Los secuestros rutinarios, la violencia sexual, el reclutamiento forzoso en bandas criminales, la trata de personas y el asesinato de migrantes son acontecimientos comunes en las vidas de docenas de miles de migrantes irregulares que atraviesan México cada año. De acuerdo con Amnistía Internacional, la impunidad es la norma en estos abusos.
El gobierno de Enrique Peña Nieto, que cumplió ayer sus primeros 100 días de mandato, no ha dado hasta ahora ningún paso para corregir el fracaso absoluto del gobierno anterior para enfrentar esta crisis humanitaria. “Una vez más, el destino de migrantes irregulares en México se ha dejado en segundo plano” dijo Rupert Knox, investigador de Amnistía Internacional para México.
“Por contra, albergues de migrantes y defensores de derechos humanos han reportado a Amnistía Internacional un incremento en el flujo migratorio y en los ataques a migrantes y defensores de migrantes”.
En febrero, surgieron nuevos reportes de casos de secuestro de migrantes en Medias Aguas, Veracruz, lo que confirma el aparente deterioro de la situación. Las autoridades aún tienen que proporcionar la información relativa a las medidas tomadas para investigar estos incidentes.
Las y los defensores de derechos humanos que dan refugio y apoyo a los migrantes también se han enfrentado a más amenazas e intimidaciones. El 4 de marzo de 2013, Rubén Figueroa, quien trabaja en el albergue “La 72” en Tenosique, Tabasco, recibió amenazas. “Este hecho resalta una vez más los riesgos que sufren las personas que se dedican a garantizar la seguridad de los migrantes” dijo Knox.
Además de esto, las y los defensores de migrantes que han recibido protección han reportado que frecuentemente las medidas son pobres e ineficaces. Las investigaciones para encontrar a los responsables nunca prosperan y los funcionarios públicos locales continuamente dejan de apoyar el trabajo de los albergues y, en ocasiones, promueven la hostilidad hacia los migrantes.
Recientemente, el Subsecretario de Población, Migración y Asuntos Religiosos de la Secretaría de Gobernación indicó que las denuncias por secuestro de migrantes únicamente se envían a la Procuraduría General de la República sin hacer más, lo que es sintomático de la incapacidad del gobierno federal para conducir una respuesta coordinada y efectiva para esta crisis.
Amnistía Internacional exige la acción inmediata del gobierno en ciertas áreas prioritarias. Con independencia de las acciones que se tengan contempladas, el gobierno de Peña Nieto debe urgentemente:
· Asegurarse de que las y los defensores de migrantes en riesgo reciban protección efectiva.
· Implementar, dirigir y coordinar a nivel federal medidas efectivas para prevenir abusos en contra de migrantes.
· Establecer e implementar protocolos para la investigación de crímenes contra migrantes y facilitar los mecanismos de denuncia para que los migrantes puedan reportar cualquier abuso.
· Establecer una base de datos de migrantes desaparecidos con el fin de que sus familiares puedan presentar información, incluyendo el ADN, para ayudar en la identificación de personas desaparecidas.
Información adicional
Durante el último año Amnistía Internacional ha realizado un activa campaña de visibilización de la situación que viven las personas migrantes a su paso por México. Como parte de dicha campaña Amnistía Internacional denunció que la situación de las y los migrantes en México es tan vulnerable que su vida llega a depender de hechos tan básicos como tener unos calcetines o unos zapatos en buen estado cuando atraviesan zonas desérticas o pantanosas.
Esta vulnerabilidad es fruto de la violencia por parte de grupos criminales y funcionarios públicos, en ocasiones actuando en connivencia.
Durante esta campaña, en la que han participado miles de personas, diferentes albergues de migrantes de todo el país han recibido unos 15,000 pares de calcetines, muestra de la solidaridad de la sociedad mexicana e internacional ante la inacción de las autoridades.
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