• Mueven el piso al director de Pemex
• Malestar por oficio de Suárez Coppel
• Protegen a jueces y olvidan la justicia
Hace unos días Juan José Suárez Coppel comparecía ante diputados de la Comisión de Energía cuando sintió que se movía el piso. Un terremoto con epicentro en aguas del Pacífico provocó el miércoles pasado un sismo en estados del Sur de la República Mexicana, lo que ocasionó que se interrumpiera la sesión y el director general de Petróleos Mexicanos (Pemex) tuviera que desalojar por unos minutos el edificio del Congreso de la Unión.Por tratarse de la principal empresa del Estado, los legisladores arremetieron duro en contra del funcionario petrolero y también del titular de la Secretaría de Energía, Jordy Herrera, a quienes culpan de la privatización del petróleo y de los múltiples problemas que enfrenta la paraestatal; uno de ellos, el indiscriminado robo de combustibles en todo el país, sin que autoridad alguna haga algo para evitarlo.
Según el director general de Pemex Refinación, el ingeniero Miguel Tame, sólo en 2011 la paraestatal perdió poco más de 5 mil millones de pesos por el robo de combustibles. A diario se extraen ilícitamente entre 7 mil y 8 mil barriles de crudo. Por su gravedad, la situación se considera un tema de seguridad nacional, al grado de que son la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, la Procuraduría General de la República y la Policía Federal las que custodian, de manera parcial, los 14 mil kilómetros de ductos.
Las cifras no dejan dudas respecto de la magnitud del problema: al cierre de junio de 2012, Pemex Refinación estimó que el combustible sustraído ilícitamente asciende a 1 millón 841 mil 478 barriles. Esta cantidad representa 18 por ciento más que el faltante calculado para el mismo periodo de 2011, por 1 millón 557 mil 569 barriles. Para el director general de Pemex Refinación es imposible vigilar cada centímetro de los ductos. Tame asegura que la subsidiaria que encabeza reacciona lo más pronto posible ante una toma clandestina: una vez que se detecta, el personal tarda entre una y dos horas para llegar al lugar, debido a las dificultades del camino.
Para vigilar los ductos, Pemex ha adquirido tecnología que mide los flujos del combustible y cuando éstos presentan alguna caída considerable, se acude al sitio y se constata que se trata de una fuga. Pero la delincuencia organizada ha mejorado también sus técnicas de robo y una vez que escogen el área hacen dos cortes al ducto, uno para la sustracción del combustible y otro para la inyección de agua.
La sofisticación de las técnicas delictivas se mezcla con la violencia. Los directivos de Pemex Refinación han tenido noticias de su propio personal de que es obligado mediante amenazas y secuestros a encubrir o participar directamente en el robo de los hidrocarburos.
Hasta ahora, las investigaciones internas no han podido dilucidar quiénes han actuado en forma deliberada y quiénes en forma obligada, para salvaguardar su integridad y la de sus familias. Las zonas de mayor vulnerabilidad se ubican en el Norte del país.
Incluso, las autoridades petroleras han detectado sitios donde sólo se puede entrar con elementos del Ejército Mexicano, porque cuando se intenta clausurar alguna toma clandestina, el personal de la paraestatal es recibido a balazos. Éste es el caso de un paraje conocido como La Polvareda, localizado en Tamaulipas.
Con el robo de combustibles, además, hay otro problema: muchas tomas clandestinas quedan abiertas y el combustible que se riega daña el ambiente. Por cada caso así, Pemex debe garantizar la remediación del área.
En el primer semestre de 2012, Pemex identificó y clausuró 824 tomas clandestinas (694 en poliductos y 130 oleoductos), mientras que las autoridades judiciales detuvieron a 111 sujetos en flagrancia por el delito de robo de hidrocarburo, aunque sólo 105 fueron consignados. Por cada toma localizada, el área jurídica de la paraestatal presenta la denuncia respectiva ante el Ministerio Público Federal.
En los primeros meses de este año, Veracruz se constituyó como la entidad más vulnerada por la comisión de este delito: a julio, se localizaron 114 tomas clandestinas; le siguieron Sinaloa, con 90; Tamaulipas, con 83, y Sonora y Nuevo León, con 62, respectivamente.
Suárez Coppel en crisis
Otro asunto que los diputados no pudieron preguntar a Suárez Coppel durante su comparecencia, es la inconformidad que hay en todas las direcciones generales de las subsidiarias de la empresa petrolera, por un oficio confidencial (DG-320/2012) que el propio Juan José firmó el 6 de septiembre y envió a la plana mayor de Pemex.
Altos funcionarios petroleros se quejan de su director general (fuentes cercanas al próximo gabinete aseguran que Suárez Coppel ya no repetirá en la Dirección General de Pemex como él pretendía) y lo acusan de abuso de autoridad y de pretender controlar y gestionar en las últimas semanas de su administración los contratos para las adquisiciones de bienes, arrendamientos o contratación de servicios del área de tecnologías de la información.
El gran malestar ha llegado al grado de que funcionarios petroleros acusan a su jefe de pretender hacer negocios al final del sexenio en colusión con el director corporativo de Tecnología de Información y Procesos de Negocio, para impedir la libre contratación con empresas diversas.
Ese oficio de la Dirección General, que ha causado enojo en muchos funcionarios, fue dirigido a los directores generales de Pemex Exploración y Producción, Carlos A Morales Gil; Pemex Refinación, Miguel Tame Domínguez; Pemex Gas y Petroquímica Básica, Alejandro Martínez Sibaja; y Pemex Petroquímica, Rafael Beverido Lomelín. También a los directores corporativos de Operación, Carlos Murrieta Cummings; de Administración, Agustín Castro Pérez; y de Finanzas, Ignacio Quesada Morales; y al director Jurídico, Marco Antonio de la Peña Sánchez.
El oficio de la discordia DG-320/2012, firmado por el director general de Pemex, instruye a todos los directores de la paraestatal petrolera para que cumplan lo siguiente:
“Con el objeto de fortalecer la implementación [sic] de estrategias institucionales así como la gobernabilidad de las tecnologías de información (TI), entre las que se encuentran la infraestructura de hardware, software, comunicaciones, automatización industrial, sistemas técnicos y SCADA [software que permite controlar y supervisar procesos industriales a distancia], es necesario que se observe en aquellos casos en que las direcciones corporativas de Petróleos Mexicanos o los organismos subsidiarios a su cargo estén llevando o vayan a llevar a cabo cualquier tipo de procedimiento para la adquisición de bienes, arrendamientos o contratación de servicios que contengan componentes de TI, incluyendo los servicios de supervisión relativos a dichos bienes y servicios, se cuente con el dictamen técnico favorable de la Dirección Corporativa de Tecnología de Información y Procesos de Negocio (DCTIPN).
“Para que la DCTIPN esté en posibilidades de emitir el dictamen técnico que corresponda, será indispensable que las áreas anexen a sus solicitudes de dictamen de procedencia los siguientes documentos:
• Antecedentes y objetivo del requerimiento.
• Riesgo en caso de no llevar a cabo la contratación.
• Justificación del requerimiento y estudio de mercado.
• Monto a ejercer.
• Especificaciones técnicas.
“Asimismo, personal de la citada Dirección deberá participar en la evaluación de las propuestas, en cada una de las distintas etapas del proceso de contratación, incluyendo la junta de aclaraciones y evaluación de las propuestas técnicas, con la finalidad de emitir la opinión correspondiente de los elementos de TI evaluados, conforme a las especificaciones técnicas que previamente dictaminó.
“Agradeceré se lleve a cabo la debida difusión del presente documento al interior de los organismos subsidiarios y unidades administrativas a su cargo para sus efectos inmediatos, y se remita la documentación antes referida, así como la que, en su caso, sea requerida por dicha Dirección para el dictamen de las contrataciones que se estén llevando a cabo o se realicen en lo sucesivo”.
Los jueces y la impartición de justicia
Pocas ocasiones la población tiene la posibilidad de escuchar explicaciones de cómo se imparte justicia en este país. Regularmente este tema se mueve en una zona nebulosa, confusa y amenazante. Para cualquier persona que tiene que resolver algún problema en tribunales, nada garantiza que recibirá justicia y mucho menos que será tratada con respeto. Hablar de jueces, magistrados y ministros es hablar de corrupción, impunidad y abuso de poder. Nada ni nadie los detiene en su ambición por enriquecerse.
Por eso sorprendió que hace unos días el presidente del máximo órgano que imparte justicia en este país, la Suprema Corte, hablara en conferencia de prensa sobre los riesgos que corren los jueces ante las amenazas del crimen organizado, igual como le sucede al resto de la población, sólo que ésta siempre está indefensa.
El presidente magistrado Juan Silva Meza se refirió a la protección que les da el Poder Judicial a sus empleados en riesgo, como otorgarles vehículos blindados y apoyo de vigilancia y protección con efectivos de la Policía Federal y del Ejército. Todo esto obviamente pagado con dinero público.
Habló de los riesgos que enfrentan los jueces en todo el país por la violencia relacionada con el crimen organizado, y dijo que se han tomado medidas de protección, como la asignación de vehículos blindados.
La prensa publicó sus declaraciones: “El trabajo de los jueces es complicado en estos tiempos por la situación que se presenta en el país de inseguridad, de violencia, de crimen organizado. Son hechos reales, pero tenemos jueces muy valientes, tenemos casos en que han enfrentado situaciones muy difíciles. Ahora las cosas son muy distintas a como eran hace 10 años, ahora los jueces tienen mayor protección, más allá de su ángel de la guarda, es necesario”.
Interesante que los ministros de la Corte se preocupen por sí mismos y que para ello utilicen recursos de la nación que son pagados como impuestos por todos los mexicanos. Pero acaso esos ministros desconocen la corrupción que corroe cada juzgado, cada tribunal y cada sala de este país, en donde lo que menos importa es la justicia y en donde sólo se favorece a quienes más tienen y a quienes mayor montos de sobornos ofrecen. Esa es la verdad de los tribunales y esa es la impunidad de la justicia, porque todos sabemos que es el Poder más corrupto de la Unión y el que más daño causa.
Entre las medidas de protección que mencionó Silva Meza, destacan la asignación de vehículos blindados, escoltas de la Policía Federal, con la que tienen suscrito un convenio de colaboración, además del apoyo del Ejército en algunos casos para acompañar a los jueces a dictar una resolución.
Según el presidente de la Corte la mayoría de los jueces de la República se empeñan por preservar su autonomía, y al referirse a la corrupción aseveró que aquellos casos en que se detectan irregularidades son atendidos de inmediato por el Consejo de la Judicatura Federal, que como medida mínima los suspende del cargo, por lo menos en lo que se realizan las investigaciones correspondientes. El ministro Silva Meza miente, pues el Consejo de la Judicatura que él mismo preside es un elefante blanco que nunca ha servido para nada y tampoco le interesa combatir la podredumbre en que ha convertido el Poder Judicial en México.
“Hay deficiencias, hay fallas, hay puntos negros a los que no quieren ni sus mismos compañeros, en cuanto se les detecta se toman medidas hasta donde se llegue. Sí hay investigaciones por desempeño, no ha habido consignaciones”, añadió el ministro Silva.
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