Campaña “Por una cuerda de vida para los mineros del carbón y sus familias”
México D.F., a 19 de Abril del año 2009.
La Oficina Internacional del Trabajo emitió el 19 de marzo pasado, el informe correspondiente a la Reclamación que hicimos el 3 de Marzo del año 2006 y que ampliamos a fines de abril del mismo año. Fue interpuesta por el Sindicato Nacional de Trabajadores de Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos de México. Posteriormente se sumaron, el Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana, Sindicato Nacional de Trabajadores de Metlife, Asociación Sindical de Pilotos Aviadores de México, Sindicato Unico de Trabajadores de la Industria Nuclear, Sindicato Independiente de Trabajadores de la Industria Automotriz, Similares y Conexos «Volkswagen de México», Sindicato de Trabajadores de la Universidad Nacional Autónoma de México, Sindicato Nacional Único y Democrático de los Trabajadores del Banco Nacional de Comercio Exterior. A cada uno de ellos, les agradecemos su compromiso con los trabajadores y su solidaridad con nosotras las familias de los siniestrados.
Les invitamos mañana 20 de abril, a las 10:00 de la mañana en el Salón Verde de la Cámara de Diputados, ya que presentaremos dicho Informe, especialmente los 27 puntos analizados por la OIT y que el Gobierno de México no pudo refutar.
No nos detendremos a cuestionar el cinismo de lo anunciado por la STPS en el boletín del 29 de marzo referente al mismo hecho porque se desacredita solo, ya que su dicho y su actuación están reprobados por el mismo informe de la OIT.
El Informe que emitió la OIT, está elaborado por un Comité Tripartito (n.7) establecido para su examen por el Consejo de Administración (marzo, 2007), desarrollado en 99 puntos abordados en tres secciones: I. Introducción (1-11); II. Examen de la reclamación (12-98) y, III Recomendaciones del Comité (99). La parte II., núcleo del documento, se aborda en tres subcapítulos: A) Alegatos de los reclamantes (16-27); B) Observaciones del Gobierno (28-56); y, C) Conclusiones del Comité (57-98).
El Comité desglosa en 9 números (nn. 57-98), 27 asuntos de los cuales en 25 “corrobora los alegatos de las organizaciones reclamantes (n.65)”. Hace una síntesis de los 3 Convenios reclamados (n.64) y delimita su análisis: “El Comité toma nota de la exhaustiva información suministrada por el Gobierno respecto de las medidas que ha adoptado desde que ocurrió el accidente. Sin embargo, el Comité se ve obligado a limitarse a analizar si en el momento del accidente, el Gobierno había hecho todo lo posible respecto de sus obligaciones en virtud de los tres convenios para evitar, en la medida en que fuera razonable y factible, que se produjera el accidente” (n.66). El Comité examinó las afirmaciones basadas en el carácter peligroso de la minería del carbón en el Estado de Coahuila; el grado de diligencia aplicado por las autoridades así como la responsabilidad que pudo caber al Gobierno en relación con esta cuestión. El Comité también determinó si el accidente debe considerarse un suceso trágico y aislado, o si los hechos ocurridos son representativos de una situación más generalizada en México.
Hace 5 consideraciones sobre el cumplimiento insuficiente del Convenio 155 (nn. 86-90): “por cuanto los inspectores del trabajo no realizaron un seguimiento adecuado de las recomendaciones (2004), y que las multas sólo se impusieron a IMMSA sólo después del accidente”; “El Comité toma nota… de que: a) IMMSA no pudo proporcionar información probatoria de las medidas adoptadas a fin de demostrar el cumplimiento de una serie de exigencias … b) la información del Gobierno brinda abundantes pruebas de las medidas que ha adoptado desde el accidente, circunstancia que refuerza la presunción de que estos procedimientos y medidas no estaban en vigor al ocurrir el accidente…; c) sobre “la declaración del Gobierno de que la responsabilidad de asegurar el cumplimiento de las leyes y reglamentos nacionales es de su exclusiva competencia”. Por lo tanto, “el Comité opina que si bien el Gobierno disponía de leyes y reglamentos en vigor al ocurrir el accidente, no aseguró, en el momento oportuno, que IMMSA diera debido cumplimiento a sus disposiciones”; tampoco “cumplió con su obligación de garantizar los servicios de un médico en la mina para más de 100 trabajadores o de llevar registros de la composición de los servicios de lucha contra incendios, de búsqueda y rescate, de evacuación y de primeros auxilios. El Comité concluye que el Gobierno no aseguró que IMMSA cumpliera con sus obligaciones a este respecto”, por lo que “toma nota de que las circunstancias del accidente tuvieron efectos trágicos inmediatos para 65 mineros”.
Con este Informe del Comité Tripartito, sólo se cierra el análisis de la Reclamación. Será la Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones de la misma OIT quien dará seguimiento al Informe y a las Recomendaciones que se le hacen al Gobierno. Con lo que anunciamos, que en breve, estaremos presentando a dicho Comité, toda la documentación que prueba, con la misma contundencia que probamos este primer reclamo, que el Gobierno de México continúa su política de desregularizar la inspección de la seguridad e higiene en las minas de carbón, así contrate más personal y emita nuevas leyes y reglamentos; que falseó declaraciones al Comité Tripartido; que las sanciones impuestas a los inspectores por un año, no sólo fueron ridículas dada la gravedad del caso, sino que, además en algunos casos, las redujeron; que la suspención del Rescate fue una decisión de la empresa avalada por la misma STPS; y sobre todo, que mienten deliberadamente al afirmar que el rescate no es posible. Así como probamos que el Gobierno Federal es responsable de la muerte de nuestros familiares por permitirle a IMMSA operar una mina en condiciones deplorables, y como probamos que el rescate de nuestros familiares que sobrevivieron a la explosión era responsabilidad del Estado, de igual manera, probaremos que el rescate de los que faltan es también responsabilidad del Estado ya que no existe ninguna razón técnica que lo impida, como también evidenciaremos en el evento de la Cámara.
Todas las declaraciones de la STPS para negarnos el derecho humano a sepultar a nuestros familiares según nuestros usos y costumbres, y para negarnos a las familias y a la sociedad el derecho a la verdad, tendrán que ser refutadas más temprano que tarde porque ni todo el dinero de IMMSA, ni todo el poder del Estado alcanzan para comprar tribunales internacionales.
Ante el dicho de la STPS, de que el rescate no se puede hacer, unas veces porque el agua tiene VIH, hepatitis, tuberculosis, otras porque los niveles de gas son incontrolables, otras porque no tienen facultades para ordenar a IMMSA que lo haga, etc., mañana en la Cámara daremos a conocer video grabaciones que hicimos al interior de Pasta de Conchos, para que ustedes mismos juzguen el pretexto de la STPS, frente a los datos objetivos que podrán ver en las imágenes.
Tres años ha sido mucho tiempo para nosotros, y sin embargo, mientras que el Informe OIT nos otorga contundentemente la razón, en nuestro país las autoridades se siguen escudando en laberintos legales elaborados desde las oficinas de Grupo México, para que los tribunales ni siquiera nos reconozcan como víctimas de Grupo México y de las administraciones panistas.
El 19 de febrero de este año, Fr. Raúl Vera López, Obispo de Saltillo, y siete provinciales y superiores religiosos de México, solicitaron por escrito al Lic. Fernando Gómez Mont, derecho de audiencia. No ha respondido siquiera, por lo que hacemos un llamado al Secretario de Gobernación para que responda y se muestre como lo que es ahora, el responsable de la política interna de nuestro país, y no como lo que era, abogado de la empresa Industrial Minera México.
Hacemos un llamado al Partido Acción Nacional, para que elimine de su lista de candidatos plurinominales al ex Secretario de la STPS, Fco. Javier Salazar Sáenz, quien dio inicio a las complicidades de la administración de Vicente Fox con la empresa, ya que el Informe OIT, se inscribe en el momento en que este aspirante a diputado era el responsable de la seguridad e higiene en la Mina 8, Unidad Pasta de Conchos, y quien no garantizó para la instancia internacional, la vida de los mineros.
Por último, una vez más se nos ha concedido razón, y tenemos el derecho de exigir al Gobierno de México que no se responda a la razón con violencia, y que más bien, salvaguarde la integridad física y moral de las familias y sus defensores.
A UNA VOZ, ¡RESCATE YA!
ORGANIZACIÓN FAMILIA PASTA DE CONCHOS
EQUIPO NACIONAL DE PASTORAL LABORAL, FRENTE AMPLIO OPOSITOR A LA MINERA SAN JAVIER EN CERRO DE SAN PEDRO, MOVIMIENTO TODOS SOMOS ZIMAPÁN, RED DE DERECHOS HUMANOS TODOS LOS DERECHOS PARA TODAS Y TODOS; CENTRO DE ESTUDIOS ECUMÉNICOS; SERVICIOS Y ASESORÍA PARA LA PAZ; SECRETARIADO INTERNACIONAL CRISTIANO DE SOLIDARIDAD CON AMÉRICA LATINA; CENTRO DE DH FRAY JUAN LARIOS; CEREAL; CENTRO DE DERECHOS HUMANOS MIGUEL AGUSTÍN PRO; CENTRO FRAY FRANCISCO DE VITORIA, OP, AC.; FOMENTO CULTURAL Y EDUCATIVO; CENCOS; COMITÉ DE LIBERACIÓN “25 DE NOVIEMBRE”; CENTRO DE REFLEXIÓN TEOLÓGICA; COLECTIVO ALAS; CENTRO DE ESTUDIOS SOCIALES Y CULTURALES ANTONIO DE MONTESINOS; CATÓLICAS POR EL DERECHO A DECIDIR: OBSERVATORIO ECLESIAL , CELAMEX Y COMUNIDADES D EBASE DE MARTÍN CARRERA.
Pero no sólo esas firmas operaron con supuestas irregularidades fiscales, sino las 18 concesionarias autorizadas por la Dirección General de Aeronáutica Civil durante 2007: Aerolitoral, Aerovías de México, Compañía Mexicana de Aviación, Consorcio Aviaxa, Jett Paquetería, Grupo Aéreo Monterrey, Transportes Aeromar, Líneas Aéreas Azteca, Estafeta Carga Aérea, Aero Transporte de Carga Unión, Avolar Aerolíneas, Vuela Compañía de Aviación, ABC Aerolíneas, Aerolíneas Mesoamericanas, Aerovías Caribe, Aerotransportes Más de Carga, Aeroenlaces Nacionales, Aerocalifornia.
