Al menos el 10% de la población ocupada labora por medio del outsourcing
Es uno de los beneficios legales para las empresas con el cual reducen costos de producción
CHRISTIAN HERNÁNDEZ
Actualmente se desconoce la cifra exacta de trabajadores que laboran bajo el esquema de subcontratación o mejor conocido como outsourcing en el estado, sin embargo, según estimaciones de diversos representantes del ramo laboral, el porcentaje podría representar alrededor del 10 por ciento del total de Población Ocupada (PO), y la mayoría de éstos se encuentran en empresas dedicadas a la prestación de servicios. La relación de trabajo para estos michoacanos se caracteriza por ser una con las menores remuneraciones y con el mínimo de prestaciones, situación que es válida a la luz de la Ley Federal del Trabajo (LFT) y que es uno de los beneficios legales a los que pueden acceder las empresas para reducir los costos de producción.
La principal actividad para la que se contrata este tipo de empleados es para la limpieza, además de otras de carácter industrial, de venta de automóviles y de atención en mostradores de empresas departamentales o en empresas dedicadas al ramo del entretenimiento, como los cines.
Según la opinión del líder la Confederación Obrera Revolucionaria (COR), Rafael Alzate Núñez, eloutsourcing es “la nueva modalidad de la esclavitud”, ya que los trabajadores contratados bajo este esquema laboran en empresas sin saber que legalmente trabajan para otras (las subcontratantes) que no les aseguran el pago de las prestaciones y donde su relación laboral es precaria.
En este sentido, el líder obrero apuntó que en Michoacán y en el resto del país, el uso de esta modalidad ha ido en incremento ya que se asegura un ahorro para la clase empresarial, pues ya no son responsables directos del personal que produce la riqueza al interior de la unidad productiva.
Y es que el derecho de antigüedad simplemente está vedado para las personas que venden su fuerza de trabajo bajo este esquema y que trae consigo todas los consecuencias que de ello derivan, entre éstas, no son susceptibles de conseguir un crédito para vivienda dado que los contratos son temporales, generalmente de tres meses; no hay aumento de sueldo, no cuentan con fondo de ahorro para el retiro; el pago de aguinaldo y de reparto de utilidades es nulo, o en el mejor de los casos, precario, y no existen vacaciones.
Existe una brecha considerable entre los derechos que gozan los contratados bajo el outsourcing y los trabajadores sindicalizados, ejemplificó, pues además de contar con las prestaciones mencionadas, cuentan con los beneficios del Contrato Colectivo de Trabajo (CCT).
En cuanto a las estadísticas del número de trabajadores bajo la nueva modalidad del trabajo, que puede considerarse como una “triangulación” de la relación laboral, Alzate Núñez mencionó que sólo el 25 por ciento de la PO michoacana es sindicalizada, y el resto son empleados que pueden estar laborando bajo la subcontratación.
Una aproximación a cuál es la cantidad de estas personas la presenta el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), que registró para el último trimestre del 2009 a 183 mil 527 trabajadores –el 10 por ciento de la PO– con las siguientes características: trabajadores subordinados remunerados, con contrato escrito y que reciben aguinaldo, vacaciones con goce de sueldo o reparto de utilidades, es decir, sólo dos prestaciones de ley.
En cuanto a las empresas que realizan estas prácticas se encuentran las tiendas departamentales –principalmente cadenas trasnacionales extranjeras, o mexicanas, como las manejadas por el hombre más rico del país, Carlos Slim Helú–, algunas universidades privadas, empresas dedicadas a la venta de automóviles, establecimientos industriales –como las industrias del acero- y la administración pública, en varios de sus niveles de gobierno.
La ubicación geográfica de las empresas que utilizan a empresas para que les contraten trabajadores en Michoacán es Morelia, Uruapan, Lázaro Cárdenas y Zamora, según mencionó el delegado de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), Jaime Bárbara Martínez.
Evasión legal de responsabilidades
“El que los empresarios utilicen este sistema para ahorrarse costos con los trabajadores no me sorprende; me sorprende que sea también el gobierno el que use el outsourcing, cuando se supone que debe ser el primero en defender los derechos de la sociedad”, señaló Alzate Núñez.
Por su parte, el delgado del Trabajo en la entidad señaló que esa figura de relación laboral es legal y está considerada en la LFT, y reconoció que es un mecanismo utilizado por los empresarios para disminuir los costos de producción.
En este sentido, señaló que urge una reforma a la legislación laboral en el país, donde se incluya la regulación de este esquema de contratación para asegurar la protección de los trabajadores.
Hasta la fecha la delegación no ha atendido algún caso en el que se presente una violación a los derechos de los empleados bajooutsourcing en la entidad, pues, insistió, “es una figura legal” que se convierte en un beneficio para los empresarios.
El principal problema que se ha encontrado, señaló, es que los trabajadores desconocen que legalmente laboran para una empresa distinta a la que guarda su espacio de trabajo; y la prestación que se evade es básicamente el reparto de utilidades. “Se puede evitar el derecho del pago de utilidades porque el trabajador legalmente está trabajando para una empresa que no tiene utilidades –entonces no las reparten–- mientras que en el lugar donde ellos trabajan físicamente se ve que hay una prosperidad”.
Trabajo precario
Por su parte, el director de la Escuela de Educación para Trabajadores (Eedut), Raúl Jiménez Lescas, consideró que esta modalidad de contratación contribuye a precarizar las condiciones laborales, pues no se pagan las prestaciones correspondientes, se trata de un empleo legalmente temporal, ya que les renuevan el contrato cada determinado tiempo, y se generaliza en las actividades que requieren de menor preparación.
En este sentido, señaló que las actividades de limpieza en grandes empresas e industrias, y en varias dependencias de gobierno, se realiza con personal empleado bajo esta figura, y su salario generalmente se reduce al mínimo, que en la entidad equivale a 54 pesos.
De esta manera, la diferencia salarial se incrementa con relación a los trabajadores que realmente trabajan para la empresa en la que realizan sus labores, y que puede ser por lo menos del doble, al igual que la cantidad y calidad de las prestaciones que reciben.
Fuente: La Jornada de Michoacán
Difusión: AMLO TV