lunes, 14 de febrero de 2011

Piden ONG a la Coidh desechar apelación del Estado en sus fallos

El gobierno pone en duda la participación de militares en la agresión a Fernández y Rosendo, señalan

CITLAL GILES SÁNCHEZ

Chilpancingo, 12 febrero. Organizaciones de derechos humanos pidieron a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Coidh) que deseche las solicitudes que envió México cuestionando la resolución al culparlo por las agresiones sexuales que hicieron militares contra dos indígenas me’phaa de Guerrero.

Luego del fallo de la Coidh, donde declaró culpable al Estado mexicano por las violaciones sexuales contra Inés Fernández Ortega y Valentina Rosendo Cantú a manos de soldados del Ejército, México envió el 29 de diciembre, dos solicitudes de interpretación de las sentencias emitidas los días 30 y 31 de agosto de 2010 a favor de Inés Fernández Ortega y Valentina Rosendo Cantú.

Con estas solicitudes el Estado mexicano mostró su desacuerdo con el fallo de la Coidh, pues de acuerdo con un comunicado que envió la Secretaría de Gobernación federal cuestiona la participación de militares en los hechos del caso.

De acuerdo con las organizaciones, el Estado argumenta que no ha sido probado que fueron militares quienes cometieron los actos de violación sexual y tortura en perjuicio de ambas indígenas.

Agregan las organizaciones que el Estado indica que es competencia de autoridades ministeriales y judiciales internas establecer si son o no culpables “e incluso anticipa que los mismos podrían quedar impunes”.

Por ello, los defensores de derechos humanos solicitaron a la Coidh que deseche dichas argumentaciones, “que las declare inadmisibles, puesto que el pedido de interpretación del Estado es un desafío al Tribunal, y no una consulta (…) se ha solicitado al Tribunal que reitere al Estado mexicano su obligación de cumplir cabalmente el fallo”.

De igual forma, aclararon que de acuerdo con la Convención Americana, las sentencias tienen un carácter definitivo e inapelable, las cuales ordenaron al Estado mexicano conducir en el fuero civil las investigaciones sobre los hechos del caso, a fin de sancionar penalmente a los responsables de las violaciones sexuales.

“Hasta este momento ambas investigaciones siguen siendo conocidas por la Procuraduría General de Justicia Militar, en lo que constituye una muestra clara de las reticencias a cumplir cabalmente con los fallos, en aras de preservar la impunidad de que gozan los elementos de las Fuerzas Armadas responsables”, criticaron.

Fuente: La Jornada de Guerrero

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