La farsa de la reforma electoral

La reforma electoral, que supuestamente haría menos onerosas las campañas proselitistas, apenas podrá reducir en 10 por ciento el total de los recursos destinados a las elecciones de 2009. Informes y especialistas revelan que, a cambio, el IFE perdió autonomía frente a los tres grandes partidos, los cuales seguirán enriqueciéndose

No obstante que la reforma electoral se realizó con el objetivo de “garantizar la equidad y la disminución en los costos de campañas electorales”, el financiamiento ordinario a partidos políticos no fue reducido sustancialmente.

Al comparar la propuesta del Instituto Federal Electoral (IFE) sobre financiamiento de las campañas para elegir diputados a la LXI Legislatura en 2009 con lo erogado en 2006, sólo hay una disminución del 10 por ciento.

Por cada ejercicio de 2008 y 2009, los partidos políticos recibirán como “gasto ordinario” 2 mil 538 millones 574 mil 217 pesos; para “actividades específicas”, 76 millones 157 mil 226 pesos, y 50 millones 771 mil 484 pesos por “franquicias postales”.

Según el documento Reformas al Cofipe (Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales) en materia de financiamiento y fiscalización, elaborado por la representación de Convergencia ante el IFE, el financiamiento público en 2008 será de 195 millones 952 mil 180 pesos en dinero y de 6 millones 436 mil 435 pesos en especie.

De 2007 a 2008 –año en que se concretó la reforma electoral–, el financiamiento público ordinario sólo se redujo 5 por ciento. En tanto, la partida para actividades específicas –educación y capacitación política, investigación y tareas editoriales– aumentó 63 por ciento para este año. Por lo tanto, el presupuesto total de 2007, que sumó 2 mil 697 millones 165 mil pesos, sólo disminuyó 3 por ciento para 2008.

Respecto de 2006, según datos del Informe de resultados de la revisión y fiscalización de la cuenta pública 2006 de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), los partidos obtuvieron 4 mil 175 millones 367 mil pesos: 2 mil 68 millones 375 mil para actividades ordinarias y 37 millones 110 mil pesos para actividades específicas.

Con la modificación al artículo 41 constitucional, que reduce el financiamiento para propaganda política en 70 y 50 por ciento en elecciones intermedias y presidenciales, la campaña de 2009 tendría un costo de 761 millones 572 mil 265 pesos.

Sin embargo, el 30 de agosto el IFE aprobó su proyecto de presupuesto 2009 por 12 mil 880 millones de pesos: 9 mil 150 millones de pesos para su gasto operativo y 3 mil 730 millones para prerrogativas de partidos, de los que 856 millones 233 mil pesos serían destinados al financiamiento de campaña. Entre los años electorales 2006 y 2009, el presupuesto a partidos se reduciría 10 por ciento.

El Informe de la auditoría de desempeño, evaluación del proceso electoral federal de 2006, de la ASF, anota que se entregaron 2 mil 68 millones 375 mil pesos a partidos políticos para gastos de campaña y 1 millón 506 mil pesos para apoyo en radio y televisión. La diferencia entre las elecciones presidenciales y las intermedias de 2009, con la propuesta del IFE, es de casi el 60 por ciento.

Juan Pablo Becerra, en su artículo “La reforma electoral de 2007”, publicado en septiembre en la revista Topodrilo, de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), deduce que con la nueva fórmula propuesta por la reforma, el presupuesto para campaña en 2006 hubiera disminuido hasta 1 mil 116 millones 890 mil 149 pesos.

Considerando las elecciones intermedias de 2003 y las presidenciales de 2006, la reducción sería del 62.12 por ciento. No así el financiamiento ordinario, que de 2001 a 2006 sólo alcanzaría una disminución de 10.96 por ciento.

El miembro de la Sociedad Mexicana de Estudios Electorales y académico en el Departamento de Sociología en la UAM- Iztapalapa argumenta que “si el elemento más fuerte de la reforma es la prohibición para contratar tiempos en radio y televisión, además de la disminución de las campañas, se antoja que la reducción en el financiamiento de partidos pudo haber sido mayor”.

Ejemplifica que con el nuevo modelo, el gasto diario de campaña en 2003, cuando se eligieron diputados federales, se reduciría en 70.7 por ciento. Ese descenso lo confronta con la disminución por el mismo concepto en 2006, la que se calcula en sólo 3.4 por ciento. Opina que “los partidos no están dispuestos a bajar sustancialmente su financiamiento público”.

Jaime Cárdenas Gracia, del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM (IIJ), niega que la reforma reduzca el costo de las elecciones. Señala que la disminución del financiamiento debería ser sustancial, pues la duración de las campañas será menor y no se erogará por tiempo en radio y televisión.

“El presupuesto no se justifica porque mantiene burocracias partidistas”, opina. Observa que para 2012 tampoco habrá una disminución importante, pues habrá más ciudadanos inscritos al padrón electoral y costos añadidos en materia de monitoreo, fiscalización y centralización de funciones debido a la reforma.

Para la secretaria de la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, Dora Alicia Martínez Valero, la fórmula del financiamiento es mucho más clara y permite que se mantenga el presupuesto, sin que se incremente, de integrarse más partidos. “La fórmula –argumenta– le da mayor estabilidad a la entrega de prerrogativas a partidos políticos. Contrario a lo que se cree, el padrón irá decreciendo y eso va a disminuir los recursos”.

Inequidad en campaña
El análisis El costo de la democracia en México, ¿más barata y equitativa?, elaborado por la fracción parlamentaria de Convergencia, estima que el equivalente económico del tiempo gratuito en radio y televisión para las elecciones intermedias de 2009 y la presidencial de 2012 sería 600 y 900 por ciento más que lo erogado en las presidenciales.

Mientras por el proceso electoral de 2006 se gastaron 2 mil millones de pesos, la propaganda en las elecciones para diputados en 2009 costaría casi 12 mil millones de pesos. A su vez, el costo de publicidad en medios electrónicos para el sufragio de 2012 se incrementaría hasta 18 mil millones de pesos, nueve veces más que lo gastado en 2006.

Para el proceso electoral de 2009, los partidos tendrán derecho a 18 minutos diarios durante los 40 días de precampaña y 41 minutos diarios en los 60 días de campaña. Según el documento, gozarán de 4 millones 413 mil 840 minutos de exposición en medios electrónicos: 4 millones 95 mil 840 minutos en radio y 318 mil en televisión. Del total, 999 mil 360 se orientarán a la precampaña y 3 millones 414 mil 480 a la campaña.

Puesto que el Plan de Medios del Instituto Federal Electoral incluye a 1 mil 288 radiodifusoras y a 100 canales de televisión, legisladores del partido estiman que el costo de campaña ascendería a 11 mil 53 millones 600 mil pesos, repartido en 8 mil 191 millones 600 mil para radio y 2 mil 862 millones para televisión.

En opinión de Convergencia, las cifras reflejan que el espíritu del Partido Revolucionario Institucional (PRI), del Partido Acción Nacional (PAN) y del Partido de la Revolución Democrática (PRD) –que de manera mayoritaria aprobaron la reforma– fue beneficiarse de los tiempos oficiales: “A todas luces encarecen el costo de la democracia en nuestro país, que es la más cara e inequitativa del mundo”.

Fuera del periodo electoral, el IFE tiene el 12 por ciento del tiempo del Estado en medios electrónicos: ocho minutos para radio y seis minutos para televisión, que será repartido en 50 y 50 por ciento entre partidos políticos y autoridades electorales.

El estudio indica que mensualmente los partidos tienen derecho a 120 minutos en cada estación radiofónica y 90 minutos en cada canal de televisión. En 11 meses –entre marzo de 2008 y febrero de 2009, fecha en que arrancan las precampañas– el tiempo total sumará los 39 mil 600 en radio y 29 mil 700 en televisión. Por lo que el costo supondría erogar 346 millones 500 mil pesos.

El documento informativo Administración del tiempo del Estado en radio y televisión del Centro para el Desarrollo Democrático del IFE, publicado en julio de 2008, señala que durante el periodo de precampaña y campaña el órgano tendrá 48 minutos diarios en cada estación de radio y canal de televisión, que será repartido entre partidos políticos y autoridades electorales.

El 30 por ciento del tiempo asignado a partidos políticos se distribuirá en forma igualitaria. Nuevos partidos políticos no gozarán de esta prerrogativa, mientras que el 70 por ciento restante se entregará en proporción a los votos obtenidos en el sufragio inmediato anterior para elegir diputados federales.

Así –apunta el estudio El costo de la democracia en México, ¿más barata y equitativa? de Convergencia– mientras Acción Nacional transmitirá en campaña y precampaña 1 millón 138 mil 592 minutos en radio y 88 mil 400 en televisión, el Partido Socialdemócrata (antes Alternativa Socialdemócrata) tendrá derecho a 213 mil 807 minutos en radio y 16 mil 600 en televisión.

La proporción –deduce Convergencia– es mayor de 5 a 1, es decir, que por cada cinco minutos que transmita el PAN, Socialdemócrata tendrá uno: “Con esta diferencia autolegislada por PAN, PRI y PRD, ¿qué probabilidades de penetración en medios tienen los partidos emergentes?”.

El documento Reformas al Cofipe en materia de financiamiento y fiscalización, de la representación de Convergencia en el IFE, enumera que PAN, PRI y PRD gozarán de 37.73 minutos diarios en radio y televisión durante la precampaña y la campaña de 2009.
El Partido del Trabajo, el Partido Verde Ecologista de México, Convergencia, Nueva Alianza y el Partido Socialdemócrata tendrán derecho a 21.26 minutos. En tanto los tres partidos mayores se beneficiarán con casi el 64 por ciento del tiempo total, los cinco menores lo harán con el 36 por ciento.

Con la reforma, el artículo 78 del Cofipe establece que el financiamiento para actividades ordinarias resulta de multiplicar el número de ciudadanos inscritos en el padrón electoral por el 65 por ciento del salario mínimo diario vigente en el Distrito Federal.

También el 70 por ciento del presupuesto, tanto para actividades ordinarias como para específicas, se repartirá conforme al porcentaje obtenido en la votación anterior para elegir diputados federales. El resto se entregará de manera equitativa.
De esta manera para 2008, PAN, PRI y PRD obtuvieron 1 mil 623 millones 597 mil 24 pesos, y los cinco restantes, 914 millones 977 mil 192 pesos. Para actividades específicas –el 3 por ciento del financiamiento ordinario–, en total 48 millones 707 mil 910 pesos se orientaron a los partidos Acción Nacional, Revolucionario Institucional y del sol azteca.

Aunque observa que el sistema político mexicano se avecina a tener pocos partidos, Cárdenas Gracia sostiene que el bajo presupuesto a partidos pequeños los condena a seguirlo siendo, mientras se fortalece el tripartidismo entre el PRI, PAN y PRD. En tanto, la aparición de nuevos partidos está imposibilitada por el aumento en los requisitos que establece el Cofipe.

Juan Guerra, integrante de la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, observa que los pequeños partidos tendrán derecho a prerrogativas, a las que no tenían acceso: “No deja de ser inequitativo, pero ahora gozarán de tiempo del Estado, que no hubieran podido solventar”.

Relacionado con la celebración de las campañas, la reforma al Cofipe en su artículo 211, párrafo tercero, establece que los precandidatos no realizarán proselitismo o difusión de campaña por ningún medio. La violación a esta disposición será sancionada con la negativa del registro del precandidato. También el apartado C de la fracción tercera del artículo 41 constitucional enuncia que, en la campaña electoral, los partidos deberán abstenerse de expresiones que denigren o calumnien a instituciones y partidos.
Al respecto, Cárdenas Gracia predice que en la elecciones intermedias de 2009 será común la presencia de candidatos en entrevistas y menciones en radio y televisión, es decir, vías que vulneren el sentido de la reforma. Al respecto, la legisladora Martínez Valero expone que los legisladores deben asumir de inmediato la tarea de reglamentar el artículo 134, párrafo séptimo.

“La propaganda –estipula el artículo–, bajo cualquier modalidad de comunicación social, que difunda como tales, los poderes públicos, los órganos autónomos, las dependencias y entidades de la administración pública y cualquier otro ente de los tres órdenes de gobierno, deberá tener carácter institucional y fines informativos, educativos o de orientación social. En ningún caso esta propaganda incluirá nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción personalizada de cualquier servidor público.”
La diputada panista admite que “nos hemos quedado cortos en la instrumentación, porque la línea es muy delgada y corremos el riesgo de ser totalitarios. No hemos sabido encontrar los mecanismos para que no se le dé la vuelta a la ley”. En este sentido, el diputado Juan Guerra declara que 150 aspirantes ya se promueven con carteles y publicidad impresa, por lo que el IFE tiene pendiente su sanción.

Política electoral, retrocesos y avances
Con la reforma se incluyó la figura de un contralor general nombrado por la Cámara de Diputados, a propuesta de instituciones públicas de educación superior, que durará seis años en el cargo y podrá ser reelecto una vez.

A decir del también exconsejero del IFE, Cárdenas Gracia, la disposición le quita autonomía al órgano. Para Martínez Valero la figura del contralor era necesaria, pues el IFE se volvía juez y parte: “Le da mayor certeza al ciudadano que exige transparencia y fortalece al Instituto”.

El investigador también califica de retroceso la desaparición de la Comisión de Fiscalización, pues ahora la revisión de los partidos recaerá en una unidad nombrada por el Consejo General del IFE. Opina que ello limita la inspección fiduciaria y el acceso de los consejeros a la investigación: “No podemos esperar grandes resultados, como la indagación recaerá en un órgano, que decidirá qué parte fiscalizar, los consejeros están condenados a conocer sólo el resultado”.

La diputada panista defiende que la unidad técnica permitirá tomar decisiones más claras, veraces y uniformes. En el pasado –describe– la investigación era sesgada por la comisión porque no tenía todas las herramientas.

El académico apunta como una regresión más que los militantes de los partidos agraviados durante el proceso electoral tengan que agotar las instancias de su partido antes de llevar su denuncia ante el Tribunal Electoral Federal. Considera que ello “favorece el poder de las nomenclaturas”. Agrega la derogación del artículo 97 de la Constitución, que le daba atribuciones a la SCJN para investigar la violación al voto público.

Por el contrario, para el integrante de la Comisión de Puntos Constitucionales, Juan Guerra, es una manera de garantizar que el partido trate la inconformidad y sea resuelta a tiempo mediante un órgano de control.

El legislador de la fracción perredista señala como otro asunto postergado el de las candidaturas independientes: “Se impuso el conservadurismo de los partidos que temen que un militante se registre como candidato independiente”. Añade que en el tema de la compra y coacción del voto, el PRI y el PAN tampoco quisieron avanzar. Por lo que será necesario que el Instituto Federal Electoral tome medidas.

RECUADRO: Costo del voto en 2006
El Informe de la auditoría de desempeño, evaluación del proceso electoral federal de 2006 elaborado por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), señala que en las elecciones presidenciales cada voto costó 35 dólares.
El máximo órgano de fiscalización refiere que el estudio Costo de las elecciones, del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, arrojó que México no sólo se ubica en el último lugar de los países en transición democrática, sino que es el segundo país más caro en la obtención de cada voto, sólo por debajo de Cambodia.
Al comparar 21 países, la ASF explica que el costo del voto en países con una experiencia electoral consolidada varía entre uno y tres dólares, como en Estados Unidos y en países europeos.
Los costos se elevan de 3.7 a 35.3 dólares en países con menos experiencia y donde hay múltiples partidos políticos, mientras que en países con conflictos postelectorales el costo fluctúa entre 8 y 45.5 dólares. Así mientras en Palestina, asediada por un conflicto bélico desde hace 60 años, el voto cuesta 9 dólares, en México, su valor es cuatro veces mayor.

[Aquí va una infografía]

RECUADRO: IFE, en riesgo de politizarse: Ackerman
John Mill Ackerman, del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, considera que tras la reforma al Instituto Federal Electoral (IFE) hay problemas respecto al diseño institucional del organismo. Ejemplifica que resultan confusas algunas causales de sanción en el régimen de responsabilidades.

El artículo 380 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (Cofipe) define como causales el inmiscuirse indebidamente en cuestiones que competen a otros órganos del instituto y tener notoria negligencia, ineptitud o descuido en el desempeño de labores. Expone que “se abre una amplia posibilidad para controlar y limitar la actuación de consejeros, además dan un poder discrecional y abierto al contralor del instituto”.

Califica también como negativo que se haya acotado la función de las comisiones del IFE, cuyos integrantes se redujeron de cinco a tres. Explica que dicha disposición fue motivada, pues se convertían en pequeños feudos dentro del órgano.

El especialista en derecho electoral indica que las comisiones descentralizan el poder y hacen más eficaz al Instituto: “Permiten que los consejeros electorales observen, fiscalicen y controlen lo que ocurre en el IFE. Si todo ocurre a nivel de Consejo General es más difícil conocer los detalles en la operación del Instituto”.

Al respecto, menciona que tampoco es positivo que se hayan fortalecido las facultades del presidente del Consejo General. En su opinión sería más benéfico que hubiera un cuerpo colegiado y que la presidencia fuera rotativa, pues “termina siendo el jefe del IFE, lo que no es democrático o plural”.

En relación con la remoción de consejeros prevista en la reforma, Ackerman señala que la idea de renovar el Consejo General con mayor pluralidad y capacidad, no se cumplió. Por el contrario, los actuales consejeros comparten el mismo perfil que los anteriores: “Es la misma actuación informal, sesgada y parcial como el consejo anterior”.

Describe que no han sido eficientes para demandar un trato equitativo a candidatos y partidos políticos, no han desarrollado criterios uniformes en el tema de la difamación en campañas y han permitido que el Tribunal Federal Electoral eche abajo lineamientos para monitorear el periodo electoral. “Siguen con la misma tónica del Consejo de 2006”.

Además, el proceso por el que los grupos parlamentarios propusieron a los consejeros, “no fue una auscultación auténtica para tener a los mejores candidatos”. Para Ackerman fue un asunto de negociaciones oscuras.

El investigador sugiere que debería haber un debate y la intervención de otro actor como un órgano ciudadano, el Senado o la SCJN, para equilibrar el proceso. Apunta que si bien la reforma electoral estableció que la elección de consejeros se realizaría después de una amplia consulta ciudadana, se dejó a un acuerdo parlamentario sin que se desarrollara más en la ley.

“Se presta a cuotas partidistas, o lo que es peor, prebendas o intercambio de favores. Los coordinadores de los grupos parlamentarios seleccionaron a personas cercanas, amigos y colegas. Se debe transparentar y asegurar una selección con base en los méritos de los candidatos”, concluye. (PM)