ESTADO DE LOS ESTADOS
Por: Lilia Arellano
“Aquel que más posee, más miedo tiene de perderlo”: Leonardo Da Vinci.
• Cuidado con la Fepade y el TEPJF
• Preocupa al PRI perder en la mesa
• Elecciones siguen bajo la metralla
• Intensifica el PAN la “guerra sucia”
• “No voy a ir a declarar”, dice Fidel
• Pascual: narco “no nos va a quebrar”
• Panorama vergonzoso en Cancún
Julio 2, 2010.- Mucha razón tiene la cúpula priista al manifestar una gran preocupación por la vulneración de la autonomía de la FEPADE (Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales), tras la obligada renuncia de Arely Gómez González, a tres días de las elecciones en 14 estados, quien en las últimas semanas recibió fuertes presiones para que cambiará “su punto de vista” en casos que involucraban a gobernadores y candidatos priistas, a lo cual se negó en redondo y, después de hacerse a un lado en el pleito del PAN por Yucatán, ahora prefirió de plano tirar la toalla que involucrarse en hechos que la hicieran centro de una revancha política en el probable caso de que el PRI regrese a ocupar la residencia oficial de Los Pinos. En su lugar se nombró a un encargado de despacho, el director general Jurídico, Salvador Sandoval Silva, mientras se generan las condiciones para que llegue a ese cargo la magistrada Elvía Díaz de León, quien si merece la confianza de los calderonistas, particularmente del dirigente nacional panista, César Nava, y quien sin duda será pieza clave en la elección presidencial del 2012.
La FEPADE es el organismo especializado de la Procuraduría General de la República (PGR, que sigue siendo utilizada como policía política en esta administración) responsable de atender en forma institucional, especializada y profesional, lo relativo a los delitos electorales. De ahí la importancia que tiene para Felipe Calderón y César Nava contar con un incondicional en esa fiscalía -que ha sido utilizada para atacar a los adversarios políticos del PAN, particularmente aquellos candidatos que llevan considerable ventaja en las encuestas sobre la intención del voto, y que se ha constituido en la punta de lanza para judicializar los comicios- porque su apuesta no es ganar en las urnas alguna o algunas de las 12 gubernaturas que estarán en juego este domingo 4 de julio, sino arrebatarlas en los tribunales. Para tal efecto, pretenden la presentación de pleitos legales con abultadas denuncias sobre múltiples delitos electorales en las entidades en disputa con la confianza de que cuentan con la complicidad de los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), que preside María del Carmen Alanis Figueroa, quien es intima amiga de la esposa de Calderón, Margarita Zavala Gómez del Campo, e integrante desde hace muchos de la pandilla que tomó por asalto la residencia oficial de Los Pinos en 2006.
No hay que olvidar que de acuerdo con el Artículo 99 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al TEPJF le corresponde resolver en forma definitiva e inatacable (fracción IV) “las impugnaciones de actos o resoluciones definitivos y firmes de las autoridades competentes de las entidades federativas para organizar y calificar los comicios o resolver las controversias que surjan durante los mismos, que puedan resultar determinantes para el desarrollo del proceso respetivo o el resultado final de las elecciones. Esta vía procederá solamente cuando la reparación solicitada sea material y jurídicamente posible dentro de los plazos electorales y sea factible antes de la fecha constitucional o legalmente fijada para la instalación de los órganos o la toma de posesión de los funcionarios elegidos”. De ahí la importancia, para los calderonistas, de tener un fiscal que sea favorable a sus intereses partidistas, a fin de que los expedientes de los diversos casos de delitos electorales e irregularidades que habrán de presentarse vayan en ese sentido, con el mayor sustento legal posible, con el propósito de que puedan ganarse las elecciones no en las urnas, sino en los juzgados, tal y como sucedió con la pasada elección presidencial y que impuso a Felipe Calderón en al residencia oficial de Los Pinos.
En la FEPADE se cocinan a toda marcha los expedientes para demandar la anulación de las votaciones en estados claves, por su peso electoral federal y por su estratégica ubicación regional: frontera con Estados Unidos y salidas al Golfo y al Océano Pacífico, así como las principales rutas comerciales, que por supuesto también son utilizadas por los delincuentes comunes y los cárteles de la droga. Por eso no se ha dudado en echar mano de la grabación ilegal y difusión de llamadas telefónicas de gobernadores priistas como el veracruzano Fidel Herrera o el oaxaqueño Ulises Ruiz, por solo mencionar los casos que ocuparon los mayor espacios en los medios masivos de comunicación del país, y a quienes se les ha montado una mega campaña mediática para acusarlos de operar el fraude en los comicios coludidos con autoridades electorales. Para este efecto, la cartera del gobierno federal ha estado más que abierta para muchos medios de información.
De ahí la preocupación expresada este viernes por el secretario general del CEN del PRI, el senador Jesús Murillo Karam, pues al presionar a renunciar a Arely Gómez González en vísperas de las elecciones en Tamaulipas, Veracruz, Oaxaca, Puebla, Durango, Aguascalientes, Zacatecas, Chihuahua, Tlaxcala, Sinaloa, Hidalgo y Quintana Roo, “se vulnera la independencia de una instancia fundamental en la democracia” por lo que “no podemos dejar de manifestar nuestra plena y absoluta inconformidad con la marcha atrás en el proceso democrático de México, pues se toman decisiones unilaterales en instituciones tan importantes y se retrocede en la búsqueda de la democracia”. Además, advirtió que el cambio en la FEPADE “no refleja en lo absoluto ningún síntoma de lo que se nos pidió en el discurso (de Felipe Calderón) de buscar la concordia, la legalidad y el mejor camino de la democracia”.
Murillo sostuvo que el PRI no acepta la versión del vocero de la Procuraduría General de la República, Ricardo Nájera, en el sentido de que la titular de la FEPADE salió “por diferencias de criterio” con el titular de la PGR, Arturo Chávez Chávez, toda vez que “según la información que hemos tenido fue por diferencias con el subsecretario de Gobernación, Roberto Gil, y lo primero que se desprende de esto es la ausencia de independencia que la FEPADE debe tener”. El dirigente priista destacó que “si hay diferencias de criterio por una entidad distinta, se está vulnerado la independencia que es consustancial a la función de la FEPADE, ya que no puede imponerse el criterio político electorero al jurídico, que es el que debe prevaler en esa Fiscalía”.
Cabe destacar que en el tiempo en que estuvo a cargo de Arely Gómez, la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales consignó en tres años a dos mil 146 probables delincuentes o cuatro veces más que los 516 de todo del foxiato. La Fepade reportó un incremento en la obtención de sentencias condenatorias, 513, de inculpados en delitos electorales; tuvo un promedio de 12.21 sentencias por mes. Esta abogada también disminuyó significativamente los asuntos remitidos a la reserva: mil 463 entre 2001 y 2006, contra 272 entre 2007 y 2010; las incompetencias: 936 el sexenio de Fox y Martita, contra 281 en el primer trienio del calderonato; y los no ejercicios de la acción penal: 2 mil 662 entre 2001 y 2006, contra mil 44 de 2007 a 2010.
El fondo de los procesos electorales de este año en el que se renovarán los poderes estatales de más de un tercio de entidades federativas ha sido las constantes acusaciones por violaciones a la legislación electoral entre varios de los partidos contendientes, así como las denuncias de la oposición contra la administración federal por su insistente injerencia en los comicios a favor de los candidatos del Partido Acción Nacional, lo que empuja a que el resultado final de las elecciones en 12 entidades que renovarán a su poder Ejecutivo se determine en los tribunales.
“GUERRA SUCIA”
Los plazos legales para la realización de actividades proselitistas terminó y no fueron respetados por un desesperado Felipe Calderón que todavía intenta acarrear votos a favor del PAN a través de mensajes nacionales en torno a las “buenas noticias” que tiene su administración para el pueblo de México, irregular conducta que si debería de investigar la FEPADE. Sin embargo, no hay legislación ni medios legales que valgan para impedir realmente la “guerra sucia” en las entidades que habrán de renovar poderes en unas cuantas horas:
CONTRA FIDEL
El gobernador de Veracruz, Fidel Herrera Beltrán, advirtió que no tiene “la obligación" de comparecer ante las denuncias presentadas en su contra en la FEPADE por el PAN y PRD por la supuesta comisión de delitos electorales. Subrayó que no tiene por qué comparecer ante ninguna instancia legal dada su investidura que “lo protege” con fuero constitucional. El mandatario rechazó la versión del diputado local Sergio Vaca Betancourt en el sentido de que el amparo solicitado el 25 de junio pasado le fue negado por la justicia federal y, por lo tanto, tendría que presentarse a declarar ante la FEPADE. También refirió que en el asunto de los audios que lo involucran como presunto operador de las campañas priistas, hay una “inutilidad” de los elementos denunciados por sus opositores.
No sólo en el terreno legal se lleva a cabo la disputa por el poder en tierra veracruzana, también en el campo de batalla: un enfrentamiento entre simpatizantes priistas y convergentes en la zona sur de la entidad dejó como saldo una persona muerta y seis más lesionadas. La Procuraduría General de Justicia del Estado reportó que los hechos se registraron en el municipio de Hueyapan de Ocampo, donde se enfrentaron a balazos simpatizantes del PRI y Convergencia, con armas de fuego M1, 9 milímetros y R15. Los agresores se dieron a la fuga.
MAPACHERÍA
En Oaxaca, también el diputado federal priista, Héctor Pablo Ramírez Puga, uno de los coordinadores de campaña del candidato a gobernador por el PRI-PVEM al gobierno de la entidad, Eviel Pérez Magaña, reprobó que a dos días de las elecciones se haya publicado que el abanderado tricolor, cuando fungió como secretario de Obras Públicas de Oaxaca, benefició de manera directa a empresas constructoras de su familia con por lo menos seis licitaciones y una invitación restringida, lo que les reportó ganancias por 40 millones de pesos. El legislador acusó que la línea editorial del periódico “Reforma” de la capital de la República, donde se dio a conocer dicha información, “es manejada por el gobierno federal para darle una mala imagen a Pérez Magaña”. Denunció que “en los últimos tres meses el periódico “Reforma” ha mencionado 167 veces a nuestro candidato descalificándolo, atacando todo lo que huela a PRI, creo que eso marca una línea editorial importante en contra de nuestro candidato”.
Por otro lado, a pesar de que el presidente del Instituto Estatal Electoral, José Luis Echeverría, pidió a Felipe Calderón y al secretario de la Defensa Nacional, Guillermo Galván Galván, que se refuerce la seguridad de la entidad para que los comicios se realicen con tranquilidad, la respuesta de las autoridades ha sido nula. Lo que si les mandaron a los oaxaqueños fue un “ejercito” de funcionarios de la FEPADE para elaborar los expedientes sobre las irregularidades y delitos electorales que se cometan antes, durante y después de la jornada electoral, con lo que se pretende obtener elementos para anular la elección o cambiar el sentido de la votación. En la tierra de Benito Juárez la seguridad de los comicios es uno de los mayores pendientes, toda vez que la policía estatal no tiene presencia en todos los consejos.
En contraparte, también en esa entidad, por fin la Comisión Técnica de Evaluación del Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) de Oaxaca, creada por el Instituto Estatal Electoral (IEEO) validó el funcionamiento del sistema. Tres consejeros electorales y tres técnicos especialistas en informática concluyeron que el programa cumple con los requisitos legales, pero las principales irregularidades denunciadas por la coalición opositora no fueron revisadas, las cuales fundamentalmente se referían a que en los dos simulacros que se realizaron de la jornada electoral, los datos eran inyectados desde la misma computadora central, puesto que en varios distritos y municipios no se contaba con computadoras e Internet.
¿EVASOR?
En Sinaloa, tierra del cártel consentido del panismo, el de Joaquín “el chapo” Guzmán, el dirigente del PRI en la entidad, Cenovio Ruiz Zazueta, y los directivos de la empresa Sukarne, propiedad del candidato de la Alianza “Para Ayudar a la Gente”, Jesús Vizcarra, rechazaron las acusaciones del PAN y PRD de una presunta evasión tributaria por 295 millones de pesos. “Es parte de la guerra sucia de esos partidos en la víspera de las elecciones”, señaló el presidente estatal priista. Por su parte, ejecutivos de Sukarne, aseguraron que “las acusaciones son totalmente falsas y tendenciosas. Sukarne, S. A. de C. V. se encuentra totalmente al corriente de sus obligaciones fiscales… “El documento exhibido como prueba” de sus afirmaciones, es completamente desconocido por Sukarne S.A. de C. V. Invitamos al diputado Juan Figueroa tenga a bien explicar el origen del mismo y la forma en que llegó a su poder”.
También en esa entidad, fue ejecutado Rosario Alejandro Rivera Bobadilla, quien fungía como consejero ciudadano del V Distrito Electoral, con sede en Sinaloa de Leyva. Este funcionario electoral fue atacado el miércoles pasado por la noche cuando viajaba en un auto en compañía de su hermano sobre el boulevar Juan de Dios Bátiz, en la ciudad de Los Mochis.
MIEDO
En Tamaulipas impera el miedo. El presidente del Consejo Municipal Electoral de Reynosa, Francisco Javier Tejeda Sánchez, reportó que más de 160 funcionarios de casilla de ese municipio y de Tampico, registrados para participar en la jornada electoral del próximo 4 de julio, renunciaron a su cargo por la inseguridad que priva en la zona centro de esa entidad fronteriza. La consejera presidente del CME de Tampico, Raquel Nieto, confirmó que fueron más de 100 los funcionaros de casilla que renunciaron a su cargo, situación que genera que se quede sin personal el 5 por ciento de las 442 casillas que serán instaladas para los comicios del domingo.
“NO NOS VAN A QUEBRAR”
Desde su residencia en la ciudad de México y en el marco de la conmemoración del 234 aniversario de la Independencia de Estados Unidos, que se celebrará también el próximo 4 de julio, el embajador Carlos Pascual advirtió ante personajes de la política, del sector empresarial y diplomáticos, que los asesinatos a candidatos a cargos públicos, a personas inocentes y a miembros de las fuerzas armadas y agencias de procuración de justicia, “no van a quebrar en pedazos los compromisos entres los pueblos de ese país y México”. Además, expresó que “en nombre de los Estados Unidos decimos esto al pueblo de México: cuando voten el domingo próximo, ustedes ejercen el más preciado derecho de un ciudadano y los respetamos por ello”.
Cualquier similitud en la conducta y actitud del embajador estadounidense con la actividad de los virreyes españoles no es mera coincidencia.
PREOCUPANTE Y VERGONZOSO
Los últimos días han registrado escenarios verdaderamente vergonzosos para los ciudadanos debido a la actitud asumida por las autoridades del municipio de Benito Juárez (Cancún), Quintana Roo. El ayuntamiento se ha convertido en un auténtico botín del que, como ya hemos referido en estas líneas se han servido un gran número de funcionarios gregorianos, comenzando por el ex tesorero Carlos Trigos Perdomo, por el director de Fiscalización, por el de Protección Civil, y por otroa encargados de las finanzas públicas, que incluyen hasta por omisión complicidad a quienes participan en la jornada electoral el próximo domingo.
Como aquí dimos cuenta en estas mismas líneas, entre Lattifa Musa y Jaime Hernández Zaragoza se desató un enfrentamiento que comenzó con dimes y diretes y que en el presente ya se encuentra en la mesa del Ministerio Público debido a la denuncia que este último presentará contra la señora Musa por supuesta usurpación de funciones. Para los perredistas, ya se ve, Benito Juárez, Cancún, no es sino el punto en donde pueden saquear a sus anchas. Pese al tiempo transcurrido no hay un solo señalamiento en contra de todos aquellos a quienes públicamente se les ha demostrado la comisión de una cadena de delitos.
El enfrentamiento perredista no sólo es vergonzoso sino preocupante porque todavía faltan nueve meses que se antojan demasiado largos para soportar a todas estas malas administraciones que tienen hundidas no solamente las arcas municipales sino que han propiciado latrocinios, inseguridad, asentamiento de mafias y, por qué no decirlo, una degradación tal de los políticos que ya se prevé les afectará fuertemetne en el futuro cercano. Se supone que la solución a este conflicto la tienen en sus manos los regidores; estos miembros del cabildo son los mismos que primero aceptaron, incluso, tomarle una protesta a Hernández Zaragoza para, inmediatamente, señalar que no podría entrar en funciones porque no renunció a su candidatura a la novena regiduría que se votará el próximo 4 de julio.
Por ahora la señora Musa advierte que aún y cuando el cabildo está en sesión permanente no se tomará ninguna decisión hasta después del 4 de julio para no causar males mayores el día de la elección. Sin embargo, Hernández Zaragoza no acepta nada que afecte sus intereses personales y pone el punto de arranque en un nuevo escándalo, en el que aparece la interpretación legal de la cancelación de la licencia solicitada por el preso de Nayarit desde el momento mismo en el que perdió sus derechos políticos y por ende dejo de ser representante popular o presidente municipal de Benito Juárez. Este puede ser el inicio… de un fin.
DE LOS PASILLOS
La Secretaría de la Defensa Nacional informó que el general Felipe de Jesús Espitia fue relevado de la Comandancia de la Quinta Zona Militar, que comprende el Valle de Juárez, en Chihuahua. Espitia asumió ese mando el 18 de enero de 2007, por lo que le tocó encabezar el Operativo Conjunto Chihuahua, que inició en marzo de 2008, con el que se pretendía reducir los niveles de violencia en la entidad, especialmente en Ciudad Juárez, objetivo que no se pudo conseguir. En su lugar fue designado Eduardo Emilio Zárate Landero, quien es general de Brigada y entre otros cargos dentro del Ejército ha sido comandante de las 20 y 27 zonas militares en Colima y Guerrero, respectivamente, así como titular de la Dirección General de Artillería.
Ramón Pequeño, jefe de división del área Antidrogas de la Policía Federal, dio a conocer la captura de Jesús Ernesto Chávez Castillo, alias “el camello”, líder de sicarios de “los aztecas”, grupo al servicio de “la línea”, que es el brazo armado del Cártel de Juárez. Según las investigaciones oficiales, ese sujeto fue quien ordenó el homicidio de una funcionaria del Consulado de EU el pasado 13 de marzo en Ciudad Juárez. De acuerdo con las declaraciones de “el camello”, el ataque contra Lesley Ann Enríquez, su esposa Arthur H. Redelfs, y Jorge Alberto Salcido, se realizó porque facilitaba visas a integrantes del “grupo contrario”, es decir, estaba ligada al narcotráfico.
(lilia_arellano@yahoo.com; www.fuego-cruzado.tv; www.estadodelosestados.com.mx)
Fuente: Indice Político
Difusión: AMLOTV
