Nora Ruvalcaba en LJA
Desde el derrocamiento del Primer Imperio Mexicano de Agustín de Iturbide que dio paso a la promulgación de la constitución federal de 1824 con el catolicismo como religión oficial, hasta la firma del acuerdo por México signado entre el gobierno impostor de Enrique Peña Nieto y los partidos políticos PRI, PAN y PRD, los acuerdos han formado parte de la historia nacional e innumerables páginas dan testimonio de ello.
El Congreso de Anáhuac convocado por José María Morelos promulgó la Constitución de Apatzingán en 1814 y fue el primer congreso independiente inspirado en el programa denominado Sentimientos de la Nación. Realistas e insurgentes se disputaban el control de la América Mexicana.
En 1835 la lucha entre centralistas y federalistas agudizó los problemas de la nación mexicana. Los primeros apoyaban un gobierno autocrático al mando de un monarca o dictador y los segundos una democracia constitucional. En la asamblea constituyente de 1842 el liberal jalisciense Mariano Otero luchó para instaurar en nuestro país una república federal que se opuso al centralismo de la Siete Leyes. Los acuerdos entre liberales y conservadores empezaron a marcar la ruta política en la historia del siglo XIX mexicano. El “acuerdo en lo fundamental” propuesto por el padre del juicio de amparo, Mariano Otero que tuvo como propósito principal lograr el restablecimiento del orden constitucional ante la intervención norteamericana, llegó demasiado tarde y no se pudo evitar una guerra por demás injusta que México libró con los Estados Unidos en 1847 y donde se perdió la mitad del territorio nacional.
Acuerdos de todo tipo han caracterizado la política mexicana de todos los tiempos y el siglo XXI no ha sido la excepción. Frente al fracaso de las instituciones, de los liderazgos y de las mezquindades de los partidos políticos, el Estado criminaliza la protesta social sin entender que la crisis de la política va aparejada a la crisis de la sociedad como espacio de articulación de valores.
El Pacto por México suscrito entre la clase política con la exclusión de las minorías políticas representadas en el Poder Legislativo es más un hecho de propaganda política que busca legitimar a un individuo que compró la presidencia, que una iniciativa democrática para resolver de fondo los grandes problemas nacionales.
El gobierno de Vicente Fox y el gobierno usurpador de Felipe Calderón firmaron pactos de todos colores y sabores. Sólo sirvieron para atender las exigencias de los poderes fácticos y complacer a la oligarquía. El Pacto por México es el cuarto acuerdo nacional que se firma en los últimos años y todos sin excepción se comprometen a mejorar la economía, la educación, la justicia, la salud, el desarrollo social, la competitividad y la seguridad del país. Todos se han incumplido y nadie se acuerda de ellos.
El Acuerdo Político para el Desarrollo Nacional se firmó en octubre de 2001 por Vicente Fox y las ocho fuerzas políticas que tenían representatividad en el Congreso de la Unión. Los 34 compromisos que materia económica, política, desarrollo social y política exterior se signaron fracasaron rotundamente. La reforma energética, laboral y fiscal quedaron pendientes.
El Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad del 21 de agosto de 2008, declarado oficialmente un acuerdo histórico para México por Felipe Calderón, resultó más de lo mismo y las 74 acciones contra la delincuencia no lograron reducir los índices delictivos ni los miles de asesinatos que sembraron de luto todo el territorio nacional.
Con el regreso del PRI al poder, Enrique Peña Nieto no logró alcanzar su propósito de tomar posesión de la Presidencia de la República con el Pacto por México ya firmado. Lo pudo lograr un día después, en medio de graves y violentos enfrentamientos entre jóvenes, grupos de choque y policías. Este famoso pacto, promocionado como el Teletón y negociado entre el PRI, PAN y la corriente Nueva Izquierda del PRD, contempla la aprobación de reformas estructurales propuestas por Enrique Peña Nieto en temas fiscales, de seguridad social y combate a la pobreza. De 105 compromisos que inicialmente se tenían acordados quedaron 95. El optimismo que brota en las dirigencias partidistas que signaron el Pacto contrasta con el escepticismo de quienes lo consideramos otro “acto fallido” del PRIAN. El tiempo y la historia nos darán la razón. Ya lo veremos.
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