El secuestro de la educación en México

ARTEMIO ORTIZ HURTADO , I PARTE

El cacique es un ser despreciable, que vive de succionar el sudor del trabajo de quienes dice representar; su condición de sobrevivencia es la sumisión y servilismo permanente a los gobiernos en turno y, por ende, el pisoteo a los derechos de los trabajadores

La educación en México sigue secuestrada. Ésta es una afirmación que tiene validez, al menos, desde el 22 de septiembre de 1972, cuando por órdenes del entonces presidente de la República, Luis Echeverría Álvarez (1970-76), Carlos Jonguitud Barrios se apoderó, por asalto, de las oficinas centrales del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), terminando así el cacicazgo de Jesús Robles Martínez, que ya no era afín a la política educativa del régimen de gobierno en aquellos años. El nuevo plan consistía en asestar un severo golpe a la educación pública. El naciente cacique pactó con el gobierno de Echeverría la reforma educativa que dio fin al llamado “Plan de Once Años”, y con ello, a la Escuela Rural Mexicana, estableciéndose nuevas bases para el funcionamiento del Sistema Educativo Nacional, renovando las condiciones de control de planes y programas, como de corrupción mayor en los diferentes niveles educativos, a la vez que el deterioro laboral y económico del magisterio con el aumento de la jornada de trabajo y la pérdida mayor del poder adquisitivo del salario.

En los acuerdos de Jonguitud Barrios con los gobiernos priístas de Luis Echeverría (1970-76), José López Portillo (1976-82) y Miguel de la Madrid (1982-88), en detrimento de la educación pública, acabaron por imponer un modelo educativo dictado por el Banco Mundial (BM) ajeno a los intereses y necesidades del pueblo mexicano; aceptaron a la vez, los lineamientos que hasta hoy llevan a la entrega de nuestra soberanía nacional, al exterminio de los derechos constitucionales y a la condena de un nuevo colonialismo en México a través del sometimiento cultural.

Así las cosas, el pueblo con sus profesores, después de 17 años de dictadura de la mal llamada “Vanguardia Revolucionaria”, festejábamos su caída en aquel convulsionado año de 1989. Iniciaba ahí, por órdenes del usurpador Carlos Salinas de Gortari (1988-94) -quien con el PRI, a través de uno de los más escandalosos fraudes electorales, había sido impuesto como presidente de la República-, el golpe maestro a la educación pública con la imposición de la nueva cacique del charrismo en el SNTE en la persona de Elba Esther Gordillo Morales. Con ella, iniciaría uno de los periodos más oscuros para el sindicalismo mexicano, la escuela pública, el derecho laboral y en el país se reinstalara por varios sexenios ya, una negra etapa que violenta y ofende la enfermiza democracia y la vida electoral mexicana.

En este proceso de caciques y dictaduras sindicales represivas, el magisterio michoacano se inauguraba en la ruta de lucha estatal y nacional, como un movimiento pujante, y es la noche del día 3 de julio de 1990 cuando aliados, Elba Esther Gordillo Morales, Genovevo Figueroa Zamudio y Carlos Salinas de Gortari, deciden golpear con la represión y el encarcelamiento a la dirigencia del Movimiento Democrático Magisterial (MDM) de aquellos años, torturando a algunos de nuestros más combativos compañeros.

Con Elba Esther, en confabulación con los cuatro últimos gobiernos federales (dos del PRI y dos del PAN), afianzan de manera formal la anulación de nuestra herencia social de la Revolución Mexicana, sustentada en la Constitución Política de 1917, intentando borrar la memoria histórica, pasado digno que nos da sustento como nación. Es aberrante la violación permanente al artículo tercero constitucional por los gobiernos que hemos padecido, sobre todo en las últimas décadas, con el inicio de la implantación del Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica (ANMEB), con Salinas de Gortari, ratificado con Ernesto Zedillo, reafirmado con el Pacto Social para la Calidad Educativa (PSCE) con Vicente Fox y actualmente presentado como Alianza por la Calidad de la Educación (ACE), con Felipe Calderón Hinojosa, calificada por expertos como “la ultima venta de gran calado”, exhibida con los pésimos resultados oficiales del antipedagógico examen ENLACE.

Obviamente que Michoacán no es excepción en esta embestida. Con la apertura parcial del examen ENLACE, la distribución de los libros de texto y programas de la ACE, la entrega de plazas vacantes por jubilación a la bolsa nacional de la SEP, y con el “Convenio Marco de Coordinación para el Desarrollo de los Programas…” -de la ACE-, signado por el gobierno federal con Fernando González Sánchez (yerno de Elba Esther), y del estado con autoridades de la Secretaría de Educación (SEE) y la Secretaría de Gobierno, pone en obsequio la destrucción de la educación pública y la gratuidad.

Este hecho pulveriza el derecho laboral constitucional de los trabajadores de la educación michoacanos, como ya sucede a nivel nacional, con sus amañados Cursos Básicos de Educación Continua a los Docentes, Escuelas de Calidad, Escuela Segura, Habilidades Digitales, la eliminación de antigüedad y preparación con la modificación a Carrera Magisterial, paso previo a la cancelación de la plaza automática a las escuelas Normales oficiales y de la plaza de base, la aplicación de la Evaluación Universal y el Examen de Oposición para asignación de plazas por contrato, o la certificación, como lo hicieron ya con el cambio de banco para cobro de quincena, para dar paso a la arbitraria tarjetización bancaria –ya anunciada por la SEE-, para la percepción de nuestro salario, sólo por mencionar algunos profundos males. Ante estas circunstancias, para contrarrestar la ACE se hace más necesario que los trabajadores de la educación profundicemos en escuelas y grupos el Proyecto Democrático de Educación y Cultura (PEDEC) de la sección 18 del SNTE, ya en ejercicio en Michoacán, y el Proyecto Alternativo Nacional de Educación y Cultura (Panaec), construido desde los alumnos, padres de familia, especialistas y docentes en el país con el Comité Ejecutivo Nacional Democrático del SNTE (CEND-SNTE).

Al día de hoy, desde los sexenios de Salinas, Zedillo, Fox y Calderón, sin representación ni legal ni legítima, Gordillo Morales ha firmado pactos, acuerdos y programas que conforman la más violenta agresión a la educación pública, al SNTE de la base trabajadora y aún más, al derecho universal de millones de niños y jóvenes a la educación. En resumen, Gordillo Morales y Felipe Calderón se burlan del pueblo de México. Ratificamos que no contamos con una política educativa propia de nuestro país; los maestros, los padres de familia y los especialistas en materia educativa, no participamos en la elaboración de los planes y programas; estos son impuestos por los presidentes en turno, por mandatos externos, (BM-FMI, y más reciente la OCDE), con “arreglos” hechos con el charrismo sindical a espaldas de los trabajadores de la educación y el pueblo, castigando a la vez, la asignación del presupuesto educativo, excluido de las prioridades del gobierno federal en turno.

Lo claro es que en la educación pública y los derechos sociales de los mexicanos, se exhibe el papel de Elba Esther al podrir lo que toca, como lo ha hecho con instituciones que rigen parte del rumbo de la nación: el SNTE, la SEP, el ISSSTE, la Lotería Nacional, los partidos políticos, el Congreso de la Unión y los diferentes niveles de gobierno.

Atentamente

Va por Michoacán y por México AC

Movimiento de Unidad Social

por un Gobierno del Pueblo

MUSOC-GP Michoacán

Fuente: La Jornada de Michoacán