Amnistía Internacional se encuentra profundamente preocupada por la reciente liberación personas que habían sido identificadas por migrantes y colaboradores del albergue como responsables de las amenazas, agresiones y extorsiones en la localidad de Tenosique, en Tabasco.
Estas tres personas fueron detenidas durante un operativo y fueron puestas bajo custodia en marzo por cargos de extorsión y amenazas de muerte, sobre la base de las denuncias y las declaraciones de testigos presenciales realizadas por al menos dos migrantes que habían sido víctimas de abusos. Pese a esos testimonios, el 6 de marzo un juez federal ordenó la liberación de los tres hombres por falta de pruebas.
Al poco tiempo de su liberación, testigos afirmaron ver una de ellas frente al albergue. Su presencia fue considerada como un acto de intimidación hacia las personas migrantes y los responsables del albergue.
El 10 de abril, los medios de comunicación informaron de que los tres hombres liberados habían presentado una denuncia por difamación y daño moral ante la Procuraduría General de Justicia del estado de Tabasco contra el director del albergue “La 72”, fray Tomás González, y el activista en defensa de los derechos de las personas migrantes Rubén Figueroa, voluntario en el albergue. A consecuencia de esa denuncia, se ha abierto una investigación criminal contra ambos. Se teme que esa denuncia se haya realizado para acosar a los dos hombres y minar su reputación.
Tras las recientes amenazas, que incluyen amenazas de muerte, las medidas de seguridad para el albergue se han reforzado, e incluyen presencia policial ante las instalaciones. Sin embargo, los migrantes que testificaron contra los presuntos responsables de abusos siguen corriendo peligro, y no se ha tomado ninguna medida para impedir que los presuntos autores de los abusos se acerquen al albergue o a los migrantes.
Amnistía Internacional llama las autoridades a que brinden protección inmediata y efectiva a fray Tomás González, Rubén Figueroa y otros voluntarios y migrantes del albergue para migrantes “La 72” y a asegurarse que el albergue cuente con las condiciones de seguridad necesarias para poder llevar a cabo su misión.
Así mismo, la organización solicita a las autoridades conducir una investigación exhaustiva y efectiva sobre todas las amenazas anteriores contra fray Tomás González, Rubén Figueroa y otros voluntarios del albergue, y a llevar ante la justicia a todos los responsables de esas amenazas, incluidos los líderes de la banda delictiva que, al parecer, está detrás de las amenazas y los abusos contra migrantes.
Información adicional:
Rubén Figueroa y fray Tomás González trabajan en el albergue “La 72”, y han sido víctimas de amenazas y actos de intimidación constantes por su trabajo ayudando y defendiendo a los migrantes irregulares que atraviesan México.
Cientos de miles de migrantes irregulares tratan cada año de atravesar México desde América Central y del Sur para llegar a Estados Unidos. Muchos son detenidos por las autoridades de inmigración mexicanas y devueltos a sus países de origen. Amnistía Internacional visitó México para investigar los informes sobre las violaciones de derechos humanos que sufren estas personas. Durante su visita, descubrió que muchas habían sido secuestradas por bandas, en ocasiones con la complicidad de funcionarios locales. La impunidad por los abusos contra los migrantes, que se encuentran en una situación extremadamente vulnerable, ha permitido que dichos abusos aumenten, pese a los compromisos del gobierno de garantizar el respeto por los derechos de los migrantes.
En 2012, la Cámara de Diputados y el Senado de México aprobaron por unanimidad la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, que fue firmada por el presidente. El proceso de aplicación de esta ley ya ha comenzado, e incluye la participación directa de representantes de la sociedad civil; sin embargo, es preciso establecer urgentemente protocolos operativos y directrices claras sobre cooperación entre autoridades federales y estatales, y asignar recursos, para garantizar su eficacia. Resulta crucial que las autoridades no asuman que sus responsabilidades se limitan a establecer un mecanismo de protección.
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