AL PUEBLO DE MÉXICO
A LOS PUEBLOS DEL MUNDO
A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN
A LOS ORGANISMOS NO
GUBERNAMENTALES DEFENSORES DE LOS DERECHOS HUMANOS
A LAS ORGANIZACIONES POPULARES Y
REVOLUCIONARIAS
¡HERMANOS, HERMANAS, CAMARADAS!
A diez años de la desaparición
forzada de nuestros camaradas Gabriel Alberto Cruz Sánchez y Edmundo Reyes
Amaya más evidencias confirman que este crimen de lesa humanidad fue perpetrado
por el Estado mexicano a través de su aparato represivo, múltiples son las
pruebas que dan cuenta de este crimen perpetrado el 25 de mayo de 2007 en la
ciudad de Oaxaca, Oaxaca.
La participación directa de
agentes del Estado en la detención desaparición forzada de nuestros compañeros,
al igual que en los cientos de miles de víctimas que existen en el país es
regla, por ser política de Estado.
Son diez años de impunidad en
donde por todos los medios e instituciones al servicio del Estado mexicano se
ha tratado de ocultar este crimen; de acallar las voces que exigen justicia con
infinidad de medidas represivas y actos de terrorismo de Estado; de obstrucción
institucional para evitar que se desenmascare a los responsables de este crimen
de lesa humanidad, sin embargo, la realidad se impone, hoy está demostrado que
fue el Estado mexicano quien desapareció de manera forzada por motivos
políticos a nuestros militantes Gabriel Alberto Cruz Sánchez y Edmundo Reyes
Amaya.
Los responsables directos son
Felipe de Jesús Calderón Hinojosa jefe supremo de las Fuerzas Armadas del 2006
al 2012, Ulises Ruíz Ortiz Gobernador del Estado de Oaxaca y jefe de los grupos
policíacos y parapolicíacos que operaron bajo su mandato, así como todos
aquellos quienes personificaron la cadena de mando de las diferentes
estructuras policíacas y militares.
El actual ejecutivo federal es
copartícipe de este crimen por continuar la política dilatoria y burocrática
con la que se garantiza impunidad a los responsables materiales e
intelectuales; por seguir instrumentando medidas dictatoriales que se proponen
anular resoluciones de instancias de procuración de justicia y revictimizar a
los familiares de los desaparecidos, lo cual comprueba una vez más que en
México la desaparición forzada por motivos políticos o sociales es política de
Estado que se aplica de manera transexenal.
Los múltiples actos de represión,
los cientos de miles de asesinatos, ejecuciones extrajudiciales y
desapariciones forzadas a lo largo y ancho de todo el país develan que: en
México el terrorismo de Estado va en ascenso; es el proceder y práctica de los
cuerpos represivos; la cúpula militar aparte de ser responsable es mentirosa y
criminal; la detención-desaparición forzada y ejecuciones extrajudiciales las
cometen los agentes del Estado, prácticas inhumanas y crímenes de lesa
humanidad que independientemente de quien las perpetre es con la aquiescencia
del Estado.
A diez años de la
detención-desaparición forzada de nuestros camaradas Gabriel Alberto Cruz
Sánchez y Edmundo Reyes Amaya reiteramos nuestra exigencia de su presentación
con vida y en libertad, juicio y castigo a los responsables materiales e
intelectuales de este crimen de lesa humanidad. Gabriel y Edmundo son
revolucionarios, hijos del pueblo, que aún en las mazmorras del aparato
represivo y la tortura física y psicológica mantienen en alto la causa de la
emancipación popular.
También en diez años ha sido
generosa la solidaridad del pueblo mexicano al hacer suyas las banderas de la
presentación con vida de los desaparecidos de ayer y hoy, a pesar de la
dictadura de opinión, la represión y el constante hostigamiento. Nuestro
sincero agradecimiento a quienes han brindado la solidaridad a los familiares
de nuestros compañeros y aquellos que han coadyuvado en pro de la verdad y
justicia para el caso de estos dos revolucionarios.
Son cientos de miles las víctimas
del terrorismo de Estado, sin embargo, los propósitos de tal política criminal
no se han consumado, hoy a lo largo y ancho del país la protesta popular en la
exigencia de la presentación de sus seres queridos no cesa, resuena por
doquier.
Hasta ahora los esfuerzos por la
justicia y la verdad son dispersos, cada cual clama justicia por sus víctimas a
pesar de que los responsables tienen una misma matriz, el Estado y su aparato
represivo, quien aplica el terror al pueblo como forma de gobernar, realidad
que exige marchar en unidad.
Si las víctimas del terrorismo de
Estado son del pueblo, la solidaridad entre hermanos de clase debe ser
incondicional, punto de partida para poder arribar a la unidad que es
fundamental para hacer frente a la violencia institucional que impone la junta
administrativa a petición de la oligarquía.
Si el terrorismo de Estado es un
cáncer que aqueja a todo el pueblo, debe ser erradicado de raíz con la
combinación de todas las formas de lucha, con el desarrollo de combate y
resistencia popular. A mayor violencia institucional mayor dinamismo con
creatividad en la autodefensa popular.
Si la justicia es negada por las
instituciones burguesas, el pueblo y sus organizaciones tienen el inalienable
derecho de procurarla y ejercerla por todos los medios y formas que él
disponga, porque crímenes como estos atentan contra la humanidad.
No olvidamos ni cejamos en
nuestra exigencia y motivos de lucha, desde la trinchera de la lucha armada
revolucionaria el PDPR-EPR seguiremos desplegando iniciativa y fuerzas por la
presentación con vida y en libertad de nuestros camaradas, por todos los detenidos
desaparecidos de ayer y hoy, por las causas populares, la emancipación total de
los oprimidos y explotados para garantizar el futuro de la humanidad con el
socialismo.
¡VIVOS SE LOS LLEVARON, VIVOS LOS
QUEREMOS!
¡JUICIO Y CASTIGO A LOS
CRIMINALES DE ESTADO!
¡LIBERTAD A TODOS LOS PRESOS
POLÍTICOS!
¡POR LA REVOLUCIÓN SOCIALISTA!
¡VENCER O MORIR!
¡POR NUESTROS CAMARADAS
PROLETARIOS!
¡RESUELTOS A VENCER!
¡CON LA GUERRA POPULAR!
¡EL EPR TRIUNFARÁ!
COMITÉ CENTRAL DEL PARTIDO
DEMOCRÁTICO POPULAR REVOLUCIONARIO
PDPR
COMANDANCIA GENERAL DEL EJÉRCITO
POPULAR REVOLUCIONARIO
EPR
Año 53.
República mexicana, a 25 de mayo
de 2017.
