Amagan empresarios con ampararse contra paquete económico
JESUSA CERVANTES
MÉXICO, D.F., 9 de octubre (apro).- El paquete económico propuesto por el presidente Felipe Calderón es regresivo e inflacionario y, de ser aprobado, provocaría la pérdida de miles de empleos, afirmaron representantes de más de 20 cámaras de la industria privada.
En un encuentro con la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, el Consejo Coordinador Empresarial (CCE), las cámaras de la industria automotriz, cañera, alcoholera, de la cerveza, de seguros, telecomunicaciones, así como cooperativas y permisionarios de juegos y sorteos advirtieron incluso que recurrirán al amparo en caso de que la propuesta presidencial se apruebe en la Cámara.
Fue el primer cabildeo formal de los diferentes sectores productivos del país en San Lázaro, aunque sólo participaron seis de los 30 legisladores que conforman la Comisión de Hacienda.
Críticos a la propuesta del Ejecutivo federal, que deberá ser aprobada antes del próximo martes 20, los industriales advirtieron a los diputados que aquella generará diversos amparos, ya que viola derechos adquiridos, sobre todo en lo que se refiere al régimen de consolidación fiscal.
El representante del CCE, último en ser escuchado, se sumó al reclamo de los amparos, aunque aclaró que estos deberán ser presentados por cada una de las empresas.
"Como han establecido los diferentes sectores, respecto del amparo podemos decir que sí existen elementos jurídicos y legales para recurrir a él", señaló.
Por parte de la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales (ANTAD), que agrupa a 17 mil tiendas en todo el país, el representante de Walmart dijo a los legisladores: "No es una amenaza, sin embargo, el amparo es un derecho que todos tenemos".
La Asociación Mexicana de la Industria Automotriz fue más allá y adelantó que si se aprueba la Ley de Ingresos tal como fue enviada por el Ejecutivo, puede llevar a controversias internacionales, ya que violenta distintos acuerdos internacionales establecidos con Estados Unidos, Canadá, Japón y Europa, debido a que se están cambiando las reglas del juego de manera retroactiva.
"Se están afectando derechos de los inversionistas, y al cambiar las reglas de juego, el gobierno prácticamente está cayendo en una expropiación", denunció.
La propuesta federal plantea incrementar varios impuestos, lo que, desde el punto de vista de los empresarios, provocaría la pérdida de miles de empleos y elevaría los precios de los productos de una manera exorbitante.
Los cerveceros, por ejemplo, manifestaron que la aprobación del paquete económico implicaría un aumento del 1% en la cerveza y se afectarían cuando menos 30 mil empleos. En tanto, los industriales de las telecomunicaciones, a quienes se pretende imponer un impuesto de 4%, recordaron que 99% de las Pequeñas y Medianas Empresa (Pymes) del país utilizan los servicios de internet y la telefonía celular, por lo que un impuesto más alto llevaría a la quiebra a muchas de ellas.
"Aprobar ese impuesto es llegar al extremo de que en México se cobre por trabajar y por hablar", puntualizaron.
De su lado, la American Chamber, la cual sostuvo que sería mejor que se incrementara el IVA en un 17% generalizado, cuestionó el nuevo impuesto de 2% debido a que su función, que es abatir la pobreza, no se cumpliría.
"Este (impuesto) no cumpliría la finalidad que persigue el Ejecutivo, es decir, combatir la pobreza, pues más bien la aumentaría", dijo el representante de ese organismo.
Por su parte, el CCE, el más puntilloso en sus críticas, aclaró que el nuevo impuesto de 2% es bueno, siempre y cuando los recursos recaudados se utilicen para la generación de empleos y no para apoyar los programas sociales asistencialistas que plantea el gobierno federal.
Y más: "Es sorprendente que México crezca a una tasa mediocre del 2%", dijo.
Asimismo, defendió la permanencia del régimen de consolidación fiscal, al señalar que no se trata de un régimen preferencial. Sin embargo, admitió que existen algunos grupos empresariales que han abusado de él.
Los empresarios recibieron el apoyo de los diputado del PT, Mario Di Constanzo, y PRD, Armando Ríos Piter, los dos únicos que hablaron tras la exposición de los distintos sectores de la iniciativa privada.
Di Constanzo, quien de entrada rechazó el régimen de consolidación fiscal, se manifestó en contra del aumento de todos los impuestos, debido a la situación de crisis que priva en el país, ya que instrumentarlos, agregó, "sólo traería desempleo e incrementaría la inflación".
En respuesta, el CCE sostuvo que desde el año 2002 "se ha legislado a la carrera; han salido leyes defectuosas que cuentan con huecos legales, y ello ha dado pie a la elusión de impuestos, sin embargo, es una elusión legal".
En su turno, Ríos Piter solicitó a los empresarios un estudio en el que se pueda establecer cuáles son los huecos que han permitido dicha elusión, y que éste sirva de insumo para confeccionar nuevas leyes que permitan hacer más equitativa la aplicación de los impuestos.
La solicitud del estudio, dijo, es porque sólo contamos con las cifras de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, pero también queremos conocer la situación real que viven los actores, es decir las empresas.
El CCE se comprometió a entregar la próxima semana un análisis por sector en el que se establezca, con relación al Producto Interno Bruto, cuánto es lo que debe pagar cada uno y cuánto se elude debido a los huecos legales.
Cuando el diputado panista Roberto Gil Zuarth alzó la voz para rechazar que el gobierno pretende aplicar la ley de manera retroactiva, los representantes del CCE le dieron toda una cátedra de lo que es la retroactividad y el porqué consideran que el Ejecutivo violenta sus derechos.
Tras ello, el presidente de la Comisión de Hacienda, el panista Mario Alberto Becerra Pocoroba, se comprometió a analizar el punto, pero dijo que de entrada estaba de acuerdo con los empresarios, debido a que en la iniciativa presidencial el tema de la retroactividad con respecto al régimen consolidado "no está tan clara".
Por separado, el rector de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), José Narro, entregó al coordinador del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Francisco Rojas, y al presidente de la Comisión de Presupuestos, Luis Videgaray, una propuesta para impulsar la educación superior, la ciencia y tecnología en México.
De acuerdo con el documento, urge asignar presupuestos multianuales para incrementar la cobertura en la educación superior, con objeto de que en el año 2019 la matrícula aumente en 2 millones 100 mil lugares.
Junto al secretario general de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES), Rafael López Castañares, Narro demandó al Congreso autorizar cada año 6 mil millones de pesos extras para lograr este propósito.
En respuesta, Francisco Rojas anunció que su partido impulsará la propuesta, porque las universidades públicas en México son ejemplo de dignidad y de trabajo por el bien y el futuro del país.
