En todas las averiguaciones la PGJE no ha dado resultados satisfactorios, señala Barrera
Fuente: La Jornada de Guerrero
Si se respetaran las garantías, como dice el gobernador, no habría venido Amnistía
La mayoría de los casos se concentran en La Montaña y Costa Chica, alerta el director
CITLAL GILES SANCHEZ
En menos de 10 meses, el centro de derechos humanos Tlachinollan ha reportado al menos 215 casos de agresiones y procesos penales contra defensores y defensoras de derechos humanos, sobre todo de las zonas indígenas de La Montaña y Costa Chica.
En entrevista, el director de Tlachinollan, Abel Barrera Hernández, rechazó las declaraciones del gobernador Zeferino Torreblanca Galindo, quien aseguró que su gobierno sí garantiza el respeto a los derechos indígenas así como de las y los defensores de derechos humanos, porque este año se ha incrementado el número de violaciones y agresiones hacia este sector.
Barrera Hernández recordó que de octubre de 2007 a octubre de 2008, Tlachinollan reportó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) un total de 201 agresiones.
De esa fecha hasta ahora –reveló– ya suman 215 casos, es decir, 14 agresiones más que el año pasado, y en tan sólo 10 meses, con lo que demostró que en Guerrero no se respeta ni se garantiza el trabajo en favor de los derechos.
“Son 215 agresiones, todas del estado de Guerrero, el año pasado cerramos con 201; sigue la tendencia de colocar a los luchadores sociales procesos penales y es grave porque estamos ante un gobierno que no respeta ni garantiza el trabajo de los derechos humanos”, señaló.
Estas agresiones detalló, son principalmente en la región de Ayutla, donde hay una persecución focalizada hacia la Organización de los Pueblos Indígenas Mep’haa (OPIM) y la Organización para el Futuro de los Pueblos Me’phaa (OFPM); además está el caso de la región Costa Chica, donde últimamente hay incursiones del Ejército, como en Tlacoachistlahuaca; además, la parte de la sierra de Coyuca de Catalán en Tierra Caliente, y en La Montaña, donde hay agresiones a comunidades y organizaciones defensoras de derechos humanos.
“Donde hay población indígena y donde hay organizaciones sociales, como en Ayutla y La Montaña, es donde más se han documentado casos de violaciones a derechos humanos y que son considerados como focos rojos ante la falta de garantías para ejercer este trabajo”, indicó.
Destacó que si en realidad hubiera respeto hacia estos grupos y se protegieran y se atendieran como afirma el gobernador Torreblanca, no habría un ambiente de confrontación como el que se está viviendo, ni hubiera tantos integrantes de organizaciones con órdenes de aprehensión ni necesidad de visitas como la que hizo recientemente Amnistía Internacional; tampoco habría intervenido la Corte Interamericana de Derechos Humanos para exigir al estado que garantice el trabajo de estos defensores.
“Además si hubiera estas garantías no estuvieran cerradas las oficinas de Tlachinollan y de la OPIM en Ayutla; una cosa es el discurso y otra es el compromiso y la práctica de las autoridades, que hasta la fecha siguen tratando a las organizaciones sociales como delincuentes u organizaciones chantajistas para exigir dinero, pero con esas visiones no se abona para defender y proteger los derechos humanos”, remarcó Barrera.
Agregó que otro de los indicadores que demuestran que no hay garantías es la falta de resultados en las investigaciones de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) por los asesinatos de líderes indígenas y sociales; destacó que mientras no haya resultados “es la peor señal que puede haber de un gobierno de que no ofrece garantías para reprimir el delito, para contener este ambiente de inseguridad; son varios indicadores objetivos para asegurar que no hay garantías de las que habla el gobernador”.
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