La detención y procesamiento por la justicia civil de cuatro
integrantes de las fuerzas armadas acusados de la tortura y violencia
sexual cometida en contra dos mujeres indígenas Me’phaa en Guerrero
supone un importante paso hacia la justicia para las víctimas, afirmó
hoy Amnistía Internacional.
Desde el año 2002, Valentina Rosendo
Cantú e Inés Fernández Ortega han luchado por su derecho a la
justicia. Sin embargo, el proceso que fue conducido en el ámbito de la
justicia militar falló, como en otros casos, en realizar una
investigación eficaz y como resultado ninguna persona rindió cuentas
por estos abusos. Ante la negación al acceso a la justicia, las dos
mujeres acudieron a la Corte Interamericana de Derechos Humanos
(CoIDH), corte que en el año 2010 emitió dos sentencias en contra el
Estado Mexicano, ordenando, entre otras medidas, una investigación por
la justicia civil para asegurar que los responsables rindieran cuentas
El procesamiento dentro del sistema
de justicia civil de cuatro de miembros de las fuerzas armadas
implicados en estas graves violaciones es un paso importante en
cumplimiento de estas sentencias. Es el resultado de la larga lucha de
las dos mujeres y otros defensores y defensoras de los derechos
humanos quienes las han acompañado.
Además es evidencia de que la
Procuraduría General de Justicia cuando se empeña a establecer la verdad
y justicia para las víctimas de violaciones de derechos humanos,
puede empezar a romper el círculo vicioso de la impunidad que alienta
nuevas violaciones.
No obstante, Amnistía Internacional
está consciente de que el procesamiento de los implicados se debe
realizar conforme a las normas internacionales del derecho a un juicio
justo. Esto incluye el respeto de la presunción de inocencia de los
acusados ante un tribunal imparcial que proteja los derechos tanto de
las víctimas como los acusados. Por este motivo Amnistía Internacional
llama al Poder Judicial de la Federación para que garantice un
procesamiento efectivo e imparcial.
Así mismo, la organización recuerda a
las autoridades que en virtud de las sentencias dictadas por la CoIDH
tienen el deber de reformar el artículo 57 del Código de Justicia
Militar para asegurar que todas las violaciones a los derechos humanos
cometidos por integrantes de las fuerzas armadas sean investigadas y
juzgadas en instancias civiles.
Antecedentes
Amnistía Internacional documentó los
casos de Valentina Rosendo Cantú e Inés Fernández Ortega desde 2002 y
sus activistas por el mundo han acompañado los esfuerzos y el valor de
estas dos mujeres indígenas en su lucha por la justicia.
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