La guerra... ¿Contra inmigrantes?
Jesusa Cervantes
MÉXICO, D.F., 21 de enero (apro).- ¿Masacre? ¿Genocidio? ¿Barbarie? ¿Cómo se le podría llamar a “la guerra contra el narcotráfico” que por decreto presidencial inició Felipe Calderón en diciembre de 2006? Una guerra de la cual, por cierto, hoy reniega, aclarando que él nunca utilizó tal término.
La pregunta fue para el secretario técnico del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Juan Miguel Alcántara Soria, durante su comparecencia ante diputados y senadores, realizada el pasado jueves 20.
Los legisladores no recibieron respuesta y tampoco argumentos válidos que justifiquen la inacción del gobierno ante otra de las vertientes del crimen organizado: el secuestro, reclutamiento o asesinato de inmigrantes centroamericanos.
En tanto, Salvador Beltrán del Río, comisionado del Instituto Nacional de Migración y encargado de aplicar la política migratoria en México, no pudo siquiera identificar las peligrosas rutas que los centroamericanos cruzan en su afán por llegar a Estados Unidos.
Beltrán del Río sustituyó a la excomisionada de vergonzoso desempeño, Cecilia Romero, a quien le estalló la masacre de 72 centro y sudamericanos indocumentados, presuntamente asesinados por el poderoso cártel de Los Zetas.
La ejecución de los 72 inmigrantes, ocurrida el 26 de agosto de 2010, fue el punto más álgido durante la gestión de Romero al frente del INM. En esa época, los integrantes de la Comisión Permanente exigieron su presencia para que rindiera cuentas, sin embargo el gobierno calderonista la protegió hasta el final, impidiendo que diera la cara ante diputados y senadores por la masacre.
Cuatro meses después, el 16 de diciembre, el tema de los inmigrantes regresó a las páginas de los diarios, cuando 20 indocumentados fueron secuestrados. Varios lograron escapar y denunciaron el hecho, tras lo cual recibieron la protección del admirable sacerdote Alejandro Solalinde Guerra, quien los recibió en su albergue Hermanos en el Camino, en Ixtepec, Oaxaca.
Este último atentado motivó que de nueva cuenta la Comisión Permanente llamara a comparecer al comisionado del INM. Pero como si no hubiera asistido. Afable y sereno, Beltrán del Río se presentó ante los senadores, sin embargo nada pudo aclarar sobre cómo prevenir esa nueva vertiente que ha tomado el crimen organizado.
Si el propio gobierno federal, a través del entonces secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, aceptó que al decidirse por el “la guerra contra el narco” no previeron sus consecuencias, es lógico que el nuevo comisionado de migración no sepa cómo atender este fenómeno, que por cierto fue creciendo de la mano de la declaratoria de guerra de Calderón.
El abuso y robo contra inmigrantes centroamericanos no es nuevo en México. Desde hace años se decía que en la frontera sur de México los agentes de migración o policías locales abusaban de ellos. Sin embargo, luego de la guerra desatada contra el narco, empezó a presentarse un nuevo fenómeno, que ha ido de la mano con el crimen organizado: el secuestro y reclutamiento de inmigrantes.
Y como muestra algunos datos: el propio padre Solalinde y su pastoral documentaron en diciembre de 2006 cuando menos 10 secuestros masivos de inmigrantes; en 2007 continuó con la presentación de denuncias, y para abril de 2008 denunció, con todas sus letras, que grupos armados estaban incursionando en el negocio del secuestro contra indocumentados.
Solalinde reveló, en aquel abril de 2008, que el albergue había documentado cerca de 90 casos de inmigrantes secuestrados por Los Zetas. Incluso él mismo ha recibido varias amenazas pro su trabajo en defensa de los inmigrantes.
El foco rojo lo puso el cura católico, pero el gobierno de Felipe Calderón no hizo nada por prestar atención. En agosto de 2010, con la masacre de 72 inmigrantes, se pensó que prestaría atención, pero lo más que hizo fue remover a la comisionada del INM, para darle como premio la secretaría general del partido de Calderón, el PAN.
En aquella ocasión se dijo que los inmigrantes habían sido asesinados por sus propios secuestradores, Los Zetas, por negarse a participar en la organización.
Después de que el 16 de diciembre de 2010 otra veintena de inmigrantes fueron secuestrados, salvando la vida al menos 15 de ellos, integrantes de Los Zetas y la llamada Mara 13 amenazaron con entrar al albergue que encabeza el padre Solalinde si no les entregaban a los 15 indocumentados que se habían salvado. A pesar de ello, el gobierno siguió sin hacer nada.
Por otra parte, ante la serie de amenazas que ha recibido el padre Solalinde por parte de Los Zetas, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos exhortó al gobierno de Calderón, en marzo de 2010, a redoblar esfuerzos para prevenir la violación de derechos humanos de los inmigrantes y garantizar la vida de los defensores de las víctimas, en particular la vida del padre Solalinde y de quienes laboran en el albergue Hermanos en el Camino. Esto no se ha cumplido.
Apenas el pasado martes 18, autoridades federales detuvieron a Flavio Méndez Santiago, El Amarillo, presunto integrante y jefe de Los Zetas. Al día siguiente, durante su declaración ministerial, transmitida por Televisa, El Amarillo dijo que Los Zetas se dedicaban al secuestro de inmigrantes centroamericanos con el objetivo de reclutarlos, debido a que la organización criminal ha tenido muchas bajas.
La aceptación del hecho, es decir la participación de Los Zetas, en el secuestro, reclutamiento y asesinato de indocumentados, fue transmitida a nivel nacional. Sin embargo, parece que el nuevo comisionado del INM no tuvo conocimiento de ello, pues durante su comparecencia no hizo referencia al hecho.
El albergue del padre Solalinde está ubicado en Ciudad Ixtepec, Oaxaca, uno de los trayectos que el Sistema Nacional de Seguridad Pública tiene considerado como de mayor peligrosidad para los inmigrantes. Pese a ello y a las denuncias, alertas y amenazas en contra de uno de los protectores de las víctimas, el padre Solalinde, las autoridades no hacen nada para brindar mayor protección.
Mientras tanto, el gobierno de Calderón sigue produciendo más muertos y abriendo más frentes, que dan paso al secuestro contra inmigrantes. Los defensores de las víctimas siguen surgiendo, pero así como aparecen unos, otros son asesinados. El caso más reciente es el de la defensora de las mujeres de Ciudad Juárez, Chihuahua, Susana Chávez, quien acuñó la frase: “Ni una muerta más”.
El ataque contra los inmigrantes va en aumento, el trabajo del padre Solalinde también, pero igualmente, y de forma alarmante, las amenazas en su contra por parte de Los Zetas van subiendo de tono.
La responsabilidad de un gobierno es velar por la integridad de sus habitantes, sin embargo su inacción e ineptitud para atacar esta nueva vertiente del crimen organizado sólo pueden llevar a una nueva demanda: exigir el cuidado y protección de los defensores de los derechos humanos.
Comentarios: mjcervantes@proceso.com.mx
Fuente: Proceso
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