jueves, 16 de junio de 2011

Democracia y desarrollo social


JOSÉ RENÉ OLIVOS CAMPOS

En México se plantea con frecuencia por los políticos mexicanos y algunos académicos de las ciencias sociales que puede haber democracia sin desarrollo social. Sobre todo, en tiempos de la renovación del poder público, se difunde con mayor insistencia la idea, por cualquier medio de comunicación: ¡ahora sí, después de las elecciones habrá desarrollo social!

Esto pareciera que la democracia y el desarrollo social no se conjugaran en momentos de la renovación del poder público, pero tampoco por quienes gobiernan en ese momento. Es decir, que los gobernantes en turno no logran superar las condiciones de pobreza con las capacidades de gobierno a pesar de que exista democracia, lo que produce crisis de gobernabilidad democrática o ingobernabilidad.

Estamos entonces ante la justificación de que la democracia es fuente de la renovación del poder y el ejercicio del gobierno democrático, pero no del desarrollo social.Nada más equivocado.

La democracia, como forma de vida institucional, es lo que permite que pueda haber desarrollo. Es el detonante para el logro de un conjunto de cambios en el sistema social mexicano y el que debiera consolidar las modificaciones.

No obstante, la democracia mexicana, desde su alumbramiento desde fines de los años 80 hasta nuestros días, como se ha valorado y llevado a lapraxis por los políticos y gobernantes, resulta desde luego una condición insuficiente para lograr los cambios y conduzcan a un nuevo desarrollo social.

La democracia, entonces, como se ha concebido y practicado por los gobernantes no ha devenido en el cambio del sistema político con distribución del poder público equilibrado, con pesos y contrapesos para las transformaciones, así como para generar el desarrollo social de la nación, con mejores índices de bienestar y justicia social.

No se ha producido el cambio político y de políticas con la democracia, con los muchos candidatos impetuosos que han planteado el desarrollo social criticando en el cual vivimos, pero cuyo papel ha sido más retorico y de buenas intenciones que ofrecen a los ciudadanos para dar el salto cuantitativo que reduzca la brecha entre pobreza y riqueza. Tal vez por la falta de visión, de la fuerza, entereza, aptitudes, astucia, integridad y capacidad para identificar los componentes políticos, económicos y sociales, establecer y ejecutar las políticas de desarrollo, reordenar las condiciones de vida e impulsar con vigor las capacidades y voluntades de la sociedad y de los políticos y gobernantes, hacia mejores estados de desarrollo y convivencia social.

En consecuencia, no se ha producido el cambio del desarrollo social con la democracia. Más bien ha generado el desencanto de la ciudadanía, de la falta de capacidad del gobierno democrático para gobernar ante los problemas sociales que se creyeron que solucionarían o se pretendieron creer que se resolverían con la democracia.

En el gobierno democrático se ha hecho evidente que se ha privilegiado la agenda política de seguridad pública con niveles presupuestarios que se incrementan constantemente hasta llegar a 25 por ciento del presupuesto de egresos de la federación y de los estados. Sin privilegiar el desarrollo social, sin reconocer u omitir en la agenda del gobierno democrático el plano social, como factor fundamental que hay que atender y consolidar para mejorar la calidad de vida social, y así se evitará el gobierno democrático ineficaz e incompetente, que ha frustrado las posibilidades que desató su reivindicación y lucha en los años 80, el lograr superar el Estado mexicano autoritario y conseguir la justicia y el desarrollo social.

En consecuencia, no se ha conjugado democracia y el desarrollo social. Las respuestas del gobierno mexicano es la crisis de inseguridad, incrementos fiscales, desempleo, endeudamiento, gasto a la seguridad pública, con bajos ingresos, con aumentos de pobreza.

De nueva cuenta, se vuelva a recurrir por los políticos a los propósitos de que superemos esos límites de desarrollo social, pobreza y marginación, que se nos han impuesto desde los gobiernos democráticos que hemos vivido desde los años 80. Sin desplegar toda la capacidad de gobierno que contiene la democracia competitiva y pluralista agotada, en confrontación partidocrática y con el gobierno, que el país necesita concluir para logra la democratización del poder de forma inteligente, en convivencia y respetuosa, que arribe a un nuevo pacto político y social para el desarrollo con justicia y bienestar.

El arribo del buen gobierno democrático es aquél que conjuga democracia y desarrollo social, anticipa y se compromete con estrategias para tal fin, cumple con los mandatos constitucionales, asegura libertades y garantiza el desarrollo social.

Fuente: La Jornada de Michoacán

La violencia política y la prensa en México: permanencias y cambios


RODOLFO GAMIÑO MUÑOZ

El poeta ruso Osip Maldestam –tempranamente– reflexionó sobre el siglo XX. Un fragmento de su pensamiento puede apreciarse en el poema “El Siglo” escrito en 1923. En una de sus líneas Maldestam argumentó: “Siglo mío bestia mía, ¿quién sabrá hundir los ojos en tus pupilas y pegar con sangre las vértebras de las dos épocas? El constructor de sangre a mares vomita cosas te-rrestres. El vertebrador se estremece apenas en el umbral de los días nuevos”.

Maldestam percibió que el siglo XX era voluntarista, un siglo en el que autoritarismo–totalitarismo expandiría su terror a través del nazismo, fascismo, comunismo y con el triunfo del capitalismo. Un siglo en el cual la vida y la muerte tendrían un delgado telón que dividiría una escena de la otra. Un siglo que nació roto, sin espina dorsal, un siglo que emergió decepcionado por su propio horror de todos contra todos, de los unos contra los otros, los “amigos” contra los “enemigos”.

Bajo esta lógica de “amigo/enemigo” los coliseos y quirófanos de exterminio se extendieron a lo largo del siglo con objetivos circulares: identificar, excluir y exterminar a los “no amigos” del sistema político. Hacer la guerra “buena” contra la guerra “mala”, la guerra “justa” contra la guerra “injusta”. Clausewitz denominó a este razonamiento “la guerra como una prolongación de la política”.

La psicosis internacional y estatal por encontrar y exterminar al “enemigo” permeó a México durante la segunda mitad del siglo XX, cuando múltiples manifestaciones sociales y armadas cuestionaron –entre muchas cosas– el sistema político posrevolucionario, a decir, el presidencialismo semiautoritario.

Las tres etapas de la movilización social en el siglo XX

Tres fueron las etapas de movilización social y armada violentadas por el Estado: la rural (1965–1968); la urbana (1968–1973) y la urbana–rural (1973– 1985). En la primera etapa la represión consistió en la aplicación de los “servicios civiles, las campañas humanitarias, la paramilitarización zonal, la operación de los ejércitos tácticos regionales, así como los cuerpos de defensa rural. El objetivo oficial de estas estrategias fue que la presencia de las fuerzas militares se rutinizara en las áreas rurales”.

En la segunda y tercera etapa las corporaciones policiacas y militares al servicio gubernamental se diversificaron, destacan: el Batallón Olimpia, los Hal-cones, la Brigada Blanca, la Dirección Federal de Seguridad (DFS), la División de Investigaciones para la Prevención de la Delincuencia (DIPD) y la Policía Ju-dicial Federal (PJF), así como las corporaciones de policías rurales o regionales. En este periodo fueron utilizadas cárceles clandestinas y bases militares para la tortura y la desaparición del “enemigo”.

Además de la aplicación de estos me-canismos es importante destacar que la violencia durante los años 1968 y 1973 tuvo dos variables. En primera instancia la represión fue abierta, ampliada y pú-blica (particularmente ante la movilización estudiantil de 1968 y la de 1971). Mientras que durante los años 1973– 1985 la represión fue focalizada, de baja intensidad y semipública (focalizada porque no fue necesario extenderla, de baja intensidad porque no fue ampliada a la sociedad y a diversos grupos sociales y semipública porque no tuvo las salidas políticas a través de la prensa, la radio y la televisión).

La prensa, socio activo del Estado

Es importante destacar que el Estado durante esta etapa tuvo varios socios activos, por mencionar la prensa. La prensa tuvo un papel importante no sólo por actuar mancomunadamente con los órganos represivos y volver semipública la represión. Además, fungió como un instrumento por medio del cual se determinaron las salidas políticas al conflicto tanto a corto como a largo plazo. Es im-portante destacar que la condescendencia entre el Estado y la prensa se explica a raíz de pactos de lealtad no firmados, pero acatados. La prensa tuvo un papel político y social de suma importancia. Fue un instrumento que contribuyó a hacer públicas algunas salidas al conflicto. Actuó de acuerdo con la reformulación de los modelos represivos aplicados por el Estado y apoyó el exterminio de gran parte de la oposición política.

Es evidente que el papel político y social de los periódicos no fue un proyecto que emergió aislado o una voluntad desconectada de la realidad política. Además de dar salidas al fenómeno ar-mado, complementó la dinámica represiva llevada a cabo por los escuadrones antiguerrilla. Si la lógica coactiva consistió en reprimir focalizadamente con un despliegue policial de baja intensidad, los medios de comunicación contribuyeron en volverla semipública. Es decir, fuera del tejido social, pero dentro de la observancia pública. El papel de la prensa permitió al Estado dar salidas políticas al conflicto armado a corto y largo plazo.

A corto plazo, las opiniones y posiciones desplegaron una opacidad informativa ante el accionar de las fuerzas contraguerrilla del Estado. Evidenciaron su existencia y rigurosidad, aplaudieron sus acciones, encubrieron la utilización de cárceles clandestinas, de instalaciones militares, métodos de tortura y la desaparición forzada.

A largo plazo, la opinión, posición y los giros informativos de los periódicos generaron repercusiones políticas y sociales de gran envergadura: la rutinización y cotidianización de la violencia por parte de los medios de comunicación terminaron convirtiéndola en una acción aceptada y legitimada socialmente.

Los diarios auxiliaron al Estado para mostrar al movimiento armado como un fenómeno delincuencial atípico en la historia del país. Un acontecimiento que emergió por contagios ideológicos ajenos a las problemáticas políticas, económicas y sociales de México. El movimiento armado fue presentado como una anomia social carente de lógica histórica, un proceso bochornoso que la juventud mexicana no logró entender y, por ello, falseó su camino.

Los periódicos borraron todo indicio que pudiera fincar los cimientos de una clara reminiscencia y propiciaron amnesia colectiva en la sociedad a partir de la relativización del fenómeno armado; además promovieron la construcción de la invisibilidad y la programación del olvido.

Estos presupuestos nos orillan a pensar además de alertar sobre la recurrencia de la violencia política y el papel de la prensa en el México contemporáneo. Puesto que mientras no se entienda la lógica de la violencia estatal, sus formas operativas y miembros activos, ésta po-drá seguir justificándose deliberadamente no sin repercusiones tanto políticas como sociales a corto y largo plazo.

Este argumento cobra fuerza si percibimos el reempoderamiento de los me-dios de comunicación como instrumentos que más que fungir como intermediarios entre el Estado y la sociedad, nuevamente parecen, en su mayoría, otorgar salidas políticas en momentos de tensión y el conflicto permanente.

Es necesario repensar cuáles son los factores internos de orden político y los externos de orden social que rigen el papel de la prensa con relación al Es-tado actualmente y cuáles son las continuidades y los giros que en materia informativa llevan a cabo con relación al pasado y la violencia desplegada por éste actualmente. Un Estado que se empeña en ser voluntarista, en sostener un absurdo “Petainismo”, es decir: “ha-cer la paz con la guerra exterminadora o hacer que la “violencia buena” suceda a la “violencia mala”.

Bajo estas premisas es importante destacar que la tan anhelada “Solución final” o “Solución absoluta del siglo XX –como lo sostuvo Maldestam– es irreconciliable a principios del siglo XXI, ya que se sigue buscando “la lucha final”.

El Primer Coloquio Violencia: actores, cultura y enemigos del Estado, que se llevará a cabo del 24 al 25 de junio de 2011 en la Facultad de Ciencias para el Desarrollo Humano de la Universi-dad Autónoma de Tlaxcala nos permitirá ahondar en estos tópicos que resultan cruciales en el contexto de violencia política que persiste en México.

Fuente: La Jornada de Oriente

Operativo Conago 1 hace todo lo que no se debe: académico


En vez de usar métodos de inteligencia anuncian planes en los medios, dice

ANÍBAL VIVAR GALVÁN

El operativo nacional Conago 1, que inició tres días atrás en 31 estados de la república mexicana, “hace lo que no se debe hacer” pues informa mediáticamente los planes de las autoridades en materia de seguridad, aseguró el académico de la División de Estudios Jurídicos la Universidad de Guadalajara (UdeG), Francisco Jiménez Reynoso, quien consideró que esta medida fue implementada de esta manera pues los políticos buscan votos, lo que ocasionó que el abordaje fuera erróneo.

“En este tipo de asuntos debe de haber inteligencia, incluso contrainteligencia, para dar buenos resultados, pero eso importa poco, lo que el político busca en estos tiempos que entramos en una etapa electoral son votos. La efectividad en materia de seguridad debe de ser altamente discreta pero eso no deja votos y no da publicidad ni los lleva mediante las cámaras (de televisión) al panorama nacional”, dijo y agregó que este operativo se convertirá en “un gran retén” en todo el país que tendrá algunas detenciones por algún tiempo indefinido.

Por su parte, el investigador del Departamento de Derecho Público de la UdeG, Dante Haro Reyes, consideró que este operativo, aun y cuando es positivo, se aplica con considerable retardo para la situación del país, además de que el tiempo en que se aplicará –una semana– es muy poco para ofrecer buenos resultados.

“Es una medida desesperada, quizá demasiado demagógica y que reditúa un costo muy alto para quien lo anuncia porque aquel político o funcionario que vaya a combatir la inseguridad obviamente será bien visto. Pero la parte negativa es que se anuncia con tres días de antelación para la delincuencia”, dijo y agregó que la logística para esta operación quería de un diagnóstic detallado de la situación del país para que, con esta información, se haga un mapeo delictivo a nivel nacional que sirva para determinar las líneas de acción de cada cuerpo de seguridad y la coordinación en conjunto.

“Lo que estamos viendo ahora es ‘salgan y adelante’, como lo que está haciendo (el municipio de) Tlaquepaque con sus retenes para que los delincuentes salgan y se tropiecen con ellos”, dijo Haro quien mencionó que la falta de coordinación que se tiene entre las policías federal, estatales y municipales no será solucionado en este operativo que requiere la conjunción de todos.

Siguen sin confiar en autoridades

En el estado de Jalisco del total de denuncias por robo que se presentaron en el último año sólo el tres por ciento culminaron con la presentación del delincuente ante el un juez, mientras que el 33 por ciento no prosperó y quedó estancada, lo anterior desencadena una desconfianza de parte de la población hacia las autoridades encargadas de la seguridad, aseguró Haro quien agregó que el 92 por ciento de los delitos ocurridos en el año 2009 no fueron reportados ante las autoridades debido a esta falta de confianza mientras que de las personas que sí dieron parte a las autoridades sólo el 17 por ciento recuperó sus pertenencias.

Dijo además que, según estos datos proporcionados por la Procuraduría de Justicia de Jalisco, el robo sigue siendo el ilícito que mayor incidencia tiene, seguido por lesiones y daño en las cosas.

Por su parte, Jiménez Reynoso, refirió que en materia de extorsión telefónica se ha incrementado el tiempo que los extorsionadores emplean para esto generando, de esta manera, que el daño económico para las familias sea mayor.

Dijo además que en está delito se denuncia sólo un caso de cada cuatro mil 500 extorsiones a nivel nacional siendo Jalisco el cuarto estado más afectado precedido por el Distrito Federal, el Estado de México y Michoacán.

Fuente: La Jornada de Jalisco

Desmilitarización, diálogo y promoción de la paz


FERNANDO ACOSTA RIVEROS

Opositores al gobierno espurio de Felipe Calderón Hinojosa se pronunciaron el pasado domingo 12 de junio en Ciudad Juárez, Los Ángeles y Stanford. Exigieron la desmilitarización, propusieron el diálogo entre las diferentes organizaciones culturales, económicas, políticas y sociales mexicanas para poner fin a la llamada guerra contra el narco o combate a la delincuencia. En el sexto mes del año aumenta el deseo de construir un país independiente, pacífico y progresista.

La incapacidad y negligencia de las autoridades federales, estatales y municipales, salvo honrosas excepciones, tiene harta a la población. “Humanizar a la autoridad y lograr que se rompa la impunidad”, sugirió en Ciudad Juárez, Chihuahua, el activista Pietro Ameglio al concluir el recorrido de la Caravana por la Paz con Justicia y Dignidad. Exigir mediante la movilización y las protestas, a quienes se consideran gobernantes, que cumplan con sus obligaciones, respeten la Constitución y protejan la vida de la población.

Andrés Manuel López Obrador, el ex candidato que ganó la elección presidencial de 2006, visitó Los Ángeles, abogó por una reforma migratoria que respete los derechos humanos de los mexicanos que van a trabajar a Estados Unidos, ante la ausencia de empleos en su país de origen. Sugirió alcanzar una relación de respeto entre las dos naciones, como lo han manifestado a gobernantes estadunidenses en los últimos 50 años otros líderes políticos de países de nuestra América entre quienes destacan: Fidel Castro Ruz, de Cuba; Salvador Allende Gossens, de Chile y Evo Morales Ayma, de Bolivia.

En Stanford se desplegó una manta desde una avioneta para preguntarle al usurpador de la presidencia mexicana: ¿cuántos muertos más?”. Parece que no le conmueven 40 mil víctimas, ni el dolor de sus familiares. Felipe Calderón anda de fiesta intentando convencer a quienes lo escuchan sobre su legitimidad y las bondades de los gobiernos dirigidos por integrantes del Partido Acción Nacional (PAN). Corrupción, incapacidad y negligencia son las tres principales cartas de presentación del PAN y del Partido Revolucionario Institucional (PRI). Con el PRIAN la mafia seguirá fuerte, continuará su proyecto de militarización, reprimirá, romperá cualquier diálogo y continuará la guerra.

Desde otras naciones, amigas y hermanas de México, se ha condenado la llamada guerra contra el narco y las atrocidades cometidas contra la población. El principal aliado y promotor de las actividades del narco en nuestra América es el sistema capitalista que en su versión neoliberal multiplicó la corrupción y el crimen. Argentina, Colombia y México, han sido escenarios desde 1990 donde algunas de sus autoridades se convirtieron en cómplices de las mafias. Un escándalo por lavado de dólares implicó a familiares del presidente Carlos Saúl Menem en junio de 1991. La Casa Rosada anunció entonces la creación de una fuerza antinarco mientras Terence Todman, embajador estadunidense en Buenos Aires, daba órdenes y emitía declaraciones irrespetuosas contra los argentinos que se oponían al neoliberalismo.

La corrupción iba al alza en la patria de Benito Juárez y el entonces secretario de Comercio, Jaime Serra Puche, defendía las gestiones del salinismo para conseguir un Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá que garantizaría “el crecimiento y el desarrollo de la economía”. El gobierno de Bush intervenía decididamente en Bogotá, Buenos Aires y Ciudad de México. César Gaviria Trujillo, Carlos Saúl Menem y Carlos Salinas de Gortari eran reconocidos por el imperio como “arquitectos de la modernización continental”.

Gabriel García Márquez, cuya novela Cien años de soledad tuvo amplia difusión y éxito editorial en Buenos Aires, Bogotá y Ciudad de México, se pronunciaba en Colombia a favor del diálogo, por la desmilitarización y un cambio de estrategia económica y política en su país en el año 1991. “El grado de horror a que ha llegado el problema del narcotráfico, transformado en narcoterrorismo, creo que es el resultado de una ceguera total, o de una incapacidad total, o de una negligencia total de nuestros gobernantes”, expresaba el autor de Noticias de un secuestro a su colega y amigo mexicano Enrique Maza.

Hace 20 años un grupo de colombianos, entre quienes se destacó el religioso católico Rafael García Herreros, propuso al gobierno de César Gaviria Trujillo que se escucharan las propuestas de Pablo Escobar Gaviria, jefe del cártel de Medellín y fundador del grupo Los Extraditables en un intento por frenar la violencia del narco que llenaba de luto y dolor a muchas familias, como por ejemplo a las esposas e hijos de Jaime Pardo Leal, Luis Carlos Galán Sarmiento, Bernardo Jaramillo Ossa y Carlos Pizarro Leongómez, ex candidatos a la presidencia por la Unión Patriótica, el Nuevo Liberalismo y la Alianza Democrática Movimiento 19 de Abril. Los cuatro aspirantes a gobernar Colombia fueron asesinados por sicarios, donde se comprobó la complicidad entre militares, narcotraficantes, latifundistas, empresarios privilegiados y funcionarios gubernamentales que se oponían a un cambio pacífico, mientras defendían el neoliberalismo y la “civilización occidental”.

Pablo Escobar Gaviria se entregó a las autoridades el 19 de junio de 1991, convirtió su cárcel, llamada “La Catedral”, en un club de diversiones y un buen día se escapó. En diciembre de 1993 murió pero el narco siguió ejerciendo su poder porque en Colombia los gobiernos privilegiaron la represión, la militarización, la intimidación a opositores y el exterminio de la población. Todo eso en nombre de la democracia, el neoliberalismo y la modernidad.

Fuente: La Jornada de Jalisco

QUEBRADERO


ANTONIO GONZÁLEZ VÁZQUEZ

Desde ayer y durante seis días, México pasará a ser un estado Policíaco en el que el aparato represor del Estado, por la vía de la fuerza, será el que dicte quien está fuera o dentro de la Ley.

El dilema es confiar o no en las acciones de la autoridad.

En un país ya de por si militarizado por la amplia presencia de elementos de las fuerzas armadas en todo el territorio nacional, se suman ahora más de 310 mil policías.

La desconfianza en las instituciones encargadas de brindar seguridad y procurar justicia, es el primer obstáculo a vencer en un país en donde priva la impunidad y la corrupción.

El Operativo Nacional de Seguridad Pública aprobado por la Conferencia Nacional de Gobernadores e implementado desde ayer, parte de la premisa de que los gobernadores si se ocupan y se preocupan de lo que ocurre en sus entidades federativas con respecto de los altos índices de criminalidad.

La responsabilidad en las 40 mil muertes que suman desde el inicio de la guerra que Felipe Calderón inició contra la delincuencia organizada, alcanza también a los gobernadores.

El operativo orientado a la persecución de probables delitos del fuero común era necesario frente a la percepción generalizada de que los gobiernos locales no le entraban de lleno al problema.

Sin embargo, resulta penoso que se alardee de dicho operativo, cuando en resumidas cuentas de lo que se trata, es de que se pongan a trabajar en lo que, constitucionalmente les toca.

No es nada para el aplauso. La policía hará lo que tiene que hacer un policía, nada más. Combatir a la delincuencia y preservar la tranquilidad es su función.

Los objetivos son por demás encomiables y dignos de crédito. Nadie habría de ponerles un pero.

“Se combatirán delitos como robo de vehículos, robo a transporte de carga y de pasajeros, venta de autopartes robadas, detención de personas con mandamientos judiciales pendientes, combate al secuestro, recuperación de vehículos sustraídos, desarticulación de bandas criminales, detención de vehículos con vidrios polarizados y/o sin placas.

Así como detectar y recuperar vehículos robados, detener autos con placas sobrepuestas, con vidrios polarizados, así como aquellos que no tengan en orden los documentos respectivos para la circulación.

De entre ese amplio listado, vale la pena hacer énfasis en aquellos que más lesionan a los ciudadanos, como lo es el secuestro. En los diversos delitos que se perseguirán no aparece el de extorsión.

En el caso del plagio de personas, en el estado se han presentado hechos muy lamentables que han terminado en la ejecución de las víctimas, en tanto que hay casos que no han sido resueltos porque hay ciudadanos aun privados de su libertad.

Destaca también el asunto de la detención de presuntos delincuentes cuyas órdenes de aprehensión están pendientes. En ese caso, la actual administración recibió un rezago gigantesco que no ha sido abatido y que en seis días, es de dudar que se pueda lograr algún avance significativo, sobre todo, en casos de alto impacto.

El rezago es tan absurdo como inexplicable, pues en asuntos ajenos a la delincuencia organizada, verbigracia el de los ex presidentes municipales con órdenes de aprehensión, por actos de corrupción, en su mayoría están detenidos.

Y da el caso de que cuando los detienen, como ocurrió con Gustavo Alarcón, a la vuelta de unas horas alcanzan su libertad. Dos años para detenerlo y en 48 horas estaba fuera de prisión.

Es decir, no basta que la Policía Ministerial actúe y detenga a quienes se han evadido de la justicia, sino que el Agente del Ministerio Público integre de manera profesional sus expedientes para que los detenidos sean llevados ante la justicia para ser castigados.

Cualquier esfuerzo debidamente organizado para un combate más eficiente al delito debe ser bienvenido, pero eso no resuelve de fondo el serio problema de inseguridad.

Por ejemplo, en el Distrito Federal, la Procuraduría General de Justicia inició su operativo en la emblemática colonia Buenos Aires, famosa por su alta incidencia delictiva.

¿En el caso de San Luis a que zonas de riesgo real se habrán metido los policías?

El sentido común dicta que seguramente habrá una especial atención a San Ciro de Acosta donde se encontraron fosas con cuerpos enterrados, o bien, en Ébano, Villa de Ramos, Ciudad Valles y otros municipios “contaminados” con el ingreso de delincuentes de otras entidades.

El gobernador Fernando Toranzo ha fijado la meta del Operativo en tierras potosinas con una vara muy alta: bajar a cero la tasa delictiva. Eso no existe a menos de que se trate del paraíso terrenal.

De cualquier modo, el esfuerzo es válido en tanto que la sociedad está harta de lo que ocurre, no solo por las ejecuciones y enfrentamientos entre las fuerzas del orden y los delincuentes, sino también porque se puede ser víctima del robo desde un medidor del agua, un tanque del gas hasta el de un vehículo.

El delito ha alcanzado a todos y en cualquier estrato social.

Esperemos que el Operativo no concluya con el simplismo de que se enviaron cientos de vehículos al corralón por falta de placas sino que el dato sea el del cumplimiento de órdenes de aprehensión de delincuentes peligrosos.

Ojala y este tipo de operativos se legitime ante la sociedad con resultados contundentes y concretos respecto del número de bandas desarticuladas, de la recuperación de vehículos robados, del desmantelamiento de bandas que tienen bajo amenaza a empresarios y comerciantes.

Es de esperar que se detenga a quienes han hecho de la industria del secuestro un negocio de millonarias ganancias y que se le haga justicia a quienes han denunciado casos individuales.

Los resultados serán los que hablen por los gobernadores y por sus mandos policíacos.

Hay que esperar y dar el beneficio de la duda, pues en los últimos años, ha habido más elementos para el pesimismo que para la esperanza de recobrar el lugar en que vivimos.

Fuente: La Jornada de San Luis

Debe PGR rendir cuentas sobre el caso Hank Rhon


ESTHELA DAMIÁN PERALTA

¿En verdad no hubo elementos para dictarle a Jorge Hank Rhon el auto de formal prisión por presuntas violaciones a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos? ¿Será que pasó como en otros casos donde el agente del Ministerio Público federal integró mal la averiguación previa para beneficiar a algún indiciado? En aras de despejar cualquier sospecha sobre su actuar, la Procuraduría General de la República (PGR) está obligada hoy más que nunca a rendir cuentas sobre este escandaloso caso.

En ese tenor, el Grupo Parlamentario del PRD en la Cámara de Diputados presentará ante la Comisión Permanente un punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, para que dicha dependencia rinda un informe detallado sobre las causas que orillaron a la Juez Noveno de Distrito, Blanca Evelia Parra Meza, decretar el auto de libertad.

Estoy cierta de que sería muy sano conocer los hechos que motivaron la llegada de militares a la residencia de Hank Rhon el pasado 4 de junio a raíz de una supuesta denuncia ciudadana, la integración del expediente que realizó el agente del Ministerio Público federal y determinar por qué una acusación que daba la impresión de estar bien fundamentada vino de más a menos, hasta que la juez consideró que no había elementos para dictar el auto de formal prisión.

Se trata de asuntos muy delicados para el desarrollo democrático del país, no sólo porque se presumió el vínculo con la delincuencia organizada de un político de renombre en Baja California, sino además por los nexos que éste tiene en el estado de México donde próximamente se van a celebrar elecciones.

Necesitamos conocer qué fue lo que pasó y qué es lo que sigue en este asunto de carácter jurídico-penal, me parece elemental esclarecer los hechos de una detención que la semana pasada se convirtió en un escándalo nacional.

El auto de libertad concedido a Jorge Hank Rhon, nos hace replantear la necesidad de grabar no sólo el desarrollo de los juicios sino también la integración de la averiguación previa, a efecto de que el acusado o la parte acusadora no puedan sembrar situaciones inexistentes o que despierten sospechas.

¿Qué es lo que está pasando con la procuración de justicia en el país? ¿Cuáles son los pasos que se tienen que agotar para impedir que con tanta facilidad se desechen las averiguaciones previas? ¿Qué sucede con la parte de la Procuraduría que es el representante de la sociedad? ¿Realmente se cuenta con los elementos necesarios para acreditar la comisión de delitos como los que se le imputaron a Jorge Hank Rhon?

No basta con que la PGR impugne la resolución de la juez, sino que se requiere que informe a detalle qué fue lo que ocurrió en este caso y dónde estuvo la falla; y es que resulta difícil de creer que ahora digan que no hubo elementos para dictar el auto de formal prisión cuando en su residencia le fueron aseguradas 88 armas de fuego de diversos calibres, así como nueve mil 250 cartuchos útiles.

En un escueto comunicado, la oficina de prensa de la PGR se limitó a señalar que la dependencia federal no había sido notificada de la resolución que emitió la Juez Noveno de Distrito con sede en Tijuana. Tras un recuento de los hechos, salió con la clásica frase, ya desgastada por cierto, de que refrendaba “su compromiso de velar por la estricta aplicación de la Ley, agotando las instancias legales procedentes para su cumplimiento, siempre con respeto a los derechos humanos, así como a los procedimientos y competencias establecidos en el ordenamiento jurídico”.

Como si con lo anterior, la Procuraduría General de la República despejara todas las sospechas que rodean su actuación en este espinoso asunto.

Fuente: La Jornada de Guerrero

Prevén los habitantes de Amatlán destrucción por hidroeléctrica


FERNANDO INÉS CARMONA - MARTES, JUNIO 14, 2011

Orizaba, Ver.- La construcción de una macrohidroeléctrica en Amatlán de los Reyes ya alertó a habitantes de al menos seis municipios del centro del estado. De inicio lo rechazan, y con tres puntos aclaran su postura: Primero, el cauce del río Blanco, dicen, será desviado de su ruta; segundo, tierras que actualmente producen café van a desaparecer y, tercero, presumen filtraciones de aguas contaminadas a los mantos freáticos que surten la zona.

Mediante un documento entregado a La Jornada Veracruz los pobladores de municipios de Amatlán de Los Reyes, Naranjal, Córdoba, Ixtaczoquitlán, Orizaba, Río Blanco, Nogales, Coetzala y Omealca, detallan algunas de las características que, según ellos, tendrá este proyecto hasta el momento no oficial ni público.

El documento entregado por Jairo Guarneros Sosa, participante en las reuniones que ya sostienen vecinos de esos municipios en distintos puntos de la zona centro del estado, explica por qué se asume esa postura.

En el primer punto los vecinos explican en qué consiste el proyecto: “El proyecto hidroeléctrico el Naranjal consiste en desviar la mayor parte caudal del río Blanco, poco después de que se le una el río Metlac, que nace en el Pico de Orizaba y conducirlo por 22 Km (sic) a través de varias localidades del municipio de Amatlán para alcanzar dos tanques reguladores en la parte alta del cerro San José de Gracia, para luego mediante tuberías conducir el agua (aprovechando un desnivel de 250 m) hacia la localidad de Xúchiles –en el municipio de Omealca–, donde se encontraría la casa de máquinas”.

Para ello, dice el documento, se construirá un canal de conducción “a cielo abierto de 14 metros de ancho y 21 kilómetros de longitud a cielo abierto con sifones (capacidad de 120 mil l/s), ancho 14 metros”.

Este canal de conducción “atravesará el municipio de Fortín (Villa Libertad y San Martín), Córdoba, Cuichapa (Barrio Guadalupe, Rancho Filmar, Dos Caminos) y mayormente Amatlán de los Reyes (Acayojalpan, El Porvenir, la Joya, el Otate, Colonia La Toma, la Patrona, Amatlán)”.

Pero, además, tendrá dos tanques reguladores: “En la parte alta de la Sierra San José de Gracia (municipios de Yanga y Cuichapa) utilizados para la siembra del café; un tanque –denominado uno–, de una extensión de 21.9 hectáreas, con capacidad de almacenamiento de 2.1 miles de millones de metros cúbicos, y el tanque dos, de 10 hectáreas, con capacidad de almacenamiento de un mil millones de metros cúbicos y a una altura aproximadamente de 700 metros sobre el nivel del mar”.

El proyecto consta además de una casa de máquinas, “en el municipio de Cuichapa, en la congregación Dos Caminos y Omealca. El desfogue de las aguas se dará cerca del pueblo de Xúchiles (Omealca) a una altura sobre el nivel del mar de 400 metros aproximadamente. La energía generada por dos turbinas tipo Francis en esta casa de máquinas se enviará a la subestación Amatlán”.

Pero, dice, “existen dos opciones todavía no definidas para la generación de energía (una generaría 305 MW y la otra 360 MW). El agua se desfogará en este punto de nuevo al río Blanco”.

En este contexto, se explica, hay otros municipios involucrados: Naranjal, Coetzala, Omealca, así como otros ubicados más abajo de la cuenca hasta su desembocadura en la Laguna de Alvarado.

En materia de costos de construcción de la obra, los grupos opositores, quienes dicen haber tenido acceso al proyecto ejecutivo, indican que “al menos de mil 250 millones de pesos sólo el 2.5 por ciento se destinará a obras y acciones ambientales”.

Estima que el inicio del embalse y sus desgravadoras serán una de las primeras cosas que se construirán. El tiempo estimado de construcción tardará dos años “desde que empiece la limpieza y desmonte”.

No obstante, señalan que el manifiesto de impacto ambiental –MIA– está autorizado por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), pero condicionado desde enero del año pasado.

“Recientemente el aprovechamiento de aguas en la cuenca del río Blanco se encontraba vedada por decreto (1 de marzo 1948). El 26 de junio 2006 se publicó un decreto que levantó dicha veda. Esta obra será promovida por el sector privado retomando estudios previos de la CFE (realizados desde los años 1960)”.

Y se presume que la empresa de reciente creación, Agroetanol de Veracruz SRL de CV, cuyo gerente único es Guillermo Jesús González Guajardo, es la principal promotora del proyecto. Antes la empresa promotora se llamó Protama SA de CV.

La empresa ofrece “400 empleos directos e indirectos –que pudieran ser temporales– pero, ¿qué otro beneficio tendría para los pobladores locales y el desarrollo regional, si tomamos en cuenta que, por ejemplo, Amatlán tiene los indicadores de desarrollo más bajos de la zona metropolitana de Córdoba?

Sin embargo, sí dejan en claro que la obra será para beneficio de la iniciativa privada: “Abastecer de energía eléctrica al sector industrial es la meta”.

Pero, este proyecto tiene afectaciones ambientales, pues consideran que “el ecosistema fluvial del río Blanco se le dejará un 'caudal ecológico' de dos a tres metros cúbicos, cuando el gasto anual medio es de 40 metros cúbicos, debido a que el gasto promedio turbinable es de 37.4 metros cúbicos y se requiere de mil 180 metros cúbicos al año. Todos los cálculos hechos a partir de la estación hidrométrica del Naranjal”.

Además, el proyecto requiere de 106 hectáreas de uso permanente y, en efecto, se estima que habrá una afectación al régimen hidrológico del río Blanco; inundación de vegetación; efecto barrera sobre biota acuática; emisión de gases invernadero; retención de sedimentos.

“¿Qué pasará con los residuos sólidos de gran tamaño que carga el río? El campo de futbol, el camposanto y parte de la zona urbana de Amatlán se verán atravesados ¿habrá necesidad de recolocarlos?” –se cuestionan.

En el aspecto legal, argumentan que hay violación al derecho a la información (completa, de fácil acceso y objetiva); violación al derecho a la participación de los pobladores (violando 169 OIT).

Si la hidroeléctrica llega a obtener la concesión (No consuntiva) de agua esto afectará la disponibilidad de agua en la cuenca.

Pero está el riesgo, consideran, de que surjan varios nuevos cuerpos de agua en un territorio que antes no los tenía, además que puede haber afectaciones a la salud por casos de dengue o el consumo de agua contaminada del río Blanco que, al atravesar varias localidades, puede haber infiltraciones de las aguas contaminadas a los mantos freáticos que surten de agua a las poblaciones de Amatlán, a través de pozos y la destrucción del valor paisajista del río en mención.

Ahora bien, los vecinos de los municipios ya sostienen reuniones y se organizan para iniciar movilizaciones con las que se pretende evitar que se ejecute este proyecto.

Fuente: La Jornada de Veracruz

Las minas de carbón en México: relato de omisión y corrupción

En concreto | Laura Itzel Castillo

El pasado 12 de junio se celebró el Día Mundial contra el Trabajo Infantil. En ese marco, se conmemora la 100 Conferencia de la Organización Internacional del Trabajo, en Ginebra del 1° y hasta el 17 de junio, donde representantes de la Organización Familia Pasta de Conchos promovieron la visita de la OIT a México para constatar los niveles de inseguridad laboral que imperan en las minas de carbón y la persistencia del trabajo infantil.

Un ejemplo claro de las precarias condiciones de trabajo de los mineros del carbón en México fue el desastre ocurrido en el pocito de Sabinas, Coahuila, hace ya más de un mes. Este suceso puso en riesgo la vida de un menor que perdió un brazo debido a la explosión. Por desgracia, este caso está lejos de ser una excepción. La Organización Familia Pasta de Conchos ha identificado al menos seis lugares inspeccionados por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social el año pasado, en los que laboraban 15 jóvenes de entre 14 y 17 años de edad. La explotación de menores en las minas de carbón es, pues, una realidad pese a los dichos del Gobierno.

Lo anterior podría considerarse una consecuencia de la negativa del Gobierno mexicano a ratificar el convenio 176 de la OIT sobre seguridad y salud en minas, y el convenio 138 sobre la edad mínima de admisión al empleo. No obstante, más allá de las discutibles razones para justificar esta negativa, debe advertirse que México sí ratificó el Convenio 182 de la OIT, referente a las peores formas de trabajo infantil, y que dicho convenio es letra muerta en este país, al ser violado sistemáticamente por las autoridades.

El convenio 182 señala en su artículo 3°, inciso d) que la expresión “las peores formas de trabajo infantil” abarca “el trabajo que, por su naturaleza o por las condiciones en que se lleva a cabo, es probable que dañe la salud, la seguridad o la moralidad de los niños”. A continuación, el artículo 4° señala que los tipos de trabajo a que se refiere el artículo previo deberán ser determinados tomando en cuenta la Recomendación sobre las peores formas de trabajo infantil. Este último documento se refiere, en el párrafo tercero, apartado b), a: “los trabajos que se realizan bajo tierra, bajo el agua, en alturas peligrosas o en espacios cerrados”.

Lo anterior demuestra que las autoridades han sido omisas en el cumplimiento de acuerdos internacionales ratificados, y sólo tratan de eludir su responsabilidad buscando subterfugios legales. A pesar de que la Ley Federal del Trabajo señala claramente la posibilidad de clausurar las minas en caso de riesgo, la actual administración se ha negado a cerrar las minas que no cumplen con la normatividad en materia de seguridad e higiene; por eso no garantiza condiciones de trabajo óptimas para los inspectores de minas de la STPS; por eso permite que los menores trabajen en las minas. A esta serie de omisiones se suma además la red de complicidades y corrupción en torno a las concesiones mineras. Según datos de Andrés Manuel López Obrador, se tiene concesionado el 27% de nuestro territorio, es decir, más que en la época porfirista.

Es imperativo poner un alto a las irregularidades en las minas de carbón y exigir que las inspecciones cumplan con su objetivo.

Para ello, presenté un punto de acuerdo que solicita una auditoría a la STPS que revise el cumplimiento de los objetivos de las inspecciones a las minas del carbón en Coahuila. La propuesta será discutida en la Tercera Comisión de la Permanente el día de hoy. Es la oportunidad para definirse: se puede optar por la técnica del avestruz y los oídos sordos, votando en contra y permitiendo que continúe la impunidad de la dependencia encabezada por Javier Lozano, o empezar a hacer justicia a los trabajadores mineros explotados de nuestra patria.

Fuente: El Gráfico

Federación no ha notificado sobre mineras


MARGENA DE LA O

Chilpancingo, 14 de junio. El secretario de Gobierno, Humberto Salgado Gómez, adelantó que solicitarán al gobierno federal que confirme si entregó concesiones a empresas mineras de Canadá e Inglaterra, para explotar en los próximos 50 años yacimientos de oro, plata y zinc en las regiones Costa Chica y La Montaña, pese a la oposición de 63 comunidades aglutinadas en la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC).

Por su parte, el gobernador Ángel Aguirre Rivero confirmó que el gobierno federal no le ha notificado si realmente otorgaron nuevas concesiones a las mineras de Canadá e Inglaterra para la explotación de minerales en este estado.

Mencionó que los pueblos que podrían resultar afectados de haberse permitido la explotación de minerales en Guerrero, no se han acercado al gobierno para pedirle intervenir: “no se han acercado aún conmigo las comunidades que posiblemente saldrían afectadas, y yo no puedo intervenir; en la medida que me hagan un planteamiento, si me lo hacen, con mucho gusto estoy en toda la disposición de apoyar cualquier acción que pretenda cometer alguna injusticia”.

Y es que la CRAC sostiene que el gobierno federal concedió 24 concesiones a empresas canadienses e inglesas para explotar minerales en Guerrero.

En ese sentido, Salgado Gómez consideró necesitario conocer detalles de esas inversiones, pero sobre todo privilegiando el interés de los guerrerenses, “para que se desarrollen todos los potenciales económicos que el estado está requiriendo en este momento, pero que también no se cometa ninguna injusticia a la luz de ese tipo de permisos”.

Atribuyó el asunto de la entrega de concesiones a la federación, pero aseguró que el gobierno del estado estará atento para vigilar el interés de los guerrerenses.

Fuente: La Jornada de Guerrero

CÍRCULO DE ESTUDIOS CENTRAL: HOMENAJE A MATTEO DEAN Y LECTURA DRAMATIZADA "NOSOTROS SOMOS LOS CULPABLES"

Estimad@s amig@s:

Como recordarán, el jueves pasado anunciamos que Matteo Dean sería nuestro ponente este jueves 16. Lamentablemente, él falleció el sábado, por lo que le rendiremos un homenaje a través de Alejandro Vega García, integrante de la Mesa Directiva del Centro de Investigación laboral y Asesoría Sindical; una de las Instituciones con las que más colaboraba nuestro admirado Matteo.

Tendremos también la participación de "Luna y señas Teatro", que nos hará una lectura dramatizada sobre el lamentable caso de la Guardería ABC.




El Círculo de Estudios Central



L@s invita y espera este



Jueves 16 de junio
a las 19 hrs.
En el Museo del Club de Periodistas de México
Filomeno Mata 8, Centro Histórico


A platicar con
Alejandro Vega García
Integrante de la Mesa Directiva del CILAS

"Retrospectiva sobre Matteo Dean"

y
Lectura dramatizada con
Luna y Señas Teatro


"Nosotros somos los culpables"

Adaptación de Humberto Robles sobre un texto de Diego Enrique Osorno

Dirección: Daniela Esquivel


_______________________________________________________

Con infinito agradecimiento a Celeste Sáenz de Miera y a Mouris Salloum
por su hospitalidad y aprecio en el Club de Periodistas de México.
__________________________________________




Atte.

Círculos de Estudio y Redes Universitarias (Brigada 21)

y la Casa del Movimiento Cuauhtémoc.





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Parada de periodistas para exigir la presentación de López Ortiz


Apremian al procurador de Justicia, Alberto López Rosas, a que resuelva el caso

FRANCISCA MEZA CARRANZA

Comunicadores de distintos medios marcharon sobre la avenida costera Miguel Alemán, cerca del zócalo, como parte de las acciones que desarrollan para exigir la presentación con vida del jefe de información del diario Novedades Acapulco, Marco Antonio López Ortiz, desaparecido desde el martes 7, fecha en que se conmemora el Día de la Libertad de Expresión.

Como a las 10 de la mañana los reporteros y corresponsales se reunieron en el monumento a Juan R. Escudero, desde donde marcharon con dirección al semáforo ubicado a la altura de la tienda Sanborns, en donde hicieron una parada cívica.

Ahí los reporteros aprovecharon cada alto del semáforo para manifestarse sobre ambos carriles de la vía.

Los representantes de los medios de comunicación hicieron las mismas demandas: la aparición con vida del jefe de información, Marco Antonio López Ortiz, quien desapareció el pasado martes, afuera de un bar del centro de la ciudad.

“Respeten la vida del compañero”, “Aparición con vida del compañero reportero”, fueron de las demandas hechas por escrito.

La exigencia principal fue formulada al procurador de justicia del estado, Alberto López Rosas, para que entregue resultados favorables del paradero de su colega.

Organismos internacionales de comunicadores como Reporteros sin Fronteras se han pronunciado para el esclarecimiento del paradero del reportero.

Como parte del plan de acción, los reporteros se manifestarán hoy miércoles a las 10 de la mañana en la glorieta de la Diana Cazadora y el jueves, a la misma hora, en las instalaciones de la fiscalía regional de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), para presionar a las autoridades a que se desarrollen las investigaciones correspondientes.

Fuente: La Jornada de Guerrero

Reportan más de 10 pueblos incomunicados por fallas de la CFE


RODOLFO VALADEZ, CORRESPONSAL

Atoyac, 14 de junio. Más de 10 comunidades de la parte alta y media de la sierra de este municipio se encuentran incomunicadas debido a la falta de energía eléctrica, informó el alcalde Carlos Armando Bello Gómez. El problema ocasionó que en los centros de salud de varias localidades se descompusieran vacunas y otros medicamentos, además de que los pobladores en caso de alguna emergencia se ven impedidos a pedir ayuda debido a que están sin funcionar los aparatos de radiocomunicación con los que se conectan con los cuerpos de rescate y policiacos de la cabecera municipal. Hasta el momento, algunos de los pueblos que están sin el servicio desde hace más de tres días son: San Vicente de Benítez, Ríos Verde, El Paraíso, Siberia, Piloncillos, Arrayanes, Las Delicias, El Edén y La Pintada, entre otros. En conferencia de prensa, el edil explicó que el origen de la falla es por la falta de mantenimiento a las redes eléctricas de parte de los trabajadores de CFE, quienes argumentaron, cuando se les exigió una explicación, que no pueden hacer ningún tipo de trabajo en la zona serrana porque sus pobladores se niegan a pagar regularmente el servicio. “Es una razón tonta, porque si una empresa ofrece un servicio deficiente es lógico que los consumidores se rehúsen a pagar por ello”.

Fuente: La Jornada de Guerrero

SERIE DE ENTREVISTAS A LA ASOCIACIÓN DE PADRES Y FAMILIARES DE LAS VÍCTIMAS DE SUCUMBÍOS, ECUADOR REALIZADAS POR TVC NOTICIAS

En el marco de los tres años de la masacre de Sucumbíos, trabajo realizado por el periodista Arturo Ríos para dar a conocer la situación actual del caso…

Para ver los 3 videos ir:

http://asociaciondepadresyfamiliares.blogspot.com/2011/06/entrevista-la-asociacion-de-padres-y.html

Parte 1.- “Que un tribunal internacional lo juzgue”

http://www.youtube.com/watch?v=w2aMzytzlgU&feature=player_embedded

Parte 2.- “Familiares Víctimas de Sucumbíos”

http://www.youtube.com/watch?v=vWge4gIdSLg&feature=player_embedded

Parte 3: “Familiares Víctimas de Sucumbíos Tercera Parte”

http://www.youtube.com/watch?v=sHI3eX5wX1o&feature=mfu_in_order&list=UL

CARTA DEL COMITÉ POR LA LIBERTAD DE MIGUEL ÁNGEL BELTRÁN VILLEGAS

Ante la noticia de la libertad del profesor universitario Miguel Ángel Beltrán el Comité por su libertad en México hace pública la siguiente carta “Celebrando la Libertad y el derecho fundamental al pensamiento crítico”…

Descarga el archivo adjunto o lee más en:

http://asociaciondepadresyfamiliares.blogspot.com/2011/06/carta-del-comite-por-la-libertad-de.html

NOTA TELE SUR LIBERTAD MIGUEL ÁNGEL BELTRÁN VILLEGAS

El pasado 3 de junio fue liberado el profesor universitario Miguel Ángel Beltrán Villegas después de 2 años de injusta detención al pretender vincularlo con la guerrilla colombiana acusándolo falsamente de concierto para delinquir con fines terroristas y de rebelión básados en las ya míticas computadoras de Raúl Reyes…

Leer más en:

http://asociaciondepadresyfamiliares.blogspot.com/2011/06/nota-de-prensa-de-interes_663.html

http://www.telesurtv.net/secciones/noticias/93700-NN/por-falta-de-pruebas-justicia-colombiana-absuelve-a-docente-acusado-de-vinculacion-a-las-farc/

En un refugio guardado en su corazón

Llevan la bandera de Bolívar.

Su rostro la transmite en la sonrisa

Que dejaron en las imágenes del recuerdo.

Hoy desde lo alto suenan las campanas

Ustedes las tocan para mostrarnos el camino.

Juan, Verónica, Soren, Fernando desde lo alto nos miran

Y nos recuerdan que para ser grandes

Hay que saber soñar.

http://asociaciondepadresyfamiliares.blogspot.com

http://www.youtube.com/sucumbiosmarzo08

ASOCIACION DE PADRES Y FAMILIARES DE LAS VICTIMAS DE SUCUMBIOS ECUADOR

Boletín de Democracy Now! en Español

15/6/2011

Los Titulares de Hoy

baje el audio

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El Resto de la Hora de Democracy Now!

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