sábado, 27 de marzo de 2010

Chicontepec, el embuste


Raudales de quimeras se vierten en torno a Chicontepec. Mentiras oficiales más grandes que sus cerros y la obstinación de un presidente de transferirle recursos a un proyecto que opera con números rojos frustran las ilusiones de sus habitantes de un progreso que no llega


Ana Lilia Pérez / David Cilia, fotos / enviados


Chicontepec, Veracruz. Alberto Nicanor Zamudio nació en 2002, justo el año en el que el gobierno federal dispuso “acelerar” la explotación del yacimiento Paleocanal Chicontepec. Atenidos a los argumentos de Felipe Calderón de que éste es la panacea al declive del Cantarell, y que hará de México la tercera potencia petrolera, Alberto sería heredero de una de las vetas de oro negro más prolíficas del mundo, pero su realidad es totalmente discordante. Sólo por no estar desnudo, el niño cubre su cuerpo con un amasijo de hilachos y remiendos en forma de camisa y pantalón; el atuendo de harapos se complementa con tenis de hule percudido que le aletargan el paso a medida que sus pies se hunden en el barro. Alberto personifica la realidad de Chicontepec, el embuste de Calderón en materia energética.


Aunque parezca chanza, Alberto viste su mejor ropaje: es día domingo y en la congregación de Tepenahuac se inaugura la capilla. Fruto de años de sacrificio para la comunidad, construida en lo alto del monte con cemento y techo de loza, con sus ventanas y puerta de aluminio pintadas de blanco, es la mejor edificación de la zona; el resto, casitas de adobe y palopique. Mientras la comisión parroquial atavía con collares de crisantemos amarillos a los invitados de honor, Alberto ahuyenta la escuálida jauría de perros que olisquea la carne con chile preparada para la ocasión, un lujo en medio de la miseria. Hoy es un día grande en este pueblo de la Huasteca, así que la ceremonia se corona con cohetones que explotan en el cielo.


Tepenahuac es una de las comunidades con más petroleros del municipio de Chicontepec, uno de los 12 (nueve en Veracruz y tres en Puebla) que integran el Paleocanal Chicontepec, también denominado Proyecto Aceite Terciario del Golfo (PATG), al cual, la administración de Felipe Calderón le ha trasferido más de 50 mil millones de pesos, pero ello no se refleja en la economía local. La mitad de las comunidades alcanza el nivel 5, es decir, el más alto de marginación y pobreza, de acuerdo con cifras del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) de la Organización de las Naciones Unidas.


De las 766 mil 513 personas que habitan el Paleocanal, el 70.3 por ciento, en su mayoría indígenas nahuas y totonacos, no tiene trabajo formal y sus ingresos no superan los dos salarios mínimos. La mayoría se dedica a la agricultura de autoconsumo y la crianza de animales y aves de corral. No tiene vivienda digna y carece de los servicios básicos de drenaje, agua entubada y electricidad. En municipios como Chicontepec, el 71 por ciento de las casas tiene piso de tierra.


Estas comunidades eran pobres en 1926 cuando se descubrió el yacimiento; siguieron pobres cuando Vicente Fox reactivó su explotación; y a más de un año de que entró en vigor la reforma energética calderonista con el PATG como uno de sus pilares, la gente en Chicontepec continúa en la miseria.



La comedia

Descendió del helicóptero acompañado del gobernador Mario Marín. En el municipio Vicente Guerrero ya lo esperaban sus secretarios de Energía, Georgina Kessel; de Hacienda, Agustín Carstens; de Economía, Gerardo Ruiz Mateos; de Medio Ambiente, Juan Rafael Elvira, además del director de Petróleos Mexicanos (Pemex), Jesús Reyes Heroles, y el dirigente del sindicato petrolero, Carlos Romero Deschamps, junto con sus agremiados, quienes, en cuanto el presidente subió al pódium, entonaron una retahíla de porras. Aquel 18 de marzo de 2009, a ocasión del 71 aniversario de la expropiación petrolera y cinco meses después de que el Legislativo aprobara su reforma energética, Calderón aseguró que gracias a la reforma energética, ese año Chicontepec produciría el 20 por ciento del crudo nacional, con la correspondiente prosperidad para los lugareños.


“El año pasado, los mexicanos tomamos la decisión de trabajar por una industria petrolera líder y fortalecida, por una industria que contribuyera a brindar mejores oportunidades y bienestar para todos. Hoy puedo decir con orgullo que hemos decidido y hemos elegido bien. Vamos por buen camino… ya contamos con una reforma que nos está permitiendo darle una nueva cara al sector energético de manera integral… la política energética impulsará el desarrollo de este sector en beneficio de todos los mexicanos”, dijo Georgina Kessel.


“La producción en Chicontepec, este proyecto estratégico donde nos reunimos hoy, se retrasó con respecto a lo programado. Las causas han sido superadas por lo que se espera que a partir de este año contribuya de manera destacada a contrarrestar la declinación de los campos maduros, en especial de Cantarell… por eso, el 28 de noviembre de 2008, fecha en que se publicó el nuevo marco legal aplicable a Pemex, en particular un ordenamiento integral y específico para la empresa, esto es la Ley de Petróleos Mexicanos, también será recordada como un hito en la historia de esta gran empresa”, agregó Reyes Heroles.


Y así, uno a uno magnificó la producción de este yacimiento y la “visión” calderonista en materia energética. El discurso más representativo fue el de Romero Deschamps:


“Esta región en la que hoy se desarrolla el acto conmemorativo de la expropiación es tal vez el mejor ejemplo de lo que avizora el futuro para nuestro país. Podría ser, incluso, una buena metáfora de lo que nos debería animar como filosofía nacional… debajo de este territorio, conocido popularmente como Chicontepec, existe una importante riqueza petrolera, tal vez incomparablemente generosa, pero para poder disfrutar de su beneficio se requiere, por las características geológicas del yacimiento, de un extraordinario esfuerzo, sólo comparable a la magnitud de la generosidad de este subsuelo, riqueza y sudor, sudor y riqueza. Ésa parece ser la ecuación que deba distinguirnos”.


La realidad diluyó el ensueño. De los 867 mil barriles diarios, no se produjo ni el 5 por ciento. Pero además, de acuerdo con cifras oficiales de Pemex, el petróleo que aquí se extrae es también el más costoso: 16 dólares promedio por barril, mientras que en los yacimientos del Golfo de México, el costo de extracción promedia los 6 dólares. Lo que se hace en Chicontepec es un usufructo disparejo que sólo ha beneficiado a los corporativos contratados para la exploración y perforación de pozos.



Derroche público

Oficialmente, las reservas de Chicontepec representan el 39.9 por ciento de la reserva total de hidrocarburos de México, sin embargo, los expertos dicen que su explotación es inviable debido a las características geográficas de la zona: accidentada totalmente por los cerros y cuellos volcánicos. Francisco Garaicochea, Premio Nacional de Ingeniería Petrolera y exdirectivo del área de yacimientos de Pemex, explica: “El problema para su explotación es la pobre capacidad de producción de sus pozos y su alta declinación inicial. Esto se debe a que los yacimientos son de baja permeabilidad con alto contenido de arcillas hidratables. Al iniciar la producción se libera en ellos una gran cantidad del gas disuelto que bloquea el paso del aceite hacia los pozos”.


Desde que Vicente Fox reactivó su explotación, el Grupo Ingenieros Pemex Constitución del 17, integrado por exfuncionarios y técnicos altamente calificados, conminaron al gobierno a detener el proyecto. Advertían que tanto la estimación de reservas, las cifras de producción y recuperación, así como los indicadores económicos usados para su aprobación estaban inflados.


Como parte de su Estrategia Nacional de Energía, que argumenta que Chicontepec produzca 867 mil barriles diarios mediante “el desarrollo y administración de tecnologías especializadas que incrementen significativamente la productividad por pozo y permitan reducir los costos al mínimo”, la administración de Calderón asignó costosos contratos a los corporativos que supuestamente aplicarían dicha tecnología. No obstante que decenas de informes y estudios confirmaban que la explotación era inviable, se le destinaron 187 mil 500 millones de pesos, programados hasta 2021, de los cuales hasta ahora se han invertido más de 52 mil millones.


La estrategia utilizada consiste en la perforación masiva de pozos. Pemex planea perforar 1 mil 200 por año, hasta llegar a 16 mil en 2020, lo que para Pemex implica el oneroso gasto por cada trabajo de perforación, y para las comunidades, el desmonte a gran escala mediante detonaciones que afectan directamente sus endebles viviendas y su hábitat, incluidos los cerros que para ellos tienen un significado religioso, como el Postecticla para el pueblo de Chicontepec. Según cifras de la Comisión Nacional de Hidrocarburos, hasta ahora se han perforado 1 mil 83 pozos, de los cuales sólo 604 están en operación.


En 2008, en el Senado de la República, a nombre de la asociación de ingenieros petroleros, su presidente Francisco Garaicochea advirtió que antes de destinar tantos recursos públicos a la explotación de Chicontepec era necesario “tomar en cuenta que está en duda la rentabilidad de los pozos y que las regiones depresionadas son las de mayor capacidad de producción”. En efecto, la perforación en serie multiplicó los gastos de operación, no así los resultados.


La Auditoría Superior de la Federación (ASF) realizó una auditoría especial a los recursos federales invertidos durante siete años en este proyecto, y concluyó que la altísima inversión no es proporcional a su producción. De cada peso que Pemex invierte en la explotación de este yacimiento, recupera 25 centavos, menos la deducción de los impuestos respectivos.


Sólo este proyecto consume el 10 por ciento del presupuesto total que Pemex Exploración y Producción (PEP) destina a proyectos de inversión; en contraste, produce sólo el 1.4 por ciento de hidrocarburos.


En su auditoría al PATG, la ASF destaca la opacidad en el manejo administrativo y operativo por parte de Pemex. Dice que su sistema de control interno “no es confiable” y que tampoco hay claridad sobre las metas establecidas.


La auditoría reveló el incumplimiento de todas las metas: de perforación y terminación de pozos; la producción de petróleo y gas, y hasta la calidad del crudo obtenido. Las metas de perforación de pozos llegaron al 39.8 por ciento; la terminación, al 39.7; se produjo sólo el 38.8 por ciento del petróleo programado y 59.1 por ciento del gas. Tal incumplimiento, indica la ASF, va en contravención de las Normas Generales de Control Interno en el Ámbito de la Administración Pública Federal.


Más que una falta normativa, el impacto económico de la ineficiencia en el PATG es demoledor. La ASF destaca que si Pemex hubiese producido y comercializado el petróleo programado, el beneficio por cada peso invertido hubiera sido de 93.6 centavos y no los 2.5 centavos que se obtuvieron.


Antes de que la ASF hiciera públicos los resultados que contablemente confirman el fracaso en Chicontepec, la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH), órgano desconcentrado de la Secretaría de Energía, en voz de su presidente, Juan Carlos Zepeda, pidió a Pemex suspender el PATG, pero los directivos de Pemex se negaron.


Francisco Garaicochea opina que “los contratos pactados con las trasnacionales, con las cuales se tienen ya comprometidos los recursos públicos de la siguiente década, son la obcecación de sostener el proyecto. Lo que significa es que Pemex, o mejor dicho, los mexicanos seguiremos perdiendo en la explotación de Chicontepec, mientras que los únicos que ganan son los contratistas, porque ellos cobran de acuerdo con las actividades que desarrollan, aunque no haya ganancia”.


Al respecto, la ASF subraya en su auditoría que no hay claridad sobre las contrataciones. En la práctica, ello lleva a gastos infructuosos. Por ejemplo, en 2008, la subsidiaria PEP pagó 53 millones de dólares a una compañía para que le diera mantenimiento mayor a 208 pozos, los cuales supuestamente sostendrían la producción ese año. Sólo cuatro produjeron, el resto quedó inactivo. Y de los 220 pozos que ese año se perforaron, sólo 26 alcanzaron la producción estimada.


Ricardo Prian Caletti, del Comité Nacional de Estudios de la Energía (CNEE), cuantifica que, en los últimos cuatro años, Pemex ha perdido 614 millones de dólares por contratar a trasnacionales para la explotación de Chicontepec. Ante tales resultados, los integrantes del CNEE califican el proyecto Chicontepec como “un saqueo a la nación y botín de consorcios privados”. El impacto social de ese usufructo es aún más lamentable.



Depredación

En lo bajo de una montaña de las que comprenden la geografía del Paleocanal se ubica la Foxxe Energy Services; en uno de sus campers se levantan dos banderas que ondean incesablemente con el viento. En lo más alto del asta ubicada a la derecha, la bandera de Estados Unidos; a su izquierda, más abajo, la de México, metáfora de la reocupación petrolera. La misma imagen se reproduce en las áreas de trabajo a cargo de Halliburton, Dowell Schlumberger, Weatherford, Baker Hughes y Tecpetrol, las principales beneficiarias de la explotación de este yacimiento.


Las actividades de exploración y explotación de hidrocarburos, que según el artículo 27 constitucional son exclusivas de Pemex, en Chicontepec son ejecutadas por consorcios texanos, europeos y venezolanos, los cuales de manera directa o a través de subcontratistas hacen mediciones, construyen pozos, baterías de separación, instalan tanques, ductos, bombas, compresoras, en fin, toda la infraestructura con su peculiar sistema de trabajo.


Las expropiaciones se han convertido en el principal foco rojo en la zona: las compañías allanan los terrenos antes de que Pemex negocie con sus dueños. Enmarcadas en un clima de antagonismo y abuso, tales ocupaciones invariablemente nos remiten a la mítica Rosa Blanca, relato del escritor Bruno Traven sobre la rapaz explotación petrolera en los campos mexicanos a manos de la Condor Oil Company Inc. Regresión de más de 70 años: labriegos expulsados, arrasados los cultivos de naranja, limón, plátano, maíz, tomate, ciruela… la misma Huasteca desmontada por la voracidad de la Condor, hoy bajo los nombres de Halliburton, Schlumberger, Weatherford.


Para las comunidades, el legado de la actividad petrolera es el destrozo en sus tierras y caminos por el trasiego de caminos y maquinaria de las compañías.


El municipio más afectado es el de Chicontepec; sus caminos principales, el de Tecomate, que entronca con la carretera estatal que conduce a Ixhuatlán de Madero y atraviesa las comunidades Ayacaxtle, Xococatl, Zapotal y La Antigua, están estropeados. También los de Las Palmas, Tlacolula y Tepenahuac. El panorama es de un bombardero sobre Chicontepec: la grava esparcida por doquier. Lo peor es en tiempos de lluvias, cuando los deslaves bloquean los caminos durante semanas, hasta que la comunidad consigue maquinaria para desazolvar.


“Solamente vinieron a perjudicar nuestras comunidades. Destrozaron nuestros caminos, que, de alguna manera, manteníamos transitables. No hemos visto ni un solo beneficio. Con su maquinaria y camiones, destruyeron todo y nadie quiere hacerse responsable”, explica Pedro Toribio Martínez, síndico del ayuntamiento.


Para las comunidades, una afectación de esa naturaleza puede significar la diferencia entre la vida y la muerte, dadas las características topográficas y la distancia a los servicios de salud, razón por la que “muchos enfermos no logran recibir la atención que requieren y mueren”, señala un diagnóstico elaborado por el PNUD sobre las situación socioeconómica en el Paleocanal.


En las zonas semiurbanas, el panorama no es mejor. Más organizados los lugareños se manifiestan, bloquean carreteras y caminos para exigir a Pemex reparar sus calles y drenaje atascado con los desechos de los recortes de perforación de los pozos. Desde 2009, prácticamente en todos los municipios del Paleocanal ha habido bloqueos. Actualmente, las protestas más álgidas se viven en Venustiano Carranza.


La aplicación del Programa de Desarrollo Comunitario Sustentable, del que se ufanan los directivos de Pemex y el mismo presidente Calderón, es una farsa en Chicontepec. En algunos poblados, los representantes de la paraestatal dan su añeja “solución”: unos pesos por calle destrozada, cerca tirada o campo arrasado, fomentando que se instituya la conocida “industria de la reclamación”, tan arraigada en Tabasco y Campeche.


En los últimos meses, el Centro de Reflexión Laboral, con sede en la ciudad de México, ha documentado la sistemática violación a los derechos humanos de las poblaciones asentadas en este yacimiento petrolero. Su coordinador Carlos Rodríguez dice que, ante los agravios, “la gente responde cerrando una calle o bloquea el acceso a las obras, es decir, con reacciones espontáneas. Sin embargo, eso no es la solución. Tampoco que Pemex calme sus reclamos con dinero, sino que cumpla con su obligación de sustentabilidad y de empresa socialmente responsable”.


En 2008, el PNUD le advirtió a Pemex de la importancia del manejo sustentable en la disposición y uso de mantos acuíferos en la zona, ya que, por las características topográficas, la explotación petrolera en Chicontepec requiere una gran cantidad de agua, recurso que “puede considerarse también como reserva indispensable para la población”, por ello en la Estrategia de desarrollo local sustentable para el proyecto de aceite terciario del golfo le indicó a Pemex que debía proponer estrategias de uso y manejo de agua que garantizaran la preservación los sistemas hidrológicos.


Hoy en algunos municipios del Paleocanal, las compañías perforadoras provocan derrames, contaminan ríos. En enero, en la comunidad totonaca Jorge Serdán, en Papantla, la empresa PGS detonó explosivos que fracturaron los pozos y derramaron el hidrocarburo en los manantiales y sembradíos. Los desechos de perforación de los pozos tampoco tienen un manejo adecuado.


“Se están violando los derechos humanos de estas comunidades. No hay una consideración atenta al medio ambiente, a la producción agrícola. La gente no quiere pesos por cerrar un pozo, quieren respeto a su hábitat”, reflexiona Rodríguez.


Los lugareños temen desastres ecológicos como los ocurridos en el sur de Veracruz. La desconfianza no es gratuita, ésta es la entidad más afectada por las deficiencias de la industria petrolera mexicana, de acuerdo con el registro de accidentes ocurridos en instalaciones de Pemex o provocados por la paraestatal en la última década, cuya copia posee Contralínea.


El estudio Contraloría social de protección al ambiente, del investigador Rafael Vela Martínez, publicado en 2009 por el Colegio de Veracruz, cuantifica frecuentes fugas, derrames, explosiones e incendios en Poza Rica, Coatzacoalcos, Minatitlán, Las Choapas, Cosoleacaque, Ixhuatlán del Sureste, Nanchital, Veracruz, Tuxpan, Pánuco y Papaloapan. En tales desastres, las sustancias involucradas son el aceite, gasolinas, diésel, combustóleo, keroseno, gas natural, amoniaco, gases tóxicos, derivados etílicos, hexano, heptano, cloro, azufre, hexaclorados, acrilonitrilo, ácido sulfúrico, versadril, xileno y aguas residuales.


Los conflictos sociales que genera la actividad petrolera se atizan por la falta de comunicación entre los representantes de Pemex y sus contratistas con los lugareños. Juan Santiago Reyes, de congregación Tepenahuac, explica que “la gente que viene de fuera no busca el entendimiento con la gente de aquí. Las comunidades no saben lo que es Pemex y no entienden lo que hacen con sus tierras. Lo único que ven es el desmonte, que ya no pueden sembrar su frijol y que las aguas de sus ríos están contaminadas”. En Mesa de Tzapotzala, desde 2005, 20 familias de indígenas esperan a que los representantes de Pemex regresen a pagarles 300 árboles de naranja derribados, su cosecha de ese año.


Quizá el malestar aminoraría de haberse generado empleo en la zona, pero cada compañía llega con su personal, así que los 12 mil empleos directos y 40 mil indirectos que a partir de 2009 ofrecería el Paleocanal Chicontepec, según palabras de Felipe Calderón, son otra quimera, aunque no sorprende del todo, porque en su diagnóstico socioeconómico de la zona, elaborado en 2008, el PNUD advertía que la baja capacidad educativa sería el principal obstáculo para la inserción de los lugareños en la industria petrolera. El analfabetismo alcanza a más de la mitad de la población: en municipios como Pantepec, llega al 64 por ciento, seguido de Chicontepec, con el 60 por ciento. El promedio de instrucción de los letrados llega al quinto año de primaria.


Lo máximo a lo que pueden aspirar es a emplearse como chaperos, a expensas de que las compañías les cubran su mísero salario, como ha ocurrido con los obreros contratados por la Foxxe Energy Services, empresa texana dedicada a la perforación, que a su paso por Álamo y Chicontepec ha dejado en el limbo a sus cuadrillas de obreros; o de velador, como don Prisciliano, oriundo de Tecomate, Chicontepec, a quien una subcontratista de Schlumberger contrató como velador gracias a su experiencia como guardia presidencial en tiempos de Carlos Salinas de Gortari.


Felipe Calderón aseguró que en Chicontepec habría una derrama económica anual de 20 mil millones de pesos, pero sólo llegaron cantinas y expendios de cerveza. Entre el camino de Álamo a Chicontepec, hay 11 cervecerías alineadas una tras otra a la orilla de la carretera, apenas a unos metros de los primeros pozos.







Fuente: Contralínea
Difusión: AMLOTV

Proyecto 2030: venta total de las reservas de la biósfera


En dos décadas, la iniciativa privada nacional y extranjera detentará la mitad del territorio terrestre, costero y marino nacional, para entonces decretado como área natural protegida. La entrega de las reservas de la biósfera a particulares, impulsada por el proyecto México 2030, es la continuación del Plan Puebla Panamá y del Corredor Biológico Mesoamericano, señalan expertos. Las unidades de conservación para la vida silvestre, “simples y vulgares negocios”


Nancy Flores / Quinta parte

En México, al menos 23 reservas de la biósfera han sido parcialmente privatizadas bajo la figura de unidades de conservación para la vida silvestre (Uma), consta en reportes oficiales de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat). Esto implica 2 millones 456 mil 142 hectáreas de “áreas naturales protegidas” en manos de particulares, por medio de 66 unidades de conservación.


Entre los objetivos del plan transexenal México 2030, Proyecto de Gran Visión, destacan el de “estimular aún más las Uma” y el de posibilitar las “contribuciones privadas e internacionales (más Uma)” (sic) a un fideicomiso nacional de tierras para la conservación, coordinado por la Secretaría de la Reforma Agraria. Dicho instrumento fiduciario incidirá en todas las áreas naturales protegidas “en tierra y mar”.


Además de las 66 unidades de conservación inmersas en 23 reservas de la biósfera, desde 1997, la Semarnat ha autorizado la operación de 9 mil 487 Uma en total; 2 mil 17 de ellas, en el actual sexenio, descubren estadísticas actualizadas al 28 de febrero de 2010, por la dependencia que encabeza Juan Rafael Elvira Quesada.



En dos décadas, el 50 por ciento del territorio terrestre, costero y marino nacional será considerado área natural protegida y su conservación y, sobre todo, su explotación serán totalmente cedidas a la iniciativa privada, revela el cuarto capítulo del Proyecto de Gran Visión. Estas áreas estarán “institucionalizadas y enlazadas por corredores biológicos”, detalla.


El documento, titulado “Eje 4. Desarrollo sustentable”, dice que “las unidades de manejo para la conservación de la vida silvestre son alternativas viables que permiten la conservación, reproducción y propagación de especies silvestres; así como la elaboración de productos, servicios y derivados certificados que puedan incorporarse a un circuito de mercados verdes para su comercialización”.


Según sus autores –convocados en octubre de 2006 por el panista Felipe de Jesús Calderón Hinojosa a realizar talleres temáticos, en medio de la crisis poselectoral–, “la instalación de (las) Uma dentro de las áreas naturales protegidas ha generado varios beneficios: disminución de la presión social en la zona, conservación del medio ambiente y un mayor conocimiento de sus especies, hábitat y ecosistemas”.


El asesor en gestión ambiental Carlos Álvarez Flores –presidente de México, Comunicación y Ambiente, AC– señala que “hemos entregado nuestros recursos naturales a las grandes corporaciones internacionales a cambio de nada. Hemos permitido que se adueñen de todo: agua, minería, especies vegetales, pesca y recursos forestales, con el pretexto de que no tenemos tecnología ni dinero para investigación tecnológica, ni capital para invertir”.


Sin especificar el porcentaje, el documento indica que, en México,“la mayoría” de los bosques “contarán con un manejo sustentable mediante planes de manejo” (sic). Además, refiere que se “tendrán programas de uso sustentable dentro y fuera de las áreas naturales protegidas”.


Uma, rentables negocios

El activista ambiental Álvarez Flores explica que las Uma han sido “convertidas en simples y vulgares negocios”. El problema, señala, es la “marcada ausencia de aplicación efectiva de la legislación ambiental vigente”; debido, sobre todo, a “la enorme corrupción e incapacidad administrativa y técnica” que hay en la Semarnat y en la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa).


Agrega que existe una clara simulación en el cumplimiento normativo. “El grave y constante deterioro ambiental así lo demuestra. La poca voluntad política de nuestros gobernantes, aunada a los presupuestos dedicados al tema ambiental, permite que la depredación, la deforestación y la contaminación de nuestros recursos naturales (agua, aire y suelo) sigan su paso galopante”.


Contrario a ello, el documento –contenido en el expediente México 2030, Proyecto de Gran Visión, desclasificado por la Presidencia de la República– identifica la legislación como uno de los factores que inhiben el “desarrollo sustentable”.


Para los autores del plan, el problema es que la ley “privilegia la centralización por encima de la propiedad privada”. Otro inhibidor que señalan en el apartado “instrumentos de mercado” es que “no existen máximos permisibles para la explotación de los ecosistemas, recursos naturales y sistemas biofísicos”.


Carlos Álvarez Flores indica que la falta de aplicación de la ley no se reduce al manejo de las Uma: hay áreas naturales protegidas abandonadas, sin presupuesto, sin supervisión ni vigilancia; además, se padece de cuerpos de agua contaminados, zonas urbanas con aire contaminado, indebida disposición de los residuos en todas sus categorías, deforestación permanente, cambios de uso de suelo ajenos a los planes de desarrollo urbano, desarrollo turístico costero depredador y comercio ilegal de especies.



Despojo de la tierra y los recursos

En su capítulo “Eje 4. Desarrollo sustentable”, el plan descubre que el 74 por ciento de las Uma extensivas (“donde las especies sujetas a manejo se encuentran libres en el predio”), registradas hasta 2004, se localizaba en propiedad privada. Sólo 21 por ciento, en propiedad ejidal, y el resto, 5 por ciento, en propiedad federal.


Gubidcha Matus, titular del área de comunicación y vocero del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba), explica que, en materia de desarrollo sustentable, el plan transexenal México 2030 no es más que la continuación del Corredor Biológico Mesoamericano, antes conocido como Plan Puebla Panamá.


—Es una etapa más del Plan Puebla Panamá. Todas estas estrategias de supuesta sustentabilidad, proyectos, cuidado de las reservas, etcétera, tienen que ver con ese plan. Hay partes del texto (México 2030) que hablan de un corredor biológico que busca cuidar las reservas, pero que al final es la aplicación de las políticas que exige el plan para que la iniciativa privada tome y haga suyos los recursos y los servicios que tiene la población.


Matus critica que el Proyecto de Gran Visión impulsado por Calderón Hinojosa no plantee la consulta a los pueblos y comunidades, cuyos territorios se destinarán a proyectos de desarrollo sustentable.


El activista de los derechos humanos alerta que la experiencia del Frayba en Chiapas –donde se localiza una de las 23 reservas de la biósfera parcialmente privatizadas: Montes Azules– es que “siempre se ha violentado el derecho a la consulta y también el del uso y disfrute de los recursos naturales, en contra de los pueblos y comunidades que están en los lugares donde se implantan estos proyectos”.


Aclara que el centro Frayba no se opone a los proyectos de desarrollo, “pero nosotros remarcamos que éstos violentan el derecho al territorio, reconocido por la Organización Internacional del Trabajo”.


De acuerdo con el Proyecto de Gran Visión, se busca “estimular la inversión privada en conservación, por medio de compra de terrenos y estímulo al manejo sustentable por las comunidades dueñas de los ecosistemas”. Según el plan, para 2030 se “aprovechará sustentablemente la biodiversidad a favor de las comunidades (dueños de la tierra)”.


Gubidcha Matus explica que la iniciativa privada es la mayor beneficiaria con este proyecto, mientras que las comunidades y pueblos indígenas y campesinos son quienes sufren más. “Generalmente son despojados, no son consultados. Violentan un proceso en el cual los pueblos no pueden dar su opinión ni su palabra acerca de lo que se va a realizar en ese territorio”.



Turismo de masas

El documento dedicado al desarrollo sustentable refiere que, “a partir de 2003, las áreas naturales protegidas con infraestructura y capacidad administrativa para cobrar cuotas de entrada ya no están obligadas a transferir esos recursos a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, sino que podrán utilizarlos para promover el ecoturismo y otras actividades que generan ingresos a los pobladores, desmotivando así la destrucción y/o degradación de las comunidades naturales que ahí se encuentran”.


La promoción del ecoturismo no se ciñe a las áreas naturales protegidas. Según el plan, el turismo debe ser sustentable en todos los casos y “deberá entrar en SMA” (o sistemas de manejo ambiental).


Alejandro Olivera, coordinador de la Campaña de Océanos y Costas de Greenpeace México, dice que la política de este gobierno se ha enfocado en la promoción del turismo de masas y ha dejado rezagado al turismo sustentable.


Explica que el de masas es demandante y se traduce en grandes impactos, principalmente en las zonas costeras sobre ecosistemas valiosos, como manglares y dunas. Ésas son las características que aprecia el ecologista en los principales destinos turísticos del país: Cancún, Los Cabos, Puerto Vallarta, Acapulco, Veracruz.


Olivera advierte que la legislación en materia de turismo es insuficiente. “No especifica una transversalidad clara con otras secretarías, como la del Medio Ambiente y la de Desarrollo Social. Para que realmente se ejerza un turismo sustentable, deben ser considerados no sólo el aspecto económico sino también el social y el del medio ambiente. En esa parte está muy débil la ley”.


Destaca que el marco legal vigente no considera al cambio climático, a pesar de que el turismo, a nivel global, es el responsable del 5 por ciento de las emisiones de gases de efecto invernadero: el establecimiento de un nuevo hotel, un nuevo desarrollo, una nueva planta desaladora, se traduce en emisiones de gases de efecto invernadero por la demanda energética.


Agrega que los problemas sociales no son ajenos a estas condiciones: los mismos desarrollos omiten que están creando externalidades, como la demanda de tratamiento de aguas residuales, de agua que se le quita a la población, que propician la privatización de playas al cerrar los accesos al mar. La ley actual no regula nada de estas problemáticas, indica.


El Proyecto de Gran Visión asegura que, en 2030, México “manejará sustentablemente sus costas y mares; alcanzará a desarrollar un turismo responsable; protegerá sus playas, dunas, manglares y arrecifes; y eliminará las descargas de aguas residuales municipales e industriales”.


Escalera Náutica, el fracaso

En su capítulo de economía, el plan transexenal señala que se debe impulsar nuevamente el proyecto de la Escalera Náutica. Al respecto, Alejandro Olivera opina que éste fracasó desde la administración de Vicente Fox.


—Esta nueva administración le dio un nuevo nombre: les llama centros integralmente planeados, y son desarrollados por el Fonatur (Fondo Nacional de Fomento al Turismo). Sin embargo, hemos visto el fracaso de estos centros. Por ejemplo, el de Litibú (Nayarit): actualmente está parado; los terrenos están en venta y está la construcción a medias.


Olivera expone un segundo caso: “El año pasado, el presidente Calderón inauguró el centro integralmente planeado Costa del Pacífico. Ellos (las autoridades) anuncian que va a tener el doble de tamaño de Cancún; sin embargo, el presidente lo inauguró sin ningún permiso por parte de la Secretaría de Medio Ambiente. Y justo hasta principios de marzo sometieron a consulta pública la primera evaluación ambiental que hicieron. Es un proyecto que está totalmente fragmentado”.


El activista de Greenpeace México considera que el gobierno anuncia los nuevos desarrollos turísticos “con bombo y platillo” para aumentar la especulación, el valor de las tierras y atraer la inversión. A fines de febrero, “en Litibú, el presidente inauguró una planta de aguas residuales y una planta desalinizadora, las cuales tienen ya casi un año operando. Vemos anuncios grandes, pero no han podido desarrollar ni promover estos centros turísticos que están basados en un turismo de masas”.


No obstante, el plan México 2030 indica que “la protección y cuidado del medio ambiente no está reñida con el desarrollo; un ejemplo claro es el turismo ecológicamente responsable. Que la enorme belleza de nuestro territorio se traduzca en oportunidades de ingreso para la población que habita en las zonas rurales”.


Alejandro Olivera recuerda que entre las irregularidades más comunes se encuentran la invasión que hacen los hoteles de la zona federal marítimo terrestre y la falta de una precisión de impacto ambiental otorgada por la Semarnat. “Sucede mucho en nuestras costas, y aunque la Profepa ha actuado en Cancún, principalmente, pues sí quisiéramos verla en otros destinos turísticos como Los Cabos, la Riviera Nayarita, Puerto Vallarta, Veracruz, Huatulco”.


“Pagar”, la nueva cultura

Entre los objetivos del proyecto transexenal está “impulsar la nueva visión de que ‘el que utiliza los recursos naturales paga’”. Otro es “consolidar la cultura de que ‘el que contamina paga’”.


El plan México 2030 le apuesta más a la privatización y la inversión que a un diálogo y un convencimiento de los pueblos que están en las reservas o cerca de ellas, dice Gubidcha Matus. El vocero del Frayba afirma que, “al final, tener algo privado conlleva tener un beneficio con la explotación de los recursos”.


El activista de los derechos humanos puntualiza que, hasta ahora, los servicios que ya están privatizados no han resuelto el problema del acceso. Por ello, indica que la solución no es privatizar. “Cuando se habla de un proyecto privatizador que soluciona todos los problemas de la pobreza, esa aseveración dista mucho de la realidad”.


Para la elaboración de este trabajo y de la serie México 2030, Proyecto de Gran Visión, se solicitó conocer la versión de la Presidencia, a través del secretario técnico Nicolás Lohmann Rocha. Hasta el cierre de edición, no se obtuvo respuesta.







Fuente: Contralínea
Difusión: AMLOTV

Sistema financiero mexicano, lavador de Mario Villanueva





Sistema financiero mexicano, lavador de Mario Villanueva

Priista de toda la vida, el exgobernador de Quintana Roo, Mario Villanueva Madrid, actualmente preso en México y sujeto a proceso de extradición hacia Estados Unidos, tejió una extensa e intrincada red financiera para lavar cientos de millones de dólares producto del tráfico de drogas. Contralínea reconstruye las rutas del dinero que fabricó mediante el uso de prestanombres, la creación de empresas off shore en los paraísos fiscales de las Islas Caimán e Islas Vírgenes Británicas, en complicidad con instituciones bancarias nacionales y del extranjero. En forma paralela, abrió una cuenta secreta por 100 millones de pesos para apoyar las campañas de diputados y presidentes municipales del Partido Revolucionario Institucional



José Réyez / Primera parte


De acuerdo con reportes confidenciales de la Administración de Drogas y Narcóticos (DEA, por sus siglas en inglés), de la Unidad de Investigaciones de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) de México, de la Procuraduría General de la República (PGR), testimonios de testigos protegidos incluidos en el proceso penal 101/2003, y peritajes de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Mario Villanueva Madrid echó mano de familiares, funcionarios del gobierno de Quintana Roo, amigos y prestanombres para blanquear el dinero que obtenía por el pago y la protección que brindaba al cártel de Juárez, encabezado por los hermanos Amado y Vicente Carrillo Fuentes.


Entre las operaciones financieras que realizó para ocultar los fondos ilícitos, abrió cuentas bancarias en la Consultoría Internacional Casa de Cambio Ixe; en Casa de Cambio Tiber; en Grupo Financiero Banca Serfín; en el Chemical Bank de Nueva York; en Banca Serfín Nassau Branch; en BCH; en Bancomer; en Banco Internacional; Bancrecer e Inverlat; Banpaís; el Bank of New York; el Bank of America Cayman; el First Union National Bank of Florida; el Banco Atlántico de Miami, Florida; el Citibank Buffalo, entre otros, sin que alguna de estas instituciones reparara en el origen del dinero que el político priista depositaba o transfería a múltiples cuentas. A pesar de que los expedientes contra Mario Villanueva revelan la participación de las instituciones financieras en el lavado de dinero, ninguna ha sido investigada y muchos menos sancionada por ese delito grave.


Numerosos oficios, documentos de las transferencias, los depósitos, contratos y cheques fechados entre 1991 y 2000, investigados y suscritos por Sergio Raúl Díaz Roura, director de Investigaciones de la CNBV, confirman la complicidad de las instituciones bancarias en el manejo de las operaciones con recursos de procedencia ilícita, que llevó a cabo Villanueva Madrid, antes y cuando ocupó la gubernatura de Quintana Roo (1993-1999).


La cuenta regresiva

Desde la “puerta de entrada” del trasiego de drogas de Colombia a México y Estados Unidos, como se le conoce a la Península de Yucatán, la compleja red delictiva de blanqueo de capitales que construyó Mario Villanueva fue operada por su secretario de Finanzas en el gobierno del estado, José Chejin Pulido, y su cómplice Francisco Javier Bradley Haug –a la postre testigo protegido por la Procuraduría General de la República con el nombre clave Hans–, mediante diversos instrumentos financieros producto del narcotráfico.


Antes de concluir su mandato como gobernador del estado, el 5 de abril de 1999, Mario Villanueva ya era buscado por la justicia federal, acusado de tener vínculos con Amado Carrillo Fuentes, apodado el Señor de los Cielos. Señalado por los delitos de lavado de dinero, delincuencia organizada, asociación delictuosa, intimidación y contra la salud. De acuerdo con la averiguación previa PGR/UEDO/004/99, fue capturado el 24 de mayo de 2001 junto con los miembros del cártel de Juárez: Alcides Ramón Magaña, Albino Quintero Meráz, Gilberto Fabián Campos Martínez, Oscar Benjamín García Dávila, Agustín Bello Hernández, José Olivo Méndez Rico y Marco Antonio Caamal Canul.


El exfuncionario priista colocó los recursos en cuentas extranjeras de Suiza, Nueva York, Islas Británicas e Islas Caimán. Utilizó su influencia política para manejar, a través de testaferros, a los ejecutivos de los bancos que realizaban las operaciones financieras mediante la creación de empresas off shore, en las que invariablemente aparecen en los consejos de administración Mario Villanueva, familiares y sus cercanos.


Acorralado por la justicia federal tras el interrogatorio al que fue sometido por el entonces fiscal antidrogas de la PGR, Mariano Herrán Salvati, actualmente preso en el penal de Nayarit, Villanueva permaneció prófugo durante dos años, por lo que el 20 de abril de 1999 fueron inmovilizadas sus cuentas 634-300495-7 en Banpaís; 251-5000023-9 en Bancomer y la tarjeta de crédito 4555 4036 0002 3581; así como el Fideicomiso 117536 en Bital, a nombre de su esposa Isabel Tenorio de Villanueva, por 2 millones 125 mil 750 pesos, y la cuenta 6082275744, en Bital, a nombre de su hijo Carlos Mario Villanueva Tenorio, actual diputado plurinominal por el I Distrito y quien se perfila como candidato del Partido Revolucionario Institucional a la presidencia municipal de Othón P Blanco.


La pista del dinero: CNBV y la DEA

El director de Investigaciones de la CNBV, Sergio Raúl Díaz Roura, realizó las indagatorias sobre el curso del dinero relacionado con Mario Villanueva y envió al Ministerio Público una gran cantidad de documentos que sirvieron de pruebas para fincarle responsabilidad penal por blanqueo de capitales y defraudación fiscal al exgobernador.


Desde hace más de una década, la agencia antidrogas estadunidense contaba con información de los vínculos de Mario Villanueva con el narcotráfico y el lavado de dinero, por lo que sostienen la petición al gobierno de México para que el exgobernador sea extraditado a Estados Unidos.


El 31 de agosto de 1999, Jaime Camacho, agregado de la DEA en Mérida, Yucatán, notificó a las autoridades mexicanas de la existencia de tres cheques: uno por 370 mil dólares, expedido por los operadores de Villanueva a favor de Fullstock Holdings, Inc, el 4 de febrero de 1997, de la cuenta 063000021 9981341821 0995 del First Union National Bank of Florida, Miami Florida 33156; otro por 375 mil dólares, a favor de Englehard Mill Investment Corp, del 4 de febrero de 1997, de la cuenta 063000021 9981341821 0999, del mismo banco, y el tercero por 375 mil dólares, a favor de Englehard Mill Investment Corp, del 4 de agosto del mismo año, de la cuenta 063000021 9981341821 0998, del mismo banco.


Así como dos cheques a favor de Comerciale Vincensa, SA, expedidos el 4 de agosto de 1997, de las cuentas 063000021 9981341821 0996 y 063000021 9981341821 0997, por 400 mil y 350 mil dólares, respectivamente, provenientes del First Union National Bank of Florida. Finalmente, una orden de pago de la Casa de Cambio Tiber a favor de Luis Ernesto Villanueva Tenorio, por 150 mil dólares, expedida el 7 de octubre de 1996, de la cuenta 107521 066010924 450240 031 01 del Banco Atlántico de Miami, Florida.


Entre sus investigaciones, Díaz Roura descubrió una transferencia del 10 de enero de 1996 por 8 millones de pesos de Serfín Cancún, y como beneficiario Banca Serfín –de la cuenta de inversión OBSSA 4701007-1–, realizada por Ramón Enrique Diez Cañedo, exempleado y excuentahabiente de Banca Serfín, cuyo expediente fue sacado del archivo muerto y utilizado en las operaciones de lavado por José Chejin Pulido, secretario de Finanzas del gobierno del estado y principal operador de Mario Villanueva, en complicidad con Francisco Javier Brady Haug, exempleado de Banca Serfín, quien se acogió al sistema de testigos protegidos de la PGR con el nombre confidencial Hans.


José Chejin Pulido y Francisco Javier Brady Haug, en complicidad con empleados bancarios, brokers y asesores financieros expertos en portafolios de inversión de capitales, operaron el lavado de dinero del exgobernador a través de las empresas off shore Kisin, SA; Harley Limited; Marimba Holding; Olimpus Limited, mediante la apertura y cancelación de cuentas, transferencias, compra de dólares, contratos de administración de valores, manejo de portafolios de inversión nacional y en el extranjero, y creación de fideicomisos.


Peritajes de la SHCP confirman lavado

Los dictámenes del 3 de mayo de 2000, suscritos por peritos en contabilidad pública, adscritos a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, revelaron que José Chejin Pulido aperturó cinco cuentas bancarias: dos en el Banco del Atlántico, SA; una en Bital, SA (hoy HSBC); y dos a Banca Serfín, SA, en las que totalizó operaciones por 5 millones 245 mil 979 pesos.


Se detectó que de la cuenta 40121664182 de Bital se giraron el 18 de marzo de 1999 un cheque a nombre de Manuel López, por 87 mil 480 pesos; otro a favor de Rubén Murillo, el 30 de marzo de 1999, por 500 mil pesos; cuatro cheques a favor de José Chejin Pulido, por un total de 2 millones 993 mil 265 pesos.


José Chejin Pulido aperturó el 22 de septiembre de 1995, en Banca Serfín, la cuenta 25000688, y en Operadora de Bolsa Serfín, SA (OBSSA), la cuenta Bursátil 4701007-1, en las que realizó depósitos, inversiones y erogaciones por 75 millones 620 mil 833 pesos, de los cuales 33 millones 82 mil 439 pesos fueron traspasos de la cuenta 4701007-1 de OBSSA, por 17 millones 482 mil 439 pesos, con los que se respaldó la expedición de 46 cheques de la Cuenta Eje (25000688), por un total de 58 millones 138 mil 393 pesos.


Respecto de los depósitos, en su mayoría proviene de las ventas del fondo de Casa de Bolsa (traspasos automáticos), los cuales ascendieron a 17 millones 482 mil 439 pesos, importe que concuerda con la suma que se presenta en la columna de otros egresos de la “Relación de retiros de inversiones” de la cuenta 4701007-1, recursos que aunados a las dos operaciones realizadas el 8 de enero de 1996, por 8 millones de pesos cada una, indican que fueron por “Venta de Fondo Casa de Bolsa”. Sin embargo, los conceptos referidos (Cuenta Eje) no concuerdan con los conceptos señalados en la “Relación de retiros de inversiones”, cuenta 4701007-1.


Desde la apertura de las cuentas bancaria y bursátil, se realizaron erogaciones por 76 millones 700 mil 378 pesos, de los cuales 33 millones 482 mil 439 pesos, que se indican como depósito en la cuenta 25000688 de Banca Serfín, provienen de traspasos de la cuenta 4701007-1 de OBSSA, por 17 millones 482 mil 439 pesos, y de la venta de fondos del 8 de enero de 1996, por 8 millones de pesos, para hacer un total de depósitos y operaciones bursátiles por 51 millones 217 mil 939 pesos.


Respecto de los retiros por 43 millones 292 mil 939 pesos, se realizaron diversas erogaciones en Banca Serfín, por 17 millones 482 mil 439 pesos, por ventas del fondo de casa de bolsa, recursos que sirvieron de soporte en la expedición de 46 cheques de la Cuenta Eje 25000688 en Banca Serfín, de Ramón Enrique Diez Cañedo Ruíz (traspaso simultáneo); en la expedición de dos cheques de Operadora de Bolsa, por 900 mil pesos, a favor de terceros y “por traspasos Ref” en la trasferencia de divisas al Bank Of América de Chicago, Illinois, por 910 mil 500 pesos; “Serfín Ref”, en dos retiros del 8 del enero de 1996, por 8 millones de pesos cada uno, por traspaso banca electrónica y cargo Banca Serfín, por la expedición del cheque 5060 del 10 de enero de 1996 a favor de Banca Serfín, por 8 millones de pesos.


El cheque 5060 se cambió en Banca Serfín, por 1 millón 63 mil 123 dólares, los cuales se transportaron a Consultoría Internacional Casa de Cambio para su canje por 7 millones 924 mil 041 pesos, los cuales se transfirieron a Banca Serfín Nassau para el contrato de inversión de Harley Limited, por 527 mil 566 dólares, y a Kissin, SA, por 527 mil 566 dólares. Los recursos nuevamente se transfirieron los días 13, 19 y 24 de enero de 1996 al Chemical Bank Lehman Brothers, la emblemática institución financiera de Wall Street que sucumbió la crisis mundial del capitalismo contemporáneo en 2008.


Respecto de los egresos de la Cuenta Eje, mediante 46 cheques por 17 millones 482 mil 439 pesos, 25 se expidieron a favor de Martín Ruíz Cuevas, exsecretario particular de Chejin Pulido, por 9 millones 758 mil 371 pesos; 19 a favor de Ramón Enrique Diez Cañedo Ruíz, es decir a Chejin Pulido, por 7 millones 163 mil 218 pesos; dos a favor de Operadora de Bolsa Serfín, por 560 mil pesos, que se abonaron a la cuenta 4701007-7; y dos cargos del 8 de enero de 1996, cada uno por 8 millones de pesos, por concepto de “Traspaso sucursal” y “Compra de fondos Casa de Bolsa”, descripción que no concuerda con los conceptos referidos en “Relación de Inversiones por Depósito”, cuenta 4701007-1, los cuales indican “Su Depósito Directo en Serfín Can por Comprobar” y “Su Depósito en Banca Serfín”.


Tales discrepancias en conceptos se ahondan según la información contenida en el “Reporte de Tesorería Automática Serfín”, del 8 de enero de 1996 (que obra en la Averiguación Previa PGR/UEDO/99), en la que se relacionan diversas transacciones: un cargo por 8 millones de pesos, realizado en “Plaza Mex” a la cuenta 25000688 (Cuenta Eje) y un abono por 8 millones de pesos a la cuenta 1034514, cuyo titular es OBSSA, ambas transacciones operadas con la cuenta 1086941, “Plaza Mex” (que pudiera ser de Serfín).


Villanueva Madrid celebró el 14 de agosto de 1992 un contrato de administración de valores con Banpaís, número de cuenta 634-300495-7, donde aparecen como “depositantes” Isabel Tenorio Romero y Luis Ernesto Villanueva Tenorio, que se operaron a través de inversiones en pagarés en dos periodos.


El primero, del 1 de enero de 1993 al 2 de agosto del mismo año, por 2 millones 78 mil 83 pesos, que retiró el 2 de agosto de 1993. El segundo, del 13 de septiembre de 1993, por 2 millones 132 mil 988 pesos, del que no hay constancia de que fueran retirados. La primera inversión en pagarés, que se mantiene hasta el 31 de diciembre de 1993, ascendía a 2 millones 282 mil 673 pesos. De estas inversiones, realizó retiros el 7 de enero de 1994, por 839 mil 191 pesos; el 23 de mayo de 1994, por 1 millón 435 mil 175 pesos, y de 18 mil 306 pesos no identificados.


El 9 de agosto de 1993, Mario Villanueva firmó un contrato de títulos en administración y depósitos en dinero con BCH, cuenta 040-002159-3, cuenta de cheques 6816290, señalando como primer depositante a él mismo, como segundo a Isabel Tenorio Romero, con una inversión a plazo fijo del 16 de diciembre de 1993 al 15 de enero de 1994, por 416 mil pesos.


De las operaciones de inversión que se realizaron a través del Fondo de Cobertura 389585, cuenta de cheques 6816290, ésta se inició con la compra de acciones los días 24 y 27 de enero de 1994, de 255 mil 283 acciones por 415 mil 498 pesos, recursos que pudieran derivar del vencimiento de la inversión a plazo fijo, y de 190 mil 75 acciones por 309 mil 999 pesos, respectivamente. La inversión se incrementó con la compra de 602 mil 536 acciones el 30 de marzo de 1994, cuyo importe fue de 999 mil 998 pesos. A esa fecha, 1 millón 47 mil 894 acciones ascendían a 1 millón 739 mil 137 pesos.


Para abril de 1994, realizó diversas operaciones: el día 15 compró 743 mil 911 acciones por 1 millón 240 mil 999 pesos; el 29 vendió 1 millón 791 mil 805 acciones por 3 millones 5 mil 376 pesos, con lo que la valuación al cierre de mes era de cero acciones y de importe cero, situación que en apariencia sucedió por el cambio, el tipo de inversión o cambio de forma de presentación del estado de cuenta, ya que en el relativo al mes de mayo se indica un saldo inicial de 3 millones 5 mil 376 pesos; por lo tanto, se observa que hubo un cambio de acciones por títulos.


Villanueva Madrid realizó inversiones en el Fondo de Cobertura 389585 por 4 millones 379 mil 615 pesos, entre el 24 de enero y el 6 de septiembre de 1994; realizó depósitos entre el 1 de enero de 1994 y el 13 de mayo de 1996 por 7 millones 367 mil 065 pesos, estimando que en este importe quedan incluidos los recursos canalizados en el fondo de cobertura; y del 14 de mayo al 30 de noviembre de 1996, por 573 mil 491 pesos.


También abrió la cuenta maestra 251-5000023-9 en Bancomer, el 14 de diciembre de 1995, y designó como beneficiarios a Isabel Tenorio de Villanueva, Luis Ernesto, Carlos Mario y Marisa Villanueva Tenorio, en la que hizo depósitos hasta el 3 de abril de 1999 por 3 millones 874 mil 989 pesos.


Respecto de la cuenta bancaria 0835-170513-92 Beduino G 152 en el Credit Suisse, que aperturó el 23 de septiembre de 1994 Mario Villanueva y que obtuvo el Ministerio Público de la Federación con base en el Acuerdo de Asistencia Jurídica Mutua del Gobierno de Suiza, se conoció que los recursos que invirtió se canalizaron como inversiones a un Banco en Suiza a través de transferencias.


Éstas se efectuaron con seis cheques librados de dos cuentas bancarias en el extranjero a Bancomer (uno), Banpaís (cinco), a la orden de SKA, por 1 millón 968 mil 166 dólares con nueve cartas de instrucción, de las cuales cinco fueron a instituciones financieras del país: BCH (una), Banco Internacional (una), Banpaís (tres), por 835 mil 905 dólares, y cuatro a instituciones financieras del extranjero, por 1 millón 909 mil 931 dólares, recursos que se operaron desde la apertura hasta el 2 de abril de 1996, y que totalizan 4 millones 714 mil 002 dólares.


Respecto de los retiros, se localizaron siete documentos de Aviso de débito y uno de Aviso de crédito (por devolución de fondos). Realizó transferencia el 18 de abril de 1996, de la cuenta 0835-0170513-92 Beduino G 152 del Credit Suisse, a nombre de Mario Villanueva, a la cuenta 52-85461 del First National Bank of Chicago de Casa de Cambio Tiber, por 499 mil 985 dólares, recursos que se identifican con la marca de cruce (I), dejada en la Relación de Avisos de Débito y Crédito, y con la marca de cruce (III) y (IV), marcada en el estado de cuenta 52-85461 del First Chicago, de septiembre de 1995, de la Casa de Cambio Tiber.


Mediante el dial de compra número 0162323 de la Casa de Cambio Tiber, del 18 de abril de 1996, realizó la compra de 499 mil 985 dólares, con la observación de: “Transferencia recibida en el Firs el 17 de abril de 1996, del Credit Suisse pagamos con efectivo”.


En el dial de venta 0162184, del 18 de abril de 1996, de la Casa de Cambio Tiber, realizó una operación de venta de documento en dólares, de los cheques de Banco del Atlántico 92598, 92599 y 92600, de los cuales tres fueron girados por la Casa de Cambio Tiber, de la cuenta 0996-450240-031 del Banco Atlántico de Miami, Florida. El 92598 fue expedido el 18 de abril de 1996 a la orden de Eusebio Azueta Villanueva, por 300 mil dólares. El 92599, del 18 de abril de 1996, y el 92600, a la orden de Luis Ernesto Villanueva Tenorio, por 198 mil 735 dólares y 950 mil dólares, respectivamente.


Luis Ernesto Villanueva Tenorio aperturó la cuenta maestra 9003547052 en la que designó como beneficiarios a Isabel Tenorio Romero y Marisa Villanueva Tenorio; realizó depósitos hasta el 31 de diciembre de 1998, por 911 mil 451 pesos. Asimismo, aperturó en Bital, el 2 de septiembre de 1998, la cuenta 6082275751, en la que realizó depósitos por 90 mil pesos. Y constituyó con su hermano Carlos Mario Villanueva Tenorio, actual diputado priista local, una sociedad anónima y una sociedad de producción rural de responsabilidad limitada, en las cuales aportó 230 mil pesos, como participación accionaria en el capital inicial.


Los estados de cuenta, constancias de transferencia, cheques, cartas de instrucción, solicitudes de aperturas de cuenta, copias de identificación y “diales” sirvieron de indicio al Ministerio Público para “demostrar que Mario Villanueva realizó conductas encaminadas a ocultar la naturaleza del dinero que trasladó a diversas cuentas bancarias en el extranjero, precisamente a Suiza”.


La danza de las transferencias

Díaz Roura, el 25 de enero de 2000, envió información de la Casa de Cambio Tiber de diversas transferencias de la cuenta 0835-0170513-92-000 de Credit Suisse, de Suiza a México; entre ellas, la del 13 de septiembre de 1995, por 200 mil dólares. También el 14 de septiembre de 1995 se entregó el cheque 031973, girado por Casa de Cambio Tiber de la cuenta número 1053780-1 de Bancomer, a la orden de Mario Villanueva Madrid, por 1 millón 249 mil 906 pesos; y otra transferencia, del 17 de abril de 1996, por 500 mil dólares a favor de Casa de Cambio Tiber.


Destaca la cuenta 0835-170513-92 a nombre del cliente 170513 Beduino, G152, de Credit Suiss, aperturada por Mario Villanueva y su hijo Luis Ernesto Villanueva Tenorio, en la que depositaron 4 millones 714 mil dólares. También la cuenta de inversión 4701007-1 de Operadora de Bolsa Serfín, con depósitos por 27 millones 8 mil 393 pesos. En ambos casos se advierte la diferencia entre el monto de las operaciones y los ingresos que reportó legalmente haber obtenido el exgobernador como funcionario público.


Díaz Roura detectó dos contratos de inversión de fondos, ambos por 527 mil 566 dólares, a nombre de las empresas off shore Kisin, SA, y Harley LTD, del 11 de enero de 1996; y una carta de instrucciones a Banca Serfín, Nassau Branch, enviada por Kisin, en la que solicita la transferencia de fondos a la cuenta 140 094 221 del intermediario bursátil Lehman Brothers, subcuenta 831 27683 13 627.


También, otra carta de instrucciones al Chemical Bank de Nueva York para el pago de 528 mil 365 dólares por el vencimiento de la inversión arriba indicada; el contrato de transferencia número 28596,3 por 1 millón 055 mil 132 dólares, cliente Banca Serfín, beneficiario Banca Serfín Nassau Branch, cuenta 544-7-04372, del 12 de enero de 1996.


Estos documentos se relacionan con el oficio ASJ/08258 del 26 de mayo de 1994, signado por el director de Permisos de la Secretaría de Relaciones Exteriores, mediante el cual remite copia certificada de los expedientes 3709027999, 3809028645 y 5409161714 de tres personas morales denominadas Pesquera del Pacífico, otra de las empresas off shore de Villanueva.


El 4 de mayo de 1999, Díaz Roura informó de las transferencias, retiros a favor o para entregar a instituciones del sistema financiero mexicano por importes mayores a 1 millón de dólares, durante el período del 1 de noviembre de 1995 al 31 de marzo de 1996, realizados por los operadores del exgobernador.


Destacan la constancia del cheque certificado 5060 de la cuenta 103451-4 a nombre de Operadora de Bolsa Serfín; el contrato de intermediación Bursátil 4701007-1, cuenta de inversión OBSSA a nombre de Diez Canedo, del 22 de septiembre de 1995; así como los contratos de intermediación bursátil 4700727-5 a nombre de José Chejin Pulido; el 4700824-7 a nombre de Brady Haug, del 3 de octubre de 1991, y el 4700052-1 a nombre de Hilda Haug Solorzano, del 18 de agosto de 1997.


El 25 de mayo de 1999, Díaz Roura envió a la PGR un cuadro sinóptico del análisis de partidas de la cuenta universal Serfín 2500068-8 de Canedo Ruiz, al que anexó copia de 47 cheques librados. Así como una relación de depósitos en efectivo registrados en las cuentas de inversión 4701007-1, la cuenta de cheques de Serfín 500068-8, OBSSA 4701007-1, a nombre de Diez Canedo, en el que se detalla fecha, importe, tipo de cargo y referencia, por un total de 34 millones 138 mil 393 pesos.


El 7 de abril de 1999, durante el cateo del inmueble propiedad de Mario Villanueva Madrid, de Paseo de Pino número 44, colonia Bosques de las Lomas, Delegación Miguel Hidalgo, ciudad de México, se encontró un estado de cuenta del 23 de agosto de 1996, aperturada en Credit Suisse, por 4 millones 474 mil 41 dólares, repartidos en el siguiente portafolio: 35.45 por ciento en papel eurocomercial de Cementos de México; 28.48 por ciento en certificado de depósito de Banco Mexicano Somex; 33.07 por ciento en certificado de depósito Banco Inverlat; 3 por ciento en el fondo de mercado de dinero de Credit Suisse Luxemburg; en CS Zurich, referencia de cliente 170513, Beduino G152, por 100 mil dólares; en First National Bank of Chicago, ABA 071000013; en la cuenta 52-85461 de Casa de Cambio Tiber, donde aparece una firma ilegible.


El 16 de julio de 1999, el subdirector jurídico de Banca Serfín informó que el intermediario bursátil Lehman Brothers, Inc, pidió transferir recursos por vencimiento de las inversiones de las empresas, SA, y Harley, Ltd, el 12 y 17 de enero de 1996. Respaldó el documento con la copia certificada de los documentos localizados en el cateo practicado por la PGR en el inmueble de Campestre número 18, colonia Campestre, Chetumal, Quintana Roo, propiedad de Luis Ernesto Villanueva Tenorio, entre los que resaltan dos confirmaciones de transacción expedidas por Lehman Brothers, de 19 de mayo de 1997, de la cuenta 831-47344-1-2.


También, los documentos que se localizaron en el cateo realizado en el inmueble de Armada de México número 95, colonia Campestre, Chetumal, en el que residían José Chejin Medina y José Chejin Pulido. Una tarjeta de presentación a nombre de Chejin Pulido como asesor financiero preferente de Operadora de Bolsa, en Cancún; tarjeta de presentación de Consuelo Márquez que la acredita como Account Executive de OBSSA International, Inc, a Subsidiary of Operadora de Bolsa, SA; la confirmación de operación de compra de 165 mil dólares de Vicap, SA, que envió Lehman Brothers vía el broker Consuelo Márquez a Chejin Medina, del 22 de mayo de 1997.


En la calle Paseo de Pino número 44, también se localizó el estado de inversión relacionado con el número de cliente 0835-170513-9 Beduino, del Schweizerische Kreditañstalt Credit Suisse Crédito Swizzero, correspondiente a los periodos del 1 de enero al 31 de diciembre de 1996; y una carta del 28 de agosto de 1996 dirigida al “Contra la salud Zurcí”, referencia 170513 Beduindo G152, con la leyenda: “P.f. enviar US$100’000.- con fecha valor 26.8.1996ª: First Nacional Bank of Chicago… ABA Cambio Tiber… ref. pantalla… atentamente… (una firma ilegible).


El apoderado legal de Consultoría Internacional, Casa de Cambio, SA, precisó que el 11 de enero de 1996, Serfín solicitó la compra de divisas para ser liquidadas al día siguiente por transferencia de 7 millones 924 mil 93 pesos.


El 18 de abril de 1996, Casa de Cambio Tiber entregó en efectivo 3 millones 697 mil 669 pesos a través de tres cheques del Banco Atlántico de Miami, Florida, de la cuenta 0996-450240-031: el cheque 92598, a la orden de Eusebio Azueta Villanueva, por 300 mil dólares; el 92599, y el 92600, por 198 mil 735 dólares y 950 mil dólares, respectivamente, a Luis Ernesto Villanueva Tenorio.


El 14 de abril de 2000, el director de Investigaciones Especiales de la CNBV envió documentos de Banca Serfín de transferencias recibidas el 27 y 29 de noviembre de 1996, por 1 millón 290 mil dólares y 2 millones 834 mil dólares, respectivamente, provenientes de Credit Suisse Bank a Banca Serfín Nassau.


La empresa Fisherman Properties Limited se creó el 25 de julio de 1996 bajo las leyes de Islas Vírgenes británicas, cuyo domicilio es el mismo de la Trident Trust Company Limited, lo cual se relaciona con el contenido del oficio 601-1-53954/00 del 14 de abril de 2000, en el que Díaz Roura informa de dichas transferencias, con las que se acredita que esa institución bancaria llevó a cabo diversas operaciones provenientes del Credit Suisse Bank.

Fuente: Contralínea
Difusión: AMLOTV