Sara Lovera López
saralovera@yahoo.com.mx
En México, como en los tiempos de los regímenes autoritarios y de facto, crece la idea de controlar el cuerpo de las mujeres a través de legislaciones que criminalizan el aborto. Además de 18 entidades que aprobaron dar derechos jurídicos al feto, en otros ocho existen iniciativas similares que están pendientes de resolución y en la Cámara de Diputados federal permanece la iniciativa impulsada por el gobernador de Veracruz, Fidel Herrera, para modificar la Constitución General de la República.
Se trata de una ofensiva orquestada desde la derecha, la jerarquía católica, las direcciones del PRI y el PAN, que avanzan gracias a la vergonzosa colaboración de diputados de todos los partidos, incluso de izquierdas, dependiendo del Congreso local que se trate.
Por ello, en diciembre pasado cuando mujeres de muchas entidades del país se habían movilizado, desgarrando su piel para contener la ofensiva, se firmó un Pacto por la vida, la libertad y los derechos de las mujeres, con participación de grupos civiles de 16 entidades del país, de mujeres feministas militantes y otras libres. La iniciativa fue vista con buenos ojos por algunas legisladoras federales que provienen del movimiento.
El 4 de febrero, las mujeres del pacto acudieron a la Cámara de Diputados a solicitar la intervención de las legisladoras para pedir que detuvieran la ofensiva. Ésa es la tarea de las legisladoras, actuar en los congresos, donde sus similares de todos los partidos políticos se sumaron, por ignorancia o por militancia, al embate contra los derechos de las mujeres.
Las integrantes del pacto han investigado. Encontraron que no sólo hay la modificación constitucional retrograda sino que muchas mujeres son perseguidas, procesadas, encarceladas y castigadas.
Ahora las legisladoras podrían averiguar, vía su investidura, entre las procuradurías y la instancia nacional de procuradores: ¿Cuántas mujeres están en la cárcel? ¿De qué se les acusa? ¿Cómo hacer su tarea para liberarlas? No admitir la injusticia ni la muerte por omisión debido al aborto clandestino.
No obstante, las legisladoras no han dado una respuesta. Es como si su investidura no sirviera. Las dirigencias, como la del PRI, se han tratado de justificar incluso hablando de democracia, olvidan que otorgar un derecho no obliga y sí salvaría vidas.
Sin duda, estas representantes populares tienen problemas con sus partidos, la ignorancia de sus compañeros y muchas de sus compañeras para entender los derechos de las mujeres, la urgencia de ampliar el aborto legal o de plano permitirlo –como en el Distrito Federal hasta las 12 semanas de la gestación– derecho definido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación como constitucional y apegado al artículo 4º. de la Carta Magna.
Lo más curioso, cosa que sucede también entre las funcionarias de los Institutos de las Mujeres a lo largo y ancho del país, es que se desmarcan de su responsabilidad principal y se mimetizan como ciudadanas libres, sin reconocer sus capacidades de integrantes del gobierno y del Estado.
Por respuesta y seguramente como acción ligada a los tiempos electorales, las mujeres del Partido de la Revolución Democrática llaman a formar una red de mujeres “para que luchen”, como si se tratara de ciudadanas demandantes. Lo grave es que esa red se llama igual que el pacto y confunde, puede hacer invisible la demanda de las mujeres; como el otrora partido de Estado, pretenden engullir a la organización de las ciudadanas libres a sus partidos o sus programas, sobre todo electorales.
Lo más complicado es que las legisladoras que pretenden actuar como ciudadanas comunes, de acuerdo a sus usos y costumbres, invitaron al gobernador de Chiapas a atestiguar su conformación. Y llamaron a que las feministas atestigüen su sesuda solución.
Pero resulta que el gobernador Juan Sabines Guerrero admitió una modificación en ese estado que es mucho más profunda que las otras, abarca mandatos en otras leyes y reglamentos que profundizan la ofensiva contra los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, en la entidad donde existe el mayor número de muertes maternas, entre otras razones por abortos clandestinos. ¿Se las va a acusar? ¿Ésta es la izquierda gobernante?
Además, lo mismo está sucediendo en Baja California Sur. Al menos una docena de legisladores de izquierdas lo han aprobado, es decir, integrantes del pacto político PRD/PT/Convergencia, sin considerar las nuevas alianzas electorales del PRD con el PRI en algunos casos y con el PAN, como en Oaxaca, donde las cifras de muertes maternas también rebasan nuestra inteligencia y la pobreza es enorme. ¿Cómo estar todas juntas con estos desatinos electoreros y partidarios?
Las pactantes llamaron a las legisladoras a hacer el trabajo que les corresponde; se niegan a ser testigas o partícipes de otro entramado de voluntades demandantes, que además, lleva el mismo nombre que el pacto.
La carta que está circulando está en manos de la presidenta de la Comisión de Equidad y Género, Leticia Quezada, y reitera las demandas para que en su ámbito las legisladoras actúen.
Reconocen las pactantes que “en esta lucha podemos y necesitamos ser aliadas contra la ofensiva derechista, pero requerimos mantener también la independencia que facilite que otros sectores se pronuncien desde sus propios espacios sin sentirse obligados a ser parte de una representación única”.
Ahora se pide a las legisladoras, dirigentes políticas y gobernadoras que el gobernador perredista de Chiapas si no puede vetar la retrógrada ley aprobada de manera espuria a finales de diciembre del año pasado, hacer otra iniciativa; aprobar la iniciativa de despenalización del aborto en Baja California Sur y exigir al gobernador el respeto por el carácter laico del Estado mexicano; sancionar a los legisladores que han obstaculizado la aprobación de esta reforma y a quienes han secundado las iniciativas que contravienen el derecho a la autodeterminación reproductiva.
También llaman a estas mujeres, aliadas indispensables a que trabajen por el avance en Michoacán –única entidad donde fueron derrotados los intentos regresivos–, Guerrero y Zacatecas en el reconocimiento a los derechos sexuales y reproductivos y despenalizar el aborto en el tenor que lo ha hecho el DF.
Dicen además que en Michoacán, Zacatecas y Guerrero –de izquierdas– ni siquiera existen lineamientos claros para acceder al aborto legal en los casos en que lo precisa el código penal.
Ello permitirá conjuntar los esfuerzos necesarios para realizar un diagnóstico nacional sobre la criminalización a las mujeres por abortar, por medio de las instancias encargadas, donde podrían trabajar las diversas comisiones camerales como Equidad y Género, Feminicidio, Salud y Presupuesto, para destinar recursos no para “consejería” sino para la defensa y liberación de mujeres presas por aborto u otros delitos imputados que se vinculan con esta situación, especialmente en Guanajuato, Puebla y Veracruz, donde se tiene información precisa de encarceladas, procesadas, en juicio y perseguidas.
Lo que sería, esa sí una venturosa actuación de uno de los poderes del Estado, como es el Legislativo.
Fuente: Forum
Difusión: Soberanía Popular
