jueves, 27 de junio de 2013
Pobladores desplazados de Copala piden fin a conflicto con grupo paramilitar
Permanecerán en plantón a un costado de la Catedral Metropolitana en el Zócalo capitalino, advirtieron.
Carolina Gómez
Publicado: 27/06/2013 13:09
México, DF. Habitantes desplazados del municipio autónomo de San Juan Copala exhortaron a los gobiernos estatal y federal a solucionar la situación que experimentan desde finales de 2009, al ser sitiados y posteriormente expulsados del citado municipio por parte de grupos paramilitares.
En conferencia de prensa realizada en el plantón que mantienen a un costado de la Catedral Metropolitana en el Zócalo capitalino, Araceli Guzmán Aguilar y Soraida Martínez lamentaron que dicho municipio permanece en manos del grupos paramilitares del Movimiento de Unificación y Lucha Triqui-Partido Unidad Popular (MULT-PUP) y de la Unión de Bienestar Social de la Región Triqui- Partido Revolucionario Institucional (Ubisort-PRI) y explicaron que tanto el plantón de la ciudad de México como el que mantienen en la ciudad de Oaxaca continuarán hasta que se tenga una solución en el conflicto.
Recordaron que los citados grupos paramilitares los expulsaron de su comunidad debido a que estaban en desacuerdo con la decisión de impulsar un municipio autónomo y añadieron que luego de haberlos guiado desde noviembre de 2009 hasta septiembre de 2010 dejándolos sin agua, comida, luz eléctrica ni teléfono, una caravana humanitaria se dirigió a la región.
Cabe destacar que los integrantes de dicha caravana fueron emboscados el 27 de abril de 2010 en el paraje La Sabana y perdieron la vida los activistas Bety Cariño y Jyri Jaakkola, observador finlandés de derechos humanos.
Patishtán
JOSÉ GIL OLMOS
MÉXICO, D.F. (apro).- Alberto Patishtán fue detenido en El Bosque, su pueblo, ubicado en Los Altos de Chiapas. Lo acusaron de haber participado en una emboscada en la que murieron siete policías estatales y dos más resultaron heridos. El hecho ocurrió a varios kilómetros de su comunidad, en un paraje conocido como Las Lagunas de Las Limas, municipio de Simojovel.
El gobierno chiapaneco acusó a Patishtán de delincuencia organizada, homicidio calificado, portación de armas de uso exclusivo del Ejército y lesiones calificadas. Le dictaron una sentencia de 60 años, en un juicio lleno de irregularidades, en el que se demostró que el principal testigo del caso –el hijo del presidente municipal de El Bosque, Manuel Gómez Ruiz– mintió en su declaración.
Paradójicamente, la cárcel no ha impedido que la figura de Patishtán quede aprisionada, sino todo lo contrario. La injusticia exhibida en su caso ha sido reconocida en muchas partes del mundo.
En apoyo a su libertad, el profesor Patishtán ha recibido cartas y firmas de personas y organizaciones de diversos países: Francia, España, Dinamarca, Suiza, Alemania, Austria, Reino Unido, Brasil, Chile, Colombia, Estados Unidos, Grecia, Argentina, Noruega, Italia, Canadá, Nueva Zelanda, Bélgica, Suecia, Sudáfrica, Japón, Holanda y Occitania.
También ha recibido reconocimientos como defensor de derechos humanos, luego de crear la agrupación “La Voz del Amate”, que el 25 de febrero de 2008 organizó una huelga de hambre indefinida durante 41 días, misma que sirvió para que varios de los presos en esa cárcel obtuvieran su libertad, salvo Patishtán, quien como castigo fue trasladado al CERESO No. 15 –en el municipio de Copainalá–, al que se conoce como “penal de castigo”.
Luego de una segunda manifestación, esta vez por su libertad, pero también por la defensa de los derechos humanos, el 20 de octubre de 2011 fue trasladado al Centro Federal de Readaptación en Guasave, Sinaloa, donde permaneció varios meses alejado de su familia, a más de dos mil kilómetros de distancia. Poco después lo regresaron al penal de Chiapas.
Después de la liberación de la francesa Florence Cassez, los abogados de Patishtán vieron una posibilidad de libertad y lograron llevar el caso hasta la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Sin embargo, el pasado 6 de marzo los cinco ministros rechazaron conocer el asunto y lo turnaron al Tribunal Colegiado con sede en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.
El pasado miércoles 19 se cumplieron 13 años del encarcelamiento del maestro tzotzil Alberto Patishtán. Su inocencia ha sido probada y comprobada. No existe una sola prueba que sostenga las acusaciones de testigos inducidos para mentir.
Su caso es emblemático de muchos hombres y mujeres que de manera injusta permanecen en la cárcel , pero también de la ausencia de justicia para castigar a otros tantos que han incurrido en actos de corrupción, lavado de dinero, asesinatos, desapariciones, pederastia y violaciones. Ellos siguen en las calles gozando de impunidad.
En las próximas semanas el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, con sede en Tuxtla Gutiérrez, decidirá si el profesor permanece preso hasta cumplir la condena de 60 años, o se le otorga el reconocimiento de inocencia, que implicaría su liberación inmediata.
Una vez más el sistema de justicia mexicana está a prueba. Ojalá la balanza se incline a favor del indígena tzotzil.
Twitter: @GilOlmos
Ejecutan a periodista en Tamaulipas
REYNOSA, Tamps. (proceso.com.mx).- El lunes 24 fue ejecutado en esta ciudad, el columnista Mario Ricardo Chávez Jorge, quien también era socio de un periódico llamado El Ciudadano.
Su cadáver fue localizado semienterrado en una brecha que conduce al Ejido Santa Clara, junto con el cuerpo de una mujer decapitada, al parecer ajena al crimen del periodista.
Hasta hoy, fuentes del área policiaca confirmaron a Proceso el deceso del periodista.
Se disparan feminicidios en Chiapas
ISAÍN MANDUJANO
TUXTLA GUTIÉRREZ, Chis., (apro).- La Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) tiene en sus manos otro feminicidio que resolver, el trigésimo en lo que va del año.
Se trata del caso de Rosa Yolanda Roblero Guzmán, una tuxtleca de 33 años de edad, quien se encontraba desaparecida desde el pasado sábado 22.
El cadáver de Rosa fue encontrado en un basurero del municipio fronterizo de La Trinitaria el pasado miércoles, tras varios días de búsqueda protagonizada por sus familiares y amigos.
Según la PGJE, el cuerpo de la joven tuxtleca se hallaba en un barranco de aproximadamente 10 metros de profundidad, a la altura del kilómetro 199+80 del Camino Nacional (190), Tramo carretero la Trinitaria-Chamic.
La víctima, quien vestía pantalón de mezclilla de color azul que tenía hasta las rodillas y una blusa blanca a rayas mal puesta, y aunque la PGJE dice que no presentaba lesiones aparentes, las imágenes que se difundieron mostraban el cadáver de Roblero Guzmán con diversas heridas en todo el cuerpo.
Sin embargo, la PGJE dijo que la necropsia de Ley determinó que la causa de la muerte fue un shock neurogénico, debido a una fractura en la segunda cervical que pudo ser causada por un golpe o caída.
Este caso ha conmocionado a los tuxtlecos y demandaron que se esclarezca a la brevedad como se hizo con el crimen de Viridians Flores Ramírez de 21 años de edad, asesinada de 17 puñaladas y arrojada desde un puente entre San Cristóbal de Las Casas por el exsecretario particular del senador del PVEM, Luis Armando Melgar.
El pasado miércoles se dio a conocer la desaparición de otra joven mujer en la capital del estado, esta vez se reportó a Ana Cecilia Tondopó Pérez, de 22 años, a quien sus familiares vieron por última vez el 17 de junio pasado.
Esta semana se intensificaron las tareas de búsqueda para localizar a Tondopó Pérez, de quien hasta ahora no tienen señales de su paradero.
En Chiapas se calcula que van ya unos 30 feminicidios y decenas de mujeres desaparecidas.
La izquierda y la reforma de Pemex: primeras diferencias entre PRD y Morena
La izquierda mexicana buscará en los próximos meses ser el contrapeso en el debate público y legislativo a la iniciativa gubernamental en materia de reforma energética, que será presentada en septiembre para su aprobación este mismo año, según el calendario de reformas del gobierno federal y los partidos firmantes del Pacto por México.
Si bien los principales líderes del Partido de la Revolución Democrática (PRD) y del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) ya se han manifestado en contra de cualquier esquema de privatización de la paraestatal Petróleos Mexicanos (Pemex), ambas organizaciones y sus líderes tienen posiciones diferentes.
Marcelo Ebrard, ex jefe de Gobierno del DF, está liderando el debate con el gobierno, al solicitar directamente un debate con el presidente Enrique Peña Nieto y exigirle que aclare ante los mexicanos lo que dijo a la prensa internacional hace unos días, en el sentido de que promovería reformas que den “garantías” a empresas para participar en Pemex.
Ha cuestionado si las reformas que Peña Nieto ofreció a medios financieros significan o no una desnacionalización del petróleo.
Ebrard ha manifestado coincidencias con la posición del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, ex candidato presidencial del PRD e hijo de Lázaro Cárdenas, el presidente que nacionalizó el petróleo en 1938.
Cárdenas asegura que para modernizar Pemex no es necesaria una reforma a la Constitución -Artículo 27-, pues los hidrocarburos y su renta económica deben continuar como propiedad de la nación.
Morena y la propuesta de la otra izquierda
En contraste, el Movimiento de Regeneración Nacional, de Andrés Manuel López Obrador, rechaza cualquier cambio constitucional, pero también rechaza cambios en leyes secundarias.
Así lo expresó López Obrador en su cuenta en Twitter:
NO a la reforma al 27 Constitucional ni a leyes secundarias para el robo de la renta petrolera. SÍ al combate a la corrupción en PEMEX
— Andrés Manuel (@lopezobrador_) June 26, 2013
En el mismo sentido, el presidente de Morena, Martí Batres, rechazó la participación de la iniciativa privada en Pemex: ”Aunque utilicen otros términos. Abrir es privatizar, complementar, asociar, apertura, modernizar, es lo mismo. Es meter al capital privado. Eso es privatizar, meter al capital privado es privatizar“, dijo el miércoles 26 en el Estado de México.
Diferencias
La propuesta del PRD en materia de reforma energética, presentada por Jesús Zambrano, Cárdenas, Ebrard, Miguel Ángel Mancera y otros contempla:
-Modificaciones a 13 leyes:
Ley de Petróleos Mexicanos
Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en Materia del Petróleo
Ley Federal de Derechos
Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria
Ley Orgánica de la Administración Pública Federal
Ley Federal de Entidades Paraestatales
Ley de la Comisión Nacional de Hidrocarburos
Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica
Ley para el Aprovechamiento de Energías Renovables y el Financiamiento dela Transición Energética
Ley General de Deuda Pública
Ley de la Comisión Reguladora de Energía
Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en Materia Nuclear
Además, plantea crear la la Ley del Fondo de Excedentes Petroleros.
Mientras tanto, Morena no plantea cambiar leyes, sino realizar diferentes acciones como las siguientes:
1. Cambio en el Régimen Fiscal
2. Autonomía Presupuestal
3. Autonomía de Gestión
4. Fortalecer a la Secretaría de Energía (Sener) y a la Comisión Nacional deHidrocarburos (CNH)
5. Tarifas, precios y subsidios de los combustibles y la electricidad para un accesoequitativo a la energía
6. Convertir al Fondo de Estabilización de Ingresos Petroleros en un OrganismoFinanciero
7. Impulsar la Investigación y Desarrollo Tecnológico
8. Transición energética, cuidado del Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable
Gobierno y PAN quieren reforma en septiembre
Sobre el tema, el gobierno federal ha manifestado que a más tardar en el mes de septiembre presentará su iniciativa de reforma.
La semana pasada, el presidente Enrique Peña Nieto, explicó que su iniciativa no necesariamente implicaría realizar reformas a la Constitución, sino a leyes secundarias. “Sobre la forma, sobre cómo hacerlo, estamos evaluando si ha de ser a través de una reforma constitucional o sólo a través de la legislación secundaria”.
También la semana pasada, Miguel Osorio Chong, secretario de Gobernación, dijo que la reforma en materia energética será consensuada y se presentará dentro del Pacto por México. “Vamos a sacar una sola iniciativa y vamos a presentarla al pueblo de México y, por supuesto, presentaremos en Congreso de la Unión la que se tenga que dar, la que fundamentalmente privilegie el acuerdo entre las partes”, detalló.
El martes 25 de junio, Pedro Joaquín Coldwell, secretario de Energía, descartó que la reforma energética que presentará el gobierno federal contemple la venta de activos de Pemex. “No se venderá ni un tornillo de Pemex”, dijo.
Por su parte, la dirigencia nacional del PAN ha anunciado que en septiembre ese partido presentará su “propia” iniciativa de reforma en materia de energía. Al respecto, el diputado federal Rubén Camarillo, integrante de la Comisión de Energía, señaló el pasado 20 de junio a Carmen Aristegui que su partido mantiene los planteamientos de su iniciativa de reforma energética presentada en 2008.
Consulta las propuestas íntegras del PRD y Morena:
Ecuador endurece tono contra EU por caso Snowden
El gobierno de Ecuador endureció el tono contra Estados Unidos al renunciar a las preferencias arancelarias que le eran otorgadas en su lucha antidrogas y consideró dar asilo político al ex analista informático Edward Snowden.
“Ecuador renuncia de manera unilateral e irrevocable a dichas preferencias arancelarias o ATPDEA”, que expiran el próximo 31 de julio, anunció el secretario de Comunicación, Fernando Alvarado.
Después que Washington pidiera entregar a Snowden en caso de que entre a su territorio, el gobierno ecuatoriano respondió: “Ecuador no acepta presiones ni amenazas de nadie, y no comercia con los principios ni los somete a intereses mercantiles, por importantes que éstos sean”.
El gobierno del presidente Rafael Correa estudia una solicitud de asilo del ex contratista de la Agencia de Seguridad Nacional (NSA), reclamado por la justicia de Estados Unidos al haber filtrado a la prensa un programa de espionaje masivo de comunicaciones telefónicas e internet por parte de los servicios de inteligencia de ese país.
Junto con la declaración sobre el ATPDEA, la ministra de la Política, Betty Tola, leyó otra comunicación advirtiendo que una condena a Snowden podría violar los derechos humanos.
“Las revelaciones de Snowden versan sobre programas de espionaje secretos alrededor del mundo contrarios al ordenamiento jurídico internacional y las sanciones por los delitos por los cuales se lo acusa podrían contravenir la Convención Interamericana de Derechos Humanos, que lamentablemente Estados Unidos no ha ratificado”, dijo.
Más tarde, el presidente Correa rechazó un editorial del diario The Washington Post y lo calificó de descaro: “Han logrado centrar la atención en Snowden y en los malvados países que lo apoyan, haciéndonos olvidar las terribles cosas que denunció contra el pueblo norteamericano y el mundo entero”, dijo el mandatario.
(Con información de Notimex y Xinhua)
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En situación precaria, viven los desplazados de la sierra en Ayutla
Algunos refugiados contrajeron deudas por la permanencia en ejidos y material para sus casas improvisadas
El gobierno estatal incumplió con el pago de sus cultivos y ganado, se quejan
MARGENA DE LA O
Ayutla, 26 de junio. Familias que fueron desplazadas de la Laguna, comunidad de la sierra de Coyuca de Catalán por la violencia, viven actualmente en Tepango y La Unión, pertenecientes a Ayutla, en condiciones complicadas y de carencias. A los que mejor les va de las 16 familias, están en casas de adobe en terrenos que todavía deben, y el resto, entre lonas y toldos a la ribera de un arroyo.
De las casas que el gobernador Ángel Aguirre Rivero informó que les construía ni siquiera hay una insinuación.
En Tepango, comunidad ubicada en una desviación que sucede a la cabecera municipal de Ayutla, las casas son contadas, entre ellas viven siete familias directas desplazadas de la Laguna; una es la de la pareja Sergio Santana Palacio y Juana Alonso Ochoa, suegros de la líder ecologista Juventina Villa Mojica, asesinada el 28 de noviembre de 2012, en una emboscada en La Laguna. Primero, se refugiaron en Puerto las Ollas, hasta llegar a esta comunidad de Ayutla a mediados de diciembre de 2012, junto a tres de sus hijos, de los cuales dos llevaban sus propias familias y su nuera con sus cuatro hijos.
El día del crimen, los suegros de la líder ecologista lo ubican como el despunte del periodo más violento en esa zona de la sierra que crean los municipio de Coyuca de Catalán y Petatlán, al grado que los hizo salir de la comunidad sin llevarse nada de su patrimonio; la gente de Los Ciruelos, dijeron, son los que se apoderaron de la zona óptima climatológicamente para la siembra de droga, y por el control y venta de la madera.
Apenas habían dejado Puerto las Ollas, cuando supieron que en una riña les asesinaron a su hijo Natividad Santana Alonso, el 3 de febrero pasado, quien había decidido quedarse allí con su familia. Antes, el 15 de febrero de 2011 les mataron a otro de sus hijos, el líder ecologista Rubén Santana Alonso, quien era esposo de Juventina Villa Mojica; después, a su nieto, el niño que iba con la ecologista el día de la emboscada; un primo, un sobrino y un nieto político, crímenes que atribuyen a la persecución contra los defensores de los bosques.
Las deudas, su nueva vida
Sentada al lado de su marido, doña Juana recordó que en La Laguna tenía una casa en un terreno grande –de casi 50 hectáreas, precisa don Sergio–, donde había sembrados mangos, chiles, maíz, aguacates; criaba puercos y gallinas, cuidaba sus cabezas de ganado, y abundaba el agua. Entre ellos y sus nueve hijos reunían 78 cabezas de ganado, que al salirse las dejaron en la comunidad, con el compromiso de la entonces subsecretaria de Desarrollo Político, Rossana Mora Patiño, de que el gobierno estatal se las pagaría; 440 mil pesos por todo el ganado.
Ahora viven en un terreno de menos de media hectárea, que “palabrearon” en 80 mil pesos con una persona del pueblo; aún no lo pagan. Construyeron en medio del espacio una casa pequeña de adobe, madera y lámina; realmente son dos cuartos, uno acondicionado como dormitorio y el otro como cocina.
Para construir la casa en la que viven, la pareja de ancianos pidió fiadas 40 láminas, a 170 pesos cada una, dos docenas de morillos y dos docenas de fajillas, que les sumó una cuenta de 7 mil 650 pesos. Por asentarse en Tepango, el Comisariado de Bienes Comunales les pidió 10 mil pesos, que también deben y por los que amenazan con retirarlos. En su lista de deudas, están apuntados los 10 mil pesos que pidieron prestados para enterrar a su hijo; Natividad fue sepultado en Tepango.
De todo lo que prometió el gobierno del estado, que incluía la construcción de su casa, sólo les dio 100 mil pesos, que repartió entre cinco familias desplazadas en Tepango; dos de esas familias son las de sus hijos, y una de su nuera. “Nos tocó apenas de 20 mil pesos, con eso no haces una casa”, soltó a la par de recordar que si el gobernador Ángel Aguirre Rivero no les paga lo de sus cabezas de ganado, menos querrá reembolsarles el costo de las 50 hectáreas que tenían en La Laguna, con todo y las 12 toneladas de maíz que dejaron sembradas.
Antes de la entrevista, la pareja fue a regar un pedazo de tierra que les prestaron, en el que sembraron elotes, y que para dimensionar qué tan pequeño era el espacio, doña Juana dijo que sólo dos bombazos de agua de una ánfora que utilizan para rociar, gastaron. Recordó lo que le dijo a su esposo de camino a su casa: “¡Oi! Qué bonito se escuchan esas vacas bramar”, y lloró al acordarse de su vida pasada.
Don Sergio comentó que por su edad no puede trabajar, sus dos hijos que viven cerca de su casa le ayudan con parte de los 100 pesos que ganan al día de alquilarse como peones, además que han subsistido con las tres despensa que le dieron a cada integrante de la familia hace un par de meses.
En las inmediaciones de La Unión, también comunidad de Ayutla, viven los hermanos Hermelindo, Bernardo y Constantino Díaz Pérez, con sus esposas y sus tres, cuatro y cinco hijos respectivamente. Sus casas son estructuras con metal, troncos y lonas que están a lado de un arroyo, y cerca del río que atraviesa la comunidad.
En el lugar estaba Juana Méndez, esposa de Hermelindo, quien en ese momento fue a traer a dos de sus hijos a la escuela del pueblo, que está a 30 minutos de distancia caminando.
El resto de las nueve familiares que llegaron allí en marzo pasado, están en Ayutla, el gobierno del estado paga la renta de dos casas que están en la calle Plan de Ayutla de la cabecera municipal, es decir los cinco restantes hermanos Díaz Pérez y la madre de éstos, Catalina Pérez Duque, quien vende picaditas junto con sus nueras y nietas afuera de la casa alquilada. “Con todo lo que hacemos no nos alcanza, aquí hasta por el agua tenemos que pagar”, comentó la mujer que también le mataron su marido, Damián Díaz Hernández.
Juana Méndez Manzanares aclaró que ellos decidieron quedarse en los márgenes de La Unión para cuidar ese terreno en que se supone el gobierno del estado les construirá sus casas, y para estar pendientes de qué ayuda les puede llegar. Por ser paso de un arroyo, el terreno es blando.
Precisó que lo único que les llevaron de parte del gobernador fueron tres paraguas, tres impermeables, unas cobijas, despensas y cinco mil pesos por familia. De no ser por las 20 toneladas de cemento que los hermanos ya hicieron tabicón no habría ningún indicio de casas.
El 17 de junio pasado, el gobierno del estado difundió un boletín de prensa en le que textualmente se leía: “Conforme a los compromisos contraídos mediante el Plan Emergente de Atención a las Familias Desplazadas (Pemafad) de la sierra de Coyuca de Catalán, representantes de diversas dependencias se reunieron para evaluar los apoyos otorgados a las familias, y garantizarles mejores condiciones de seguridad, servicios básicos y apoyos necesarios para poder fincar una nueva vida”.
Informó que la reunión estuvo el subsecretario de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos, Victoriano Sánchez Carbajal, y que el gobierno del estado “donó a las nueve familias 10 hectáreas de terreno para poder instalarse en un lugar seguro”.
“Con recursos del Fondo Solidario, las familias se han visto beneficiadas con la entrega de 200 láminas de fibrocemento, colchonetas, cobertores, despensas, kits de limpieza y atención medica; además, se apoyará con la realización de un dictamen técnico de las hectáreas de tierra que les fueron otorgadas, para garantizar que vivan en suelo estable que no les represente riesgos”, se lee en el comunicado.
Agregaron que el Instituto de Vivienda y Suelo Urbano se comprometió a construir las casas de las familias desplazadas en una superficie de 45 metro cuadrados.
Guerrero, entidad más riesgosa para los periodistas y activistas: ONU
LUCIANO TAPIA ( Corresponsal)
Ciudad de México, 26 de junio. El estado de Guerrero es donde los integrantes de las organizaciones de derechos humanos se han convertido en blanco frecuente y más recurrente de violaciones a los derechos humanos, declaró Javier Hernández Valencia, representante en México de la oficina de alto comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
En Guerrero, dijo, son perseguidos y hasta desaparecidos por “quienes se oponen a que haya progreso”.
Agregó: “Yo espero que (esa circunstancia) pueda ser solventada de la mejor manera y que Guerrero deje de aparecer siempre como un lugar de los problemas que se multiplican”.
Indicó que, de acuerdo con los informes que tiene, los pueblos indígenas están entre los cinco grupos vulnerables a los ataques, sobre todo en lo que se refiere a megaproyectos, concesiones, porque son ignorados.
En Guerrero el riesgo de agresiones a defensores de derechos humanos y periodistas es muy alto también por falta de una acción efectiva, señaló: “lo que hemos visto es que aunque el gobierno del estado tiene un mecanismo de protección efectivo para realmente proteger de manera efectiva, eso no se lleva a la práctica”.
El representante en México de la oficina de alto comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, fue consultado luego de presentar el tercer informe de actividades en el Centro de Cultura Casa Lamm, en Álvaro Obregón 99, colonia Roma.
Abandona el estado el periodista Emilio Lugo, acosado por amenazas de muerte
En marzo, informó que había sido amagado y que tomó medidas, pero ya son insuficientes
REDACCIÓN ( )
La organización Artículo 19 deploró que el director de portal de noticias Agora Guerrero, Emilio Lugo, haya tenido que salir del estado prácticamente huyendo tras recibir amenazas de muerte, y luego de que las autoridades locales se negaron a darle garantías para continuar su trabajo en el estado.
La organización internacional lanzó ayer una alerta, luego de que el lunes, en su portal de Internet, el periodista dio a conocer que se veía obligado a dejar el estado tras haber recibido amenazas y después de tres meses de vivir bajo extremas medidas de seguridad.
Las amenazas fueron denunciadas en su momento ante las autoridades ministeriales de Guerrero, “pero el resultado hasta el día de hoy es inexistente”, informó Emilio Lugo, quien responsabilizó al gobernador Ángel Aguirre Rivero de la incapacidad de la Procuraduría de Justicia del Estado para investigarlas.
Piden darle protección
Artículo 19, organización dedicada a promover y proteger el derecho a la libertad de expresión, hizo un llamado al gobierno del estado y al gobierno federal para que investiguen y castiguen las amenazas que ocasionaron el desplazamiento forzado de Emilio Lugo, y para que den medidas de seguridad para el comunicador.
Agora Guerrero es un portal de Internet dedicado a informar sobre la violencia que se vive en el estado. En marzo pasado, Lugo informó por primera vez que había recibido amenazas, por lo cual había tenido que tomar medidas de protección, pero, dijo este lunes, “ya son insuficientes los esfuerzos de continuar resguardado”.
No obstante, indicó en su portal, “aun así, no desistiremos”, y advirtió que continuará informando desde otro lugar de la República porque “los responsables de hacerlas cumplir (las leyes) son o se hacen pendejos…”
Desplazamiento a fuerza y tortura, narran sierreños de Petatlán
HERCILIA CASTRO ( Corresponsal)
Zihuatanejo, 26 de junio. Con motivo del Día Internacional en Apoyo a las Víctimas de Tortura, pobladores de la sierra de Petatlán narraron casos de comunidades desplazadas y de la tortura o desaparición que han vivido sus habitantes.
En un documento, pobladores de Puerto de Las Ollas (región de Tierra Caliente), Rancho Nuevo, La Morena y Las Humedades, denunciaron que siguen sufriendo hostigamiento, crímenes, represión y amenazas de delincuentes y de mandos policiacos.
Detallaron que los asesinatos de campesinos se incrementaron desde abril de 2011 en los poblados Barranca de Monte Grande, Banco Nuevo, Las Gordureras, La Botella “y muchos más pueblos”.
Resaltaron que también hubo desplazamiento forzado y desalojo de comunidades en El Parazal, La Florida, El Roblar, El Guamilón, Los Zapotillos, Carresilleros y La Barranca del Bálsamo; “de todos estos lugares han corrido a toda la gente de trabajo”.
Nuevo bloqueo a la carretera en Tecpan; piden liberar a detenido
Trabajadores de la agroempresa instalan la protesta a las 8 de la mañana; a las 10 pm continuaba
Los uniformados soltaron a cuatro empleados que habían capturado antes de localizar a su objetivo
RODOLFO VALADEZ LUVIANO ( Corresponsal)
Tecpan, 26 de junio. Habitantes de las comunidades de Papanoa, Coyuquilla Sur, Los Laureles, Santa Rosa, Arroyo Seco y Coyuquilla Norte bloquearon la carretera federal Acapulco-Zihuatanejo en Los Laureles para exigir el regreso del empresario Pablo Valle Torres, a quien efectivos de la Secretaría de Marina (Semar) se llevaron la mañana de hoy cuando irrumpieron con violencia en su empresa Mangos y Cocos de Guerrero en esa localidad.
Según los manifestantes, quienes dijeron ser trabajadores de la empresa que da empleo a más de 2 mil personas de las comunidades de la zona, unos 30 marinos llegaron a las 5 de la mañana a bordo de cuatro unidades motrices y se metieron a las instalaciones de la empresa, de donde se llevaron a cuatro trabajadores, luego de que no encontraron a Valle Torres.
Abundaron que dos horas más tarde, los militares sacaron de su casa en Papanoa al dueño de la empresa y se lo llevaron, y dejaron en libertad a los cuatro empleados que habían retenido anteriormente.
Una hora después, los pobladores, en protesta por las acciones de los marinos, atravesaron dos camiones de carga en la vía federal, frente a la entrada de la empresa en la localidad de Los Laureles, bloqueándola en ambos carriles, mientras mujeres mostraban cartulinas en las que se leía “Queremos al patrón”, que es como se conoce al empresario en la zona.
Las manifestantes aseguraban que Valle Torres se ha dedicado a la compra-venta de mango y copra desde hace muchos años, y que su negocio da trabajo a más de 2 mil personas, entre cargadores, empacadores, choferes y cortadores, lo cual lo ha hecho el punto central de acopio de esos productos para los agricultores de la región.
El bloqueo carretero ocasionó largas filas de autos y la molestia y protestas de conductores y pasajeros de camiones que, en su afán por continuar hacia su destino, caminaban de lado a lado hasta llegar a otro vehículo.
“El bloqueo se mantendrá el tiempo que sea necesario hasta que los militares regresen al patrón o den información sobre él, porque es inocente y jamás ha tenido nada que ver con las autoridades, ni la policía. Él sólo se ha dedicado a dar trabajo a toda la gente”, aseguró Martín Tabares Galeana, uno de los trabajadores de la empresa, en declaración para los medios de comunicación.
Agregó que el bloqueo no sólo afecta a los que pasan por la carretera federal, sino también a los de la misma empresa, pues se quedaron cargados unos cinco camiones con mango, además de que se detuvo el trabajo del que dependen los lugareños.
Hasta la redacción de esta nota, a las 5 de la tarde, se mantenía el bloqueo carretero en el mismo sitio.
Edward Snowden y las clases de respeto de Washington
Fernando Velázquez
ALAI AMLATINA, 26/06/2013.- El presidente Vladimir Putin dejó claro este martes que Rusia no va a entregar a Estados Unidos a Edward Snowden, ex contratista de la Agencia Nacional de Seguridad quien huyó de Hong Kong, el cual, dijo, se encuentra todavía en el aeropuerto de Moscú.
En abierto desafío al gobierno de Barack Obama, Putin alegó razones legales para no extraditarlo, pese a su insistente petición.
Sólo podemos entregar a ciudadanos de ciertos países con los que tenemos el respectivo acuerdo y con Estados Unidos no tenemos esa clase de tratado, afirmó el mandatario ruso.
Por su parte, el canciller Serguei Lavrov, declaró que son absolutamente infundados e inaceptables los intentos de acusar a Rusia de violar las leyes de Estados Unidos y de participar poco menos que en una conspiración
Añadió que, por si fuera poco, las declaraciones van unidas a amenazas en contra de su país.
Mientras tanto, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ha expresado su disposición de considerar una petición de asilo al ex empleado de la Agencia de Seguridad Nacional, Edward Snowden.
Escribiendo sobre el polémico tema de Snowden y sus revelaciones, el periodista Dave Lindorff cuestiona la descripción que hace EEUU de Rusia como amigo y aliado.
¿Porque la Agencia de Seguridad Nacional ha estado secretamente espiando los teléfonos celulares de líderes rusos? ¿Es eso el comportamiento de un amigo o aliado? Pregunta Lindorff
El reconocido periodista señala que es impresionante ver a John Kerry dar clases a Latinoamérica sobre el respeto a las leyes y amenazarlos con las consecuencias si ofrecen asilo a Edward Snowden.
Los EEUU, dice Lindorff, casi desde su fundación han tratado a América Latina como su propiedad, lanzando invasiones para asesinar a líderes opositores, impulsando dictadores fascistas por siglos, orquestando golpes de Estado para derrocar gobiernos elegidos legítimamente, y hasta entrenando generaciones de líderes fascistas futuros en la escuela de las Américas.
Lindorff añade que la administración Obama misma estuvo detrás del golpe de Estado en Honduras e interfirió activamente en la última elección presidencial en Venezuela en un intento fallido de prevenir la toma del poder del populista sucesor de Hugo Chávez.
Los ecuatorianos de seguro recuerdan como en los años '60s la CIA infiltró el gobierno del Ecuador, creando agencias de noticias y emisoras de radio, bombardeando periódicos derechistas e iglesias y culpando a la izquierda, y todo con el fin de sacar del gobierno al presidente Velasco Ibarra.
Y cuando Carlos Arosemena, quien reemplazara a Ibarra, rehusó cortar relaciones con Fidel Castro en Cuba, la CIA orquestó y financió un golpe de Estado, y después de que este ocurriera, el gobierno militar declaró ilegal el comunismo y canceló las elecciones de 1964.
Las décadas de intervención norteamericana en Ecuador también incluyeron el intento de golpe de Estado apoyado por Washington en 2010, donde un grupo de la policía nacional intentó negar un segundo término de gobierno a Rafael Correa el actual presidente.
Y con todo eso, Kerry tiene el valor de dar lecciones de respeto a las leyes a Ecuador y otras naciones latinoamericanas pidiéndoles que no den asilo a Snowden, acota Lindorff.
¿Acaso no te estás riendo todavía? Pregunta el escritor. Los latinoamericanos no lo encuentran gracioso.
- Fernando Velázquez es director de Informativo Pacífica (KPFK), Los Ángeles.
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[Info-cdhbcasas] Comunicado de prensa de la Región Sureste de la Red TdT
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; a 27 de junio de 2013
La Defensa de los Derechos Humanos en el Sureste de MéxicoTuxtla Gutiérrez, Chiapas; a 27 de junio de 2013Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; a 27 de junio de 2013Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; a 27 de junio de 2013
La Defensa de los Derechos Humanos en el Sureste de México
Chiapas, Tabasco y Yucatán, estados del sur del país donde aumenta conflictividad social derivada de la violencia estructural generada por los distintos niveles de gobierno.
Organizaciones de la Sociedad Civil afianzan compromisos en la defensa y promoción activa de los derechos humanos y se constituyen como legitimas defensoras y defensores.
La Red TdT impulsa en el Sureste la Campaña Nacional de Defensoras/es de Derechos Humanos “Defendamos la esperanza”.
Organizaciones civiles de los estados de Chiapas, Tabasco y Yucatán, integrantes de la Red TdT1, que realizan tareas de promoción y defensa de los Derechos Humanos impulsan la Campaña Nacional en favor de las Defensoras y Defensores de Derechos Humanos “Defendamos la Esperanza”2, cuyo eje tiene por objeto reconocer las acciones de personas que son protagonistas y sujetos de transformación social.
En el marco de contextos comunes que se caracterizan, en el Sureste de México, por el aumento de conflictividad social, profundización de la pobreza, impunidad, discriminación y corrupción que se practican desde los distintos niveles de gobierno, las personas defensoras de Derechos Humanos representan uno de los actores de cambio que transforman esta lacerante situación en alternativas de vida y esperanza para este país.
A pesar de los riesgos que se enfrentan en los estados del Sureste, las personas defensoras continúan acompañando procesos sociales en defensa del territorio, la autonomía de los pueblos y los derechos de las mujeres y personas migrantes; realizando denuncias de graves violaciones a los derechos humanos cometidas por agentes estatales y no estatales; evidenciando el despojo y daños cometidos por empresas privadas que mercantilizan recursos naturales y minerales y autoridades que privatizan recursos públicos; promoviendo la defensa activa de los derechos civiles y políticos por la misma ciudadanía; haciendo aportes para el diseño de políticas públicas; y evidenciando el falso discurso oficial de respeto a los Derechos Humanos en el ámbito internacional.
No obstante esta labor sigue sin ser reconocida, en sus amplias dimensiones, por parte de autoridades oficiales y actores no estatales al reducir la caracterización de personas defensoras sólo a aquellas que trabajan en un organismo público defensor de Derechos Humanos siendo que la Declaración de Defensores3 de las Naciones Unidas reconoce que: “Toda persona tiene derecho, individual o colectivamente, a promover y procurar la protección y realización de los derechos humanos y las libertades fundamentales en los planos nacional e internacional”.
Inclusive, las personas defensoras, así como de sus familiares, son objeto de criminalización y difamación permanentes lo cuál aumenta el riesgo de ataques a la vida e integridad de quienes cuestionan y proponen alternativas distintas a la política del partido imperante. El impacto de este tipo de acciones en contra del Derecho a defender los derechos humanos, deja una huella profunda que afecta la posibilidad de que víctimas y sobrevivientes de violaciones a los derechos humanos accedan a la justicia y reparen, de manera integral, el daño que sufrieron.
En el sureste del país destacamos la importante labor en la promoción y defensa de los derechos de los pueblos indígenas; las tareas de protección y defensa a las personas migrantes y refugiadas, ya sea en su ruta de tránsito o bien viven en la zona hace varios años a quienes se les sigue discriminando; el acompañamiento a mujeres campesinas, indígenas, defensoras, feministas que construyen condiciones de equidad e inclusión; la promoción de los derechos de la infancia y la juventud por la inclusión y reconocimiento de su diversa interculturalidad; y la promoción y defensa de la libre expresión de los actores más diversos y críticos que informan con responsabilidad social.
Quienes formamos parte de la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas y Todos (Red TdT) hemos tenido el respaldo de esta plataforma de acción para denunciar y visibilizar los constantes ataques y riesgos a esta labor; de tal forma hemos denunciado: la persecución judicial de nuestro colega Nataniel Hernández Nuñez de Tonalá; el encarcelamiento injusto del Profesor Alberto Patishtán Gómez de El Bosque; o el acoso que sufre el personal del Albergue de la 72 en Tenosique en su labor a favor de las personas migrantes que transitan por la zona.
Ante ello, la Campaña “Defendamos la Esperanza” es motivo para destacar y reconocer esta importante labor que busca dignificar el aporte invaluable de personas, que sin ser parte de una organización defensora de Derechos Humanos, que realizan tareas de promoción, defensa y ejercicio de Derechos en el sureste del país.
Las organizaciones que conformamos la Región Sureste de la Red TDT, con el respaldo de todos los grupos a nivel nacional, hacemos un llamado a las autoridades locales, estatales y federales, así como a todos los actores no estatales, a poner fin a la difamación y ataques al trabajo de quienes defienden los derechos humanos en la región y reconocer el aporte al desarrollo de una sociedad justa y democrática.
Región Sureste de la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos
“Todos los Derechos para Todas y Todos”
Centro de Derechos Humanos Digna Ochoa A.C.; Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova A.C.; Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, A.C.; Centro de Derechos Indígemas A.C.; Colectivo Educación para la Paz y los Derechos Humanos, A.C. (CEPAZDH); Comitéde de Defensa de las Libertades Indígenas (CDLI); Comité de Derechos Humanos “Fr. Pedro Lorenzo de la Nada”, A.C.; Iniciativa por la Identidad y la Inclusión, A.C.; Comité de Derechos Humanos de Comalcalco, A.C. (CODEHUCO); Servicio, Paz y Justicia de Tabasco, A.C. (SERPATAB); Comité de Derechos Humanos de Tabasco, A.C. (CODEHUTAB); Centro Juvenil Generando Dignidad A.C.; Indignación, A.C. Promoción y Defensa de los Derechos Humanos; KOOKAY – Ciencia Social Alternativa, A.C.
La Defensa de los Derechos Humanos en el Sureste de México
Chiapas, Tabasco y Yucatán, estados del sur del país donde aumenta conflictividad social derivada de la violencia estructural generada por los distintos niveles de gobierno.
Organizaciones de la Sociedad Civil afianzan compromisos en la defensa y promoción activa de los derechos humanos y se constituyen como legitimas defensoras y defensores.
La Red TdT impulsa en el Sureste la Campaña Nacional de Defensoras/es de Derechos Humanos “Defendamos la esperanza”.
Organizaciones civiles de los estados de Chiapas, Tabasco y Yucatán, integrantes de la Red TdT1, que realizan tareas de promoción y defensa de los Derechos Humanos impulsan la Campaña Nacional en favor de las Defensoras y Defensores de Derechos Humanos “Defendamos la Esperanza”2, cuyo eje tiene por objeto reconocer las acciones de personas que son protagonistas y sujetos de transformación social.
En el marco de contextos comunes que se caracterizan, en el Sureste de México, por el aumento de conflictividad social, profundización de la pobreza, impunidad, discriminación y corrupción que se practican desde los distintos niveles de gobierno, las personas defensoras de Derechos Humanos representan uno de los actores de cambio que transforman esta lacerante situación en alternativas de vida y esperanza para este país.
A pesar de los riesgos que se enfrentan en los estados del Sureste, las personas defensoras continúan acompañando procesos sociales en defensa del territorio, la autonomía de los pueblos y los derechos de las mujeres y personas migrantes; realizando denuncias de graves violaciones a los derechos humanos cometidas por agentes estatales y no estatales; evidenciando el despojo y daños cometidos por empresas privadas que mercantilizan recursos naturales y minerales y autoridades que privatizan recursos públicos; promoviendo la defensa activa de los derechos civiles y políticos por la misma ciudadanía; haciendo aportes para el diseño de políticas públicas; y evidenciando el falso discurso oficial de respeto a los Derechos Humanos en el ámbito internacional.
No obstante esta labor sigue sin ser reconocida, en sus amplias dimensiones, por parte de autoridades oficiales y actores no estatales al reducir la caracterización de personas defensoras sólo a aquellas que trabajan en un organismo público defensor de Derechos Humanos siendo que la Declaración de Defensores3 de las Naciones Unidas reconoce que: “Toda persona tiene derecho, individual o colectivamente, a promover y procurar la protección y realización de los derechos humanos y las libertades fundamentales en los planos nacional e internacional”.
Inclusive, las personas defensoras, así como de sus familiares, son objeto de criminalización y difamación permanentes lo cuál aumenta el riesgo de ataques a la vida e integridad de quienes cuestionan y proponen alternativas distintas a la política del partido imperante. El impacto de este tipo de acciones en contra del Derecho a defender los derechos humanos, deja una huella profunda que afecta la posibilidad de que víctimas y sobrevivientes de violaciones a los derechos humanos accedan a la justicia y reparen, de manera integral, el daño que sufrieron.
En el sureste del país destacamos la importante labor en la promoción y defensa de los derechos de los pueblos indígenas; las tareas de protección y defensa a las personas migrantes y refugiadas, ya sea en su ruta de tránsito o bien viven en la zona hace varios años a quienes se les sigue discriminando; el acompañamiento a mujeres campesinas, indígenas, defensoras, feministas que construyen condiciones de equidad e inclusión; la promoción de los derechos de la infancia y la juventud por la inclusión y reconocimiento de su diversa interculturalidad; y la promoción y defensa de la libre expresión de los actores más diversos y críticos que informan con responsabilidad social.
Quienes formamos parte de la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas y Todos (Red TdT) hemos tenido el respaldo de esta plataforma de acción para denunciar y visibilizar los constantes ataques y riesgos a esta labor; de tal forma hemos denunciado: la persecución judicial de nuestro colega Nataniel Hernández Nuñez de Tonalá; el encarcelamiento injusto del Profesor Alberto Patishtán Gómez de El Bosque; o el acoso que sufre el personal del Albergue de la 72 en Tenosique en su labor a favor de las personas migrantes que transitan por la zona.
Ante ello, la Campaña “Defendamos la Esperanza” es motivo para destacar y reconocer esta importante labor que busca dignificar el aporte invaluable de personas, que sin ser parte de una organización defensora de Derechos Humanos, que realizan tareas de promoción, defensa y ejercicio de Derechos en el sureste del país.
Las organizaciones que conformamos la Región Sureste de la Red TDT, con el respaldo de todos los grupos a nivel nacional, hacemos un llamado a las autoridades locales, estatales y federales, así como a todos los actores no estatales, a poner fin a la difamación y ataques al trabajo de quienes defienden los derechos humanos en la región y reconocer el aporte al desarrollo de una sociedad justa y democrática.
Región Sureste de la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos
“Todos los Derechos para Todas y Todos”
Centro de Derechos Humanos Digna Ochoa A.C.; Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova A.C.; Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, A.C.; Centro de Derechos Indígemas A.C.; Colectivo Educación para la Paz y los Derechos Humanos, A.C. (CEPAZDH); Comitéde de Defensa de las Libertades Indígenas (CDLI); Comité de Derechos Humanos “Fr. Pedro Lorenzo de la Nada”, A.C.; Iniciativa por la Identidad y la Inclusión, A.C.; Comité de Derechos Humanos de Comalcalco, A.C. (CODEHUCO); Servicio, Paz y Justicia de Tabasco, A.C. (SERPATAB); Comité de Derechos Humanos de Tabasco, A.C. (CODEHUTAB); Centro Juvenil Generando Dignidad A.C.; Indignación, A.C. Promoción y Defensa de los Derechos Humanos; KOOKAY – Ciencia Social Alternativa, A.C.
La Defensa de los Derechos Humanos en el Sureste de México
Chiapas, Tabasco y Yucatán, estados del sur del país donde aumenta conflictividad social derivada de la violencia estructural generada por los distintos niveles de gobierno.
Organizaciones de la Sociedad Civil afianzan compromisos en la defensa y promoción activa de los derechos humanos y se constituyen como legitimas defensoras y defensores.
La Red TdT impulsa en el Sureste la Campaña Nacional de Defensoras/es de Derechos Humanos “Defendamos la esperanza”.
Organizaciones civiles de los estados de Chiapas, Tabasco y Yucatán, integrantes de la Red TdT1, que realizan tareas de promoción y defensa de los Derechos Humanos impulsan la Campaña Nacional en favor de las Defensoras y Defensores de Derechos Humanos “Defendamos la Esperanza”2, cuyo eje tiene por objeto reconocer las acciones de personas que son protagonistas y sujetos de transformación social.
En el marco de contextos comunes que se caracterizan, en el Sureste de México, por el aumento de conflictividad social, profundización de la pobreza, impunidad, discriminación y corrupción que se practican desde los distintos niveles de gobierno, las personas defensoras de Derechos Humanos representan uno de los actores de cambio que transforman esta lacerante situación en alternativas de vida y esperanza para este país.
A pesar de los riesgos que se enfrentan en los estados del Sureste, las personas defensoras continúan acompañando procesos sociales en defensa del territorio, la autonomía de los pueblos y los derechos de las mujeres y personas migrantes; realizando denuncias de graves violaciones a los derechos humanos cometidas por agentes estatales y no estatales; evidenciando el despojo y daños cometidos por empresas privadas que mercantilizan recursos naturales y minerales y autoridades que privatizan recursos públicos; promoviendo la defensa activa de los derechos civiles y políticos por la misma ciudadanía; haciendo aportes para el diseño de políticas públicas; y evidenciando el falso discurso oficial de respeto a los Derechos Humanos en el ámbito internacional.
No obstante esta labor sigue sin ser reconocida, en sus amplias dimensiones, por parte de autoridades oficiales y actores no estatales al reducir la caracterización de personas defensoras sólo a aquellas que trabajan en un organismo público defensor de Derechos Humanos siendo que la Declaración de Defensores3 de las Naciones Unidas reconoce que: “Toda persona tiene derecho, individual o colectivamente, a promover y procurar la protección y realización de los derechos humanos y las libertades fundamentales en los planos nacional e internacional”.
Inclusive, las personas defensoras, así como de sus familiares, son objeto de criminalización y difamación permanentes lo cuál aumenta el riesgo de ataques a la vida e integridad de quienes cuestionan y proponen alternativas distintas a la política del partido imperante. El impacto de este tipo de acciones en contra del Derecho a defender los derechos humanos, deja una huella profunda que afecta la posibilidad de que víctimas y sobrevivientes de violaciones a los derechos humanos accedan a la justicia y reparen, de manera integral, el daño que sufrieron.
En el sureste del país destacamos la importante labor en la promoción y defensa de los derechos de los pueblos indígenas; las tareas de protección y defensa a las personas migrantes y refugiadas, ya sea en su ruta de tránsito o bien viven en la zona hace varios años a quienes se les sigue discriminando; el acompañamiento a mujeres campesinas, indígenas, defensoras, feministas que construyen condiciones de equidad e inclusión; la promoción de los derechos de la infancia y la juventud por la inclusión y reconocimiento de su diversa interculturalidad; y la promoción y defensa de la libre expresión de los actores más diversos y críticos que informan con responsabilidad social.
Quienes formamos parte de la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas y Todos (Red TdT) hemos tenido el respaldo de esta plataforma de acción para denunciar y visibilizar los constantes ataques y riesgos a esta labor; de tal forma hemos denunciado: la persecución judicial de nuestro colega Nataniel Hernández Nuñez de Tonalá; el encarcelamiento injusto del Profesor Alberto Patishtán Gómez de El Bosque; o el acoso que sufre el personal del Albergue de la 72 en Tenosique en su labor a favor de las personas migrantes que transitan por la zona.
Ante ello, la Campaña “Defendamos la Esperanza” es motivo para destacar y reconocer esta importante labor que busca dignificar el aporte invaluable de personas, que sin ser parte de una organización defensora de Derechos Humanos, que realizan tareas de promoción, defensa y ejercicio de Derechos en el sureste del país.
Las organizaciones que conformamos la Región Sureste de la Red TDT, con el respaldo de todos los grupos a nivel nacional, hacemos un llamado a las autoridades locales, estatales y federales, así como a todos los actores no estatales, a poner fin a la difamación y ataques al trabajo de quienes defienden los derechos humanos en la región y reconocer el aporte al desarrollo de una sociedad justa y democrática.
Región Sureste de la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos
“Todos los Derechos para Todas y Todos”
Centro de Derechos Humanos Digna Ochoa A.C.; Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova A.C.; Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, A.C.; Centro de Derechos Indígemas A.C.; Colectivo Educación para la Paz y los Derechos Humanos, A.C. (CEPAZDH); Comitéde de Defensa de las Libertades Indígenas (CDLI); Comité de Derechos Humanos “Fr. Pedro Lorenzo de la Nada”, A.C.; Iniciativa por la Identidad y la Inclusión, A.C.; Comité de Derechos Humanos de Comalcalco, A.C. (CODEHUCO); Servicio, Paz y Justicia de Tabasco, A.C. (SERPATAB); Comité de Derechos Humanos de Tabasco, A.C. (CODEHUTAB); Centro Juvenil Generando Dignidad A.C.; Indignación, A.C. Promoción y Defensa de los Derechos Humanos; KOOKAY – Ciencia Social Alternativa, A.C.
Chiapas, Tabasco y Yucatán, estados del sur del país donde aumenta conflictividad social derivada de la violencia estructural generada por los distintos niveles de gobierno.
Organizaciones de la Sociedad Civil afianzan compromisos en la defensa y promoción activa de los derechos humanos y se constituyen como legitimas defensoras y defensores.
La Red TdT impulsa en el Sureste la Campaña Nacional de Defensoras/es de Derechos Humanos “Defendamos la esperanza”.
Organizaciones civiles de los estados de Chiapas, Tabasco y Yucatán, integrantes de la Red TdT1, que realizan tareas de promoción y defensa de los Derechos Humanos impulsan la Campaña Nacional en favor de las Defensoras y Defensores de Derechos Humanos “Defendamos la Esperanza”2, cuyo eje tiene por objeto reconocer las acciones de personas que son protagonistas y sujetos de transformación social.
En el marco de contextos comunes que se caracterizan, en el Sureste de México, por el aumento de conflictividad social, profundización de la pobreza, impunidad, discriminación y corrupción que se practican desde los distintos niveles de gobierno, las personas defensoras de Derechos Humanos representan uno de los actores de cambio que transforman esta lacerante situación en alternativas de vida y esperanza para este país.
A pesar de los riesgos que se enfrentan en los estados del Sureste, las personas defensoras continúan acompañando procesos sociales en defensa del territorio, la autonomía de los pueblos y los derechos de las mujeres y personas migrantes; realizando denuncias de graves violaciones a los derechos humanos cometidas por agentes estatales y no estatales; evidenciando el despojo y daños cometidos por empresas privadas que mercantilizan recursos naturales y minerales y autoridades que privatizan recursos públicos; promoviendo la defensa activa de los derechos civiles y políticos por la misma ciudadanía; haciendo aportes para el diseño de políticas públicas; y evidenciando el falso discurso oficial de respeto a los Derechos Humanos en el ámbito internacional.
No obstante esta labor sigue sin ser reconocida, en sus amplias dimensiones, por parte de autoridades oficiales y actores no estatales al reducir la caracterización de personas defensoras sólo a aquellas que trabajan en un organismo público defensor de Derechos Humanos siendo que la Declaración de Defensores3 de las Naciones Unidas reconoce que: “Toda persona tiene derecho, individual o colectivamente, a promover y procurar la protección y realización de los derechos humanos y las libertades fundamentales en los planos nacional e internacional”.
Inclusive, las personas defensoras, así como de sus familiares, son objeto de criminalización y difamación permanentes lo cuál aumenta el riesgo de ataques a la vida e integridad de quienes cuestionan y proponen alternativas distintas a la política del partido imperante. El impacto de este tipo de acciones en contra del Derecho a defender los derechos humanos, deja una huella profunda que afecta la posibilidad de que víctimas y sobrevivientes de violaciones a los derechos humanos accedan a la justicia y reparen, de manera integral, el daño que sufrieron.
En el sureste del país destacamos la importante labor en la promoción y defensa de los derechos de los pueblos indígenas; las tareas de protección y defensa a las personas migrantes y refugiadas, ya sea en su ruta de tránsito o bien viven en la zona hace varios años a quienes se les sigue discriminando; el acompañamiento a mujeres campesinas, indígenas, defensoras, feministas que construyen condiciones de equidad e inclusión; la promoción de los derechos de la infancia y la juventud por la inclusión y reconocimiento de su diversa interculturalidad; y la promoción y defensa de la libre expresión de los actores más diversos y críticos que informan con responsabilidad social.
Quienes formamos parte de la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas y Todos (Red TdT) hemos tenido el respaldo de esta plataforma de acción para denunciar y visibilizar los constantes ataques y riesgos a esta labor; de tal forma hemos denunciado: la persecución judicial de nuestro colega Nataniel Hernández Nuñez de Tonalá; el encarcelamiento injusto del Profesor Alberto Patishtán Gómez de El Bosque; o el acoso que sufre el personal del Albergue de la 72 en Tenosique en su labor a favor de las personas migrantes que transitan por la zona.
Ante ello, la Campaña “Defendamos la Esperanza” es motivo para destacar y reconocer esta importante labor que busca dignificar el aporte invaluable de personas, que sin ser parte de una organización defensora de Derechos Humanos, que realizan tareas de promoción, defensa y ejercicio de Derechos en el sureste del país.
Las organizaciones que conformamos la Región Sureste de la Red TDT, con el respaldo de todos los grupos a nivel nacional, hacemos un llamado a las autoridades locales, estatales y federales, así como a todos los actores no estatales, a poner fin a la difamación y ataques al trabajo de quienes defienden los derechos humanos en la región y reconocer el aporte al desarrollo de una sociedad justa y democrática.
Región Sureste de la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos
“Todos los Derechos para Todas y Todos”
Centro de Derechos Humanos Digna Ochoa A.C.; Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova A.C.; Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, A.C.; Centro de Derechos Indígemas A.C.; Colectivo Educación para la Paz y los Derechos Humanos, A.C. (CEPAZDH); Comitéde de Defensa de las Libertades Indígenas (CDLI); Comité de Derechos Humanos “Fr. Pedro Lorenzo de la Nada”, A.C.; Iniciativa por la Identidad y la Inclusión, A.C.; Comité de Derechos Humanos de Comalcalco, A.C. (CODEHUCO); Servicio, Paz y Justicia de Tabasco, A.C. (SERPATAB); Comité de Derechos Humanos de Tabasco, A.C. (CODEHUTAB); Centro Juvenil Generando Dignidad A.C.; Indignación, A.C. Promoción y Defensa de los Derechos Humanos; KOOKAY – Ciencia Social Alternativa, A.C.
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