Miembros del ejército mexicano asesinaron a dos jóvenes en circunstancias poco claras en Nuevo Laredo. Familiares de las víctimas están pidiendo una investigación completa sobre indicios que podrían indicar que fueron torturados y ejecutados ilegalmente. Amnistía Internacional teme que sus familiares y los testigos puedan ser víctimas de represalias.
El pasado 18 de marzo, Alfredo Ruíz Rojas de 23 años y un adolescente que le acompañaba fueron muertos a disparos por integrantes del ejército mexicano cerca del fraccionamiento de Valles Elizondo, en las afueras de Nuevo Laredo. La Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) informó que las víctimas fallecieron en un tiroteo y que se habían descubierto armas en su vehículo. La Procuraduría General de Justicia (PGR) inició una averiguación con base en el reporte militar del incidente.
Más tarde ese día, un testigo informó al padre de Alfredo Ruíz que tanto su hijo como el adolecente habían sido ilegalmente ejecutados por militares tras haber sido torturados. El padre de Alfredo Ruíz visitó la localidad donde fueron ejecutados y habló con testigos que confirmaron la detención de las dos personas. Un testigo informó haber visto a militares en una terracería golpeando a las víctimas con armas y que después les dispararon. Según el testigo, los militares lo detuvieron, golpearon y antes de permitir que se fuera lo amenazaron de muerte si contaba lo que había visto.
Tras reconocer el cuerpo de su hijo en una morgue de la PGJE, su padre puso una denuncia ante el Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo –una organización local- y ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), la familia afirmó que el cuerpo de Alfredo Ruíz mostraba evidencias de tortura. La CNDH visitó Nuevo Laredo para realizar una autopsia y para entrevistar a los testigos.
Amnistía Internacional llama a las autoridades a garantizar la seguridad de los familiares de las víctimas, testigos y la organización local que está acompañando el caso. Así mismo la organización exige a las autoridades una investigación completa e imparcial sobre las muertes, que incluya una exhaustiva investigación sobre las denuncias de tortura y ejecución ilegal de Alfredo Ruiz y del adolecente que le acompañaba.
Finalmente Amnistía Internacional pide a las procuradurías estatal y federal, así como a la CNDH a hacer públicos los resultados de sus investigaciones lo antes posible, y que estas instancias hagan todo lo necesario para que los responsables de violaciones a los derechos humanos sean llevados ante la justicia y procesados.
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