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sábado, 27 de marzo de 2010
No debemos prestarnos a ninguna farsa en materia electoral, demanda López Obrador
No debemos prestarnos a ninguna farsa en materia electoral, demanda López Obrador
Los Mochis, Sinaloa
Sábado 27 de marzo de 2010
* Reitera su rechazo a cualquier alianza electoral del PRD-PT-Convergencia con el PRI y PAN, que son partidos al servicio de la derecha
* Llama a dirigentes del Frente Amplio Progresista a anclarse en los principios, en vez de desdibujarse y zigzaguear
* Ratifica su militancia perredista, aclara que sólo el PT transmite los mensajes de radio y televisión y que no renuncia al PRD porque sus militantes son mujeres y hombres extraordinarios
A escasos cuatro meses para la elección de gobernadores, diputados locales y presidentes municipales, Andrés Manuel López Obrador sostuvo su rechazo a cualquier alianza electoral del PRD, PT y Convergencia con los partidos de la derecha, por considerar que el PRI y el PAN son lo mismo y “nosotros no tenemos por qué prestarnos a ninguna farsa”.
El presidente legítimo de México llamó a las dirigencias nacionales de los partidos del Diálogo por la reconstrucción de México –antes Frente Amplio Progresista—a “no desdibujarnos, a anclarnos en lo que somos, a no andar con el zigzagueo, porque tenemos un proyecto para transformar al país, y no debemos estarnos moviendo de un lado para otro, nada más por cuestiones electorales”.
Durante su participación en una reunión de evaluación con integrantes de los comités municipales del Gobierno Legítimo de México en la región norte de Sinaloa, explicó que sólo que no tuviese vergüenza asistiría a un acto de campaña de un aspirante postulado tanto por el perredismo como por el panismo, si el PAN, en complicidad con el PRI, le robó la Presidencia de la República en el 2006.
“¡Imagínense cómo me vería yo en un acto de un candidato apoyado por el PRD y el PAN!, si éste último nos robó la Presidencia de la República, sólo que no tuviera yo vergüenza, asistiría a un acto así”, explicó al considerar que hasta correría el riesgo de que le robaran la cartera, si estuviese en el templete al lado de los dirigentes panistas porque, al igual que los priistas, son unos ladrones.
Sin embargo, expresó que la dirección del movimiento que encabeza es respetuosa de la decisión que adopte cada ciudadano, que tiene el derecho constitucional a votar y ser votado. “Es un movimiento de hombres y de mujeres libres, y en el movimiento está prohibido prohibir”.
Cada hombre y mujer tiene la última palabra y son respetadas sus decisiones, manifestó en referencia a un escrito que le entregaron dirigentes locales y estatales del PRD en Sinaloa, en donde exponen sus argumentos sobre “la posibilidad de una alianza en el estado y que tomara en cuenta la opinión” de los sinaloenses.
Al declarar que en movimiento por el cambio real y verdadero participan militantes del PRD, PT y Convergencia, así como ciudadanos sin militancia partidista, hombres y mujeres de buena voluntad e integrantes de agrupaciones sociales y sindicales, López Obrador aclaró que “sigo siendo militante del PRD, fundador y presidente nacional, pero ahora tengo como una especie de licencia, porque estoy dedicado al trabajo de la organización para la transformación del país”.
Pero reconoció que generó una confusión su aparición física en mensajes de radio y televisión con el logotipo del Partido del Trabajo.
Para disipar dudas explicó que “los mensajes grabados para la radio y la televisión se envían a los tres partidos del Frente Amplio Progresista, con el propósito de que los transmitan en los tiempos oficiales que tienen por ley, pero el único partido que los transmite es el PT”.
En contraste, no transmiten dichos mensajes “los dirigentes de mi partido, no me voy a meter a polemizar por eso, por algo será, pero no es que no estemos enviando el mismo mensaje a los tres partidos. Yo le agradezco al PT que nos da la oportunidad de transmitir los mensajes”, agregó.
Luego reiteró su militancia al PRD y explicó las causas por las cuales “no me retiro del PRD, por qué no renuncio al PRD. Fundamentalmente porque sus militantes son mujeres y hombres extraordinarios, de primera, heroicos, que luchan por sacar adelante al PRD y a México, son los mejor que tiene el PRD”.
Y pidió “no confundir la dirección con la militancia. Yo creo que no está bien la dirección del PRD, pero los militantes son otra cosa, es muy distinta, por eso vamos a continuar en el PRD”, abundó.
Antes, el presidente legítimo de los mexicanos convocó a los integrantes de los comités municipales de Sinaloa a trabajar en tres tareas básicas: la ampliación de los comités a nivel de colonias, barrios, comunidades, rancherías, unidades habitacionales y comunidades; inscribir a un mayor número de representantes del Gobierno Legítimo, y repartir casa por casa los ejemplares del periódico Regeneración.
En el diario Regeneración se difunden la información que oculta la mayoría de los medios de comunicación, en particular la radio y televisión, que están bajo el control de la mafia del poder, de la política y del dinero, señaló.
Al detallar que los aproximadamente 30 barones del dinero son los principales propietarios de Televisa, entre quienes mencionó a Roberto Hernández, Claudio X. González, Germán Larrea y el salinista Pedro Aspe, dijo que la crisis de inseguridad y violencia que azota al país es fruto del estancamiento económico, la nula creación de fuentes de empleo y la falta de oportunidades de trabajo y de estudio para millones de jóvenes.
E hizo énfasis en la necesidad de concretar el cambio en México, porque “el actual régimen ya no da para más. Lo único es luchar por la transformación, de abajo hacia arriba, y no esperar que el cambio se geste de arriba hacia abajo, porque a los potentados ni les importa el sufrimiento del pueblo ni el destino de la nación”.
Como ejemplo citó que los bancos obtuvieron jugosas ganancias, cercanas a los 50 mil millones de pesos, durante la crisis económica del año pasado, mientras que el empresario Carlos Slim incrementó su fortuna, al pasar de 35 mil 500 millones de dólares a 53 mil millones.
Para mañana, el presidente legítimo de México sostendrá reuniones de evaluación con miembros de comités de Nuevo León en la capital Monterrey.
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Fuente: Gobierno Legítimo
Difusión AMLOTV
Suspendidas, las negociaciones SEP-SNTE
Autoridades de la dependencia se declararon incompetentes para resolver peticiones del gremio
Suspendidas, las negociaciones SEP-SNTE
Están ofreciendo menos de lo autorizado por la Cámara de Diputados: Rafael Ochoa Guzmán
Laura Poy Solano
Periódico La Jornada
Sábado 27 de marzo de 2010, p. 12
El secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), Rafael Ochoa Guzmán, informó que están suspendidas las negociaciones del paquete económico en la comisión de alto nivel integrada por representantes magisteriales y la Secretaría de Educación Pública (SEP), que encabeza Alonso Lujambio, luego de que autoridades de esa dependencia se declararan incompetentes para resolver las peticiones del gremio.
Señaló que no hay ningún avance sustantivo en la discusión del paquete económico con el SNTE, y agregó que se han presentado propuestas que no satisfacen a la organización, pues se está ofreciendo menos de lo que autorizó la Cámara de Diputados para este rubro.
El dirigente sindical, quien encabeza la representación del SNTE en la negociación, destacó que hay un claro abandono y desinterés del secretario Lujambio para atender estos temas, pues si un colaborador se declara incompetente, quien debe asumir personalmente la negociación es él.
En entrevista telefónica, agregó que desde hace tres días no hay ninguna mesa de trabajo con los funcionarios encargados, por parte de la SEP, para atender sus demandas, entre ellos el oficial mayor, Guillermo Bernal, y el director de la Unidad de Planeación de Educación y Políticas Educativas, Francisco Ciscomani, designados por el propio secretario para avanzar en la parte sustantivas de las demandas económicas.
Ochoa Guzmán, advirtió que ya les hicimos saber a las autoridades educativas que la paciencia tiene un límite, que estamos a la espera de una resolución al pliego de demandas presentado desde el pasado 21 de enero, pero de no haberla nos reservamos el derecho para transitar en el camino que mejor nos convenga para exigir la entrega de esa respuesta.
Afirmó que la negociación está trabada por la falta de respuestas a las peticiones económicas y porque no satisfacen plenamente los rubros planteados en el pliego de demandas, pues evaden, entre otros rubros, aspectos referentes a carrera magisterial y el propio incremento salarial, donde dan números que no corresponden con los recursos que aprobó la Cámara de Diputados.
Por ello, demandó al titular de la SEP, Alonso Lujambio, que asuma su compromiso para entregar una respuesta al SNTE, pues alguien debería recordarle que falta mucho tiempo para el arranque de las precampañas políticas, y antes debe atender su responsabilidad con el sector educativo, pues confirmó que no han recibido ninguna invitación para retomar la negociación.
Fuente: La jornada
Difusión AMLOTV
El PJDF decidirá si se captura a Esparza
El PJDF decidirá si se captura a Esparza
Gustavo Castillo y Alejandro Cruz
Periódico La Jornada
Sábado 27 de marzo de 2010, p. 11
El Poder Judicial del Distrito Federal será el que determine si el líder del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), Martín Esparza, es juzgado por la falsificación de una factura con que se amparó la compra de mil playeras, por un monto de 138 mil pesos.
El presidente del Tribunal Superior de Justicia capitalino, Édgar Elías Asad, confirmó que corresponderá a un juzgado del fuero común determinar si se libra orden de captura contra el dirigente.
Entrevistado durante los trabajos de la Conferencia de Procuradores Generales de Justicia, que se realiza en la capital mexicana, Elías Asad señaló que aún no se determina qué juzgado será competente para conocer del caso, pero el asunto ya está firme para que sean las autoridades del Distrito Federal las que decidan.
El pasado 18 de marzo, el juzgado octavo de distrito en materia penal, con sede en la ciudad de México, rechazó la solicitud de la Procuraduría General de la República de librar orden de aprehensión contra el dirigente.
Fuente: La jornada
Difusión AMLOTV
Pide Gobernación a IP y mandatarios estatales contratar a los electricistas
Gil Zuarth se reúne con diputados que analizan conflicto en LFC
Pide Gobernación a IP y mandatarios estatales contratar a los electricistas
Roberto Garduño
Periódico La Jornada
Sábado 27 de marzo de 2010, p. 11
La administración federal solicitó al sector privado y a los gobiernos estatales que contraten a los 44 mil agremiados al Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), con objeto de evitar el enfrentamiento y resolver el conflicto laboral suscitado en octubre de 2009.
En entrevista con el grupo plural de diputados que analiza el problema generado a raíz de la desaparición de Luz y Fuerza del Centro, Roberto Gil Zuarth, subsecretario de Gobierno de la Secretaría de Gobernación, refirió las acciones emprendidas por el gobierno federal para establecer el diálogo con el SME y reiteró la disposición de la administración federal de no incurrir en enfrentamientos y abrir los cauces para resolver el problema.
El representante petista, Gerardo Fernández, expuso la preocupación del dirigente del SME, Martín Esparza, de que se le aprehenda, una vez que trascendió que existe una segunda orden de captura en su contra dictada por un juez federal. Gil Zuarth no aclaró si la denuncia contra Esparza tiene fundamento.
Refirió que algunos trabajadores han sido beneficiados con el otorgamiento de 28 franquicias, se les sigue dando el servicio del Seguro Social y hay campamentos específicos para actua- lizar en otras actividades a los integrantes del SME, con objeto de proveerles un empleo distinto al que desempeñaban.
El funcionario insistió en que la administración federal continuará impulsando los programas de inserción laboral que conlleven soluciones prácticas para los trabajadores de Luz y Fuerza.
Fuente: La jornada
Difusión AMLOTV
Preparan en el SME acción contundente y riesgosa para recuperar sus empleos
Según el gremio, 17 mil 247 trabajadores especializados no han aceptado su liquidación
Preparan en el SME acción contundente y riesgosa para recuperar sus empleos
La dirigencia sindical calcula que el gobierno les adeuda $637 mil millones en sueldos y prestaciones
Fabiola Martínez
Periódico La Jornada
Sábado 27 de marzo de 2010, p. 11
El Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) prepara para los próximos días una acción contundente, riesgosa, para avanzar en el propósito de recuperar su fuente de empleo y demostrar la ilegalidad del decreto presidencial de extinción de Luz y Fuerza del Centro (LFC).
Los electricistas reiteraron que su movimiento de resistencia es pacífico y respetuoso de las leyes. Sólo piden que se reconozca su contrato colectivo y se les reincorpore en sus labores.
Un censo elaborado por el gremio indica que de una plantilla de más de 44 mil trabajadores que había en el organismo, 17 mil 247 no han aceptado su liquidación, la mayoría de los cuales tenían puestos especializados en las áreas de distribución y transmisión, pero también hay una franja importante de electricistas procedentes de puestos con remuneraciones menores. En promedio –señala–, los trabajadores en lucha tienen entre 18 y 24 años de antigüedad. Todos ellos están por cumplir medio año sin cobrar salario, porque antes del decreto del 11 de octubre de 2009 les adeudaban sueldos y prestaciones.
En los documentos entregados por el SME al gobierno federal se precisa que, de acuerdo con los cálculos de la dirigencia sindical, encabezada por Martín Esparza, se adeuda a los trabajadores unos 637 mil millones de pesos.
La suma es muy alta, dijo a este diario un integrante del comité central del SME que elaboró este diagnóstico: “Imaginemos el nivel de jineteo a esa cantidad millonaria; es dinero que corresponde a los electricistas por concepto de pago proporcional de aguinaldo, fondo de ahorro y una semana con tres días devengada hasta el día del decreto ilegal, entre otras prestaciones que el gobierno se ha negado a liberar”.
En la semana que concluye, la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación dio entrada a la solicitud de amparo del SME respecto al referido decreto presidencial, al tiempo que están en curso ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje miles de demandas por despido injustificado.
Un sector de electricistas, alterno al grupo de Esparza, promueve demandas por recontratación en la Comisión Federal de Electricidad, empresa que tomó la operación del suministro de energía en la zona central del país y, por tanto –afirman los demandantes– se convirtió en patrón sustituto, figura prevista en la ley.
En ese contexto, el pasado miércoles el SME entregó a la Secretaría de Gobernación una propuesta para que los cerca de 18 mil empleados que no han cobrado su finiquito se hagan cargo –a través de una contratación colectiva con el sindicato– del servicio público de energía eléctrica en el área señalada, como alternativa para solucionar el conflicto de manera política.
Mientras tanto, los trabajadores se reunieron ayer en asambleas departamentales, seccionales y divisionales para determinar las acciones a tomar en los próximos días. Será un paso contundente, ciertamente riesgoso, pero firme, hacia la construcción de la victoria, señalaron los dirigentes consultados.
Entre las acciones previstas se incluyen nuevas gestiones administrativas, que se sumarían a la solicitud de amparo que analiza la SCJN respecto a la ilegalidad del decreto emitido por el Presidente Felipe Calderón.
Fuente: La jornada
Difusión AMLOTV
Senadores exigen a Armada, Sedena y PGR aclarar muertes de 2 estudiantes
El gabinete de seguridad comparecerá en abril en Xicoténcatl
Senadores exigen a Armada, Sedena y PGR aclarar muertes de 2 estudiantes
Andrea Becerril
Periódico La Jornada
Sábado 27 de marzo de 2010, p. 9
Los integrantes del gabinete de seguridad nacional se reunirán por segunda ocasión con los coordinadores de todas las fuerzas políticas en Xicoténcatl, en un encuentro programado para la segunda semana de abril, en el que uno de los temas torales será la muerte de civiles y la violación de derechos humanos durante los operativos del Ejército contra el narcotráfico, confirmaron el presidente del Senado, Carlos Navarrete, y el petista Ricardo Monreal.
En esa reunión con los secretarios de la Defensa Nacional, Guillermo Galván; de Marina, Francisco Saynez; de Seguridad Pública, Genaro García Luna, y de Gobernación, Fernando Gómez Mont, así como el titular de la Procuraduría General de la República (PGR), Arturo Chávez Chávez, se podrán discutir los asuntos que preocupan a los legisladores en torno al alcance de la lucha contra el crimen organizado y la inseguridad, detalló Navarrete.
A su vez, Monreal expuso que de manera particular Galván, Saynez y Chávez Chávez deberán dar una explicación sobre la responsabilidad de las fuerzas armadas en los asesinatos de dos alumnos del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, durante un enfrentamiento entre militares y delincuentes.
Otro caso reciente que es necesario que aclaren, añadió, es el homicidio de un vendedor de droga, también en Monterrey, en relación con el cual marinos y la policía estatal se culpan mutuamente, aunque lo cierto es que el sujeto fue detenido, pero nunca llegó a la cárcel, sino que fue asesinado.
Monreal insistió en que esos casos tienen que esclarecerse, y se deben difundir todos los detalles ante la opinión pública, ya que es evidente que se quiere mantener en el anonimato a los responsables con el fin de protegerlos.
Lo más lamentable, abundó, es el riesgo latente de que hechos similares se repitan y mueran más ciudadanos inocentes en fuegos cruzados con criminales.
Fuente: La jornada
Difusión AMLOTV
López Obrador aplaude que Ebrard no escuche el canto de las sirenas
Con la mira en 2012, lo tientan para que rompa con nosotros
López Obrador aplaude que Ebrard no escuche el canto de las sirenas
René Ramón y Silvia Chávez
Corresponsales
Periódico La Jornada
Sábado 27 de marzo de 2010, p. 9
Valle de Chalco, Méx., 26 de marzo. Al jefe de Gobierno del Distrito Federal, Marcelo Ebrard Casaubon, lo están tentando para que rompa con nosotros; otro no hubiera aguantado, pero él se puso cera en los oídos y no escuchó el canto de las sirenas, respondió hoy Andrés Manuel López Obrador cuando se le preguntó sobre las elecciones presidenciales de 2012.
Ebrard hace un buen papel y es responsable, mientras el gobernador mexiquense, el priísta Enrique Peña Nieto, está montado “en un show mediático”, señaló.
Reiteró que el candidato de la izquierda será el que esté mejor posicionado en la preferencia de los electores y deberá estar respaldado por los partidos que formaron el Frente Amplio Progresista (PRD, PT y Convergencia).
Peña Nieto sale más que la Coca-Cola y las Sabritas en la televisión, pero cuando reprimió a los vecinos de Valle de Chalco, afectados por la inundación del 5 de febrero pasado, nada apareció en los medios electrónicos, recordó en una gira de trabajo por esta localidad, donde se reunió con dirigentes de izquierda de la zona oriente del estado.
Respecto de los comicios para la elección de gobernador mexiquense en 2011, aseveró: no hay razones para que la gente apoye al PRI y a Peña Nieto, si lo que han hecho es lo mismo que se viene aplicando desde la época de (Carlos) Hank González. Todo es corrupción, engaños y cooptación, y ahora el añadido es la publicidad.
López Obrador estuvo por la noche en Cuautitlán Izcalli, donde reiteró que para la elección de 2012 sólo hay dos proyectos de nación: uno, empujado por la oligarquía que impulsa al PRI con Peña Nieto, y otro que pretende un gobierno que sirva al pueblo.
En ese municicipio sostuvo una reunión con integrantes del gobierno legítimo de 19 municipios. Al encuentro asistieron afiliados al Sindicato Mexicano de Electricistas, en un acto efectuado en la sede gremial de Lechería.
Antes, en Valle de Chalco, el ex candidato presidencial acudió a la escuela secundaria José Martí, donde se reunió con profesores y dirigentes de izquierda.
Ahí lamentó que Felipe Calderón no tenga idea de cómo enfrentar la inseguridad y la violencia: no es con balandronadas como se va a solucionar el problema.
Agregó que no existe coordinación entre los tres niveles de gobierno, sólo hay desorden, y la muestra son las muertes en Nuevo León de dos estudiantes del Tecnológico de Monterrey.
Duele, porque todos los seres humanos merecemos vivir; se debe garantizar a todos por igual el derecho a la vida. Creo que no es con esos desplantes, con esa actitud, como se debe enfrentar el problema.
Fuente: La jornada
Difusión AMLOTV
Rechaza Gobernación haber apoyado que Fernández Garza tuviera informantes
El pasado jueves hablé del tema con Gómez Mont, afirma el edil
Rechaza Gobernación haber apoyado que Fernández Garza tuviera informantes
David Carrizales y Gustavo Castillo
Corresponsal y reportero
Periódico La Jornada
Sábado 27 de marzo de 2010, p. 7
El alcalde de San Pedro Garza García, Nuevo León, Mauricio Fernández, declaró por tercera ocasión ante el Ministerio Público Federal (MPF). Esta vez acerca de su relación con Alberto Mendoza Contreras, El Chico Malo, presunto jefe de plaza del cártel de los Beltrán Leyva, detenido el pasado día 19.
El edil panista se confrontó con el secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, quien rechazó tener conocimiento de que ese delincuente fuera informante del ayuntamiento.
Fernández Garza señaló que el pasado miércoles fue interrogado en sus oficinas por elementos de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO). Aseguró a la prensa que el titular de Gobernación apoya el uso de informantes para combatir el crimen organizado, como él hizo al pagar a El Chico Malo por datos que le permitieron –dijo– depurar la policía municipal.
En un comunicado emitido por la noche, Gómez Mont rechazó rotundamente que el gobierno federal conociera que El Chico Malo colaboraba con la administración del alcalde Fernández Garza. Es inadmisible que, bajo cualquier esquema, la información e inteligencia se obtengan a cambio de tolerar situaciones de impunidad, advirtió.
Por la mañana, en Monterrey, Fernández Garza sostuvo que el jueves pasado habló con el secretario de Gobernación y le pidió compartir información o un listado de informantes del Ejército, la Marina, la PGR y el Cisen, pues si los hay, con mucho gusto los contratará para que le ayuden a detectar grupos de delincuentes que pretendan establecerse en San Pedro. Reveló que el titular de Gobernación quedó en indagar sobre el tema.
–¿La Federación sabía que Mendoza Contreras era su informante?
–No como persona. Yo había comunicado a todos los órganos de coordinación que, obviamente, yo pago a informantes, y nadie tiene nada en contra de ellos; el secretario de Gobernación me lo dijo tal cual –respondió el alcalde.
Aseguró que los datos proporcionados por El Chico Malo fueron muy útiles, pues “este personaje fue el que dio la lista de los 50 policías que estaban vinculados con los Beltrán Leyva; al final de cuentas se dio de baja a estos agentes y el Ejército hizo un operativo en el que detuvo a 20 elementos”, en julio de 2009.
Horas después, en un comunicado, Gómez Mont desmintió al edil neoleonés. Dijo que el gobierno federal no aceptará, por ninguna circunstancia, el intercambio de información e inteligencia a cambio de impunidad.
Dejó claro que el gobierno federal rechaza tajantemente que la falta de conocimiento de los antecedentes de cualquier tipo de colaborador en materia de inteligencia exima a las autoridades de la responsabilidad de investigar sus posibles nexos con el crimen organizado.
Advierte además que, atento a lo anterior, la Procuraduría General de la República (PGR), en uso de sus facultades y en cumplimiento de sus obligaciones, investigará todo hecho presuntamente delictivo que llegue a ser de su conocimiento.
En tanto, el vocero de la PGR, Ricardo Nájera Herrera, confirmó que Fernández Garza compareció ante el MPF, dentro de la averiguación previa que integra la SIEDO, como parte de la investigación que se integra contra Mendoza Contreras.
La declaración del alcalde fue tomada por personal de la PGR vinculado con la investigación de la muerte de los dos estudiantes del Tecnológico de Monterrey.
Bajo resguardo
La Secretaría de Marina-Armada de México informó que brinda protección al jefe de la policía de Santa Catarina, comandante Luis Eduardo Murrieta Maya, a petición de éste, quien considera que su vida corre peligro, luego de que José Humberto Márquez Compeán, uno de los dos narcomenudistas detenidos en días pasados, fuera asesinado cuando supuestamente estaba bajo su resguardo.
El secretario general de Gobierno de Nuevo León, Javier Treviño Cantú, señaló que en breve, Murrieta Maya rendirá declaración ante el Ministerio Público sobre la muerte del vendedor de droga.
Fuente: La jornada
Difusión AMLOTV
La UNAM rechaza la violencia: Narro
La UNAM rechaza la violencia: Narro
Emir Olivares Alonso
Periódico La Jornada
Sábado 27 de marzo de 2010, p. 6
El rector de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), José Narro Robles, reconoció que la seguridad es un tema no resuelto en la institución; sin embargo, subrayó que la preocupación por el asunto no surgió el fin de semana pasado –por el asesinato de dos estudiantes del Tecnológico de Monterrey–, pues, dijo, hace décadas que los universitarios trabajan el tema.
Es un asunto que nos ha preocupado no de ahora, sino desde hace mucho tiempo. Actualmente, con los casos desafortunados que se han registrado, nos resulta aún más relevante, señaló en entrevista previa al inicio de la sesión ordinaria del Consejo Universitario (CU) de la UNAM.
Interrogado sobre las recomendaciones que la SEP hizo a las universidades para redoblar esfuerzos en seguridad tras la muerte de dos estudiantes del Tec el viernes pasado, Narro recordó que desde 1985 funciona una comisión de seguridad en ese consejo.
Más recursos
En la UNAM la inversión en este rubro se ha incrementado, indicó, sobre todo en vigilancia, transporte, luminarias, postes de auxilio y durante las horas de trabajo destinadas a articular acciones conjuntas con las autoridades del Distrito Federal, estado de México y otros lugares donde existen campus de la institución.
Por supuesto que hay problemas; no tengo ninguna duda, como tampoco de que buscamos las mejores fórmulas para atender esto, dijo.
Durante la sesión algunos consejeros propusieron al pleno que se emitiera un pronunciamiento contra la violencia que se vive en México, en particular porque ha perjudicado a estudiantes e instituciones educativas; sin embargo, se advirtió que el pronunciamiento se realizará en la próxima sesión del órgano, el 7 de abril.
La Comisión Especial de Seguridad rindió un informe de labores de las acciones de diciembre de 2009 a la fecha.
Tras el recuento de acciones, el rector lamentó la inseguridad que se vive en el país, y en el seno de la institución: “No estamos de acuerdo con que un estudiante, profesor o trabajador sea asaltado en la periferia o, a veces, porque hemos tenido casos, dentro de nuestras instalaciones.
Desde este consejo tenemos que decirle ¡ya basta! a la inseguridad y a la violencia que prevalecen en nuestra comunidad y en nuestro contexto nacional. Rechazamos rotundamente una de las expresiones más antiuniversitarias que uno pueda encontrar, y no importa dónde se presenten.
Fuente: La jornada
Difusión AMLOTV
Descarta Slim que violencia haya ahuyentado inversiones
Descarta Slim que violencia haya ahuyentado inversiones
Claudia Herrera Beltrán
Periódico La Jornada
Sábado 27 de marzo de 2010, p. 5
Carlos Slim, el hombre más rico del mundo según la revista Forbes, aseveró que la violencia no ha ahuyentado las inversiones en México, y aseguró que camina tranquilo por las calles del país.
–¿Por qué dicen que los inversionistas se ahuyentan con la violencia?
–Bueno, no ha sido el caso.
–¿No le preocupa el clima de violencia?
–Siguen las inversiones. Nosotros seguimos invirtiendo y creo que todo mundo sigue invirtiendo.
Invitado a Los Pinos a la presentación de la Agenda del Agua 2030, el dueño de Telmex y de Grupo Carso se mostró optimista sobre la situación económica del país este año al señalar: tenemos mejores expectativas.
Consideró que el primer semestre del año pasado fue muy malo y nos afectó mucho, porque la economía cayó muy fuerte.
Pero afirmó que el primer semestre de 2010 será muy alto comparado con el mismo periodo del año anterior, aunque bajo en relación con 2008.
Slim explicó, por otro lado, que está interesado en invertir en la conservación del agua y que por eso se sumó al llamado hecho por el presidente Felipe Calderón para diseñar una agenda sobre el tema.
Explicó que se requiere hacer inversiones permanentes para cumplir la agenda planteada por Calderón para que, por ejemplo, haya ríos limpios y no ocurran inundaciones.
Aseguró que la iniciativa privada puede invertir en mil cosas en este campo bajo el esquema de PPS (proyectos para prestación de servicios) y puso de ejemplo las plantas de tratamiento de agua, los acueductos y los canales de riego.
Fuente: La jornada
Difusión AMLOTV
Argentina: trasnacionales y campesinos en disputa por la tierra
Más de 5 millones de hectáreas se encuentran en disputa entre empresas, apoyadas por el gobierno argentino y pueblos campesinos e indígenas. Más de 600 mil personas han sido afectadas por decenas de conflictos, los cuales pueden resumirse en uno solo: la posesión de los recursos naturales de una de las regiones más ricas del continente
Darío Aranda / Voces de la tierra-IPS
Buenos Aires, Argentina. A medida que avanzan en Argentina las distintas industrias extractivas (petróleo, minería, monocultivos industriales) se incrementan como respuesta la organización de las comunidades rurales y pequeños pueblos, que resisten el avance empresarial.
Un relevamiento de conflictos territoriales y ambientales sobre seis provincias del noreste argentino confirma esta situación, cuantifica la magnitud del fenómeno y aporta datos inéditos: 5 millones de hectáreas en disputa, casi 600 mil personas afectadas confirman que el sector privado y estatal son los principales opositores a los campesinos e indígenas, un espectro rural silenciado y ubicado en las antípodas de la Mesa de Enlace.
El trabajo, que coincide con otro realizado por la Cátedra Unesco (Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura) de Sostenibilidad de la Universidad Politécnica de Cataluña, reveló que la mayor conflictividad comenzó en la década de 1990, de la mano del avance de la soya sobre el norte del país.
“Conflictos sobre tenencia de la tierra y medio ambiente en la región del Chaco argentino” es el título del relevamiento de la Red Agroforestal Chaco Argentina (Redaf), integrada por un colectivo de organizaciones, académicos y técnicos de distintas disciplinas. Identificaron 120 conflictos, de los cuales ya fueron procesados hasta el momento 52 casos (el 43 por ciento).
Los datos son contundentes: 600 mil personas, mayoritariamente campesinos e indígenas, de las provincias de Salta, Formosa, Santiago del Estero, Chaco, Córdoba y norte de Santa Fe, están afectadas por conflictos territoriales y ambientales.
“Una superficie y población que prácticamente equivalen a la provincia de Jujuy son las que actualmente se encuentran afectadas por conflictos de tierra o medio ambiente en la región chaqueña argentina”, compara el informe y destaca que más de la mitad de los conflictos (63 por ciento) comenzaron a partir de 2000, época en que se inició la expansión de la frontera agropecuaria en el noreste argentino. También subraya que en el 95 por ciento de los conflictos tienen protagonismo organizaciones de base y la articulación de comunidades.
La región del Chaco Americano (incluye el norte argentino y zonas de Paraguay y Bolivia) es, luego del Amazonas, el área más rica en biodiversidad. También es la zona con los índices de pobreza más altos del país. Las familias campesinas e indígenas enfrentan en sus conflictos al Estado (52 por ciento), empresas y personas físicas (44 por ciento), Estado junto a empresas, organizaciones no gubernamentales e iglesias (4 por ciento).
La gran mayoría (70 por ciento) de las familias y comunidades afectadas responsabiliza al Estado por su situación de conflicto, sobre todo por la falta de títulos de propiedad, donde los afectados sienten falta de voluntad política o negligencia y demoras de parte de la dirigencia para resolver la situación. También cargan contra el Poder Judicial, que en la opinión de los afectados realiza una interpretación sesgada del Código Civil, que suele favorecer a quien tiene los dudosos títulos de propiedad y no a quienes tienen la posesión de las tierras.
“En los últimos años, amplias zonas del noreste y del noroeste argentinos se sumaron a la producción de oleaginosas, especialmente soya, y fueron incorporadas de este modo al esquema modernizante de agricultura pampeana. Para lo cual se arrasaron decenas de miles de hectáreas de monte, se eliminaron cultivos tradicionales, se cambió el destino de terrenos dedicados a la ganadería y se modificó la estructura de tenencia de la tierra”, afirma el relevamiento. Destaca que “la modernización agrícola agravó el deterioro de los ecosistemas, empeoró las condiciones de vida y aceleró las migraciones de pequeños productores.”
Se identificaron 14 casos de conflictos ambientales, de los cuales, el 72 por ciento se inició a partir de 2000. El 36 por ciento se debe a deforestación (para realizar obras de infraestructura o habilitar campos para siembra), el 29 por ciento, por contaminación (uso de agrotóxicos, desechos industriales y canales que provocan deterioro del medio ambiente); el 14 por ciento, a obras de infraestructura, y el otro 14 por ciento es preventivo (por amenazas de contaminación y deforestación).
Las contrapartes en las disputas ambientales son el Estado (79 por ciento) y empresas (21 por ciento). A diferencia de los conflictos de tierra, los conflictos ambientales afectan a la población en general, no sólo a criollos y aborígenes.
El informe resalta los casos de conflictos medioambientales causados por obras públicas. Aunque no son la causa mayoritaria, afectan a ecosistemas importantes de la región: Bañado la Estrella, en Formosa y los Bajos Submeridionales, en Santa Fe, que involucran extensas superficies y gran cantidad de población. “Las obras provocan cambios en su dinámica natural, inundaciones, sequías, desertificación, deforestación y pérdida de biodiversidad”, explica.
El relevamiento de la Redaf señala la existencia de dos factores que imposibilitan las políticas de desarrollo de las comunidades campesinas e indígenas: la precariedad en la tenencia de la tierra y los daños ambientales provocados por la acelerada expansión de la frontera agrícola.
El trabajo recuerda que en Argentina, el 80 por ciento de la población vive en ciudades de más de 100 mil habitantes y asegura que “no hay voluntad política o no se visualizan políticas públicas” que consideren la permanencia de la población rural en sus tierras.
Fuente: Contralínea
Difusión: AMLOTV
Depredación y violencia contra los pueblos ricos en recursos naturales
Fuente: http://www.youtube.com/user/luifer8
Difusión: AMLO TV
Se incrementa la desaparición forzada, revela la ONU
Decenas de Estados retienen en prisiones secretas a sus opositores que acusan de ser terroristas. Esto ocurre con el apoyo y consentimiento de sus fuerzas armadas y servicios de inteligencia de cada país, refiere un informe de la Organización de las Naciones Unidas. Esa práctica fue nuevamente impulsada durante la estancia de Bush en la Casa Blanca y persiste durante la administración de Barack Obama. Incluye intercambio de información, interrogatorios ilegales y acuerdos de prisión de “enemigos combatientes” con varios países
Hombres y mujeres permanecen contra su voluntad en instalaciones secretas del Estado, ya sea en su propio país o en un tercero, mientras que sus familias, abogados y organizaciones públicas reciben la negativa de las autoridades a informarles sobre su destino. Son los “incomunicados detenidos”, como se les conoce a quienes están incomunicados y se les oculta por días, meses y años, aunque las normas internacionales prohíban ese tratamiento. Ésa es la peor de las violaciones a los derechos humanos, pues suma otros delitos y se extiende a todo el círculo de la víctima, sostiene Jorge Camarena Tinoco, investigador de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Sin embargo, la desaparición forzada sigue siendo utilizada como un método de investigación y persecución en entidades como Guerrero, describe Luis Arriaga Valenzuela, director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez.
Detener a las personas con o sin orden judicial, sin informar de su paradero, afecta la rutina de sus allegados, pues cuando la víctima se ausenta, comienza un proceso de preocupación entre todos ellos que aumentará con el paso del tiempo. Al pasar las horas y días, los allegados ya agotaron la lista de sitios a los cuales dirigirse para preguntar por el paradero de su familiar: hospitales, retenes, cuarteles, cárceles o juzgados.
La desaparición forzada no sólo repercute en la persona que la sufre, sino que se extiende al círculo de las personas cercanas a ella. “Multiplique esa angustia acumulada en los primeros días y semanas de la desaparición por meses, años o décadas y se convierte en una zozobra indescriptible”, ejemplifica el investigador.
Es tal la afectación a la vida de las familias que algunos abandonan el trabajo o los estudios; otros dedican todo su tiempo a esperar el retorno de la víctima o aguardan noticias de ella. “No se puede cerrar esa herida emocional”, describe el doctor Camarena Tinoco.
Aunque su práctica se remota desde hace tiempo, apenas en septiembre de 2005 esta figura se tipificó legalmente como delito en la Ley para Prevenir y Sancionar la Desaparición Forzada de Personas en el estado de Guerrero. Con esa medida se buscó solucionar una deficiencia legal que afectaba su esclarecimiento. Anteriormente se le identificaba con un abuso de autoridad o se recurría a la figura del secuestro para perseguirla, a pesar de que no corresponde a ese delito, pues ahí se busca un fin económico y se tiene noticia de quién retiene a la víctima, comenta el experto.
El 9 de junio de 1994, la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas fue el primer instrumento jurídico que estableció mecanismos que permitieran dictar sentencias definitivas y obligatorias en casos interestatales y particulares expresamente reconocidas por los Estados.
Deuda histórica
Luis Arriaga Valenzuela refiere que en México persiste la impunidad por las desapariciones forzadas que agentes del Estado practicaron en el pasado, pues no se ha resarcido el daño. En la actualidad, hay gran opacidad en la lucha contra el narcotráfico, por lo que le “parece poco responsable la respuesta del Estado mexicano al cuestionario de la Organización de las Naciones Unidas (ONU)”. Explica que 30 años después de la llamada Guerra Sucia, cuando las detenciones forzadas contra luchadores sociales y opositores fueron usuales, se observa un balance negativo en la obligación del Estado mexicano a garantizar el acceso a la verdad, justicia y reparación del daño.
A este respecto, el Informe documenta sobre 18 años de Guerra Sucia en México, que publicó el National Security Archive (NSA) en febrero de 2006, describe que esa denominación comprende un periodo que abarca década y media, desde fines de la década de 1970 a principios de 1980, llamado así en referencia a la forma en que el Estado mexicano condujo las acciones de contrainsurgencia.
Ese texto es el borrador de un informe de cuatro años de trabajo del fiscal especial Ignacio Carrillo Prieto. En el documento se lee que las autoridades responsables de la seguridad implicaron al Ejército “en actos contrarios al honor, la ética y el derecho, en los que lo sucio de la Guerra Sucia implica crímenes de lesa humanidad que demandan del Estado mexicano que los responsables sean llevados a juicio; se les castigue”.
Ese borrador se hizo público “porque las familias de las víctimas de la Guerra Sucia y el resto de los mexicanos tienen el derecho a saber”, indicó Kate Doyle, directora del Proyecto México del NSA. El borrador también señala que es necesario establecer políticas de Estado que respeten los límites que supone un estado de derecho “para que jamás se vuelvan a repetir”.
Para Arriaga Valenzuela, el desempeño de la Fiscalía Especial para los Movimientos Sociales y Políticos del Pasado fue “decepcionante”, pues su objetivo era investigar los llamados “crímenes del pasado”, y hasta el presente, el informe de ese órgano judicial “se oculta por el gobierno federal”.
Pese a la presión de organismos defensores, no se ha resarcido a las víctimas de las violaciones a los derechos humanos cometidas en la Guerra Sucia, por lo que se optó por recurrir a instancias internacionales, como la Corte Internacional de Derechos Humanos. Arriaga cita, como ejemplo de ese recurso, la sentencia dictada por esa instancia en el caso del campesino mexicano Rosendo Radilla Pacheco, quien fue detenido, y posteriormente desaparecido, por un reten militar en Atoyac de Álvarez, Guerrero, el 25 de agosto de 1974.
Ese dictamen, en su opinión, confirma “que los gobiernos de la transición mexicana no han asumido la obligación de poner fin a la impunidad y sacar la verdad del ocultamiento”, por lo que se debe exigir que el cumplimiento de tal sentencia sea expedito, imparcial y cabal.
El también maestro en filosofía social y posgraduado en derechos humanos afirma que esa práctica continúa, “pero con otra modalidad, igual de perversa, pero ya en el marco de la lucha contra el crimen y, en ocasiones, contra el crimen organizado”.
Violar el derecho internacional
A pesar de que existen normas “inequívocas” al respecto, la detención secreta continúa en el mundo bajo el argumento del combate al terrorismo, indica la investigación de la ONU Detención arbitraria y desapariciones forzadas o involuntarias”, realizada por los expertos de ese organismo internacional.
Entre los autores de ese informe, destacan: Martin Scheinin, relator especial sobre la Promoción y Protección de los Derechos Humanos en la Lucha contra el Terrorismo; Manfred Nowac, relator especial sobre la Tortura y otras Penas o Tratos Crueles, Inhumanos o Degradantes; el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria, representado por su vicepresidenta Shaheen Sardar Ali, y el Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias, en el que participó Jeremy Sarkin.
El documento, que atiende los nueve años transcurridos desde que comenzó la denominada “guerra global contra el terror”, está integrado por entrevistas con víctimas de esa práctica ilegal y una encuesta a 44 Estados, entre ellos México. Incluye también un capítulo sobre las detenciones secretas auspiciadas por el gobierno de George Walker Bush y su continuación bajo la administración de Obama.
Ahí se revisan las prácticas de detención secreta previas al 11 de septiembre de 2001. Destaca la “Operación Cóndor”, a la que juzgan como una política en la que los gobiernos participantes justificaban esas detenciones “y otras medidas excepcionales” bajo la doctrina de la seguridad nacional, que permitió la creación de “sistemas represivos por parte de las fuerzas armadas”, donde los derechos humanos y las libertades fundamentales fueron violadas a gran escala y se dañaron el estado de derecho y la democracia.
Describe que una persona es mantenida en detención secreta si el Estado autoriza actuar en su capacidad oficial o las personas actúan bajo las órdenes del mismo. Igualmente, se atribuye al Estado la privación de la libertad de las personas e impedirles todo contacto con el mundo exterior para transformarse en “detenido incomunicado”. Ese estatuto se aplica en casos donde la autoridad competente se niega o rehúsa a proporcionar información sobre el destino o paradero del detenido a su familia, abogados u organizaciones no gubernamentales.
Tal como señala Jorge Carmona, investigador de la UNAM, debido al secretismo que rodea a la práctica de la detención secreta, resulta difícil reunir información de primera mano para documentar estos casos. Por esa razón, los expertos de la ONU admiten, en su informe, que para lograr un cierto grado de certidumbre, consultaron a un amplio grupo de fuentes nacionales, regionales e internacionales; a esa información se sumó la respuesta al cuestionario que se envió a cada Estado miembro del organismo internacional.
Sólo 44 países respondieron. El dictamen sobre México dice: “No existen instancias de detención secreta en el sistema penitenciario. Incluso dentro del contexto de las detenciones militares, hay un requerimiento para mantener un registro de todos los detenidos, y hay salvaguardas procedimentales contra las detenciones secretas”. Además, se indica que México no se ha involucrado o colaborado en detenciones secretas en el territorio de otro Estado y, por lo tanto, no hay comentarios adicionales sobre la efectividad de medidas de detención secreta o contraterrorismo, o “en pasadas experiencias con la detención secreta”.
En contraste con la visión de los expertos y de los Grupos de Trabajo de la ONU, los especialistas en la defensa de los derechos humanos, entrevistados por Contralínea, aseguran que persiste la opacidad en la rendición de cuentas y restauración del daño a las víctimas por parte del Estado mexicano.
Estados Unidos captura y desaparece
A partir de 2005, surgió información de que agencias y organismos estadunidenses habían realizado capturas secretas, transfirieron a personas hacia otros Estados para interrogarlos o detenerlos sin cargos. Aparentemente, dice el informe de los expertos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), esa práctica comenzó casi simultáneamente con la guerra global contra el terrorismo. La Agencia Central de Inteligencia (CIA) fue involucrada en la captura y transferencia directa de prisioneros de Irak, Afganistán y Pakistán hacia terceros países, así como en elaborar y proporcionar preguntas para el interrogatorio de las personas que eran retenidas en prisiones extranjeras.
Explica el informe que aún es difícil discernir un claro patrón de conducta, pues algunos prisioneros regresaron a la custodia de la CIA que, por norma general, los envió a la Base Naval de Guantánamo; aunque otros prisioneros fueron devueltos a sus naciones de origen o permanecieron bajo custodia de autoridades en terceros países. En su informe al Comité Contra la Tortura, el 13 de enero de 2006, el gobierno estadunidense aceptó que transfirió a “algunos enemigos combatientes” a sus países de nacionalidad para continuar con su detención.
Los expertos refieren que, en esa ocasión, se “intentó desviar las críticas a la política de enviar detenidos a países con bajo nivel de respeto a los derechos humanos”, pues afirmaron que el gobierno de ese país “no transfiere personas a países en los que puede haber tortura. Esa política fue calificada por varios cuerpos de la ONU, incluyendo los expertos y el Comité Contra la Tortura, de “extraordinaria rendición”; la consideraron también una clara violación de la ley internacional.
El informe documenta un ejemplo de colaboración de otros Estados para participar en detenciones secretas, como el caso de Muhammad Haydar Zammar, interrogado por agentes de las oficinas de seguridad alemanas mientras era retenido secretamente en Siria. No tuvo asistencia consular y, por lo tanto, no se pudo garantizar la observancia de sus derechos.
Khaled El-Masri fue secuestrado en la exrepública yugoslava de Macedonia el 31 de diciembre de 2003 y presumiblemente transferido hacia Afganistán donde fue retenido contra su voluntad hasta su regreso a Alemania el 29 de mayo de 2004. Un mes después, el Ministerio Federal de Justicia fue informado de estos hechos.
Canadá también figura como tercer Estado en las detenciones secretas por dotar de inteligencia a la República Árabe de Siria en los casos de Maher Arar, Ahmad El Maati, Abdullah Almaki y Muayyed Nureddin. En su declaración, el gobierno negó que hubiera solicitado la detención de estos individuos. Igualmente, Australia proporcionó inteligencia en los interrogatorios de detención secreta de Mamdouh Habib, quien argumentó que un funcionario australiano estuvo presente durante, al menos, una de las sesiones a las que fue sometido en Egipto. (NE)
Fuente: Contralínea
Difusión: AMLOTV
Chicontepec, el embuste
Raudales de quimeras se vierten en torno a Chicontepec. Mentiras oficiales más grandes que sus cerros y la obstinación de un presidente de transferirle recursos a un proyecto que opera con números rojos frustran las ilusiones de sus habitantes de un progreso que no llega
Ana Lilia Pérez / David Cilia, fotos / enviados
Chicontepec, Veracruz. Alberto Nicanor Zamudio nació en 2002, justo el año en el que el gobierno federal dispuso “acelerar” la explotación del yacimiento Paleocanal Chicontepec. Atenidos a los argumentos de Felipe Calderón de que éste es la panacea al declive del Cantarell, y que hará de México la tercera potencia petrolera, Alberto sería heredero de una de las vetas de oro negro más prolíficas del mundo, pero su realidad es totalmente discordante. Sólo por no estar desnudo, el niño cubre su cuerpo con un amasijo de hilachos y remiendos en forma de camisa y pantalón; el atuendo de harapos se complementa con tenis de hule percudido que le aletargan el paso a medida que sus pies se hunden en el barro. Alberto personifica la realidad de Chicontepec, el embuste de Calderón en materia energética.
Aunque parezca chanza, Alberto viste su mejor ropaje: es día domingo y en la congregación de Tepenahuac se inaugura la capilla. Fruto de años de sacrificio para la comunidad, construida en lo alto del monte con cemento y techo de loza, con sus ventanas y puerta de aluminio pintadas de blanco, es la mejor edificación de la zona; el resto, casitas de adobe y palopique. Mientras la comisión parroquial atavía con collares de crisantemos amarillos a los invitados de honor, Alberto ahuyenta la escuálida jauría de perros que olisquea la carne con chile preparada para la ocasión, un lujo en medio de la miseria. Hoy es un día grande en este pueblo de la Huasteca, así que la ceremonia se corona con cohetones que explotan en el cielo.
Tepenahuac es una de las comunidades con más petroleros del municipio de Chicontepec, uno de los 12 (nueve en Veracruz y tres en Puebla) que integran el Paleocanal Chicontepec, también denominado Proyecto Aceite Terciario del Golfo (PATG), al cual, la administración de Felipe Calderón le ha trasferido más de 50 mil millones de pesos, pero ello no se refleja en la economía local. La mitad de las comunidades alcanza el nivel 5, es decir, el más alto de marginación y pobreza, de acuerdo con cifras del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) de la Organización de las Naciones Unidas.
De las 766 mil 513 personas que habitan el Paleocanal, el 70.3 por ciento, en su mayoría indígenas nahuas y totonacos, no tiene trabajo formal y sus ingresos no superan los dos salarios mínimos. La mayoría se dedica a la agricultura de autoconsumo y la crianza de animales y aves de corral. No tiene vivienda digna y carece de los servicios básicos de drenaje, agua entubada y electricidad. En municipios como Chicontepec, el 71 por ciento de las casas tiene piso de tierra.
Estas comunidades eran pobres en 1926 cuando se descubrió el yacimiento; siguieron pobres cuando Vicente Fox reactivó su explotación; y a más de un año de que entró en vigor la reforma energética calderonista con el PATG como uno de sus pilares, la gente en Chicontepec continúa en la miseria.
La comedia
Descendió del helicóptero acompañado del gobernador Mario Marín. En el municipio Vicente Guerrero ya lo esperaban sus secretarios de Energía, Georgina Kessel; de Hacienda, Agustín Carstens; de Economía, Gerardo Ruiz Mateos; de Medio Ambiente, Juan Rafael Elvira, además del director de Petróleos Mexicanos (Pemex), Jesús Reyes Heroles, y el dirigente del sindicato petrolero, Carlos Romero Deschamps, junto con sus agremiados, quienes, en cuanto el presidente subió al pódium, entonaron una retahíla de porras. Aquel 18 de marzo de 2009, a ocasión del 71 aniversario de la expropiación petrolera y cinco meses después de que el Legislativo aprobara su reforma energética, Calderón aseguró que gracias a la reforma energética, ese año Chicontepec produciría el 20 por ciento del crudo nacional, con la correspondiente prosperidad para los lugareños.
“El año pasado, los mexicanos tomamos la decisión de trabajar por una industria petrolera líder y fortalecida, por una industria que contribuyera a brindar mejores oportunidades y bienestar para todos. Hoy puedo decir con orgullo que hemos decidido y hemos elegido bien. Vamos por buen camino… ya contamos con una reforma que nos está permitiendo darle una nueva cara al sector energético de manera integral… la política energética impulsará el desarrollo de este sector en beneficio de todos los mexicanos”, dijo Georgina Kessel.
“La producción en Chicontepec, este proyecto estratégico donde nos reunimos hoy, se retrasó con respecto a lo programado. Las causas han sido superadas por lo que se espera que a partir de este año contribuya de manera destacada a contrarrestar la declinación de los campos maduros, en especial de Cantarell… por eso, el 28 de noviembre de 2008, fecha en que se publicó el nuevo marco legal aplicable a Pemex, en particular un ordenamiento integral y específico para la empresa, esto es la Ley de Petróleos Mexicanos, también será recordada como un hito en la historia de esta gran empresa”, agregó Reyes Heroles.
Y así, uno a uno magnificó la producción de este yacimiento y la “visión” calderonista en materia energética. El discurso más representativo fue el de Romero Deschamps:
“Esta región en la que hoy se desarrolla el acto conmemorativo de la expropiación es tal vez el mejor ejemplo de lo que avizora el futuro para nuestro país. Podría ser, incluso, una buena metáfora de lo que nos debería animar como filosofía nacional… debajo de este territorio, conocido popularmente como Chicontepec, existe una importante riqueza petrolera, tal vez incomparablemente generosa, pero para poder disfrutar de su beneficio se requiere, por las características geológicas del yacimiento, de un extraordinario esfuerzo, sólo comparable a la magnitud de la generosidad de este subsuelo, riqueza y sudor, sudor y riqueza. Ésa parece ser la ecuación que deba distinguirnos”.
La realidad diluyó el ensueño. De los 867 mil barriles diarios, no se produjo ni el 5 por ciento. Pero además, de acuerdo con cifras oficiales de Pemex, el petróleo que aquí se extrae es también el más costoso: 16 dólares promedio por barril, mientras que en los yacimientos del Golfo de México, el costo de extracción promedia los 6 dólares. Lo que se hace en Chicontepec es un usufructo disparejo que sólo ha beneficiado a los corporativos contratados para la exploración y perforación de pozos.
Derroche público
Oficialmente, las reservas de Chicontepec representan el 39.9 por ciento de la reserva total de hidrocarburos de México, sin embargo, los expertos dicen que su explotación es inviable debido a las características geográficas de la zona: accidentada totalmente por los cerros y cuellos volcánicos. Francisco Garaicochea, Premio Nacional de Ingeniería Petrolera y exdirectivo del área de yacimientos de Pemex, explica: “El problema para su explotación es la pobre capacidad de producción de sus pozos y su alta declinación inicial. Esto se debe a que los yacimientos son de baja permeabilidad con alto contenido de arcillas hidratables. Al iniciar la producción se libera en ellos una gran cantidad del gas disuelto que bloquea el paso del aceite hacia los pozos”.
Desde que Vicente Fox reactivó su explotación, el Grupo Ingenieros Pemex Constitución del 17, integrado por exfuncionarios y técnicos altamente calificados, conminaron al gobierno a detener el proyecto. Advertían que tanto la estimación de reservas, las cifras de producción y recuperación, así como los indicadores económicos usados para su aprobación estaban inflados.
Como parte de su Estrategia Nacional de Energía, que argumenta que Chicontepec produzca 867 mil barriles diarios mediante “el desarrollo y administración de tecnologías especializadas que incrementen significativamente la productividad por pozo y permitan reducir los costos al mínimo”, la administración de Calderón asignó costosos contratos a los corporativos que supuestamente aplicarían dicha tecnología. No obstante que decenas de informes y estudios confirmaban que la explotación era inviable, se le destinaron 187 mil 500 millones de pesos, programados hasta 2021, de los cuales hasta ahora se han invertido más de 52 mil millones.
La estrategia utilizada consiste en la perforación masiva de pozos. Pemex planea perforar 1 mil 200 por año, hasta llegar a 16 mil en 2020, lo que para Pemex implica el oneroso gasto por cada trabajo de perforación, y para las comunidades, el desmonte a gran escala mediante detonaciones que afectan directamente sus endebles viviendas y su hábitat, incluidos los cerros que para ellos tienen un significado religioso, como el Postecticla para el pueblo de Chicontepec. Según cifras de la Comisión Nacional de Hidrocarburos, hasta ahora se han perforado 1 mil 83 pozos, de los cuales sólo 604 están en operación.
En 2008, en el Senado de la República, a nombre de la asociación de ingenieros petroleros, su presidente Francisco Garaicochea advirtió que antes de destinar tantos recursos públicos a la explotación de Chicontepec era necesario “tomar en cuenta que está en duda la rentabilidad de los pozos y que las regiones depresionadas son las de mayor capacidad de producción”. En efecto, la perforación en serie multiplicó los gastos de operación, no así los resultados.
La Auditoría Superior de la Federación (ASF) realizó una auditoría especial a los recursos federales invertidos durante siete años en este proyecto, y concluyó que la altísima inversión no es proporcional a su producción. De cada peso que Pemex invierte en la explotación de este yacimiento, recupera 25 centavos, menos la deducción de los impuestos respectivos.
Sólo este proyecto consume el 10 por ciento del presupuesto total que Pemex Exploración y Producción (PEP) destina a proyectos de inversión; en contraste, produce sólo el 1.4 por ciento de hidrocarburos.
En su auditoría al PATG, la ASF destaca la opacidad en el manejo administrativo y operativo por parte de Pemex. Dice que su sistema de control interno “no es confiable” y que tampoco hay claridad sobre las metas establecidas.
La auditoría reveló el incumplimiento de todas las metas: de perforación y terminación de pozos; la producción de petróleo y gas, y hasta la calidad del crudo obtenido. Las metas de perforación de pozos llegaron al 39.8 por ciento; la terminación, al 39.7; se produjo sólo el 38.8 por ciento del petróleo programado y 59.1 por ciento del gas. Tal incumplimiento, indica la ASF, va en contravención de las Normas Generales de Control Interno en el Ámbito de la Administración Pública Federal.
Más que una falta normativa, el impacto económico de la ineficiencia en el PATG es demoledor. La ASF destaca que si Pemex hubiese producido y comercializado el petróleo programado, el beneficio por cada peso invertido hubiera sido de 93.6 centavos y no los 2.5 centavos que se obtuvieron.
Antes de que la ASF hiciera públicos los resultados que contablemente confirman el fracaso en Chicontepec, la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH), órgano desconcentrado de la Secretaría de Energía, en voz de su presidente, Juan Carlos Zepeda, pidió a Pemex suspender el PATG, pero los directivos de Pemex se negaron.
Francisco Garaicochea opina que “los contratos pactados con las trasnacionales, con las cuales se tienen ya comprometidos los recursos públicos de la siguiente década, son la obcecación de sostener el proyecto. Lo que significa es que Pemex, o mejor dicho, los mexicanos seguiremos perdiendo en la explotación de Chicontepec, mientras que los únicos que ganan son los contratistas, porque ellos cobran de acuerdo con las actividades que desarrollan, aunque no haya ganancia”.
Al respecto, la ASF subraya en su auditoría que no hay claridad sobre las contrataciones. En la práctica, ello lleva a gastos infructuosos. Por ejemplo, en 2008, la subsidiaria PEP pagó 53 millones de dólares a una compañía para que le diera mantenimiento mayor a 208 pozos, los cuales supuestamente sostendrían la producción ese año. Sólo cuatro produjeron, el resto quedó inactivo. Y de los 220 pozos que ese año se perforaron, sólo 26 alcanzaron la producción estimada.
Ricardo Prian Caletti, del Comité Nacional de Estudios de la Energía (CNEE), cuantifica que, en los últimos cuatro años, Pemex ha perdido 614 millones de dólares por contratar a trasnacionales para la explotación de Chicontepec. Ante tales resultados, los integrantes del CNEE califican el proyecto Chicontepec como “un saqueo a la nación y botín de consorcios privados”. El impacto social de ese usufructo es aún más lamentable.
Depredación
En lo bajo de una montaña de las que comprenden la geografía del Paleocanal se ubica la Foxxe Energy Services; en uno de sus campers se levantan dos banderas que ondean incesablemente con el viento. En lo más alto del asta ubicada a la derecha, la bandera de Estados Unidos; a su izquierda, más abajo, la de México, metáfora de la reocupación petrolera. La misma imagen se reproduce en las áreas de trabajo a cargo de Halliburton, Dowell Schlumberger, Weatherford, Baker Hughes y Tecpetrol, las principales beneficiarias de la explotación de este yacimiento.
Las actividades de exploración y explotación de hidrocarburos, que según el artículo 27 constitucional son exclusivas de Pemex, en Chicontepec son ejecutadas por consorcios texanos, europeos y venezolanos, los cuales de manera directa o a través de subcontratistas hacen mediciones, construyen pozos, baterías de separación, instalan tanques, ductos, bombas, compresoras, en fin, toda la infraestructura con su peculiar sistema de trabajo.
Las expropiaciones se han convertido en el principal foco rojo en la zona: las compañías allanan los terrenos antes de que Pemex negocie con sus dueños. Enmarcadas en un clima de antagonismo y abuso, tales ocupaciones invariablemente nos remiten a la mítica Rosa Blanca, relato del escritor Bruno Traven sobre la rapaz explotación petrolera en los campos mexicanos a manos de la Condor Oil Company Inc. Regresión de más de 70 años: labriegos expulsados, arrasados los cultivos de naranja, limón, plátano, maíz, tomate, ciruela… la misma Huasteca desmontada por la voracidad de la Condor, hoy bajo los nombres de Halliburton, Schlumberger, Weatherford.
Para las comunidades, el legado de la actividad petrolera es el destrozo en sus tierras y caminos por el trasiego de caminos y maquinaria de las compañías.
El municipio más afectado es el de Chicontepec; sus caminos principales, el de Tecomate, que entronca con la carretera estatal que conduce a Ixhuatlán de Madero y atraviesa las comunidades Ayacaxtle, Xococatl, Zapotal y La Antigua, están estropeados. También los de Las Palmas, Tlacolula y Tepenahuac. El panorama es de un bombardero sobre Chicontepec: la grava esparcida por doquier. Lo peor es en tiempos de lluvias, cuando los deslaves bloquean los caminos durante semanas, hasta que la comunidad consigue maquinaria para desazolvar.
“Solamente vinieron a perjudicar nuestras comunidades. Destrozaron nuestros caminos, que, de alguna manera, manteníamos transitables. No hemos visto ni un solo beneficio. Con su maquinaria y camiones, destruyeron todo y nadie quiere hacerse responsable”, explica Pedro Toribio Martínez, síndico del ayuntamiento.
Para las comunidades, una afectación de esa naturaleza puede significar la diferencia entre la vida y la muerte, dadas las características topográficas y la distancia a los servicios de salud, razón por la que “muchos enfermos no logran recibir la atención que requieren y mueren”, señala un diagnóstico elaborado por el PNUD sobre las situación socioeconómica en el Paleocanal.
En las zonas semiurbanas, el panorama no es mejor. Más organizados los lugareños se manifiestan, bloquean carreteras y caminos para exigir a Pemex reparar sus calles y drenaje atascado con los desechos de los recortes de perforación de los pozos. Desde 2009, prácticamente en todos los municipios del Paleocanal ha habido bloqueos. Actualmente, las protestas más álgidas se viven en Venustiano Carranza.
La aplicación del Programa de Desarrollo Comunitario Sustentable, del que se ufanan los directivos de Pemex y el mismo presidente Calderón, es una farsa en Chicontepec. En algunos poblados, los representantes de la paraestatal dan su añeja “solución”: unos pesos por calle destrozada, cerca tirada o campo arrasado, fomentando que se instituya la conocida “industria de la reclamación”, tan arraigada en Tabasco y Campeche.
En los últimos meses, el Centro de Reflexión Laboral, con sede en la ciudad de México, ha documentado la sistemática violación a los derechos humanos de las poblaciones asentadas en este yacimiento petrolero. Su coordinador Carlos Rodríguez dice que, ante los agravios, “la gente responde cerrando una calle o bloquea el acceso a las obras, es decir, con reacciones espontáneas. Sin embargo, eso no es la solución. Tampoco que Pemex calme sus reclamos con dinero, sino que cumpla con su obligación de sustentabilidad y de empresa socialmente responsable”.
En 2008, el PNUD le advirtió a Pemex de la importancia del manejo sustentable en la disposición y uso de mantos acuíferos en la zona, ya que, por las características topográficas, la explotación petrolera en Chicontepec requiere una gran cantidad de agua, recurso que “puede considerarse también como reserva indispensable para la población”, por ello en la Estrategia de desarrollo local sustentable para el proyecto de aceite terciario del golfo le indicó a Pemex que debía proponer estrategias de uso y manejo de agua que garantizaran la preservación los sistemas hidrológicos.
Hoy en algunos municipios del Paleocanal, las compañías perforadoras provocan derrames, contaminan ríos. En enero, en la comunidad totonaca Jorge Serdán, en Papantla, la empresa PGS detonó explosivos que fracturaron los pozos y derramaron el hidrocarburo en los manantiales y sembradíos. Los desechos de perforación de los pozos tampoco tienen un manejo adecuado.
“Se están violando los derechos humanos de estas comunidades. No hay una consideración atenta al medio ambiente, a la producción agrícola. La gente no quiere pesos por cerrar un pozo, quieren respeto a su hábitat”, reflexiona Rodríguez.
Los lugareños temen desastres ecológicos como los ocurridos en el sur de Veracruz. La desconfianza no es gratuita, ésta es la entidad más afectada por las deficiencias de la industria petrolera mexicana, de acuerdo con el registro de accidentes ocurridos en instalaciones de Pemex o provocados por la paraestatal en la última década, cuya copia posee Contralínea.
El estudio Contraloría social de protección al ambiente, del investigador Rafael Vela Martínez, publicado en 2009 por el Colegio de Veracruz, cuantifica frecuentes fugas, derrames, explosiones e incendios en Poza Rica, Coatzacoalcos, Minatitlán, Las Choapas, Cosoleacaque, Ixhuatlán del Sureste, Nanchital, Veracruz, Tuxpan, Pánuco y Papaloapan. En tales desastres, las sustancias involucradas son el aceite, gasolinas, diésel, combustóleo, keroseno, gas natural, amoniaco, gases tóxicos, derivados etílicos, hexano, heptano, cloro, azufre, hexaclorados, acrilonitrilo, ácido sulfúrico, versadril, xileno y aguas residuales.
Los conflictos sociales que genera la actividad petrolera se atizan por la falta de comunicación entre los representantes de Pemex y sus contratistas con los lugareños. Juan Santiago Reyes, de congregación Tepenahuac, explica que “la gente que viene de fuera no busca el entendimiento con la gente de aquí. Las comunidades no saben lo que es Pemex y no entienden lo que hacen con sus tierras. Lo único que ven es el desmonte, que ya no pueden sembrar su frijol y que las aguas de sus ríos están contaminadas”. En Mesa de Tzapotzala, desde 2005, 20 familias de indígenas esperan a que los representantes de Pemex regresen a pagarles 300 árboles de naranja derribados, su cosecha de ese año.
Quizá el malestar aminoraría de haberse generado empleo en la zona, pero cada compañía llega con su personal, así que los 12 mil empleos directos y 40 mil indirectos que a partir de 2009 ofrecería el Paleocanal Chicontepec, según palabras de Felipe Calderón, son otra quimera, aunque no sorprende del todo, porque en su diagnóstico socioeconómico de la zona, elaborado en 2008, el PNUD advertía que la baja capacidad educativa sería el principal obstáculo para la inserción de los lugareños en la industria petrolera. El analfabetismo alcanza a más de la mitad de la población: en municipios como Pantepec, llega al 64 por ciento, seguido de Chicontepec, con el 60 por ciento. El promedio de instrucción de los letrados llega al quinto año de primaria.
Lo máximo a lo que pueden aspirar es a emplearse como chaperos, a expensas de que las compañías les cubran su mísero salario, como ha ocurrido con los obreros contratados por la Foxxe Energy Services, empresa texana dedicada a la perforación, que a su paso por Álamo y Chicontepec ha dejado en el limbo a sus cuadrillas de obreros; o de velador, como don Prisciliano, oriundo de Tecomate, Chicontepec, a quien una subcontratista de Schlumberger contrató como velador gracias a su experiencia como guardia presidencial en tiempos de Carlos Salinas de Gortari.
Felipe Calderón aseguró que en Chicontepec habría una derrama económica anual de 20 mil millones de pesos, pero sólo llegaron cantinas y expendios de cerveza. Entre el camino de Álamo a Chicontepec, hay 11 cervecerías alineadas una tras otra a la orilla de la carretera, apenas a unos metros de los primeros pozos.
Fuente: Contralínea
Difusión: AMLOTV
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