Oficio de Papel

· En peligro la soberanía energética

· Calderón planea beneficiar a EU

· El nuevo mapa de los energéticos 

Cualquiera de los tres aspirantes que gane la Presidencia de la República, deberá revisar y corregir la estrategia iniciada por Felipe Calderón para duplicar la extensión de ductos en el país, para lo cual ha dicho que se necesitarían inversiones por más de 20 mil millones de dólares. El problema es que se trata, una vez más, de una trampa que pondría al país de rodillas frente a Estados Unidos, mientras que la próxima administración del gobierno mexicano tendrá que construir nuevas refinerías para evitar depender de las gasolinas importadas que ahora sangran gravemente a la economía de México.

El año pasado, Calderón anunció en Guaymas, Sonora, que realizaría inversiones millonarias para duplicar la red de gasoductos en el país ante la baja histórica en el precio del gas natural. Resulta que en Estados Unidos han desarrollado nuevas tecnologías en exploración y explotación de gas que prometen convertir a ese país en una nueva potencia energética, después de que durante las últimas cuatro décadas ha invertido miles de millones de dólares en lograr el control geopolítico de países con riqueza petrolera en Medio Oriente.

En México, mientras tanto, el gobierno de Estados Unidos ha intervenido políticamente para asegurar el suministro de petróleo siempre bajo las mejores condiciones de disponibilidad y precio, incluso con descuentos ofensivos como lo ha reclamado a Pemex la Auditoría Superior de la Federación.

Sí Estados Unidos y su nueva cuenca energética – gracias al Shale Gas encontrado en regiones como Texas – se consolidan como una nueva región exportadora de energía, entonces México deberá estar preparado también y no rendirse antes de que el nuevo orden energético lo rebase.

En Estados Unidos comenzó la explotación de shale gas, lo que ha permitido que el precio del energético se ubique entre 2 y 3 dólares. En México, como siempre, Pemex avanza a paso de tortuga en las inversiones para explotar shale gas a partir de técnicas vinculadas con la inyección de agua a grandes presiones. Se asegura en la paraestatal que el precio del gas es muy bajo como para justificar las inversiones del momento, que no hay posibilidad de acelerar las inversiones debido a las restricciones que impone la Constitución y que simplemente habrá que esperar.

Ahora Pemex explota shale gas en Coahuila y reconoce que será hasta 2014 cuando se realice una extracción masiva. Los yacimientos se encuentran en Piedras Negras, Hidalgo, Múzquiz y Sabinas, así como en San Luis Potosí. No hay, sin embargo, una estrategia clara para evitar que México tenga que depender del gas que se produce en Estados Unidos.

Empresas mexicanas como Alfa, incluso, han tomado la decisión de trasladar sus inversiones a Estados Unidos y participan en la explotación de al menos 200 pozos de ese gas. El problema es que no se puede traer de territorio estadounidense el gas que necesitaría porque, simplemente, en México no hay gasoductos suficientes para el transporte del nuevo gas.

La lógica de Calderón ha sido invertir en gasoductos para importar gas de Estados Unidos y no desarrollar aquellos que servirían para conectar las zonas industriales del país de las cuencas mexicanas, con los yacimientos nacionales que pueden abastecer a las empresas. Hace falta, otra vez, una estrategia nacionalista para reducir la dependencia económica y energética de Estados Unidos cuando los recursos naturales mexicanos son infinitamente superiores.

En este momento, los industriales de varias zonas del país han recibido información de Pemex de que el gas natural que se les venderá llegará a sus instalaciones con precios de entre 17 y 18 dólares, cuando la cotización internacional es de entre 2 y 3 dólares. La paraestatal mexicana tiene que importar ese gas de Estados Unidos, lo que significa un gran negocio para los estadounidenses.

Por ahora, los ocho gasoductos que se construirán con una inversión de 10 mil millones de dólares servirán para importar gas desde Estados Unidos. Esta es una historia muy parecida a la que vivió la economía mexicana cuando el vecino país decidió impulsar desde Detroit a su otrora poderosa industria automotriz, así como la edificación de carreteras, y a México le prohibió el desarrollo de su industria ferroviaria. En el pasado el golpe final se daría en los gobiernos de Carlos Salinas de Gortari y Ernesto Zedillo, cuando se impulsó, desde Washington, la privatización del sector ferroviario, pero sólo en el segmento de carga y se hizo todo lo necesario para terminar con el transporte de pasajeros y la vía de acceso de migrantes desde Centroamérica.

El titular de la Secretaría de Energía, Jordy Herrera, ha dicho que en México la iniciativa privada invertiría en el almacenamiento y distribución de shell gas, mientras la extracción, tratamiento y distribución primaria seguirían siendo actividades exclusivas de Pemex. Eso está muy bien, sin embargo, no se tiene el plan estratégico de las inversiones que se necesitarían para explotar a gran escala el shell gas.

Josefina Vázquez Mota, la candidata del PAN a la Presidencia de la República, acaba de anunciar que de llegar a la Presidencia, uno de sus grandes proyectos en materia energética sería precisamente la construcción de gasoductos. En otras palabras, continuar con el plan entreguista con Estados Unidos, el país que sí observa una joya en la explotación de shell gas para reducir la dependencia de países como México y la intensa y conflictiva relación con el Medio Oriente.

Por ahora, el trazo de los gasoductos confirma que se buscará importar lo antes posible gas de Estados Unidos. Se tiene prevista la construcción de 2 mil kilómetros de gasoductos desde la frontera con Estados Unidos hasta Mazatlán, Sinaloa.

Otro ducto de gas en el estado de Zacatecas tendrá una inversión de 110 millones de dólares, con una longitud de 165 kilómetros y transportará 20 millones de pies cúbicos diarios de gas en el corto plazo y 40 millones en el largo plazo.
Paralelamente, el gobierno de Calderón buscará lanzar el proyecto de cuatro nuevas tomas de distribución en los estados de Morelos, Veracruz, Michoacán y la zona occidente del país.
Todo ello para beneficiar a los gaseros de Estados Unidos, porque México no ofrece señales claras para producción en casa del energético que necesita la economía para crecer y no depender de Estados Unidos.

Así que la crisis de gasolina y de gas LP será simplemente un juego de niños sí México no se decide a ejecutar acciones de corto plazo mientras el precio del petróleo sigue bajando, incluso para ubicarse en niveles inferiores a la cotización estimada en el Presupuesto de Egresos de la Federación para 2011. El precio del petróleo, de hecho, está alcanzando los niveles más bajos en lo que va del año, por debajo de los 95 dólares por barril.

El modelo petrolero de México, por lo tanto, debe revisarse y observar nuevas prioridades. El candidato presidencial de las izquierdas, Andrés Manuel López Obrador, ha hablado de inversiones urgentes en refinerías para disminuir la compra de gasolinas a Estados Unidos y darle un mejor uso al petróleo que extrae Pemex en territorio nacional. Incluso ha invitadio a Cuauhtémoc Cárdenas, líder moral del PRD, para ocupar la dirección general de Pemex en caso de ganar la Presidencia, lo que garantizaría una mejor política energética en beneficio de México.

Sin embargo, los asesores de López Obrador deberían analizar también los cambios que impone la revolución del shell gas que en China, Rusia y Brasil ya se impulsa transformaciones de fondo en la agenda de la próxima década.

Así, lo que para Estados Unidos se está convirtiendo en su independencia energética, para México se podría transformar en la crisis de su modelo petrolero. No sólo eso, Pemex enfrenta además otros retos para salvaguardar su riqueza petrolera. Un reportaje publicado en Contralínea por Ana Lilia Pérez establece que Pemex presentó en abril una tercera demanda en contra de compañías de origen estadunidense y europeo acusadas de comprar gas condensado robado por los cárteles de la droga en la Cuenca de Burgos, el yacimiento de gas que se ubica a lo largo de Tamaulipas, Nuevo León y Coahuila: uno de los más prolíficos del mundo.

En esta nueva acusación judicial ante las cortes de Texas, la paraestatal demanda a las empresas Conoco Phillips, Sunoco Marketing Partners LP, FR Midstream Transport, Marathon Petroleum, y dos filiales de la Royal Dutch Shell el resarcimiento económico por las supuestas compras ilegales de los hidrocarburos de su propiedad.

Para los cárteles de la droga los hidrocarburos son ahora tan lucrativos como la cocaína. Del oro negro comercializan desde petróleo crudo (que ordeñan de los oleoductos), gasolina y diésel (a través de tomas clandestinas instaladas en la red nacional de ductos), hasta todo tipo de lubricantes y refinados de pipas y camiones cisterna. Pero en especial el que les deja muy altos márgenes de ganancias por su alta demanda en el mercado es el gas condensado, subproducto que se obtiene en el proceso de extracción del gas natural.

La venta que hace Pemex de gas condensado no es a particulares, sino exclusivamente entre las subsidiarias que lo utilizan como materia prima en diversos procesos de producción. No obstante, desde 2006 cantidades industriales de condensado mexicano han inundado territorio estadunidense, donde se cotiza muy bien, particularmente para la elaboración de gasolinas de alta calidad. Ni una sola gota de ese condensado es legal, es decir, absolutamente todo es robado.

Entre 2010 y 2012, una veintena de compañías pequeñas, medianas e inclusive trasnacionales del sector energético, han estado implicadas en transacciones mafiosas, según acciones judiciales en su contra que hablan de compras que habrían hecho a los traficantes vinculados o asociados con los cárteles de la droga mexicanos.

Las acusaciones promovidas por los abogados de Pemex –todas en cortes de Texas– incluyen a importadoras, transportistas, operadoras de ductos, de refinerías, comercializadoras de hidrocarburos y consorcios de la industria química principalmente.

Entre las compañías que judicialmente han sido implicadas destacan el caso de Murphy Energy, corporativo que produce aceites y gasolina que comercializa en sus propias gasolineras en todo Estados Unidos, instaladas junto a los Walmart y Sam’s, con el nombre de Murphy USA; también la Basf, el gigante mundial de la industria química; y ahora las subsidiarias de Shell, consorcio propiedad de la corona holandesa.