México, D.F., a 21 de junio de 2012
PRONUNCIAMIENTO CONJUNTO
NINGUNO DE LOS CANDIDATOS NI LA CANDIDATA A LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
ESTÁN COMPROMETIDOS CON LA VERDAD, LA JUSTICIA Y CONTRA LA IMPUNIDAD EN EL PAÍS
La impunidad histórica sigue estando presente en el Estado mexicano
Tras doce años de alternancia de partidos en el país, no ha existido una
verdadera justicia para las víctimas
La sociedad civil organizada seguirá exigiendo verdad y justicia, reformas
jurídicas nacionales y aplicación de legislación internacional en materia de DH
así como reparación integral independientemente del candidato o candidata que
llegue a la Presidencia de la República
Las organizaciones y colectivos que suscribimos esta carta hemos
documentado a lo largo de las últimas cuatro décadas los delitos cometidos por
servidores públicos, emanados de una estrategia de terrorismo de Estado en
contra de las personas que disienten de los regímenes autoritarios y
antidemocráticos
Las desapariciones forzadas de personas, ejecuciones extrajudiciales,
torturas, allanamientos, encarcelamientos injustos en condiciones degradantes,
procesos judiciales amañados y otros tipos de hostigamientos por parte del
Estado han sido señalados y demostrados a lo largo de la historia. Inclusive,
la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, (CNDH), después de una pequeña y
mal hecha investigación, emitió la recomendación 26/2001 en la cual tuvo por
acreditados un número mínimo de casos dentro de este contexto de “guerra de
baja intensidad” o también mal llamada como “Guerra Sucia”. De 532 expedientes,
acredita 275 casos de desaparición forzada, cuando las organizaciones reportan
más de 810 casos de personas desaparecidos por el ejército mexicano, grupos
paramiliatres y cuerpos policiacos.
Al llegar Vicente Fox Quezada a la presidencia de México, tras más de siete
décadas de régimen priista, éste no cumplió con realizar los pasos tendentes a
la investigación de la verdad y el acceso a la justicia en el país. Pese haber
prometido durante su campaña que se instaurarían mecanismos para conocer la
verdad, otorgar sanciones a los responsables y reparar los daños a las víctimas
y familiares afectados, el propio Fox desconfió de los alcances de la “Fiscalía
Especial para la atención de hechos probablemente constitutivos de delitos
federales cometidos directa o indirectamente por servidores públicos en contra
de personas vinculadas con movimientos sociales y políticos del pasado”
(FEMOSPP).
En efecto, los magros esfuerzos realizados por dicha FEMOSPP han terminado
por caer, cerrarse y desaparecer junto con sus averiguaciones previas. Según
información solicitada vía IFAI por el Centro Prodh, de 570 denuncias recibidas
por esta Fiscalía no se ha obtenido ninguna sentencia condenatoria, no han
existido consignaciones de responsables que hayan derivado en proceso penal, se
han archivado alrededor de 150
averiguaciones previas y el resto se mantienen empolvadas en cajas dentro de la
Coordinación General de Investigación (CGI), adscrita a la Procuraduría General
de la República (PGR).
Durante el sexenio que está por concluir, nunca hubo una estrategia o
siquiera algún pronunciamiento concreto para continuar con las investigaciones.
La impunidad sigue siendo parte de la historia y de nuestro presente. No es
posible, entonces, concebir que México pretenda ser llamado un país democrático
cuando en la vía de los hechos esto no ha sido traducido en una real
transformación hacia la verdad, justicia y reparación integral.
Como familiares, organizaciones y colectivos, nos es igualmente preocupante
que en ninguna de las propuestas de campaña presentadas por los candidatos o la
candidata a la presidencia de la República mexicana se contemple el tema de la
verdad y la justicia en casos del “pasado” y del presente, así como el del
combate a la impunidad histórica y cumplimiento de los compromisos
internacionales en esta materia, a pesar de haber sentencias internacionales
contra el Estado mexicano.
Es por esta razón que hacemos un fuerte llamamiento a los candidatos y la
candidata al puesto de Ejecutivo federal a fin de que se comprometan con la
investigación de los delitos cometidos por parte de órganos de seguridad
pública y política del Estado mexicano en la época denominada como “Guerra
Sucia” y que éstas averiguaciones deriven en sanciones a los responsables,
reconocimiento a la verdad y reparación a las víctimas y sus familiares.
Es importante su compromiso en la promoción ante el Poder Legislativo de
las iniciativas de ley en materia de derechos humanos de acuerdo a lo más
avanzado del derecho internacional, entre ellas las que se refieren a la
desaparición forzada de personas y al acotamiento del fuero militar.
Las organizaciones de familiares así como demás
colectivos y organizaciones que trabajan el tema, seguiremos exigiendo
justicia. En la medida en que se evite postergar la justicia con la impunidad
de estos casos se podrán evitar nuevos abusos cometidos por las fuerzas
públicas y de seguridad del Estado mexicano, o bien por grupos o individuos que
actúen bajo la aquiescencia de éste.
Cualquiera de los candidatos o candidata que llegue a la presidencia de
México deberá comprometerse con la verdad, la justicia y la memoria histórica
del pueblo mexicano, otorgar los mecanismos adecuados para un auténtico acceso
a la justicia y facilitar los mecanismos de reparación para las víctimas y sus
familiares, de acuerdo a los más altos estándares internacionales de derechos
humanos.
Atentamente,
Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Víctimas de
Violaciones de Derechos Humanos en México (AFADEM-FEDEFAM)
Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh)
Centro Diocesano para los Derechos Humanos Fran Juan de Larios
Comité de Madres de Desaparecidos Políticos de Chihuahua
Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia
Fundación Diego Lucero
Nacidos en la Tempestad
Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos
para Todas y Todos (REDTDT)
Unión de Madres con Hijos Desaparecidos de Sinaloa
