Un caso paradigmático dentro del contexto urbano en la aplicación de la Guerra Integral de Desgaste en Chiapas
Continuamos exigiendo Justicia
El 10 de junio de 1999, en la ciudad de San Cristóbal de Las Casas, cerca de las 12:00 de la mañana, mientras José Hidalgo Pérez (en adelante José), estaba trabajando en su negocio de venta y compra de autos, el Teniente de Infantería Juan López Vázquez -experto en inteligencia castrense y en labores de contrainsurgencia- sacó mediante engaños a José de su negocio, quien lo llevó a entregar con otras personas, a un lugar donde lo mantuvieron desaparecido durante 14 días. La entonces Procuraduría del Estado de Chiapas presentó solamente un cráneo y dos huesos largos totalmente descarnados. Según informe de la investigación realizada por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), se trató de un caso de esqueletización artificial y forzada, practicada por profesionales. Esta acción tuvo como finalidad infundir terror a los seres queridos de la víctima y a la población en general.
José Hidalgo, de 38 años de edad, era miembro del Movimiento Ciudadanos Sancristobalenses por La Paz (Ciuspaz), teniendo un papel activo en cuanto apoyo directo al movimiento social.
Los restos recuperados dan cuenta que fue una Ejecución Extrajudicial, con señales claras de tortura y sadismo, constituyendo graves violaciones a los derechos humanos, siendo un Crimen de Lesa Humanidad, puesto que implica una violación múltiple en un contexto de guerra. Por lo que se violaron derechos humanos esenciales, de carácter inderogable y protegidos tanto por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos como por los tratados internacionales.
Como es del conocimiento público, este descomunal crimen fue perpetrado en el contexto del conflicto armado no resuelto en Chiapas y cuando prevalecía un ambiente de provocación durante el período del Ex Gobernador Roberto Albores y del Ex Presidente Mariano Díaz Ochoa, el 10 de junio de 1999, fecha simbólica de la represión practicada por el sistema político mexicano, desde la masacre estudiantil en 1971 conocida como “El halconazo del jueves de Corpus” hasta la incursión militar en El Bosque y Chavajeval en 1998, y fueron los hechos de la cual se derivó la detención arbitraria del profesor Alberto Patishtán en el año 2000, entre otros hecho lamentables.
Debido a la presión social, la Procuraduría General de la República (PGR) atrajo el caso y detuvo al militar, principal implicado como actor material, pero debido al contubernio entre autoridades, regresó la investigación a la Procuraduría del Estado de Chiapas, misma que preparó las condiciones para consumar un mecanismo típico de impunidad, que consistió en aportar pruebas insuficientes y mal sustanciadas que dieron como resultado la libertad absoluta del militar Juan López Vázquez en menos de un año (Toca 739-C/200), con lo que se perdió un eslabón importante de la indagatoria. A partir de entonces, no hay ningún detenido y el ministerio público no ha continuado con las investigaciones, a pesar de nuestras gestiones y de su obligación legal de hacerlo.
El señalamiento especial a la familia Hidalgo Pérez se debe a que desde los primeros días de 1994, varios de sus miembros se incorporaron a las iniciativas ciudadanas para exigir una solución pacífica y política al movimiento zapatista, y a la promoción de la participación social en su natal San Cristóbal de Las Casas; por lo que, al no existir ninguna otra explicación fundada razonablemente para que se diera la desaparición de su familiar, y sobre todo, por las circunstancias en las que se dieron los hechos, por las amenazas y hostigamiento de que fueron objeto antes, durante y después de estos sucesos, ASUMIMOS QUE LA DESAPARICIÓN, EJECUCIÓN, ESQUELETIZACIÓN Y OCULTAMIENTO DEL CUERPO DE JOSÉ HIDALGO ES UNA ADVERTENCIA A TODOS LOS CIUDADANOS PARTICIPATIVOS EN INSTANCIAS CIUDADANAS INDEPENDIENTES DEL ESTADO.
Por consiguiente, 14 años de impunidad en el presente caso, constituye un grave incumplimiento de las autoridades en su responsabilidad de procurar e impartir justicia, como un signo preocupante de la falta de voluntad de los gobernantes para caminar hacia la búsqueda de la convivencia pacífica a través de la institucionalidad en Chiapas. La falta de resultados lleva el grave mensaje de impunidad y de peligro de que hechos como éste se repitan, sobre todo en los actuales momentos en que vuelven las tensiones en la región.
Por ello, exigimos:
1.- Que la Procuraduría General de Justicia del Estado, a cargo del Lic. Raciel López Salazar, reactive la indagatoria del caso de José Hidalgo Pérez para que dé a conocer la verdad de los hechos y que sean castigados los autores intelectuales y materiales de este descomunal crimen, entre los que se encuentran Ex funcionarios públicos de los tres niveles de gobierno y particulares en contubernio con el Estado;
2.- Que sea entregado, a sus familiares, el cuerpo completo de José Hidalgo Pérez, para darle cristiana sepultura.
San Cristóbal de Las Casas, Chiapas; 10 de junio de 2013
Atentemente:
Familiares y amigos de José Hidalgo
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