"No quiero ser catastrofista, pero será una situación delicada y habrá que estar preparadas para enfrentarlas para que después no estemos llorando", sostuvo.
Al participar en el Foro México ante la crisis qué hacer para crecer, Slim Helú señaló que a raíz del debilitamiento económico recurrente uno de los más afectados ha sido la clase media, pues ésta se ha hecho más chica porque la gente no tiene ingresos.
Criticó que cuando no prosperan iniciativas fiscales en el Congreso el gobierno trata de compensar estos recursos a través del aumento de la energía, del gas o de la electricidad.
En este sentido, indicó, no se deben utilizar los monopolio del Estado con fines recaudatorios, pues estas deben ser empresas que se manejen con autonomía.
Insistió en la necesidad de cuidar el empleo y aseguró que en México hay capacidad brutal para ofrecer un mayor número de fuentes laborales con poco dinero.
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En entrevista, el consejero electoral Virgilio Andrade explicó que las notificaciones fueron enviadas después de las 12:00 horas de este lunes a las tres empresas, por lo que el IFE está en espera de recibir el acuse de recibo de cada una de ellas.
Una vez que se tengan los documentos empezará a correr el plazo de 48 horas para que cada una de las televisoras acudan a la audiencia con el IFE y presenten sus argumentos, por lo que no descartó que éstas se realicen el miércoles.
El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) inició la discusión y el análisis del dictamen que presentó el ministro José de Jesús Gudiño Pelayo en el que se concluye que en los enfrentamientos registrados en la comunidad de Atenco, el 3 y 4 de mayo de 2006, sí se registraron violaciones graves de garantías.
Al presentar su dictamen y hacer un relato y una reconstrucción de lo que ocurrió esos días, con base en la investigación que llevó a cabo la Corte, Gudiño aseguró que no se encontraron elementos que apoyaran la hipótesis de que se hubiera dado alguna orden de golpear, dañar o vejar a los manifestantes y detenidos; aunque eso fue, al final, lo que sucedió.
Pero -aclaró- "aun cuando la violencia no hubiese sido ordenada, sí hay elementos para considerar que fue permitida, alentada: y, en esa medida autorizada, alentada o avalada por los superiores de los policías participantes en los operativos".
De acuerdo con el ministro de la Corte, "esa permisión o tolerancia a la violencia se advierte también en que poco, o casi nada, se investigó por parte de los propios superiores de los policías para castigar las conductas abusivas después de cometidas".
En el caso de los policías que incurrieron en las agresiones, reportó que "en muy pocos casos culminaron en fincamiento de responsabilidades; y, hasta donde obra en autos, las causas penales están abiertas".
Durante la presentación de una versión resumida de su dictamen, de alrededor de 940 páginas, el ministro informó que en los operativos policiales fueron aseguradas alrededor de 50 mujeres, de las cuales cerca de 30 refirieron haber sido agredidas sexualmente.
En torno a este caso, dijo, "las probanzas recabadas permiten sostener que fueron -casi todas- víctimas de violencia física en partes de su cuerpo que permiten considerarse como agresiones de tipo sexual".
Pero, destacó, "ante acusaciones de tal envergadura como las que hicieron las mujeres, la autoridad no actuó a tiempo y poco -casi nada- se hizo por parte de las autoridades ministeriales para documentar y esclarecer los hechos denunciados por ellas".
A manera de resumen, durante los acontecimientos registrados en Atenco, dijo, se registraron violaciones a los derechos a la vida , a la integridad personal, a la libertad sexual, a la no discriminación por género, a la inviolabilidad del domicilio, a la libertad personal, al debido proceso, al trato digno de los detenidos y el derecho a la justicia.
En el caso del derecho a la vida se asegura este "fue violado en perjuicio de los dos jóvenes que fallecieron, (pero) no obstante lo lamentable de estos decesos, los elementos de prueba recabados no permiten imputarlos a persona alguna".
Después de la presentación de su dictamen el Pleno de la Corte procederá a su análisis y discusión, para lo cual se estima que se llevará varias sesiones a lo largo de la semana.
La discusión del caso puede presenciarse en vivo a través de la página de internet de la Corte (www.scjn.gob.mx) o a través del Canal Judicial en el 112 de Cablevisión y en el 633 de Sky.
En su crónica “Viaje a Caracas” (Letras libres, noviembre 2008), Enrique Krauze cuenta que llegó a Venezuela un día después de la derrota de Hugo Chávez en el referendo del 2 de diciembre de 2007, conoció la situación y a su regreso a México se puso a responder “quién es, de dónde salió, cómo se construyó” ese personaje. El resultado quedó plasmado en El poder y el delirio (Tusquets, 2008). La crónica y el texto “El eterno retorno de lo mismo: crítica histórica” (capítulo VIII del libro), sumados a conferencias y respuestas periodísticas del autor, dan una idea acabada de la Venezuela y del Hugo Chávez de Enrique Krauze. Historiador “maduro”, creador de la añeja frase “democracia sin adjetivos”, nuestro maître penseurcritica el “vocabulario binario” del hombre de Miraflores y se despacha sin ambages. Veamos. Venezuela: dictadura aderezada con petróleo, régimen con concentración absoluta del poder, país totalitario, democracia sin partidos políticos, autocracia electa con formas democráticas, metrópoli de un imperialismo con virreyes petrocomprados. Chávez: monarca absoluto, caudillo populista, mesías carismático, delirante, televangelista político, ayatolá de lo divino y de lo humano, corrupto, encarnación de Mussolini, Hitler, Stalin, Fidel… Hasta ahí nada nuevo. Krauze repite la matriz de opinión de la guerra mediática contra Chávez y su satanización. Es decir, la propaganda, las maquinaciones ideológicas y los estereotipos generados por la comunidad de inteligencia en Washington, con eje en la categoría “populismo radical” acuñada por el Pentágono, que recogen las megacorporaciones mediáticas y que el autor fue absorbiendo, o reforzando, en los cenáculos organizados por la administración de Bush en Estonia, España y otros países del mundo libre. Una de sus fuentes, Ignacio Ávalos, antichavista, escribió en El Nacional que el libro “parece redactado por la más clásica oposición”. Otra, José Vicente Rangel, se quejó de que la entrevista que le hizo Krauze terminó en “una vulgar manipulación para un libro de encargo”. Ante la realidad evidente, como perlas perdidas en ese mar de horrores, nuestro fabricante de historias admite que Chávez es un genio político de largo aliento; que no es cruel ni sanguinario; que tiene carisma y vocación social, y que en la Venezuela actual nadie ha sido muerto por ideas ni creencias (desde el lado oficial, cabe acotar), la libertad religiosa continúa y la educación católica funciona. ¡Ah caray! ¿Entonces, en qué quedamos? ¿No que el tal Chávez era un Hitler/Mussolini/Stalin redomado? Pero habría que añadir, también, que en el “totalitarismo” chavista no hay un solo preso político, desaparecido, ejecutado, ni una radiodifusora, televisión o diario clausurado, o periodista censurado. Eso para Krauze es prescindible. Junto a esos silencios, producto de una selección parcial y la manipulación de datos, Krauze omite otros factores que resultan significativos. Aparte de lo que Hegel llamó la “papilla del corazón”, que oculta la realidad de miseria y desolación de la Venezuela prechavista, y del humanitarismo falsamente sublime de algunas de sus fuentes: el candoroso padre Luis Ugalde, rector de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB); el memorioso obispo de Mérida, Baltazar Porras; el modélico Teodoro Petkoff, prototipo de la “izquierda democrática y liberal moderna” que quiere la derecha, y el estudiante blindado, Yon Goicochea, nuestro conservador ilustrado nos priva de información clave. No dice, por ejemplo, si fue una simple ocurrencia, que envuelto en la euforia antichavista de sus amigos de El Nacional, durante su primer viaje a Caracas, sugiriera él mismo crear el Movimiento 2 de Diciembre Democracia y Libertad. Según consigna Antonio Sánchez García, quien asistió al desayuno criollo en lo de Simón Alberto Consalvi, la propuesta de Krauze “no cayó en saco roto”. ¿Organizador activista transfronterizo nuestro intelectual empresario? Otra cuestión llama la atención: cuando habla de Yon Goicochea y los estudiantes “humanistas, cívicos, reformadores, pacifistas” del padre Ugalde, el rector de la conservadora UCAB –que encarnan, dice Krauze, una esperanza de reconciliación en la Venezuela confrontada por el odio, el resentimiento y la insidia de las “turbas chavistas” y su liderazgo mesiánico–, afirma que fueron el factor clave de la “resistencia” ante el fraude que se maquinaba y el derrotismo de algunos opositores. En el lenguaje de la ex Yugoslavia, resistencia se escribe Otpor. Y Optor fue el nombre de la organización que organizó el golpe de Estado suave contra Slobodan Milosevic, que por razones geopolíticas y geoeconómicas patrocinaron la Agencia para el Desarrollo Internacional de Estados Unidos (USAID), la Fundación Nacional para la Democracia (NED), el Instituto Republicano Internacional que presidía John McCain y otras agencias de Washington, con apoyo de la Fundación Konrad Adenauer, del partido democristiano alemán (el de la señora Merkel) y la fundación FAES, de José María Aznar. La técnica delgolpe suave, aplicada por las revoluciones de colores (naranja en Ucrania, rosa en Georgia, tulipán en Kyrgyztan), estaba siendo ensayada contra Chávez con el nombre de “revolución caléndula”, en los días que Krauze estuvo en Caracas. Lo divulgó la firma texana Stratfor, la de México como Estado fallido. Sólo que el “golpe continuado” en Venezuela, como lo llama Rangel, estaba siendo operado por Porras, Ugalde y el Opus Dei. Ellos fabricaron un movimiento estudiantil como “arma comunicacional” y “para calentar la calle”, según afirman de manera abierta los partidos del Movimiento 2D, el que bautizó Krauze. ¿Y saben qué gritaban los buenos muchachos de Goicochea, cuando pretendieron incendiar la Escuela de Trabajo Social de la Universidad Central, con 150 estudiantes adentro? “¡Van a morir, van a morir! ¡Los chavistas van a morir!”. ¿Libro por encargo? No sé. Pero este 15 de febrero hay otro referendo en Venezuela. Video Cortesía Juan C.
Tras semanas de negociación, este domingo trabajadores de las secciones 30 de Naica, Chihuahua, y 74 de Torreón, Coahuila, del sindicato minero obtuvieron un aumento de 8 por ciento. Sin embargo, los agremiados de la sección 64, también de Torreón, no llegaron a ningún acuerdo con la patronal y acordaron por unanimidad irse a la huelga.
Las tres secciones son de empresas pertenecientes a la Compañía Minera MetMex Peñoles, informó el Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Similares de la Republica Mexicana, y apuntó que en todas se celebraron asambleas en que los trabajadores decidieron sobre los ofrecimientos salariales planteados.
Detalló el gremio que la sección 64 optó por la huelga para buscar un incremento mayor.
En las tres negociaciones se trató de revisiones contractuales, por lo que se contempló tanto incremento salarial como de prestaciones, indicó el gremio, y expuso que los porcentajes alcanzados “responden a la situación de un sector de la economía nacional que no ha sido tan afectado por la crisis”.
Esto porque, si bien el precio de los metales sufrió recientemente una recaída temporal, ya sus índices están al alza y ello permite obtener para los trabajadores del sector, mejores aumentos de salarios y prestaciones.
El sindicato apuntó que la decisión de la sección 64 por la huelga fue votada en asamblea. Sin embargo, esa posición es apoyada por el dirigente nacional, Napoleón Gómez Urrutia, el comité ejecutivo nacional y representantes, que “conminan a la empresa a llegar a un arreglo que beneficie verdaderamente a los trabajadores”.
Este es un extracto del reportaje principal que publica la revista Proceso en su edición 1684 que empezó a circular el domingo 8 de febrero.
ÁLVARO DELGADO
Ante el desafío del duopolio televisivo, que incumplió con la ley al transmitir por la libre los promocionales electorales, tanto el IFE como el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) deberán actuar con firmeza y sancionar ese desacato. El presidente del IFE, Leonardo Valdés, debe cumplir lo que prometió el año pasado al asumir su cargo: no dejarse avasallar por el Cuarto Poder. Para el exconsejero Jaime Cárdenas Gracia el asunto no es anecdótico, pues lo que está en juego es la influencia de los poderes fácticos en los comicios del futuro."No me dejaré atemorizar por ningún poder formal ni por ningún poder informal", advertía en marzo de 2008 Leonardo Valdés, recién nombrado consejero presidente del Instituto Federal Electoral (IFE); incluso garantizaba que no cedería a presiones del gobierno ni de las televisoras. "Digámoslo con toda claridad –predicaba, en entrevista con el reportero–: Los medios de comunicación son un poder en nuestra sociedad y también ejercen presión sobre las autoridades públicas. Yo quiero ser tajante: ¡Ni siquiera el Cuarto Poder podrá atemorizar al consejero presidente del IFE!" Menos de un año después, desamparado por los partidos políticos, el Congreso y el gobierno de Felipe Calderón –que ha abdicado de su deber de aplicar la ley en materia de medios de comunicación–, Valdés y el resto de los consejeros del IFE tienen el reto de sancionar con rigor a las cadenas de televisión por las violaciones legales cometidas justo cuando comienzan las precampañas electorales.En lo que es el más reciente de los cíclicos desafíos del poder mediático al IFE, siempre con el sello de la impunidad, Televisa y Televisión Azteca violaron diversas disposiciones del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (Cofipe) y de la Ley Federal de Radio y Televisión en la transmisión de los promocionales partidistas e institucionales a que legalmente están obligadas.Pero no sólo cometieron violaciones legales, sino también a la Constitución General de la República, según documentó la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos.De todas las violaciones –derivadas de "conductas atípicas" que detectó el IFE– hay plena constancia técnica, corroborada inclusive por las propias televisoras en las respuestas a los emplazamientos de la autoridad electoral, que cuenta también con sustento jurídico para aplicar a Televisa y Televisión Azteca sanciones más severas que las amonestaciones y multas que se pretenden imponer.
5 de Febrero de 2009. En el Círculo de Estudios Central de las Redes Universitarias, estuvo como invitada a esta sesión la Dra. Cristina Barros, quien habló sobre la identidad cultural del pueblo mexicano.
Es importante que las Redes Universitarias hayan retomado dicho tema, pues uno de los puntos que el Presidente Legítimo de México, ha enfatizado más en sus discursos, para dar un adecuado cauce ideológico al movimiento que en encabeza, es la creación de valores nacionalistas fundados en la cultura popular mexicana.
Este es un extracto del reportaje que publica la revista Proceso en su edición 1684 que empezó a circular el domingo 8 de febrero.
Tuvieron que pasar 10 largos días desde el abierto desafío lanzado por las televisoras en contra del Estado mexicano para que el Instituto Federal Electoral (IFE) se decidiera a iniciar hoy la investigación formal del caso. En lugar de responder inmediata y enérgicamente frente a estos actos claramente violatorios a la ley, los consejeros electorales prefirieron gastar su tiempo la semana pasada con una serie de desplegados, declaraciones, reuniones y solicitudes de información que no tuvieron relevancia jurídica alguna. Tal tibieza por parte de la autoridad únicamente sirvió para regalarle tiempo sumamente valioso a las corporaciones televisivas, que ellas sí utilizaron para armar su defensa jurídica. La primera respuesta del IFE, el desplegado publicado el día de la Candelaria, fue una irresponsabilidad, por decir lo menos. En este vergonzoso documento, la institución abdicó de su obligación de velar por el cumplimiento de la ley y prefirió deslindarse de las acciones de los medios de comunicación. Como un policía indolente que al atestiguar un asesinato se dedica a ahuyentar a los curiosos en lugar de perseguir al delincuente, con su desplegado la máxima autoridad en materia electoral se limitó a ser un simple espectador del proceso electoral. Acto seguido, los consejeros pasaron de ser meros observadores a convertirse en víctimas pusilánimes. En respuesta a la golpiza que las televisoras le propinaron, el IFE balbuceó que este comportamiento era “atípico” y solicitó una explicación por escrito. Ingenuamente, los consejeros aceptaron la versión inicial de las televisoras, como si todo hubiera sido el resultado de una gran confusión. El colofón fue la reunión celebrada en las oficinas de la Secretaría de Gobernación el miércoles pasado. Si el IFE hubiese iniciado el procedimiento sancionador en tiempo y forma, las televisoras ya habrían tenido que comparecer ante el instituto electoral. Pero en lugar de tener que someterse a la autoridad, los representantes de Televisa y Tv Azteca se dieron el lujo de “dialogar” tranquilamente con el consejero presidente en el despacho de Fernando Gómez Mont, amigo de las empresas televisoras. Tal como ocurrió en los tiempos de Luis Carlos Ugalde, el IFE de nuevo ha declinado su responsabilidad de garantizar la aplicación la ley y de paso ha anulado su autonomía al ser un invitado más en la mesa de una negociación política. El viernes pasado, el IFE finalmente decidió que sí había materia para emprender una investigación formal del caso, pero inexplicablemente decidió posponer el inicio del proceso sancionador para hoy. Habría que recordarles a los señores consejeros que durante los procesos electorales absolutamente todos los días y horas son hábiles, así que no había razón alguna para tomarse el fin de semana. Pareciera que una vez más la autoridad electoral simplemente quiso demostrar su generosidad hacia las televisoras. Asimismo, los consejeros se negaron a emitir medidas cautelares para obligar a los medios a modificar su comportamiento hasta que el instituto tome su decisión final. No hay duda de que el comportamiento de las televisoras viola la ley electoral. El Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (Cofipe) prohíbe que los medios de comunicación modifiquen las pautas. También señala explícitamente que se debe sancionar “la manipulación o superposición de la propaganda electoral o los programas de los partidos políticos con el fin de alterar o distorsionar su sentido original o denigrar a las instituciones, a los partidos políticos” (artículo 350, (d)). La interrupción de programas de televisión, el agrupamiento de los espots y la inclusión de una “cortinilla” que busca desprestigiar al IFE, los partidos políticos, los legisladores federales y hasta al gobierno federal, evidentemente forman parte de una estrategia para darle la vuelta a la legislación electoral y “denigrar a las instituciones y a los partidos políticos”. Televisa y Tv Azteca han sostenido que se les avisó muy tarde y que no les quedó otra más que interrumpir la transmisión deportiva. Ello es falso, ya que las pautas fueron enviadas a los medios con un mes de anticipación. Asimismo, el Reglamento de Acceso a Radio y Televisión en Materia Electoral permite la modificación de las pautas en caso de “eventos extraordinarios y de interés general”, siempre y cuando el concesionario lo solicite por escrito. Además, en el pasado reciente el IFE ha sido flexible hasta el extremo al respecto, permitiendo en ocasiones una tolerancia de hasta 25 minutos antes y después de la hora pautada. Siguiendo el ejemplo de Felipe Calderón, quien en el aniversario de la Constitución cuestionó el “catastrofismo” y denostó a quienes buscan “ver debilitada a la nación y a las instituciones”, la semana pasada el consejero presidente Leonardo Valdés también reclamó que se trate “de disminuir, deteriorar o minar la credibilidad de las instituciones”, y afirmó que es “necesario generar confianza en las instituciones nacionales y no minarlas”. Pero Calderón, Valdés y el séquito de expertos en materia electoral que rodea a este último, se equivocan si creen que la mejor forma para fortalecer al Estado es por medio de un respaldo ciego y acrítico. Al contrario, quienes realmente estamos por el fortalecimiento de nuestras instituciones democráticas debemos ejercer la crítica constante, pues ésta constituye un elemento esencial en la reconstrucción de nuestras instituciones fallidas.
■ “Ya basta de servir de escalera para los ambiciosos”, señala
Soyotlán del Oro, Jal., 8 de febrero. Andrés Manuel López Obrador señaló que durante los periodos de campaña, partidos políticos y candidatos “no deben traficar con el voto del pueblo”. En tanto, llamó a los ciudadanos a sufragar en libertad.
“Ya basta de servir de escalera para que unos ambiciosos se encaramen (en puestos públicos y de representación popular). El pueblo no está para limosnas, sino para justicia social”, advirtió.
El ex candidato presidencial convocó a sus principales seguidores en todo el país a una reunión nacional, programada para el 21 y 22 de marzo próximos, con el objetivo de definir la nueva etapa de la lucha política y de defensa de la economía popular.
“Con este movimiento, el año pasado paramos la privatización de Pemex, y ahora defenderemos la economía popular ante los efectos de la crisis de Estados Unidos, del mundo, que nos agarra con una economía muy debilitada y nos va a arrodillar más de la cuenta”, alertó.
López Obrador pretende que el Congreso de la Unión obligue al gobierno a utilizar el presupuesto público para apoyar las actividades productivas, en lugar de rescatar a los empresarios con el uso de las reservas internacionales del país para apuntalar el peso y beneficiar, con ello, a los potentados que tienen deudas de dólares en el exterior.
En el último tramo del proyecto iniciado hace dos años para llegar a todos los rincones del país, el político tabasqueño hace un llamado a sus simpatizantes, quienes acuden a las plazas públicas a escucharlo, para que no queden conformes con la corrupción y el “mal gobierno”.
López Obrador ha advertido en días pasados acerca de la omisión en que ha incurrido el gobierno “usurpador” de Felipe Calderón al no avisar a la población de la magnitud de la crisis económica por la que atraviesa el país y de la fuerza del “huracán” que se avecina por esta causa, el cual, dijo, “arrasará con todo”.
En cada asamblea informativa también difunde la propuesta que ha hecho de cambios al presupuesto, para que se puedan ahorrar cerca de 200 mil millones de pesos con base en una reducción de sueldos a altos funcionarios públicos y evitar que el dinero del pueblo se quede en las cúpulas del aparato burocrático.
El movimiento lopezobradorista está integrado por ciudadanos sin partido y también por militantes del PRD, PT y Convergencia. A través de estos dos últimos partidos impulsa a un grupo de colaboradores para que sean postulados como diputados locales y federales, ya sea por la vía de mayoría relativa (haciendo campaña para la elección del 5 de julio) y/o a través de representación proporcional (plurinominal).
De acuerdo con las primeras proyecciones, entre ellos se ubican algunos de sus propios representantes estatales e integrantes del “gobierno legítimo” de México, como Martha Pérez Bejarano, Bertha Luján, Octavio Romero, Enrique Ibarra y Agustín Ortiz Pinchetti, entre otros.
“No hay que pelearnos los del PRD, PT y Convergencia. Somos el Frente Amplio Progresista. Debemos estar unidos. Tampoco hay que pelearse con los priístas y panistas de abajo, quienes están igual de esperanzados, amolados y desinformados que la mayoría del pueblo de México. El problema está arriba”, afirmó.
Por Maru de Aragón
La crisis economica golpea hasta a los zoológicos y acuarios de Estados Unidos, los cuales tienen que reducir sus presupuestos.
Este es un extracto del reportaje que publica la revista Proceso en su edición 1684 que empezó a circular el domingo 8 de febrero
Una familia llega a emergencias del Seguro Social con su hijo en brazos, el médico que le atiende sabe que debe hacer una transfusión sanguínea; pero asegura que desde su punto de vista religioso inyectar sangre de una persona a otra es un pecado, Dios es el único que debe y puede decidir si una persona vive o se muere.
Este médico hace una objeción de conciencia, las enfermeras se quedan calladas, los padres insisten en el derecho a la salud. Por desgracia, en el Seguro Social hay sobredemanda de servicios y nadie les escucha. Las implicaciones jurídicas de un médico impidiendo el derecho a la salud del niño, a razón de sus valores religiosos, son claras y la sociedad actuaría de inmediato.
En marzo del 2008 George Bush, ex presidente de Estados Unidos, apoyó desde la Casa Blanca a su secretario de Salud, Michael Leavitt, para que los médicos que atienden a mujeres y niñas víctimas de violencia sexual que quedaron inseminadas por su violador, pudieran negarse a hacer la interrupción legal del embarazo.
El Estado norteamericano había legalizado años antes el derecho de las víctimas de violación a no gestar un producto inseminado involuntaria y violentamente en su cuerpo. También la ley respetaba la objeción moral de los médicos, pero exigía que éstos refirieran a la paciente de inmediato con servicios de salud que sí respetaran la decisión de la víctima de violación. Bush y su gabinete de Salud violentaron la ley y el voto de las mayorías, imponiendo decisiones personales y religiosas. Leavitt pidió que los médicos pudieran no solamente negar el acceso a otro servicio médico, sino también desacreditar la existencia de la violación misma. Además intentaba retirar el castigo, en caso de que el médico negara referir a su paciente.
Los grupos ultraconservadores llevaron esta batalla al territorio de la manipulación emocional y religiosa, así como a la descalificación escandalosa y violenta. El desgaste fue brutal para millones de personas. A pesar de todo, quedó claro que las mujeres y niñas violadas tienen un derecho inalienable a tomar decisiones sobre su salud sexual y reproductiva. Un médico no es juez para determinar si existió o no una violación.
El problema con la objeción moral, en cuanto a la terminación del embarazo por violación, es mayúsculo. Violar nuevamente los derechos de las víctimas negando el suceso traumático, exigirles que usen su cuerpo como incubadora del semen de un sujeto violento que por la fuerza les inseminó, parecería un argumento medieval, pero es una campaña global del siglo XXI.
La Secretaría de Salud mexicana, avalada por asesores jurídicos de Felipe Calderón, acaba de hacer exactamente la misma jugada que Bush y Leavitt, pero con la Norma Oficial de Salud 046.
En marzo de 2006 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) exigió al gobierno mexicano que respetara el derecho a terminar un embarazo forzado por violación. Tres años después, luego del discurso de Calderón ante el tercer Congreso Mundial de las Familias, a escondidas, Presidencia y Salud cambiaron las palabras claves, como los estadounidenses, para dejar a las mujeres abandonadas por la ley y los servicios de salud.
Las viejas tácticas de firmar tratados y leyes contra la violencia hacia mujeres con la mano izquierda frente a medios internacionales, sólo para quebrantar leyes y derechos humanos con la mano derecha. Les toca al Congreso de la Unión y a la sociedad decidir si aceptan, o no, otro engaño presidencial.
