En breve un grupo de ex militantes del Partido de la Revolución Democrática (PRD) del estado de México acudirán a la sede nacional de Convergencia para afiliarse.
Ciudad de México.-El presidente de la Comisión Técnica Electoral (CTE) del PRD, Iván Testa, confirmó la renuncia a ese partido del alcalde de Chalco, Vicente Onofre Vázquez, quien se integrará a las filas de Convergencia.
En breve un grupo de ex militantes del Partido de la Revolución Democrática (PRD) del estado de México acudirán a la sede nacional de Convergencia para afiliarse, informó Luis Gutiérrez, integrante del área de prensa de esa fuerza política.
Luego del fallo del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) que dio el triunfo a Jesús Ortega en el proceso interno para renovar la dirigencia nacional perredista, algunos militantes decidieron renunciar al partido del sol azteca.
El jueves Gerardo Fernández Noroña abandonó las filas del partido junto con María Fernanda Campa, hija del líder ferrocarrilero Valentín Campa y consejera emérita, así como Horacio Flores Flores, quien dirigía al PRD en Nuevo León
¡Eso es no tener madre!.
Tal fue textualmente la acusación directa de Nelson Vargas Basáñez a las autoridades federales, ministeriales y policiacas, por la falta de resultados en la investigación del secuestro de Silvia Vargas Escalera.
Para que no quepa la menor duda del valiente señalamiento, el director de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, durante el tan inepto como corrupto gobierno de la autodenominada pareja presidencial, concluyó: “Ya pedí, ya supliqué, ya imploré, ya lloré y ahora exijo a Eduardo Medina-Mora (Icaza) y a Genaro García Luna que encuentren a mi hija, que resuelvan este caso que no tiene un plazo de cien días sino de un año, dos meses y 16 días” (hasta el 26 de noviembre).
La falta de la autora de los días del procurador y del titular de Seguridad Pública, con todo y su carga misógina --¿no podría hacerse referencia también al padre?-- por parte del exitoso empresario deportivo será el telón de fondo ineludible de la sesión que los representantes de los tres poderes de la Unión, los tres niveles del Ejecutivo, las organizaciones civiles dóciles al gobierno federal y el corporativismo sindical aliado, tendrán para revisar el grado de cumplimiento de los 75 Compromisos del Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad, suscritos por todos ellos y como “testigo de honor” Felipe de Jesús Calderón Hinojosa.
Pasamos, entonces, del “¡Si no pueden renuncien!” –expuesto con dramatismo por otro exitoso empresario deportivo, Alejandro Martí, frente al secuestro y asesinato de su hijo Fernando Martí Haik-- al “¡Eso es no tener madre!”
Transitamos de la denuncia efectista pero complaciente de Martí en Palacio Nacional, en sintonía con el inquilino principal de Los Pinos y ahora refugiada en el Sistema de Observación para la Seguridad Ciudadana –como una vía también para regatear al fisco recursos por los que le negó amparo la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de la misma miserable forma que los negoció con los secuestradores--, a la denuncia frontal de Vargas Basáñez, un padre angustiado y decidido, mas no por ello potencialmente utilizable por Vicente Fox Quesada y Martha María Sahagún Jiménez en sus ajustes de cuentas políticas y, sobre todo, económicas con Calderón Hinojosa.
Llegó la hora de que el montaje politiquero y mediático que el funcionariado público en pleno escenificó el pasado 21 de agosto, rinda cuentas al cumplirse los 100 días que se autofijó voluntariamente. Pero no como grotescamente lo hizo Marco Antonio Adame Castillo, el eficaz persecutor de profesores e indígenas en Morelos con el gravísimo apoyo del Ejército y de la Policía Federal Preventiva.
Al llegar a la rendición de cuentas del presunto “testigo de honor” –lo cual revela la seriedad y solidez del Acuerdo Nacional-- nos encontramos con que una parte del primer círculo de colaboradores de García Luna y de Medina-Mora, los hombres y mujeres encargados de combatir al narcotráfico y al crimen organizado, se encuentra bajo arraigo, indiciado o de plano consignado por la presunta participación en los graves ilícitos que por ley y sentido comunitario están obligados a combatir.
Por si lo anterior no fuera suficiente, se multiplican y documentan en forma periodística las sospechas sobre la connivencia del policía número uno del país y el presunto representante social, que bajo el priato se presentaba como abogado de la nación, con los capos sólo operativos del narcotráfico.
Es muy pertinente, entonces, la observación del exdirector de la Conade: “Nos preguntamos si la razón por la que no quieren agarrar a los culpables es porque resulten involucradas autoridades de alto rango”.
Alerta en Cananea por arribo de policías federales
■ Integrantes del sindicato minero, en huelga, temen que se dé un desalojo en breve
Ulises Gutiérrez Ruelas (Corresponsal)
Hermosillo, Son., 28 de noviembre. Los mineros de Cananea que se encuentran en huelga desde el 31 de julio de 2007 decretaron una alerta ante la presencia de cientos de policías federales en esa localidad, advirtió Sergio Tolano Lizárraga, secretario de la sección 65 del Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Similares de la República Mexicana.
Expuso que aunque las autoridades de la Secretaría del Trabajo tienen pendiente emitir su posición ante supuestas pruebas que presentó Grupo México, con las que acusa a los mineros de trabajar en la mina que está en su poder, no hay razón para la desmedida presencia policial.
“Vamos a tener reuniones con los mineros, este viernes por la noche y mañana otra, para decirles que no se sientan intimidados por las fuerzas policiales, por que no somos delincuentes y desde hace más de un año que nuestra lucha es para que contemos con las medidas de seguridad para trabajar”, dijo Tolano.
Versiones extraoficiales indican que se concentraron más de 500 policías en las horas recientes, por lo que integrantes del sindicato temen que este fin de semana se dé un desalojo en la mina del Grupo México.
Repudian brigadistas frente a Palacio Nacional promulgación de las siete leyes
■ Anuncian que es el comienzo de la lucha en defensa del petróleo
Alma E. Muñoz
El Movimiento Nacional en Defensa del Petróleo, la Economía Popular y la Soberanía Nacional protestó ayer frente a Palacio Nacional por la promulgación de las siete leyes que conforman la reforma energética.
La acción fue considerada por el coordinador nacional de brigadas, Ricardo Ruiz, y la diputada perredista Aleida Alavez como el inicio de la lucha contra la entrega de bloques o lotes de territorio nacional a empresas extranjeras para la exploración o producción, “porque ahora sí estamos en verdadero riesgo”, aseguraron.
Una vez que los integrantes de la comisión de seguimiento y acciones inmediatas del movimiento se dieron cuenta –a las 5:30 horas de ayer– que ya habían sido publicadas las normas en el Diario Oficial de la Federación, vía telefónica iniciaron los contactos con coordinadores de brigadas para convocar a la movilización. De todo ello Ricardo Ruiz habló, por esa misma vía, con Andrés Manuel López Obrador.
Cerca de las 10 horas se tomó el acuerdo de arribar a las inmediaciones del Zócalo capitalino a partir de las 16:30 horas, donde decenas de policías se mantuvieron apostados frente a Palacio Nacional, tras vallas metálicas, a pesar de que ya había concluido la ceremonia de avances del Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad, encabezada por Felipe Calderón en ese lugar, de las 11 a las 15 horas.
Ricardo Ruiz, como uno de los oradores principales del mitin, manifestó que la movilización es una advertencia para el gobierno calderonista de que “estamos pendientes, los estamos vigilando y seremos su sombra porque vamos a impedir que repartan nuestro territorio nacional”.
Este es el primer aviso, manifestó, porque seguimos en la lucha. Y sobre ello abundó la actriz Jesusa Rodríguez, al recordar que este lunes López Obrador encabezará una movilización frente a la Secretaría de Hacienda, en la avenida Hidalgo, en defensa de la economía popular. Y ocho días después, el martes 9, regresarán a Televisa.
Los brigadistas acordaron que, una vez que el Ejecutivo federal promulgó las leyes de la reforma energética, se mantendrán pendientes de la aprobación de los reglamentos correspondientes a esas normas y de cuando convoque la Secretaría de Energía a conformar la Comisión Nacional de Hidrocarburos, porque ahora sí, definió Aleida Alavez, estamos en un “riesgo mayor”.
Advirtió que entrarán en acción las 10 comisiones del Movimiento Nacional en Defensa del Petróleo, la Economía Popular y la Soberanía Nacional para preservar la propiedad de la nación sobre el petróleo.
Quienes participaron de la movilización gritaban “¡resistencia, resistencia!”, en señal de aprobación.
Hoy entra en vigor nueva legislación petrolera
Andrea Becerril
El presidente Felipe Calderón publicó ayer en el Diario Oficial de la Federación las siete minutas con modificaciones a diez leyes que conforman la llamada reforma energética, por lo que la nueva legislación para Petróleos Mexicanos (Pemex) entra en vigor este sábado.
Así, un mes después de que la Cámara de Diputados aprobó la minuta proveniente del Senado –el pasado 28 de octubre– el Ejecutivo promulgó la reforma. Con ello se cierra un controvertido proceso legislativo, que se prolongó durante seis meses e incluyó la toma de las tribunas de ambas cámaras por integrantes del Frente Amplio Progresista (FAP), la realización de foros de discusión en los que participaron intelectuales, académicos, técnicos y expertos en la materia, y una serie de protestas del movimiento en defensa del petróleo, que encabezó Andrés Manuel López Obrador.
Las iniciativas presentadas por Calderón el pasado 8 de abril en la Cámara de Diputados, en las que se planteaba la privatización de la refinación, transporte y distribución de petróleo, contratos sin licitación e incluso secretos, con incentivos para las empresas extranjeras en perforación y producción, fue modificada a fondo y meses después se aprobó un texto que recogió gran parte de la propuesta que presentó en agosto el FAP y otros elementos del proyecto del PRI.
Sin embargo, el FAP también se dividió, pues buena parte de los legisladores y la dirigencia perredista consideraron un triunfo haberle quitado gran parte de la intención privatizadora a la reforma, pero PT, Convergencia y senadores del PRD afines a López Obrador votaron en contra de las siete minutas, porque no incluyeron la demanda del movimiento en defensa del petróleo de establecer en la Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional la prohibición expresa de otorgar a contratistas bloques y áreas exclusivas para la exploración y explotación de hidrocarburos.
La controversia acompañó hasta el final a esa reforma, ya que se aprobó el pasado 23 de octubre, en una sede alterna del Senado, el edificio de la Torre del Caballito, vigilado por cientos de elementos de la Policía Federal Preventiva, con el propio secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, a cargo de resguardar la puerta del habilitado salón de sesiones, para impedir las protestas.
Un operativo similar se dio en la Cámara de Diputados el 28 de octubre, donde se aprobaron sin cambios las modificaciones a la Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en el ramo del petróleo, a la Ley de la Comisión Reguladora de Energía, al Artículo 33 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y la expedición de cuatro nuevas leyes: la de Pemex, la del aprovechamiento de energías renovables y de financimiento de la transición energética, la del aprovechamiento sustentable de la energía y la de la comisión nacional de hidrocarburos.
Promoverá PRD huelga de pagos si no hay acuerdo en tarjetas de crédito
■ Llama Monreal a banqueros a no presionar de forma desorbitada
Andrea Becerril
Si los banqueros no permiten una salida negociada con los deudores de tarjetas de crédito, senadores del Partido de la Revolución Democrática (PRD) organizarán a los ciudadanos para que enfrentan ese problema y promoverán una huelga de pagos, advirtió Ricardo Monreal.
El vicecoordinador de la bancada perredista en el Senado consideró que esa cámara debe intervenir para buscar una solución de fondo al problema que enfrentan siete millones de tarjetabientes “quienes viven con angustia por el acoso de los despachos contratados por la banca”.
Expresó que el problema se originó en la irresponsabilidad de los banqueros que otorgaron indiscriminadamente los llamados plásticos crediticios, sin estudios para verificar la capacidad de pago, y ahora pretenden cobrar intereses muy altos.
“No podemos eludir que en México la inmensa mayoría de los ciudadanos no cuenta con la cultura financiera para analizar la conveniencia de aceptar un crédito, por eso aceptaron sin más las tarjetas que les ofrecieron los bancos y ahora se encuentran en un grave problema, con un deuda de más de 40 mil millones de pesos”, afirmó Ricardo Monreal.
El legislador adelantó que la próxima semana presentará una iniciativa de ley, a fin de apoyar a los deudores de tarjetas de crédito que están dispuestos a pagar sus créditos, aunque no con los “intereses leoninos” que quieren cobrarles.
La iniciativa fija un interés legal de seis por ciento anual de intereses y prohíbe cualquier carga adicional y penaliza a quien lo haga.
Asimismo, aseveró: “habrá corresponsabilidad con las instituciones bancarias que otorgan tarjetas de crédito al por mayor, sin investigaciones previas; además, que ellos asuman la carga fiscal provocada por los intereses moratorios que pretenden cobrar”.
Es decir, que la banca absorba el capital en los casos de tarjetas otorgadas en exceso de la capacidad de crédito de los solicitantes, agregó.
Parelelo a la lucha en el ámbito legislativo, expresó, un grupo de senadores perredistas buscará también organizar a los deudores de tarjetas de crédito.
“Invitamos a los dueños de la banca a actuar con moderación; que no presionen de manera desorbitada porque se puede constituir una organización poderosa que se declare en moratoria y llegue a una huelga de pagos”, recalcó Ricardo Monreal.
Calderón: Fox me dejó un Estado “doblegado”
En sus respuestas al cuestionario que le envió la bancada del Partido del Trabajo en la Cámara de Diputados, el Presidente reconoce que el gobierno no podía cumplir con su obligación de salvaguardar la integridad y el patrimonio de las personas.
México.- La administración de Vicente Fox entregó a la de Felipe Calderón un Estado “doblegado por el poder de grupos criminales”.
Según la repuesta del Ejecutivo a una de las preguntas parlamentarias del Partido del Trabajo en la Cámara de Diputados, al inicio de su gobierno México enfrentaba “uno de sus más graves momentos” en términos de Estado.
“Estaba doblegado por el poder de grupos criminales que conducían sus actividades delictivas (narcotráfico, secuestros y tráfico de drogas, entre las principales) con absoluta impunidad y el Estado no podía cumplir a cabalidad con su obligación de salvaguardar la integridad de las personas y su patrimonio”, sostiene.
Inquirido por el PT sobre la permanencia de los titulares de la Secretaría de Seguridad Pública Federal y de la PGR, Calderón explica: “a la violencia que se vivía en México se sumaba la imagen denostada de las instituciones de seguridad y de procuración de justicia frente a la ciudadanía”.
Asegura que los medios de comunicación contribuyeron a la pérdida de credibilidad de las instituciones, al constituirse en jueces de la actuación de las policías.
“La ineficiencia de las policías para combatir el crimen, los crecientes índices de inseguridad y la eficaz estrategia de los medios para asumirse como jueces de la actuación de los policías contribuyeron al descrédito de las instituciones de seguridad y procuración de justicia”
Agrega que “el diagnóstico inicial reconoció que los esfuerzos gubernamentales, en los tres órdenes de gobierno, no habían sido suficientes para mejorar el clima de inseguridad, violencia e impunidad que se vive en México desde hace alguna décadas”.
Por ello, abunda, la estrategia de combate a la delincuencia que ha propuesto “tiene como punto de partida las condiciones de inseguridad que había en el país al asumir el poder”.
La respuesta al PT señala también que “desde el inicio de la presente administración, el Ejecutivo federal se comprometió a encabezar un gobierno que combatiera frontalmente al crimen organizado”.
Ese “desafío”, abunda, se dio en dos vertientes: “por un lado la necesidad urgente de frenar las actividades e impunidad con que se conducían los criminales en todo el país para mejorar las condiciones de seguridad de los mexicanos”.
Por otro lado, “era igualmente necesario contar con instituciones de seguridad pública y procuración de justicia profesionales, confiables y efectivas a largo plazo, sin desatender la crisis de inseguridad que enfrentaba el país”.
Estas condiciones “influyeron en la decisión de los nombramientos del procurador general de la República y del secretario de Seguridad Pública”, quienes “tienen el liderazgo y la capacidad profesional que se requiere para el desempeño de sus funciones”.
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