A 8 años de la Desaparición Forzada de Gabriel Alberto Cruz Sánchez y Edmundo Reyes Amaya se demuestra que esta práctica es una política de Estado

A 8 años de la Desaparición Forzada de Gabriel Alberto Cruz Sánchez y Edmundo Reyes Amaya se demuestra que esta práctica es una política de Estado que se mantiene impune por la protección que existe a las fuerzas armadas, al ejército y cuerpos policiacos.

Organizaciones y abogados continuarán con la exigencia del cumplimiento de la resolución de poder Judicial hasta agotar todos los recursos.

Ciudad de México 25 de mayo del 2015

La desaparición forzada de los Luchadores sociales Gabriel Alberto Cruz Sánchez y Edmundo Reyes Amaya acontecida el 25 de mayo del 2007 en la ciudad de Oaxaca a cargo de policías estatales, federales y el ejército cumple 8 años en la impunidad, 8 años en los que el Estado Mexicano le ha apostado al desgaste y al olvido de este caso y de miles más. Sin embargo, estos 8 años para nosotros han sido de trabajo y lucha constante en los que se ha podido evidenciar al Estado Mexicano como un estado represor que mantiene como política sistemática la práctica de la desaparición forzada para mantener un clima de miedo y terror en la población.

En este tiempo transcurrido han confluido diversos esfuerzos que se han sumado a la exigencia de la presentación con vida de nuestros familiares; Organizaciones de derechos humanos, Populares, personas solidarias y personalidades, han contribuido con su constancia, trabajo y dedicación a este proyecto de lucha.

En estos 8 años, a pesar de que aun no logramos nuestro objetivo principal que es encontrar a Gabriel y Edmundo, hemos podido evidenciar, bajo las propias leyes del Estado, que lo que les hicieron a nuestros seres queridos constituye claramente una desaparición forzada de personas, así lo constatan las investigaciones realizadas por la CNDH que dieron como resultado la emisión de la Recomendación 07/2009 y la resolución emitida el pasado 19 de junio del 2014 por el Poder Judicial de la Federación en la que se ordena realizar la búsqueda de ambos en los principales cuarteles militares. Con esto se deja claro una vez más que a pesar de la negativa del Estado a reconocer la existencia de esta práctica, en los hechos se demuestra su existencia con la respuesta de sus propias instituciones.

Con este caso sea demostrado que la justicia no existe en nuestro país, que el Estado encubre y protege a toda costa a los principales responsables de cometer este crimen de lesa humanidad; militares, fuerzas armadas y las diversas corporaciones policiacas, las cuales han permanecido impunes desde hace más de 40 años a pesar de que existen evidencias y pruebas de su responsabilidad en cientos de violaciones graves a derechos humanos. Lo cual es evidencia de que las desapariciones forzadas constituyen una política de Estado que día a día cobra cientos de víctimas más en el país. Configurándose como una práctica del terrorismo de Estado.

La desaparición forzada de Gabriel y Edmundo es un caso emblemático, no sólo por el carácter claramente político que este implica y la evidente participación de agentes del estado en su desaparición, sino también porque es un caso que ha logrado por la vía jurídica, de derechos humanos y la presión política que, instancias como la CNDH y el poder Judicial de la Federación emitan importantes recomendaciones y resoluciones que generan un antecedente importante en esta materia. Si bien esta resolución a un no ha sido cumplida, por la impunidad de la que hablamos anteriormente, queremos señalar que ha sido gracias a la presión y la constancia que hemos logrado arrancar esta resolución judicial, nada ha sido producto de dadivas, ni de la voluntad política del Estado, la cual no ha existido desde hace mucho tiempo.

Esta resolución es producto de 8 años de lucha, de la organización y coordinación de varios esfuerzos que mantenemos en alto y firme nuestra convicción de seguir luchando hasta dar con el paradero de Edmundo y Gabriel y castigar a los culpables.

La Gira Nacional Desaparición Forzada en México, Caso Gabriel Alberto Cruz Sánchez y Edmundo Reyes Amaya. Un crimen de lesa humanidad, que inicio el 16 febrero en Oaxaca con la participación de la comisión civil de seguimiento y búsqueda e integrantes del FNLS visito los estados de Chiapas, Veracruz, Tabasco, Puebla, Pachuca, Michoacán, Guadalajara, tuvo como finalidad dar a conocer esta importante resolución judicial, sensibilizar y transmitir esta experiencia de lucha para que cada vez más personas conozcan esta situación y abracen la exigencia de la presentación con vida de todos los detenidos desaparecidos, objetivo que se cumplió al constatar en los hechos la solidaridad que organizaciones y personas nos manifestaron en las diversas ciudades que visitamos.

Por ello, ante el clima de violencia de Estado que se vive en el país seguimos exhortando y llamando al pueblo a alzar la voz, a exigir el cumplimiento de esta resolución judicial y la presentación con vida de todos los detenidos desaparecidos del país.

Señalamos tajantemente que como familiares, organizaciones, así como los representantes legales, continuaremos en la exigencia de esta resolución judicial hasta agotar todas las líneas de investigación que aún quedan por realizar y lograr el paradero de Gabriel y Edmundo.

¡Por la presentación con vida de todos los detenidos desaparecidos del país!

¡Vivos se los llevaron, vivos los queremos!

¡Juicio y castigo a los responsables!

Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos Hasta Encontrarlos, Comisión Civil de Seguimiento y Búsqueda, Frente Nacional de Lucha por el Socialismo, Comité Cerezo México, Radio Estudiantil Libertaria, Movimiento de Unificación y Lucha Triqui, Frente Oriente, Frente Popular Francisco Villa Independiente y Campaña Nacional Contra la Desaparición Forzada en México.