CONSTITUCIONAL, PRINCIPAL OBSTÁCULO DE LA INICIATIVA ENERGÉTICA
El emérito de la FD de la UNAM, Raúl Carrancá, mencionó que aunque se “alegue” que se pretende salvar y apoyar en forma financiera a Pemex, el problema es de orden legal
“El petróleo no es una simple propiedad, es patrimonio de la nación y de su pueblo; no es un mineral inerte: Adolfo Gilly, profesor de la FCPyS
Arnaldo Córdova, emérito del IIS, dijo que la reforma no busca modernizar a Pemex
El profesor de la FCPyS, Juan Carlos Velázquez Elizarrarás, consideró que en el manejo de los recursos energéticos se requiere una visión de Estado y no de mercado
El obstáculo de la reforma energética es de carácter jurídico y constitucional, aunque se “alegue” que se pretende salvar y apoyar en forma financiera a Petróleos Mexicanos (Pemex), advirtió el profesor emérito de la Facultad de Derecho de la UNAM, Raúl Carrancá y Rivas.
En la mesa Consecuencias políticas, jurídicas y sociales de la reforma petrolera, del Debate Universitario sobre la Reforma Energética, resaltó que se ha discutido sobre la imperiosa necesidad de ayudar a la paraestatal por el bien de México, pero el asunto es que no pueden tener cabida contratos y concesiones, porque el artículo 27 constitucional, en el párrafo sexto, precisa de manera categórica y terminante esta prohibición.
De esta manera, subrayó, si estorba el 27 constitucional que se adecue o se retire, pero no se quiere hacelo a través de un procedimiento plagado de subterfugios, en la ley reglamentaria, “que afecte la estructura normativa y la viole”.
La penúltima mesa del Debate, fue moderada por el director del Centro de Ciencias de la Atmósfera (CCA), Carlos Gay García, y como relator fungió el director de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales (FCPyS), Fernando Castañeda Sabido.
En un concurrido auditorio Alfonso García Robles del Centro Cultural Universitario Tlatelolco (CCUT), el profesor de la FCPyS, Adolfo Gilly Malvagni, aseguró contundente que: “el petróleo no es en México una simple propiedad, es un patrimonio de la nación y de su pueblo; no es un mineral inerte, es herencia común y trabajo objetivado y acumulado por generaciones, y todo eso es ignorado en la propuesta”.
El académico recordó que hace 70 años se hacía una colecta popular para pagar la indemnización del hidrocarburo y hoy se discute una propuesta que no es aceptada en los debates públicos.
Asimismo, mencionó que éste es el peor momento para aplicar la reforma, porque, ante la crisis financiera mundial, hoy más que nunca el petróleo es un recurso estratégico, sobre todo ahora que Estados Unidos cambia su rumbo político y existen guerras no declaradas en el mundo. De aprobarse la iniciativa, remató, se pondrá en riesgo la economía y la situación política y social de la nación.
Por su parte, el emérito del Instituto de Investigaciones Sociales (IIS), Arnaldo Córdova Córdova, sostuvo que la reforma energética que se propone no busca modernizar a Pemex, sino mantenerla como ha sido hasta ahora, “una fuente de financiamiento pública que llega al 40 por ciento del total de los ingresos fiscales del Estado”.
Por ello, consideró que la iniciativa es una auténtica reforma fiscal que sigue ausente, porque la participación tributaria del poder público cubre apenas el 11 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB), mientras que en otros países de América Latina rebasa el 30. Brasil tiene más del 36 por ciento, y las naciones desarrolladas llegan casi al 50 por ciento o incluso más, como en Dinamarca.
El 11 por ciento de la recaudación fiscal, aclaró, no proviene de las grandes empresas. Éstas no pagan, debido a múltiples estímulos, deducciones, consolidaciones y prebendas; las contribuciones proceden de los “bolsillos de los causantes cautivos”. En cambio, Pemex podría financiar su gasto con recursos propios si se le dejara usar los ingresos que se han congelado en el fondo de seguridad, que suman más de 15 mil millones de dólares.
El profesor de la FCPyS, Juan Carlos Velázquez Elizarrarás, consideró que en el manejo de los recursos energéticos se requiere, una visión de Estado y no de mercado, porque nunca la ha habido; no obstante, las cinco iniciativas propuestas son una manera de reaccionar abruptamente a los oleajes especulativos del capital mundial.
Aunque la iniciativa no lo establece, manifestó, es necesario reunificar nuevamente a Pemex, otorgarle autoridad de gestión, y establecer claramente qué va a pasar con el Instituto Mexicano del Petróleo y la investigación que ahí se realiza.
Mientras no se transforme industrialmente al petróleo en la forma y el ritmo que más le convenga, seguirá sujeto a los designios del gran capital y del exterior, concluyó.
El emérito de la FD de la UNAM, Raúl Carrancá, mencionó que aunque se “alegue” que se pretende salvar y apoyar en forma financiera a Pemex, el problema es de orden legal
“El petróleo no es una simple propiedad, es patrimonio de la nación y de su pueblo; no es un mineral inerte: Adolfo Gilly, profesor de la FCPyS
Arnaldo Córdova, emérito del IIS, dijo que la reforma no busca modernizar a Pemex
El profesor de la FCPyS, Juan Carlos Velázquez Elizarrarás, consideró que en el manejo de los recursos energéticos se requiere una visión de Estado y no de mercado
El obstáculo de la reforma energética es de carácter jurídico y constitucional, aunque se “alegue” que se pretende salvar y apoyar en forma financiera a Petróleos Mexicanos (Pemex), advirtió el profesor emérito de la Facultad de Derecho de la UNAM, Raúl Carrancá y Rivas.
En la mesa Consecuencias políticas, jurídicas y sociales de la reforma petrolera, del Debate Universitario sobre la Reforma Energética, resaltó que se ha discutido sobre la imperiosa necesidad de ayudar a la paraestatal por el bien de México, pero el asunto es que no pueden tener cabida contratos y concesiones, porque el artículo 27 constitucional, en el párrafo sexto, precisa de manera categórica y terminante esta prohibición.
De esta manera, subrayó, si estorba el 27 constitucional que se adecue o se retire, pero no se quiere hacelo a través de un procedimiento plagado de subterfugios, en la ley reglamentaria, “que afecte la estructura normativa y la viole”.
La penúltima mesa del Debate, fue moderada por el director del Centro de Ciencias de la Atmósfera (CCA), Carlos Gay García, y como relator fungió el director de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales (FCPyS), Fernando Castañeda Sabido.
En un concurrido auditorio Alfonso García Robles del Centro Cultural Universitario Tlatelolco (CCUT), el profesor de la FCPyS, Adolfo Gilly Malvagni, aseguró contundente que: “el petróleo no es en México una simple propiedad, es un patrimonio de la nación y de su pueblo; no es un mineral inerte, es herencia común y trabajo objetivado y acumulado por generaciones, y todo eso es ignorado en la propuesta”.
El académico recordó que hace 70 años se hacía una colecta popular para pagar la indemnización del hidrocarburo y hoy se discute una propuesta que no es aceptada en los debates públicos.
Asimismo, mencionó que éste es el peor momento para aplicar la reforma, porque, ante la crisis financiera mundial, hoy más que nunca el petróleo es un recurso estratégico, sobre todo ahora que Estados Unidos cambia su rumbo político y existen guerras no declaradas en el mundo. De aprobarse la iniciativa, remató, se pondrá en riesgo la economía y la situación política y social de la nación.
Por su parte, el emérito del Instituto de Investigaciones Sociales (IIS), Arnaldo Córdova Córdova, sostuvo que la reforma energética que se propone no busca modernizar a Pemex, sino mantenerla como ha sido hasta ahora, “una fuente de financiamiento pública que llega al 40 por ciento del total de los ingresos fiscales del Estado”.
Por ello, consideró que la iniciativa es una auténtica reforma fiscal que sigue ausente, porque la participación tributaria del poder público cubre apenas el 11 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB), mientras que en otros países de América Latina rebasa el 30. Brasil tiene más del 36 por ciento, y las naciones desarrolladas llegan casi al 50 por ciento o incluso más, como en Dinamarca.
El 11 por ciento de la recaudación fiscal, aclaró, no proviene de las grandes empresas. Éstas no pagan, debido a múltiples estímulos, deducciones, consolidaciones y prebendas; las contribuciones proceden de los “bolsillos de los causantes cautivos”. En cambio, Pemex podría financiar su gasto con recursos propios si se le dejara usar los ingresos que se han congelado en el fondo de seguridad, que suman más de 15 mil millones de dólares.
El profesor de la FCPyS, Juan Carlos Velázquez Elizarrarás, consideró que en el manejo de los recursos energéticos se requiere, una visión de Estado y no de mercado, porque nunca la ha habido; no obstante, las cinco iniciativas propuestas son una manera de reaccionar abruptamente a los oleajes especulativos del capital mundial.
Aunque la iniciativa no lo establece, manifestó, es necesario reunificar nuevamente a Pemex, otorgarle autoridad de gestión, y establecer claramente qué va a pasar con el Instituto Mexicano del Petróleo y la investigación que ahí se realiza.
Mientras no se transforme industrialmente al petróleo en la forma y el ritmo que más le convenga, seguirá sujeto a los designios del gran capital y del exterior, concluyó.
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