Discurso íntegro de Javier Sicilia ante legisladores en el Castillo de Chapultepec.

Antes de comenzar este diálogo, queremos empezar, como lo hemos hecho en todos los diálogos, con unos versos, esta vez de María Rivera: “Allá vienen los descabezados,/ los mancos,/ los descuartizados,/ a los que les partieron el coxis,/ a los que les aplastaron la cabeza,/ los pequeñitos llorando […] Allá vienen/ los que duermen en edificios/ de tumbas clandestinas:/ vienen con los ojos vendados/ atadas las manos/ baleados entre las sienes/ […] Allí vienen/ los muertos tan solitos, tan mudos, tan nuestros,/ engarzados bajo el cielo del Anáhuac, [a reclamarnos]”.

En nombre de ellos, de nuestros muertos, de nuestros dolores y de la noche por la que atraviesa México, pido a todos los presentes nos pongamos de pie y guardemos un minuto de silencio.

Henos de nuevo aquí, en el Castillo de Chapultepec, después de caminar miles de kilómetros y abrazarnos para romper la soledad y el dolor que los criminales y un Estado omiso, coptado y corrupto nos han impuesto contra la verdad de nuestros corazones que es la paz y la amistad.

Hemos llegado de nuevo aquí, dejando familias, trabajos, y llevando cargas más pesadas de las que podemos llevar, para, al igual que lo hemos hecho con el Poder Ejecutivo, dialogar y recordarles lo que a pesar de los inmensos salarios que cobran y que son fruto del trabajo de los hombres y mujeres de bien de esta nación, es su deber. No nos gusta que sea así. Pero desde hace mucho, los Congresos de esta nación, en nombre de sus intereses partidocráticos y mezquinos; en nombre de sus privilegios y de sus negocios – el Estado, se los recordamos, no es, como lo concibió la cultura que nos dejó el antiguo régimen y que ustedes continúan cultivando como una enseñanza delincuencial, un botín político ni un lugar para contratistas, es lo que la nación ha ido construyendo con la sangre y el dolor de sus mejores hombres y mujeres y un lugar para los estadistas–, en síntesis, en nombre de una equivocada idea del gobierno, se han alejado de nosotros: no escuchan los ritmos y latidos del corazón de la patria y pretenden junto con los criminales y los otros poderes fácticos, secuestrar las aspiraciones democráticas y la esperanza de bienestar de la Nación.

Ustedes lo hacen por omisión, ignorancia o complicidad; ellos porque ustedes no se lo han impedido. Sus recintos, el recién inaugurado del senado y la cámara de diputados, son la expresión arquitectónica de su aislamiento. Bunker de un poder que prefiere darle la espalda a los ciudadanos y contemplarse en el espejo de sus ambiciones traducidas en parálisis legislativa y en manipulación política que convierte los procesos electorales en un gran negocio para unos cuantos y en juego cruel de ilusiones para los ciudadanos.

Pese a eso, hemos llegado de nuevo a este Castillo –donde residió el imperio de quienes, como hoy, se equivocaron creyendo que con las armas extranjeras se resolverían los problemas de México; pero también de los jóvenes defensores de la patria y donde se firmaron, como un símbolo de la esperanza que hoy nos trae aquí, los Tratados de Paz de El Salvador—con la mejor voluntad. Pero también con profundas dudas de que en realidad nos escuchen y no se comprometan con México.

Lo decimos así, no sólo por lo ya referido, sino porque hemos sido también testigos de actos inauditos cometidos por diputados –actos que en otros países habrían tenido desenlaces diferentes con apego a la verdad y la justicia—y porque a lo largo del tiempo no han hecho más que usar la palabra de manera humillante, es decir, demagógica –la más reciente es la manera en que han traicionado la exigencia ciudadana de la Reforma Política– y, con ello, porque la palabra es sagrada, crear una profunda desconfianza entre los ciudadanos. Una frase del poeta Ezra Pound debería ser tema de meditación no sólo de ustedes, sino de cada ser humano de esta nación: “Cuando un hombre traiciona su palabra, o su palabra no vale nada o ese hombre no vale nada”. Ambas cosas, queridos legisladores, porque la palabra es el hombre mismo.

Sin embargo, como decimos, venimos con buena voluntad. Estamos convencidos de que más allá de los personajes, intereses y partidos que representan, más allá de los justos reproches que le hacemos y de las fundadas dudas de que quienes nos dicen que estos diálogos no servirá de nada, estamos convencidos de que ustedes, al igual que se lo dijimos al Presidente de la República, pueden oír –en este ejercicio plenamente democrático– el latido humano de su corazón.

Por eso repetimos delante de ustedes, lo que no hemos dejado de repetir desde que nos pusimos a caminar: que el país, nuestro México, vive una emergencia nacional. Lo que exige de ustedes no sólo un cambio de actitud, acorde con lo que la democracia –el poder del pueblo, es decir, de los ciudadanos—significa, sino un esfuerzo extraordinario y humilde para evitar que la nación se precipite a un irremediable caos social.

En la violencia que vive el país y la violencia que golpea a millones de familias existe una corresponsabilidad de los tres poderes. Ustedes saben que la guerra emprendida por el presidente Calderón, que nos ha costado hasta ahora –así dicen las cifras– 50 mil muertos, más de 10 mil desaparecidos, más de 120 mil desplazados, y la inseguridad y el miedo de millones de mexicanos, es ilegal.

El llamado a la intervención de las fuerzas armadas en asuntos de seguridad pública obligaba al Presidente a pedir la autorización deese acto soberano. No lo hizo y con ello violó la Constitución. Pero ustedes, señores y señoras legisladoras, que tenían el poder para impedirlo, también la violentaron no sólo con la omisión a ejercer sus facultades y obligaciones, sino al asignarle a las Fuerzas Armadas el presupuesto para llevar a cabo esta guerra. Ustedes son también corresponsables de nuestros muertos y de nuestro dolor.

No sólo por lo dicho, sino por muchas otras cosas más. O ¿cuánto tiempo se han tomado para dar respuesta a lo qué desde hace años se sabe del secuestro, tortura, crímenes y desapariciones de nuestros hermanos centroamericanos? ¿Por qué han tolerado el podrido Instituto Nacional de Migración erosionado por los tentáculos de las bandas criminales y no se anticiparon a los dolorosas voces del padre Solalinde y otros. Las voces del dolor y del reclamo? ¿Por qué no han impulsado con los sectores privado y académico iniciativas para identificar las zonas de mayor riesgo social y, junto con los ciudadanos de esas zonas, evitar que en ellas el crimen se apodere de los niños y de los adolescentes, convirtiéndolos en víctimas de la criminalidad? ¿Por qué no han tomado en los distritos que representan, en sus municipios y estados para enfrentar de forma integral y ciudadana los avances de las bandas criminales y sus complicidades con policías y autoridades? ¿Por qué –de cara a nuestros niños y jóvenes, a quienes sus políticas les han destruido el presente y les niegan el porvenir— no han aumentado el dinero destinado a la educación para abrir más matrículas y acortar las largas filas de miles de estudiantes que no alcanzan lugares en las escuelas y universidades? ¿Por qué, frente a la emergencia nacional que vive el país, no han construido una agenda nacional que se ponga al servicio de México y evite que las próximas elecciones sean, lo que ya se anuncian ser, las de la ignominia? Ustedes, hasta ahora, sólo han sido operadores políticos de los intereses partidocráticos y no, lo que deberían ser desde el momento en que asumieron sus cargos de legisladores: servidores de los ciudadanos.

Para ustedes la educación, la cultura, la ciencia, la vida de los pueblos y de los barrios, la participación ciudadana en los asuntos del Estado y la tragedia de las víctimas de la guerra, no han sido prioridad ni de su corazón ni del gasto público.
Lo han sido y lo son, en cambio, sus partidos y sus elecciones onerosas y corruptas –y decimos sus elecciones porque no son las de los ciudadanos. Vean simplemente los votos que obtienen y la manera dispendiosa y corrupta en que recaudan gran parte de ellos–. Lo son también el armamento, la violencia y las obras suntuarias como las que los albergan.

De cara a esta realidad, pero también sabedores de que ustedes tienen una gran responsabilidad que desde su humanidad y su condición de legisladores deben asumir, venimos hasta aquí no para que nos digan que ustedes no son responsables, que la culpa la tienen las bancadas de los otros partidos o el ejecutivo o el judicial. No venimos tampoco a escuchar posicionamientos de partido, sino a que por primera vez rindan cuentas ante la nación y la historia, y nos digan, de un vez por todas, si van a optar por la paz o por la guerra.

Aquí, en este recinto, habemos 20 víctimas y 30 miembros del Movimiento de la Paz con Justicia y Dignidad, de diferentes organizaciones civiles, académicos, intelectuales, periodistas y a artistas que asesoran al Movimiento.

Todos representamos no sólo a los asesinados y asesinadas, desaparecidos y desaparecidas, violados y violadas, torturados y torturadas de este país –víctimas reales con nombres, apellidos y rostros–, sino también y como una metáfora de México a otras millones de víctimas: los destrozados por una equivocada política económica, los niños y los jóvenes, a quienes a causa de esa política les hemos arrasado el presente y cerrado el futuro –y que conforman la mayor parte de las víctimas tanto inocentes como culpables de esta guerra–, los desplazados, los que han visto, en nombre de la economía global y de los intereses del dinero y de la muerte, arrasados sus territorios, sus familias, sus relaciones de soporte mutuo y han sido arrojados al desempleo, a la mendicidad, a la migración y al abandono, los ciudadanos todos que a causa de esa economía hemos visto destrozado nuestro aire, nuestra agua, nuestros árboles, nuestra naturaleza.

En nombre de ellos y de la justicia que reclamamos, en nombre también de esta corresponsabilidad que tienen en esta guerra y en este dolor, venimos, en primer lugar, a que reconozcan ustedes también su deuda como representantes del pueblo y pidan perdón a las víctimas y a toda la nación que no han defendido ni representado con dignidad.

En segundo lugar, a que detengan la Ley de Seguridad Nacional que pretenden aprobar y la sustituyan por otra, trabajada junto con los ciudadanos. La Ley que pretenden aprobar vulnera las libertades y los derechos civiles descritos en la Constitución y confirma el oprobio de controlar la corrupción y la ineficiencia de las instituciones con la imposición de un Estado militar y policiaco. No podemos permitir que la democracia claudique frente al autoritarismo ni frente al caos y, en consecuencia, tampoco podemos permitir que la paz se rinda ante la guerra para conservar la partidocracia y las prevendas que traicionan a la patria.

Los conminamos a que, del lado de los ciudadanos, emprendan el camino de la paz reconociendo su error y no convirtiendo en norma lo que a todas luces ha sido un grave desacierto. Por ello, pugnamos por una Ley de Seguridad que tenga como principio garantizar la seguridad humana y el respeto irrestricto a las libertades civiles y los derechos humanos; una Ley de Seguridad que entienda la seguridad desde una perspectiva ciudadana e integral, que tome en cuenta no sólo la realidad y la opinión de las comunidades, sino también que realice acciones de protección social y atienda con intensidad a los grupos más vulnerados por la violencia y la cooptación del crimen: jóvenes, mujeres, migrantes, campesinos, desempleados, marginados urbanos y adictos.

Se equivocan los que piensan que la guerra de hoy nos conducirá a la tranquilidad de mañana; los que creen que esta guerra, que se ha llevado a miles de nuestros hijos, debe durar más años. Ninguna guerra en función de abstracciones, puede compensar la muerte de ninguno de nuestros hijos. Como decía Gandhi: “No hay camino para la paz; la paz es el camino” y por ello reclamamos una Ley de Seguridad que establezca las condiciones para ella; una ley, como decimos, para la paz con justicia y dignidad, y no la que se ha impulsado desde el Ejecutivo, que pretende institucionalizar la guerra, que multiplicará las víctimas y el sufrimiento, y que de ser aprobada por ustedes será un franco retroceso en el ejercicio de las libertades y de los derechos humanos en nuestro país; una Ley de Seguridad que contemple además el diseño de estrategias alternativas y ciudadanas que, con el apoyo del Estado y en acuerdo con las necesidades de cada lugar, apunten a la reconstrucción del tejido social y conduzcan al retiro paulatino del ejército de las calles; una Ley que contemple la generación de mecanismos para la despenalización de ciertas drogas y la reducción de su demanda y daño, y la creación de controles democráticos de nuestras policías mediante, por ejemplo, un Auditor Policíaco Independiente de la Policía Federal; una ley que ponga su centro en las personas y no en las instituciones, y que contribuya a establecer y definir una política de Estado en materia de seguridad, y que ponga claros límites al uso arbitrario de la fuerza y a las decisiones discrecionales en la aplicación de los recursos del Estado; una Ley que, en concordancia con lo que esta soberanía aprobó en materia de la reforma constitucional en derechos humanos, establezca no sólo garantías, pesos y contrapesos democráticos, sino las garantías de que las fuerzas de seguridad de cualquier índole actuarán siempre como cualquier servidor público, es decir, dentro del marco de la ley y fundando y motivando sus actuaciones; una Ley que le dé equilibrio y participación a los distintos poderes en la toma de decisiones.

La prueba más clara de la necesidad de esta Ley son las recientes declaraciones del Secretario de Marina que acusa, poniéndolos en mayor peligro, a los defensores de los derechos humanos de atentar contra la imagen de esta institución y de estar al servicio de la delincuencia. La discusión de esa Ley debe realizarse en paralelo al urgente diseño e instrumentación por parte del Legislativo de mecanismos eficaces y eficientes en la protección de defensores de derechos humanos y periodistas que en nuestro país sufren graves ataques o viven bajo serias amenazas, llegando incluso a ser motivo de preocupación internacional. La discusión de la Ley de Seguridad debe también tener como paralelo la aprobación de los marcos legislativos que lleven a la autonomía de los Ministerios Públicos.

Adicionalmente, señores y señoras legisladoras déjenos insistir en que las vejaciones que viven miles de centroamericanos en nuestro país son absolutamente vergonzosa, al grado de que ante los ojos de la comunidad internacional lo que sucede con ellos es una tragedia que junto a lo que vivimos los mexicanos parece tomar las dimensiones de un Holocausto.

En tercer lugar, porque la paz implica también justicia y verdad, una tarea impostergable que debemos realizar juntos es la redacción de una Ley de Víctimas que contemple el acceso a la justicia, a la reparación del daño y a la atención integral, mediante un programa nacional de atención a la víctimas que además de incluir a los distintos niveles de gobierno incluya también un fondo público para este propósito y de acuerdo con los estándares internacionales y jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Asimismo, y contra la opinión del poder que siempre tiene miedo a la verdad y ante la incapacidad del sistema de procuración de justicia y de defensa de los derechos humanos para deslindar responsabilidades en cuanto a las víctimas de esta guerra.

Esta Ley debe poner especial atención en aquellos grupos que se encuentran en una mayor situación de vulnerabilidad: niños y niños huérfanos de esta guerra, personas amenazadas por reclamar justicia, mujeres víctimas de la violencia, incluidos jóvenes que en una vergonzosa leva del siglo XXI son obligados a incorporarse a las filas de la delincuencia. Es una obligación de ustedes crear esta Comisión de la Verdad y Reconciliación como la establecida en Colombia que registre los 50 mil homicidios acaecidos en nuestro país durante la actual administración, haga valedero el derecho a la verdad, que nos diga el nombre y la historia de quienes han perdido la vida, de quienes están desaparecidos o de quienes están siendo amenazados y tiene que desplazarse de sus comunidades de origen, que establezca, además, con claridad cuáles de las víctimas cayeron en la guerra intestina del crimen organizado, quiénes fueron víctimas inocentes de la criminalidad, y quiénes perdieron la vida a manos de las fuerzas de seguridad y en qué condiciones, trátese de delincuentes o de ciudadanos inocentes.

Esta Comisión de la Verdad –sus pretextos para no crearla, pretextos que encubren sólo el miedo—debe ser encabezada por ciudadanos independientes de probada integridad moral y defensores de los derechos humanos, pero creada oficialmente por el Poder Legislativo y dotada de recursos técnicos y financieros para sus funciones.
Estas comisiones han sido una herramienta importante de humanización y reparación de daños en diferentes procesos de paz no sólo en América Latina, sino también en África y en Europa. Su luz ilumina el camino a la justicia, al reconocimiento de las víctimas, a la reconciliación y la convivencia.

En cuarto lugar, porque a nuestros niños y a nuestros jóvenes les hemos, con esta guerra y las equivocadas políticas económicas y sociales destruido el suelo y arrebatado la paz, les exigimos no sólo limitar a esa máquina de fabricar votos y complicidades llamada. el SNTE, sino también la protección para el desarrollo autónomo y las relaciones de soporte mutuo de las localidades, pueblos y barrios.
Nuestros niños y nuestros jóvenes deben tener una gama amplia de opciones para elegir, hacer su vida libremente y engrandecer nuestra nación.

No podemos aceptar ni permitir más que el destino de nuestros hijos y de nuestros nietos sea la migración, la miseria, la muerte o la violencia. Es inhumano, es criminal e inaudito lo que les hemos hecho. Es inaceptable que el Estado no garantice el derecho a la educación y que miles de jóvenes vean sus sueños frustrados porque no hay recursos.

Dentro de la emergencia nacional que vivimos, exigimos que la Cámara de Diputados que apruebe en el próximo presupuesto recursos suficientes para que todos los jóvenes del país que así lo deseen puedan estudiar su bachillerato y se den garantías para que quienes quieran y puedan realizar estudios universitarios lo hagan.

En quinto lugar, porque la paz y la democracia no pueden vivir sin una profunda participación ciudadana en los quehaceres del gobierno, les exigimos una profunda e inmediata Reforma Política que repercuta en los procesos electorales en puerta.
Hasta ahora, ustedes señores y señoras legisladoras, encerrados como operadores de partidos en sus bunkers y no como representantes ciudadanos, se han negado a aprobar una Ley que apenas, con las candidaturas ciudadanas y las iniciativas ciudadanas, da un mínimo indispensable a esa participación.

El país, además de eso, necesita, para salvar el profundo desgaste de legitimidad que guardan nuestras instituciones y que abona en favor de esta guerra atroz que nos tiene hasta la madre, necesita revocación de mandato, plebiscito, voto blanco, referéndum, límite de fueros, reducción del dinero destinado a los partidos y a las campañas electorales, y las acciones colectivas amplias e incluyentes. Estos instrumentos que ustedes nos niegan y tienen secuestrado al país son, en las circunstancias actuales, vías fundamentales e idóneas para rehacer la vitalidad perdida de nuestras instituciones; son las mejores armas –no hechas de pistolas, metralletas y balas, sino de votos y de sentido común– que podríamos tener como país para vencer la violencia, la inseguridad y la corrupción que habita en nuestras instituciones. La Reforma –que si tuvieran voluntad política y responsabilidad ciudadana podrían aprobar en un periodo extraordinario y haciendo un transitorio al artículo 105 de la Constitución—ayudaría a que el Congreso rindiera cuentas a los ciudadanos y que sus miembros se convirtieran en lo que Morelos nombró con profunda sabiduría: “Siervos de la nación”.

La sociedad, a diferencia de lo que ustedes creen y pretenden, no es un adjetivo, es el sujeto activo de la vida política y de las responsabilidades del Estado. Sin ella, ustedes ni ningún otro poder son posibles. Denos instrumentos de participación para que lo sigan siendo. De lo contrario cada vez más ciudadanos retirarán su apoyo a las elecciones y quedarán en la ilegitimidad absoluta.

En sexto lugar, porque la paz no puede crearse al precio de una competencia desleal y corrupta a la que nos tienen acostumbrados y ya que no quieren responsabilizarse de tener, en las condiciones de emergencia nacional que vivimos, un candidato civil y una agenda de unidad nacional, exigimos un sistema de transparencia de rendición de cuentas de las posiciones que a lo largo del proceso electoral tomen como legisladores.

Necesitamos, por ello, que juntos diseñemos un mecanismo autónomo de participación ciudadana que ajeno a esa magnífica institución, el IFE, que sus intereses mezquinos destruyen día a día (a veces en verdad ustedes creen que los ciudadanos somos idiotas; nos han sido capaces en meses de nombrar a tres nuevos consejeros), permita transparentar ante toda la sociedad la actividad de los Congresos en los procesos electorales.

Si no se habilitan estos espacios tendremos en nuestras próximas elecciones un gobierno ignominioso que volverá a administrar el desafío del crimen organizado y repartirá el territorio del país entre poderes facticos, empleados políticos, carteles y la fuerza militar. En medio quedaremos las ciudadanos expuestos a su violencia cuando el pacto se rompa o requiera reacomodos.

Su responsabilidad es inmensa. Si la desprecian o no están a la altura o permitan que intereses particulares estén por encima de los de la República habrán pasado a la historia con el rostro del envilecimiento. “Nada –escribió alguna vez Kierkegaard, el padre del existencialismo que, en nombre de lo humano, nunca se permitió caer en las trampas de ningún poder—, nada, ningún error, ningún crimen es tan horrible […] como aquellos que el poder comete, porque lo que es ‘oficial’ es impersonal y por ello es el más profundo insulto que puede hacerse a las personas”.
Su compromiso, señores y señoras legisladoras, es con los seres humanos de este país, no con procedimientos ni con intereses ni con alegatos ideológicos y partidistas. Hay que escoger entre la condenación y la conversión.

A continuación escucharán ustedes algunos testimonios de las víctimas que forman parte del Movimiento y que representan a miles en el país. Asimismo escucharán también la presentación de algunas propuestas legislativas, algunas de ellas con carácter de iniciativa, que les pedimos hagan suyas. Igualmente insistiremos en la resolución de algunos pendientes legislativos. Estamos conscientes de su papel de Estado y por ello formularemos, en lo que buscamos sea una demostración de lo que el Poder legislativo y la sociedad civil, acompañada de expertos, puede lograr definiendo objetivos y alcanzando logros comunes para beneficio del país. –hay que ver simplemente la Cámara de Senadores y la paradójicamente llamada estela de luz, insultos, por su costo, a la miseria en que la mitad de la población vive, un bunker y un monumento a la oscuridad y la incapacidad cerrado a los ciudadanos, sin ventanas que den a la ciudad y donde ustedes se encierran a espaldas nuestras para en nombre nuestro negociar privilegios personales y partidistas.