Miguel Ángel
GRANADOS CHAPA
El decálogo de Calderón
Quizá la reacción más elocuente y sincera ante el mensaje del presidente Calderón con motivo de su Tercer Informe de Gobierno fue la serie de bostezos del Gobernador del Banco de México. Olvidado de las buenas maneras que sin duda le enseñaron en su infancia, Guillermo Ortiz Martínez no siempre se cubría discretamente la boca al expresar de ese modo su cansancio o aburrimiento ante el discurso con que el 2 de septiembre el Ejecutivo pretendió inaugurar una nueva etapa histórica del país cuando ni siquiera se trata del comienzo de su segundo trienio (que empezará dentro de tres meses).
Presente en los medios a lo largo de todo el año, Calderón se mostró al público de modo intenso en las dos semanas recientes. Antes del 1 de septiembre apareció en spots donde sintetiza los logros de su administración. Empleó para difundirlos el tiempo oficial de que es beneficiario principal. (Él personalmente ocupa más de la mitad del espacio reservado a la administración pública. Entre septiembre de 2008 y agosto pasado, el Centro de Producción de Programas Informativos (Cepropie) de la Presidencia de la República grabó y difundió 982 actos de Calderón, cerca de tres al día en promedio, y 191 giras nacionales e internacionales. Con ello se asegura su presencia constante en la información televisiva, factor que cuenta de modo relevante en la construcción de su imagen y la aprobación ciudadana a su tarea). El 2 de septiembre en cadena nacional emitió el mensaje referido, y en los dos días siguientes se hizo entrevistar por separado por un grupo de comunicadores preferidos por su oficina de comunicación social quién sabe con qué criterios, no el de su mayor alcance porque de ser así Carmen Aristegui hubiera contado entre los escogidos, pues en sólo seis meses se puso a la cabeza en las mediciones del público que escucha noticiarios radiales matutinos en el Distrito Federal.
Está por conocerse el efecto práctico de esa profusa difusión en los grupos de poder a que se dirigió el miércoles pasado. Las que se han expresado son opiniones generales de asentimiento y aún de coincidencia que a nada comprometen. Las propuestas sintetizadas en el decálogo que constituyó la parte medular de ese mensaje que requieren para su concreción ser convertidas en proyectos de ley, demorarán en ser presentadas ante el Congreso. Sólo entonces, y durante su discusión, se comprobará la eficacia del llamado presidencial.
Las diez propuestas son de muy diverso rango, y casi todas requieren despliegue y explicación sobre su sentido y alcance. Hace falta asimismo establecer los nexos entre ellas para que no resulten incongruentes y aún contradictorias. Veámoslas una a una:
«1 Destinar toda la fuerza y recursos del estado para frenar el crecimiento de la pobreza». Para ello, Calderón propondrá «un presupuesto que no reduzca en el combate a la pobreza y que lo blinde para evitar desvíos en cualquier orden de gobierno». Esas finalidades sólo pueden ser elogiadas, pues la mayor lacra en el desarrollo humano de nuestro país es la inequidad, que se acentúa por el empobrecimiento creciente de cada vez más amplias capas de la población. Para ese efecto se requieren recursos de que no dispone el Gobierno Federal, a causa de su propio dispendio en el gasto, su incapacidad para aumentar el ingreso y su vacilación ante el dilema de proponer mayor recaudación a partir de nuevos o generalizados gravámenes que pueden resultar en mayor pauperización de los gobernados. Por lo demás, causa erisipela la expresión «toda la fuerza del estado» dirigida en este caso contra la pobreza, pues se ha vuelto una frase desafortunada por la frecuencia con que se anunció su ejercicio sin conseguir resultado alguno».
«2. Alcanzar la cobertura universal de salud». Para lograrla se requieren recursos de los que ahora escasean, y acuerdo sobre el funcionamiento del seguro popular y el universal, que presuntamente protege a todo nacido en México a partir del 1 de diciembre de 2006. Por lo demás, Calderón ya había propuesto alcanza aquella meta en el 2030, como consta en el Programa Nacional de Salud. El que la incluya en este decálogo, que presumiblemente tienen carácter de urgencia, ¿supone un acortamiento radical del plazo? ¿O simplemente se le menciona confiando en la desmemoria social, que ha olvidado que el propósito está ya planteado para hacerse realidad dentro de 21 años?
«3.- Alcanzar una educación de calidad y superar el marasmo de intereses a fin de que la educación sea la puerta grande para salir de la pobreza». A menos que el redactor del discurso presidencial ignore el significado de la palabra marasmo, emplearla en este contexto significaría una denuncia, y hasta una ruptura con «los intereses» que impiden que la educación conduzca a salir de la pobreza. En sentido figurado, marasmo se refiere a una «suspensión, paralización o inmovilidad en lo moral o en lo físico» y, aplicada al caso resulta un diagnóstico de la situación educativa –suspendida, paralizada, inmóvil– que debe ser superada, es decir alejada de la influencia del sindicato magisterial y su presidenta, tenidos casi universalmente como causantes del deterioro y el frenamiento de la educación. Si no se trata de eso, entonces este enunciado es hueco, el tipo de afirmación con la que nadie puede estar en desacuerdo por su obviedad.
«4- Una reforma profunda a las finanzas públicas para hacer más con menos. El gobierno será el primero en poner el ejemplo en la racionalidad del gasto. El gobierno no pedirá un esfuerzo que él mismo no haya hecho antes. Además, lograr reformas para reducir la evasión fiscal, tener una mayor recaudación aumentando la base gravable». Respecto del futuro inmediato, pasado mañana sabremos qué propone Los Pinos a este respecto, cuando presente sus proyectos de política fiscal. Respecto del pasado inmediato, tenemos evidencia de que el recorte presupuestal por 50 mil millones de pesos para concluir el ejercicio de 2009 no ha correspondido con el dispendio presidencial: en el primer semestre de este año, la Presidencia de la República gastó 361 millones de pesos por encima de lo autorizado, y además adquirió dos helicópteros sin atenerse a los requisitos fiscales correspondientes».
«5- Una reforma económica de fondo para lograr una economía no competitiva, lo que implica una nueva generación de reformas el sector energético. El objetivo es una transformación de raíz en contra de los privilegios y a favor de la transparencia. Una segunda generación de reformas en materia petrolera». Como en la exposición de otros propósitos del decálogo de Calderón, en este se mezclan materias disímbolas: la competitividad no depende sólo, y quizá ni principalmente, de la energía, por lo cual no queda claro el sentido de enunciar juntas esas materias. En este punto, además, se percibe una vez más la coartada que varias veces esgrimió Fox y que blande también Calderón. Con la denuncia, explícita o tácita, de falta de colaboración del legislativo (que en materia petrolera ciertamente no se avino a la propuesta de Calderón presentada en abril del año pasado) el Presidente esconde su propia parsimonia: apenas el viernes publicó el reglamento a la ley de Petróleos Mexicanos, aprobada en el Congreso hace 11 meses».
«6. Una reforma al sector de telecomunicaciones para lograr la competencia y la convergencia». Con una «c» adicional, la de cobertura, Calderón ofreció las dos «ces» a las que ahora vuelve, desde que era Presidente electo, en octubre de 2006. Sin embargo, ha mantenido en la parálisis a ese sector. No ha cumplido esa meta pese a que dispone de los instrumentos administrativos para lograrla».
«7. Una reforma laboral que fortalezca los derechos de los trabajadores». Esa no es la que promueve el Secretario del Trabajo, sino al contrario una que disminuya tales derechos».
«8.- Una reforma regulatoria de fondo que permita contar con una regulación con base cero que facilite la vida a las ciudadanos». ¿Usted entiende de qué se trata? Yo tampoco.
«9. Profundizar y ampliar la lucha frontal contra el crimen organizado». Como si este propósito hubiera sido conseguido, de ser la prioridad principal ahora pasa al noveno lugar».
«10.-Emprender una reforma política de fondo que incluye a la electoral». Esperemos a ver de qué se trata.
El pasado presente.- Anteayer viernes se cumplieron 40 años de la inauguración del Sistema de Transporte Colectivo, el Metro de la ciudad de México. Su puesta en funcionamiento el 4 de septiembre de 1969, con las luces propagandísticas que ello trajo para el jefe del gobierno del Distrito Federal, general y licenciado Alfonso Corona del Rosal, se inscribió rápidamente en el tenso ambiente político mexicano, principalmente en torno de la sucesión presidencial.
Después de la matanza de Tlatelolco, no faltaron brotes de violencia política en la capital. Estallaron bombas sin producir nunca la muerte de nadie. Se consumaron secuestros de aviones que las más de las veces fueron llevados a Cuba, con cuyo gobierno se habían complicado las relaciones diplomáticas. En el propio septiembre en que fue inaugurado el Metro, tronaron petardos en Gobernación, Televicentro, la Procuraduría del Distrito Federal y en el periódico El Sol de México. Acaso fueron colocados allí para privar de singularidad el ataque, también con potentes explosivos, al edificio del diario Excélsior, con el que el gobierno del presidente Díaz Ordaz mantenía una rasposa y distante relación.
El 4 de junio de aquel año murió en un accidente de aviación el antiguo líder nacional del PRI, Carlos Alberto Madrazo, que había roto con el presidente Díaz Ordaz pero no se decidió a hacerlo también con el régimen y demoró la creación de un partido a que lo urgían diversos sectores de la sociedad. Sus allegados explicaron que Madrazo confiaba en que el sucesor de Díaz Ordaz fuera el secretario de Hacienda, Antonio Ortiz Mena, en cuyo caso él volvería al seno del partido gubernamental.
Era remoto que Ortiz Mena, que se ocupaba de las finanzas nacionales ya por más de diez años, pudiera llegar a la Presidencia en aquella coyuntura. Sus brillantes cartas credenciales, como autor de la política económica conocida como desarrollo estabilizador no eran las necesarias en aquel momento en que, si bien soterrada por la conmoción que produjo la matanza del 2 de octubre de 1968 en algunas porciones de la población, había una tensión social que requería ser manejada por un político. Al menos así lo entendía Díaz Ordaz, que debía legar el poder a alguien que le asegurara no sólo continuidad en su trato a las rebeliones civiles sino protección a su persona, ya que él mismo se había atribuido la responsabilidad directa de los graves sucesos de 1968.
En ese marco, eran tres los miembros del gabinete que parecían reunir las condiciones establecidas por el jefe de todos, Díaz Ordaz. Eran el secretario de la Presidencia, un médico que reviviría años después de su fracaso en esta coyuntura, Emilio Martínez Manautou, a quien se aproximaron algunos políticos universitarios como Henrique González Casanova y Gastón García Cantú; el secretario de Gobernación, Luis Echeverría Álvarez apoyado por el aparato burocrático tradicional y algunos jóvenes políticos como Mario Moya Palencia y su Plataforma de profesionales mexicanos; y el regente de la ciudad de México, Corona del Rosal, que si bien se había retirado del Ejército era visto en los círculos militares como la encarnación de la posibilidad de recuperar el prestigio perdido en los lances violentos a que lo había arrojado el Presidente.
Corona del Rosal nació en 1906 en Ixmiquilpan, Hidalgo, en el valle del Mezquital. Apenas concluida su educación elemental ingresó al Colegio Militar, donde se graduó como subteniente de caballería y al que volvería años después como profesor de moral militar. Participó en acciones de guerra durante las últimas rebeliones castrenses, vencidas por el Ejército federal en que hizo carrera hasta llegar a capitán a mediados de los años treinta, en que se interesó en la política. Para fortalecer su participación en ella, cursó la carrera de derecho en la Universidad Nacional. Fue subsecretario de acción militar en el Partido de la Revolución Mexicana (que tenía un sector militar junto con el obrero y el campesino), hijo del PNR y padre del PRI Vinculado a su paisano Javier Rojo Gómez, gobernador de Hidalgo durante el periodo cardenista, fue elegido diputado por el quinto distrito de su entidad natal en 1940. Tres años después, al concluir su periodo en la Cámara, Rojo Gómez lo hizo su secretario particular y lo impulsó al Senado, a donde llegó en 1946, a la XL Legislatura en que coincidió con López Mateos y Díaz Ordaz. Fue líder del PRI en el DF durante la campaña de Ruiz Cortines, que lo hizo director del Banco Nacional del Ejército y la Armada y después gobernador de Hidalgo. Permaneció allí menos de dos años, pues López Mateos le confió la presidencia nacional del PRI. Tras su triunfo, Díaz Ordaz lo hizo secretario del Patrimonio Nacional y luego sucesor de Ernesto P. Uruchurtu en el gobierno capitalino.
Pese a que su carrera era la más completa, Echeverría fue el escogido para suceder a Díaz Ordaz.
