Asesinan a Marisela Escobedo Ortiz, defensora de los derechos de las mujeres de Ciudad Juárez, mientras exigía pacíficamente que se cumpliera la sentencia en contra del asesino de su hija, Rubí Marisol Frayre Escobedo
Difusión Cencos México D.F., 17 de diciembre de 2010
Pronunciamiento
OSC de DH Nacionales e Internacionales
Ayer, 16 de diciembre de 2010, un grupo de hombres llegó a la plaza principal de la ciudad de Chihuahua, y se acercó a Marisela Escobedo Ortiz, quien desde hacía 8 días se manifestaba pacíficamente, exigiendo la actuación de las autoridades para detener al asesino de su hija Rubí. Ella corrió buscando refugio al Palacio de Gobierno, a sus puertas, uno de los hombres le disparó a la cabeza y la asesinó.
La causa de este asesinato, es la cultura de discriminación y violencia contra las mujeres que el Estado mexicano ha sostenido en las últimas dos décadas en Ciudad Juárez y en Chihuahua. Durante los últimos 27 meses la actividad central de Marisela fue exigir justicia por el asesinato de su hija, denunciar a las autoridades cómplices y negligentes del feminicidio, y demandar al sistema de justicia para que efectivamente garantice el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia.
El 28 de agosto de 2008, ante el asesinato de su hija Rubí, Marisela comenzó los trámites correspondientes para su denuncia y para que las autoridades actuaran conforme a derecho, pues se tenía claras sospechas de quien podía haber sido el asesino.
Rubí Marisol, de 19 años, fue asesinada en Ciudad Juárez por su pareja, Sergio Rafael Barraza, con quien tenía una hija. Barraza Bocanega ejerció violencia desde el inicio de la relación, misma que incrementó hasta que la asesinó, quemó y tiró en un basurero clandestino y cementerio de cerdos. Huyó al estado deZacatecas, confiado en que después de un tiempo su crimen quedaría impune, como los cientos de otros asesinatos de mujeres en Ciudad Juárez. Su crimen no fue investigado, posteriormente fue absuelto por los tribunales y finalmente, ya que se había dado a la fuga, encontrado culpable mediante un juicio de casación.
Ante las graves irregularidades y omisiones de las autoridades en las investigaciones ministeriales, Marisela tuvo la tenacidad de buscar, siempre dentro del marco de la ley, las pruebas de los hechos. Sergio Rafael Barraza, personalmente y ante ella, ubicó el lugar exacto donde había depositado a su víctima, confesó su crimen y pidió perdón en la audiencia de juicio oral que se realizó. Sin embargo, el 29 de abril de 2010, las y los jueces Catalina Ochoa Contreras, Netzahualcóyotl Zúñiga Vázquez y Rafael Baudib Jurado decidieron absolverlo.
El hecho estremeció a Ciudad Juárez y a Chihuahua. Las familias de las víctimas y las organizaciones civiles locales, acompañadas por organizaciones e instancias nacionales e internacionales, desde 1993 han documentado el feminicidio, denunciado la negligencia y complicidad de las autoridades y han realizado un trabajo constante de propuestas y acciones para que las instituciones del Estado actúen de acuerdo a sus obligaciones con la ciudadanía. Justo unos meses antes se había tenido un logro importante en ese sentido. En diciembre de 2009, la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó a México por las desapariciones, violencia sexual y homicidios de mujeres en Ciudad Juárez. El Estado mexicano había argumentado en el juicio interamericano que el nuevo sistema de justicia en Chihuahua ya no repetía la impunidad de las décadas anteriores. El asesinato de Rubí y la impunidad ante la contundencia de las pruebas, hizo evidente que la situación en Ciudad Juárez y Chihuahua era peor que en cualquier año anterior.
Durante este año 2010, cada 24 horas una mujer ha sido asesinada en el estado de Chihuahua por razones principalmente vinculadas al hecho de ser mujer. Una cifra sin precedentes en la que la gran mayoría de los casos está en total impunidad.
La Corte Interamericana también reconoció que existe un hostigamiento y agresión sistemática contra las familias y defensoras que exigen justicia por estos casos, y condenó a México por no garantizar su protección, dejar los hechos en la impunidad y por no reparar los daños.
Marisela Escobedo Ortiz, exigió justicia siempre de una manera pacífica. Utilizó sus propios recursos, económicos y vitales, para realizar el trabajo que las autoridades no cumplían. Realizó todas las investigaciones para conocer la verdad y dar con el asesino de su hija. Caminó desde Ciudad Juárez a Chihuahua para que el Gobernador del estado, en ese momento José Reyes Baeza, mandatara las acciones necesarias para detener al asesino. Ante la absolución de Sergio Rafael Barraza, realizó el juicio de casación y logró que en dicha sentencia se condenaraal asesino. Sin embargo, como no se dictó arraigo él volvió a huir y desde su fuga comenzó a amenazar a Marisela.
En julio de este año, ella se instaló en la Alameda Central de la Ciudad de México para exigir al Presidente, Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, que buscaran y detuvieran al asesino. En septiembre acudió al Encuentro Nacional Feminista que se realizó en Zacatecas y ahí pidió que las autoridades que buscaran a Barraza, pues se tenían indicios de que se encontraba en esa entidad. En noviembre de este año presentó testimonio ante la Misión Internacional por el Acceso a la Justicia de las Mujeres.
Ella afirmaba, que mientras no se detuviera al asesino de Rubí y a todos los demás asesinos de mujeres, éstos seguirían cometiendo dichos crímenes. Su conciencia de la necesidad de realizar medidas para que los hechos no se repitieran permitió que en el estado de Chihuahua, se instalara la Comisión Investigadora para el caso Rubí, con el fin de detectar los errores en el proceso y tomar medidas en el sistema judicial para que no se repitiera la impunidad. Sin embargo, todo quedó paralizado ante el cambio de gobierno estatal y municipal. Marisela protestaba ayer porque el nuevo gobernador, Cesar Duarte Jáquez, no había realizado ninguna acción respecto de su hija -y demás mujeres desaparecidas y asesinadas- pero sí había movilizado todo el aparato de procuración de justicia para familiares de funcionarios de alto nivel del Estado.
Las organizaciones firmantes continuaremos la voz y demanda de Marisela:
En su memoria decimos que no queremos más simulación por parte de las autoridades.
Exigimos fin al feminicidio y a la impunidad.
Demandamos que se cumplan todas las disposiciones de la Sentencia Campo Algodonero, en la que la Corte Interamericana especifica acciones para prevenir, investigar y sancionar debidamente las desapariciones, violencia sexual y homicidios en contra de mujeres, así como investigar y sancionar a quienes realizan los hostigamientos y agresiones en contra de las familias y organizaciones que buscan justicia por dichos hechos.
Siguiendo a la Corte Interamericana, exigimos se garantice la integridad y seguridad para todos los familiares de víctimas de desaparición, violencia sexual y homicidios de mujeres, es decir, del feminicidio. Esto implica una atención integral, la investigación de los hechos y la debida reparación de los daños, de manera urgente para la familia Frayre Escobar.
Ante el gravísimo incremento de violencia en contra de las defensoras de derechos humanos, responsabilizamos al Estado mexicano de cualquier otro acto en su contra, pues hasta la fecha no ha investigado, ni a realizado las acciones básicas para garantizar su vida y su integridad. En ello se incluye a los cuerpos de seguridad pública de los tres ámbitos de gobierno –federal, estatal y municipal- que desde 2008 tienen ocupada Ciudad Juárez y el estado de Chihuahua, sin que ello se haya traducido en una mejora para la seguridad de las mujeres.
• Denunciamos que en el actual debate para aprobar el presupuesto estatal de Chihuahua no se han incorporado recursos para implementar Ley estatal por el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, ni para cumplir con la Sentencia de Campo Algodonero.
Marisela Escobedo Ortiz, fue una defensora de derechos humanos que a partir del crimen contra su hija movilizó a personas y organizaciones, a instituciones y poderes para acabar con el feminicidio, siempre a través de fortalecer las instituciones de justicia, de acciones ciudadanas y democráticas. Su asesinato revela la desprotección criminal que el Estado mexicano sostiene contra las defensoras y su falta de voluntad efectiva para garantizar a las mujeres una vida libre de violencia.
Red Mesa de Mujeres de Ciudad Juárez A.C. (www.mesademujeresjuarez.org // www.campoalgodonero.org.mx) Mujeres por México, Chihuahua A.C. Comisión de Solidaridad y Defensa de los Derechos Humanos, A. C. Observatorio Ciudadano de Derechos de las Mujeres, Academia Mexicana de Derechos Humanos, Cátedra UNESCO de derechos Humanos de la UNAM, Laura Gutiérrez (MUGAC, Baja California, Tecate), Silvia Vázquez Camacho (Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos A.C., Baja California, Tijuana), Blanca Mesina (Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos A.C., Baja California, Tijuana), Blanca Isabel Martínez Bustos (Centro Diocesano para los Derechos Humanos Fray Juan de Larios A.C., Coahuila, Saltillo), María Luisa García Andrade (Nuestras Hijas de Regreso a Casa A.C, Chihuahua, Ciudad Juárez), Ileana Espinoza (Red Mesa de Mujeres Chihuahua, Ciudad Juárez), Verónica Corchado (Pacto por la Cultura, Chihuahua, Ciudad Juárez), Imelda Marrufo (Red Mesa de Mujeres de Ciudad Juárez A.C., Chihuahua, Ciudad Juárez), Emilia González (Comisión de Solidaridad y Defensa de los Derechos Humanos, A. C., Chihuahua, Ciudad Juárez), Lucha Castro Rodríguez (Centro de Derechos de las Mujeres A.C. Chihuahua, Ciudad Juárez), Martha Graciela Ramos Carrasco (Mujeres por México en Chihuahua A.C., Chihuahua, Ciudad Juárez), Margarita Guadalupe Martínez Martínez (ENLACE, Comunicación y Capacitación, A.C., Chiapas), Martha Figueroa (Grupo de mujeres de San Cristóbal de las Casas A.C., Chiapas, San Cristobal), Diana Damián (Municipio Autónomo Zapatista, Chiapas), Ana Karen López Quintana (Tamaulipas Diversidad y VIHDA Trans A.C., Tamaulipas, Tampico), Alicia Leal Puertas (Alternativas Pacíficas A.C., Nuevo León, Monterrey), Consuelo Morales (Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, A.C., Nuevo León, Monterrey), Angélica Araceli Reveles Soto (CLADEM- México, Jalisco, Guadalajara), Guadalupe López García (Lesbianas en Patlatonalli A. C., Jalisco, Guadalajara), Dora Ávila (Centro para los derechos de la Mujer Nääxwiin, Red Nacional de Promotoras y Asesoras Rurales, Oaxaca, Matías Romero), Beatriz Teresa Casas Arellanes (BARCA, Oaxaca), Emelia Ortiz García (Campaña “Si no están ellas no estamos todas”, Oaxaca, Región Triqui), Beatriz Hernández (Círculo Profesional para la Formación con Equidad de Género ¡Ndudxa Ndandi!, Oaxaca, Tlaxiaco), Edita Alavez Ruiz (UNOSJO, Mujeres Organizadas Yuubani, Oaxaca, Guelatao), Ana María Hernández (Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad Oaxaca, Oaxaca), Theres Hoechli (Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad Oaxaca, Oaxaca), Yessica Maya Sánchez (Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad Oaxaca, Oaxaca), Nadia Altamirano Díaz (Comunicación e Información de la Mujer AC., Oaxaca), Leticia Burgos (Red Feminista Sonorense, Sonora, Ciudad Obregón), Sandra Peniche (Servicios Humanitarios en Salud Sexual y Reproductiva, Yucatán, Mérida), Espinoza Núñez (Zacatecas), Nora Isabel Bucio Nava (Comunicación e Información de la Mujer AC., Morelos, Cuernavaca), María del María del Montserrat Díaz (Colectivo Feminista de Xalapa A.C., Veracruz, Xalapa), Ofelia Cesareo Sánchez (Coordinadora Guerrense de Mujeres Indígenas y Afromexicana, Guerrero, Chilpancingo), Silvia Castillo Salgado (Instituto Guerrerense de Derechos Humanos A.C., Guerrero, Chilpancingo), Obtilia Eugenio Manuel (OPIM, Guerrero), Andrea Eugenio Manuel (OPIM, Guerrero), Soledad Eugenio (OPIM, Guerrero), Cristina Hardaga Fernández (Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Guerrero, Tlapa), Carolina Cantú (Coordinadora Guerrense de Mujeres Indígenas y Afromexicanas, Guerrero, Tlacopa), Georgina Vargas Vera (Centro de Derechos Humanos Victoria Díez A.C. Guanajuato, León), Verónica Cruz (Las Libres A.C. Guanajuato, León), María Trinidad Ramirez (Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, Estado de México, San Salvador Atenco), Martha Perez (Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, Estado de México, San Salvador Atenco), Clemencia Correa (D.F.), Yunuhen Rangel (Comunicación e Información de la Mujer AC., DF), Lucía Lagunes Huerta (Comunicación e Información de la Mujer , DF), Cirenia Celestino Ortega (Comunicación e Información de la Mujer , DF), Alejandra Ancheita Pagaza (Proyecto Derechos Económicos Sociales y Culturales, DF), Elga Aguilar (Comité Cerezo México, DF), Eréndira Cruz Villegas Fuentes (Incide Social, Frente de Protección a Periodistas, DF), Dolores González (Serapaz, DF), Tania Ramírez Hernández (HIJOS, DF), Josefina Chávez (Cuadernos Feministas, PRT, DF), Andrea de la Barrera Montppellier (Red Mesa de Mujeres de Ciudad Juárez A.C., DF), Marusia López (Asociadas por lo Justo, D.F.), Andrea Medina Rosas (Red Mesa de Mujeres de Ciudad Juárez A.C., D.F.), Orfe Castillo (D.F.), Laura García Coudurier (Sociedad Mexicana Pro Derechos de la Mujer AC, D.F.), Erika González (Sociedad Mexicana Pro Derechos de la Mujer AC, D.F.), Carmen Morales (Sociedad Mexicana Pro Derechos de la Mujer AC, D.F.), Alejandra González (Tlachinollan, D.F.), Irma Estrada Martinez (Tribunal Internacional de Conciencia, DF), Aline Castellanos Jurado (México, Consorcio Oaxaca A.C.), Cecilia Espinosa Martínez (México, Red Mesa de mujeres de Cd. Juárez),
Internacionales:
Adelay Carias (Honduras, Feministas en Resistencia), Alejandra Nuño (Costa Rica, Centro por la Justicia y en Derecho Internacional-CEJIL), Amandine Fulchiron (Guatemala, Actoras del Cambio), Ana Ixmucané Gatica (Guatemala, Comité de Unidad Campesina), Lucía Morán Vásquez (Guatemala, Mujeres Transformando el Mundo), Carmela Curup Chajon (Guatemala, Asociación de abogadas Mayas), Claudia Hernández Cruz (Guatemala, Fundación Sobrevivientes), Claudia Acevedo (Guatemala, LESBIRADAS), Claudia Spellmant Medina (Honduras, Colectivo III/RedLacTrans), Claudia Samayoa (Guatemala, UDEFEGUA), Daysi Flores (Honduras, Jass Mesoamérica/ Petateras/Feministas en Resistencia), Dora Ruano (Guatemala, Frente Nacional de Lucha -FNL), Erika Guevara (USA, Global Fund For Women), Evelyn García (Guatemala, Centro para la Acción Legal en Derechos Humanos), Evelyn Morales Pineda (Guatemala, Mujeres Tierra Viva), Gilda Rivera Sierra (Honduras, Centro de Derechos de Mujeres), Gladys Lanza Ochoa (Honduras, Movimiento de Mujeres por la Paz “Visitación Padilla”), Inmaculada Barcia (España, AWID), Jacqueline Nolley Echegaray (USA/Peru, Just Associates -JASS), Lisa VeneKlasen (USA, Just Associates -JASS), Luisa Pérez Herrán (Nicaragua, Grupo Venancia), Aleyda Terán (Panamá, Alianza de Mujeres/ Codim/Petateras), Lydia Alpizar (Costa Rica/ México, AWID), Mariana Moisa (El Salvador, Mujeres Solidarias/ Colectiva feminista), Marleni del Carmen Ortiz (El Salvador, Asociación para el Desarrollo y Defensa de la Mujer-APDM), Marta María Blandón (Nicaragua, IPAS), Mary Jane Real (Philippines, Women Human Rights Defenders International Coalition), Morena Herrera Argueta (El Salvador, Alianza Feminista Centroamericana /Colectiva Feminista para el Desarrollo Local), Nohelia Nuñez Licona (Honduras, Plataforma de DH de Honduras / E.DEF.), Olga Lorena Lobos Cruz (Guatemala, Asociación de Mujeres de Petén Ixqik), Patricia Orozco Andrade (Nicaragua, Campaña 28 de Septiembre), Patricia Ardón (Guatemala, Sinergia Nój/ JASS/ Petateras), Patricia Guerrero Acevedo (Colombia, Liga de Mujeres Desplazadas), Paz Arau Picado (Nicaragua, Grupo Venancia), Ruth Polanco (El Salvador, Las Dignas), Silvia Ivethe Juárez (El Salvador, ORMUSA), Tara Madden (Irlanda, Front Line), Yanira Argueta (El Salvador, Asociación para la Autodeterminación y Desarrollo de Mujeres Salvadoreñas), Yanira Tobar Márquez (Guatemala, Mujeres en Superación/Red Trasex).
17 de diciembre de 2010 Ciudad Juárez, Chihuahua, México.
viernes, 17 de diciembre de 2010
Asesinan a Marisela Escobedo Ortiz, defensora de los derechos de las mujeres de Ciudad Juárez
En las “próximas horas” habrá enfrentamientos y bloqueos, advierte La Familia Michoacana
La organización “recomienda” no viajar por carretera en los próximos ocho días
REDACCIÓN
En un nuevo mensaje difundido ayer, la agrupación autodenominada La Familia Michoacana anuncia que “ahora sí la batalla comienza” y que en las “próximas horas” habrá “enfrentamientos, bloqueos y guerrillas”.
También advierte que el gobierno federal tiene hasta el 24 de diciembre para responder a su propuesta “de paz para el estado” y si la respuesta es negativa –apuntan– “comenzaremos el año (2011) en guerra”.
Asimismo, el comunicado sostiene: “muy pronto llenaremos de nuestro personal al estado de Michoacán (se recuperará cada uno de los territorios que nos fueron arrebatados y se asesinará a todos aquellos que ofendieron a La Familia Michoacana), así que ni el gobierno nos parará ni los (otros)cárteles”.
Más adelante el grupo, encabezado por Jesús Méndez Vargas, El Chango, y por Servando Gómez Martínez, La Tuta, enumera las ciudades en que llevará a cabo sus acciones, entre las que destacan Morelia, Apatzingán, Zamora, Lázaro Cárdenas, Pátzcuaro, Uruapan, Zitácuaro y Sahuayo. Y especifica los bares, centros nocturnos, antros y cafeterías de la capital michoacana que podrían ser escenario de algún enfrentamiento.
“Nuestra organización está realizando redadas nocturnas en establecimientos y en calles públicas, por lo que les recomendamos que si no tienen a qué salir a la calle, mejor permanezcan en sus hogares”, subraya el documento hecho llegar a los medios de comunicación de la entidad y distribuido en un masivo volanteo en la mayoría de las ciudades del estado, según se reportó.
En sus instrucciones y recomendaciones a la población, La Familia dice que lo más conveniente para la gente es no salir a la calle después de las 21:30 horas en las ciudades mencionadas y alerta que los mayores enfrentamientos se darán en las carreteras, por lo que “lo más recomendable para los michoacanos” es permanecer en sus localidades y evitar viajar en los próximos ocho días, a riesgo de quedarse atrapados en algún enfrentamiento carretero, incomunicado y sin posibilidad de regresar a su destino de origen.
En la misiva, firmada por Jesús Méndez Vargas El Chango, Nazario Moreno González El Doctor (con la leyenda q.e.p.d.) y Servando Gómez Martínez La Tuta, La Familia insiste en que “nunca hemos matado gente inocente y mucho menos en eventos públicos, pero el gobierno siempre se ha metido con nosotros, por lo tanto la batalla comienza”.
Añade enseguida que identificaron en su organización a varios traidores, pero que ahora ya tienen gente de confianza trabajando para ellos. “Lo siento mucho por aquellos que se arrepienten ahora de lo que hicieron, pero ya es muy tarde y tendrán que pagar las consecuencias”, señala la organización sin mencionar a qué “traidores” se refiere.
Sobre la situación en el estado, la agrupación alerta: lo que pasó el 9 de diciembre (en Apatzingán y otros municipios, como la misma capital, Morelia) es “sólo una advertencia de lo que vendrá en las próximas horas, los enfrentamientos, bloqueos y guerrillas se darán pronto”.
“Recomendaciones” a la población
El comunicado de la organización finaliza con un listado de 12 recomendaciones para la sociedad michoacana: sugiere que si alguien es detenido por ellos “no se pongan al tú por tú, sólo contesten lo que les pregunten”; la segunda recomendación es que nadie se crea valiente, aún teniendo algún familiar narcotraficante, “porque nunca se comparará con nuestra organización, sólo sean amables y no les pasará nada”.
En el tercer punto de su “instructivo” señalan que no hay que llamar a la policía para detener a alguno de sus integrantes, “porque los policías de todo nos informan y después les pesará”; cuarto, dicen que son pacientes y amables, pero que si alguien los ofende y los traiciona, el pago es con su vida; quinto, precisan que darán muerte a la familia de quien los haya ofendido; sexto, a las mujeres les piden que no los ofendan, pues pagarán el precio; séptimo, recomiendan no enfrentarlos, pues quien lo intente saldrá perdiendo.
En el octavo, noveno, décimo y onceavo puntos ofrecen las listas de los antros, centros nocturnos, bares y cafeterías a los que se debe evitar asistir, todos de la capital michoacana. La larga lista es la siguiente: cafeterías Hostería del Callejón, El Rincón de los Sentidos, Café Europa, Café El Conservatorio y Don Quijote; los bares El Antártico, la Peña Bola Suriana, El Bazar, El Sótano, Angelus, La Porfiriana, Strauss Pool Bar, La Taberna, Sanyago y Emporio; los centros nocturnos Exceso, Tucán, Manhattan, Continental, Clímax, Mirage y Petacas, así como los antros The Grand Hotel, Emporio, Sky Club, XO Club y Varsha.
En el último punto, La Familia recomienda no asistir a preposadas y posadas en las calles y evitar realizar algún viaje antes del 24 de diciembre, fecha “límite” para el gobierno.
Finalmente, menciona todas las ciudades en las que recomienda no salir después de las 9:30 de la noche: Morelia, Apatzingán, Aguililla, Coalcomán, Ario de Rosales, Múgica, Zamora, Lázaro Cárdenas, Ciudad Hidalgo, Pátzcuaro, Uruapan, Zitácuaro, Sahuayo, Purúandiro, La Piedad, Copándaro, Taretan, Arteaga, La Huacana y Zinapécuaro.
La última advertencia reza: “no se les olvide que estamos para proteger a la sociedad, pero no abusen, ya que si nos ofenden tendremos que responder”.
Fuente: La Jornada de Michoacán
La tortilla nuestra de cada día
Jueves, 16 de Diciembre de 2010 00:00
Escrito por Gerardo Fernández Casanova
Que el fraude electoral jamás se olvide”
Dos asuntos vigentes quiero comentar: el aumento al precio de la tortilla y la guerra contra el crimen organizado en el estado de Michoacán. Al plantearlos me vino a la memoria Astucia y la Hermandad de la Hoja, la excelente novela de Luis G. Inclán editada en 1865 que narra las aventuras de un grupo de arrieros y contrabandistas, entonces catalogados como criminales organizados por supremo gobierno central, que operaban y controlaban un amplio territorio del actual Michoacán. Advierto que no pretendo hacer apología del crimen sino, en todo caso, ayudarme a comprender cosas que suceden en torno a ambos temas seleccionados.
En el relato de Inclán el crimen de la hermandad consistía en la práctica del comercio interregional evadiendo el control fiscal y el pago de los tributos que, aún después de consumada la independencia, mantenían el mismo esquema tributario impuesto por la corona española; ello los colocaba en condición de delincuentes perseguidos por la autoridad pero que, en virtud de los servicios que prestaban a la población, merecieron su cobijo y estimación, identificando al supremo gobierno como el enemigo común, al grado de constituir una región con una especie de gobierno autónomo dirigido por Astucia en calidad de cacique. Destaca en la novela el compromiso del cabecilla por garantizar la seguridad alimentaria de la población, enfrentada a una severa crisis de abasto de maíz, lo que me permite vincular los dos asuntos en cuestión.
No deja de llamar la atención el encono con que el régimen ha desplegado la llamada guerra contra el crimen organizado en Michoacán, casualmente la tierra que en mala hora vio nacer al espurio Calderón y en la que perdió la elección para gobernarla en 1999, fecha a partir de la cual la entidad ha sido gobernada por la izquierda. Ahí se estrenó Calderón en su declaración bélica e instauró lo que el común denomina “michoacanazos” consistentes en operativos a la ofensiva que ignoran a la autoridad local democráticamente electa. En uno de tales operativos se detuvo a una veintena de alcaldes y se les recluyó bajo la acusación de mantener vínculos con el crimen organizado, para ser luego exonerados por falta de pruebas, no sin la correspondiente dosis de manipulación mediática que desprestigió brutalmente a los alcaldes, la mayoría de ellos de origen perredista. Así mismo, el encono aplicado contra el cártel de la Familia Michoacana no resiste la comparación con el comportamiento observado con otras organizaciones delictivas. En paralelo, y en ello consiste la comparación con la Hermandad de la Hoja de Inclán, la población sale a las calles a manifestarse contra la presencia de las fuerzas federales y, por consiguiente, en apoyo y simpatía hacia la Familia Michoacana, acusando a las primeras de atropellos y latrocinios atentatorios de las garantías individuales. Me pregunto si no será que, al igual que en la novela decimonónica, el gobierno federal es el enemigo común que identifica a la población con los supuestos criminales. Ahí lo dejo.
El aspecto relativo al abasto de maíz garantizado por la autoridad de los Hermanos de la Hoja de la novela, ejemplifica una de las principales vías de procuración del bien común (ese que con tanto esmero se postulaban los panistas como finalidad de la política) y explica la identificación del pueblo con su gobierno. Traído el ejemplo literario a la actualidad contrasta con la perversa irresponsabilidad del régimen espurio ante el alza de los precios de la tortilla, elemento esencial en la mesa de los mexicanos. Religiosamente apegados al acato de la ley de la oferta y la demanda se limitan a ser simples observadores de su desempeño, disfrazados en una estrategia discursiva contra las tortillerías “hambreadoras del pueblo”, pero sin afectar un ápice a los reales causantes de la especulación y la carestía (entre ellos Maseca, Cargil y las transnacionales que reemplazaron a la Conasupo) ni tampoco aplicar las medidas que la ley permite (y, por tanto, obliga) para garantizar el derecho de la mayoría a la alimentación. También me pregunto si no será por ello que la gente identifica al gobierno como su enemigo. Igualmente, ahí lo dejo.
Para el que esto escribe, los dos temas configuran una fotografía de la realidad imperante en el México de hoy, como parte de una película completa cargada de los mismos tonos y modalidades. Su comparación con la novela de Inclán establece un marco de referencia utópico. Su análisis refrenda la convicción de la brutal inoperancia del modelo neoliberal asumido por el régimen y confirma su carácter criminal, así como también contribuye a la sospecha fundada respecto de la verdadera intencionalidad de la guerra emprendida por Calderón contra el crimen organizado, cuyo real resultado no es otro que el terror en la sociedad y su consiguiente desmovilización.
Acierta el Proyecto Alternativo de Nación propuesto por el movimiento que encabeza López Obrador, al identificar a la seguridad y la soberanía alimentaria como una prioridad de gobierno y de asumir con claridad el costo político que representará su aplicación, principalmente por la afectación que implicará para los intereses de la mafia de los privilegiados, verdaderos causantes de la miseria imperante. Pero como el vulgo es necio, diría Lope de Vega, habrá que intensificar el esfuerzo de educación para que asuma la realidad y se sume a la acción consecuente.
Fuente: La Jornada de Michoacán
Advierte la 28 de Octubre que bloqueará la apertura de una tienda de Wal Mart
JAVIER PUGA MARTÍNEZ
La Unión Popular de Vendedores Ambulantes 28 de Octubre (UPVA) advirtió que bloquearán a la tienda “mini Bodega Aurrerá” que el consorcio Wal Mart pretende abrir a un costado del mercado Emiliano Zapata, al sur de la capital del estado, si la Comuna de Puebla no interviene e impide la apertura.
Así lo señaló uno de los dirigentes de esta organización y líder de la UPVA en ese mercado, Fernando Alonso, quien lamentó que el gobierno de la ciudad haya favorecido la competencia desleal al dar autorización a Wal Mart de instalarse en ese lugar.
Recordó que han sido muchos años de esfuerzo para mantener a la clientela que regularmente hace sus compras en ese centro de abasto, por lo que descalificó que ahora la empresa trasnacional llegue sin mayor problema a arrebatarles a los compradores, a través de productos y precios con los que no pueden competir.
Por esa razón, señaló que los agremiados a la 28 de Octubre estarán dispuestos a defender su fuente de trabajo y recurrirán al bloqueo de la tienda, para que esta salga de la zona si la Comuna no interviene.
Lo anterior sucedió durante la marcha que organizó esta agrupación, y en la que participaron más de mil 100 agremiados, así como un centenar de obreros y simpatizantes del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME).
En el recorrido masivo que realizaron por las calles de Puebla, los comerciantes y electricistas exigieron la liberación de sus presos políticos.
Asimismo, durante el recorrido que efectuaron del mercado Miguel Hidalgo –al norte de la capital– hasta el zócalo los militantes repudiaron las políticas federales y estatales que permiten el incremento en el precio de la canasta básica, así como en el precio de la tortilla, así como los “gasolinazos” de cada mes, mientras que el salario de los trabajadores sólo ha crecido en dos pesos en dos años.
También exigieron que se frene el inminente aumento al pasaje en el transporte público, pues consideró que este será un duro golpe a la economía de cientos de miles de poblanos.
A pesar de que la UPVA ha priorizado con el gobierno el diálogo como la vía de solución a los conflictos, a la fecha ni la administración federal, la estatal ni la municipal ha hecho caso a alguno a sus peticiones, subrayó Alonso.
Por su parte, Miguel Quiñones, líder de los jubilados del SME en Nuevo Necaxa, Puebla, afirmó que el gobierno federal sigue presionando a este sindicato con el encarcelamiento de Márquez Ríos al que se le acusa de secuestro, cuando en realidad es una ofensiva de la administración de Calderón en contra de ese movimiento.
A dos meses de su encarcelamiento, el gobierno no ha podido demostrar el supuesto secuestro, pero tampoco ha liberado a Márquez. El líder de los pensionados afirmó que continuarán luchando para lograr su pronta liberación, así como para lograr la reinstalación de los electricistas de Nuevo Necaxa despedidos, una vez que la dirigencia del sindicato recibió la toma de nota este martes.
Fuente: La Jornada de Michoacán
La ola de rumores y miedo se apoderó de muchos municipios michoacanos
La PGR instala carteles que dibujan un probable reacomodo en el mando de La Familia
ARTURO CANO (Enviado)
Apatzingán, 15 de diciembre.- El Doctor ha sido borrado. Aunque la Procuraduría General de la República meta dudas sobre lo dicho por el presidente Felipe Calderón y diga que no se puede dar por hecho su muerte, la foto de Nazario Moreno se ha esfumado de los carteles de “se busca”.
En la carretera, la victoria parcial (no confirmada) del gobierno cobra la forma de un anuncio nuevo, sostenido por dos postes de metal: lo acaban de poner las dependencias federales que integran el gabinete de seguridad y en él ofrecen “hasta 30 millones de pesos” por la “denuncia anónima” que lleve a la captura de cuatro jefes de La Familia: Servando Gómez, alias El Profe o La Tuta; Dionisio Loya Plancarte, El Tío; Gregorio Abeja Linares, El Güero, y Samer José Servín Juárez (éste último nunca había sido mencionado en los comunicados oficiales como jefe del grupo, según reporteros locales, también extrañados por la desaparición, en la breve lista, de Jesús El Chango Méndez).
No es la primera que vez que el gobierno federal coloca anuncios espectaculares para ofrecer millonaria recompensa por información sobre los jefes del cártel mexicano, según la DEA. La mañana del 10 de noviembre pasado colocó dos en el puente que comunica a Michoacán con Guerrero. Para hacerlo, según información de diarios locales, movilizó a 30 policías federales a quienes, además, escoltaron soldados. Por la tarde, los anuncios ya habían sido arrancados.
En Morelia, otro espectacular colocado en julio también fue arrancado (entonces sólo se ofrecían 2 millones de pesos). A otros colocados en las semanas siguientes les prendieron fuego.
Las fuerzas comandadas por Felipe Calderón han tomado revancha a su manera. En 2007, un año después del inicio de la Operación Conjunta Michoacán, el Ejército destruyó un busto de Nazario Moreno que había sido erigido en la población de Guanajuatillo.
El “cálculo político” de Calderón
Genaro Guízar, alcalde de Apatzingán, es dueño de una historia personal igual a la de miles de migrantes exitosos. Se fue joven y sin un peso, cruzó la frontera sin papeles y después de mil peripecias y sufrimientos llegó a tener un montón de casas, ocho restaurantes, una estación de radio y tres licorerías en San José, California.
Tras varios matrimonios que le dejaron ocho hijos y luego de un “cruento divorcio”, decidió volver a México, donde se casó con su novia de juventud. Un compadre lo metió a la política. Fue primero diputado local y luego, a pesar del rechazo de otros grupos del PRD, presidente municipal (le ganó por 71 votos al candidato del PAN).
El 26 de mayo de 2009, su foto, esposado y camino a un helicóptero del Ejército fue la viva imagen del michocanazo (con él cayeron otros diez alcaldes, 16 altos funcionarios del gobierno estatal y un juez). “Me acusaron de que La Maña me daba dinero”.
Once meses después, Guízar fue liberado sin el consabido “usted disculpe” y hace unas semanas se tomó otra foto con la que cerró el ciclo: en la gráfica, portada en varios diarios nacionales, saluda de mano al presidente Felipe Calderón. “Si me hubiera abrazado, lo hubiera abrazado”, dice.
A pesar del saludo presidencial, Guízar dice que “en cualquier momento me pueden volver a involucrar, porque lo que quieren, a fuerza, es involucrar al PRD”.
Acosado por medios nacionales y extranjeros, Guízar dedica la mayor parte de su tiempo en estos días a explicar, una y otra vez, que él no organizó una marcha de apoyo a La Familia, que se retiró cuando vio los primeros carteles que expresaban pesar por la suerte de El Chayo y que con el gobierno federal ha tenido una fluida colaboración desde que retomó el cargo.
Pero no suelta su tema. Para él, Apatzingán fue elegido como centro de las operaciones contra el grupo delincuencial simplemente por un cálculo político: “Aquí está Los Galeana, el rancho de la familia Cárdenas, y parece que tienen la obsesión de quitarle Apatzingán al PRD”.
En el centro del “cálculo político” está el deseo de la hermana del presidente, Luisa María Calderón, quien se mueve en el estado siempre rodeada de decenas de escoltas.
El jueves 9, se cuenta en los portales de Morelia, los Calderón asistieron al informe mañanero del alcalde moreliano, Fausto Vallejo, pero después “toda la familia fue concentrada en un punto para ponerla a buen resguardo”.
El reino del miedo y la “reacción muy violenta”
Fuera de los integrantes de las fuerzas federales, Apatzingán tiene muy pocos visitantes en estos días. A esos pocos los recibe, a la entrada de la cabecera municipal, un letrero de Acción Juvenil del PAN, con la frase atribuida a Manuel de Jesús Clouthier: “Lo importante no es cambiar de amo, sino dejar de ser perro”.
Nadie ha tocado esa manta ni los carteles del cancelado concierto de la Banda del Recodo, pero afuera de los bancos hay largas filas de ciudadanos que quieren sacar efectivo antes de que se acabe el dinero, porque las sucursales han cerrado tras la ola de asaltos en la región. Lo mismo ocurre, según una fuente del gobierno estatal y medios locales, en varios municipios del Oriente de la entidad, incluido Uruapan.
De todas partes del estado llegan reportes que dibujan la parcial paralización de la actividad comercial, mientras los maestros reciben amenazas que los conminan a entregar sus aguinaldos.
El miedo crece cuando habla La Tuta. La divulgación del contenido de una cinta de audio donde el profesor Servando Gómez Martínez se dirige a sus seguidores alimenta la ola de rumores y el miedo que se ha apoderado de muchos municipios michoacanos.
“Todos pónganse listos, estén listos con las armas, ténganlas a un ladito, no las abandonen, no abandonen las armas, por favor. Háganlo saber a todos los compañeros que se encuentren en todas partes, todos los encargados de área, son responsables de su área”, dice La Tuta a sus sicarios.
“¡Hasta la victoria, compañeros!”, dice otra voz, cuando Servando Gómez termina su arenga.
La divulgación del discurso coincide con reportes de inteligencia del Ejército según los cuales se avecina una “reacción muy violenta” delcártel al comunicado del gabinete de Seguridad Nacional. La Familia, dice una fuente, habría interpretado el mensaje como un rompimiento de la “tregua” que creía tener con el gobierno.
“No son más que criminales cuya intención es atemorizar y atentar contra la sociedad”, dice el comunicado oficial.
La Familia, susurran aquí, está esperando un reabastecimiento de parque. La "pequeña" aportación del gobierno estatal a las fuerzas federales de 9 mil municiones en los días de los más violentos choques, da una idea de cuántas balas habrá invertido también el cártelen esa batalla.
¿Hay nuevos jefes en La Familia? Unos kilómetros adelante del flamante anuncio del gobierno federal, hay otro igual, pero diferente: a pesar de que a cada rato pasan por aquí caravanas de soldados y policías, los rostros de “los más buscados” ya no se ven, porque les prendieron fuego.
Fuente: La Jornada de Michoacán
Sobrecargos se deslindan del conato de pleito en sede sindical
Sobrecargos se deslindan del conato de pleito en sede sindical
Rosalía Vergara
MÉXICO, D. F., 16 de diciembre (apro).- La Asociación Sindical de Sobrecargos de Aviación (ASSA) se deslindó de la gresca protagonizada ayer por trabajadores de Mexicana de Aviación y sobrecargos de Aeroméxico.
Alfonso Rodríguez Fernández, secretario de prensa de ASSA, afirmó que en los hechos no participó ningún sobrecargo de Mexicana de Aviación, aunque el conato de bronca se registró en las oficinas de la dirigente de ASSA, Lizette Clavel, en el quinto piso de la sede sindical, ubicada en la colonia Del Valle.
“Fueron unos 15 empleados de Aeroméxico, encabezados por dos exrepresentantes sindicales, quienes buscan ocupar el cargo de secretario general de ASSA”, señaló.
Ayer, un grupo de sobrecargos realizó un plantón afuera de la sede sindical, donde acusó a Clavel de pretender modificar los estatutos para designar de manera directa a los integrantes del Comité Ejecutivo Nacional.
Con ello, dijeron, Clavel busca permanecer más tiempo en el cargo, en lo que se concreta la negociación con PC Capital para que Mexicana de Aviación vuelva a operar.
Fuente: Proceso
Difusión AMLOTV
Fuerzas federales tienen "cercado" al cártel de La Familia, asegura Segob
Fuerzas federales tienen "cercado" al cártel de La Familia, asegura Segob
La redacción
MÉXICO, DF, 16 de diciembre (apro).- El gobierno de Felipe Calderón sostuvo este jueves que el despliegue de elementos federales en Michoacán, entre ellos agentes, militares y marinos, ha permitido cercar al cártel de “La Familia”.
En un comunicado, la Secretaría de Gobernación (Segob) destacó que el gobierno federal “combate a todas las organizaciones criminales sin distingos, porque cada grupo delictivo representa una amenaza a la tranquilidad, salud y convivencia de los mexicanos, y sobre ellos debe imperar la ley y la autoridad.
“Debilitarlos sistemáticamente es además de una responsabilidad, una obligación de los tres órdenes de gobierno”, se resalta en el texto conjunto de las secretarías de Gobernación, Defensa Nacional (Sedena), Marina (Semar), Seguridad Pública (SSP) y Procuraduría General de la República (PGR).
Gobernación subrayó que, “en el caso específico de Michoacán, el gobierno federal ha sido sensible a la demanda ciudadana, por lo que estamos enfrentando la reacción violenta del grupo criminal conocido como La Familia Michoacana, que cada vez está más debilitado.
“Cada soldado, cada marino, cada policía federal desplegado en la entidad se ha puesto al servicio de la ley y no de los intereses de la delincuencia. Esto es lo que ha permitido cercar esa organización criminal”, indicó la Segob.
Luego mencionó que las fuerzas federales han establecido coordinación hasta donde la capacidad institucional de las corporaciones michoacanas lo ha permitido.
Sin embargo, la dependencia advirtió que las autoridades locales deben acelerar los trabajos de certificación de sus instituciones de seguridad y procuración de justicia.
También anunció que las fuerzas federales “únicamente se retirarán en la medida en que se reduzcan significativamente los altos índices de los delitos que particularmente agravian a la ciudadanía michoacana”.
Enseguida hizo un recuento de las acciones en la entidad.
El golpe más contundente dado hasta ahora a La Familia Michoacana, sostuvo la Segob, ha sido el abatimiento de su líder ideológico Nazario Moreno González, El Chayo, el pasado 9 de diciembre.
“También se han hecho importantes detenciones que han afectado la estructura operativa de este grupo delictivo, inclusive al nivel de los más altos liderazgos, como las capturas de Arnoldo Rueda Medina, La Minsa, presunto coordinador operativo de la organización criminal, y Luis Servando Gómez Patiño, El Pelón, hijo de Servando Gómez Martínez”.
Además, “están las detenciones de importantes lugartenientes como Rafael Cedeño Hernández, El Cede, presunto jefe de la región de Lázaro Cárdenas, y Miguel Ángel Beraza Villa, La Troca, principal distribuidor de droga sintética del grupo delictivo”.
En el boletín se indica que, desde diciembre de 2006, las fuerzas federales han asegurado en Michoacán unos “266 mil kilogramos de mariguana; 4 mil 860 kilogramos de metanfetaminas; más de 185 mil pastillas de psicotrópicos; más de 19 mil 200 armas, y 2 mil 670 vehículos”.
Asimismo, se han desmantelado 225 laboratorios clandestinos, cifra que representa 49% del total de esos establecimientos desmantelados en el país.
Fuente: Proceso
Difusión AMLOTV
El SME no venderá sus activos tras la toma de nota, asegura Héctor Salazar
Jueves, 16 de Diciembre de 2010 00:00
Escrito por José Luis Garcitapia
CUERNAVACA. Saliendo al paso de una campaña de medios orquestada desde el gobierno federal por parte de la Secretaría del Trabajo, para acusar que, una vez obtenida la toma de nota al comité ejecutivo del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), la directiva encabezada por Martín Esparza vendería los inmuebles propiedad del sindicato, el líder de los electricistas en Morelos, Héctor Salazar Porcayo declaró que “ahora que hemos recuperado nuestros bienes, no los pondremos a la venta. Es el patrimonio de nuestras familias y la lucha sigue”.
En el contexto de la asamblea en que el comité estatal dio cuenta a sus bases de los avances en la negociación que han sostenido con el gobierno federal para lograr el reconocimiento jurídico de su sindicato, Salazar Porcayo agradeció al senador Graco Ramírez Garrido “el apoyo incondicional que nos ha brindado durante la resistencia”. También dijo que “hay quienes nos ofrecen apoyarnos en 2012, cuando aspiran a gobernar; 2012 está muy lejos y requerimos el apoyo desde ahora”.
El líder estatal del SME destacó que desde el senado, Graco Ramírez, siempre tendió los puentes de diálogo entre los electricistas y las autoridades de Gobernación y la Secretaría del Trabajo, a fin de alcanzar acuerdos.
Ante un auditorio repleto y notoriamente emocionado por la primera buena noticia para el movimiento luego de “catorce meses y cuatro días” de resistencia, Graco Ramírez manifestó un reconocimiento a la dignidad de los electricistas y destacó que el SME es una organización gremial que cuenta con 96 años de historia. Precisó que aunque la lucha continúa, confía en la capacidad política de los más de 16 mil trabajadores en resistencia, que exigen la devolución de su fuente de empleo y así recuperar su contrato colectivo de trabajo. Los sindicalistas despidieron al senador con un atronador “Ese apoyo sí se ve”.
Fuente: La Jornada de Morelos
Es confusa la posición de Aguirre ante el embalse, critica director de Tlachinollan
CITLAL GILES SÁNCHEZ ( )
Chilpancingo, 15 de diciembre. La postura del candidato de la coalición Guerrero nos une, Ángel Aguirre Rivero ante la construcción de la presa la Parota, “es confusa” y sólo demuestra que no tiene principios, convicción ni compromisos con el pueblo, destacó el director del centro de derechos humanos Tlachinollan, Abel Barrera Hernández.
Entrevistado sobre la reunión que va a tener Aguirre Rivero con funcionarios de la CFE para analizar el proyecto de la Parota, luego de haberse comprometido con Andrés Manuel López Obrador de que rechazaría el proyecto, Barrera Hernández indicó que sólo demuestra que su forma de ser es “voluble y de no tiene claridad en sus principios y proyectos”.
Agregó que ese es el tipo de políticos que tiene Guerrero, gente sin compromisos, “y que se cuadran” a los mega proyectos que hay en el estado.
Criticó que Aguirre Rivero sólo consulte al gobernador, y ahora a funcionarios de la CFE, cuando dijo, lo más viable sería que escuchara y consultara a los comuneros.
“Ahí vemos que es un candidato que viene a reforzar los intereses caciquiles y económicos del estado. Es una manera de expresarse tan confusa que estamos viendo que no hay en verdad un compromiso, nos queda claro que su mismo origen que trae, no va a comprometerse con la población, que reivindique los derechos de los pueblos”.
Y lo comparó con la forma en cómo llegó a la candidatura, una candidatura la cual dijo, “no es producto de principios, convicciones, compromisos ideológicos, sino es pragmática, utilitarista”.
Fuente: La Jornada de Guerrero
Dejarán de pagar luz 50 pueblos de La Montaña por inconformidad con la CFE
SERGIO FERRER (Corresponsal)
Tlapa, 15 de diciembre. La nula atención de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) a las negociaciones que buscan el establecimiento de una tarifa preferencial para La Montaña, podría generar que 50 comunidades indígenas no paguen luz; esto, como medida de protesta, advirtió Abel Bruno Arriaga, miembro del Comité Regional de Gestoria y Defensa Social de la Montaña AC.
También denunció que no hay avance en las investigaciones del homicido del antiguo líder del comité, Daniel Castro Flores, victimado hace casi dos años.
El 12 de enero se cumplirán dos años del asesinato de Castro Flores, sin que la Procuraduria General de Justicia del Estado (PGJE), haya aportado indicios que permitan el esclarecimiento de la muerte del dirigente; solicitó incluso a los integrantes del comité, sean ellos los que aporten datos e investiguen móviles que causaron la muerte a Castro Flores.
Señaló que no han hablado con el nuevo procurador, ya que están por definir qué acto se efectuará en el aniversario luctuoso para llamar la atención de las autoridades, aunque reconocieron que se complica con el proceso electoral, pero el clamor de justicia es necesario.
En relación a las negociaciones iniciadas desde hace tres años para aterrizar una tarifa preferencial en La Montaña, como ha ocurrido en una región del estado de Chiapas, Bruno Arriaga afirmó la nulidad de resultados. “Desde 2007 no hay avance, sólo hay simples atenciones secundarias como una bajada de luz o arreglar algún cable, pero nada de fondo, CFE no quiere atender a las comunidades excusándose en que éstas no han pagado, orillándonos a estudiar la posibilidad de que no se pague luz hasta la creación de una tarifa más solidaria para los pueblos originarios”, dijo.
Bruno Arriaga indicó que 16 organizaciones, entre ellas la CRAC, se reunieron para buscar que una comisión de diputados pugnen por una tarifa preferencial. Recalcó que son cuatro los diputados que han valorado la petición para llevarla al Congreso federal, exhortando a los inconformes a que no paguen luz a nivel regional con el afán de presionar a la Secretaría de Hacienda, a la CFE y al propio Congreso.
Manifestó su reserva ante las promesas de los congresistas, recordando el compromiso que hicieran diputados hace un año, de dar salida a la demanda; lo que no sucedió.
“Si no pagas recibo ejercen una politica más radical que incluye el corte de cable, también se lo llevan como medida de presión para que la gente pague”, advirtió Bruno Arriaga, quien explicó que son 16 organizaciones que agrupan 50 pueblos inconformes quienes podrían acordar no pagar luz, remarcando el aumento de quejas contra la CFE y la adhesión de comunidades a la resistencia, pero insistió en que los ciudadanos de Tlapa deben brindar mayor apoyo a las movilizaciones.
Bruno Arriaga detalló que el comité visitará a las comunidades para que no paguen su recibo “desobediencia civíl, diría Gandhi” y apuntó que el movimiento ha entrado a una segunda etapa de movilización jurídica.
La próxima reunión del comité con CFE será el día 27 de enero de 2011.
Fuente: La Jornada de Guerrero
Demanda la sección 22 ejercer acción penal contra Ulises Ruiz
Demanda la sección 22 ejercer acción penal contra Ulises Ruiz
Pedro Matías
OAXACA, Oax., 16 diciembre (apro).- La Comisión Política de la Sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) entregó un pliego de demandas al gobernador Gabino Cué Monteagudo, donde exige se ejerza acción penal contra el exmandatario Ulises Ruiz Ortiz.
Además, esa comisión demandó acciones penales contra la
exprocuradora, Lizbeth Caña Cadeza; el exdirector del Coplade, Bulmaro Rito Salinas, y el exsecretario de Seguridad Pública, Lino Celaya, entre otros, por las agresiones cometidas durante el conflicto sociopolítico de 2006.
También pidió la desaparición de la Sección 59 del SNTE y la liberación de los recursos económicos retenidos por la SEP desde 2008 a la fecha.
Las demandas de la Sección 22 fueron formuladas esta tarde en una reunión en la que participó Gabino Cué; el secretario de Seguridad Pública, Marco Tulio López Escamilla, y el director del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO), Bernardo Vásquez Colmenares.
Por parte de la Sección 22, participaron 17 secretarios y delegados, encabezados por el secretario general, Azael Santiago Chepi, y el secretario de Organización, Gabriel López Chiñas, quienes fijaron el posicionamiento de los 74 mil profesores con base en los resolutivos del VI Pre-Pleno, que tuvo lugar en esta capital del 7 al 10 de diciembre pasado.
En su intervención, Santiago Chepi dijo: “Somos un magisterio que tiene una historia de lucha reconocida en la sociedad y que, siendo realistas, somos parte esencial de esta transición que hoy se hace realidad con este gobierno al que saludamos.
“Ustedes tienen la encomienda de remontar el lastre político y social que les ha heredado el peor de los gobiernos que ha padecido nuestro pueblo, o sufrir el repudio si continúan por el mismo camino de agravios e incumplimientos, o seguir en el engaño de reciclar en el nuevo gobierno a los antiguos personeros del tirano, que hoy, camuflajeados de democráticos, seguirán obedeciendo y agraviando la conciencia colectiva del pueblo”, añadió.
“Entre ustedes y nosotros no caben las buenas intenciones o el discurso adulador. Es necesaria la acción inmediata y el cumplimiento de la palabra empeñada, que es una exigencia sentida. Nuestro pueblo lo reclama y es ahora o nunca. No habrá una segunda oportunidad. El hartazgo puede llegar y puede ser incontrolable e impredecible”, señaló.
“Señor gobernador: esta dirección seccional tienen el mandato claro de sus bases. Por nuestra boca hablan 74 mil trabajadores. Nuestras demandas son las mismas que este pueblo ha hecho por mucho tiempo; justicia y mejores condiciones para desarrollar nuestro trabajo”, agregó.
Por su parte, Cué se comprometió a crear una Fiscalía Especial que investigue los crímenes de 2006 y constituir una comisión de seguimiento a las demandas magisteriales.
Además, destacó la disposición de la Sección 22 para dialogar.
La secretaria general de Gobierno, Irma Piñeyro Arias, quien se encontraba en el lugar, no fue aceptada en el encuentro por la Comisión Política de la Sección 22.
Mr
Fuente: Proceso
Difusión AMLOTV
Anuncian estampillas postales de Teotihuacan
Anuncian estampillas postales de Teotihuacan
Niza Rivera
MÉXICO, D.F., 16 de diciembre (apro).- Con una serie de estampillas postales de Teotihuacan, el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) y Correos de México reflejan la celebración de los 100 años de exploración sistemática en la zona arqueológica de ese lugar.
Por lo pronto se dio a conocer una imagen con cinco estampillas, cuya serie se denomina Teotihuacan, México, donde se aprecia a la Serpiente Emplumada, la Pirámide del Sol, fragmentos de un mural y la vista aérea de la zona.
En el primer timbre de la parte superior izquierda se aprecia la imagen de Quetzálcoatl y una leyenda que dice:
“La zona arqueológica de Teotihuacan se encuentra en el estado de México a 45 kilómetros de la Ciudad de México. Fue la mayor de las ciudades antiguas de América. Mostró un fuerte desarrollo social y tecnológico y una influencia en toda Mesoamérica. Su estructura urbana rígida y monumental es una muestra de su maestría arquitectónica y urbanística, única en la historia del hombre. Es Patrimonio de la Humanidad desde 1987”.
La serie se emite a 23 años de su inscripción en la lista de patrimonio de la UNESCO.
Ayer, durante una conferencia de prensa realizada en la Encuesta Nacional de Prácticas, Hábitos y Consumos Culturales, el director general del INAH, Alfonso De María y Campos, dijo que en este sexenio se han abierto al público cuatro nuevos recintos arqueológicos: Peralta (Guanajuato), Tehualco (Guerrero), Chiapa de Corzo (Chiapas) y Bocana del Río Copalita (Oaxaca). Los sitios están contemplados junto con otros seis como un programa gubernamental que concluirá en 2012.
Según el informe de ayer de la presidenta de Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (Conaculta)), Consuelo Sáizar, hay más de 42,614 vestigios arqueológicos en el país.
“La selección de estos sitios, localizados en diferentes regiones de la República mexicana, se hizo con base en tres criterios: certeza jurídica en lo relativo a los predios sobre los que se asientan los monumentos arqueológicos; establecimiento de un programa de investigación en estos espacios, y su vínculo con poblaciones, donde se pueda contribuir a la mejora de la economía”, señala el comunicado del INAH.
De Maria informó que en una década (1998 a 2008) se incrementó el número de visitantes nacionales a las zonas arqueológicas, de 6 millones 836 mil a 7 millones 672 mil, y de turistas extranjeros, de 2 millones 570 mil a 3 millones 504 mil.
Dijo que la apertura de esos cuatro recintos, junto con los seis que esperan abrir antes de terminar el sexenio, permitirá elevar estos números.
Otro dato incluido en la conferencia es que de los mil 185 museos que existen en México el 63.66% tienen por vocación la antropología y la historia.
Fuente: Proceso
Difusión AMLOTV
Assange, libre bajo fianza
Assange, libre bajo fianza
La redacción
MÉXICO, D.F., 16 de diciembre (apro).- Un juez de la Alta Corte de Londres confirmó este jueves la puesta en libertad bajo fianza para Julian Assange, tras rechazar el recurso presentado por los abogados que actúan en nombre de Suecia, que pide su extradición por presuntos delitos sexuales.
"Voy a conceder la libertad condicional bajo fianza", declaró el juez Duncan Ouseley, quien precisó que ajustaría las condiciones de la liberación decidida el pasado martes 14 por un juez de primera instancia.
Al respecto, el abogado de Assange, Mark Stephens, afirmó que no sabía quién había apelado la decisión de un juez de primera instancia.
Tanto las autoridades suecas como las británicas, dijo, negaron haber promovido esa apelación, por tanto, añadió, hay que preguntarse quién actuó por encargo del gobierno sueco, que pidió la extradición del fundador de Wikileaks por una acusación de abuso sexual.
Assange, quien provocó la furia de Estados Unidos por filtrar miles de documentos secretos, pagó una fianza de 200 mil libras (315 mil dólares) fijada por los jueces.
"No volverá a esta cárcel victoriana, no volverá a la celda en que alguna vez estuvo preso Oscar Wilde (a fines del siglo XIX en la misma prisión de Wandsworth)", dijo Stephens sobre el fundador de WikiLeaks.
En tanto, el primer ministro sueco, Frederik Reinfeldt, insistió en su negativa de que el proceso por acoso sexual y violación que se lleva a cabo en su país contra Assange tenga carácter político.
“Todos entenderán que no es un juicio político”, afirmó Reinfeldt acerca de la repercusión que el caso podría tener junto a sus homólogos de la Unión Europea (UE), con quienes se reúne este jueves y mañana viernes en Bruselas.
Fuente: Proceso
Difusión AMLOTV
ESTADO DE LOS ESTADOS
ESTADO DE LOS ESTADOS
Por: Lilia Arellano
“La muerte es el menor de todos los males”: Sir Francis Bacon.
• Masacre sexenal
• Saldo rojo: 30 mil 196 muertos
• PGR responde con... estadísticas
• Obama, medroso ante traficantes
• “Ulises no dejo ni computadoras”
• Despilfarro de Amalia en viajes
• Lozano amaga a Reynoso Femat
Diciembre 16, 2010.- La Procuraduría General de la República (PGR) confirmó oficialmente la magnitud de la masacre sexenal: 30 mil 196 muertos en México en lo que va en la administración de Felipe Calderón, como consecuencia de la violencia ligada al tráfico de drogas. Lo más grave es que 12,456 homicidios ocurrieron entre sólo enero y el 30 de noviembre de este año. No cabe duda que las cifras reales de las muertes derivadas de la estúpida guerra contra el narco son mucho más altas y, hasta ahora, desconocidas. Hasta este jueves fue cuando el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI) ordenó al Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN) entregar la información del número total de civiles que perdieron la vida en este y el anterior sexenio panista.
Una estimación cercana a el total de víctimas en está fallida guerra contra el crimen organizado no era desconocida pero sí es la primera vez que se da de manera oficial desde que el pasado 3 de agosto, el director del CISEN, Guillermo Valdés, informará que había poco más de 28 mil muertos hasta mediados de Julio en lo que va de esté sexenio (2006-2012). La PGR lo único que hizo fue actualizar la funesta cifra y, al mismo tiempo, admitir que necesitar ser “más eficaces” para hacer frente a la criminalidad, además de “transformar las instituciones para estar a la altura de las necesidades que la sociedad le impone”.
También apenas este jueves organizaciones ciudadanas y de la iniciativa privada reclamaron a Felipe Calderón, al Congreso de la Unión, a los congresos locales, al Poder Judicial y a los Gobernadores por su falta de resultados para disminuir los niveles de inseguridad, violencia e impunidad en el país. Un total de 33 asociaciones criticaron que México llegue a fin de año en un contexto creciente de violencia e inseguridad que a afecta a todas las capas de la sociedad. El titular de la PGR, Arturo Chávez Chávez, admitió que ese reclamo obliga a todas las autoridades a cooperar entre si para dar soluciones, por encima de cálculos políticos y electorales. Sostuvo que una de las grandes razones para que las entidades federativas asuman responsabilidades es que las características y orígenes del crimen organizado son distintos en cada lugar y la estrategia de la administración federal no hace hincapié en las particularidades.
La dependencia a cargo de Arturo Chavéz Chavéz respondió al reclamo ciudadano con un apretado reporte de su actividad en estos 4 años: dijo que se instruyeron más de 540 mil averiguaciones previas (averiguaciones), de las cuales 400 mil quedaron “determinadas”, es decir que se le dio curso ante los jueces; de los procesos judiciales, los jueces dictaron 88 mil sentencias, de esas 82 mil 500 fueron condenatorias; México extraditó a “alrededor de 400 personas” a otros países; las autoridades incautaron 51 mil millones de dosis de cocaína, marihuana y heroína, lo que a precios del mercado habría alcanzado un precio de unos 11 mil 174 millones de dólares.
Todo ese reguero de cadáveres a lo largo y ancho del territorio nacional es atribuido a disputas entre los carteles de las drogas por el control de las rutas hacía Estados Unidos y por los operativos realizados por el Ejército Mexicano y la Policía Federal como parte de las acciones antidrogas lanzadas por Calderón.
Sin embargo, no cabe duda que el número de víctimas es mucho más alto y hasta el momento ninguna autoridad federal ha querido confirmar oficialmente esa cifra. El Centro de Investigaciones de Seguridad Nacional (CISEN) se declaró “incompetente” para proporcionar esa información y recomendó a un ciudadano que solicitaba dicha información hacer su petición a la Unidad de Enlace de la Presidencia de la República, toda vez que el secretario técnico del Consejo de Seguridad Nacional Alejandro Poiré, fue nombrado y facultado por Felipe Calderón para fungir como vocero en la materia.
El IFAI analizó las atribuciones del CISEN, en donde se destaca que de acuerdo con el reglamento para la coordinación de acciones ejecutivas en materia de seguridad nacional, están la de elaborar las de estudio de carácter político, económico, social y otros que se relacionen con aquellas. El IFAI advierte la existencia de una base de datos única sobre homicidios vinculados con la delincuencia, ya sea por ejecución o por enfrentamiento, que se integra con datos recopilados por diversas instancias integrantes del Gabinete de Seguridad Nacional, del cual forma parte el CISEN, quien ahora deberá brindar los datos desglosados por edad, lugar y fecha del deceso.
¿DESPENALIZAR O NO?
Es un hecho y una certeza que la ola de violencia no se detendrá en esta administración y que el reguero de sangre continuará hasta el final del sexenio de Felipe Calderón. Dadas las actuales condiciones políticas del país, lo más seguro es que la matazón, impune, cruel, dolorosa, seguirá hasta el final del calderonismo y ni el Congreso ni la Suprema Corte de Justicia de la Nación ejercen sus atribuciones sobre el equilibrio de poderes federales para detener esta masacre. Por eso la pregunta es: “¿qué se debe de hacer luego de que Felipe Calderón abandone la residencia Oficial de Los Pinos, para acabar con la violencia?”.
Muchos apuntan a despenalizar las drogas en el país y a regresar a las fuerzas armadas a los cuarteles para parar los enfrentamientos, las ejecuciones y los homicidios “colaterales” de víctimas inocentes, entre las que se encuentran muchos infantes. Incluso el ex presidente Vicente Fox Quezada se ha sumado a este grupo y considera que con la legalización de las drogas se logran 2 metas fundamentales: la primera de ellas es cortar el recurso económico a los carteles “que es lo que los hace poderosos y es lo que les permite armarse”, y en segundo lugar aportar soluciones para el problema de salud pública.
Fox planteó gradualmente despenalizar las drogas en todo el país “y para todos los efectos que esto tiene; retirar al ejército a los cuarteles, porque mientras el ejército siga subsidiando esta tarea que no se realiza por los policías, van a hacer “concha” gobernadores y presidentes municipales”. También propuso que haya 3 niveles de policía: metropolitana, estatal y federal, todas bajo un mismo mando en pirámide desde el Consejo Estatal Federal.
A pesar de siguen cayendo propuestas de diversos sectores para aumentar la eficiencia en el combate en el crimen organizado, se sigue haciendo lo mismo y, por lo tanto, se siguen obteniendo los mismos resultados. Un ejemplo de esto es el espionaje telefónico: las solicitudes de intervención de comunicaciones registraron un incremento notable este año, tras entrar en operación los juzgados especializados que también emite autorizaciones para cateos y arraigos. Las solicitudes de medidas cautelares a los jueces especializados en la materia registraron un incremento en el 2010, que representa un 14% más respecto al año anterior. De las 4 mil 605 solicitudes de cateo, arraigo e intervención de comunicaciones solicitadas por instituciones federales de procuración de justicia este año, 4 mil 108 se concedieron 56 se otorgaron en forma parcial y 374 se negaron, una se declaró sin materia y 67 recibieron trato diverso.
De acuerdo con el informe que laboró el Ministro Guillermo Ortiz Mayagoitia en su calidad de presidente del Consejo de la Judicatura Federal (CJF) los juzgadores federales recibieron 772 peticiones de arraigo, a diferencia de las 556 solicitudes que tramitaron en el 2009.
FLUJO DE ARMAS
Una de las principales razones por las que no para el flujo de armas desde los Estados Unidos a los cárteles de la droga mexicanos es la “sumisión” del Congreso de ese país y una injustificable laguna jurídica que facilita la venta de armas. El periódico estadounidense The New York Times acusó el jueves, en una editorial, que los congresistas de ese país se han vuelto “sumisos” ante el intenso cabildeo de la industria armamentista y no han hecho nada sobre una falla legal que es la principal culpable de la muertes: la libertad que tienen los traficantes de vender AK-47 y rifles de asalto sin tener que reportarlo a las autoridades federales, como así lo requiere la ley para la venta de pistolas.
Es inconcebible que los fabricantes de armas hayan persuadido a los congresistas de que las “armas de cañón largo” como fusiles y rifles militares “no son los que usan los criminales” y merecen ser exceptuadas debido a que se venden a aficionados del deporte”, cuando la realidad es que la alta cifra de muertes en la guerra de las drogas demuestra fehacientemente que el uso de armas de cañón largo por los cárteles se ha duplicado con creces en los últimos 5 años, como bien lo señala el influyente diario neoyorkino.
Las leyes estadounidenses son demasiados permisivas y facilitan la venta de armas a los cárteles mexicanos de la droga. The New York Times sostuvo que “sí lo que se quiere es una orden ejecutiva para poner fin al baño de sangre el presidente (Barack) Obama no debe vacilar en hacerlo”. El rotativo propone que Obama corrija las leyes por medio de dicha orden ejecutiva ya que, “al entrar un Congreso con más presencia republicana y ante el abierto temor de los legisladores demócratas al cabildeo de la industria de las armas, hay poca expectativa de “coraje” para legislar”.
Así, mientras en México predomina la terquedad de Felipe Calderón para no cambiar ni un ápice su estrategia contra la delincuencia organizada y en Estados Unidos predomina un Congreso “sumiso” y un presidente temeroso ante los poderosos fabricantes de armamento, el baño de sangre en territorio mexicano sigue incontenible y, lo más grave, totalmente impune.
AÑO DE HIDALGO…
Las pasadas administraciones federales de Zacatecas, Oaxaca y Aguascalientes, que cambiaron de gobernador y llegaron al poder militantes de partidos diferentes a los anteriores mandatarios, incurrieron en una serie de fallas y de abiertos desvíos de recursos públicos del erario, que han sido revelados por las auditorias que hasta el momento se les han aplicado y que hablan de muchos millones de pesos. En Oaxaca, el gobernador Gabino Cué acusó que su antecesor no le dejo dinero ni para los gastos de operación del mes de diciembre. Declaró que “no nos dejaron ni computadoras, en la oficina del gobernador no hay computadoras”.
En Aguascalientes, irregularidades en por lo menos 5 dependencias del gobierno estatal salieron a la luz en auditorias practicadas por la Contraloría del Estado a la pasada administración de Luis Armando Reynoso Femat. En esta entidad se especula sí el resultado de dichas auditorias es parte de una reprimienda del gobernador Carlos Lozano contra su antecesor por la incertidumbre vivida en relación a la certeza y legalidad de su triunfo en los organismos electorales estatales, o sí simplemente se trata de construir una cortina de humo que cubra reales y grandes desfalcos al erario hidrocálido cometidos por funcionarios del pasado gobierno panista, pues no hay que olvidar que mucho le debe Lozano, un buen candidato sin duda, a Reynoso Femat.
En Zacatecas, la demanda interpuesta por la ex gobernadora Amalia García, en contra del actual mandatario, Miguel Alonso Reyes, ante el Tribunal de Justicia de Distrito Federal, es considerada como una jugada mediática, pues dicho tribunal no tiene autoridad alguna en esa querella, por lo que jurídicamente la ex mandataria debió de haber asistido a presentar dicha denuncia en Zacatecas, que es el lugar donde le han señalado los fuertes desvíos de dinero. Del gobierno estatal, en respuesta a lo anterior, salieron más datos de desvíos millonarios de gastos del gobierno amalista por viajes al extranjero, a los que tanto es aficionada la “químicamente pura…” ex gobernadora, los cuales fueron bastante onerosos para el erario público. Casos destacados en el despilfarro de recursos lo son la Casa de Zacatecas en Madrid, España, y un Centro de Convenciones que está convertido en un verdadero “elefante blanco”.
También en Guerrero, se han denunciado diversas irregularidades de la administración de Zeferino Torre Blanca Galindo. Militantes del PRD de Tixtla, exigieron a la Auditoria Superior de la Federación indague una serie de obras que realizó el gobierno del estado en diversos municipios y que están en pésimas condiciones, como el libramiento Chilpancingo-Tixtla obra que se inició desde principios de la administración estatal y que aún no ha sido concluido, a pesar que se han gastado más de 200 millones de pesos.
DE LOS PASILLOS
Tras pagar una fianza de 200 mil libras, el fundador de Wikileaks, Julian Assange, salió libre bajo fianza, luego de que la Alta Corte de Londres rechazara el recurso presentado por los abogados que actúan en nombre de Suecia, que pide su extradición por presuntos delitos sexuales. Assange se mostró decidido a continuar con su trabajo, mientras espera en libertad condicional en un pueblo de Inglaterra a que se resuelva el proceso de extraditación. No obstante, el australiano manifestó su preocupación por una eventual extraditación a los Estados Unidos. Sus temores son fundados pues este jueves el Congreso de EU debatió la revisión de una Ley de Espionaje, que se aprobó en 1917, para aplicarla a la filtración de documentos clasificados de Wikileaks, mientras que fiscales federales buscan elaborar un caso contra Assange, basándose en evidencias o complicidad durante el contacto que tuvo con un analista de inteligencia del Ejército sospechoso de filtrar la información.
El procurador General de la República, Arturo Chávez, sostuvo que el Ministerio Federal busca detener al ex diputado Julio César Godoy Toscano, pues está vigente la orden de aprehensión en su contra por delincuencia organizada, debido a que el amparo que obtuvo no ha sido confirmado. También informó que ya se solicitó la intervención de la Interpol y se elaboró la llamada “Ficha Roja” con la que el ex legislador podrá ser detenido en 180 naciones en el momento en que sea detectado… La Asociación Sindical de Pilotos Aviadores (ASPA) informó que Mexicana de Aviación reiniciará sus operaciones el 24 de enero del próximo año…
(lilia_arellano@yahoo.com; www.fuego-cruzado.tv; www.estadodelosestados.com.mx)
WIKIO
Fuente: Indice Político
Difusión: AMLOTV
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