LEOPOLDO GAVITO NANSON - JUEVES, JUNIO 09, 2011
El respeto a los derechos humanos por parte de gobiernos y autoridades va mucho más allá de la mera contención del abuso y la represión. Parte del principio elemental de la razón de ser del Estado: dar seguridad a los ciudadanos. Como lo asentaron expertos en el tema reunidos en El Salvador antes de iniciar la 41 Asamblea General de la OEA.
Los estados están obligados a que sean los derechos humanos los referentes constantes que orienten el quehacer de las autoridades. Lo que éstas hacen o dejan de hacer al respecto son los auténticos indicadores que definen la naturaleza de un gobierno y su desempeño.
A unos días apenas de que la Comisión Global para las Políticas de Drogas liberó sus consideraciones sobre hacia dónde deben dirigirse las decisiones sobre las drogas dado el fracaso de la guerra contra ellas, los expertos regionales en derechos humanos subrayaron el imperativo de dejar de lado la idea que la seguridad pública ciudadana es meramente un asunto penal o policial, para dar una respuesta enfocada integralmente con base en que la seguridad ciudadana es una de las dimensiones de la seguridad humana y, por lo tanto, del desarrollo humano. Luego, la seguridad ciudadana es un asunto de derechos humanos.
Los expertos señalaron un punto adicional: la necesidad de incorporar un enfoque de género a las políticas públicas de seguridad.
Podría pensarse que tanto la Comisión para las Políticas de Drogas como la CIDH consideraban el presente mexicano y su gobierno cuando redactaron sus respectivos documentos. México es hoy el referente mundial de la aplicación de políticas gubernamentales equívocas y calamitosas, destacadamente en materia de seguridad pública, aunque también en el resto de la acción de gobierno, como lo prueban los casos del desempeño del Fonden y la Semarnat.
Así, con estos antecedentes, el gobierno del presidente Felipe Calderón será juzgado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Esto por la desaparición forzada de tres jóvenes de Ciudad Juárez pertenecientes a una misma familia: Rocío Irene Alvarado Reyes, Nitza Paola Alvarado Espinoza y José Ángel Alvarado Herrera, detenidos aleatoriamente por miembros del Ejército a fines de diciembre de 2009 en la comunidad ejidal Benito Juárez, en el municipio de Buenaventura, Chihuahua. Más de un año y medio en que se sabe nada de su paradero y en que no han sido presentados ante ninguna autoridad competente. Hay denuncias también que a unos días de haber sido levantados algunos familiares acudieron AFI en Nuevo Casas Grandes, ahí pudieron ver la camioneta en que viajaban Nitza y José cuando fueron detenidos. La familia Alvarado ha sido hostigada desde entonces; 34 de ellos han debido abandonar el ejido para buscar refugio en otros lugares.
Esta será la primera denuncia contra el gobierno de Felipe Calderón ventilada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que llegue a Corte Interamericana. Hay razones que lo explican. Desde la desaparición forzada de los primeros tres miembros de la familia Alvarado, se desató una campaña de hostilidad contra el resto de la familia. En agosto de 2010 fue muerta la defensora de derechos humanos Emilia González Tercero, quien había sido amenazada e intimidada por militares por lo menos desde junio de 2009. Esto fue denunciado por el Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos, que es un programa que realizan juntas la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT) y la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH). Emilia González Tercero era una activa mujer de 60 años, una de las más reconocidas defensoras de derechos humanos que llevaba, precisamente, el caso de la familia Alvarado.
Han sido ya varios los casos en que la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos le leen la cartilla al gobierno mexicano por la indiferencia a sus recomendaciones. Ésta será la primera vez que lo haga por un caso sucedido en la administración de Felipe Calderón, en el que ha habido recomendaciones que no se han acatado y que ha traído consecuencias para una de las varias familias perseguidas por el Estado mexicano. La familia Le Barón es una de ellas.
En cuatro años y medio la Presidencia impasible no ha dado ninguna señal de intención para modificar decisiones a todas luces erróneas. Se han hecho, eso sí, eventos de gran difusión como los Diálogos por la Seguridad que podrían ser cualquier cosa, excepto diálogo. En ningún momento el Presidente ha tenido la intención de compensar en algo los costos de su guerra. Si la presencia militar en las calles es fuente primaria de abusos y violaciones de derechos humanos, el juicio civil sería una suerte de compensación. Marginal, pero compensación al fin. Antes, el gobierno despersonaliza a miles de muertos, los convierte en cifras y porcentajes de bajas colaterales o criminaliza a víctimas inocentes al etiquetarlas de delincuentes o de “presuntos”. Son muchos y variados los casos de que se siembran o se hace el intento por sembrar armas o casquillos de bala para justificar haber asesinado a alguien.
La impasible indiferencia del gobierno se explica por un reporte de la embajada estadounidense dado a La Jornada por WikiLeaks y dado a conocer ayer. Un despacho (el 09MEXICO3093) de la embajada norteamericana en México con fecha del 27 de octubre de 2009, firmado por John Feeley: “Hay indicios de que Calderón y, especialmente la Sedena, consideran que las violaciones a los derechos humanos son un ‘precio a pagar’ y no presionarán para otorgar garantías judiciales (por ejemplo, la supervisión efectiva de los tribunales civiles sobre las denuncias de transgresiones por los militares) y una eficaz formación (por ejemplo, de nivel superior y a las unidades operativas), que son críticamente necesarias para mejorar el historial de México”. Lo demás no merece comentario.
*Es Cosa Pública
leopoldogavito@gmail.com
Fuente: La Jornada de Veracruz
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