos arrojados por empresas subcontratadas por Petróleos Mexicanos en la zona de Poza Rica, pero también pudo ser causada por el veneno que esparcen algunos pescadores para atraparlos.

De acuerdo con los pescadores, las especies más afectadas han sido el pez bagre, la tilapia y la mojarra, que son las principales especies marítimas que se reproducen en el río Cazones y otros afluentes de la zona.

Y es que en las aguas del río han arrojado aceites de color negro, que consideran que pudiera ser petróleo crudo o chapopote que fue arrojado sobre las aguas y eso ocasiono la mortandad de peces y además, ha dañado también el entorno ecológico.

Los lugares han exigido la intervención de las autoridades de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), así como del gobierno del estado y las municipales para iniciar las investigaciones correspondientes, ya que esta situación ha afectado gravemente la actividad pesquera de la zona, sobre todo, en esta temporada de vacaciones.

Desde hace unos días, refirió uno de los afectados, “empezamos a notar manchas de chapopote en el río, residuos que escurrieron hacia las orillas y cubrieron los lirios, provocando la muerte de los peces y otras especies como el camarón”.

Los pescadores señalaron que esta situación los está afectando de manera importante, ya que en ésta época de semana santa es cuando pueden vender mejor los productos del mar ante el arribo de turistas que llegan a vacacionar en esta región del norte del estado.

Fuente: Proceso

Difusión AMLOTV

Ley de seguridad, los entretelones

Ley de seguridad, los entretelones

Jesusa Cervantes

MÉXICO, D.F., 22 de abril (apro).- Hace un año, molesta por lo que el Senado de la República perfilaba como reformas a la Ley de Seguridad Nacional, la Secretaría de la Defensa Nacional tomó una decisión: hacer el trabajo de cabildeo que la Presidencia de la República no había hecho para entregarles una Ley que no se prestara a pleitos políticos.

La Sedena tenía claro que su participación en el combate al crimen organizado, podría ser utilizada en su contra por la oposición, pero también corría el peligro de que el gobierno federal usara su apoyo con tintes políticos.

El general secretario, Guillermo Galván Galván, pretendió entonces que en lugar de tener una reforma que convirtiera a los militares en “policías” buscaría que la Cámara de Diputados le diera una verdadera “Ley de Seguridad Nacional”.

Es decir, no solo se establecería la mejor manera de trabajar del sector castrense en el combate al narcotráfico, sino se definiría su participación en todo lo que pueda atentar contra la seguridad nacional. Así, se incluirían nuevos términos como seguridad nacional, seguridad interior y seguridad exterior.

Para ello, el 7 de abril de 2010, mientras que en el Senado corría la próxima aprobación a la ley, --que dicho sea de paso no fue consultada ni incluía propuestas del sector castrense sino solo las propuestas del área policíaca--, convocó a los diputados federales.

En su propio territorio, el salón de Usos Múltiples de la Sedena, los generales presentes en la reunión les comentaron a los diputados que ellos estimaban que su presencia en las calles tardaría otros 10 años, tiempo en el cual someterían al crimen organizado.

Para ello, les pidió su apoyo y les solicitó que les dieran los instrumentos necesarios, entre ellos: el permiso para catear sin ordenes, realizar tareas de inteligencia, de contrainteligencia, intervención de comunicaciones y que se abriera la posibilidad de establecer un estado de excepción en zonas bien definidas y en donde el crimen organizado mandara.

Los diputados se sorprendieron por las peticiones aunque entendieron que la presencia del crimen organizado cada día se extendía más y más.

El PRI, temeroso de que otorgarle todos estos instrumentos al sector castrense y actuara en su contra, sobre todo ahora que, dicen, están más cerca de recuperar la Presidencia de la Republica, congeló la discusión de la reforma.

Poco antes de concluir su periodo como presidenta nacional del PRI, Beatriz Paredes reactivó las negociaciones con Sedena pero no para respaldarla en todo, sino para hacerle hincapié en varios aspectos que tendrían que modificarse, suavizarse y definirse con mayor claridad para evitar la posible violación a los derechos humanos.

Incluso, el PRI llegó a decir que ante la falta de acuerdo con la Sedena, no habría ley en este periodo ordinario. También habló de temas que no podría aceptar.

A la llegada de Humberto Moreira a la dirigencia nacional, todo cambió para la Sedena y el gobierno de Felipe Calderón respecto a la citada ley.

Conocedores de que Enrique Peña Nieto se encuentra en la cúspide de las preferencias electorales, el gobierno federal presionó y logró establecer un trueque con el PRI a cambio de que aprobarán los cambios a la ley de seguridad.

La presión del gobierno en contra del PRI fue tal que no solo logró que aceptaran las propuestas calderonistas en la materia sino que además aceptaran lo que tanto negaban a la Sedena.

Ahora, los priistas dicen que este martes se aprobará la ley, pero el PRD, PT, PVEM, Convergencia y Panal se oponen al dictamen filtrado hace unos días a la prensa.

El integrante del PVEM, Pablo Escudero sostiene que ellos propondrán que la Comisión Nacional de Derechos Humanos opine sobre este predictamen debido a que él advierte serias violaciones a las garantías individuales.

Sugiere que así como se le da toda la autoridad al Ejecutivo para que decida cuándo y cómo debe intervenir el sector castrense para combatir el crimen organizado, que así se agregue un apartado en donde se establezca que el único responsable y el que tiene que dar cuentan cuando ocurra una violación a los derechos humanos y las garantías individuales, sea el Presidente de la República.

Por otra parte, la perredista Teresa Incháustegui, quien trabajó durante un buen tiempo al lado del especialista en la materia, Jorge Tello Peón, califica el predictamen como inaceptable pues otorga a los militares el poder decidir sobre la gobernabilidad del país.

Se están bordeando los perfiles de un estado pretoriano que militariza la política y politiza a la organización militar, acusa la perredista.

El PT también ha dicho que o pasará. En resumen, todos los partidos con excepción de PRI y PAN, avalan el predictamen que da grandes facultades a los militares.

Con los votos de estos dos partidos, el sector castrense y el gobierno de Felipe Calderón no requieren de más apoyo para sacar el predictamen adelante.

El problema podría ser en el Senado de la República, pues todas las bondades que los senadores y la oposición lograron incluir en la propuesta del Ejecutivo y tanto satisfizo a la “izquierda” y a varios sectores de la sociedad civil, fueron eliminadas de tajo en el predictamen de cámara de diputados.

Tanto Gustavo Madero, senador y dirigente nacional del PAN y el priista Manlio Fabio Beltrones, presidente de la Mesa Directiva del Senado, aseguraron que no permitirían cambios a su minuta. Lo dijeron en mayo de 2010, a ver si lo sostienen esta semana, en caso de que cámara de diputados sí apruebe el predictamen que impuso el gobierno federal.

Comentarios mjcervantes@proceso.com.mx

Fuente: Proceso

Difusión AMLOTV

Calderón: gabinete de “tuiteros”

Calderón: gabinete de “tuiteros”

María Luisa Vivas

MÉXICO, D.F., 22 de abril (apro).- Con la idea de “comunicarse directamente con la gente, el gabinete del presidente Felipe Calderón tienen a su disposición desde el pasado miércoles 13 una cuenta de twitter , aunque no todos los funcionarios han logrado familiarizarse con esa novedosa herramienta tecnológica, sobre todo los que encabezan las dependencias de seguridad.

Particularmente, llama la atención la cuenta del secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, quien sólo tiene un tweet o mensaje que dice: la cuenta de twitter del Secretario de Seguridad Pública es @GenaroGarciaL.

A la fecha, tiene dos mil 82 seguidores y sólo sigue a tres cuentas, la de la SSP, la de la Presidencia y la de Felipe Calderón.

La cuenta institucional de la dependencia, en la que se informa de las últimas acciones realizadas, los operativos o se pide la colaboración de la ciudadanía, cuenta con 173 tweets.

Tiene mil 747 seguidores y sólo sigue a tres cuentas, entre ellas las de Calderón y presidencia.

La cuenta del secretario de la Defensa, Guillermo Galván, tiene en su twitter 24 mensajes, la mayoría de ellos con felicitaciones a las tropas que participan en la lucha contra el narco, a los nuevos elementos que se gradúan y a los que solicitan enlistarse.

“Agradezco a los 2, 515, 417 (dos millones 515 mil 417) jóvenes que pidieron informes para el proceso de admisión a Planteles Militares 2011”, dice un tweet del miércoles 13.

“Felicito a las tropas por la captura del principal operador en Sonora de la organización delictiva de El Chapo Guzmán”, dice otro del viernes 15.

También hay algunos mensajes en los que expresa condolencias a los familiares de soldados caídos “en beneficio de México”.

El secretario de Marina, Mariano Saynez, tiene en su cuenta 13 tweets, la mayoría de ellos relacionados con eventos institucionales de la dependencia, sigue a cinco cuentas y tiene tres mil 685 seguidores.

Marisela Morales, nombrada recientemente titular de la Procuraduría General de la República (PGR) tiene apenas 12 tweets en su cuenta que usa, hasta ahora, con fines estrictamente institucionales. Tiene tres mil 97 seguidores y sigue sólo a nueve twitteros, todos son cuentas institucionales y personales del gabinete de seguridad.

Desde la puesta en marcha de esta nueva herramienta de comunicación, la Presidencia de México –único país en el mundo en el que todo el gabinete tiene cuenta en Twitter—señaló en su comunicado que había funcionarios que “no habían incursionado en el mundo digital” y que lo harían “con la clara encomienda de fortalecer su comunicación institucional, y enriquecer el debate público de los temas de su sector”.

En contra parte, señaló el ejecutivo en su comunicado del pasado 13 de abril, están los funcionarios que ya se habían familiarizado con la herramienta, quienes “se adaptarán a reglas muy sencillas y fáciles de instrumentar para informar mejor a los mexicanos”.

De todos los miembros del gabinete presidencial, el más activo es el secretario de Trabajo y Previsión Social, Javier Lozano, que tiene en su cuenta 12 mil 25 mensajes.

Utiliza la cuenta para informar de las acciones de la dependencia, de sus reuniones con panistas en distintos estados del país, o para hablar de sus aspiraciones presidenciales.

El 20 de abril, el twittero @gerardo000 le escribió:

“IMAGINÉMOS A #PAN @JLozanoA EN UN DEBATE CONTRA #PRI #Peña Nieto QUE APENAS Y ARTICULAR PALABRA SABE SIN GUIÓN DE POR MEDIO”

Lozano respondió:

“@gerardo000 Muero de ganas por esa oportunidad. Ahí es donde se vería quién es quién. Saludos, Gerardo, de tu #GalloAzul”.

También comparte efemérides, breviarios culturales y hasta sus actividades familiares en San Luis Potosí, durante el puente vacacional de Semana Santa.

Y dejó un mensaje para los que no tomaron vacaciones en este periodo.

“Saludos cordiales a tod@s. Que descansen y disfruten a sus familias. Y mi reconocimiento a quienes trabajan y hacen guardias en estos días”, escribió.

Lozano es de todo el gabinete presidencial quien tiene más seguidores en twitter, 38 mil 317 y sigue a 300 twitteros.

Otro con aspiraciones presidenciales, el secretario de Educación Pública, Alonso Lujambio, quien tiene cuenta de twitter desde el 23 de julio pasado, tiene 507 tweets relacionados, la mayoría, con sus actividades institucionales y partidistas.

Tiene 30 mil 600 seguidores y sigue a 43 twitteros entre políticos, periodistas e instituciones académicas.

El secretario de Hacienda y Crédito Público, Ernesto Cordero, quien vio reducida su aspiración presidencial cuando el pasado 21 de febrero dijo que con un ingreso de seis mil pesos mensuales hay familias que pueden pagar casa, colegiatura y hasta coche, tiene 204 tweets, entre ellos uno en el que aclara el incidente.

“Sobre mis declaraciones de esta mañana algunas precisiones: No dije que con 6 mil pesos alcance para tener una vivienda, un coche, pagar una escuela privada. Dije que hay familias que están luchando por pagar un coche, una hipoteca y colegiaturas”, aclaró.

Cordero tiene 28 mil 495 seguidores, sigue a 67 twitteros, entre ellos, secretarios de finanzas de los estados, miembros del gabinete, instituciones académicas y periodistas.

El secretario con mayor número de seguidores, después de los presidenciables, es el secretario de Salud, José Ángel Córdova Villalobos, quien tiene 10 mil 48 seguidores.

Y el que menos tiene es el secretario de la Reforma Agraria, Abelardo Escobar, con mil 18 seguidores.

Fuente: Proceso

Difusión AMLOTV

Calderón carece de estrategia en la guerra contra el narco: criminólogo

Calderón carece de estrategia en la guerra contra el narco: criminólogo

Arturo Rodríguez García

MONTERREY, Nuevo León. 22 de abril (apro).- Carente de una política criminógena, el gobierno de Felipe Calderón ha destinado sus esfuerzos a combatir consecuencias y no el origen de la problemática, afirma el presidente del Colegio de Licenciados en Criminología de la República Mexicana, Ramiro Ramírez Pérez.

En entrevista, refuerza su dicho con una metáfora:

“(La de Felipe Calderón) es una política errónea, que pretende erradicar el problema matando moscas, pero sin remediar el basurero”.

Licenciado en Derecho, en Criminología y en Trabajo Social con maestría en Altos Estudios Internacionales, el especialista insiste en que, mientras el estado mexicano sea incapaz de erradicar las causas de la actividad criminal, atacando con violencia los efectos de ésta, no se podrá erradicar ni lo uno ni lo otro.

El también maestro investigador de criminología en la Universidad Autónoma de Nuevo León, doctorado en derecho por la Universidad Complutense de Madrid, con la tesis “Enfoque Biojurídico de la Dorgadicción en México”, es actual director de la Academia Regional del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que capacita con fondos federales a las policías locales de Tamaulipas, Nuevo León, Coahuila, Zacatecas y San Luis Potosí.

Ramírez Pérez afirma que las claves están en la urgencia de políticas sociales, a las que se integra la política de seguridad.

“La prioridad está en el fortalecimiento del sistema educativo, en la atención a la salud y en el combate a la pobreza, pues estos son los factores criminógenos constantes en el análisis de la conducta delictiva”, sostiene.

Agrega que el análisis no debe malinterpretarse, pues no se quiere decir que la delincuencia esté asociada a la pobreza, sino que la ausencia de oportunidades coloca a la población en condiciones de mayor vulnerabilidad frente al crimen.

El orden de los factores, a su juicio, es importante, pues además del rezago histórico en la brecha de desigualdad, uno de los aspectos más desatendidos por el gobierno mexicano es el de la prevención de adicciones que, ante la falta de una medición precisa sobre las condiciones del consumo, sólo puede referirse como uno de los factores que exacerban la violencia.

A pregunta expresa sobre los perfiles sociopáticos de la violencia actual, en que fusilamientos, tiroteos, mutilaciones, decapitaciones y tratos crueles e inhumanos entre grupos delictivos que se han asimilado a la cotidianeidad mexicana, Ramírez Pérez afirma que si bien esas conductas pueden tener orígenes diversos, siempre hay un desencadenante que, en el proceso violento vigente, tiene que ver generalmente con el consumo de alguna sustancia tóxica.

“Sea cual sea su perfil antecedente, en algún momento el ejecutor tiene consciencia de que está haciendo mal. Pero sucede como con los soldados estadunidenses que eran abastecidos de droga para desinhibirlos en la ocupación”.

Radicado en Monterrey, Ramírez Pérez ha mantenido su actividad docente por 30 años, ha publicado dos libros denominados “Recetas Caseras”, que con consejos prácticos recomienda a familias algunas claves para prevenir conductas delictivas y cuyos ejemplares se distribuyen en barrios pobres de esta zona metropolitana.

Pero insiste en el orden de los factores que debería implicar la política de combate a la inseguridad, que luego de preconizar la política social y de salud, debe atender la forma en que se persigue el delito.

“Frente a los índices de impunidad, superiores al 90%, es claro que la ausencia de una policía científica imposibilita al ministerio público para actuar con la fuerza suficiente y que no pierda en tribunales”, afirma Ramírez Pérez quien dedicó 20 años de su vida a ser agente del ministerio público federal y subdelegado de la Procuraduría General de la República.

No obstante, afirma que la pinza se debe cerrar en torno a la rehabilitación, otro de los factores que han fracasado en México, debido a la ausencia de tratamiento penitenciario, con lo que se materializa con frecuencia el lugar común que alude a las cárceles mexicanas como escuelas del crimen.

De fracaso en fracaso, retoma su crítica al modelo de combate asumido por el gobierno federal en los últimos años, en que de las policías se pasó al ejército y ahora a la Marina Armada de México, para combatir el delito.

El resultado, dice, ha sido el debilitamiento institucional con múltiples efectos, entre los que destacan las pesquisas judiciales contra los cuerpos policiacos, pues sostiene que “con la bandera de depurarlos, dan de baja a policías entrenados que, con el antecedente y el estigma, difícilmente encontrarán otra actividad redituable que no sea la delincuencia”.

Para el criminólogo, “mucha gente está sacando jugo al escenario de violencia que prevalece en el país, pero por ninguna parte se ve disposición política para hacer las cosas que hacen falta, los factores necesarios para establecer una política integral”

Fuente: Proceso

Difusión AMLOTV

No es creíble la versión de que Calderón encubre a El Chapo, dicen senadores

Aventuradas, las conclusiones de la consultora Stratfort, señalan

No es creíble la versión de que Calderón encubre a El Chapo, dicen senadores

Andrea Becerril

Periódico La Jornada

Sábado 23 de abril de 2011, p. 9

Senadores de PRD y PT consideraron aventuradas las conclusiones de la consultora Stratfort, acerca del supuesto encubrimiento del gobierno de Felipe Calderón al narcotraficante Joaquín Guzmán Loera, El Chapo, para que sea él quien se encargue de liquidar a los otros cárteles de la droga en el país.

El coordinador petista, Ricardo Monreal, comentó que se ha manejado como rumor que los gobiernos panistas protegen a El Chapo, desde que en el sexenio de Vicente Fox se escapó de un penal de alta seguridad, pero sería muy grave que el gobierno de Calderón estuviera protegiendo al narcotraficante.

El problema real, advirtió el perredista Graco Ramírez Garrido Abreu, es la fallida estrategia contra el crimen organizado, una guerra sin ton ni son en la que se ha capturado a algunos capos, pero faltan El Mayo Zambada y El Chapo.

A su juicio, más que parte de una estrategia, no han logrado capturar al dirigente del cártel de Sinaloa porque siempre le lleva una hora de ventaja al Ejército, ya que posee sofisticados sistemas de comunicación y base social que le permiten escapar.

El presidente de la Comisión de Seguridad Pública del Senado, el panista Felipe González, advirtió que no son creíbles los reportes de Stratfor; recordó que antes de que se hiciera público el operativo Rápido y furioso, esa consultora sostuvo que la mayoría de armas que llegan al narco provienen de Centroamérica.

Es una empresa que cobra mucho por sus reportes de seguridad, pero en el caso de México no ha acertado. Su reporte Mexican Drug War 2011 da datos inexactos, agregó, porque es falso que no se haya capturado a integrantes del cártel del Golfo. De todas formas, dijo, pedirá que las dependencias involucradas en el combate al narcotráfico den sus puntos de vista sobre las aseveraciones de Stratfort.

Monreal recordó que en una de las reuniones que sostuvieron el año pasado los coordinadores parlamentarios con integrantes del gabinete de seguridad nacional, el senador René Arce preguntó sobre la versión de que da protección a El Chapo Guzmán, y el secretario de la Defensa, Guillermo Galván, la rechazó.

El secretario de la Comisión de Defensa Nacional del Senado, Ramírez Garrido, comentó que para atrapar a El Chapo se requeriría un operativo militar de grandes dimensiones y aun así no se asegura el éxito. Guzmán Loera siempre tiene ventaja de más de una hora frente a la presencia de fuerzas armadas en la sierra de Durango.

Explicó que eso se debe a que el jefe del cártel de Sinaloa tiene sofisticados sistemas de comunicación y un apoyo social muy fuerte, debido a la actividad económica que genera el narcotráfico. El Ejército ha estado a una o dos horas de El Chapo y se les va, porque la gente lo protege.

Puso en duda la hipótesis de Stratfor, y consideró que sería muy riesgoso entregarle el control del narco a alguien como El Chapo, ya de por sí muy poderoso. Los errores de Felipe Calderón son muchos, su estrategia no funciona, pero no es creíble una decisión de esa naturaleza, recalcó.

Fuente: La jornada

Difusión AMLOTV

Nueva alerta de Washington sobre el serio riesgo de viajar a México

Ciudades afectadas por balaceras, asesinatos y secuestros motivan las restricciones

Nueva alerta de Washington sobre el serio riesgo de viajar a México

Los estados de la frontera norte, extremadamente peligrosos, advierte el Departamento de Estado

Un elemento de la Patrulla Fronteriza mira hacia la reja que divide a Estados Unidos y México, la semana pasada durante un rondín en San Ysidro, CaliforniaFoto Reuters

Emir Olivares y Alfredo Valadez

Reportero y corresponsal

Periódico La Jornada

Sábado 23 de abril de 2011, p. 5

El gobierno de Estados Unidos emitió una nueva alerta para que sus ciudadanos –turistas o residentes en México– tengan cuidado al viajar a algunas entidades mexicanas por el serio riesgo que representa la violencia y el crimen organizado.

El Departamento de Estado estadunidense remarcó el peligro que representa visitar los estados de la frontera norte de México (Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas), así como algunos sitios de Durango, Michoacán, Nayarit, Jalisco, San Luis Potosí, Zacatecas, Guerrero y Morelos.

En una nota oficial señaló que, pese al esfuerzo del gobierno mexicano para intensificar el combate al narcotráfico, no se puede pasar por alto que más de 15 mil personas fueron asesinadas en 2010 en crímenes relacionados con la delincuencia organizada.

Esta alerta se emitió casi tres semanas después de que fueron halladas varias fosas clandestinas con más de 170 cuerpos en Tamaulipas y otra con casi 40 cadáveres en Durango.

El llamado suma nuevas restricciones a las que el gobierno estadunidense anunció en su anterior alerta (10 de septiembre de 2010), al incluir ciudades mexicanas afectadas por recientes enfrentamientos, asesinatos y secuestros. Recordó que por lo menos un millón de estadunidenses viven en México y se calcula que 150 mil ingresan diario en el país.

Es imperativo entender los riesgos que implica viajar a México y cuál es la mejor manera de evitar situaciones peligrosas. Tener precauciones de sentido común, como visitar negocios legítimos y áreas turísticas durante el día y evitar zonas donde la actividad delictiva es recurrente, puede ayudar a asegurar que los viajes a México sean seguros y agradables.

Las autoridades de ese país hacen hincapié en que sus ciudadanos eviten visitar Tamaulipas y Michoacán, así como el resto de las entidades de la frontera entre ambas naciones, pues pueden ser extremadamente peligrosas para los viajeros, ya que se han visto afectadas por la violencia. También ordena a su personal diplomático en México utilizar vehículos blindados durante sus traslados y otras restricciones.

La información señaló que en las zonas turísticas no existe el mismo riesgo que en las regiones fronterizas o en áreas identificadas como rutas de tráfico de drogas. Si bien –agregó– no existen evidencias de que los turistas sean considerados objetivos de la delincuencia organizada, recomendó a sus ciudadanos cautela y vigilancia mientras se desplacen por algunas zonas.

Día y noche la violencia es especialmente alta en carreteras y autopistas de los estados fronterizos del norte del país. Por ello alertó a viajar sólo de día y evitar las carreteras aisladas para usar en cambio las autopistas de peaje.

El reporte estadunidense se refirió a algunas de las regiones peligrosas del país. Sobre Ciudad Juárez, Chihuahua, indicó que es la urbe con el índice más alto de asesinatos en México (3 mil 100 durante 2010), lo cual es de especial preocupación.

En Tijuana, Baja California, las batallas que se producen entre grupos criminales pueden provocar que algunos transeúntes resulten heridos. Nogales, Sonora, informó, es una de las vías principales del tráfico de drogas y personas, por lo que puede ser peligrosa para los visitantes.

Recomendó que en caso de que se visite el puerto de Acapulco, Guerrero, se tenga precaución en la noche. También alertó sobre los numerosos incidentes relacionados con el narcotráfico en Cuernavaca, Morelos.

Policía sin respuesta efectiva en Monterrey

En el caso de Monterrey, el Departamento de Estado indicó que la policía local no tiene capacidad para detener a los criminales o responder efectivamente a los incidentes de seguridad.

Durango, Coahuila y Zacatecas –advirtió– se han convertido en zonas notablemente peligrosas e inseguras, donde ha aumentado la violencia. A su vez, en Tamaulipas se han incrementado los robos y secuestros, el bloqueo de carreteras por los criminales y en ocasiones el intercambio de disparos con las fuerzas militares.

Preocupa que Sinaloa continúe siendo la sede del principal cártel de droga, mientras que en Michoacán se asienta la red La Familia.

Sobre Jalisco señaló que existe una situación crecientemente volátil con retenes criminales en algunas áreas. En tanto, en San Luis Potosí, recordó, se dio el asesinato en febrero pasado del agente aduanal estadunidense Jaime Zapata en una carretera.

Recordó que desde 2006, la lucha contra la delincuencia organizada emprendida por el gobierno mexicano ha dejado más de 34 mil muertos, la mayoría relacionados con los cárteles de la droga, pero en la que también se han producido víctimas inocentes entre la población civil.

Fuente: La jornada

Difusión AMLOTV

Las reformas a la Ley de Seguridad, para justificar la represión: expertos

El Ejecutivo tendría disposición absoluta de las fuerzas armadas

Las reformas a la Ley de Seguridad, para justificar la represión: expertos

Laura Poy Solano y Emir Olivares

Periódico La Jornada

Sábado 23 de abril de 2011, p. 10

Reformar la Ley de Seguridad Nacional para utilizar a las fuerzas armadas en actos de represión contra movimientos sociales, si se consideran una amenaza a la seguridad interior, beneficiará a una administración que no está dispuesta a dejar su guerra contra el narcotráfico, pero a un costo muy alto para los cuerpos militares.

Un Ejército que va en contra de su población está perdido y corre el riesgo de perecer junto con el régimen, afirma Guillermo Garduño Valero, experto en Fuerzas Armadas y Narcotráfico de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM).

Por otra parte, para René Jiménez Ornelas, coordinador de la Unidad de Análisis sobre Violencia Social del Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), de aprobarse la iniciativa de reforma, México enfrentaría un escenario peor al que vivieron algunas naciones sudamericanas durante la década de los 70, alertó.

El académico indicó que permitir que el Ejecutivo federal tenga disposición absoluta de las fuerzas armadas representaría una justificación legal para vivir, en los hechos, un golpe de Estado.

Garduño Valero destacó que, de aprobarse la iniciativa, que daría al Presidente la posibilidad de solicitar la intervención del Ejército y la Marina en contra de movimientos de carácter político, electoral, social y aun laboral, se apoya no sólo a la actual administración federal, sino a quien gane la Presidencia en 2012, factor que no podemos soslayar en un contexto de creciente debilidad política y el avanzado deterioro de los partidos políticos en el país.

Agregó que lanzar a las fuerzas armadas contra movimientos sociales, sería asumir los peores costos, y prueba de ello fue el movimiento estudiantil de 1968, cuyas repercusiones aún vivimos. El Ejército puede estar realmente preocupado cuando se le siguen dando atribuciones al Presidente para que los envíe contra lo que se le ocurra; pero, en los hechos, no existe marco jurídico que regule y justifique su presencia en las calles.

Enfrentamos, agregó, una clase política con “conocimientos escasos o nulos sobre el quehacer de las fuerzas armadas.

A su vez, Jiménez Ornelas demandó al Congreso de la Unión mostrar la dignidad que demanda su encargo y rechazar la iniciativa, que se votaría el lunes. Alertó que se trata de una propuesta aberrante, que pretende dar elementos legales para justificar la represión contra movimientos sociales y políticos”.

Fuente: La jornada

Difusión AMLOTV

Pendiente en el Senado, la iniciativa de enmiendas al Código de Justicia Militar

Felipe Calderón no acepta cambios a su propuesta; las fuerzas políticas, sin acuerdo

Pendiente en el Senado, la iniciativa de enmiendas al Código de Justicia Militar

Las modificaciones permitirían juzgar a militares en tribunales civiles; es incompleta: PT

Andrea Becerril

Periódico La Jornada

Sábado 23 de abril de 2011, p. 10

A punto de concluir el periodo de sesiones, una de las iniciativas que quedará pendiente de resolución en el Senado será la modificación al Código de Justicia Militar, que el presidente Felipe Calderón remitió en octubre de 2010, para cumplir con la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Esa reforma, que permite juzgar a militares en tribunales civiles, no se dictaminó y tendrá que esperar, en el mejor de los casos, hasta el próximo periodo de sesiones de septiembre, debido a que el Ejecutivo no acepta cambios a su propuesta y, además, no hay acuerdo entre las fuerzas políticas.

La senadora del PT, Rosario Ibarra, consideró que se trata de una reforma incompleta, ya que el gobierno federal sólo incluyó tres delitos juzgables a miembros del Ejército: desaparición forzada, tortura y violación, lo que deja fuera todos los demás ilícitos en que pueden incurrir los elementos de las fuerzas armadas contra civiles.

Además de ello, Calderón puso un término de prescripción de 35 años a los delitos de desaparición forzada, “a fin de proteger a los militares que participaron en la guerra sucia de los 70”, recalcó.

Al respecto, el coordinador perredista, Ricardo Monreal, dijo que Calderón sólo presentó la iniciativa para que la CIDH no lo exhibiera públicamente por no cumplir con su recomendación, porque en realidad no existe intención de juzgar en tribunales civiles a los militares que violen derechos humanos.

El 22 de octubre de 2010, cuando se dictaminaba en el Senado la Ley de Seguridad Nacional, el entonces secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, pidió a los coordinadores de PRI y PRD que aprobaran esa legislación, sin incluir el tema del fuero militar –que estaba atorando precisamente la discusión– y se comprometió a hacer llegar otra reforma integral en materia de justicia para las fuerzas armadas, en el siguiente periodo de sesiones.

La propuesta de modificación al Código de Justicia Militar llegó al Senado en octubre de 2010, y en diciembre el gobierno mexicano hizo llegar a la CIDH un informe sobre los avances de la sentencia en relación con el caso Radilla.

La Ley de Seguridad Nacional no incluyó de manera directa la disposición de juzgar a militares que violen derechos humanos en tribunales civiles, sólo estableció que serán remitidos a tribunales competentes.

Sin embargo, en el proyecto de dictamen sobre Ley de Seguridad Nacional que discuten los diputados –con el aval de PRI y PAN– se eliminó la disposición y en el Senado está parada la reforma al Código de Justicia Militar.

La intención es mantener en la impunidad a los integrantes de Ejército, hecho particularmente grave en momentos en que se incrementan las violaciones a derechos humanos de civiles, cometidas por las fuerzas armadas que participan en el combate al narcotráfico, afirmó Monreal.

La senadora Ibarra reiteró que las desapariciones forzadas se han incrementado en este sexenio, y los secuestros no sólo los llevan a cabo los delincuentes, sino también militares.

Fuente: La jornada

Difusión AMLOTV

Negocia la PGR enjuiciar a los agentes de EU implicados en el plan Rápido y furioso

Habrían autorizado el tráfico ilegal de al menos dos mil armas de grueso calibre

Negocia la PGR enjuiciar a los agentes de EU implicados en el plan Rápido y furioso

Pedirán al gobierno estadunidense la identificación de quienes participaron en el operativo

Al menos dos mil armas de alto poder entraron ilegalmente al país, en cuyo tráfico presuntamente participaron agentes del Departamento de Alcohol, Tabaco y Armas (ATF) de Estados UnidosFoto Alfredo Domínguez

Gustavo Castillo García

Periódico La Jornada

Sábado 23 de abril de 2011, p. 9

La Procuraduría General de la República (PGR) negocia con autoridades de Estados Unidos que agentes del Departamento de Alcohol, Tabaco y Armas (ATF, por sus siglas en inglés) sean enjuiciados por haber participado en el tráfico ilegal de al menos dos mil armas de grueso calibre a territorio mexicano, como parte del operativo Rápido y furioso, revelaron funcionarios mexicanos que participan en el gabinete de seguridad nacional.

Desde mediados de marzo, la Subprocuraduría Jurídica y de Asuntos Internacionales inició la petición de información al gobierno de Estados Unidos y la identificación de todos los que participaron en el operativo, al tiempo que la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO) comenzó una averiguación previa.

Los funcionarios consultados señalaron que, durante la gestión de Arturo Chávez Chávez, el Ministerio Público Federal impulsó que las autoridades de Estados Unidos revelaran a la PGR los nombres de los agentes y funcionarios de ATF involucrados en el trasiego de más de dos mil armas hacia México.

De acuerdo con la información recabada, funcionarios mexicanos que participan en los grupos de intercambio y colaboración con los estadunidenses siguen las negociaciones para que los agentes de ATF sean sancionados penalmente en aquel país.

Supuestamente, de las dos mil armas que ingresaron ilegalmente a México, unas 750 fueron recuperadas, y en al menos dos casos ese equipo fue utilizado para asesinar a agentes estadunidenses; el primero de ellos en diciembre de 2010, Brian Terry, integrante de la Patrulla Fronteriza, quien fue ultimado en Arizona por presuntos delincuentes mexicanos, y en febrero de este año, en San Luis Potosí, integrantes de Los Zetas mataron a Jaime Zapata, agente del Departamento de Migración y Aduanas (ICE).

Por esos asesinatos el agente de ATF John Dodson reveló a la cadena CBS News el operativo Rápido y furioso y con ello se iniciaron las investigaciones en México y Estados Unidos.

Por otra parte, el gobierno mexicano buscará llevar ante tribunales de Estados Unidos a fabricantes y distribuidores de armas que han sido vendidas a grupos criminales mexicanos, según un reporte de la cadena de televisión CBS News.

Fuente: La jornada

Difusión AMLOTV

Las reformas a la Ley de Seguridad, para justificar la represión: expertos

Laura Poy Solano y Emir Olivares

Periódico La Jornada

Sábado 23 de abril de 2011, p. 10

Reformar la Ley de Seguridad Nacional para utilizar a las fuerzas armadas en actos de represión contra movimientos sociales, si se consideran una amenaza a la seguridad interior, beneficiará a una administración que no está dispuesta a dejar su guerra contra el narcotráfico, pero a un costo muy alto para los cuerpos militares.

Un Ejército que va en contra de su población está perdido y corre el riesgo de perecer junto con el régimen, afirma Guillermo Garduño Valero, experto en Fuerzas Armadas y Narcotráfico de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM).

Por otra parte, para René Jiménez Ornelas, coordinador de la Unidad de Análisis sobre Violencia Social del Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), de aprobarse la iniciativa de reforma, México enfrentaría un escenario peor al que vivieron algunas naciones sudamericanas durante la década de los 70, alertó.

El académico indicó que permitir que el Ejecutivo federal tenga disposición absoluta de las fuerzas armadas representaría una justificación legal para vivir, en los hechos, un golpe de Estado.

Garduño Valero destacó que, de aprobarse la iniciativa, que daría al Presidente la posibilidad de solicitar la intervención del Ejército y la Marina en contra de movimientos de carácter político, electoral, social y aun laboral, se apoya no sólo a la actual administración federal, sino a quien gane la Presidencia en 2012, factor que no podemos soslayar en un contexto de creciente debilidad política y el avanzado deterioro de los partidos políticos en el país.

Agregó que lanzar a las fuerzas armadas contra movimientos sociales, sería asumir los peores costos, y prueba de ello fue el movimiento estudiantil de 1968, cuyas repercusiones aún vivimos. El Ejército puede estar realmente preocupado cuando se le siguen dando atribuciones al Presidente para que los envíe contra lo que se le ocurra; pero, en los hechos, no existe marco jurídico que regule y justifique su presencia en las calles.

Enfrentamos, agregó, una clase política con “conocimientos escasos o nulos sobre el quehacer de las fuerzas armadas.

A su vez, Jiménez Ornelas demandó al Congreso de la Unión mostrar la dignidad que demanda su encargo y rechazar la iniciativa, que se votaría el lunes. Alertó que se trata de una propuesta aberrante, que pretende dar elementos legales para justificar la represión contra movimientos sociales y políticos”.

Fuente: La Jornada

Pendiente en el Senado, la iniciativa de enmiendas al Código de Justicia Militar

Las modificaciones permitirían juzgar a militares en tribunales civiles; es incompleta: PT

Andrea Becerril

Periódico La Jornada

Sábado 23 de abril de 2011, p. 10

A punto de concluir el periodo de sesiones, una de las iniciativas que quedará pendiente de resolución en el Senado será la modificación al Código de Justicia Militar, que el presidente Felipe Calderón remitió en octubre de 2010, para cumplir con la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Esa reforma, que permite juzgar a militares en tribunales civiles, no se dictaminó y tendrá que esperar, en el mejor de los casos, hasta el próximo periodo de sesiones de septiembre, debido a que el Ejecutivo no acepta cambios a su propuesta y, además, no hay acuerdo entre las fuerzas políticas.

La senadora del PT, Rosario Ibarra, consideró que se trata de una reforma incompleta, ya que el gobierno federal sólo incluyó tres delitos juzgables a miembros del Ejército: desaparición forzada, tortura y violación, lo que deja fuera todos los demás ilícitos en que pueden incurrir los elementos de las fuerzas armadas contra civiles.

Además de ello, Calderón puso un término de prescripción de 35 años a los delitos de desaparición forzada, “a fin de proteger a los militares que participaron en la guerra sucia de los 70”, recalcó.

Al respecto, el coordinador perredista, Ricardo Monreal, dijo que Calderón sólo presentó la iniciativa para que la CIDH no lo exhibiera públicamente por no cumplir con su recomendación, porque en realidad no existe intención de juzgar en tribunales civiles a los militares que violen derechos humanos.

El 22 de octubre de 2010, cuando se dictaminaba en el Senado la Ley de Seguridad Nacional, el entonces secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, pidió a los coordinadores de PRI y PRD que aprobaran esa legislación, sin incluir el tema del fuero militar –que estaba atorando precisamente la discusión– y se comprometió a hacer llegar otra reforma integral en materia de justicia para las fuerzas armadas, en el siguiente periodo de sesiones.

La propuesta de modificación al Código de Justicia Militar llegó al Senado en octubre de 2010, y en diciembre el gobierno mexicano hizo llegar a la CIDH un informe sobre los avances de la sentencia en relación con el caso Radilla.

La Ley de Seguridad Nacional no incluyó de manera directa la disposición de juzgar a militares que violen derechos humanos en tribunales civiles, sólo estableció que serán remitidos a tribunales competentes.

Sin embargo, en el proyecto de dictamen sobre Ley de Seguridad Nacional que discuten los diputados –con el aval de PRI y PAN– se eliminó la disposición y en el Senado está parada la reforma al Código de Justicia Militar.

La intención es mantener en la impunidad a los integrantes de Ejército, hecho particularmente grave en momentos en que se incrementan las violaciones a derechos humanos de civiles, cometidas por las fuerzas armadas que participan en el combate al narcotráfico, afirmó Monreal.

La senadora Ibarra reiteró que las desapariciones forzadas se han incrementado en este sexenio, y los secuestros no sólo los llevan a cabo los delincuentes, sino también militares.

Fuente: La Jornada

Como contribuye Wal Mart a la crisis en México

Cómo contribuye Wal Mart a la crisis en México.

Repudio

LEOPOLDO GAVITO NANSON - JUEVES, ABRIL 21, 2011

En el inicio del descenso final del atroz e inhumano segundo sexenio panista es natural que las críticas del respetable se concentren en quien lo encabeza. Ante la impotencia y frustración generalizadas, se ha convertido en una suerte de satisfacción catártica. Inútil, pero satisfacción al fin.

Frente a la reprobación general, Felipe Calderón se preocupa y ocupa por demostrar lo justificado y correcto de sus decisiones. Aunque hay razones sobradas para pensar que por mucho que haga el juicio histórico ya se ha decidido.

Los asesinatos masivos, las múltiples narcofosas a lo largo del país, y las detenciones de policías han sacudido continuamente desde el inicio de sexenio las muy precarias bases al gobierno. Recién la semana pasada la mayor parte de la fuerza policiaca municipal de San Fernando (16 individuos) fue detenida por proteger a los asesinos de migrantes en ese pueblo tamaulipeco.

En su cuarto año de “guerra”, el gobierno de Calderón desespera por cumplir –o por lo menos parecer cumplir– sus promesas de transformación de policías estatales y municipales. Aunque eso no ha sido impedimento para reclamar airado la falta de compromiso e involucramiento de esas policías en la guerra.

Al espeluznante hallazgo de 122 cadáveres en San Fernando, Tamaulipas, se sumó días después otro de 23 personas asesinadas en masa y San Fernando es el pueblo donde hace ocho meses fueron hallados 72 migrantes indocumentados asesinados. No es casual que a la carretera entre Ciudad Victoria y Brownsville la hayan bautizado como la carretera de la muerte. Una mujer tamaulipeca residente en Monterrey contaba a ECP que la policía aconseja a los conductores que salen de Ciudad Victoria tomar un rodeo de cientos de kilómetros (hacia Monterrey) para llegar a la frontera sin pasar por San Fernando.

Pero ante el drama que oscila entre la masacre en Cuernavaca donde murió el hijo de Javier Sicilia y los cientos de fallecidos anónimos en una carretera de Tamaulipas, el Presidente pide a los ciudadanos decir junto con el ¡Ya Basta!, a la delincuencia. Porque a quien se le debe decir ¡Ya Basta! es a los delincuentes, no al gobierno ni a las fuerzas armadas.

Políticamente, el regreso del PRI parece significativamente allanado, por lo menos así se percibe entre el priísmo. Eso no impide sin embargo que prefieran navegar entre la mediocridad y la tibieza. El diputado federal Ramírez Marín, líder de la fracción priísta, en un despliegue de radicalismo más bien blandengue dijo: “ya es suficiente, esta estrategia no funciona y debe ser cambiada. Las palabras del Presidente suenan bien, pero son inútiles”. Ah.

Pero el tiempo del presidente Calderón corre impertérrito, indiferente ante sus esfuerzos por salvar cara, por recomponer su maltrecha imagen. Imposible de lograr dentro de México, sólo le queda pues intentarlo en la esfera diplomática. Aunque eso también es harto improbable. Ha llevado a la casi ruptura, o punto menos, las relaciones con su principal soporte de todo tipo, el gobierno de Estados Unidos. Asunto que por sí mismo ya es de considerarse, pero que al haber convertido a México en un foco rojo para la seguridad nacional estadounidense es preocupante por su abrumadora torpeza.

En poco más de un año y medio que resta de gobierno calderonista no es mucho lo que puede hacerse. Y eso parece saberlo el propio Calderón. En foros y con auditorios foráneos el presidente Calderón se empeña en vindicar su guerra. Lo que sugiere que habrá de continuar por el camino escogido sin reparar mucho en las consecuencias internas. Consecuentemente queda un largo trecho para empeorar.

Aun así es posible adelantar ya cómo lo registrará la historia. Como el hombre que llegó a la Presidencia con un absolutamente cuestionable margen de ventaja, logrado con base en irregularidades asentadas en actas suficientes para haber anulado la elección. Como el hombre trágico que en un arranque de búsqueda de legitimidad declaró una guerra copiada a un personaje directamente proporcional en más de un sentido: Richard Nixon; indiferente ante el sufrimiento, rabioso, de mecha corta, suelen describirlo, intolerante, fundamentalista.

La historia ya lo ha registrado como el Presidente que se rodeó de la medianía y la mediocridad de colaboradores grises inventados por él. Controlables por él. El aciago hombre que como candidato ofreció empleos y como Presidente mandó al desempleo a 3 millones por su manejo de la crisis financiera mundial; que tomó con la fuerza pública una empresa para desaparecerla y dejar sin sustento a alrededor de 40 mil familias del SME. Que el 1º de mayo, Día Internacional del Trabajo, estará en el Vaticano para atestiguar como Presidente de un país laico la liturgia de beatificación de un Papa que protegió a un religioso criminal dirigente de una muy poderosa orden durante años y sobre el que, precisamente un año antes de la beatificación, el 1º de mayo de 2010, el Vaticano reconoció las mentiras y negaciones que hizo durante décadas enteras bajo el propiciatorio –no exento de hipocresía– título: “Marcial fue un criminal sin escrúpulos”.

Irá pues el presidente Calderón al Vaticano, es previsible que la decisión termine por ser costosa, tanto para su gobierno como para su persona.

*Es Cosa Pública

leopoldogavito@gmail.com

Fuente: La Jornada de Veracruz

Amenazan a la familia Torres Cruz

CITLAL GILES SÁNCHEZ Y 
 HERCILIA CASTRO (Reportera y corresponsal)

La salud del hermano de Javier Torres, Felipe Torres Cruz, ya es estable, luego de los diversos disparos de arma de fuego que recibió en la emboscada que hicieron el grupo de los Arreola al ecologista, informó el coordinador del Taller de Desarrollo Comunitario (Tadeco), Javier Monroy Hernández, y agregó que aún permanece en el hospital general de Zihuatanejo.

Por ello, pidió que se le brinde protección policiaca, debido a que persisten las amenazas contra la familia del ecologista. Confirmó que tiene rota la mano izquierda, resultado de un balazo y una herida en el abdomen, “que afortunadamente no es grave”.

Monroy Hernández comentó que los hermanos de Javier denunciaron que los agresores, unos iban vestidos de uniforme militar y otros de negro y pasamontañas. A los que iban de militar lograron identificar como los Arreola. “Ellos confirman que son gente de las comunidades de El Parazal, el Zapotillal los que participaron y que son gente cercana al grupo de Rogaciano Alba”, indicó.

En Zihuatanejo, las hermanas de Javier Torres Cruz, Marcelina y Agustina, recibieron una llamada anónima de que “si sacaban otra nota más en prensa, se las iban a chingar…”.

Felipe Torres, quien se encuentra convaleciente en el Hospital General Bernardo Sepúlveda Gutiérrez por el ataque a balazos que recibió, relató que en la emboscada a su hermano Javier, él se encontraba a una hora y media cuando escuchó el tiroteo en contra del ecologista, pero al ser herido, no pudo llegar a proporcionarle ayuda.

Contó que fue trasladado por gente de la comunidad hasta el hospital donde está ahora. Felipe Torres se encontraba acompañado de su esposa Elizabeth Pérez y su suegra, de quien omitió su nombre.

A las 4:30 de la tarde, llegó el procurador Alberto López Rosas, acompañado del coordinador regional de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos (Coddehum), Adelaido Memije Martínez, pero no permitieron el acceso a la prensa al cuarto donde se halla Felipe Torres.

López Rosas aseguró después que estos hechos se investigarían y ofreció medidas cautelares para Felipe Torres. “Esta es una administración diferente”, aseveró.v

Fuente: La Jornada de Guerrero