lunes, 17 de mayo de 2010

Sicólogos, cómplices de la CIA en la tortura

http://contralinea.info/archivo/2010/mayo/182/fotos/sicologos/principal.jpg

La Asociación de Sicólogos Estadunidenses –implicada en el diseño de interrogatorios para la CIA con técnicas de tortura– aún permite a sus miembros intervenir en procesos contra supuestos terroristas, con el argumento de que su presencia garantiza interrogatorios seguros y evita abusos. La investigación periodística, incluida en la serie Proyecto Censurado, revela la participación de los sicólogos de la APA en el programa de entrenamiento militar que condiciona a los soldados para soportar el cautiverio en manos enemigas



Katherine Eban / Mark Benjamin / Red Voltaire


La utilización de la tortura va en contra de todas las reglas humanas del mundo civilizado, contra la ética, la moral y el derecho internacional. Entonces ¿por qué Estados Unidos la utiliza a gran escala a sabiendas de que esto lo situará en el banquillo de los acusados de la comunidad internacional?


Todo indica que Estados Unidos quiere alterar su significación: imponerla como imperativo moral contra el “terrorismo” y dominar aterrorizando. Este acondicionamiento se va efectuando gradualmente en la opinión pública mundial, en nuestras sociedades, banalizando la tortura bajo el falso pretexto de ser un mal menor ante un mal mayor: el “terrorismo”. Como lo decía ya el poeta francés Jean de la Fontaine en el siglo XVII, respecto del ser humano: “Prefiere sufrir que morir, ésa es la divisa de los hombres”. Y los especialistas de la tortura lo saben bien.


Cuando en 2005 las noticias periodísticas denunciaron que había sicólogos trabajando con militares de Estados Unidos y con la Agencia Central de Inteligencia (CIA, por sus siglas en inglés) para desarrollar métodos brutales de interrogatorio, los dirigentes de la Asociación de Sicólogos Estadunidenses (APA, por sus siglas en inglés) reunieron un grupo de trabajo para examinar la cuestión.


Después de dos días de deliberaciones, el grupo de 10 miembros llegó a la conclusión de que los sicólogos desempeñaban “un papel valioso y ético” al asistir a los militares.


Un alto nivel de confidencialidad alrededor del grupo de trabajo prohibía revelar las actas, los miembros y los asistentes. No fue hasta un año después que se dieron a conocer los nombres de los miembros de este grupo (en www.salon.com), revelando que seis de los nueve miembros con derecho al voto pertenecían a agencias militares y de inteligencia, con conexión directa a los interrogatorios en Guantánamo, Cuba, y sitios oscuros de la CIA, que funcionan ignorando las convenciones de Ginebra.


El grupo de trabajo de la entidad Ética Sicológica y Seguridad Nacional (PENS, por sus siglas en inglés) se reunió en respuesta a las pruebas cada vez mayores de que los sicólogos no sólo participaban en los procedimientos que han horrorizado a la humanidad, sino que de hecho estaban a cargo de diseñar esas brutales tácticas y de entrenar a los interrogadores en esas técnicas.


En particular, dos sicólogos desempeñaron un papel central: James Elmer Mitchell, que fue contratado por la CIA, y su colega Bruce Jessen. Ambos trabajaron en el programa de entrenamiento militar clasificado conocido como Supervivencia, Evasión, Resistencia y Fuga (SERE, por sus siglas en inglés), que condiciona a los soldados para soportar el cautiverio en manos enemigas.


De una manera bastante cuasi-científica, según sicólogos y otras personas con conocimiento directo de sus actividades, Mitchell y Jessen retroinvirtieron las tácticas infligidas a los aprendices de SERE para usarlas en los detenidos en la “guerra global contra el terror”.


Con la completa adopción de las técnicas de SERE para los interrogatorios por parte de los militares de Estados Unidos, la CIA puso a Mitchell y a Jessen a cargo del entrenamiento de los interrogadores en las técnicas brutales, incluyendo el “submarino” (técnica de tortura), en su red de sitios oscuros.


Entretanto, resulta cada vez más claro que Estados Unidos ha sacrificado su conciencia y su imagen global por tácticas que son, con mucho, ineficaces.

Con cerca de 150 mil afiliados, la APA es la mayor organización de sicólogos en el mundo. A diferencia de la Asociación Médica Estadunidense y de la Asociación Siquiátrica Estadunidense que, desde 2006, han prohibido totalmente la participación de sus doctores, la APA continúa permitiendo que sus miembros intervengan en los interrogatorios de detenidos, alegando que su presencia garantiza interrogatorios seguros y evita los abusos.


La doctora Jean Maria Arrigo, uno de los tres miembros civiles del grupo de trabajo PENS 2005, cuya tarea fue considerar lo apropiado de la participación de sicólogos en métodos severos de interrogatorio, asegura que los más altos niveles del Departamento de Defensa predeterminaron las conclusiones de los grupos de trabajo.


Al citar una serie de irregularidades que incluyen la prisa, la intimidación y el secreto, Arrigo sostiene que el grupo de trabajo estaba lejos de ser equilibrado o independiente.


Revela que el presidente de la APA, Gerald Koocher, ejerció un fuerte control sobre las decisiones del grupo de trabajo y censuró a los disidentes. Seis de los 10 miembros ocupaban altos puestos en el Departamento de Defensa, claramente en atención a que representaban decisiones que ya se habían tomado. Éstas fueron:


a) La adopción de la definición permisiva de la tortura en las leyes de Estados Unidos, a diferencia de la estricta definición en el derecho internacional.


b) La participación de sicólogos militares en los escenarios de los interrogatorios.


Muchos sicólogos molestos insisten en que la política de la APA ha hecho de la organización una entidad que posibilita la tortura.


En la convención anual de la APA de agosto de 2007, los miembros presentaron ante su Consejo de Representantes una enmienda moratoria de la resolución de la APA: “Se resuelve que los objetivos de la APA serán el desarrollo de la sicología como ciencia y profesión y como medio de promover salud, la educación y el bienestar. Por lo tanto, el papel de los sicólogos en escenarios donde los detenidos han sido privados de una protección adecuada de sus derechos humanos se debe limitar a ser el de un personal de salud que proporcione tratamiento sicológico.”


Una abrumadora mayoría del Consejo votó en contra de esta medida que habría prohibido la participación de sus miembros en interrogatorios abusivos a detenidos.


En una encendida reunión de profesionales que siguió a la convención, decenas de enfurecidos sicólogos testificaron. Entre ellos, el doctor Steven Reisner, miembro de la Coalición por una APA Ética, quien preguntó por qué el Consejo de Representantes votó por el rechazo a la moratoria, en clara contradicción con las convicciones de una amplia mayoría de la membresía de la APA.


Reisner reflexionó sobre la falta de estándares éticos esenciales para una asociación como ésa y para sus miembros. “Esto se refiere a la esencia de quiénes somos como sicólogos éticos. Si no podemos decir ‘no, no participaremos en interrogatorios realizados en sitios oscuros de la CIA’. Pienso que tenemos que preguntarnos seriamente qué somos como organización y, para mí, cuál es mi lealtad a ella, o si habría que criticarla desde afuera en este momento”.


Actualización de Mark Benjamin

Un mes después de que Salon publicara Los profesores de tortura de la CIA, le siguió Vanity Fair, en julio de 2007, con un artículo a fondo que revelaba más detalles acerca del pequeño conciliábulo de sicólogos que ayudó a crear el programa de brutales interrogatorios de la CIA; un modelo que hizo metástasis en la Bahía de Guantánamo, Afganistán, Irak y en lugares como Abu Ghraib.


Para diciembre, llevaba a los lectores a un viaje al interior de los secretos “sitios oscuros” de la CIA, cuando Salon publicó la primera entrevista a profundidad con un expreso de la agencia, Mohamed Farag Ahmad Bashmilah. Este último incluso proporcionó dibujos escalofriantes de su estéril celda. Aparentemente, el yemenita era culpable nada menos que de estar en el lugar equivocado en el momento equivocado. La CIA lo liberó después de 19 meses de duro encarcelamiento.


“Cada vez que veía una mosca en mi celda, me llenaba de alegría –me dijo, hablando de la apabullante privación sensorial y el aislamiento–, aunque deseaba que se escabullera por debajo de la puerta, para que no fuese prisionera como yo.”


El 22 de abril de 2008, el Washington Post publicó un artículo sugiriendo que el gobierno de Estados Unidos había ido mucho más allá del abuso a los detenidos, sometiéndolos a posiciones estresantes, privación del sueño y humillación sexual, y quizás hasta recurrido a drogas que alteraban la mente para desorientar aún más a los presos. De algún modo, la agencia parecía creer que con esto les sacaría información confiable.


A fines de ese mes, los senadores Joe Biden junior (demócrata por Delaware), Carl Levin (demócrata por Michigan) y Chuck Hagel (republicano por Nebraska) solicitaron a los inspectores generales del Pentágono y la CIA que investigaran el asunto.


En mayo de 2008, el inspector general del Departamento de Justicia dio a conocer un informe individual donde se mostraba que, durante años, los agentes de la Oficina Federal de Investigaciones se habían quejado de las duras tácticas de interrogatorio empleadas por la CIA y el Pentágono. Esa preocupación cayó en oídos sordos en el Consejo de Seguridad Nacional.


Sería grandioso decir que al final prevalecerá la justicia; sin embargo, cuando se trata de tortura, la mayoría de los esfuerzos del Congreso para investigar el comportamiento de la CIA y de los militares ha sido, con mucho, anodino.


Al menos en teoría, al momento de escribir estas líneas, el Comité del Senado para las Fuerzas Armadas aún investigaba las actividades de James Mitchell y Bruce Jessen, los dos sicólogos identificados por primera vez por Salon que supuestamente ayudaron al gobierno a aplicar la retroingeniería a las tácticas creadas para ayudar a los soldados de elite a resistir la tortura de las técnicas de interrogación.


El Comité Judicial de la Cámara de Representantes también investiga el asunto. Pero pocos esperan que alguien de la administración sea llevado por la fuerza delante de cualquier clase de tribunal, y con una Casa Blanca completamente convencida de que el abuso es una táctica eficaz de interrogatorio –e igualmente comprometida a proteger a aquellos que la utilizan–, pocos expertos piensan que la justicia será servida.


Eso es válido para los sicólogos que crearon el diabólico programa y a los que les dieron autoridad para llevarlo a cabo.


Médicos por los Derechos Humanos ha perseguido sistemáticamente esta noticia.

Fuente: Contralínea
Difusión: AMLOTV

UBISORT desaparece 12 mujeres y niños de San Juan Copala

Mayo 16, 2010
etiquetas: desapareciones, paramilitares
by autonomiaencopala

Hemos recibido la información de que todas las mujeres y sus niños desaparecidos han sido liberados. Sin embargo, publicamos la denuncia de su desapareción para que conozcan el desprecio que el gobierno estatal y la Comisión Estatal de Derechos Humanos tiene para los Triquis. Pedimos que hagan sus denuncias sobre estas desapareciones prevenibles y la falta de respuesta gubermental con los funcionarios cuyos datos aparecen al final de esta denuncia.

CENTRO REGIONAL DE DERECHOS HUMANOS
“BARTOLOMÉ CARRASCO BRISEÑO” A. C.
Domingo 16 de Mayo del año 2010

ACCIÓN URGENTE

• Permanece el clima de violencia, hostigamiento y agresión a la comunidad de San Juan Copala.
• Reportan 12 personas desaparecidas; 6 mujeres, 5 niños y un bebé.
•
Después de los acontecimientos del pasado 27 de abril cuando fue atacada a balazos la caravana de defensores de derechos humanos y periodistas, donde murieron los defensores de derechos humanos Alberta Cariño Trujillo y Jyri Jaakkola; el Municipio Autónomo de San Juan Copala sigue viviendo en la amenaza, el hostigamiento, la agresión, la violencia y el secuestro de sus pobladores por parte de personas plenamente identificadas como líderes y dirigentes de la UBISORT.

HECHOS:

Narra la Sra. Margarita López Martínez (mujer indígena Triqui) que el día 14 de Abril a las 6 de la mañana salió un grupo de 30 mujeres del Municipio de San Juan Copala al Municipio de Juxtlahuaca para ir a recibir el recurso que les entregan por el programa de “Oportunidades”; la Sra. Margarita López Martínez y su hija (con capacidades diferentes) Susana Martínez, una vez que recibieron su apoyo, se separaron del grupo para ir a almorzar y posteriormente ir al médico para la atención de Susana, sin embargo, después de separarse del grupo, en el momento en que iban caminando, se les acercaron los Sres. Rufino Juárez y Anastasio Juárez, ubicados como líderes y dirigentes de la organización UBISORT, las atraparon por sorpresa y se las llevaron arrastrándolas, encañonándolas y cortando cartucho. Las pretendían subir a un vehículo privado que tenían preparado, la señora y su hija opusieron resistencia y se defendieron como pudieron hasta lograr escaparse; se presentaron al municipio de Juxtlahuaca para denunciar los hechos pero no tuvieron respuesta de la Autoridad Municipal. Por eso el grupo de las 30 mujeres se plantaron en el Palacio Municipal de Juxtlahuaca para exigir garantías y poder regresar a su comunidad; ante esta presión acudieron al Municipio de Juxtlahuaca, por intervención del Secretario General de Gobierno del Estado de Oaxaca, Visitadores de la Comisión para la Defensa de los Derechos Humanos de Oaxaca, para conocer de los hechos e intervenir. Es así como las mujeres lograron el compromiso de brindarles las medidas de seguridad necesarias para que pudieran regresar al Municipio de San Juan Copala con los víveres ya comprados por ellas.

El día de ayer a través de Margarita López y Susana Martínez (con capacidades diferentes) que no regresan a Copala por buscar la atención médica en la capital del estado, se da a conocer que les hablaron por teléfono sus compañeras para que pidieran auxilio ya que la Comisión para la Defensa de los Derechos Humanos y el Secretario General de Gobierno no cumplieron su compromiso y sólo les brindaron seguridad para llegar a la comunidad de Yosoyuxi, una comunidad cercana a Copala, (aproximadamente a hora y media caminando). De ahí las mujeres regresan solas al Municipio de San Juan Copala y en el trayecto son atacadas nuevamente por un grupo de aproximadamente 15 personas que eran dirigidas por Rufino y Anastasio Juárez, quienes iban en estado de ebriedad y son líderes y dirigentes de la UBISORT; les reportaron que a las 7:00 pm del día sábado 15 de Mayo del 2010, se encuentran desaparecidas las siguientes personas triquis de San Juan Copala:

1. Felipa de Jesús Suarez
2. Joaquina Velasco Aguilera
3. Martiniana Aguilera
4. Isabel Bautista Ramírez
5. Marcelina Ramírez
6. Lorena Merino Martínez
7. Leticia Velasco Aguilera (Niña)
8. Rosario Velasco Allende (Niña)
9. Josefa Ramírez Bautista (Niña)
10. Un niño de 4 años
11. Niño de 4 años
12. Bebe de 1 año.

Ante esta nueva agresión al Municipio de San Juan Copala y por el alto riesgo en que se encuentran las personas desaparecidas pues está en peligro su integridad y su vida, es que solicitamos de manera urgente hagan llamamientos al gobierno del Estado de Oaxaca y al Gobierno Federal para exigir:

• INMEDIATA PRESENTACIÓN CON VIDA DE LAS MUJERES, NIÑAS, NIÑOS Y BEBÉ DESAPARECIDOS DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN COPALA.
• ALTO A LA AGRESIÓN, VIOLENCIA E IMPUNIDAD, DE MANERA URGENTE, A LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO AUTÓNOMO DE SAN JUAN COPALA.
• GARANTÍAS DE SEGURIDAD PARA QUE LOS HABITANTES DE SAN JUAN COPALA PUEDAN TRANSITAR LIBREMENTE POR SU TERRITORIO.
• INMEDIATA PRESENCIA DE LA COMISIÓN NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS PARA INICIAR LA DOCUMENTACIÓN DE LAS GRAVES VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS QUE VIVEN EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN COPALA.
• INMEDIATA INTERVENCION DE UNA INSTITUCION FEDERAL QUE GARANTICE EL PROCESO DE PAZ EN LA ZONA TRIQUI.
• VISITA DEL RELATOR DE PUEBLO INDÍGENAS DE LA ONU A LA REGION TRIQUI PARA EXIGIR AL GOBIENO MEXICANO CUMPLIMIENTO A LOS TRATADOS INTERNACIONALES EN LA MATERIA FIRMADOS Y RATIFICADOS POR MÉXICO.

Enviar sus llamamientos a:

Lic. Felipe de Jesús Calderón Hinojosa
Presidente Constitucional de la República Mexicana
Residencia Oficial de los Pinos, Casa Miguel Alemán, Col. San Miguel Chapultepec, C.P. 11850, México DF. Tel: +52 55 27891100; Fax: +52 55 527 72 376. E-mail: felipe.calderon@presidencia.gob.mx

Lic. Fernando Francisco Gómez-Mont Urueta
Secretario de Gobernación
Bucareli 99, 1er. piso, Col. Juárez, Delegación Cuauhtémoc, México D.F., C.P. 06600, México, FAX +52 (55) 5093 34 14. E-mail: secretario@segob.gob.mx

Lic. Arturo Chávez Chávez
Procurador General de la República
Procuraduría General de la República, Paseo de la Reforma nº 211-213, Piso 16, Col. Cuauhtémoc, Del. Cuauhtémoc, México D.F., C.P. 06500, Fax: +52 55 53 46 09 08; + 52 55 27 89 11 13 (si responde una voz, digan: “tono de fax, por favor”), E-Mail: ofproc@pgr.gob.mx / wmaster@pgr.gob.mx.

Embajada de la República de Finlandia en México
S.E. Sra. Ulla Marianna Vaisto,
Embajadora Extraordinaria y Plenipotenciaria
Monte Pelvoux 111, piso 4, Lomas de Chaputlepec, 11000 México DF
Tel. +52 (55) 5540 6036 Fax +52 (55) 5540 0114 E-mail: finmex@prodigy.net.mx sanomat.mex@formin.fi

Embajada de la República Federal de Alemania en México
S.E. Sr. Roland Michael Wegener,
Embajador Extraordinario y Plenipotenciario
Horacio 1506, Col. Los Morales, 11530 México D.F.
Tel.+52 (55) 5283 2200 Fax +52 (55) 5281 2588 E-mail: info@mexi.diplo.de

Embajada del Reino de Bélgica en México
S.E. Sr. Boudewijn E. G. Dereymaeker,
Embajador Extraordinario y Plenipotenciario
Alfredo Musset 41, Col. Polanco, 11550 México DF
Tel. +52 (55) 5280 0758; fax +52 (55) 5280 0208 E-mail: mexico@diplobel.fed.be

Embajada de la República Italiana en México
S.E. Sr. Roberto Spinelli,
Embajador Extraordinario y Plenipotenciario
Paseo de las Palmas 1994, Col. Lomas de Chapultepec, 11000 México DF
Tel. +52 (55) 5596 3655 Fax +52 (55) 5596 2472 y 5596 7710
E-mail: segreteria.messico@esteri.it

Lic. Ulises Ruiz Ortiz
Gobernador Constitucional del Estado de Oaxaca
E-mail: gobernador@oaxaca.gob.mx
Fax: (+52) 5020530

Lic. Ma. De la Luz Candelaria Chiñas
Procuradora General de Justicia del Estado de Oaxaca
Fax. 01951 5115174, 019515115121
E-mail: procuraduria7@oaxaca.gob.mx

Lic. Javier Rueda Vázquez
Secretario de Seguridad Pública del Estado de Oaxaca
Heroico Colegio Militar 317
Reforma, 68050 Oaxaca, 01 951 132 5748

Dr. Raúl Plascencia Villanueva
Presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos
(55) 56 81 71 99, E-mail: correo@cndh.gob.mx

Dr. José Antonio Guevara Bermúdez
Titular de la Unidad para la Promoción y Defensa de los Derechos Humanos – SEGOB
Av. Paseo de la Reforma 99 Piso 19 Tabacalera, Cuauhtémoc, Distrito Federal, 06030, Tel: (55) 5551-28-00 Ext: 11863, E-mail: jguevara@segob.gob.mx

S.E. Sr. Juan José Gómez Camacho
Misión Permanente de México ante las Oficinas de Naciones Unidas en Ginebra
Fax +41 (22) 748 0708, E-mail: mission.mexico@ties.itu.int

S.E. Sra. Sandra Camila Fuentes-Berain Villenave
Embajadora de México ante las Comunidades Europeas y Observadora Permanente en el Consejo de Europa
Fax +32 2 644 08 19 Tel. +32 (2) 629 0777 E-mail: embamex@embamex.eu

Sr. Alberto Brunori
Representante en México de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos
Fax +52 (55) 5061 6358; E-mail: oacnudh@ohchr.org

Sr. Santiago Cantón
Secretario Ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos
Fax +1 (202) 458 3992 E-mail: cidhoea@oas.org

Sra. Navanethem Pillay
Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos
Fax +41 22 917 9000 E-mail: civilsocietyunit@ohchr.org

Favor de marcar copia de sus escritos a:

Centro Regional de Derechos Humanos “Bartolomé Carrasco Briseño” A. C.
Mariano Azuela 203, Col. José Vasconcelos, C. P. 68120, Oaxaca México
E-Mail: barcadh09@gmail.com

¡MUCHAS GRACIAS POR SU COLABORACIÓN
EN LA DEFENSA DE LA DIGNIDAD HUMANA!

Fuente: Justice for Brad Will
Difusión: soberanía popular

Diez razones para no estar de acuerdo con ninguna reforma laboral


Eduardo Miranda Esquivel
emirandae@prodigy.net.mx

1. El 18 de marzo de 2010 un grupo de legisladores panistas presentó una iniciativa de reforma a la Ley Federal del Trabajo (LFT), que propone la eliminación de derechos previstos en la ley y conquistados en más de un siglo de lucha de las y los obreros mexicanos. De los 1010 artículos de la LFT, proponen el cambio, adición o supresión de 429, mediante modificaciones cosméticas y de fondo, con la intención de anular la estabilidad en el empleo, a través de nuevas modalidades flexibles de contratación (a prueba, por temporada y capacitación inicial), la fijación del banco y pago por horas, las multihabilidades y la legalización de los outsourcing, substituyendo el Estado social por un Estado “pollero”, por ello, las y los mexicanos honestos no estamos de acuerdo.

2. La reforma laboral que propone Calderón forma parte del paquete de reformas estructurales que los gobiernos de las tres últimas décadas han venido impulsando para cumplir las “recomendaciones” del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, en el contexto del Consenso de Washington, con el propósito de insertar la economía mexicana al neoliberalismo, desaparecer el Estado social, suprimir su papel rector en el desarrollo económico, desregular el marco legal para ajustarlo al del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, facilitar la entrada de capitales y la utilización barata y a gran escala de la mano de obra en beneficio de los magnates capitalistas, vulnerando la soberanía nacional y la supremacía constitucional, por ello las y los patriotas no estamos de acuerdo.

3. Los objetivos formales de la reforma panista establecen adecuar la LFT a la “modernidad”, mejorar la productividad y competitividad y fomentar el empleo, lo cual aparece como piadoso, pero falso e imposible de conseguir, debido a la crisis del modelo económico que prevalece, irracional, injusto, con un sistema político y judicial corrupto, sujeto a profundas y diferenciadas desigualdades, dependiente del exterior, desprovisto de progreso científico y de un presupuesto y banca de desarrollo social que apoye el bienestar colectivo, la innovación tecnológica y el financiamiento a millones de micro y pequeños empresarios. La reforma es solamente un fraude “legal” en beneficio de los grandes capitalistas. Por ello, las y los ciudadanos conscientes no estamos de acuerdo.

4. La reforma laboral panista tiene como objetivos reales cumplir con intereses extranjeros opuestos a los del país y a los de los trabajadores, al proponer los mismos esquemas de las reformas laborales que se han establecido en Europa y Latinoamérica y que han fracasado para mejorar el empleo y las condiciones de trabajo de cada país, pues al responder a una estrategia globalizadora, únicamente han beneficiado al capital trasnacional, propiciando la desvalorización del trabajo, la pérdida de derechos, la precarización del empleo y la restricción de los derechos sindicales, por lo que de aprobarse en México, en el marco del bicentenario de nuestra Independencia y centenario de la Revolución, fundaría una regresión social. Por ello las y los trabajadores no estamos de acuerdo.

5. La propuesta de reforma laboral contenida en la mayoría de las 334 iniciativas presentadas en los últimos 22 años, ha sido con los mismos supuestos, sin considerar que el escenario ha cambiado. Hace tres décadas el neoliberalismo propició una nueva acumulación de capital al abrir los mercados, elevar la productividad y reducir los costos laborales, valiéndose del progreso científico y la caída del campo socialista y del movimiento sindical, permitiendo el crecimiento y enriquecimiento de algunos países y trasnacionales y la contención del desempleo. Treinta años después el modelo se agotó, no hay crecimiento ni empleo. La crisis global tocó fondo. Reformar la LFT en medio de la crisis para quitar “rigideces”, anulando derechos y promover la inversión extranjera, sin protección de nuestras empresas, más que un error sería un crimen de lesa humanidad. Por ello, las y los millones de damnificados del neoliberalismo no estamos de acuerdo.

6. Los trabajadores y sindicatos mexicanos no han pedido ni demandan una reforma laboral, ni mucho menos una que les quite derechos, sin consulta alguna; que pretende facilitar su aprobación dejando de adorno el artículo 123 constitucional, al aprobar cambios contrarios a los derechos laborales adquiridos, y que se basa en argumentos engañosos de que es necesaria para modernizar el país, actualizar el marco legal, generar miles de empleos, mejorar la productividad y la impartición de justicia, cuando es evidente que quienes demandan dicha reforma, son los oligarcas, los grandes capitalistas, banqueros y empresarios, así como los partidos y diputados que han traicionado a su pueblo en razón de sus mezquinos intereses. Por ello, las y los sindicalistas no estamos de acuerdo.

7. La problemática laboral y la experiencia del movimiento obrero muestran que en la coyuntura que vive México no se necesita de ninguna reforma laboral, sino que se cumpla la ley vigente, porque el problema no es la ley sino quienes tienen la obligación de hacerla cumplir. La Constitución, la LFT y la Ley Federal del trabajo burocrático, prevén una serie de derechos que no se cumplen por el gobierno, con la complicidad de las juntas de conciliación, tribunales y ministros del Poder Judicial, de tal forma, que el empleo para todos, salario suficiente, jornada razonable, vivienda digna, salud y seguridad social, libertad sindical y derecho de huelga, así como el derecho de recibir justicia pronta, gratuita e imparcial, sólo constituyen un ejemplo de para qué reformar la ley si lo que hace falta es cumplirla y hacerla cumplir. Por ello, las y los juristas no estamos de acuerdo.

8. El entorno no es nada favorable para las y los trabajadores, estén o no sindicalizados. La recuperación económica es una farsa, porque la realidad y los estándares internacionales indican que ésta tardará cuatro ó cinco años y la de empleo mucho más. La descomposición política y la violencia son una constante creciente y las alianzas electorales de los partidos, acreditan verdaderas componendas que no responden a los supremos intereses de la nación y del pueblo. La ofensiva del régimen en contra de los trabajadores y sindicatos es constante, y al no existir una buena correlación de fuerzas en el Congreso para intentar una reforma laboral democrática, como la que pretenden algunos diputados, sería permitir o abrir un falso debate sobre las bondades de cualquier reforma y su aprobación provocaría el caos social, porque a esta reforma se encadenarían la reforma a ley burocrática y la caída del sistema de pensiones, al precarizar el empleo. Por ello, las y los diputados honrados no estarían de acuerdo con dicha reforma.

9. En síntesis la reforma laboral panista transgrede los fundamentos del derecho mexicano del trabajo plasmados en el original artículo 123 constitucional, al romper con los principios de equidad, igualdad y justicia social que deben prevalecer entre los factores de la producción; transgrede la soberanía nacional, el constitucionalismo social y la supremacía constitucional, anula la estabilidad en el empleo, limita los alcances indemnizatorios que nacen del despido y los derechos colectivos de libertad sindical, huelga y contratación colectiva, proyectando para el caso de su aprobación, la precarización de millones de obreros, jornaleros, empleados, pequeños empresarios y cooperativistas. Por ello, todas y todos no estamos de acuerdo con ninguna reforma laboral.

10. Los juristas llamamos a las y los trabajadores a mantener e intensificar la resistencia, desplegar todas las formas de lucha para defender nuestros derechos, propiciar la organización y la unidad de clase y de todo el pueblo, así como, exhortamos a los legisladores consecuentes a establecer leyes y puntos de acuerdo, que sin tocar la LFT, hagan efectivos los derechos laborales, para que haya empleos dignos, un seguro de desempleo a nivel nacional, salarios suficientes, control de precios de la canasta básica y el respeto al libre ejercicio de los derechos colectivos y sindicales, al igual que, la restitución inmediata de los derechos de seguridad social de carácter universal y solidario y la protección y estatización de los fondos de pensiones y ahorros laborales.

Fuente: Forum
Difusión: Soberanía Popular

Blinda SRE informes de su embajada en Estados Unidos


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Los compromisos que asume la representación diplomática de México en Estados Unidos –y que más tarde se traducen en pactos como la Alianza para la Seguridad y Prosperidad de América del Norte y la Iniciativa Mérida– no se transparentan. La misión principal de esa embajada es la de salvaguardar los intereses y derechos de los mexicanos en un país que aún es el más poderoso del mundo, empleador de los migrantes y carcelero de miles de mexicanos


La cancillería mexicana bloqueó la posibilidad de conocer las actividades que llevaron a cabo los jefes de misión en la embajada de México ante Estados Unidos durante los últimos ocho años; hizo lo mismo con la solicitud para conocer el género, edad y delito que cometieron los mexicanos presos en aquel país, en qué prisión purgan su sentencia y el nombre del funcionario(a) del gobierno mexicano que los auxilió durante el juicio en su contra. La información respecto de ambas cuestiones, y que concierne al interés público, fue negada por el Comité de Información Pública de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), con el argumento de que se trata de información reservada o inexistente.


Por esa negativa, los ciudadanos mexicanos desconocen qué gestiones realizaron durante su misión diplomática Juan José Bremer de Martino (de 2000 al primer trimestre de 2004), Carlos Alberto de Icaza (del 31 de marzo de 2004 a diciembre de 2006) y el embajador en turno, Arturo Sarukhan Casamitjana (de 2006 a la actualidad), como responsables de la sede mexicana en Estados Unidos, situada en el 1911 de la Avenida Pennsylvania, Washington, DC.


Las solicitudes de información pública gubernamental (folios 500044109 y 500044209) que buscan conocer los informes que describen las actividades anuales de los embajadores de México en Estados Unidos y que enviaron a la cancillería entre 2000-2006 y 2007-2008, respectivamente, recibieron una negativa. Ambas respuestas sostienen que el contenido de esos informes no podrá hacerse público, “en virtud de que la información podría afectar seriamente la negociación en temas sensibles de la relación bilateral México-Estados Unidos”.


De proporcionarse la información solicitada, según el Comité de Información Pública de la cancillería, “se causaría un daño presente, probable y específico” a las relaciones bilaterales entre México y Estados Unidos de América; independientemente de “violentar las disposiciones constitucionales, y de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental”. Bajo tal argumento, ese Comité confirmó el periodo de reserva de 12 años para esos informes, el máximo permitido por la ley.


En contraste con esa negativa, el “Informe de la auditoría al desempeño de la embajada de México ante Estados Unidos”, número 08-0-05100-07-0508, de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), refiere que “se constató que los titulares de la embajada de México en Estados Unidos y de la Sección Consular enviaron a la Dirección General del Servicio Exterior y de Personal de la SRE las evaluaciones anuales y de autoevaluación del personal del Servicio Exterior Mexicano, adscrito a esa representación diplomática”.


Presos, el otro secreto


De igual forma, la solicitud de información pública 500156009 fue parcialmente atendida. Se buscó conocer el número y nombre de los mexicanos presos (mujeres y hombres) en Estados Unidos, los delitos por los que fueron juzgados, fecha de su sentencia, centros de reclusión y el nombre del funcionario mexicano que los auxilió en el curso de su juicio.


Tras consultar a la Dirección General de Protección a Mexicanos en el Exterior de la SRE, el Comité anexó un cuadro a su respuesta –que consiste en una fotocopia prácticamente ilegible– en el que figura el número de mexicanos presos “de los que ha tenido conocimiento la red consular mexicana”. La dependencia afirma que se trata de “14 mil 418 connacionales”. Apela al artículo 18 fracción II de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental para negar los nombres de esos mexicanos presos, “por tratarse de información confidencial”.


El cuadro “Casos de protección atendidos en la Red Consular de México en Estados Unidos” provee datos recopilados del 1 de enero al 14 de diciembre de 2009. En ese documento electrónico se alcanza a leer que las entidades de Estados Unidos en las que purga su sentencia el mayor número de mexicanos son: Phoenix, Arizona (1 mil 294); Los Ángeles, California (795); Orlando, Florida (987); Tucson, Arizona (738); Albuquerque, Nuevo México (650); Dallas, Texas (509); Houston, Texas (512), y El Paso, Texas (487).


Las principales entidades federativas mexicanas de donde proceden esos prisioneros son: Estado de México (810), Guanajuato (769), Jalisco (699), Distrito Federal (688), Michoacán (681), Guerrero (517), Sinaloa (448), Puebla (485), Veracruz (436), Tamaulipas (418) e Hidalgo (236). Se desconoce dónde están otras 4 mil 6 personas.


El documento describe que hay 45 sentenciados a “cadena perpetua o años vida”, y que recibieron protección consular 2 mil 297 personas acusadas de cometer delitos migratorios o reingreso sin documentos; otras 1 mil 768 personas, por delitos contra la salud; 1 mil 305, por conducción punible de vehículos; 664 fueron acusadas de delitos sexuales; 591, de robo; 246, de fraude; 227, por homicidio calificado o agravado, y 120, por el delito de portación de armas.


El rango de edad del mayor número de connacionales presos (4 mil 975) oscila entre los 25 y 35 años. Ocupan el segundo lugar 3 mil 498 personas de entre 18 y 26 años; sigue el rango de entre 36 a 50 años, con 3 mil 343 personas; por último, 1 mil 50 personas mayores de 50 años. Un mil 199 personas figuran bajo el rubro de edad “desconocida”.


La dependencia admite que no tiene un listado de las cárceles donde se encuentran las personas. Explica que, para obtener tal información, “habría la necesidad de consultar los 14 mil 418 expedientes”. Tampoco proporciona una relación o documento estadístico que describa la situación jurídica de cada uno de los presos, la fecha de sentencia ni su duración. Por la falta de esos datos, declara que el documento es “inexistente”, según lo dispuesto por los artículos 42 y 46 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.


Respecto del nombre del funcionario mexicano que intervino en cada caso de los presos mexicanos en Estados Unidos, el Comité señala que “es imposible proporcionarlo” toda vez que esa gestión se lleva a cabo por la representación consular y no por un servidor público en específico, por lo que, para obtener los nombres de dichos servidores públicos, “se tendría que consultar los 14 mil 418 expedientes”.


Finalmente, la respuesta institucional menciona que no se puede otorgar el “acceso in situ” al solicitante, en virtud de que los expedientes consulares contienen información que está clasificada como “información confidencial por contener datos personales”.


La atención a la situación de los connacionales presos en Estados Unidos fue objeto, el 4 de marzo de 2007, de una denuncia del diputado Edmundo Ramírez, coordinador de asuntos migratorios. En esa ocasión, el legislador del Partido Revolucionario Institucional (PRI) afirmó que el gobierno federal era “indiferente” ante lo que viven unos 32 mil mexicanos presos en cárceles estadunidenses.


El diputado también precisó que esos mexicanos “no tienen el apoyo del Ejecutivo federal para garantizar sus derechos”. Insistió en que el gobierno mexicano debía dar seguimiento adecuado a la situación jurídica de los detenidos, procurar la liberación de los inocentes y defender los derechos humanos de todos esos connacionales.


Se dijo que los principales delitos por los que son condenados los mexicanos en aquel país son: narcotráfico, tráfico ilegal de personas, homicidio, robo, prostitución, accidentes de tránsito y trata de mujeres.


Meses después, el 7 de noviembre de 2007, el boletín de Democracy Now, órgano oficial del Partido Demócrata, informó que más de 30 mil inmigrantes –la mayoría indocumentado– estaban presos en Estados Unidos; indicaba que esa cifra de inmigrantes presos en cárceles estadunidenses no tenía precedentes. Ese medio estimó que 4 mil de estos detenidos permanecían en California y atribuyó el aumento de los inmigrantes presos al debilitamiento del programa denominado “Atrapar y Liberar”, que aplicó el Departamento de Seguridad de la Patria.


En el mismo artículo, el boletín refería que las empresas privadas contratadas por la Agencia de Ciudadanía y Servicios de Inmigración aumentaron los contratos multimillonarios que suscriben con el gobierno federal, para transportar y mantener en prisión a estos indocumentados. “Esta política produce sobrepoblación de las cárceles y reduce la atención médica para esos detenidos”, concluía Democracy Now.


Dos años después de la denuncia del legislador Edmundo Ramírez y de lo publicado por el órgano de difusión del Partido Demócrata, la Cámara de Senadores de México acordó crear un grupo plural de trabajo que diera seguimiento a este tema y vigilara el respeto a los derechos humanos de los mexicanos detenidos en prisiones de Estados Unidos. El 23 de abril de 2009, se convino que ese grupo se coordinaría con el Ejecutivo Federal “para diseñar una estrategia que salvaguarde los derechos” de los mexicanos conforme a las normas y procedimientos internacionales, sin importar su calidad migratoria o situación jurídica.


Se designó al senador Luis Alberto Villarreal, del Partido Acción Nacional, para coordinar esa nueva instancia legislativa, en su calidad de presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores de América Latina y el Caribe. También participan las senadoras Rosario Green, del PRI; Claudia Corichi García, del Partido de la Revolución Democrática; Ludivina Menchaca, del Partido Verde Ecologista de México, así como José Luis Lobato Campos, de Convergencia, y Francisco Javier Obregón, del Partido del Trabajo.


Unos días después, el 28 de noviembre de ese año, Carta Mesoamericana, organización de información y servicios para las comunidades de migrantes, anunció que la Dirección de Protección de Mexicanos en el Exterior, de la Secretaría de Relaciones Exteriores, demandó atención médica para los mexicanos en cárceles o centros migratorios de Estados Unidos.


El antecedente de tal reclamo se remontaba a la tarde del 29 de junio de 2009, cuando Evodio Abad Castillo fue encontrado muerto en su celda de la prisión del condado de Warren. Este jardinero de origen mexicano, de 51 años, cumplía el cuarto día de una pena de cinco días por conducir sin licencia. Según Jay Walker, del espacio electrónico “105.3 WOW Country”, en su edición del 12 de septiembre de 2009, el dictamen de la autopsia reveló que Abad murió de “causas naturales”.


A su vez, José Miguel Vivanco, director en México de la organización Human Rights Watch, denunció la recurrente falta de servicios de salud al interior de las cárceles estadunidenses. Consideró que el gobierno mexicano debía exigir al país vecino atención médica a sus connacionales: “El gobierno tiene la principal herramienta, con sus relaciones bilaterales con Estados Unidos, para exigir esa atención médica a los mexicanos que residen allá”. Vivanco afirmó que su organización había documentado esa falta en múltiples ocasiones.


Auxilio consular


Para proteger a los mexicanos presos en Estados Unidos, así como a los migrantes sin documentos que cruzan la frontera, operan 49 consulados estadunidenses distribuidos en 23 de los 50 estados. A ellos se suma el trabajo de la Sección Consular que opera en la propia embajada y que cubre los estados de Virginia, Maryland, Virginia Occidental y el distrito de Columbia. De acuerdo con el Manual de organización, entre otras funciones, le corresponde a esa Sección “proteger y velar los intereses de México, así como la dignidad y los derechos fundamentales de los mexicanos”.


Por su parte, una de las actividades básicas de la embajada de México en Estados Unidos corresponde al ámbito jurídico-administrativo, es decir, fortalecer la protección y asistencia consular, así como evitar abusos contra los derechos e intereses de los mexicanos. Otra de las actividades del personal de esa representación se ocupa del ámbito fronterizo y se traduce en evitar muertes de connacionales.


El “Informe de la auditoría al desempeño de la embajada de México ante Estados Unidos” dio cuenta que los recursos de que dispuso la Sección Consular de la embajada de México ante Estados Unidos se destinaron a la protección, a la atención y defensa de los derechos humanos de los ciudadanos mexicanos. Ese año, la SRE destinó a esa Sección 865 mil 438 dólares, de los que la ASF revisó el ejercicio de 212 mil 690 dólares, que equivalen sólo al 24 .6 por ciento.


Para cumplir con la protección de los mexicanos en Estados Unidos, la Sección Consular de la embajada mexicana desplegó cinco programas: el de Trabajo 2008 en Asuntos Consulares y de Comunidades Mexicanas, para el que erogó 24 mil 241 dólares; el de Ámbito Jurídico, al que destinó 18 mil 613 dólares; el de Asistencia Jurídica para Casos de Pena Capital y de Asesorías Legales Externas, a los que aportó un pago parcial de 18 mil 613 dólares, y el de Protección a Mexicanos 7502, que comprende el rubro “Gasto por servicio de traslado de personas”, al que proporcionó 169 mil 835 dólares.


Estos programas sumaron un total de 212 mil 690 dólares, de acuerdo con el Sistema para la Gestión Programático Presupuestaria de las representaciones en el exterior de la Sección Consular Washington. La ASF no explica el destino del resto de los recursos asignados, unos 652 mil 748 dólares. En su informe, la ASF explica que en el ejercicio fiscal de 2008 se expidieron en esa Sección aproximadamente 4 mil 166 documentos consulares diarios, por los que se obtuvo un monto aproximado de 228 mil 641 dólares.


Secretos bajo llave


A pesar de que en su dictamen el informe de la ASF considera que, “en términos generales”, durante 2008, la SRE “cumplió con las disposiciones normativas”, los ciudadanos mexicanos no tienen acceso a un número indeterminado de expedientes que la SRE clasificó como reservados y que pertenecen a la Subsecretaría para América del Norte.


Tan sólo la Dirección de Protección y Asuntos Consulares clasificó como reservados 10 expedientes sobre política exterior. Otros más, cuyo número de archivo figura hasta dos veces más, podrían repetirse en el Índice de Expedientes Reservados de esa dependencia, pues ya no se les asigna un nombre que permita identificar la materia que tratan.


La Dirección General para América del Norte tiene 18 expedientes reservados sobre política exterior. Los expedientes 210-02 y 310 ostentan el rubro “Negociaciones en curso”, por lo que están clasificados por seis años; los expedientes 220 y 700, bajo el rubro “Asuntos fronterizos”, se clasificaron por 10 años. El expediente 350-01, con el rubro “Negociación, adopción y firma de tratados y acuerdos interinstitucionales”, se clasificó por tres años.


La información relativa a visitas de Estado y oficiales de los expedientes 312-01 y 312-09 se reservó por seis años; las visitas de cancilleres, oficiales y de trabajo a las que se refieren los expedientes 312-02 y 312.14 también se reservaron por seis años; lo mismo sucede con el expediente 312-18, relativo a visitas a nivel subsecretario.


Los asuntos consulares y de protección que tratan los expedientes 710, 720, 740, 750, 760 y 790 están reservados; también los expedientes 730 y 790, bajo el rubro “Asuntos migratorios”, aunque por el tiempo máximo que permite la ley: 12 años.


A su vez, la Sección Mexicana de la Comisión Internacional de Límites y Aguas México-Estados Unidos mantiene en reserva siete expedientes. El archivo 220, bajo el rubro “Aplicación de tratados de límites marítimos”, está clasificado hasta 2016; otro expediente con el mismo número, aunque figura con el rubro “Negociaciones de límites marítimos y terrestres”, tiene el mismo periodo de reserva, igual que el expediente 457-01.





Historial de una relación


Las relaciones diplomáticas entre México y Estados Unidos comenzaron en septiembre de 1822, cuando el entonces Imperio Mexicano, bajo la gestión de Agustín de Iturbide, designó al consejero de Estado honorario José Manual Zozaya y Bermúdez como su enviado extraordinario y ministro plenipotenciario ante Washington, quien presentó sus cartas credenciales ante el presidente estadunidense James Monroe.


En enero de 1828 se celebró la convención para definir los límites territoriales entre ambos países, que fue ratificada en 1836 por los Congresos de ambas naciones. Ese mismo año, comenzó el movimiento separatista de Texas; los representantes de México ante Washington conminaron al gobierno de aquel país a respetar los límites territoriales y la soberanía de México.


Entre 1840 y 1842, por motivos económicos, el gobierno mexicano no estuvo representado en Estados Unidos. Joaquín Velázquez de León fungía como encargado de Negocios y lo relevó Juan N Almonte, quien se mantuvo hasta marzo de 1845. Cuando Texas se adhirió a Estados Unidos, surgió el enfrentamiento militar y las relaciones diplomáticas se interrumpieron. En 1847, cuando el país perdió casi la mitad de su territorio, se firmó el Tratado de Guadalupe Hidalgo y las relaciones se restablecieron en junio de 1848.


Durante la intervención francesa, Matías Romero Avendaño fue secretario de la Legación en 1859, y de 1863 a 1867 se desempeñó como enviado extraordinario y ministro plenipotenciario. El 5 de diciembre de 1898, el presidente mexicano Porfirio Díaz y el mandatario estadunidense William Mckinley elevaron al rango de embajada la antigua Legación de México en Washington. Porfirio Díaz designó a Matías Romero Avendaño como el primer embajador de México en Estados Unidos. Ese nombramiento no se formalizó por su fallecimiento.


En 1914, la embajada se cerró cuando las fuerzas estadunidenses irrumpieron en el puerto de Veracruz; se reabrió en 1915. (NE)



Rigurosa vigilancia


El 5 de diciembre de 2008, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), a través del Órgano Interno de Control, envió a la embajada de México en Estados Unidos y a la Sección Consular un cuestionario sobre evaluación de riesgos, para que identificara la probabilidad de ocurrencia de 48 factores de peligro. Un factor de riesgo que identificó esa sede diplomática fue la antigüedad de los empleados auxiliares.


Explica que debido a esa circunstancia, frecuentemente el ambiente de trabajo se ve afectado por factores como “resistencia a los cambios, se crean vicios, se fomenta la formación de grupos, la contratación de familiares o amigos”. Agrega que estos empleados “crean derechos que repercuten en posibles demandas contra la SRE”.


Otro factor de riesgo frecuente lo representa el bajo aprovechamiento de los sistemas informáticos derivado de la falta de capacitación del personal. También se admite que, “al menos una vez”, ha ocurrido la posibilidad de riesgo en el control presupuestal, específicamente la inconsistencia en los reportes del Sistema para la Gestión Programático Presupuestaria en las partidas y subpartidas que genera el propio sistema.


La posibilidad de “extravío” de bienes muebles en la embajada se redujo al reforzar las medidas de control y registro de inventarios. Esas acciones se tomaron luego de que en 2006, durante el levantamiento físico del inventario, se detectó el extravío de 35 bienes muebles.


El “Informe de la auditoría al desempeño de la embajada de México ante Estados Unidos” constató que la embajada está resguardada por mecanismos de seguridad que restringen el acceso a sus instalaciones; todo el personal está acreditado y tiene una clave de ingreso. Asimismo, las visitas deben registrarse con el responsable de la seguridad del inmueble. También un sistema de vigilancia monitorea la afluencia de quienes acuden a solicitar algún servicio a la Sección Consular.


El área de archivo tiene un sistema para clasificación, registro y ubicación de la información que se genera en esa representación y posee una relación de 7 mil 336 expedientes, de los que se seleccionaron seis durante la auditoría. Para resguardar la información y documentación, se utilizan sistemas informáticos, como el Sistema de Protección Consular, que procesa información sobre casos de protección a mexicanos; el Sistema Integral de Administración Consular; el que expide pasaporte o certificado de matrícula consular de alta seguridad, el que expide visas o permisos a extranjeros, y el del Sistema de Recaudación Consular. (NE)

Fuente: Contralínea
Difusión: AMLOTV

Adolfo Sánchez, asesinato impune



Secuestrado, torturado y acribillado, así murió Adolfo Sánchez Guzmán, el joven corresponsal de Televisa en la zona centro de Veracruz. Después de su muerte, fue vilipendiado por su medio de comunicación y por las autoridades: en cuanto el caso dejó de publicarse en la prensa, liberaron a los supuestos autores intelectuales


Ana Lilia Pérez / David Cilia, fotos / enviados


Nogales, Veracruz. “Adolfo Sánchez Guzmán fue un joven periodista con una meteórica carrera que lo colocó como corresponsal de la televisora más importante del país. En diciembre de 2006 murió en un accidente automovilístico y la cadena de televisión pagó con honores su dedicación y rindió culto a su memoria”. Ésa es la idea que Adylen Sánchez guarda de la vida y muerte de su padre, la versión que le construyeron los tíos y abuelos, verdades a medias para mitigar las llagas en su pequeño corazón herido.


Así que la tarde en que la dulce Adylen, envuelta en su uniforme de colegiala, sorprende a los reporteros en la sala de la casa charlando con su tío Alfredo, la abuela Juana y la bisabuela Teresa, rápidamente son ocultadas grabadoras y cámaras y de súbito se cambia la conversación.


Naturalmente le inquieta la presencia de extraños: los mira con duda y un gesto de recelo, preguntándose quizá por qué observan con tal atención el collage que devela la corta línea de la vida de su padre –desde su nacimiento hasta la graduación–, en un conjunto de fotografías bañadas con acrílico. Pero Adylen no pide ni da explicaciones, sólo mira y calla, con un temple poco usual para sus 12 años, el mismo que demostró el día en que con una seriedad absoluta le preguntó a su tío Alfredo “¿qué se siente tener un balazo en la cabeza?”; a él en cambio se le heló la sangre. A medida que se acerca a la adolescencia, las mentiras piadosas para Adylen parecen perder sentido.


El 30 de noviembre de 2006, Adolfo Sánchez Guzmán, joven periodista de 31 años de edad, corresponsal de Televisa en la región centro de Veracruz (cubría los municipios de Orizaba, Córdoba, Río Blanco, Nogales y Ciudad Mendoza), reportero de Xhora Stereo y colaborador de las páginas de internet www.enlaceveracruz212.com.mx y Orizaba en Vivo, fue encontrado muerto en los márgenes del Río Blanco, en el municipio de Nogales. Su cadáver yacía boca abajo vestido de jeans color azul, playera roja, cinturón negro, zapatos cafés y calcetas blancas; tenía la mano izquierda extendida, el brazo derecho doblado y la mano en la frente. Huellas de tortura y dos balazos, uno de ellos en la cabeza.


A 100 metros yacía otro cuerpo: robusto, vestido también con jeans de mezclilla, playera azul a cuadros, zapatos negros; hematomas y sangre en el rostro, identificado posteriormente César Martínez López, alias el Pollo, la última persona con quien se le vió a Adolfo antes de su desaparición. El dictamen forense indica que, cuando su cuerpo fue encontrado, Adolfo tenía entre 15 y 18 horas sin vida, es decir, que permaneció más de 30 horas en poder de sus captores, a merced de sus torturas físicas.


El impetuoso reportero investigaba a las bandas dedicadas a los robos de camiones de carga y tráileres en la región de Córdoba y Orizaba, áreas clave para el trasiego de mercancías entre el sureste, el Golfo y la zona centro del país; ruta de traslado para todo tipo de mercancías, y particularmente, para el transporte de diésel, gasolina y combustóleo extraídos de manera legal, y, también, los ordeñados ilegalmente a los ductos de Petróleos Mexicanos. Desde hace años, dicha zona se convirtió en un punto de asaltos frecuentes a cualquier hora del día a manos de la delincuencia organizada, la que durante meses Adolfo tuvo en la mira de sus indagatorias periodísticas.


Horas de angustia

Antes de las siete de la mañana, ya estaba de pie. La mañana del martes 28 de noviembre, Adolfo siguió la misma rutina al igual que todos los días desde que su hija Adylen ingresó a la escuela primaria. Como padre soltero, se repartía su tiempo entre el reporteo diario y el cuidado de la niña. Hacia la una de la tarde estaba de regreso por la chiquilla y juntos recogieron a la abuela Juanita en la escuela donde daba clases. Comieron juntos. Adolfo salió a las 17:30 horas. Ni su mamá ni Adylen volverían a verlo.


El 29 de noviembre, su padre, Adolfo Sánchez Hernández, denunció ante las autoridades judiciales la desaparición de su hijo Adolfo. Hacía una semana que en el puerto habían asesinado al periodista Roberto Marcos García (Contralínea 180), de manera que el que Adolfo no llegara a casa en toda la noche y tampoco contestara su celular alarmó a sus padres. La desaparición fue ampliamente difundida por medios de comunicación y organizaciones de defensa de periodistas nacionales e internacionales.


Desde su sede en Francia, la organización Reporteros Sin Fronteras lanzó una alerta donde subrayaba su “alarma” por el tercer comunicador desaparecido en México en 2006, año en que, según Reporteros Sin Fronteras, el país se convirtió en el más peligroso del mundo para ejercer el periodismo. Los dos periodistas desaparecidos eran Rafael Ortiz Martínez, del diario Zócalo de Monclova, el 8 de julio de 2006, y Guevara Guevara Domínguez, editor del semanario Siglo 21, con sede en Oxnar, California, Estados Unidos, el 8 de octubre de 2006, entre Durango y Chihuahua.


A propósito del negro panorama que enfrentaba la prensa en México, Reporteros Sin Fronteras envió una carta al presidente Felipe Calderón, recién llegado a Los Pinos, en la cual le advertía que su mandato “se inicia con un balance de la libertad de prensa nunca igualado en un país del continente latinoamericano, aparte de Colombia que está en guerra. Aunque todavía no está comprobado que la desaparición de Adolfo Sánchez Guzmán esté relacionada con sus actividades periodísticas, su familia teme que haya sido víctima del crimen organizado, que acostumbra a secuestrar. Ahora más que nunca, la defensa de la libertad de prensa pasa por la lucha contra la criminalidad organizada.


Desde que su padre denunció la desaparición, se subrayó la profesión de Adolfo, sin embargo, la Fiscalía Especial de Delitos contra Periodistas de la Procuraduría General de la República no hizo gestión alguna para su localización, ni lo haría posteriormente en las indagatorias judiciales, pese a los señalamientos de organizaciones internacionales de defensa de periodistas que conminaban al gobierno a actuar de manera pronta para salvaguardar la integridad de los periodistas y, con ello, la libertad de expresión.


A propósito del caso de Adolfo Sánchez Guzmán, Gonzalo Marroquín, presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), expresó la preocupación de la SIP de que “en México los periodistas estén a merced de la violencia que despliega el crimen organizado y cuya impunidad aumenta los niveles de autocensura de los medios en detrimento del público a la información”. Agregó que las autoridades “deben comprender que la información y el ejercicio periodístico son eslabones esenciales de la democracia”.


En sólo 11 meses habían sido asesinados siete periodistas y uno más había desaparecido: Roberto Marcos García (21 de noviembre), José Manuel Nava Sánchez (16 de noviembre), Misael Tamayo Hernández (10 de noviembre), Bradley Roland Will (27 de octubre), Enrique Perea Quintanilla (9 de agosto), Ramiro Téllez Contreras (10 de marzo) y Jaime Arturo Olvera Bravo (9 de marzo), y la desaparición de Rafael Ortiz Martínez el 8 de julio de 2006.


Con mucha influencia en el gabinete de Fidel Herrera Beltrán, cuando la familia reportó la desaparición de Adolfo, el gobierno del estado coordinó un amplio operativo que involucró a diversas corporaciones policiacas, numerosos elementos y la búsqueda de la policía montada, y otras, por aire. La familia debió sujetarse a las recomendaciones de la policía: seguir la rutina como si no pasara nada. Si era secuestro, les dijeron, pronto pedirían rescate. Pero no hubo llamadas.


El miércoles 29 de noviembre, durante la búsqueda, elementos de la Policía Ministerial localizaron el automóvil Volkswagen Sedan verde con la matrícula XYJ6514, el mismo que Alfredo regaló a Adolfo para su uso personal. Estaba con las puertas abiertas y con las llaves puestas en el dispositivo de encendido. No había rastros de violencia, salvo que las puertas estaban de par en par. De Fito, dijeron las autoridades, no había ni huella.


El jueves, a las 15:30 horas, Jesús Arturo Fernández del Campo, titular de la Delegación Regional de Seguridad Pública, con base en Ciudad Mendoza, recibió la llamada de un niño que le informaba que a orillas del Río Blanco, en los Viveros Forestales de la Colonia El Águila, había un cuerpo tirado. Un grupo de la Secretaría de Seguridad Pública llegó al lugar y encontró el cadáver de César Martínez López. Más al fondo, entre los matorrales, yacía el de Adolfo.


En un santiamén, aquel paraje se llenó de funcionarios: el subprocurador de Justicia en la zona centro, Miguel Mina Rodríguez; el coordinador Regional de la Policía Ministerial, Normando Bustos Bertheau; el comandante de la Ministerial, Norberto Portilla; los comandantes de las policías preventivas de Ciudad Mendoza y Nogales. Luego llegaron Alfredo y Felipe. Una valla humana les impidió acercarse.


—¡Déjenme verlo, sólo déjenme verlo y ya me voy! ?suplicó Alfredo.


—Mejor no –le dijo una voz.


—¿Por qué?


—No vas a querer ver cómo quedó, mejor así, guárdate la imagen de tu hermano.


—¡Déjenme, sólo lo veo y ya!

La valla abrió paso. Alfredo se acercó hasta donde yacía su hermano mayor, el más querido, el orgullo de la familia, quien se codeaba con políticos y funcionarios: ¡con el mismísimo gobernador! Alfredo pensó en las travesuras de niños, las correrías de adolescentes, los sueños de Adolfo, la necedad de ser periodista y entregarse en vida al oficio; todo él reducido a un cuerpo inflado por los primeros rasgos de la descomposición y las evidentes huellas de horas a merced de sus verdugos.

—¡Ya estuvo!, hagan su trabajo para que podamos enterrarlo –musitó Alfredo. Dio la vuelta y apretó el paso. Recordó que apenas el lunes habían cenado juntos en una taquería de Tierra Blanca, y que infructuosamente le insistió a Adolfo que lo acompañara a Jalapa. En busca de una explicación, Alfredo hacía 1 mil conjeturas; relacionó incluso que de regreso de Jalapa intempestivamente su camioneta se detuvo enmedio de la carretera, y que debió esperar 20 minutos para continuar su camino; hizo cálculos, era la misma hora en que Adolfo recibió el tiro de gracia.


El dolor de la impotencia

El velorio de Adolfo Sánchez Guzmán, Fito, como le llamaba todo mundo, dejó huella en esta región centro del estado porque reunió a gente de todas clases sociales y de las diversas ciudades y rancherías vecinas. Cuando el féretro llegó a la casa de la abuela, el amplio portal fue insuficiente para albergar a los dolientes, de manera que la avenida Juárez, la que comunica Nogales con Ciudad Mendoza, tuvo que ser cerrada por patrullas de Seguridad Pública.


Los días de diciembre son gélidos en Nogales, entre las ráfagas de viento que arroja el Pico de Orizaba y el frescor de la espesa flora del Parque Nacional Cañón de Río Blanco. No en balde el municipio se encuentra enclavado en un valle rodeado de montañas escarpadas en la región centro de Veracruz, donde abundan lo árboles de nogal y donde yace aún en el imaginario popular el legado del primer ingenio que operó en el continente americano.


El segundo día de aquel diciembre, Adolfo fue sepultado en el panteón municipal Benito Juárez. Un cortejo fúnebre, encabezado por su hija Adylen, lo acompañaba; el resto, familiares, amigos, funcionarios, políticos y compañeros de los diversos medios de comunicación en los que el reportero colaboró. Ni una sola nota de condolencias del consorcio televisivo. La ofensa, sin embargo, sería posterior, cuando los directivos dijeron que Adolfo ya no era su corresponsal.


La familia dice que nunca hubo un despido, que fue un argumento de la televisora para no involucrarse en la investigación del crimen de su reportero, borrando de tajo toda relación laboral. “Él seguía con Televisa, nunca lo despidieron. ¡Mire, aquí está su chaleco! ¡Aquí está su credencial!, muestra Juanita.


—¿Qué hizo Televisa cuando lo mataron?


—El tenia cinco días que estaba de vacaciones, sus primeras vacaciones, pero Televisa dice en ese momento estaba de baja; eso para lavarse las manos, yo creo. No dieron la cara por su reportero, nunca reclamaron nada, mejor dio la cara EnlaceVeracruz212.com.mx y Oristereo; mejor ellos dijeron “él trabajaba conmigo, él era mi colaborador”.


El periodista César Augusto Vázquez, director de EnlaceVeracruz212, un portal de internet con una amplia barra informativa y corresponsales en todas las regiones de Veracruz, dice que Televisa desconoció a Adolfo como corresponsal ante la versión de diversas autoridades locales de que el reportero estaba involucrado con la mafia, pero que tanto él como los directivos de Oristereo acreditaron su trabajo y presionaron también a que la Comisión Estatal para la Defensa de los Periodistas abriera una indagatoria del caso.


Adolfo Sánchez Guzmán ejercía el periodismo desde sus años como estudiante universitario. Trabajó en el periódico Política de Jalapa, luego en el Gráfico; después ingresó a Telever, filial de Televisa, donde se estrenó como reportero cubriendo “la barrancada”, el deslave que en junio de 2003 destruyó cientos de viviendas y dejó miles de damnificados y muertos en los municipios de Maltrata, Ciudad Mendoza, Nogales, Río Blanco y Orizaba.


Acariciando la idea de “salir a cuadro en los noticieros de Joaquín López Dóriga o Carlos Loret de Mola”, se afanaba en sus investigaciones, aunque su salario de 1 mil 500 pesos quincenales no era muy estimulante.

“Su papá quería que fuera ingeniero, pero él siempre tuvo la inclinación por el periodismo, desde muy jovencito – rememora su mamá, profesora de educación primaria durante más de tres décadas–. ¿Riesgos? Sí, nosotros sabíamos de los riesgos porque escuchábamos toda la información que él difundía, pero a él no le interesaba porque estaba entregado a su trabajo, le ponía mucho empeño y gran pasión.


“¿Amenazas? Sí, hubo varias, y también represalias, algunas veces su carro apareció pintado con pintura de aceite blanca, otro día apareció con ácido; quizá era gente molesta por la información que él sacaba.


“Me quedó muy grabado un caso que él documentó: un muchacho que vino de Estados Unidos para investigar qué había pasado con su hermanita que vivía en Río Blanco y los vagos la violaron y la mataron. Contactó a Adolfo; llegó a Río Blanco para investigar, y a él también lo encontraron muerto días después. Su pie fue arrancado con todo y zapato. Adolfo sacó su caso aun con los riesgos.”


Crimen “circunstancial”

La lógica oficial en muchos de los crímenes o desapariciones de periodistas que las autoridades usan como pretexto para omitir hacer investigaciones serias es incriminar a los comunicadores en ilícitos, pues con el desprestigio a cuestas, ni siquiera el gremio levantará la voz para demandar justicia.


El de Adolfo Sánchez Guzmán es uno de estos casos. Como refiere el periodista César Augusto Vázquez, después de su asesinato las autoridades difundieron la versión de que estaba “implicado” con las bandas de robo de tráileres, pero nunca aportaron un solo dato o evidencia. La familia en cambio exigió que se probaran esos dichos, que se evidenciara la vida que llevaba Adolfo con una cuenta de ahorros en cero, un pedazo del techo familia para él y su hija, y un automóvil regalado por su hermano Alfredo.


También se argumentó que, en realidad, sus asesinos buscaban ejecutar a su acompañante César Martínez López, alias el Pollo, un supuesto exconvicto, quien había permanecido preso en el reclusorio de Cancún, Quintana Roo, por los delitos de robo y lesiones. De manera que Adolfo había sido sólo una víctima “circunstancial”, pues “estaba en el lugar y el momento equivocado”, ello según el expediente 839/2006, integrado por la Procuraduría General de Justicia del estado.


El 4 de diciembre de 2006, la Policía Ministerial de Veracruz detuvo a los hermanos Carlos y Julián Rosas Palestino, de 30 y 34 años de edad, originarios de la comunidad San Antonio Soledad Cañada, en el estado de Puebla, avecindados en el número 33 del Camino Nacional, en el municipio de Río Blanco, propietarios de varios camiones para el transporte de carga. Se les imputó la “autoría intelectual” del crimen contra Adolfo. Supuestamente “ordenaron matar a César por haberles robado un camión y tomaron venganza porque no les hizo justicia la autoridad, y lamentablemente Adolfo estaba en el lugar equivocado, por eso lo mataron con un motivo distinto a su profesión, difundió la Procuraduría.


En una feria de declaraciones que al tiempo despertarían más dudas que certezas, el coordinador regional de la Policía Ministerial, Armando Bustos Bertheau, dijo que la detención de los hermanos Rosas Palestino respondía a los señalamientos de 11 testigos que apuntaban a una supuesta venganza, pues el Pollo les habría robado varios camiones.


El subprocurador de Justicia de la zona centro del estado, Miguel Mina Rodríguez, declaró a Notimex que el móvil del asesinato fue el robo de un tráiler que sufrieron los hermanos Juan Carlos y Julián Rosas, “por el cual iban a ejecutar a el Pollo y, lamentablemente”, por alguna circunstancia, el periodista Sánchez Guzmán se encontró en el lugar equivocado: “La muerte de Adolfo Sánchez fue circunstancial ya que no estaba implicado con el robo del tráiler, como César González alias el Pollo, por lo que estuvo en el lugar equivocado la noche del jueves 30 de noviembre”.


Con la consignación de los Rosas al Centro de Readaptación Social de Orizaba, el subprocurador de Justicia de la zona centro, Miguel Mina Rodríguez, aseguró que el asesinato de Adolfo quedaba resuelto. Sin embargo, para la familia había muchos hilos sueltos que pronto habrían de romperse, develando la farsa en la investigación.


El mismo día en que sepultaron a Fito, entre un intenso olor a nardos que impregnaba la casa de la abuela, reunidos en la sala, la familia pactó no exigir, tampoco indagar, tragarse la impotencia y su dolor, resueltos de que la rabia que provoca la impunidad les impediría vivir su duelo. Tres años después, en esa misma estancia, sobre los mismos sofás en los que lloraron la muerte de Adolfo, rompen el pacto para detallar a Contralínea las irregularidades que percibieron en la investigación desde aquel 28 de noviembre de 2006, cuando denunciaron la desaparición del reportero.


“Primero me llamó el subsecretario de Gobierno, hoy diputado, Héctor Yunes Landa. Era muy amigo de Adolfo. Le dije: ‘oye, cabrón, Fito está desaparecido’. El gobernador estaba en Cuba, me llamó y me dijo que todas las corporaciones policiacas lo buscarían. Y sí, en un rato llegó la policía montada, aérea y terrestre. No pasó nada.”


Alfredo explica un detalle que alude a irregularidades desde el operativo de “búsqueda”: ubicaron el carro, pero no encontraron a Adolfo, aunque lo buscaron por tierra y aire. “Veintitantas horas después, el cadáver apareció a menos de 100 metros de donde hallaron el vehículo…


“¡El cadáver estaba a menos de 100 metros! ¿Acaso son tan pendejos que cuando buscaran a mi hermano no vieron si estaba allí? ¿O son tan estúpidos o nos quisieron engañar y ellos sabían quién mató a mi hermano? Significa que a los muertos los andan paseando y después los tiran”. Significa también que, cuando las corporaciones policiacas iniciaron la búsqueda de Adolfo Sánchez, aún estaba con vida, pues, según los dictámenes forenses, su muerte habría ocurrido entre las dos y cinco de la mañana del 30 de noviembre.


Alfredo habla de la supuesta amistad entre Adolfo y César Martínez López, el Pollo, mediante la que las autoridades estatales pretendieron vincular al periodista con la mafia. El joven dice que no existía tal amistad:


“A César Martínez lo conocí unos 30 días antes de que apareciera muerto con mi hermano. Adolfo me dijo que ese muchacho estaba viendo lo de unos terrenos que alguien no se los quería devolver, pero no era su amigo.”


—¿Te comentó tu hermano qué estaba investigando?


—Nunca hablábamos de sus notas, aunque nosotros nos dábamos cuenta. Estaba investigando los asaltos de tráileres, estaba documentando los robos de tráileres en la zona de San Cristóbal y Vicente Guerrero. El trabajo periodístico es muy difícil, las situaciones de violencia se han incrementado mucho en el estado de Veracruz; hay muchas personas que asesinan por nada, no sé qué está pasando. A tres años, no estoy conforme pero tampoco hice algo para exigir al gobierno de Veracruz una respuesta.


—¿Creíste que el gobierno iba a resolver el crimen?


—Sí, creí que el gobierno de Veracruz iba a resolver esta situación porque yo me jacto de la amistad del gobernador, yo confié en él, en la Procuraduría, por eso cuando me dijeron ellos son los ‘intelectuales’, dije pues son, y les echaron 32 años. Uno salió a los tres, otro apenas hace unos meses. ¿Por qué salieron? No sé. Me enteré por el periódico cuando dijeron ‘liberan a asesinos de Fito’.


—¿Crees que a tu hermano lo mataron por lo que investigaba?


—Él estaba investigando a unos asaltantes. La versión que me dio el gobierno del estado es que estaba en el momento menos indicado con la persona no adecuada. Para nosotros, la hipótesis no era aceptable.


Alfredo refiere que un día de 2007, de un mes que no atina a recordar, lo llamaron las autoridades para que otorgara el perdón a los supuestos autores intelectuales del asesinato de su hermano: “¿Perdón? Y yo por qué si yo no he hecho alguna acusación sobre estos señores; ustedes son los que dicen que ellos son los asesinos de mi hermano, y ustedes mismos dicen ahora que quieren que yo les dé el perdón. Ustedes son la autoridad, hagan su trabajo. Si ellos mataron a mi hermano, hagan ustedes lo que proceda. Para la familia era demasiado dolor y queríamos vivirlo solos.”


El 18 de diciembre de 2007, el juez tercero de lo Penal de Pacho Viejo sentenció a Juan Carlos Rosas Palestino, como autor material, a 23 años de prisión y a la reparación del daño por 73 mil 296 pesos. En la misma sentencia, su hermano Julián, supuesto coautor material, fue absuelto “por falta de pruebas”. En noviembre de 2009, también Juan Carlos Rosas fue liberado.


El periodista César Augusto Vázquez, con quien colaboraba Adolfo, refrenda la tesis que difundió desde que los supuestos autores materiales del crimen fueron detenidos:


“Eran asesinos hechizos. Detuvieron a los dizques autores intelectuales, que siempre negaron su participación en el crimen del periodista y nunca nadie le preguntó a las autoridades ¿dónde están los asesinos materiales? Los homicidios de los periodistas son del crimen organizado y a los periodistas los mataron por saber y publicar sobre ellos. La sintonía de estos delincuentes va mas allá de la zona centro, sus influencias son muchas en todo el estado”.


El desligar los hechos de su actividad profesional fue la preocupación central del gobierno estatal. Prematuramente, el gobernador Fidel Herrera, “amigo” de la familia Sánchez, aseguró que el comunicador aparecería con bien y desligaba su desaparición con la actividad profesional. Luego, el procurador de Justicia del estado, Emeterio López Márquez, dijo que el móvil de la ejecución pudo ser la venganza.


En realidad nunca se siguió la pista de las indagatorias periodísticas que Adolfo realizaba acerca del modus operandi de las bandas de asaltantes en el corredor de Veracruz a Puebla, una de las zonas con mayor incidencia en asaltos y trasiego de mercancías ilegales, incluida la droga que se desembarca en el Golfo de México. La televisora también se abstuvo de seguir esas investigaciones. César Augusto Vázquez recuerda, por cierto, que por esos meses, “en la pugna de la Gente Nueva del Chapo contra Los Zetas, a Telever le fueron a tirar dos cabezas”.


El año en que Adolfo Sánchez fue asesinado, la Federación Internacional de Periodistas difundió un informe en el cual identificó a 2006 como “el más trágico para los medios de comunicación”, al morir 155 periodistas asesinados o en circunstancias no esclarecidas: 68 en la guerra de Irak, 37 en la región entre México y América Latina. De México, evaluó la Federación, “es el más peligroso para los comunicadores que cubren crimen y corrupción”, donde “la mayor parte de víctimas era periodista investigativo”.

Fuente: Contralínea
Difusión: AMLOTV

Envía López Obrador mensaje al pueblo de Veracruz: “Dante Delgado es la opción”



Envía López Obrador mensaje al pueblo de Veracruz: “Dante Delgado es la opción”
Acayucan, Veracruz
Domingo 16 de mayo de 2010



* Delgado Rannauro se caracteriza por su autoridad política y moral y es capaz de resistir cualquier embestida y guerra sucia en su contra, declara

* Confía en que los veracruzanos ya no se dejarán engañar el próximo 4 de julio, cuando vaya a emitir su voto.

De cara al proceso electoral para renovar la gubernatura, Andrés Manuel López Obrador envió un mensaje a sus “paisanos” veracruzanos: “Dante Delgado es la opción. Ya no se equivoquen, porque los aspirantes panistas y priistas, Miguel Ángel Yunes y Javier Duarte, son unos rufianes” y representan al mismo proyecto que es contrario a los intereses del pueblo de Veracruz.

A escasos dos meses de la contienda local, el presidente legítimo de México declaró que: “ya no más atole con el dedo” y aseguró que Delgado Rannauro se caracteriza por su autoridad política y moral y es capaz de resistir cualquier embestida y guerra sucia en su contra.

En una entrevista previa a una reunión de evaluación con integrantes de los comités municipales del centro y sur del estado, expresó a sus “paisanos” –los llamó así, porque su padre era veracruzano— que ya no le anden buscando por otro lado, porque el camino es Dante Delgado, quien a diferencia de los representantes de la mafia del poder, es decir, Yunes y Duarte, es un candidato con mayor experiencia y sensibilidad social.

A pesar de la basta propaganda a favor de los abanderados panista y priista, López Obrador confió en que el pueblo de Veracruz ya no se dejará engañar el próximo 4 de julio, cuando vaya a emitir su voto.

Posteriormente, hizo un análisis de la situación en que se encuentra esta entidad. Así lo resumió: “¡Miren cómo está Veracruz! Cada vez con más pobreza, desempleo, inseguridad, violencia y la gente sufre mucho”, pero no hay motivo alguno para seguir soportando a autoridades arbitrarias y corruptas, similares al gobierno de Fidel Herrera.

Al igual que en todo el país, en Veracruz hace falta un cambio verdadero. Por esa razón, “no se dejen engañar, ya es tiempo de decir: ¡ya basta! Y el primer domingo de julio se presentará la oportunidad de elegir a un gobernante, de la talla de Dante Delgado, que esté a la altura de los veracruzanos, puntualizó.

De los principales tres candidatos al gobierno estatal, Dante es el mejor, insistió al aclarar que no acompañaría a ningún acto de campaña a los aspirantes del tricolor y del blanquiazul, porque “corro el riesgo de que me roben hasta la cartera”.

En otro tema, los comunicadores le pidieron su opinión sobre la “desaparición” del panista Diego Fernández de Cevallos. Yo espero que se presente con vida a Diego”, manifestó.

Sin embargo, el presidente legítimo aseguró que el posible plagio de Fernández de Cevallos es fruto de la descomposición social que se ha extendido a todos los rincones de la geografía nacional.

Dicha situación se tradujo en violencia e inseguridad y ahora prevalece “un ambiente enrarecido y es muy lamentable lo que está sucediendo”, agregó.

Luego desechó la idea de que la violencia alcanzó ahora a la llamada clase política. Se trata, puntualizó, de un asunto de inseguridad en general, que no es exclusivo de los políticos.

Trajo a memoria que tan solo en cuatro años de gestión del presidente espurio, Felipe Calderón, han muerto alrededor de 23 mil seres humanos en hechos vinculados con el crimen organizado.

En las reuniones de evaluación que sostuvo este día con miembros de comités municipales del Gobierno Legítimo en Acayucan y Veracruz, destacó la necesidad de concretar en el 2012 un cambio real y verdadero de México y sus instituciones, porque consideró que la sucesión presidencial representa una oportunidad para lograrlo.

Para cristalizar la transformación de México, explicó que trabaja en la organización ciudadana, a través de comités municipales y territoriales.

En este sentido, llamó a integrantes del Gobierno Legítimo a participar de manera activa en las tres tareas fundamentales del movimiento que encabeza: crear un mayor número de comités territoriales y la inscripción de nuevos representantes del Gobierno Legítimo, así como el reparto, casa por casa, del periódico Regeneración, que se ha convertido en un instrumento para romper el cerco informativo y dar a conocer la verdadera situación en que se encuentra nuestro país.

Fuente: Gobierno Legítimo
Difusión AMLOTV