Felipe Calderón y la criminalización de los migrantes

Que la ley SB 1070 recientemente emitida por las autoridades de Arizona, Estados Unidos, que criminaliza el fenómeno migratorio, es “intolerante”, “discriminatoria” y que estimulará el rabioso espíritu animal del “odio y el abuso” de los racistas Wasp estadunidenses –el acrónimo de white, anglo-saxon and protestant (blanco, anglosajón y protestante)–, como señalara Felipe Calderón (las palabras entrecomilladas son suyas), es indiscutible. Sin embargo, lo que es discutible es si realmente Calderón llevará a cabo la vigorosa y patriótica defensa de los trabajadores mexicanos que serán afectados por esa legislación tal y como anunció, y hasta dónde está dispuesto a llegar. Tendrá que demostrar que su postura no es más que otro desplante del oportunismo político que lo caracteriza.

La enérgica protesta y la rasgadura de vestimentas de Calderón ante las tropelías cometidas por los estadunidenses en contra de México y sus habitantes, en su territorio o en el nuestro, han sido una práctica común, harto chocante, de los gobernantes priistas y panistas. Sólo han tenido un valor momentáneamente escenográfico, catártico, que les permite evadir cínicamente su gran responsabilidad en los problemas y cuya trascendencia se reduce al intento por capitalizarlos y tratar de mejorar su ajada imagen. Después retoman su indiferencia, se olvidan de los conflictos y dejan a la sociedad a su suerte. Varios aspectos permiten ser escépticos ante la estrategia que supuestamente instrumentará Calderón para proteger a los connacionales migratorios:

1. La certeza que poco o nada podrá hacer para influir en el destino de dicha ley, porque ella dependerá de factores que escapan de su control: el juego y las relaciones de fuerza de las elites y los grupos de poder de aquella nación, entre las que buscan flexibilizar la normatividad migratoria y las que pretenden endurecerla todavía más. De las decisiones que asuma el gobierno federal de Estados Unidos, los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, ante la administración de Arizona o de otras que traten de imponer medidas similares; de la reforma migratoria comprometida por Barack Obama durante su campaña para ganarse los votos de los inmigrantes, en particular de los de origen latino, que fortaleció la esperanza de éstos para regularizar su estancia y también su desencanto ante su postergación; de la capacidad de los que serán afectados para salvaguardar sus intereses y derribar a la SB 1070.

2. La debilidad y el abyecto sometimiento de los gobiernos neoliberales mexicanos ante las políticas de la Casa Blanca, desde Miguel de la Madrid hasta el propio Calderón. De la Madrid, como los demás, prácticamente no hizo nada para defender los derechos del creciente número de trabajadores indocumentados que buscaron formas de vida más digna en Estados Unidos y cuyo país es incapaz de ofrecerles, debido a la crisis y el estancamiento económico que caracterizó a su mandato y que provocó alto desempleo y un grave deterioro en las condiciones de vida de la mayoría. Con tal de que los “socios” aceptaran el ventajoso neocoloneaje de México que les propuso, Carlos Salinas dejó el tema laboral y migratorio en el Tratado del Libre Comercio como un simple agregado de compromiso, tan inútil como el conjunto del “pacto”, ya que los estadunidenses imponen sus arbitrariedades cuando se les pega la gana. Ávido de la legitimidad que no pudo obtener con las elecciones, se volvió, más allá de la retórica, en un silencioso cómplice del auge del sentimiento anti-inmigrante y xenofóbico estadunidense que se tradujo en la instrumentación de medidas legales más severas para tratar de regular los flujos de trabajadores ilegales: la propuesta para reformar la ley migratoria en mayo de 1993, que implicó el incremento anual de 1 mil agentes de la Patrulla Fronteriza, por un lapso de cinco años consecutivos, a partir del ejercicio fiscal de 1997; la construcción de una triple barda en una franja de 23 kilómetros entre San Diego y Tijuana, la mejoría del equipo y de la tecnología de control fronterizo y las tarjetas de cruce fronterizo, y la rápida deportación, entre otras disposiciones; el inicio de la “operación bloqueo” (Operation Blockade) en la zona de Ciudad Juárez, Chihuahua, y el Paso, Texas, el 19 de septiembre de 1993, con una duración de dos semanas, que implicó el desplazamiento de un vehículo con dos agentes de la Patrulla Fronteriza a bordo por cada 200 metros, el reforzamiento la frontera con mallas metálicas, camionetas, sensores de piso, circuito cerrado de televisión y el uso de dos helicópteros. Dicho operativo fue un experimento para establecer nuevas medidas de control en la frontera con México y para estimular la vigilancia en los estados de California, Texas y Arizona; el operativo Guardián (Gate Keeper Operation), iniciado el 1 de octubre de 1994, en la frontera San Diego-Tijuana, que llevó a la construcción de una triple barda a lo largo de la frontera, al aumento del número de agentes de la Patrulla Fronteriza, al uso de sistemas de rastreo satelital (sistema Navtrack), de reflectores de largo alcance y de sensores y al fichaje de los indocumentados; la operación Salvaguardia (Operation Safeguard) en Arizona, en la frontera Tucson-Agua Prieta, Sonora, ese mismo año, que construyó más de 4 kilómetros de muro de acero y reforzó la vigilancia en la zona de Yuma-Arizona, con barreras de armazones metálicas, cámaras de video y sensores electrónicos, y en el área urbana del municipio de San Luis Río Colorado, Sonora, donde se instaló un muro de acero de 3 metros de altura.

Ernesto Zedillo tomó una postura similar ante el auge xenófobo de los racistas y la operación Río Grande en Texas, en el área del Valle Río Grande, al sur de ese estado, que en agosto de 1997 impuso medidas similares a las citadas anteriormente, destacándose el aumento de recursos para la Patrulla Fronteriza en los sectores de McAllen y Laredo, aun cuando durante su sexenio, la inmigración aumentó con alegre desesperación ante su desastre económico. Vicente Fox quiso comerse una enchilada migratoria con el baby Bush y lastimosamente terminó tragando camote. Y calderón… ¿qué ha hecho, más allá de gesticular?

3. Durante su administración, no ha hecho más que guardar indiferencia ante el drama de los trabajadores indocumentados, como hicieron sus predecesores. Por la vía de los hechos, nada le ha importado que el nuevo muro de Berlín, la nueva cortina de hierro construida por los estadunidenses, elevara los riesgos y los costos por tratar de cruzar la frontera. Que le obligara a tratar de internarse en aquel territorio por las zonas más remotas y peligrosas, entre ellas las desérticas. Que se haya robustecido y “profesionalizado” la “industria del tráfico de carne humana”, el precio que tienen que pagar a los coyotes o “polleros”, como se les llama coloquialmente a las bandas de criminales que monopolizan el negocio, las extorsiones de las que son víctimas por los delincuentes con o sin uniforme, que sean tratados peor que esclavos por las autoridades y los empleadores estadunidenses, que los persiguen peor que a los delincuentes, les roben, los expolien, los vejen, los encarcelen, los deporten arbitrariamente ante su indefensión jurídica y les quiten los servicios públicos básicos, como los de salud y educación, aún cuando su trabajo y los impuestos que generan sean necesarios para su economía. Que sean cruel e impunemente golpeados y asesinados por los racistas y las policiales locales; que la mortalidad de quienes intentan cruzar la frontera se elevara dramáticamente. En 1995, según datos del Consejo Nacional de Población, fallecieron 61; en 2005, llegaron a un máximo de 441 y en 2008 fueron 309. Entre 1995 y 2008, murieron un total de 4 mil 633 personas, según esa fuente, aunque el coordinador del Centro de Derechos Humanos del Migrante Beato Juan Bautista Scalabrini, José Luis Manzo, señaló que en 1995-2009 sumaron 5 mil 600 muertes. Tampoco les interesa que la violenta política migratoria estadunidense, que no ha logrado detener el flujo de personas que buscan mejorar su futuro a costa de sus vidas –ya que México sólo les ofrece miseria a manos llenas, empleos mezquinamente pagados cuando lo encuentran, el desempleo, la informalidad o la delincuencia para subsistir–, destruya las redes sociales y familiares. Los estadunidenses ven a los trabajadores migrantes como enemigos, competidores desleales de sus potenciales puestos de trabajo, como indeseables delincuentes, terroristas, razas inferiores, de parias. Más o menos como los ven en México los gobiernos y las elites dominantes. Son los marginados y excluidos por el neoliberalismo que, como epidemia, trascendieron las zonas rurales más empobrecidas para alcanzar a las urbanas (Chiapas, Guanajuato, Oaxaca, Sonora, Michoacán, Estado de México, Veracruz, Jalisco o la capital).

A los neoliberales mexicanos sólo les interesa que se mantenga floreciente la migración por dos razones: porque se quitan de encima a la creciente chusma a la cual nada tienen que ofrecer, ya que, de mantenerse en el país, agravaría la delincuencia y la inseguridad, y podría convertirse en una peligrosa bomba social que, en caso de estallar, desestabilizaría y provocaría el derrumbe del sistema; y por las divisas que proporciona: cerca de 4 mil millones de dólares en promedio anual, entre 1995 y 2010, 200 mil millones de manera acumulada. Así, la economía del país que los expulsa se beneficia y ellos mismos se hacen responsables de sus miserables familias.

4. El aspecto central del problema: la responsabilidad de los neoliberales en la criminalización de los migrantes. Durante su mandato, definido por el estancamiento económico en 1983-2010, la falta de empleos formales estables y dignos, la brutal pérdida del poder de compra de los salarios o el bajo e ineficiente gasto público social, entre otros factores, México se convirtió en una vigorosa potencia en la concentración de la riqueza y la exclusión social, en la generación de pobres, miserables y trabajadores migratorios. En promedio anual, se van temporalmente a Estados Unidos 400-500 mil personas. Las personas repatriadas por la Patrulla Fronteriza promediaron 544 mil en 1995-2007. El número de mexicanos residentes en aquel país casi se duplicó en el último lapso citado: pasó de 6.5 millones a 11.8 millones.

En ese sentido, Calderón ha sido opulento. De los casi 4.5 millones requeridos en la primera mitad de su gobierno, sólo generó 1 millón, pésimamente pagados y en las peores condiciones laborales. El resto es informal, subocupado, no hace nada, es delincuente o emigró. A estos últimos, Javier Lozano quiere venderlos como esclavos.

En ese sentido, la supuesta protesta de Calderón ante la ley SB 1070 sólo puede calificarse de una manera: una histriónica actitud hipócrita y mentirosa.

Fuente: Contralínea

Difusión: AMLOTV

A punto de recuperar Excélsior, o…

Rogelio Hernández López

—¡Quiubo, tercos! ¿Ya ganaron la última instancia para que les regresen Excélsior? –les saluda con impertinente humor el reportero, bien conocido por ellos desde antes de que comenzaran estos avatares que les han consumido nueve años y medio.

—Ya mero –responde presto uno de los aludidos, el reportero Juan Gerardo Reyes, que comienza a explicar con mucho dominio del lenguaje de los abogados, aprendido a fuerza de toparse con ellos en todo este tiempo:

“Hace un mes el magistrado del Tercer Tribunal Unitario de lo Civil, Manuel Suárez Fragoso, ordenó las anotaciones para que empezara labores el Tribunal de Apelación. Nosotros ganamos en noviembre. Entonces, un juez sentenció que nos devolvieran la mayoría de los bienes tangibles e intangibles, pero también hizo una excepción rarísima con los inmuebles. Por eso apelamos. El Tribunal tiene la palabra ahora… Ya mero ganamos”, optimiza.

Es el 20 de abril de 2010, momento para recapitulaciones. Del lugar fue coincidencia que el Dante Alighieri les prestara su recinto del mero fondo. Están algunos del grupo de cooperativistas en resistencia. Sonríen extrañamente, con la mirada dura. La mayoría anda, desde octubre de 2000, en el mismo purgatorio: promover asambleas, tumbar a Regino, deslegitimar impostores, probar y comprobar su personalidad jurídica, lidiar con abogados y jueces probos y venales, hacer y tramitar cientos de escritos, compadecerse entre sí por la falta de buenos empleos y de dinero, y pedir prestado y reñir entre ellos y volver a conciliar, para bregar otra vez. Se antoja inverosímil que sigan unidos después de tanto tiempo y dificultades. Ahora traen una buena noticia y una mala señal. Quieren ser escuchados.

—¿Qué informarán?

—Una mala señal. Hoy queremos advertir abiertamente que los que se ostentan como dueños de Excélsior quieren bursatilizarlo (cotizar en la Casa de Bolsa para conseguir accionistas y capital de refuerzo), pero eso sería fraudulento porque la mayoría de los bienes está en litigio y con una condena parcialmente a nuestro favor –responde velozmente Reyes, integrante del Consejo de Administración de la cooperativa.

—¿Ésa es la mala noticia para ustedes?

—Todavía no es noticia. Y sería mala para quienes se dejen embaucar si los responsables de la casa de bolsa se los permiten –aclara rápidamente–. Queremos frenar esa acción y que no engañen a terceros que ignoran lo que pasa con Excélsior.

Para esa advertencia, convocaron a rueda de prensa. Llegan pocos reporteros. Es que el tema (litigios por Excélsior) es enredado y dificultoso para entender, y más para explicarlo. Pocos medios de prensa publican algo, a veces, y menos cuando no hay “nota dura”.

—A ver, háganme un resumen lógico de todo el proceso –solicita retador el reportero.

Conversa con Juan Gerardo Reyes, también con Rafael de la Huerta y Alfredo Jiménez. Éstos son los presidentes (nombrados en asamblea legal y ratificados en juzgados después) del Consejo de Administración y del Consejo de Vigilancia de Excélsior, Compañía Editorial, Sociedad Cooperativa de Responsabilidad Limitada.

Los tres son fuentes autorizadas para relatar su parte de esta historia compleja. El reportero, aparte, tiene copia de la mayoría de los documentos de todos los juicios que han entablado.

Nueve años y medio de penurias

La odisea comenzó con la expulsión de Regino Díaz Redondo de Excélsior en octubre de 2000. Su etapa más reciente comenzó en 2006 y terminó en noviembre de 2009. Y ya padecen la tercera.

El 23 de enero de 2006, relampagueantemente se realizó una asamblea general de socios cooperativados, presidida por Armando Heredia Suárez, Mario Campa Landeros y Francisco Javier de Anda Herrera.

Éstos se ostentaron como directivos de los consejos; se hicieron nombrar apoderados jurídicos y consiguieron el aval del notario 50 del Distrito Federal, Joaquín Talavera Sánchez, para que protocolizara el acta de la asamblea.

Ésa fue la formalidad que precedió a la venta mediante varios convenios –el mismo día– de los activos, bienes muebles, inmuebles e intangibles de Excélsior al grupo presidido por Olegario Vázquez Raña y Olegario Vázquez Aldir: Grupo Ángeles Servicios de Salud y Aerogea.

A ello siguieron semanas de frenesí por alcanzar cheques. Los cooperativados activos y jubilados más los trabajadores asalariados sumaban casi 1 mil 200. Todos habían padecido el primer y largo ciclo de inestabilidad personal desde que la mayoría decidió la expulsión de Díaz Redondo, José Andrés Barrenechea y otros, en octubre de 2000.

Desde entonces se pronunció la caída de ingresos de Excélsior; sucedieron varias crisis de dirección, tres cambios de director, tentativas fallidas de venta de los activos… eso y más que terminaron de postrar a la editorial.

“Aparte de nuestros pasivos laborales, que ascendían a más de 150 millones de pesos, teníamos pasivos fiscales con la Secretaría de Hacienda que excedían los 3 mil millones de pesos; pasivos con el Seguro Social que también excedían los 50 millones de pesos, pasivos con el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, que se acercaban a los 10 millones. Es decir, una deuda, tan sólo con el gobierno federal, que excedía el valor total de la empresa”, ilustró entonces José Manuel Nava, el reportero que fue director general en el lapso más difícil, y que poco después fue asesinado sin que se esclarecieran los móviles ni se anunciaran culpables.

Así, cuando ocurrió la venta a los Vázquez, terminó el ciclo de padecimientos. Los cooperativados llevaban varios meses cobrando entre 700 y 900 pesos a la semana, a veces nada.

Por todo eso, en las semanas siguientes de la operación se presentaron a cobrar 1 mil 148 cooperativados, empleados y trabajadores de Excélsior, de acuerdo con los 17 expedientes fechados en 2006 y con los números 31, 40, 42, 46 bis, 60, 62, 64, 69, 90, 100, 109, 126, 308, 701, obtenidos en la Junta Especial Número Uno de Conciliación y Arbitraje.

Pero los documentos que firmaban no estipulaban que era por la venta de los bienes de Excélsior, sino por “la terminación de la relación de trabajo”. El total erogado para ello fue de 245 millones 386 mil 890 pesos con 30 centavos.

Los cheques con las cifras más altas que allí se entregaron, de acuerdo con esos mismos expedientes, fueron para Mario Andrés Campa Landeros, 783 mil 659 pesos; Francisco Javier de Anda Herrera, 500 mil pesos, y Armando Heredia Suárez, también 500 mil pesos, los sedicentes directivos y apoderados legales, además de liquidadores.

Pero la cooperativa no fue liquidada formalmente ni todos los socios aceptaron cobrar liquidación y menos la venta de la editorial. Los que resistieron fueron los tercos, poco más de una veintena que siguieron bregando a nombre de toda la cooperativa, a la que representan legalmente.

Cinco meses después de aquella transacción (el 11 de mayo de 2006), este grupo de resistencia demandó jurídicamente la anulación de la convocatoria para la asamblea general de cooperativados del 23 de enero, la anulación de la asamblea misma, la anulación de sus acuerdos, la anulación de la notificación notarial que legalizaba todo, la anulación de los contratos, convenios y otros documentos derivados, y, por supuesto, la anulación de la venta.

Todo eso, según se anotó en el expediente 88/2006, por haberse realizado ilegalmente. Pidieron principalmente la restitución del patrimonio de la cooperativa, de todo, de bienes muebles y de inmuebles, tangibles e intangibles.

Vinieron las comparecencias, la presentación de pruebas, decenas de escritos, tratos con un abogado y otro y otro, incluso uno de éstos se pasó al lado de la empresa. Y de todo eso fueron dando copias a este reportero.

Un juez ilógico

El berenjenal jurídico parecía no terminar. Pero el 12 de noviembre de 2009 (tres años y seis meses y un día después de iniciado), este otro juicio fue resuelto por el juez segundo de Distrito en Materia Civil en el Distrito Federal, J Refugio Ortega Marín.

En 24 consideraciones, el juez anuló casi todo lo que se pedía que anulara: la convocatoria, la asamblea de las 12 horas, la posterior, los acuerdos, la notificación notarial, la resolución y presupuesto para venta de los activos, la representación como apoderados legales y liquidadores de Excélsior y de todos los contratos o actos jurídicos que hubiesen celebrado Francisco Javier de Anda Herrera y Armando Heredia Suárez.

Y para que quedara claro, en el resolutivo decimonoveno, anotó:

“Se condena al periódico Excélsior, Sociedad Anónima de Capital Variable, antes Aerogea, Sociedad Anónima de Capital Variable, a restituir a los socios de Excélsior Compañía Editorial, Sociedad Cooperativa de Responsabilidad Limitada, la posesión física y material de todos y cada uno de los bienes muebles, maquinaria, equipo y todos y cada uno de los demás bienes propiedad de dicha cooperativa utilizados para el desarrollo de su objeto social; de los derechos derivados de las marcas propiedad de dicha cooperativa y de las reservas de derechos al uso exclusivo de publicaciones periódicas propiedad de dicha cooperativa; que le fueron enajenados mediante los contratos celebrados el 23 de enero de 2006.”

Hasta allí todo parecía bien; pero en los dos resolutivos siguientes, vigésimo y vigésimo primero, siguió una gran contradicción para la lógica formal:

“Se absuelve a los coenjuiciados (compradores) de la nulidad absoluta de las escrituras… del protocolo del notario público que contiene los contratos de compraventa de los inmuebles a que dichas escrituras se refieren.

“Se absuelve a los coenjuiciados de la restitución a favor de los actores de la posesión física y material de los inmuebles… que fueron vendidos a Grupo Ángeles…”

Así, el juez anula casi todo, condena a que se restituyan los bienes muebles y los intangibles, pero les deja a los compradores los inmuebles.

Por eso los tercos apelaron; por eso también lo hizo el corporativo empresarial; por eso las dos apelaciones llegaron a la instancia superior; por eso el 26 de febrero, el magistrado del Tercer Tribunal Unitario de lo Civil, Manuel Suárez Fragoso, ordenó acumular las “tocas” y hacer las anotaciones para que empezara labores el Tribunal de Apelación.

El juicio de apelación puede llevarse entre tres meses y dos años. Pero luego seguramente seguirá un amparo y el subsecuente juicio. Tres años más quizá, calculan los tercos.

La buena

Por eso sí era buena la otra noticia que llevaban los dirigentes de la cooperativa, la mañana del 20 de abril de 2010, y que no presentaron en la conferencia.

Ese día, la Gaceta Parlamentaria publicó un punto de acuerdo en apoyo a los cooperativistas, firmado por los diputados del Partido Acción Nacional, Partido Revolucionario Institucional, Partido de la Revolución Democrática y Convergencia: Luis Felipe Eguía Pérez, Pedro Vázquez González, Pedro Jiménez León, Adolfo Rojo Montoya y José Manuel Agüero Tovar. Allí advierten al Poder Judicial que estarán atentos a que se respeten los procedimientos judiciales:

“La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta al Consejo de la Judicatura Federal y al Poder Judicial Federal a vigilar la actuación de los jueces y de los tribunales que intervienen en la demanda y las apelaciones de los cooperativistas de Excélsior con relación a la sentencia del juez segundo de distrito para que se respeten la legalidad y el principio constitucional de que la justicia debe ser pronta y expedita, completa e imparcial.”

Por todo eso es que un representante informal de los Olegario Vázquez les ofreció, desde diciembre de 2009, entre 60 mil 150 mil dólares a cada uno de los tercos para que ya se desistieran del caso. Así lo comentaban entre ellos y lo confiaron al reportero.

La peor

Pero el día siguiente de la conferencia de prensa y de la publicación del punto de acuerdo camaral, los cooperativistas en resistencia recibieron una comunicación oficial del ministro del Tercer Tribunal, Manuel Suárez Fragoso, que apunta a otro conflicto de envergadura.

El susodicho ordenó que se trasladara el expediente ¡a Guanajuato!

“Número de Expediente: 40/2010. Nacional: 8505931 (…) se ordena remitir este expediente y sus anexos al Quinto Tribunal Unitario de Circuito del Centro Auxiliar de la Tercera Región con residencia en GUANAJUATO, GUANAJUATO, para el dictado de la sentencia respectiva. Fórmese el cuaderno de antecedentes. Se envían los tocas que se indican acumulados.”

En reacción, los tercos decidieron acudir a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) el 26 de abril. Y en la petición de auxilio, aseguran, nunca recibieron notificación alguna del magistrado y que su proceder “nos parece arbitrario y abusivo, y nos coloca en la indefensión, contrario a la justicia y posiblemente cómplice, principalmente por ser el estado donde reside la señora Marta Sahagún de Fox, sospechosamente involucrada con Olegario Vázquez Raña, en la ilegal operación de compraventa de Excélsior”.

Ahora, en esta nueva etapa del conflicto, habrá que observar a los nuevos protagonistas.

Por ejemplo, se deberá confirmar o rectificar si es cierto ese fondo “sospechoso” del magistrado, al actuar con tal celeridad y lógica al enviar rápidamente a Guanajuato el expediente. Tienen la opción de promover una recusación del magistrado.

También habrá que evaluar la reacción de Raúl Plascencia, presidente de la CNDH, al igual que de la comisión de diputados federales que ofrecieron cuidar el caso. Esta historia todavía no termina.

Los representantes de los cooperativistas pueden recuperar todo lo que quedaba de Excélsior cuando se vendió ilegalmente si tienen más paciencia para esperar los ritmos ilógicos de la justicia en México, o quizá podrían obtener la parte que les reconoce el juez o aceptar la “oferta informal” de los Vázquez Raña Aldir.

Lo que ya demostraron es que tienen mucha terquedad.

rogeliohl@yahoo.com.mx

Fuente: Contralínea

Difusión: AMLOTV

2010: A rescatar la plena soberanía / Cuarta parte

Durante sus 200 años de vida independiente, en algunos periodos, México logró grandes victorias en la lucha por la soberanía. A raíz del profundo retroceso sufrido en las últimas décadas, hoy quedan claras algunas lecciones. Esta experiencia nos capacita para enfrentar nuevos retos y encontrar soluciones para alcanzar la plena soberanía. Estas lecciones de la historia indican que sin soberanía popular no existe soberanía nacional, ya que cuando las decisiones las toman las cúpulas al servicio de la oligarquía pro yanqui y de las corporaciones extranjeras, y no el pueblo, estas decisiones llevan a la destrucción del Estado nación –como lo podemos ver hoy–; Porque estas cúpulas desde el gobierno obedecen ciegamente los dictados de las potencias extranjeras.

Las clases que acaparan las riquezas están al servicio del extranjero. La oligarquía en el poder es y siempre ha sido antinacional y antipopular. La soberanía popular y la nacional descansan en la soberanía económica. La materialización de todos los derechos que proclama la Constitución se hará realidad cuando conquistemos la soberanía económica, que garantice el bienestar de toda la población y su acceso al empleo, condiciones dignas de trabajo, alimentación, vivienda, tierra, servicios de educación y salud, transporte eficiente, etcétera, derechos que hoy en día con el neoliberalismo se violan cotidianamente. Por ello, la clase obrera y el pueblo tienen como primer reto pasar de la resistencia a la toma del poder político, para impulsar una economía autónoma y sustentable que coloque las bases para la construcción de un proyecto alternativo de nación.

La soberanía política tiene como base la soberanía económica. Hoy la dependencia económica ha conducido a México a subordinarse a Estados Unidos, por eso, con nuestra lucha, hemos de garantizar que los sectores estratégicos de la economía estén en manos de la nación –tal como lo consagra la Constitución–, en particular los energéticos. México tiene la capacidad de explotar su petróleo: ¿Por qué darle entrada a las trasnacionales? La Comisión Federal de Electricidad puede generar toda la electricidad necesaria: ¿Por qué comprar electricidad a compañías extranjeras?

Las riquezas de nuestra tierra, explotadas por los mexicanos, han de servir al desarrollo económico de México. Comenzando por la industria extractiva: ¿Por qué entregar nuestro oro y plata a las corporaciones estadunidenses? Si nuestras materias primas son extraídas y procesadas en nuestro suelo, se fortalece nuestra industria, se crean empleos para nuestros hijos y se exportan productos con un mayor valor agregado. Es ridículo exportar petróleo crudo cuando podemos exportar gasolina y petroquímicos. ¿Por qué desmanteló Zedillo el Instituto Mexicano del Petróleo? Es imperdonable importar gas de España y quemar el gas mexicano, como lo hace el actual gobierno. El desarrollo independiente exige contar con una industria nacional desarrollada. Los ferrocarriles, puertos, aeropuertos y los principales medios de comunicación tienen que estar bajo control nacional. A fines de la década de 1970 ya producíamos autos, ferrocarriles, barcos, carros del metro; ¡pero las desmanteló el gobierno neoliberal del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y del Partido Acción Nacional (PAN)! Hoy nos han convertido en un país “maquilador”. ¿Por qué el gobierno federal no invierte en laboratorios nacionales en vez de importar vacunas? La medicina debe ser barata y no un negocio para especular con el dolor y el sufrimiento. ¿Por qué no apoyar el desarrollo económico y la generación de empleo en vez de enriquecer a las trasnacionales como Nestlé o a las automotrices Ford, Chevrolet, General Motors, etcétera, con recursos fiscales?

Los tres sectores de la economía –agropecuario, industrial y de servicios– han de desarrollarse de manera armónica e integral. Por seguridad nacional, es indispensable la soberanía alimentaria. Además, para tener un medio ambiente sano y millones de campesinos trabajando en México –y no como indocumentados criminalizados en Estados Unidos–, el desarrollo del sector agrícola, que le dio divisas a México durante toda su historia hasta la década de 1970, es un pilar de su economía. México puede sembrar el maíz y los cereales necesarios para alimentarse y exportar, además de las frutas, legumbres, hortalizas, flores de nuestro suelo generoso. A su vez, México destaca entre los países del mundo por la extensión de sus litorales, de 12 mil kilómetros, así que el sector pesquero debe ser un factor de desarrollo y una alternativa alimentaria.

Por otra parte, nuestros bosques –hoy devastados– son una riqueza que preservar y aumentar. ¿Por qué importar el papel de Canadá? El sector agropecuario es una base para el desarrollo independiente de México. También es menester desarrollar la biotecnología para lo que tenemos buenas condiciones. La mitad del territorio nacional se utiliza para la ganadería extensiva. Cuando la sustituyamos por ganadería intensiva, liberaremos millones de hectáreas para la agricultura. Con las inversiones necesarias, los terrenos para la agricultura pueden duplicarse, sembrando 36 millones de hectáreas e irrigando 15 millones de hectáreas. La cuestión del agua se ha vuelto un problema que exige solución. Es necesario elaborar un plan hídrico nacional, cosechar el agua de lluvia, construir presas, represas, terrazas de infiltración de aguas pluviales, recuperación de zonas acuáticas, plantas de tratamiento de agua, y la reutilización de aguas residuales; racionalizar el consumo de agua, a nivel doméstico e industrial, y lograr un riego eficiente.

El sector financiero debe dedicarse al desarrollo de la economía y al bienestar de la población. Es absurdo que los bancos pertenezcan a las corporaciones extranjeras; es esencial que la banca esté en manos nacionales e impulse el desarrollo de México.

Los medios de comunicación han de servir al desarrollo de la cultura mexicana y de los pueblos indígenas, ya que hoy difunden predominantemente la cultura gringa: su ejército, su policía a través de la “caja idiota” y la bandera de las barras y las estrellas. Una de las formas de intervención más insidiosas es la penetración cultural, que moldea a la sociedad mexicana para que acepte la subordinación hacia Estados Unidos, su modo de vida y de consumo, para adaptarnos al american way of life.

Un gobierno patriótico que busque rescatar la plena soberanía de México contará con grandes recursos para el desarrollo del país. Pues sí hay dinero disponible. Las reservas del Banco de México (que debieran estar en plata) son 95 mil 682 millones de dólares. Petróleos Mexicanos ha ocultado 75 mil millones en paraísos fiscales, de 2007 a 2009, según reportó Contralínea. Contaríamos con 200 mil millones de pesos si se bajan los sueldos estratosféricos de la alta burocracia. El pago de las injustas deudas externas se lleva alrededor de 300 mil millones de pesos. Además, las grandes corporaciones deben pagar impuestos. Hacienda informó que, en 2008, las grandes corporaciones evadieron el pago de 750 mil millones de pesos; además deben 450 mil millones al fisco. Para la banca extranjera se destinan, a causa del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario, cerca de 50 mil millones anuales. Y esa cantidad dejan de pagar las corporaciones por los subsidios que reciben por la luz, agua y exenciones fiscales. Es sabido que en los años de los gobiernos panistas, Fox y Calderón recibieron más de 1 billón de pesos de excedente petrolero: ¿Qué se hizo de ese dinero?

De modo que es claro que sí hay recursos y, si se destinan a los sectores productivos y los programas sociales, pueden construir un México fuerte y desarrollado. En lugar de eso, en medio de la crisis, el mal gobierno sube impuestos, combustibles: gas, diésel, gasolina y todos los servicios. Proliferan los despidos y la precarización del trabajo; bajan los sueldos, para que el pueblo pague. En lugar de rescatar a México, se rescata a las corporaciones extranjeras.

A partir de que se nos sujetó al mando del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial, de la posterior integración comercial con el Tratado de Libre Comercio de América del Norte y la Alianza para la Seguridad y la Prosperidad de América del Norte, la riqueza y el trabajo de los mexicanos han servido a las grandes corporaciones estadunidenses y no al desarrollo económico del país y al bienestar del pueblo trabajador.

Durante la crisis actual, todo el esfuerzo del gobierno del PAN y el PRI se ha destinado a rescatar a las grandes compañías y apoyar a la oligarquía, mientras que el pueblo sufre. El desplome de la economía mexicana del 6.5 por ciento en 2009 muestra el completo fracaso del modelo económico impuesto por Washington y desarrollado por los gobiernos del PRI y el PAN, que ha llevado a nuestro país a una crisis multilateral, económica, política, social, cultural, sin precedentes en la historia de nuestro país.

La dependencia externa y el neocolonialismo han colocado a México en una situación de vulnerabilidad y han sometido al pueblo trabajador a la explotación y opresión propias de tiempos del porfirismo, hundiéndonos en la miseria, la violencia y el caos.

Este año se enfrentan dos proyectos: el de Washington y la oligarquía pro yanqui, que busca la destrucción del Estado nación y la integración subordinada a Estados Unidos de las corporaciones estadunidenses, y el proyecto de los trabajadores, que va a alcanzar la plena soberanía nacional y a construir un México fuerte, que reconozca los derechos de los pueblos indígenas, en el que el pueblo mande y viva con bienestar, paz y justicia. De nosotros depende que triunfe la plena soberanía popular y nacional, y la renovación democrática. ¡Es nuestra hora!

*Historiador y politólogo

Fuente: Contralínea

Difusión: AMLOTV

El ajedrez latinoamericano

El anunciado rescate financiero de Grecia por un monto de 147 mil millones de dólares, que servirá para subsanar los desastres que le causaron los sicarios financieros de Nueva York, aunado a la reciente advertencia de The Wall Street Journal, de que la crisis se encuentra de regreso, indica la perseverancia de la recesión mundial ante la cual América Latina –con excepción de México– parece responder con una adecuada estrategia.

Ante la vorágine de los sucesos económicos, para explicar un “mundo que ha dejado de ser fácilmente legible”, el analista de política internacional Ignacio Ramonet propuso el pasado 8 de abril, ante universidades y asociaciones suramericanas, la utilización de diversos tableros de ajedrez, método que retomamos para contribuir al conocimiento de los esfuerzos de América Latina por reducir el impacto de la crisis mundial.

1. Tablero geopolítico

A pesar de que Estados Unidos ha acusado a algunos países de América Latina, en especial a Venezuela, de haber efectuado compras alarmantes de armamento, la realidad es otra. Según el Instituto Internacional de Investigación para la Paz de Estocolmo (SIPRI, por sus siglas en inglés), Chile es el mayor comprador de armamento en la región. No obstante, afirma el SIPRI, el continente americano sólo consume 11 por ciento del total de armas exportadas en el mundo, mientras que Asia y Oceanía han recibido 41 por ciento; Europa, 24 por ciento, y Medio Oriente, 17 por ciento. Este Instituto informa que Estados Unidos se mantiene como el mayor exportador de equipo militar, con 30 por ciento del monto global de ventas para el periodo 2005-2009. No obstante, el gobierno estadunidense no ha cesado de acusar al de Venezuela de armamentista, en razón de la compra de armas a Rusia. Ante ello, el primer ministro ruso ha argumentado que el presupuesto bélico estadunidense es superior a los gastos en armamento de todos los países del mundo. De cualquier manera, los voceros del régimen estadunidense mantienen sus acusaciones sobre Venezuela y se valen de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, de la Organización de los Estados Americanos –financiada por Washington–, la cual ha publicado un informe acusando a Venezuela de violar los derechos humanos y la libertad de expresión, así como de socavar la democracia regional. A ello se agrega que la Dirección Nacional de Inteligencia de Estados Unidos clasifica al presidente Chávez como “líder anti-estadunidense en la región”. Es además en este contexto que Estados Unidos intenta colocar a Venezuela en la famosa lista de “Estados terroristas”, lo que podría desembocar en un conflicto militar.

En realidad, lo que se encuentra en el centro del juego geopolítico son los 300 millones de barriles en reservas probadas de petróleo que Venezuela tiene en la actualidad, así como los proyectos conjuntos firmados con otros países para la explotación de esos recursos. Por ejemplo, Rusia y Venezuela han formalizado, el 21 de abril pasado, la creación de una empresa mixta que producirá 450 mil barriles diarios de crudo extra pesado en el Bloque Junín 6, de la Faja Petrolífera del Orinoco, con una inversión cercana a los 20 mil millones de dólares.

Todo indica que los estrategas de Washington se encuentran inquietos, no sólo en el plano regional, pues en la reciente Cumbre Nuclear que se efectuó en esa ciudad capital, en la segunda semana de abril, en la que participaron 47 países, se evidenciaron posiciones encontradas ante el intento de imponer sanciones promovidas por Estados Unidos contra Irán. Ante esa demanda, Rusia promovió una mayor moderación para las restricciones que se impondrían a esa nación del Golfo Pérsico y a su programa de enriquecimiento de uranio con fines civiles. China mantuvo su postura de promover una solución diplomática al tema nuclear, mientras que el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, planteó la posibilidad de introducir un proyecto distinto a las sanciones propuestas. Cabe mencionar que Brasil ha aprovechado la ocasión que le ha brindado la cumbre de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur), del 4 de mayo en Buenos Aires, para proporcionar a los países miembros información detallada del acuerdo militar que recién firmó con Estados Unidos, en el que no se prevé la instalación de bases ni la intervención de efectivos militares en territorio brasileño.

2. Tablero económico

Ante la contracción del comercio mundial, varios países latinoamericanos trazan sus propias rutas de salvamento, según se desprende del documento La República Popular de China y América Latina y el Caribe, elaborado por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), en el que se afirma que las economías exportadoras de recursos de Suramérica se han visto menos afectadas, al aprovechar los mercados de China e India, países que se convertirán en los principales consumidores de las exportaciones de la región suramericana. En el mismo sentido, la Cepal informa en el documento La Cumbre de Alto Nivel de América Latina y el Caribe, en Cancún, México, del 21 a 23 de febrero de 2010, la forma en que algunos países de la región han buscado mecanismos para reducir la necesidad de divisas en el comercio intrarregional, como medida para paliar los efectos de la crisis. Uno de ellos, señala, es “el Convenio de Pagos y Créditos Recíprocos de la Asociación Latinoamericana de Integración, mediante el cual los bancos centrales de 12 países cursan y compensan entre sí los pagos derivados del comercio bilateral de bienes y de algunos servicios”. Este convenio cubre aproximadamente un 10 por ciento del comercio intrarregional, en su mayoría de la República Bolivariana de Venezuela, Brasil y Colombia. Según el mismo documento, los países de América Latina también recurren al Sistema de Monedas Locales, que comenzó a operar en octubre de 2008, en forma experimental, para el comercio bilateral entre Argentina y el Brasil.

Por otra parte, cabe recordar que en enero de este año entró en vigor el Sistema Unitario de Compensación Regional de Pagos, puesto en marcha para facilitar el comercio regional de los países de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (Alba) –integrado por Venezuela, Nicaragua, Cuba, Bolivia, Ecuador, Honduras, Dominica, Antigua y Barbuda, y San Vicente y Las Granadinas–, con lo que buscan aliviar la escasez de divisas en la región. Es también en este contexto que, el pasado 14 de abril, Nicaragua ha anunciado la posibilidad de incrementar a más del doble sus exportaciones a Venezuela, país con el que se construirá en el occidente de Nicaragua una refinería que tendrá capacidad para procesar hasta 150 mil barriles de petróleo diariamente, con una inversión estimada de 2 mil 500 millones de dólares, a través del Acuerdo de Cooperación Energética Petrocaribe.

3. Tablero societal

El binomio pobreza y desigualdad es el mayor factor de atraso en la región y en el avance democrático de sus gobiernos. En este renglón, el documento Panorama social de América Latina 2009, de la Cepal, informa que la distribución del ingreso en la región ha mejorado en 2008 respecto de 2007. En el Brasil, el Perú y el Uruguay su incidencia se redujo en al menos 3 puntos porcentuales; en Costa Rica y el Paraguay lo hizo en más de 2 puntos porcentuales, y en Panamá y la República Bolivariana de Venezuela se registró una disminución en torno a 1 punto porcentual. La Cepal afirma en este documento que “el único país en que se registró un empeoramiento de la situación de pobreza fue México, cuyo incremento de 3.1 puntos porcentuales entre 2006 y 2008 refleja los primeros efectos de la crisis económica que se empezó a manifestar hacia fines de ese último año”.

4. Tablero ambiental

Basta citar algunos párrafos de la Declaración Final de la Conferencia Mundial de los Pueblos sobre el Cambio Climático y los Derechos de la Madre Tierra, del 22 de abril en Cochabamba, Bolivia, para entender la respuesta de los países de América del Sur a la crisis ambiental global. En esta Declaración se denuncia al modelo capitalista por “imponer megaproyectos de infraestructura; privatizar y mercantilizar el agua y militarizar los territorios expulsando a los pueblos indígenas y campesinos de sus territorios, impidiendo la soberanía alimentaria y profundizando la crisis socioambiental”. En la Declaración se deplora el intento de un grupo de países de anular el Protocolo de Kioto, ya que es el único instrumento legalmente vinculante para lograr la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero de los países desarrollados.

Los países firmantes de la Declaración de Cochabamba rechazan “de manera absoluta el ilegítimo Entendimiento de Copenhague, por considerar que permite a los países desarrollados ofertar reducciones insuficientes de gases de efecto invernadero, que violan la integridad ambiental de la madre tierra”. Ante ello, proponen que en la próxima Conferencia sobre Cambio Climático a realizarse a fines de año en México se debe aprobar la enmienda al Protocolo de Kioto, en el cual los países desarrollados deben comprometerse a reducir sus emisiones en al menos el 50 por ciento respecto de 1990. Estos países acordaron realizar la Segunda Conferencia Mundial de los Pueblos sobre el Cambio Climático y los Derechos de la Madre Tierra en 2011, para reaccionar frente a los resultados de la Conferencia del Cambio Climático que se realizará a fines de este año en Cancún, México.

5. Tablero de los medios de comunicación

Para contrarrestar las campañas de desinformación que existen en contra de varios países del cono sur, los gobiernos de Argentina, Bolivia, Cuba, Ecuador, Nicaragua y Venezuela crearon en 2005 una empresa multiestatal llamada Telesur. El sitio en internet de esta compañía da a conocer con claridad que es el único canal informativo ciento por ciento latinoamericano, bajo “el concepto geopolítico del Sur mediante el cual se promueve la lucha de los pueblos por la paz, la autodeterminación, el respeto por los derechos humanos y la justicia social”. Esta empresa cuenta con 11 corresponsalías permanentes: Bogotá, Brasilia, Buenos Aires, Caracas, ciudad de México, La Habana, La Paz, Lima, Managua, Quito y Washington. Además cuenta con una red de 12 colaboradores en América Latina y otros lugares del mundo. Asimismo, se ha creado la Radio del Sur, que tiene la misión de ofrecer una alternativa en materia de información, a través de una red de emisoras de alcance internacional, que busca romper con la escasa información que se divulga por los medios tradicionales de comunicación. La Radio del Sur es una red de emisoras que se ha propuesto como misión el difundir la visión real de la diversidad política, social y cultural de Latinoamérica, el Caribe, África, Asia, Europa y Oceanía.

A manera de síntesis de un drama económico mundial, que a todas luces muestra su permanencia, la mejor respuesta en América Latina proviene de los países en cuyos tableros predomina el proceso de integración suramericano como Unasur, Alba y Petrocaribe, entre otros. En el otro extremo, se encuentran México y Grecia –economías en jaque?, cuyos procesos de integración a bloques de países desarrollados, como el Tratado de Libre Comercio de América del Norte y la Unión Europea, respectivamente, han desembocado en procesos especulativos y sacrificios de sus trabajadores.

*Doctor en derecho de la cooperación internacional por la Universidad de Toulouse I, Francia

Fuente: Contralínea

Difusión: AMLOTV

Consenso de Washington y crítica al neoliberalismo

En todo el orbe, los gobiernos siguen instrumentando los puntos más relevantes del Consenso de Washington, a través de las políticas neoliberales. Así ocurre en particular con nuestro país, y los resultados funestos se ven diariamente.

Esos puntos evidencian de manera contundente la forma en que los distintos gobiernos han asimilado ese Consenso (Williamson, 1996):

Disciplina fiscal. Los déficits presupuestarios, medidos adecuadamente con la inclusión de los gobiernos locales, las empresas estatales y el banco central, deben ser lo suficientemente pequeños para no tener que financiarse con el impuesto de la inflación.

Prioridades en el gasto público. El gasto debe reorientarse desde las áreas políticamente sensibles, que reciben más recursos de los que justificaría su rendimiento económico, como la administración, la defensa, los subsidios indiscriminados y los elefantes blancos, hacia sectores desatendidos con alto rendimiento económico y capaz de mejorar la distribución de la renta, como la atención sanitaria, la enseñanza primaria y las infraestructuras.

La reforma fiscal debe encaminarse a ampliar la base impositiva.

Liberalización financiera, con el objetivo último de alcanzar tipos de interés determinados por el mercado, pero con un objetivo intermedio de abolir los tipos de interés preferentes a los clientes privilegiados y de alcanzar un tipo de interés real moderadamente positivo.

Tipos de cambio. Los países necesitan un tipo de cambio unificado (al menos para las transacciones corrientes), fijado a un nivel lo suficientemente competitivo para promover un crecimiento rápido de las exportaciones de bienes no tradicionales, y gestionado de manera que los exportadores tengan garantías de que su competitividad se mantendrá en adelante.

Liberalización comercial. Las restricciones cuantitativas deberían sustituirse rápidamente por aranceles, y éstos deberían reducirse progresivamente hasta un nivel medio de aproximadamente 10 por ciento (o, como mucho, 20 por ciento).

Inversión directa extranjera. Deberían abolirse las barreras a la entrada de empresas extranjeras y las locales deberían competir en un plano de igualdad.

Privatización. Las empresas estatales deberían privatizarse.

Desregulación. Los gobiernos tendrían que eliminar las reglas que impiden la libre entrada o restringen la competencia, y asegurar que todas las disposiciones están justificadas con arreglo a criterios de seguridad, protección medioambiental y supervisión bancaria de las instituciones financieras.

Derechos de propiedad. El sistema legal debería asegurar derechos seguros de propiedad sin costes excesivos, así como extenderlos al sector informal.

Crítica a la teoría neoliberal

Existen algunas interpretaciones que buscan dar luz a los problemas ocasionados por el modelo neoliberal. Por ejemplo, Cize y otros apuntan que las políticas de ajuste para responder a la crisis del modelo keynesiano resultan en lo siguiente: “…Restaurar las condiciones de valorización del capital impone destruir los capitales insuficientemente rentables, reducir una parte considerable de los costes de producción, dicho de otro modo, incrementar la explotación del trabajo. Se trata también de modificar la intervención del Estado: las subvenciones a los sectores juzgados no rentables deben ir a los sectores rentables. Todo lo que años de lucha habían arrancado a los cálculos estrechamente privados debe regresar a la esfera de la rentabilidad financiera: escuela, sanidad pública, transporte colectivo, audiovisual, correos y telecomunicaciones, viviendas de protección social…” (Cize, 1990).

Según Lichtensztejn y Baer, el Fondo Monetario Internacional llevó a cabo una síntesis de las posturas monetaristas, concluyendo, entre otras cosas, que “…el déficit de la balanza de pagos y la inflación son desequilibrios generados por una capacidad de demanda (deseo de comprar apoyado con dinero y crédito) superior a las posibilidades inmediatas de la oferta interna y la capacidad para importar, que induce descensos de las reservas monetarias” (Lichtensztejn y Baer, 1986).

El neoliberalismo se fundamenta en la creencia de que se produce una “competencia perfecta” de los agentes económicos vía su “libre” participación en el mercado. Esto, según ellos, lleva al equilibrio y a la eficiencia, dejando de lado cualquier participación estatal, ya que altera el libre juego de las fuerzas del mercado e impide el equilibrio. Las ideas que subyacen, a decir de Arrizabalo, son las de la “mano invisible” de Smith y el “equilibrio general” de Walras (Arrizabalo, 1995).

Dicen los neoliberales que una política fiscal elevada y progresiva desincentiva la inversión productiva (Arrizabalo, 1997). Así, se estimulará al capital, favoreciendo fiscalmente a quien tiene mayor capacidad de ahorro y, por ende, de inversión. Afirma Arrizabalo: “Según Gilder, la reducción de las desigualdades pasa por aumentarlas en un primer momento. Por parte de la oferta de trabajo, el objetivo es desincentivar el desempleo, reduciendo su protección. Coherentemente con sus planteamientos, [los neoliberales] consideran que la cotización patronal a la seguridad social (es decir, una de las formas de salario indirecto) es un impuesto contra el empleo” (ibídem). De ahí la necesidad de reformar las pensiones y todo el aparato de seguridad social. Con todo lo anterior, queda claro cuál debe ser el papel del Estado: “… el Estado no solamente debe retirarse de las actividades productivas donde entra directamente en concurrencia con el sector privado, sino también reducir al mínimo los gastos asociados a sus actividades improductivas de salud y educación públicas, de protección social y de redistribución del ingreso, al igual que de algunas funciones administrativas o de proveer infraestructuras sociales. En esta perspectiva, las funciones del Estado que no puedan ser privatizadas deben ser gestionadas según las normas de la empresa privada y rentabilizadas, a falta de lo cual deberán ser eliminadas” (Gill, 2002).

Las recomendaciones monetaristas buscan aumentar la ganancia a través del abaratamiento de la fuerza de trabajo; disminuir los salarios reales hasta que se reconstituya la tasa de ganancia sin recurrir a la inflación; reducir el salario indirecto privatizando salud, transporte público, educación, pensiones (Arrizabalo, 1997).

Todo se concreta en medidas de política económica que, unidas a la implantación de transformaciones estructurales, tratan de ayudar a recomponer los espacios de valorización del capital. “Las principales esferas por considerar en una política de estabilización son la cambiaria, monetario-crediticia, fiscal y salarial. Reestablecer el equilibrio de la balanza de pagos (sobre todo en sus cuentas de comercio) y la estabilidad de precios estiman requisitos vitales para asegurar una base firme de crecimiento económico de cada nación, alentar el comercio y las inversiones extranjeras y, por consiguiente, dinamizar la economía internacional” (Lichtensztejn y Baer, 1986).

La forma específica que toman las medidas que se proponen/imponen en cada ámbito es la siguiente: en el plano monetario-crediticio, con carácter general, se busca limitar la expansión de la masa monetaria, contrayendo el crédito mediante la implantación de políticas monetarias restrictivas (elevación de los tipos de interés). En el ámbito fiscal, se persigue la reducción del déficit público a partir de políticas recesivas basadas en la contracción del gasto. En relación a la política salarial, las medidas planteadas se centran en el control de los aumentos salariales a través de distintos mecanismos (impidiendo alzas superiores a la productividad y ligando los incrementos no a la inflación pasada, sino a la prevista). Finalmente, respecto de la cuestión cambiaria en las economías con déficit por cuenta corriente, se proponen devaluaciones para la mejora del saldo, junto a la unificación de los tipos de cambio de las distintas operaciones y a la eliminación de las prácticas obstaculizadoras al comercio internacional.

Estas medidas de política económica se vinculan a las siguientes transformaciones estructurales: privatización, desregulación y apertura externa (los tres ejes en los que se apoya la propuesta neoliberal); es decir, no sólo no hay contradicción entre la política económica coyuntural y la reestructuración general, sino que su correspondencia es total. Esta interrelación obedece a la necesidad de recomponer espacios de valoración del capital (Arrizabalo, 1997).

Privatización

Las políticas privatizadoras responden a la crisis a través de la valorización del capital y del aseguramiento de la tasa de ganancia. Por ello, casi siempre se privatizan las empresas rentables pertenecientes al sector público (salud, educación, telecomunicaciones, pensiones). Así se valoriza el capital; y para asegurar el mantenimiento e incremento de la tasa de beneficio, se reducen los salarios reales. Todo ello de manera paralela e interrelacionada. Evidentemente, con estos postulados ni se crece ni se distribuye el ingreso, más bien aumenta el ejército de desempleados, se afecta el salario “indirecto” (prestaciones, seguridad social) y los beneficiados son las grandes empresas trasnacionales (ibídem).

Desregulación

La regulación es producto de largos periodos de lucha de las clases desposeídas por conseguir el reconocimiento de sus derechos, como el de huelga, la reglamentación laboral, los contratos colectivos de trabajo, las pensiones, el establecimiento de un salario mínimo. Con la desregulación se busca echar por tierra todos estos logros, se precariza y flexibiliza el trabajo, y aumentan los niveles de explotación de los trabajadores. Así, con el abaratamiento de la mano de obra se facilita el proceso de valorización del capital y el aumento de la tasa de ganancia (ibídem).

La apertura

La búsqueda de una mayor tasa de ganancia lleva a los capitalistas a la internacionalización de sus actividades económicas, con lo que se logra la plena realización del ciclo del capital. Éste es más viable en la medida en que se dispone de materias primas más baratas (el capital inicialmente desembolsado adquiere más materia prima y fuerza de trabajo más barata) y de más mercados para colocar los productos tanto a nivel del mercado interno como del externo. Esto facilita el préstamo de capitales, ya que las tasas de interés pueden venir a la baja. De esta manera, se presenta una modalidad específica de apertura externa que se materializa en la liberalización del comercio y de los movimientos de capital internacionales (ibídem).

Conclusión

Éstos son los planteamientos más importantes del Consenso de Washington y, por ende, del modelo neoliberal. Esto es lo que vemos todos los días en nuestro país y lo encontramos en las preocupaciones del gobierno del Calderón. Toca a nosotros continuar así o buscar salidas que beneficien a la mayoría de nuestro país.

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Bibliografía

Arrizabalo, Xavier, Crisis y ajuste en la economía mundial, editorial Síntesis, España, 1997.

Arrizabalo, Xavier, Milagro o quimera: la economía chilena durante la dictadura, editorial Los Libros de la Catarata, Madrid, 1995.

Cize, Pierre y otros, Le fonds monétaire international (FMI): une enterprise de pillage des peuples, editorial Selio, París, 1990.

Gill, Louis, Fundamentos y límites del capitalismo, editorial Trotta, Madrid, 2002.

Lichtensztejn y Baer, Fondo Monetario Internacional y Banco Mundial: estrategias y políticas de poder financiero, editorial Nueva Sociedad, Buenos Aires, 1986.

Williamson, I G, “Lowest common denominator or neoliberal manifesto the polemics of the Washington Consensus”, en Auty and Toye, Challengin the ortodoxies, Macmillan, Londres, 1996.

*Profesor-investigador del Centro de Investigaciones Económicas, Sociales y Tecnológicas de la Agroindustria y la Agricultura Mundial de la Universidad Autónoma Chapingo

palkacios@hotmail.com

Fuente: Contralínea

Difusión: AMLOTV

28, mil firmas para pedir Justicia.

28, mil firmas para pedir justicia, a los miles de niños abusados sexualmente por sacerdotes católicos en México. from TONATIUH MALDONADO on Vimeo.

Video de la manifestación de Julia klug, única mujer en México, que tiene el valor civil de encarar a la alta jerarquía católica, en contra de las miles de violaciones de niños mexicanos abusados sexualmente por sacerdotes pederastas.
Victima de abuso sexual en su niñez por un sacerdote católico. A mas de 3 años de haber iniciado su lucha por la justicia para estos miles de pequeños, julia klug continúa manifestándose frente a la catedral metropolitana de la ciudad de México.
En fechas recientes en que se ventilo públicamente, la decisión terminante del papa Benedicto XVI de defender y encubrir a toda costa a los sacerdotes violadores; julia inició una cruzada para recabar firmas y llevarlas al senado de la republica para apoyar la iniciativa de ley que comprende un castigo real a los sacerdotes que gozan de impunidad y que han tenido este tipo de conductas criminales e inmorales.
28,000 mil firmas lleva ya, y en pocos días espera llegar a las treinta mil.
Simpatizante si, de ideología de izquierda. Pero total mente independiente, julia klug aclara, que su lucha es a titulo personal, que no pertenece a ningún partido político, grupo u organización. Que no es títere de nadie, y que son sus convicciones personales, quienes la impulsan a actuar de mutuo propio.

Publicado por: TONATIUH MALDONADO.

Mujeres la resistencia triqui

Trasnacionales petroleras devastan el Golfo

Antecedentes. Una de las mayores devastaciones ambientales del Golfo de México –que mide alrededor de las tres cuartas partes del territorio mexicano y el equivalente a Irán–, en las cercanías de la costa de Louisiana y Florida, ya superó la catástrofe del Ixtoc en Cantarell, Campeche, acontecida en 1979 durante el sexenio de José López Portillo.

Coincidentemente, la plataforma alquilada por Petróleos Mexicanos (Pemex) en 1979 pertenecía a Sedco (Southeast Drilling Company), que, luego de sus hazañas devastadoras contra el medio ambiente en el Golfo de México, se fusionó con Transocean, la cual es puesta de nuevo en la picota 31 años después por la explosión de la plataforma perforadora –alquilada por la británica BP– que otra vez amenaza la vida marina y los nichos ecológicos en las costas de Louisiana y Florida.

Sedco, bendita con diferentes lavados bautismales financieros (luego fusionada con Transocean), formó parte de la muy controvertida empresa pirata texana Schlumberger, de la que uno de sus múltiples directores es nada menos que Adrián Lajous Vargas, director de Pemex con Zedillo, quien lo despidió debido a las presiones de la Contraloría por sus malos manejos. La pista de Lajous Vargas es fundamental para entender muchas cosas sobre las perforaciones que han pasado en las aguas profundas del Golfo de México. All Business (22 de diciembre de 1999) señala que Lajous fue “ampliamente culpado por sus errores estratégicos en la expansión del complejo de perforación en Cantarell (Sonda de Campeche)”, y concluye que “Lajous fue puesto en la picota por haber premiado al grupo estadunidense Bechtel con un contrato sin licitación por la expansión de Cantarell”. Con razón Lajous es tan cotizado y tan premiado por las trasnacionales anglosajonas que, hay que reconocer, no son mal agradecidas.

Este recordatorio macabro no es ocioso: exhibe la genealogía criminal de depredación ambiental de las piratas perforadoras texanas en “aguas profundas”, específicamente de parte de Sedco/Schlumberger/Transocean a lo largo y ancho del Golfo de México, en los pasados 31 años desde la catástrofe del Ixtoc (Campeche) hasta la más reciente de la plataforma Deepwater Horizon, que ha causado conmoción internacional.

Hechos

Los Angeles Times (1 de mayo de 2010) ha sido muy generoso en resumir la culpabilidad criminal de las piratas perforadoras texanas Halliburton y Transocean/Schlumberger, quienes, además de la consuetudinaria criminal ambiental BP, han sido citadas a audiencias públicas por el Congreso de Estados Unidos, aterrado por los alcances de la devastación ambiental en el Golfo de México, a unos meses de las cruciales elecciones legislativas de noviembre.

La criminalidad ambiental de la texana Halliburton –de la que fue director nada menos que el multiasesino exvicepresidente bushiano Dick Cheney– es ampliamente reconocida y no constituye novedad alguna cuando sus hazañas bélicas en la guerra de Irak han sido plenamente detalladas.

No es la primera vez que la pirata texana Halliburton es colocada en la picota por sus fallas en la “cimentación” de las plataformas en aguas profundas, cuando ha sido señalada de realizar un muy pobre trabajo de “cimentación” en el caso de una magna explosión en las aguas del Mar de Timor, cerca de Australia.

Todavía no se cerraba la investigación del caso en el Mar de Timor cuando la pirata texana depredadora Halliburton fue alcanzada por el destino de la explosión y devastación del Golfo de México.

De nuevo volvió a fallar la “cimentación” de Halliburton con la plataforma Deepwater Horizon, alquilada por alrededor de 500 mil dólares al día a la depredadora británica BP, a quien también le proveyó parte de su averiado equipo de perforación.

La propietaria de la plataforma Deepwater Horizon (construida por la surcoreana Hyundai Heavy Industries) es Transocean/Schlumberger y tenía un valor de 560 millones de dólares, que seguramente está asegurada. Lo que carece de seguros es la devastación ambiental de la que son culpables las piratas perforadoras texanas Halliburton y Transocean/Schlumberger, así como la británica BP.

Llama la atención que BP le haya echado la culpa del daño ambiental en el Golfo de México a la texana Transocean/Schlumberger.

Se encuentran también en tela de juicio por el Congreso estadunidense “lo adecuado”, así como el “monitoreo e inspección de la cimentación” de Halliburton.

Sobre Halliburton se puede escribir una enciclopedia del terror estatal y ambiental; así como de la también criminal depredadora británica BP, que reincide contumazmente en afectar la biosfera. BP es la cuarta mayor trasnacional privada de petróleo del mundo y la primera empresa británica en términos de capitalización de mercado.

Además de otros crímenes ambientales muy bien documentados en su larga trayectoria depredadora, la reincidente BP ha sido acusada por los aborígenes cree de Canadá de ser “cómplice del mayor crimen ambiental del planeta” –esto antes de la explosión de la plataforma Deepwater Horizon en el Golfo de México–, debido a la extracción de petróleo bituminoso (tar sand) que produce cuatro veces más bióxido de carbono que las perforaciones convencionales.

Hasta aquí podemos sintetizar que ninguna de las tres depredadoras ambientales indiciadas –las piratas texanas Halliburton y Transocean/Schlumberger, así como la británica BP– es novicia en su adicción por la criminalidad ambiental. Lo más grave para los mexicanos radica en que dos de ellas, las dos piratas texanas trasnacionales, realizan obras para Pemex.

La opinión pública conoce extensamente las devastaciones de la texana Halliburton, pero ignora los alcances de los incalculables daños históricos de Transocean/Schlumberger, la mayor perforadora del mundo durante 31 años en el Golfo de México –desde el Ixtoc hasta Deepwater Horizon–, quizá debido a su mimetismo financiero constante (¿para evadir al fisco?) que le ha permitido transmutarse con varios nombres y apellidos: Sedco, Sonat Inc, Schlumberger, Global Santa Fe Corporation, etcétera.

Cabe señalar que Transocean/Schlumberger cuenta con una flota de 136 embarcaciones y más de 25 mil empleados –¡un verdadero ejército trasnacional!– y su principal oficina, de las 20 que ostenta en el mundo, se encuentra en Houston, Texas.

Lo interesante radica en que –insistimos, quizá para efectos de evasión fiscal– en fechas recientes haya movido su “centro corporativo” de las Islas Caimán (un paraíso fiscal británico) a Zug, Suiza.

Destaca que, el año pasado, Pemex haya premiado a Schlumberger, Ltd, con un contrato por 687 millones de dólares para perforar 500 pozos en Chicontepec. Halliburton posee también controvertidos contratos para perforar en el mismo lugar.

Por cierto, los resultados en Chicontepec han sido criticados por la Comisión Nacional de Hidrocarburos, engendro disfuncional burocrático y parasitario surgido de la reforma energética calderonista, en colusión con la tripleta priista Beltrones-Labastida-Gamboa y los Chuchos filiopanistas.

Pareciera que el muy polémico proyecto multimillonario de Chicontepec está destinado por Pemex a gratificar en forma parasitaria –sin mediar licitaciones públicas– a las piratas perforadoras texanas Halliburton y Schlumberger, Ltd.

Ahora se entiende la razón por la cual obtiene excelentes resultados financieros Schlumberger, quien al primer trimestre del año descolgó 5 mil 600 millones de dólares en ganancias.

¿Subsidia Pemex a Schlumberger? ¿Qué tratativas bajo la mesa existirán entre ambas entidades? ¿Se adelantan ambas a los repartos del “tesoro” en las aguas profundas del Golfo de México?

Esas preguntas no son ociosas cuando ha emergido el inolvidable nombre de Adrián Lajous Vagas, director de Pemex con Zedillo y alto funcionario de la paraestatal con Miguel de la Madrid Hurtado y Carlos Salinas de Gortari.

Cabe recordar que su padre homónimo fue director del Instituto Mexicano de Comercio Exterior durante el sexenio de López Portillo y cuyo edificio pasó a la historia como “la torre de la devaluación”.

Lo interesante no radica en que la familia Lajous, padre e hijo –sin espíritu santo–, haya vivido del presupuesto federal durante un cuarto de siglo, ni siquiera en la aciaga gestión del controvertido exdirector de Pemex, sino en las funciones que desempeñó Lajous Vargas, con posterioridad a su precipitado despido, en varias trasnacionales anglosajonas de energía señaladas como dañinas al interés patrimonial y a la seguridad nacional de nuestro país.

Un reporte del 7 de abril del presente año de Security and Exchange Commission (la reguladora bursátil de Nueva York) señala el estratosférico monto de acciones que detenta Adrián Lajous Vargas, uno de los directores de Schlumberger.

Suena relevante que Adrián Lajous Vargas se defienda pies y boca arriba de ser “director” y accionista de Schlumberger, cuando su biografía actualizada hasta el 6 de mayo del presente año, elaborada por la agencia de noticias de negocios y finanzas Bloomberg Businessweek, sitúa al controvertido exdirector de Pemex como el multiusos privilegiado de las trasnacionales energéticas texanas y británicas, además de las financieras anglosajonas.

¿Qué tiene que hacer en forma tan descaradamente promiscua un exdirector de Pemex con tantos puestos muy bien remunerados en las trasnacionales anglosajonas y texanas? ¿Qué tantos secretos de Pemex habrá proveído Lajous Vargas a las trasnacionales anglosajonas y texanas?

Vale la pena sintetizar brevemente la biografía energética y financiera de Lajous Vargas realizada por Bloomberg Businessweek para ubicar los alcances de su presunta labor socavadora y demoledora de Pemex, del que fue director y alto funcionario, en beneficio de las trasnacionales anglosajonas y texanas.

Sólo en referencia a su función en Schlumberger, además de ser uno de sus principales accionistas, Lajous Vargas es su “director desde 2002, miembro del Comité de Auditoría, miembro del Comité de Compensación y Miembro del Comité de Gobernación y Nominaciones”. !Oh, la, la, la!

Aún hay más, como diría aquel popular locutor dominical vespertino: “Presidente de Oxford Institute for Energy Studies, director de la texana Trinity Industries Inc, director de Ternium, SA, director de Grupo Petroquímico Beta, consejero prominente de energía de la texana McKinsey & Company, y consejero prominente de energía del banco neoyorquino Morgan Stanley”.

Bloomberg Businessweek comenta las “conexiones” multifuncionales y multisectoriales de Adrián Lajous: “Vinculado a 29 miembros de consejos de administración en tres diferentes organizaciones a través de cuatro industrias diferentes”. !Uf!

Llama asombrosamente la atención que Adrián Lajous Vargas mantenga, como pulpo, tanta función simultánea desde México.

¿Es Adrián Lajous Vargas uno de los presuntos y múltiples caballos de Troya colocados por la trasnacionales texanas-anglosajonas y radicados en las entrañas de México para privatizar Pemex?

No es nada improbable que Adrián Lajous Vargas represente uno de los principales puentes y/o bisagras y/o intersecciones de la entrega de Pemex para privatizar los hidrocarburos de México a las trasnacionales texanas y/o anglosajonas: las supremas depredadoras ambientales del Golfo de México, del lado mexicano y estadunidense, desde hace 31 años.

¿No será, acaso, que la contaminación financiera antecede la criminal devastación ambiental?

Las hazañas de Schlumberger, anterior integrante de la depredadora ambiental Transocean, parecen así indicarlo.

Fuente: Contralínea

Difusión: AMLOTV