Las autoridades texanas han fijado para el 22 de enero la fecha de la ejecución para Edgar Arias Tamayo, ciudadano mexicano. Esta ejecución supondría una nueva vulneración de la sentencia de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) en el denominado caso Avena, que ordenaba revisar los casos de ciudadanos mexicanos condenados a muerte en Estados Unidos violando su derecho a la asistencia consular.
Edgar Arias Tamayo, que entonces tenía 26 años, fue detenido el 31 de enero de 1994 y acusado del asesinato del agente de la policía de Houston Guy Gaddis.
Edgar Tamayo, tenía derecho a recibir asistencia consultar “sin retraso alguno”, conforme establece el artículo 36 de la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares. Sin embargo, las autoridades estadounidenses no le notificaron ese derecho, y las autoridades mexicanas no tuvieron conocimiento del caso hasta una semana antes del juicio.
Amnistía Internacional considera que el acceso oportuno a la asistencia consular para las personas detenidas fuera de su país de origen puede ser una salvaguardia fundamental para tener un juicio justo. Esto es especialmente importante en un país en el que la asistencia letrada para acusados de delitos capitales sin recursos económicos ha sido con frecuencia inadecuada.
En 2008, un psicólogo determinó que el funcionamiento intelectual de Edgar Tamayo se situaba en el rango de “discapacidad intelectual leve”, lo que convertía su ejecución en inconstitucional según la legislación estadounidense. Sin embargo, esto fue no tomado en cuenta por los tribunales.
El 31 de Marzo de 2004, la Corte Internacional de Justicia (CIJ) resolvió que Estados Unidos había violado el artículo 36 de la Convención de Viena en los casos de 51 ciudadanos mexicanos, incluido Edgar Tamayo, condenados a muerte en Estados Unidos. La CIJ ordenó a Estados Unidos someter a “revisión y reexamen” judicial las condenas para determinar si la defensa de estos hombres se había visto perjudicada por esta violación.
Tras la ejecución en Texas, en mayo de 2008, de José Medellín, una de las personas cuyo caso estaba amparado por la CIJ, México recurrió nuevamente a la Corte, que en 2009 confirmó su resolución original y constituía para Estados Unidos una obligación que “debe cumplirse incondicionalmente; su incumplimiento constituye una conducta internacionalmente indebida”. Según la CIJ Estados Unidos no podía oponer como excusa al cumplimiento de la sentencia ningún aspecto de su derecho nacional, como ha hecho Texas para realizar estas ejecuciones.
A pesar de esta ratificación en julio de 2011 fue ejecutado en Texas Humberto Leal, otro mexicano cuyo caso estaba amparado por la sentencia de la CIJ.Amnistía Internacional llama a las autoridades estadounidenses a cumplir a la brevedad con la sentencia de la CIJ y garantizar el respeto a los derechos humanos, incluyendo el derecho a la defensa y a un juicio justo, de todas las personas que se enfrentan a la pena de muerte en Estados Unidos.
La organización recordó que Estados Unidos es el único país de América que durante el último año llevó a cabo ejecuciones, siendo Texas el estado donde ocurrieron la mayoría de ellas, y donde quienes integran minorías étnicas tienen mayor probabilidad ser sentenciados a pena de muerte. Desde que asumió el cargo el actual gobernador de Texas, Rick Perry en el año 2000, se ha ejecutado a más de 250 personas en ese estado.
Amnistía Internacional ha lanzado una campaña de recogida de firmas para pedir que se suspenda la ejecución prevista de Edgar Tamayo y que se apruebe la legislación que permitiría cumplir a cabalidad con la sentencia de la CIJ en www.alzatuvoz.org/edgar
Información complementaria
En septiembre de 2013, el secretario de Estado estadounidense, John Kerry, escribió al gobernador Perry para instarle a que no se fijara la fecha de ejecución de Edgar Tamayo. La carta reiteraba que la resolución de la CIJ “es vinculante para Estados Unidos en virtud del derecho internacional” y que el fijar esta ejecución sería “sumamente perjudicial para los intereses de Estados Unidos” y para sus relaciones con México y otros aliados, y “podría afectar a la manera en que los ciudadanos estadounidenses son tratados en otros países”.
En noviembre de 2013, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos pidió a Estados Unidos que no ejecutara a Edgar Tamayo mientras la Comisión examina sus alegaciones de “discapacidad intelectual” y el impacto de la violación de la Convención de Viena sobre su caso.
Amnistía Internacional se opone a la pena de muerte en todos los casos, incondicionalmente. En Estados Unidos se han llevado a cabo 1.358 ejecuciones desde que se reanudaron los homicidios judiciales en el país en 1977. Texas ha sido responsable de 508 de estas ejecuciones, y de 16 de las 38 ejecuciones llevadas a cabo en Estados Unidos este año.
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